CASACIÓN Nº 41 - 2021 CALLAO
Materia: DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE  HECHO SUMILLA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 194 del  Código Procesal Civil, el juez puede ejercer la actividad  probatoria oficiosa a los llamados poderes probatorios a  fin de generar un adecuado esclarecimiento de los hechos  controvertidos, de tal forma que tenga mayores elementos  probatorios que le permitan decidir la controversia con la  mayor solvencia y objetividad, y de esta lograr los fines del  proceso. Lima, catorce de julio de dos mil veintidós. – LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  cuarenta y uno de dos mil veintiuno, en audiencia pública  llevada a cabo en la fecha y producida la votación con  arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO:  Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de  casación1 interpuesto por la parte demandante José  Santos Siesquen Yerren; contra la sentencia de vista, de  fecha diecisiete de julio del dos mil veinte2, expedida por la  Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de  Justicia del Callao; solo en el extremo que confirmó la  sentencia de primera instancia de fecha dieciséis de  octubre de dos mil dieciocho3, declarando fundada la  pretensión de indemnización. II. ANTECEDENTES: 1. DE  LA DEMANDA: Mediante escrito del veintinueve de mayo  de dos mil quince4, subsanado mediante escrito ingresado  con fecha diecinueve de junio de dos mil quince5, José  Santos Siesquen Yerren interpone demanda sobre divorcio  por causal de separación de hecho contra Yalú EsperanzaRivadeneira Bances de Siesquen, solicitando que se  declara disuelto el vínculo matrimonial contraído con fecha  tres de octubre de mil novecientos noventa y ocho ante la  Municipalidad Distrital de Ventanilla. Señala que han  procreado tres hijos que a la fecha son mayores de edad, y  que de manera voluntaria se retiró del hogar conyugal por  incompatibilidad de caracteres en el mes de marzo del año  dos mil. Asimismo, refiere que durante la convivencia  adquirieron un inmueble ubicado en la Mz. 79, lote 18,  Márquez – Callao, por lo que, solicita que, en ejecución, se  proceda a liquidar la sociedad de gananciales. Respecto a  los alimentos, con fecha cinco de agosto de mil novecientos  noventa y nueve, suscribieron un acta de conciliación ante  la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, acta N  121-99. 2.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA: 2.1.-  Mediante escrito ingresado con fecha cuatro de setiembre  de dos mil quince6, la demandada Yalú Esperanza  Rivadeneira Bances de Siesquen contestó la demanda y  reconviene, indicando los siguientes argumentos: a) Ha  convivido con el demandado desde el año 1980, fecha de  nacimiento de su primer y mayor hijo; b) La separación fue  por causa del propio demandante, por su falta de  cohabitación, respeto recíproco y sostenimiento material,  lo cual obedeció a que tenía una relación extramatrimonial  con la señora Manuela Llocya Muro, a quien inscribió de  modo ilegítimo como una persona derecho habiente en  ESSALUD; c) Nunca cumplió con abonar periódicamente la  pensión que se obligó ante el Centro de Conciliación; y, d)  Los ingresos económicos de su esposo provienen hasta la  actualidad de la empresa CODECA E.I.R.L. que le  pertenece y fue creada para la venta, instalación de  cortinas, persianas, alfombras, stores y diversos artículos  para el hogar. Asimismo, formuló reconvención a la  demanda, peticionando indemnización en forma de  adjudicación preferente del inmueble sito en Mz. 79 Lote  18, Márquez – Callao, en su condición de cónyuge  perjudicada; así como el pago de una pensión alimenticia a  su favor. 2.2.- Contestación de la demanda – Ministerio  Público. Mediante escrito ingresado con fecha 3 de agosto  de 20157, la señora Representante del Ministerio Público  contestó la demanda en los términos allí indicados. Por  resolución número tres de fecha 12 de agosto de 20158, se  resolvió tener por contestada la demanda por parte de la  demandada Yalú Rivadeneira Bances de Siesquen y del  Ministerio Público. Asimismo, se admitió a trámite la  reconvención por adjudicación preferente y asignación de  pensión  alimenticia,  corriéndose  traslado  de  dicha  reconvención tanto al demandante como al Ministerio  Público. 2.3.- Contestación a la reconvención. Mediante  escrito ingresado con fecha 30 de octubre de 20159, el  Ministerio Público contestó la reconvención en los términos  allí indicados. Por otro lado, con escrito ingresado con  fecha 3 de noviembre de 201510 el demandante absolvió la  contestación de demanda y contestó la reconvención,  indicando –entre otros hechos– que el motivo de su retiro  del hogar conyugal ha sido porque resultaba imposible  mantener una relación armoniosa con la demandada; no  siendo factible pasarle una pensión debido a que esta vive  en el bien inmueble de su propiedad ubicado en Mz. 79  Lote 18, Márquez – Callao, por lo tanto, nunca le faltó  techo, siendo el recurrente quien asume los pagos de la  propiedad.  3.-  PUNTOS  CONTROVERTIDOS:  Por  resolución número once del cuatro de septiembre de dos  mil diecisiete, se fijaron como puntos controvertidos: De la  demanda a) Determinar si se ha producido la causal de  separación de hecho por el periodo exigido por ley que  alega el demandante a efectos de determinar la disolución  del vínculo matrimonial. b) Determinar si corresponde una  indemnización a la parte perjudicada con la separación de  hecho. c) Determinar el fenecimiento de la sociedad de  gananciales. De la reconvención: a) Determinar si  corresponde la indemnización en forma de adjudicación  preferente del inmueble ubicado en el Jirón Paita, manzana  79, lote 18, AA.HH. Márquez del distrito y provincia del  Callao, a favor de Yalú Rivadeneira Bances de Siesquen en  calidad de cónyuge perjudicada; y, b) Determinar si le  corresponde señalar una pensión de alimentos de  doscientos cincuenta soles en favor de la cónyuge  demandada Yalú Rivadeneira Bances de Siesquen. 4.