CASACIÓN Nº 177 – 2019 LIMA
Materia: RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO En el caso de autos las pruebas en las que el Ad quem  sustentó su decisión, no pudieron acreditar que el término  final de la convivencia fue hasta el dieciocho de diciembre  de dos mil diez ni que ésta duró o estuvo vigente durante las  fechas que corresponden a cada una de ellas. En cambio, lo  manifestado por la actora en los procesos seguidos contra  el ahora demandado que se tienen como acompañados, si  demostraron que la relación convivencial duró hasta el año  dos mil tres, circunstancia que no fue desvirtuada, ni el Ad  quem esgrimió fundamentación suficiente referida al por  qué no generan convicción para el establecimiento de dicho  término final; de lo que se tiene, que el recurso de casación  deviene en fundado. Lima, veintidós de julio de dos mil veintidós. - LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTO: El voto del señor  juez supremo Ruidías Farfán, quien se adhiere al voto de los  señores jueces supremos Salazar Lizárraga, Calderón  Puertas y Echevarría Gaviria, emitiéndose la siguiente  sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta Sala  Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte  demandada, Wigberto Florentino Sánchez Loayza1 con  fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro  de fecha cuatro de octubre de ese mismo año2, que revocó  la sentencia de primera instancia contenida en la resolución  número veintinueve de fecha treinta de enero de dos mil  dieciocho3, y reformándola declaró: 1.- Reconocer la unión  de hecho que existió entre las partes procesales entre el  período comprendido entre enero del año mil novecientos  noventa hasta el dieciocho de diciembre de dos mil diez; 2.-  Dejó sin efecto el extremo de la sentencia apelada quepuso fin al régimen patrimonial de la comunidad de bienes  desde la notificación de la demanda; e, 3.- Integró la  sentencia estableciendo que el fin de la unión de hecho se  produjo el dieciocho de diciembre de dos mil diez; por lo que,  la liquidación de bienes deberá realizarse en ejecución de  sentencia por el periodo antes referido y con arreglo a lo  dispuesto en los artículos 320° y siguientes del Código Civil.  II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito de fecha  dieciocho de febrero de dos mil trece4 veintiuno de junio de  dos mil dieciséis5, Yrma Virto Barturen, interpuso demanda  de reconocimiento de unión de hecho, dirigiéndola contra el  ahora recurrente, Wigberto Florentino Sánchez Loayza,  solicitando, como pretensión principal, que se reconozca  judicialmente aquella que mantuvieron las partes procesales  desde el mes de marzo de mil novecientos ochenta y siete  hasta el dieciocho de diciembre de dos mil diez;  accesoriamente requirió, la liquidación de la sociedad de  bienes obtenidos durante la unión de hecho, esto es, la  división y partición de los bienes muebles, inmuebles y las  sociedades mercantiles con personalidad jurídica. Los  fundamentos de la demanda son los siguientes: Señaló que,  con el demandado mantuvieron una relación convivencial  durante el período indicado libres de impedimento  matrimonial, habiendo procreado tres hijos durante la  vigencia de aquélla - dos mayores de edad a la fecha de la  demanda y uno menor. Indicó que la citada relación  convivencial fue estable y pública, cumpliendo deberes  similares al matrimonio, fijando su último domicilio en la calle  El Refugio número 480, Urbanización La Planicie, Distrito de  La Molina. Precisó que el dieciocho de diciembre de dos mil  diez, el demandado abandonó el hogar donde vivían los  convivientes con sus hijos, dando de esa manera fin,  unilateralmente, a la citada la relación, reseñando la actora  que ella pretendió finalizar la convivencia con anterioridad,  debido a que el emplazado ejerció actos de violencia en su  contra. Arguyó que, luego de la separación, tomó  conocimiento que el demandado mantuvo una relación  paralela con Mónica Cristina Paz Fernández con quien  procreó una hija de nombre Katherine Wendy Sánchez Paz  nacida el catorce de setiembre de dos mil diez, hecho que la  afectó como mujer, originando que la relación culmine en  forma definitiva. Igualmente adujo que durante la unión  convivencial  que  mantuvieron,  ambos  trabajaron,  adquiriendo bienes muebles, inmuebles y sociedades  mercantiles, todo lo cual, fue disfrutado, únicamente, por el  demandado. Refirió además que, en el año dos mil cinco,  interpuso en contra del emplazado, proceso de alimentos a  favor de los hijos de ambos, acción que se tramitó ante el  Juzgado de Paz Letrado de Lima con resultado favorable a  sus intereses. Invocó como fundamento de derecho el  artículo 326 del Código Civil. 