-  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA11: Por resolución  número quince del dieciséis de octubre de dos mil  dieciocho, el A-quo emite sentencia declarando fundada la  demanda,  en consecuencia;  i) disuelto  el vínculo  matrimonial entre José Santos Siesquen Yerren y Yalú  Esperanza Rivadeneira Bances de Siesquen, ii) fenecido el  régimen patrimonial de sociedad de gananciales, , respecto  de la liquidación de los bienes gananciales esta se realizará  en vía de ejecución de sentencia, debiendo las partesacreditar la existencia de los bienes, inmuebles que hayan  adquirido durante la vigencia de su matrimonio, iii) Sobre la  pretensión de indemnización, habiéndose determinado  como cónyuge perjudicada a la demandada, se declara:  fundada la pretensión de indemnización; y, se determina  como forma de protección y compensación por los daños  ocasionados: la adjudicación del inmueble ubicado en  Manzana 79, lote 18, Márquez, Callao, inscrita en la copia  literal Nº PO1093603 de la SUNARP a favor de la  demandada doña Yalu Esperanza Rivadeneira Bances, y  iv) Sobre la pretensión de alimentos propuesta por la parte  demandada, se declara infundada; sosteniendo el A-quo su  decisión bajo los siguientes fundamentos: “43.- En  conclusión, las partes no se encuentran conviviendo desde  hace más de dos años, en consecuencia, se acredita que  ha transcurrido el plazo de separación exigido por ley, no  siendo indispensable establecer para el divorcio por la  causal de separación de hecho, quién fue el cónyuge  culpable, sino que esta causal actúa como remedio ante la  situación existente, esto es, que el matrimonio no viene  cumpliendo los fines, por voluntad de las partes, con fecha  05 de agosto de 1999, habiendo el demandante acreditado  que por lo menos no vive con la demandada desde hace 14  años antes de la interposición de la demanda de fecha 29  de mayo del 2015, desde la fecha de la separación hasta la  fecha de interposición de la demanda han pasado más de  dos años de alejamiento continuo entre los cónyuges,  separación que no se halla justificada en razones laborales  o de semejante entidad, por lo que corresponde amparar la  demanda.  (…)  45.  DE  LA  INDEMNIZACIÓN  VIA  RECONVENCION planteada por la demandada. Solicitando  como forma de indemnización la adjudicación preferente de  una de la propiedad sito en la Manzana 79 lote 18 AA. HH  Márquez del Distrito Provincial del Callao. 46. Sustenta en  el hecho de reconocer el demandante un retiro voluntario  apartándose de su deber de cohabitación sin justificación  causa, culpa de su parte, obedeciendo más bien a una  causa e interés propio de tener vida conyugal paralela con  la señora Manuela Lloclla Muro, persona a quien incluso  registro como asegurada hasta el año 2015 – ESSALUD  siendo prueba plena de infidelidad y causa de abandono  del hogar y de su deber de cohabitación y sustento material  de su persona como esposa. (…) 56.- De lo expuesto, se  advierte que, si bien el demandante inicio dos relaciones  con distintas personas, procreando en ambas relaciones  hijos extramatrimoniales, sin embargo, una vez contraído  matrimonio, tenía el deber de respetar los deberes del  matrimonio, impuestas por ley. 57. (…) 58. El demandante  señala que doña Manuela Llocya Muro fue su primera  pareja y que desconocía de la existencia de su segunda  pareja, esta última si conocía de su primera pareja. Lo  expuesto, no ha sido probado por el demandante. Sin  embargo, debe tenerse presente que el demandante  contrajo matrimonio con la demandada con fecha 03 de  octubre de 1998, por ende, siendo su esposa era a ella, a  la que le correspondía gozar del beneficio de ESSALUD  desde la fecha del matrimonio hasta el divorcio, por lo que  no habiendo declarado a su cónyuge sino a tercera  persona, afecto el derecho de la demandada a una  prestación de salud, por ende, le ha causado perjuicio  durante los años señalados; pues, pese a la separación le  correspondía dicho seguro. (…) 61. De lo expuesto, se  concluye que la separación se produjo por hecho del  demandante, siendo el que se retiró del hogar conyugal y  que el demandado ha constituido una nueva familia con  tercera persona. 62. Que ha consecuencia de la  separación quede en una situación de menoscabo o  desventaja material y la dedicación al hogar. Hechos  que deben estar referidos a las consecuencias del divorcio,  en el presente caso se tiene: 65. No obstante, ello, el  demandante sostiene que la demandada domicilia en  manzana 79, lote 18, Márquez, Callao. Asimismo, en la  demanda ha señalado que dicho inmueble es de propiedad  de la sociedad conyugal dado que fue adquirido bajo su  vigencia, dado que conforme se advierte del domicilio  consignado en las partidas de nacimiento de los hijos  procreados por las partes, los mismos nacieron en el  mencionado domicilio. De donde se acredita que la  demandada ha venido usufructuando el bien conyugal. 66.  De lo expuesto, se advierte que a la fecha de la separación  los hijos procreados en el matrimonio se quedaron a cargo  de la demandada, quien tuvo que asumir el cuidado,  protección y manutención de los mismos; no habiendo el  demandante probado que haya acudido a la demandada y  a sus hijos con una pensión de alimentos. 67. La  demandada se quedó viviendo en la casa de la sociedad  conyugal, sin embargo, la demandada no pudo contar con  la atención medica de ESSALUD dado que el demandanteluego del matrimonio inscribió a tercera persona como  beneficiaria de dicho beneficio. 68. El demandante ha  conformado una nueva familia, mientras que la demandada  no ha señalado haber constituido nueva familia. 69.  Estando a los puntos antes analizados se puede establecer  que la demandada es la cónyuge perjudicada por la  separación y que le corresponde una indemnización  económica por el daño personal, la que se expresara en la  parte resolutiva de la presente resolución. 70. Sobre la  Protección de la Estabilidad Económica del Cónyuge  Perjudicado por la Separación de Hecho. (…) 71. De los  hechos probados y deducidos en los considerandos  anteriores, teniendo en cuenta que se han procreado con el  demandante tres, que dos de los hijos eran menores de  edad a la fecha de la separación, se llega a la conclusión  de que en el presente caso la cónyuge perjudicada con la  separación es la demandada doña YALU ESPERANZA  RIVADENEIRA BANCES, ya que la cónyuge quedo al  cuidado de los hijos menores de edad en la época de la  separación y además que la demandada sufre de algunas  enfermedades propias de su edad, existiendo la posibilidad  de que pierda el seguro; por lo que debe fijarse una  indemnización a favor de la demandada en forma prudencial  y con criterio de equidad. (…) 73. El demandante al  absolver la reconvención de fojas (107 a 108) señala: “(…)  cuando en realidad vive en mi propiedad esto es en  manzana 79, lote18, Márquez Callao, la cual fue pagada  por mi persona en su integridad por lo que nunca le falto  techo, es más soy quien asumo los pagos de la propiedad,  por lo que en momento alguno se encontró en una situación  desesperada, ya que pague las obligaciones de mis hijos y  ella era quien administraba y nunca les falto techo”. (…) 81.  