2. Contestación Por escrito  presentado el diez de junio de dos mil trece6, absolvió el  traslado de la demanda, el emplazado Wigberto Florentino  Sánchez Loayza, negándola y contradiciéndola en todos sus  extremos, sobre la base de los siguientes fundamentos:  Manifestó que su relación convivencial terminó en el año dos  mil tres, debido a las constantes denuncias y acciones que  interpuso en su contra la accionante. Indicó que, desde  dicha fecha rehicieron sus vidas, teniendo cada uno, sus  respectivas parejas, pues, la actora mantiene una relación  sentimental con Alfredo Alejandro Jara Barrutia. Precisó,  sobre la división y partición de bienes sociales, que dicha  pretensión se tramita ante el Décimo Noveno Juzgado  Especializado en lo Civil de Lima (Expediente número 7732- 2013); por tanto, tal extremo de la demanda deviene en  improcedente, pues, no pueden existir dos procesos con  idénticas pretensiones. Añadió que, en la actualidad se  encuentra conviviendo con Mónica Cristina Paz Fernández,  con quien procreó una hija de nombre Katherine Wendy  Sánchez Paz, de dos años de edad, relación que mantiene  desde julio de dos mil siete. Finalmente, alegó que el  inmueble adquirido en La Molina es un bien propio, ya que lo  compró el dieciocho de junio de dos mil siete, esto es,  después de la separación, ocurriendo lo propio con la  empresa Digital Fast E.I.R.L; de manera que, los únicos  bienes que adquirieron durante la convivencia, son los  ubicados en la Avenida San Luis números 2276 - 2278,  Distrito de San Borja y el de Jirón Teodoro Cárdenas número  273, Santa Beatriz del Distrito de Cercado de Lima. 3.  Sentencia de primera instancia Mediante sentencia  contenida en la resolución número veintinueve de fecha  treinta de enero de dos mil dieciocho, el Primer Juzgado  Especializado en Familia de la Corte Superior de Justicia de  Lima, declaró: 1.- Fundada en parte la demanda, en  consecuencia, se reconoce judicialmente la unión de hecho  entre Yrma Virto Barturen y Wigberto Florentino Sánchez  Loayza, comprendida en el periodo que va desde el año mil  novecientos ochenta y siete hasta marzo de dos mil tres,debiéndose inscribir en el Registro Personal de los Registros  Públicos de Lima. 2.- Infundada En Parte la pretensión  formulada por Yrma Virto Barturen, sobre reconocimiento de  unión de hecho correspondiente al periodo comprendido  entre abril de dos mil tres hasta el dieciocho de diciembre de  dos mil diez. 3.- Del mismo modo, se dispone poner fin al  régimen patrimonial de la comunidad de bienes, desde la  notificación de la demanda, debiendo identificarse e iniciarse  el procedimiento de liquidación en ejecución de sentencia.  4.- Improcedente el reconocimiento de alimentos y derechos  sucesorios entre las partes. En autos, está probado que los  sujetos procesales, mantuvieron una unión sexual libre y  voluntaria, entre varón y mujer, así como que cumplieron  fines y deberes semejantes al matrimonio, esto es, vida en  común, asistencia recíproca. También se encuentra  acreditado que Yrma Virto Barturen, mantuvo la citada  relación, libre de impedimento matrimonial al igual que  Wigberto Florentino Sánchez Loayza Sobre el período  convivencial, se verifica de autos que convivieron desde el  año mil novecientos ochenta y siete hasta marzo de dos mil  tres, debiendo precisarse que, de la interpretación y  valoración de los medios probatorios, se concluye que la  convivencia fue hasta el último de los citados años – dos mil  tres -, conforme a la hipótesis del demandado, por lo  siguiente: - En la demanda presentada por la ahora  demandante el trece de abril de dos mil cinco - expediente  acompañado Nº 183520-2005 sobre suspensión de patria  potestad-, dicha parte procesal señaló expresamente: “(…)  Actualmente el demandado y la recurrente estamos  separados, de hecho, luego de 13 años de armonía (…)”. De  lo que se interpreta que la demandante reconoce estar  separada del demandado desde abril del dos mil cinco. - De  la solicitud de garantías personales, presentada el  veintinueve de abril de dos mil tres por la ahora demandante,  expresamente  indicó:  “(…)  constantes  agresiones  psicológicas y físicas durante nuestra permanencia de  convivencia de 12 años, (…)”. De lo que se interpreta que la  demandante tuvo una convivencia de sólo doce años, no  veintitrés años como indica en la demanda. - En la denuncia  presentada por la accionante con fecha treinta de marzo de  dos mil cuatro - expediente acompañado 644-04 sobre  lesiones -, la denunciante Yrma Virto Barturén – sostuvo  como su domicilio el ubicado en la Avenida San Luis número  2276, y, el del denunciado – Wilgberto Sánchez Loayza -,  sito en calle Teodoro Cárdenas número 273, Lima. Incluso  en los fundamentos de hecho dice expresamente «[…] con  el denunciado mantuvimos una relación convivencial desde  1988 y que duró hasta el mes de julio de 2003, fecha en que  denuncié a mi ex conviviente por violencia familiar […]». De  lo que se interpreta que la convivencia fue hasta julio de dos  mil tres, no al dos mil diez, como indica en la demanda. - En  el escrito de contestación de la demanda de fecha veintiséis  de setiembre de dos mil cinco, el ahora demandado señaló  como dirección domiciliaria en Jirón Teodoro Cárdenas  número 273, Santa Beatriz, Lima; lo mismo en el informe  social del expediente acompañado número 183520-2005,  precisando incluso que a la fecha vive solo. En tanto que la  demandante, en la solicitud de garantías de fecha  veintinueve de abril de dos mil tres, señala como domicilio  Avenida San Luis número 2278, San Borja. De lo que se  interpreta que los ex convivientes tenían domicilios diferentes  al dos mil tres. - En audiencia de pruebas, la testigo Cristina  Paz Fernández, afirma que es actual conviviente del  demandado, cuya relación se inició en noviembre de dos mil  tres, incluso, precisó que empezaron a convivir desde el año  dos mil dos, habiendo procreado una hija que tiene 5 años  de edad a la fecha de audiencia. De lo que se interpreta que  el demandado inició otra relación convivencial en el año dos  mil tres. - La demandante en el escrito de demanda sobre  alimentos de fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco,  reconoce que, en marzo de dos mil tres, descubre por  segunda vez la relación no convivencial de su conviviente  con Cristina. De lo que se interpreta que las partes  procesales no vivían juntos. - La demandante, adujo – ver  fojas seiscientos quince a seiscientos veinte -, que el año  dos mil tres descubrió la relación sentimental de su ex  conviviente - Wigberto - con Cristina, frente a lo cual le hizo  demandas para que recapacite. Refiere que los amoríos  fueron fuera de la oficina. De lo que se interpreta que el  descubrimiento de una relación paralela fue la causa para  dar fin a la convivencia el año dos mil tres. - Finalmente, la  actora, afirmó – ver también fojas seiscientos quince a  seiscientos veinte -, que tiene tres propiedades en  copropiedad con el demandado. La copropiedad no es  propia de la convivencia. De lo que se interpreta que el  comportamiento de las partes no fue como conviviente,  como matrimonio, sino como un negocio jurídico. En  consecuencia, estando a lo precedentemente expuesto, idebe declararse la unión de hecho de las partes durante el  periodo indicado. Sobre Los Efectos Patrimoniales: La  Comunidad De Bienes. Al respecto, en aplicación analógica  del artículo 320° del Código Civil (inventario valorizado de  los bienes sociales) y 322° del acotado Código (liquidación  de la sociedad de gananciales), la identificación y  procedimiento de liquidación corresponde realizarse en  ejecución de sentencia, siendo del caso indicar que el fin de  la comunidad de bienes debe tener efectos desde la  notificación de la demanda. Sobre los efectos personales:  fin unilateral de la convivencia y alimentos entre ex  convivientes. La demandante no demostró su estado de  necesidad y estar discapacitada para el trabajo, frente a lo  cual debe declararse improcedente la pretensión de  alimentos e indemnización, tanto más que este último  extremo no se demostró. Sobre los efectos personales:  Los efectos sucesorios. Se precisa que, en el caso  concreto, se estableció que la convivencia entre las partes  procesales fue desde el año mil novecientos ochenta y siete  hasta el dos mil tres, fecha en la que no estaba vigente la  disposición legal que reconoce los efectos sucesorios  semejantes al matrimonio – la que es del dos mil trece -. Por  tanto, no corresponde reconocer la calidad de heredera a la  demandante, conforme al artículo 326° del Código Civil, por  aplicación de la ley en el tiempo. 4. Sentencia de vista  Mediante resolución número cuatro, de fecha cuatro de  octubre de dos mil dieciocho, la Primera Sala Especializada  en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, arribó a  la decisión precedentemente indicada que es materia de  cuestionamiento por el recurrente. Los fundamentos del  citado Colegiado fueron: Expuestos los hechos y valorados  los medios probatorios en su conjunto, se concluye con  certeza que quedó acreditada en autos, la unión de hecho  mantenida entre las partes procesales. En ese sentido,  dicha unión empezó a partir del año de mil novecientos  noventa, conforme lo refiere la propia demandante en su  escrito de demanda de suspensión de patria potestad – ver  fojas dieciséis a dieciocho. Asimismo, es de acotarse que el  ahora demandado en su escrito de