Asimismo, se advierte, que habiéndose concluido que la  separación entre las partes se produjo con fecha 05 de  agosto de 1999, no habiendo reclamado la demandada  pensión de alimentos hasta la interposición de la demanda  con fecha 29 de mayo de 2015, de donde se infiere que ha  venido procurándose su subsistencia sin la ayuda del  demandante; por lo que deviene en Infundada la pretensión  de pensión de alimentos. 82. Sobre el fenecimiento de la  Sociedad de Gananciales. (...) 86. De lo expuesto, se  advierte que para el caso de divorcio por la causal se  separación de hecho, la sociedad de gananciales fenece,  desde la fecha de la separación; en el presente caso, dicha  separación de hecho se produjo el 05 de agosto de 1999,  tal como lo ha declarado el demandante; por lo tanto, los  bienes adquiridos hasta dicha fecha se presumen sociales,  salvo prueba en contrario. (…) 89. Conforme se ha  establecido la separación de hecho de las partes se produjo  con fecha 05 de agosto de 1999, por lo tanto, los bienes  adquiridos hasta la citada fecha corresponden a la sociedad  conyugal si las partes no lo declararon como bien propio.  (…) 92. El propio demandante en su escrito de demanda  señala que el inmueble ubicado en manzana 79, lote 18,  Márquez, Callao, es un bien social. Habiendo el demandante  regularizado la propiedad solo a nombre de él, al mantener  su documento nacional de identidad como soltero. 93.  Estando a los medios probatorios evaluados, así como la  declaración de las partes se determina que el inmueble  ubicado en manzana 79, lote 18, Márquez, Callao, es un  bien social; por lo que debe procederse a su liquidación en  la etapa correspondiente. 95. La demandada ha solicitado  como forma de indemnización la adjudicación del  inmueble ubicado en manzana 79, lote 18, Márquez,  Callao, es un bien social. (…) 96. La existencia de cónyuge  perjudicado, y la posible indemnización y adjudicación de  bienes. Conforme se puede apreciar se ha determinado  que el bien inmueble ubicado en el Asentamiento Humano  Ex fundo Márquez Manzana 79 lote 18, Márquez, Callao,  inscrita en la SUNARP en donde solo aparece consignado  como titular de la misma a don José Santos Siesquen  Yerren, es un bien social. 97. Habiéndose determinado a la  demandada como cónyuge perjudicada, siendo además  quien domicilia en el inmueble ubicado en Manzana 79, lote  18, Márquez, Callao, se dispone a ADJUDICAR dicho bien  como forma de protección e indemnización por los daños  ocasionados. 5.- DEL RECURSO DE APELACIÓN: La  parte demandante José Santos Siesquen Yerren,  mediante escrito del siete de diciembre de dos mil  dieciocho12, interpone recurso de apelación sólo en el  extremo que resuelve: declarar fundada la pretensión  reconvenida sobre indemnización; y, se determinó como  forma de protección y compensación por los daños  causados: La adjudicación del inmueble ubicado en la  manzana 79, lote 18, Márquez – Callao, inscrita en la copia  literal Nº PO1093603 de la SUNARP a favor de la  demandada, cursándose los oficios correspondientes en  ejecución de sentencia; señalando básicamente como iagravios: (i) El predio materia de adjudicación se trata de  un bien propio conforme aparece de la copia literal Nº  P01103062. En todo caso, la magistrada no ha realizado la  cuantificación del monto reparatorio, más aún cuando la  propiedad es una casa de dos pisos construidos y no se  trata únicamente de un terreno. (ii) No se ha tenido en  conocimiento los documentos que acreditan que el  recurrente se encuentra en estado de necesidad conforme  aparece de las instrumentales anexadas, donde consta que  sufrió de una hernia, tiene problemas de próstata fue  operado del tobillo derecho, desvío de tabique y sinusitis.  Por el contrario, los problemas médicos de la demandada  no son de emergencia o que pongan en riesgo su vida, por  ende, no se puede pretender otorgar como indemnización  una propiedad a alguien que jamás fue la perjudicada en el  tiempo de la separación ya que siempre obtuvo ingresos.  (iii) La demandada está en posesión del inmueble ubicado  en manzana O, lote 25 AA. HH Susan Higuchi, Ventanilla,  Callao, la cual viene alquilando y percibiendo ingresos  mensuales y aun así se la adjudica la otra propiedad  ubicada en Márquez – Callao. (iv) La demandada nunca  puso dinero alguno para la manutención de los hijos, ya  que el recurrente siempre ha sostenido la carga familiar en  forma absoluta, tanto más, si jamás existió un proceso de  alimentos en su contra. (v) La demandada tiene dos  terrenos adicionales en Chiclayo, conforme aparece de la  ficha 52096, que un terreno de 402,6800 M.L., y ficha  53708, que un terreno de 614,1300ml, por consiguiente,  resulta una desaprobación que se le adjudique una nueva  propiedad, cuando ya cuenta con tres propiedades. 6.-  SENTENCIA DE VISTA13 Mediante sentencia de vista del  diecisiete de julio de dos mil veinte, el Ad quem resuelve: i)  aprobaron la sentencia contenida en la resolución número  quince, de fecha 16 de octubre de 2018, en el extremo que  resuelve: declarar fundada la demanda sobre divorcio por  la causal de separación de hecho; en consecuencia,  disuelto el vínculo matrimonial entre José Santos Siesquen  Yerren y Yalú Esperanza Rivadeneira Bances, del  matrimonio celebrado el día 03 de octubre de 1998 por ante  la Municipalidad Distrital de Ventanilla; fenecido el régimen  patrimonial de sociedad de gananciales generado por el  matrimonio entre las partes; y ii) confirmaron la referida  sentencia, sólo en el extremo que resuelve: declarar  fundada la pretensión de indemnización; y, se determina  como forma de protección y compensación por los daños  causados: la adjudicación del inmueble ubicado en  Manzana 79, lote 18, Márquez – Callao, inscrita en la copia  literal Nº PO1093603 de la SUNARP a favor de la  demandada; sosteniendo su decisión fundamentalmente  en lo siguiente: & Análisis sobre el extremo que es  materia de apelación. 