contestación a la  demanda de alimentos que le interpusiera la hoy  demandante, así como en el informe social que se le hiciera,  que corre en el expediente acompañado Nº 228-2005, es  uniforme en señalar: “… en julio de 1989 nos conocimos y en  el mes de setiembre del mismo año nos hicimos enamorados  y a inicios de 1990 empezamos a convivir en la Avenida  Tacna Nº 592 Of. 111…”. Del mismo modo, de las constancias  expedidas por el secretario letrado del Vigésimo Octavo  Juzgado Civil de Lima, órgano jurisdiccional donde la actora  realizó sus prácticas profesionales de derecho, se advierte  que, en la primera, emitida con fecha veintinueve de mayo  de mil novecientos ochenta y siete, indicó como su domicilio  real, el ubicado en “Jr. Melitón Carbajal Nº 120 Ingeniería,  San Martín de Porres “; en tanto que en la segunda, que se  emitió con fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos  ochenta y ocho, también señaló el mismo domicilio. Por ello,  corresponde amparar el primer agravio del impugnante  Wigberto Florentino Sánchez Loayza, toda vez que  objetivamente quedó acreditado en autos que el domicilio  real de la demandante hasta el veintisiete de diciembre de  mil novecientos noventa y ocho, estuvo ubicado en el Jirón  Melitón Carbajal Nº 120 Ingeniería, San Martín de Porres.  Con relación al fin del periodo de la unión de hecho materia  de reconocimiento, los medios probatorios antes valorados  conllevan a determinar en forma objetiva y con certeza, que  aquélla feneció el veintinueve de diciembre de dos mil diez,  conforme a la denuncia policial realizada por la hoy  accionante ante la Comisaría de La Molina, en la que puso  de conocimiento del retiro voluntario del emplazado del  hogar convivencial ubicado en “Jirón El Refugio Nº 480,  Urbanización la Planicie, La Molina”: índica: “(...) que el día  18 de diciembre del presente año a horas 7 aproximadamente,  su conviviente el señor Wigberto Florentino Sánchez Loayza  (49 años), se fue como de costumbre a trabajar a su centro  de labores, no retornando al hogar, quien posteriormente se  comunicó telefónicamente (…)”. Es de precisar, que si bien,  se aprecia de los medios probatorios incorporados al  proceso, existió un periodo de deterioro en forma intermitente  de la relación convivencial desde el veintinueve de abril de  dos mil tres, fecha en la que la demandante se apersonó a la  Subprefectura de Lima a solicitar Garantías Personales. Sin  embargo, también se aprecia reconciliación entre las partes,  en enero del año dos mil siete, fecha en que la Familia  Sánchez Virto viajó con destino a los Estado Unidos de  Norteamérica retornando el veintisiete de febrero de dicho  año, conforme los movimientos migratorios de fojas  cuatrocientos treinta y cuatro y cuatrocientos treinta y cinco,  así como la fotografía de fojas treinta, tomada en la ciudad  de Tampa el veintidós de febrero de dos mil siete. Tambiénse aprecia la continuidad de la relación convivencial con: -  La carta remitida a ambos justiciables, por el Centro  Educativo “Newton College”, de fecha veintiocho de febrero  de dos mil ocho, en la misma dirección domiciliaria “Calle el  Refugio 480, La Planicie, La Molina”, y en la que les  comunican que al “postulante Willy Giampier Sánchez Virto  - 3 Grado 2008, “no le pueden ofrecer una vacante”. - La  solicitud conjunta de dichos justiciables ante la Municipalidad  de San Borja, de fecha seis de noviembre de dos mil ocho,  para pedir la licencia de demolición de construcción de fojas  trescientos ochenta y uno. - La solicitud de fecha quince de  agosto de dos mil nueve realizada por el citado demandado  a la Comisaría de Petit Thouars, en la que pide: “atienda a mi  esposa, la Sra. Yrma Virto Barturén”. - La fotografía de fojas  treinta y dos, en la cual ambos convivientes aparecen  retratados en el “Restaurant Turístico Sachun” el cinco de  abril de dos mil nueve. Así puede inferirse que el deterioro y  quiebre definitivo de la relación convivencial objetivamente  se produjo el dieciocho de diciembre de dos mil diez,  conforme a la citada denuncia policial, luego del nacimiento  de la hija del referido emplazado, Katherine Wendy Sánchez  Paz, ocurrido el veinticuatro de setiembre de dos mil diez y  procreada con persona distinta a su conviviente, Mónica  Cristina Paz Fernández; por lo que, corresponde amparar  los agravios del recurso de apelación de la accionante. De  otro lado, en el caso de autos la demandante no solicitó  indemnización alguna, conforme se corrobora de su escrito  de demanda y su subsanación; por lo que, corresponde  desestimar este agravio. Finalmente, la liquidación de  bienes deberá realizarse en ejecución de sentencia, desde  enero del año mil novecientos hasta el dieciocho de dos mil  diez periodo de vigencia de la unión de hecho judicialmente  reconocida y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 320°  y siguientes del Código Civil. 5. Recurso de casación Esta  Suprema Sala, mediante resolución de fecha diecisiete de  julio de dos mil diecinueve7, declaró procedente el recurso  de casación interpuesto por el demandado Wigberto  Florentino Sánchez Loayza por la causal de Infracción  normativa de los artículos 5° de la Constitución Política  del Estado y del artículo 326° del Código Civil. Manifiesta  respecto a la inaplicación de la citada norma constitucional  que, el Colegiado Superior, no tuvo en consideración que  ésta textualmente se refiere a uniones estables para que la  unión de hecho goce de la protección que aquélla brinda. Sin  embargo, de la recurrida se advierte que el citado requisito,  no fue comprendido por el Ad quem, pues, de acuerdo a la  fundamentación esgrimida en dicha resolución, se verifica  que la decisión que contiene no se ajusta a los parámetros  establecidos en la citada norma constitucional. Asimismo,  alega que el Colegiado Superior con una nueva institución  jurídica denominada “...periodo de deterioro en forma  intermitente...”, (décimo considerando de la recurrida)  justifica la inestabilidad (denuncias entre los convivientes  sobre delito contra la vida, el cuerpo y la salud; suspensión  de la patria potestad de los hijos de ambos, pensión  alimentaria, tenencia de hijos fuera de aquella unión de  hecho y garantías personales), en forma contraria al texto  expreso y claro del artículo 5° de la Carta Política que  precisa la protección de aquélla unión estable, lo que es  contrario a cualquier supuesta unión “intermitente”. De otro  lado, arguye que la Sala de Vista no aplicó correctamente el  artículo 326° del Código Civil, tratándose de una norma  expresa, que señala, entre otras condiciones, para declarar  judicialmente la validez de unión de hecho, que tenga una  duración de dos años como mínimo. Añade, que la citada  norma no puede interpretarse en sentido contrario a su  texto, esto es que, después de los dos años mínimos que  exige, se pueda dar un deterioro intermitente, ya que se trata  de la mínima exigencia legal que no restringe que pueda  prolongarse en el tiempo en muchos años más pero siempre  continuos de ninguna manera como lo consideró la Sala  Superior. Del mismo modo, expresa que en una relación  convivencial donde existen hijos no puede considerarse que  los padres dejen de asistirlos, conjuntamente, en actividades  educativas o de recreación. Finalmente, sostiene que la  unión de hecho por imperio de la ley debe tener por sobre  todo continuidad y estabilidad, situaciones jurídicas que  ahora denuncia a fin de que se resuelva la correcta aplicación  del artículo 326° del Código Civil. III. MATERIA JURÍDICA  EN DEBATE Estando a los fundamentos del recurso  interpuesto, el debate casatorio se centra en determinar si  los Jueces Superiores al emitir la recurrida han transgredido  las normas cuya infracción normativa se denuncia IV.  FUNDAMENTOS  DE  ESTA  SALA  SUPREMA  CONSIDERANDO: PRIMERO.- En primer término, es  menester precisar que el recurso de casación es un medio  de impugnación extraordinario que permite ejercer el control  de las decisiones jurisdiccionales, con la finalidad degarantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la  Corte Suprema de Justicia; así como, determinar si en  dichas decisiones se ha infringido o no las normas que  garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los  principios que lo regulan. SEGUNDO.- Seguidamente,  corresponde indicar que, la argumentación expuesta por el  recurrente, está dirigida a cuestionar la decisión del Ad quem  que fijo el término de la relación convivencial, el dieciocho de  diciembre de dos mil diez, pues, es evidente que el año de  inició de ésta – mil novecientos noventa-, fue establecido por  el citado Colegiado, conforme expusiera aquél, como agravio  sustentatorio de su pretensión impugnatoria contra la  sentencia de primera instancia respecto a dicho extremo,  que no ha sido cuestionado por la parte accionante,  quedando firme a falta de cuestionamiento. Por tanto, el  debate casatorio, tal como aluden las infracciones  normativas que se denuncian, estará centrado en determinar  si la recurrida infringió, las disposiciones de las normas  precedentemente invocadas – artículos 5° de la Constitución  Política del Perú y 326° del Código Civil-, partiendo del  análisis de la base fáctica del proceso, de acuerdo a como  quedó establecida en autos, con prescindencia de cualquier  cuestión probatoria. TERCERO.