4.10. Ahora bien, debe tenerse en  cuenta que en el presente caso nos encontramos ante un  supuesto de divorcio por causal de separación de hecho,  por consiguiente, se entiende que cualquier pretensión  indemnizatoria o adjudicación preferencial de bienes  sociales en favor del cónyuge perjudicado, debe ser  necesariamente evaluada bajo los alcances del artículo  345-A del Código Civil, así como en los lineamientos  contenidos en la Casación Nº 4664-2010-Puno (Tercer  Pleno Casa torio Civil). 4.11. (…) 4.13. De todo ello, queda  claro que la demandada resulta ser la cónyuge perjudicada  con la separación de hecho; perjuicio que necesariamente  debe ser compensado, de acuerdo con las disposiciones  contenidas en el artículo 345-A del Código Civil, por ello,  debe desestimarse el agravio deducido en el acápite iv) del  recurso de apelación. 4.14. Ahora bien, corresponde  analizar si la adjudicación preferente de un bien social en  favor de la demandada resulta o no –en este caso– un  mecanismo de compensación razonable en su condición de  cónyuge perjudicada con la separación de hecho. Un  criterio primordial para disponer la adjudicación de un bien  social a favor del cónyuge perjudicado es que deberá  hacerse con preferencia sobre la casa en que habita la  familia, no siendo necesario de que existan otros bienes de  la sociedad de gananciales, que aquel que se adjudica.  (…). De aquello se desprende que el valor del inmueble no  es un factor determinante para disponer la adjudicación  preferente, sino que, debe valorarse otros factores como la  utilidad derivada del uso y disfrute del bien inmueble, la  existencia de hijos menores de edad y la necesidad del  cónyuge perjudicado. 4.15. En lo que respecta a la calidad  del inmueble adjudicado, el artículo 311° inciso 1) del  Código Civil señala que todos los bienes se presumen  sociales, salvo prueba en contrario (presunción relativa).  Por su parte, el apelante refiere que el bien adjudicado es  un bien propio, no obstante, no indica los fundamentos de  hecho y de derecho que sustenten su alegación. Para tal  efecto, resulta importante destacar que el régimen desociedad de gananciales estuvo vigente desde el “3 de  octubre de 1998”, fecha de celebración del matrimonio,  concluyendo el día “8 de julio de 2001”, fecha de entrada  en vigencia de la Ley Nº 27495, toda vez que, la separación  de hecho –en el presente caso– aconteció antes de la  vigencia de la referida norma legal que modificó el artículo  319° del Código Civil, por consiguiente, resulta de  aplicación la Primera Disposición Complementaria y  Transitoria de la mencionada ley. 4.16. Ahora bien, en los  actuados no obra medio probatorio que acredite que el  predio materia de adjudicación haya sido adquirido por el  demandante fuera de la vigencia del régimen de sociedad  de gananciales. Por el contrario, de conformidad con la  copia literal de la Partida 01103062 (f. 12), concordante con  sus antecedentes registrales (f. 10-11), el inmueble ha sido  inscrito con fecha 5 de abril de 2000, es decir, durante la  vigencia de la sociedad de gananciales. Y, si bien es cierto  que la titularidad de un inmueble no se adquiere  necesariamente a partir de la inscripción en los registros,  sin embargo, como hemos señalado líneas arriba, el  demandante no ha demostrado que el bien haya sido  adquirido con anterioridad, a pesar de que le correspondía  la carga de la prueba, de acuerdo con lo previsto en el  artículo 311° inciso 1) del Código Civil; siendo insuficiente  el hecho de que las partes hayan convivido en el referido  inmueble antes de la celebración del matrimonio; y menos  aún, que el demandante figure en el registro como “soltero”,  pues como hemos señalado anteriormente, es en diciembre  de 2014 que dicha parte actualiza su estado civil de  “soltero” a “casado”. En síntesis, resulta evidente que el  predio materia de adjudicación es un bien social; hecho  que inclusive ha sido reconocido por el demandante en  su escrito de demanda, al solicitar su liquidación en  etapa de ejecución de sentencia (ver 4° fundamento de  hecho, f. 19). Asimismo, al haberse dispuesto la  adjudicación preferente de la totalidad del inmueble en  favor de la demandada, es innecesario cuantificar monto  reparatorio  por  no  tratarse  técnicamente  de  una  indemnización –como erróneamente se indica en la  sentencia apelada– sino de una adjudicación de bien  social como mecanismo de protección al cónyuge  perjudicado por la separación de hecho, por ende,  corresponde desestimar el agravio deducido en el acápite i)  del recurso impugnatorio. 4.17. Por otro lado, consideramos  que –en este caso– la adjudicación preferente que ordena  la sentencia apelada se encuentra acorde al mérito de lo  actuado. En principio, hay que tener en cuenta que la  demandada vive hasta la fecha en el referido inmueble  conjuntamente con sus hijos, a pesar de que estos son  mayores de edad, tal como lo señala en su declaración en  la audiencia de pruebas (6° interrogante formulada por el  juzgado, f. 211). Aquello significa que el bien inmueble  adjudicado siempre ha tenido la característica de ser el  lugar donde habita la “familia”, al haber sido el último  domicilio conyugal y el lugar donde crecieron los hijos en  común; hecho que es reconocido por el propio demandante  en su declaración en audiencia de pruebas, cuando señala  que iba a dicho inmueble para visitar a sus hijos (3°  interrogante, f. 212). Así, es claro que es la demandada  quien viene usando y disfrutando del bien inmueble  adjudicado como un hogar familiar en compañía de sus  hijos. No obstante, la utilidad descrita no resulta extensiva  al demandante, puesto que ya no reside en el inmueble  desde la separación de hecho, es decir, desde hace más  de quince años desde la fecha de interposición de la  demanda; siendo que, desde la separación se encuentra  viviendo en un inmueble distinto, tal como lo señala en su  declaración en audiencia de pruebas (6° interrogante, f.  212). Por ende, en base a los criterios interpretativos antes  citados (ver fundamento 4.14 supra), corresponde disponer  en favor de la demandada, la adjudicación preferente del  bien inmueble ubicado en: “AA.HH. Ex-Fundo Márquez Mz.  79 Lote 18 – Callao”, inscrito en la Partida Registral Nº  P01103062 (f. 12). 7.- RECURSO DE CASACIÓN: Esta  Suprema Sala, mediante resolución de fecha siete de  marzo de dos mil veintidós14, se declaró procedente el  recurso de casación interpuesto por la parte demandante  José Santos Siesquen Yerren, por las siguientes causales  de: a) Infracción normativa de los artículos 302, inciso  1), 324 y 345-A del Código Civil; sostiene que el inmueble  ubicado en la manzana 79, lote 18, Asentamiento Humano  Márquez, distrito y provincia del Callao, constituye bien  propio, pues obtuvo el título de propiedad el trece de  febrero de mil novecientos ochenta y ocho, esto es, antes  de casarse. Alega que no se encuentra acreditado que la  demandada sea la cónyuge inocente y perjudicada, en  tanto, él siempre habría cumplido con la pensión de  alimentos, siendo una interpretación errónea el considerarque la conciliación extrajudicial sería la prueba de que no  habría cumplido con dicha obligación; asimismo, no se  encuentra probado el grado de afectación emocional o  psicológica de la demandada. Señala que es falso lo  argumentado por la Sala Superior respecto a la situación  desventajosa en la que quedaría la demandada, ya que ella  tiene la posesión de dos terrenos en Chiclayo, así como del  inmueble ubicado en la manzana O, lote 25, Asentamiento  Humano Susana Higuchi, Ventanilla. Agrega que en el  expediente Nº 279-2015, la demandada le planteó demanda  de reconocimiento de unión de hecho por el periodo de  1994 a 1997, obteniendo sentencia desfavorable, con lo  que queda demostrado con certeza que el inmueble en  cuestión es bien propio. b) Infracción normativa del  artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política  del Estado y del artículo VII del Título Preliminar del  Código Procesal Civil; manifiesta que el abogado que lo  representó desde la interposición de la demanda hasta la  interposición del recurso de apelación, le causó daños y  perjuicios, pues elaboró la demanda alterando los hechos y  omitiendo los medios probatorios, no tuvo participación en  la audiencia de pruebas y no ejerció control de los actos  procesales. Alega que dicha defensa técnica señaló en la  demanda que la propiedad citada era de la sociedad de  gananciales, cuando ello no era así; asimismo, en cuanto a  las propiedades que sí eran de la sociedad de gananciales  nada  dijo  y  presentó  pruebas  al  respecto,  pero  extemporáneas; agrega que los alegatos de su nuevo  abogado vertidos en segunda instancia no fueron tomados  en cuenta. En consecuencia, no tuvo defensa eficaz,  igualdad de partes y de contradicción, con lo cual se  vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. c)  Apartamiento inmotivado del Tercer Pleno Casatorio  Civil; sostiene que ambas instancias no respetaron el  pleno citado, esto al haber hecho alusión a que ambas  partes tuvieron que acudir a un centro de conciliación por la  pensión de alimentos, cuando el pleno no hace referencia a  ello, sino a una demanda de alimentos, pues la conciliación  extrajudicial no es prueba de que alguien se negó a pagar  la pensión. Alega que su persona es que viene padeciendo  de una serie de problemas de salud, por lo que es su parte  la que ha resultado más perjudicada yo si la demandada  también lo ha sido, esto fue en menor medida, pues tiene  posibilidades económicas, ya que posee tres inmuebles,  aparte del que le ha sido adjudicado erróneamente; en  consecuencia, ambas instancias lo que han buscado es un  enriquecimiento injusto para la demandada, por lo que  vulneran el pleno en cuestión. III. MATERIA JURÍDICA  DEL DEBATE: Es necesario establecer si la instancia de  mérito ha afectado el derecho al debido proceso, a la  debida motivación en su vertiente de la valoración de la  prueba, al confirmar la sentencia apelada que declaró  fundada la demanda, solo en el extremo que declaró  fundada la pretensión reconvenida de indemnización. IV.  FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: PRIMERO.-  Es menester precisar que el recurso de casación es un  medio de impugnación extraordinario que permite ejercer el  control de las decisiones jurisdiccionales, con la finalidad  de garantizar la correcta aplicación e interpretación del  derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia  nacional de la Corte Suprema de Justicia; así como,  determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no las  normas que garantizan el debido proceso, traducido en el  respeto de los principios que lo regulan. SEGUNDO.- En  ese sentido, resulta necesario poner de relieve que por  encima de cualquier análisis alegado por la parte  recurrente, el conocimiento de una decisión jurisdiccional  por parte del órgano superior jerárquico, tiene como  presupuesto ineludible la evaluación previa del respeto, en  la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, a los  requerimientos básicos que informan al debido proceso;  por ello, si bien es cierto, que la actuación de esta Sala  Suprema al conocer el recurso de apelación, se debe  limitar al examen de los agravios invocados formalmente  por la parte recurrente; también lo es que, dicha exigencia  tiene como única y obligada excepción la tutela de los  derechos procesales con valor constitucional, -como  son el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional  efectiva-, pues evidentemente que allí donde el ejercicio de  la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifica  la posibilidad de ejercer las facultades nulificantes que  reconoce la ley, como instrumento de su defensa y  corrección, quedando descartado que dentro de dicha  noción  se  encuentren  las  anomalías  o  simples  irregularidades procesales, que, no son por sí mismas  contrarias a la Constitución Política del Perú. TERCERO.-  El recurso de casación ha sido declarado procedente por  las causales de infracción normativa de derecho procesal ysustantiva, debiendo absolverse, en principio, las denuncias  de carácter procesal respecto al derecho al debido proceso,  debida motivación y valoración de la prueba, de modo que  si se declara fundado el recurso por estas causales deberá  verificarse el reenvío, imposibilitando el pronunciamiento  respecto a las demás causales. CUARTO.