- Sobre el artículo 5° de la  Carta Política, el Tribunal Constitucional estableció que:  “(…) 14. Dicho esto, es pertinente analizar el artículo 5° de la  Carta fundamental que recoge la unión de hecho de la  siguiente manera: “La unión estable de un varón y una  mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un  hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta  al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea  aplicable.15. Importante doctrina ha considerado que la  unión de hecho puede distinguirse de la siguiente manera;  concubinato en sentido estricto (propio o puro) y concubinato  en sentido amplio (impropio o concubinato adulterino). El  primero de ellos supone que los individuos que conforman  las uniones de hecho no tienen impedimento alguno para  contraer matrimonio. Es decir, se encuentran aptos para  asumir el matrimonio. En cambio, el segundo caso abarca a  aquellas parejas que no podrían contraer nupcias debido a  que uno de ellos o los dos tienen ya un vínculo matrimonial  con tercera persona, o se encuentran impedidos de casarse  por cualquier otra causal. 17. Ahora bien, el formar un hogar  de hecho comprende compartir habitación, lecho y techo.  Esto es, que las parejas de hecho lleven su vida tal como si  fuesen cónyuges, compartiendo intimidad y vida sexual en  un contexto de un fuerte lazo afectivo. Las implicancias de  ello se verán reflejadas en el desarrollo de la convivencia,  que deberá basarse en un clima de fidelidad y exclusividad.  Se excluye, por tanto, que, alguno de los convivientes esté  casado o tenga otra unión de hecho. 18. La estabilidad  mencionada en la Constitución debe traducirse en la  permanencia, que es otro elemento esencial de la unión de  hecho. Siendo ello así, la unión de hecho, debe extenderse  por un período prolongado, además de ser continua e  ininterrumpida. Si bien la Constitución no especifica la  extensión del período, el artículo 326º del Código Civil sí lo  hace, disponiendo como tiempo mínimo dos años de  convivencia. La permanencia estable evidencia su relevancia  en cuanto es solo a partir de ella que se puede brindar la  seguridad necesaria para el desarrollo adecuado de la  familia. 19. De otro lado, la apariencia de vida conyugal debe  ser pública y notoria. No se concibe amparar la situación en  donde uno o ambos integrantes de la unión de hecho  pretenden materializarla soterradamente (…)8”. CUARTO.-  Corresponde precisar que en nuestro sistema jurídico  sustantivo, la unión de hecho, tal como lo establece el  artículo 326° del Código Civil, es el vínculo voluntario  realizado y mantenido por un varón y una mujer, libres de  impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y  cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, el que  origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de  sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable,  siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años  continuos,  unión  que  tiene  además  reconocimiento  constitucional en el artículo 5 de la Constitución Política del  Perú, conforme se tiene expuesto en el considerando  precedente. QUINTO.- En consecuencia, de acuerdo con las  citadas normas, se concluye que para que se repute la  existencia de una unión de hecho sujeta al régimen de  sociedad de gananciales, se halla supeditado, primero, a un  requisito de temporalidad mínima de permanencia de la  unión (dos años) y, segundo, que ese estado (posesión  constante de éste) requiere su probanza “con cualquiera de  los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista  un principio de prueba escrita9. Sobre el particular cabe  señalar que, la unión de hecho o convivencia more uxorio,  es aquélla se desarrolla en un régimen vivencial decoexistencia, diaria, estable con permanencia temporal  consolidada a lo largo de los años, practicada en forma  extensa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de  los interesados, creándose así una comunidad de vida  amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mismo hogar,  concepto que se encuentra consagrado en el artículo 5° de  la Constitución Política del Estado y que guarda concordancia  con lo establecido en el artículo 326° del Código Civil10”.  SEXTO.- En el caso de autos, no cabe dudas que entre las  partes procesales existió una unión de hecho bajo los  parámetros del normas precedentemente citadas normas,  existiendo cuestionamiento únicamente por parte del  recurrente, respecto al término final de aquélla, pues, el  inicial no fue cuestionado por la actora a pesar de no ser  acorde, al propuesto en su pretensión procesal. En ese  sentido, para establecer el Ad quem, que la citada  convivencia concluyó el dieciocho de diciembre de dos mil  diez, sustentó su decisión en el contenido de la denuncia  policial de fojas ciento noventa y uno, que contiene la  declaración de la actora ante la Comisaría de La Molina,  respecto al abandono del hogar – domicilio en que  supuestamente domiciliaban ambos convivientes -, que  hiciera el emplazado en dicha fecha, precisando que se  comunicó con aquélla para manifestarle que no regresaría al  hogar ya que iba rehacer su vida “… Con una fémina de  nombre Mónica Cristina Paz Fernández, quien labora como  obrera en su empresa y con la que tiene una hija nacida en  agosto del presente año…”, según se advierte del contenido  de dicha prueba. SEPTIMO.