- Teniendo en  cuenta las infracciones normativas procesales, por las que  se declaró procedente el recurso, es oportuno acotar que el  derecho al debido proceso previsto en el artículo 139  inciso 3 de la Constitución Política del Perú, es un derecho  que comprende diversos derechos fundamentales de orden  procesal, como es el derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales, el derecho de defensa, el  derecho a los medios de prueba, el derecho a la  pluralidad de instancias, etc. Es así que “El derecho al  debido proceso supone el cumplimiento de las diferentes  garantías y normas de orden público que deben aplicarse a  todos los procesos o procedimientos, a fin de que las  personas estén en condiciones de defender adecuadamente  sus derechos ante cualquier acto estatal o privado que  pueda afectarlos. Su contenido presenta dos expresiones:  la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los  principios y reglas que lo integran tienen que ver con  formalidades estatuidas, tales como las que establecen el  procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la  motivación, etcétera. En las de carácter sustantiva o,  estas están básicamente relacionadas con los estándares  de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión  judicial debe suponer. A través de esto último se garantiza  el derecho que tienen las partes en un proceso o  procedimiento a que la resolución se sustente en la  interpretación y aplicación adecuada de las disposiciones  vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la  solución razonable del caso, de modo que la decisión en  ella contenida sea una conclusión coherente y razonable  de tales normas”15. QUINTO.- A mayor abundamiento, el  debido proceso es un derecho complejo, pues, está  conformado por un conjunto de derechos esenciales que  impiden que la libertad y los derechos de los individuos  sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o  procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de  derecho - incluyendo el Estado - que pretenda hacer uso  abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y  constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un  derecho muy complejamente estructurado, que a la vez  está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras,  características del tribunal o instancias de decisión, al  procedimiento que debe seguirse y a sus principios  orientadores, y a las garantías con que debe contar la  defensa16. Dicho de otro modo, el derecho al debido  proceso constituye un conjunto de garantías de las cuales  goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal efectiva,  la observancia de los principios o reglas básicas y de la  competencia predeterminada por Ley, así como la  pluralidad de instancias la motivación y la logicidad y  razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los  derechos procesales de las partes (derecho de acción, de  contradicción) entre otros. Es así que podemos decir que la  diferencia entre el derecho a la tutela procesal efectiva y el  debido proceso, estriba en que el primero es el género, que  posibilita el acceso y efectividad de la justicia, y el segundo  como especie, referida a las garantías del proceso, que se  configura como el plano formal de la tutela procesal  efectiva; también podemos afirmar que el primero cautela  el aspecto externo del proceso, su comienzo y finalización,  y el segundo el aspecto interno, los principios y reglas del  proceso. SEXTO.- Consecuentemente, el derecho al  debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen  principios consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, los cuales comprenden a  su vez, el deber de los jueces de observar los derechos  procesales de las partes y el derecho de los justiciables a  obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido  de tutela en cualquiera etapa del proceso. De ahí que  dichos principios se encuentren ligados a la exigencia de la  motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el  inciso 5 del referido artículo constitucional, esto es, que los  jueces y tribunales expliciten en forma suficiente las  razones de sus fallos, con mención expresa de los  elementos fácticos y jurídicos que los determinaron.  SÉPTIMO.- Sobre la debida motivación, el Tribunal  Constitucional estableció que: “El derecho a la debida  motivación de las resoluciones importa pues que los  órganos judiciales expresen las razones o justificaciones  objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir nosólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso,  sino de los propios hechos debidamente acreditados en el  trámite del proceso”. A mayor abundamiento, el Tribunal, en  distintos pronunciamientos, ha establecido “que el derecho  a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una  garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y  garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren  justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en  datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o  los que se deriven del caso”17. Por tanto, la contravención  de las normas que garantizan el derecho a un debido  proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no se  han respetado los derechos procesales de las partes, se  han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma  incoherente, en clara transgresión de la normatividad  vigente y de los principios procesales. OCTAVO.- Ahora  bien, respecto a la valoración de la prueba y la motivación,  se tratan de concepto diferentes, pero correlacionados.  Valorar la prueba implica realizar un trabajo cognitivo,  racional, inductivo y deductivo por parte del juez respecto  de los hechos del proceso, con ella se determina el  resultado de toda actividad probatoria realizada por las  partes, llegando a conclusiones que le sirven parta resolver  la litis. Con el trabajo de valoración de la prueba se llega a  determinar la verdad o falsedad de los hechos importantes  del proceso a partir de la actividad de las partes. En  cambio, la motivación o justificación es el mecanismo – normalmente escrita- del que se vale el juez para hacer  saber el resultado del trabajo de valoración de la prueba.  Con la motivación se hacen evidentes –se hacen saber- las  razones que llevaron al juez a emitir las conclusiones  probatorias objetivas (las racionales y objetivas, dejando  de lado las subjetivas) realizadas en la valoración de la  prueba a partir de la actividad de las partes.18 La valoración  de los medios de prueba se encuentra relacionada con la  motivación de las resoluciones judiciales, ésta constituye  un principio y derecho de la función jurisdiccional. La  motivación es esencial en los fallos, ya que los justiciables  deben saber las razones por las cuales se ampara o  desestima una demanda, pues a través de su aplicación  efectiva se llega a una recta impartición de justicia,  evitándose con ello arbitrariedades y permitiendo a las  partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación,  planteando al superior jerárquico las razones jurídicas que  sean capaces de poner de manifiesto los errores que pueda  haber cometido el juzgador. La verificación de una debida  motivación sólo es posible si de las consideraciones de la  sentencia se expresan las razones suficientes que  sustentan  la  decisión,  razones  que  justifiquen  suficientemente el fallo, las cuales deben ser objetivas y  completas; y, para la presentación de tales consideraciones  se debe, atender a lo previsto en el artículo 197 del Código  Procesal Civil, en donde las consideraciones deben ser  extraídas de la evaluación de los hechos debidamente  probados, lo cual supone una adecuada valoración de la  prueba.  19 NOVENO.- Precisamente, regulando este  derecho fundamental, el legislador ha optado por imponer  al Juez la obligación de valorar en forma conjunta y  razonada todos los medios de prueba, en los términos que  señala el artículo 197° del Código Procesal Civil; dado que,  las pruebas están mezcladas formando una secuencia  integral; por ello, es responsabilidad del Juzgador  reconstruir los hechos en base a los medios probatorios  valorándolos en su conjunto, a fin de lograr los fines del  proceso. Sobre el particular, Michele Taruffo señala que: “la  función principal de la prueba es ofrecer al juzgador  información fiable acerca de la verdad de los hechos en  litigio. En realidad, al comienzo de un proceso, los hechos  se  presentan  en  formas  de  enunciados  fácticos  caracterizados por un estatus epistémico de incertidumbre.  Así, en cierto sentido, decidir sobre los hechos significa  resolver esa incertidumbre y determinar, a partir de los  medios prueba presentados, si se ha probado la verdad o  falsedad de esos enunciados (…)”20 La referida norma  regula el principio de la unidad de la prueba; “Este principio  señala que la prueba se aprecia en su conjunto, pues la  certeza no se obtiene con una evaluación aislada y  fragmentaria, tomadas una por una, sino aprehendido en  su totalidad. Las pruebas que individualmente estudiadas  pudiesen aparecer como débiles o imprecisas pueden  complementarse entre sí, de tal modo que unidas lleven al  ánimo del juez, la convicción acerca de la existencia o  inexistencia de los hechos discutidos en la litis”21 DÉCIMO.-  Consecuentemente, el “derecho a probar” es uno de los  componentes elementales del derecho a la tutela procesal  efectiva, que involucra el debido proceso (inciso 3 delartículo 139 de la Constitución Política del Estado); y  también la valoración de la prueba debe estar debidamente  motivada con criterios objetivos y razonables (inciso 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Estado). Por  consiguiente, una buena decisión judicial no solo requiere  de una valoración adecuada del material probatorio, sino  que además para complementar este trabajo valorativo se  exige que ésta sea traducida correctamente en la parte  argumentativa –escrita- de la sentencia.22 La motivación  debe ser coherente con la valoración de la prueba, no se  debe sostener ni menos ni más de lo que arroja el trabajo  probatorio, de lo contrario encontraremos supuestos de  motivación con defectos. UNDÉCIMO.- Si bien es cierto en  materia casatoria no corresponde a esta Sala Suprema  analizar las conclusiones relativas a la valoración de la  prueba examinada en instancia, sin embargo es factible el  control casatorio tratándose de la infracción de las reglas  que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que  establecen que el juez tiene la obligación procesal de  valorar todos los medios probatorios en forma conjunta,  utilizando su apreciación razonada conforme lo prevé el  Artículo  181  del  Código  Procesal  Civil.  DÉCIMO  SEGUNDO.- En esa línea doctrinal y jurisprudencial,  siendo que las causales denunciadas son sobre normas  procesales y sustantivas, se procede a absolver las de  carácter procesal; así, de la revisión de los autos se  advierte que la instancia de mérito ha confirmado la  apelada en el extremo que declara fundada la pretensión  de indemnización; y, se determina como forma de  protección y compensación por los daños causados: la  adjudicación del inmueble ubicado en Manzana 79, lote 18,  Márquez – Callao, inscrita en la copia literal Nº PO1093603  de la SUNARP a favor de la demandada, extremo que es  materia de cuestionamiento en el recurso de casación,  pues, el recurrente manifiesta que el inmueble ubicado en  la manzana 79, lote 18, Asentamiento Humano Márquez,  distrito y provincia del Callao-adjudicado a la demandada  por las instancias de mérito, constituye bien propio, pues  obtuvo el título de propiedad el trece de febrero de mil  novecientos ochenta y ocho, esto es, antes de casarse.  DÉCIMO TERCERO.- De autos se aprecia que por escrito  de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte23, el  demandante presentó su recurso de casación acompañando  al mismo diversos medios de pruebas, los mismos que  fueron presentados en original mediante escrito del  dieciocho de agosto de dos mil veinte24, siendo los  siguientes. a) Constancia de adjudicación del año 197825.  b) Solicitud dirigida al alcalde de la Municipalidad de Lima,  en donde señala como domicilio el demandante el ubicado  en la manzana 79, lote 18, ex Fundo Márquez, de feca 27  de mayo de 198726. c) Titulo de Propiedad Nº 13,851,  expedido por la Municipalidad Provincial del Callao, a favor  del actor del lote 18, de la manzana 79 del sector, de fecha  18 de febrero de 198827. d) Diversos recibos de impuesto al  valor del patrimonio predial, respecto del bien ubicado en la  manzana 79, lote 18, AAHH ex Fundo Márquez, en donde  se aprecia como contribuyente al actor, y también indica  como fecha de adquisición del terreno el 27 de septiembre  de 197828. DÉCIMO CUARTO.