- Al respecto, es del caso  precisar que para probar el fin de la unión de hecho  mantenida entre las partes procesales no basta la  declaración unilateral de la actora ante la autoridad policial  (denuncia por abandono de hogar), si ésta no encuentra  respaldo en otra circunstancia11 que, apreciada en su  integridad, conlleve a otorgarle a la citada manifestación la  condición de prueba idónea para demostrar la veracidad, o  presunción de ésta, de que la unión convivencial duró hasta  el dieciocho de diciembre de dos mil diez. Por tanto, que al  haber sido valorado dicho documento – denuncia policial -  por la Sala de Vista, sólo en el extremo en que la actora en  forma unilateral, adujo que el emplazado se retiró de manera  voluntaria del hogar conyugal el dieciocho de diciembre de  dos mil diez, lo que sirvió para fijar el término de la  convivencia en dicha fecha, es evidente que tal prueba, por  sí sola, no genera convicción para demostrar la referida  situación, menos si no se encuentra corroborada con otra  del acervo probatorio del proceso, pues, las señaladas por el  Ad quem en el considerando décimo de la recurrida tampoco  cumplen con dicha finalidad, como se expondrá a  continuación. OCTAVO.- En efecto, la carta del citado centro  educativo, las fotografías, la solicitud dirigida a la entidad  edil y la remitida por el emplazado a la Comisaría de San  Isidro, para el Ad quem, sólo demuestran la duración de la  unión convivencial hasta término final de ésta – dieciocho de  diciembre de dos mil diez-, ya que considera que, a pesar  que hubo resquebrajamiento en el citada relación, se  mantuvo como se verifica del contenido de los referidos  medios probatorios. Lo cierto es que, ninguno de éstos, por  sí solo ni en conjunto, pudieron acreditar que la convivencia  se mantuvo durante las fechas que corresponde a cada una  de dichas pruebas, pues, no estuvieron respaldados con  otras o sucedáneos de aquéllas, como ocurrió, también, con  la nombrada denuncia policial, cuyo contenido tampoco  corroboran; por lo que, es forzoso concluir que no cumplieron  su finalidad, esto es, el de desvirtuar los fundamentos del  demandado, referidos a que el término final de la aludida  relación convivencial, sólo fue hasta el año dos mil tres,  como así lo determinó el A quo. NOVENO.- En dicho orden  de ideas, del texto de la sentencia apelada se advierte que  el A quo, consideró que fecha final de la relación convivencial,  se produjo en marzo del dos mil tres, pues, acorde con lo  manifestado (declaración asimilada en los términos del  artículo 221° del Código Procesal Civil) por la actora en los  procesos seguidos contra el ahora demandado que se  tienen como acompañados, se puede inferir dos situaciones:  a) que la convivencia mantenida entre aquéllos fue sólo de  doce o diecisiete años, pero no de veinticinco como se  expuso en la demanda; y b) todas las declaraciones de la  demandante dan cuenta que la relación convivencial duró  hasta el año dos mil tres – marzo, abril o julio de dicho año -.  Estas circunstancias sí constituyen pruebas ciertas para  acreditar el término final de aquélla, más, si la parte contraria  no desvirtuó su contenido en la forma que el ordenamiento  procesal exige, como tampoco el Ad quem esgrimió  fundamentación suficiente referida del por qué no generan  convicción para el establecimiento del término final de la  convivencia sólo hasta marzo del dos mil tres, de lo que se  tiene, que el recurso de casación debe ser amparado iúnicamente en el extremo cuestionado por el recurrente;  razones por las que deviene en fundado. V. DECISIÓN: Por  estas consideraciones y en aplicación del artículo 396°  inciso 1 del Código Procesal Civil, se declara: FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el demandado,  Wigberdo Florentino Sánchez Loayza, con fecha doce de  noviembre de dos mil dieciocho, en consecuencia CASARON  el extremo de la sentencia de vista contenida en la resolución  cuatro de fecha cuatro de octubre de ese mismo año,  expedida por la Primera Sala Especializada de Familia de la  Corte Superior de Justicia de Lima, que fijó el dieciocho de  diciembre de dos mil diez como