- De lo precedentemente  expuesto, se aprecia que la parte actora ha presentado  medios de pruebas que no pudieron ser evaluados por las  instancia, los cuales deben ser valorados a fin de determinar  si el bien dado en adjudicación a la emplazada es o no un  bien propio del recurrente. DÉCIMO QUINTO.- En esa  línea de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 194  del Código Procesal Civil, el A quem puede aplicar la  función tuitiva a fin de ejercer la actividad probatoria  oficiosa a los llamados poderes probatorios a fin de generar  un adecuado esclarecimiento de los hechos controvertidos,  de tal forma que tenga mayores elementos probatorios que  le permitan decidir la controversia con la mayor solvencia y  objetividad, y de esta forma resolver el conflicto con la  mayor cercanía a la verdad de los hechos. Asimismo, si  bien el tercer párrafo del Artículo 194 del Código Procesal  Civil dispone respecto a las Pruebas de oficio que “En  ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la  sentencia por no haberse ordenado la actuación de las  pruebas de oficio”. Empero un dispositivo legal no puede  ir en contra de los derechos constitucionales cómo es el  previsto en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución  Política del Perú, sobre la observancia del debido proceso  y la tutela jurisdiccional. Y el artículo 139, inciso 8 de la  Constitución, El principio de no dejar de administrar justicia  por vacío o deficiencia de la ley; Puesto que conforme a las  facultades previstas en el artículo 51 inciso 2 del Código  Procesal Civil, el juzgador tiene las facultades de ordenar  la actuación de los medios probatorios adicionales y  pertinentes  que  considere  necesarios  para  formarconvicción y resolver la controversia jurídica; así como  lograr la paz social en justicia. DÉCIMO SEXTO.- Asimismo,  respecto a la prueba de oficio, el X Pleno Casatorio Civil29  a emitido pronunciamiento al respecto, y prevé las reglas  aplicables que constituyen Precedente vinculante, siendo  las siguientes: Primera Regla: “El artículo 194 del Código  Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al  juez un poder probatorio con carácter de facultad  excepcional y no una obligación; esta disposición legal  habilita al juez a realizar prueba de oficio, cuando el  caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por  el legislador”. (…) Tercera regla: “El juez de primera o  segunda instancia, en el ejercicio y trámite de la prueba de  oficio deberá cumplir de manera obligatoria con los  siguientes límites: a) excepcionalidad; b) pertinencia; c)  fuentes de pruebas; d) motivación; e) contradictorio; f)  no suplir a las partes; y, g) en una sola oportunidad”.  Cuarta regla: “El contradictorio en la prueba de oficio,  puede ser previo o diferido y se ejerce por las partes de  forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del  proceso”. En consecuencia, el Juez no puede emitir una  sentencia justa, si su decisión no la sustenta en todas las  pruebas aportadas en el proceso y aunque no hayan sido  ofrecidas formal y oportunamente, o si fuere el caso que el  juzgador tiene conocimiento de pruebas que pudieran  influir en la decisión final, con la facultad conferida en los  artículos 194 y 51 inciso 2 del Código Procesal Civil, puede  admitirlas y actuarlas de oficio, puesto que la formalidad no  puede estar por encima de los derechos constitucionales.  DÉCIMO SÉTIMO.- Consecuentemente, a fin de verificar la  calidad del régimen social del bien materia de litis, el juez  con la facultad conferida en los artículos 194 y 51 inciso 2  del Código Procesal Civil, y conforme a las reglas previstas  en el X Pleno Casatorio Civil, puede admitir y actuar  pruebas de oficio, y para el presente caso resulta necesario  que se analicen las pruebas aportadas por el accionante  mediante escrito del diecisiete de agosto de dos mil veinte;  motivo por los cuales, ampararse las denuncias de carácter  procesal y declararse la nulidad de la sentencia recurrida  DECIMO OCTAVO.- Al haberse determinado la infracción  normativa procesal, corresponde declarar fundado el  recurso de casación, nula la sentencia de vista y ordenar  que la Sala de origen emita nuevo fallo subsanando las  omisiones anotadas; por lo que, no corresponde emitir  pronunciamiento respecto de las infracciones normativas  en vista a los efectos anulatorios previstos en el artículo  396, inciso 1, del Código Procesal Civil. V. DECISIÓN: Esta  Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo  396 del Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el demandante José  Santos Siesquen Yerren; en consecuencia, CASARON la  sentencia de vista, de fecha diecisiete de julio del dos mil  veinte. Expedida por la Primera Sala Civil Permanente de  la Corte Superior de Justicia del Callao. b) ORDENARON  que la Sala Superior expida nueva sentencia, con arreglo a  los fundamentos expuestos en esta decisión suprema; c)  DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por José Santos Siesquen Yerren sobre divorcio  por causal de separación de hecho; y los devolvieron.  Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Cunya  Celi.-  SS.  SALAZAR  LIZÁRRAGA,  CUNYA  CELI,  CALDERÓN  PUERTAS,  ECHEVARRÍA  GAVIRIA,  RUIDIAS FARFÁN. 1  Página 449 2  Páginas 406 3  Páginas 277 4  Páginas 18. 5  Página 27 6  Páginas 81 7  Páginas 90 8  Páginas 92 9  Páginas 99 10  Páginas 105 11  Página 277 12  Páginas 341 13  Página 406 14  Página 83 del cuaderno de casación. 15  EXP. Nº 02467-2012-PA/TC 16  Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios  Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de  los Países Bajos, página diecisiete. 17  EXP. Nº 03433-2013-PA/TC Lima Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST  S.A. 18  Casación Nº 4772-2009-Lima, voto en discordia de los Drs. Ticona Postigo y  Palomino García.19  Casación Nº 2408-2010-Lima. 20  MICHELE TARUFFO, La Prueba, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.  Madrid 2008. p. 131. 21  Ledesma, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Gaceta Jurídica,  Lima, 2015, Tomo I, p. 559 22  STC Nº 1230-2002-HC/TC. 23  Páginas 449 24  Páginas 477. 25  Página 425. 26  Páginas 426. 27  Páginas 429 28  Páginas 432 a 445 29  Casación N ° 1242- 2017- Lima Este. Sentencia del Pleno Casatorio, publicado en  el diario Oficial “El Peruano” de fecha 27de Setiembre 2020. C-2136197-5