término final de la unión  de hecho mantenida entre las partes procesales; y actuando  en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada  contenida en la resolución número veintinueve fecha treinta  de enero de dos mil dieciocho que estableció, como fecha  final de la referida unión convivencial, hasta marzo de  dos mil tres; DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley;  en  los  seguidos  por  Yrma  Virto  Barturén,  sobre  reconocimiento de unión de hecho y otras pretensiones; y  los devolvieron. SS. SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN  PUERTAS, ECHEVARRÍA GAVIRIA, RUIDIAS FARFÁN. El  VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TÁVARA  CÓRDOVA Y RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: I.  VISTA, la causa, el expediente principal en dos tomos y los  acompañados. I.1. Asunto: Viene a conocimiento de este  Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto por  Wigberto Florentino Sánchez Loayza, de fecha quince de  noviembre de dos mil dieciocho12, contra la sentencia de  vista de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho13, que  confirmó la sentencia apelada de fecha treinta de enero de  dicho año14, en el extremo que declaró fundada la demanda;  y, revocó los extremos que reconoce judicialmente la unión  de hecho entre las partes procesales, por el periodo  comprendido entre mil novecientos ochenta y siete hasta  marzo del dos mil tres, y que declaró infundado el periodo  comprendido entre abril del dos mil tres al dieciocho de  diciembre del dos mil diez; y, reformándola se reconoció la  unión de hecho de los justiciables por el periodo comprendido  entre enero de mil novecientos noventa hasta el dieciocho  de diciembre del dos mil diez; además, se dejó sin efecto el  extremo de la misma que pone fin del régimen patrimonial de  la comunidad de bienes desde la notificación de la demanda  e integraron la misma estableciendo que el fin de la unión de  hecho se ha producido el dieciocho de diciembre del dos mil  diez, con lo demás que contiene. I.2. Antecedentes a.  Demanda Yrma Virto Barturén interpone demanda sobre  reconocimiento de unión de hecho, acumulativamente en  forma objetiva originaria y accesoria la liquidación de la  sociedad de bienes obtenidos durante dicha unión, la cual se  sujetara al régimen de sociedad de gananciales, así como,  la división y partición de los bienes muebles e inmuebles y  sociedades mercantiles con personalidad jurídica. La  demandante sustenta la presente acción señalando que: (i)  El periodo de convivencia con el demandado fue desde  marzo de mil novecientos ochenta y siete hasta diciembre de  dos mil diez, manteniendo una relación de más de veintitrés  años. (ii) Ambos no tienen impedimento matrimonial y que  dentro de la convivencia han procreado a sus hijos Sindy  Pamela Sánchez Virto (veintiún años), Christian Fast  Sánchez Virto (dieciocho años) y Willy Gianpier Sánchez  Virto (trece años), además, que su relación convivencial fue  estable y pública, cumpliendo deberes similares al  matrimonio, siendo su último domicilio conyugal en la calle  El Refugio 480, urbanización La Planicie, distrito de La  Molina. (iii) El día dieciocho de diciembre de dos mil diez el  demandado realizó abandono de hogar y unilateralmente  puso fin a la relación convivencial, siendo que en años  anteriores buscaba pretextos injustificados para maltratarla  psicológicamente. (iv) Luego de la separación tomó  conocimiento que el demandado mantenía una relación  paralela con Mónica Cristina Paz Fernández, dentro del cual  ha procreado a la menor Katerine Wendy Sánchez Paz, cuya  fecha de nacimiento es el catorce de setiembre de dos mil  diez, hecho que la afectó como mujer y causó que la relación  culmine en forma definitiva. (v) Durante el matrimonio han  trabajado ambos, adquiriendo bienes muebles, inmuebles y  sociedades mercantiles, lo que fue disfrutado únicamente  por el demandado y que en el dos mil cinco interpuso una  demanda de alimentos, ante el Juzgado de Paz letrado de  Lima Expediente Nº 1457-2005, donde actualmente le  adeuda pensiones alimenticias devengadas desde ese año.  b. Contestación a la demanda Wigberto Florentino  Sánchez Loayza ha absuelto la demanda, señalando  esencialmente los siguientes argumentos de defensa: (i)  Resulta improcedente la división y partición solicitada de la  sociedad de bienes, pues se viene tramitando en el DécimoNoveno Juzgado Civil de la Corte Superior de justicia de  Lima (Expediente Nº 7732-2013) y que su relación con la  demandante comenzó de manera casual en mil novecientos  ochenta y nueve culminando en julio de dos mil tres, cuando  por los maltratos violentos de la actora y las diversas  denuncias que le realizaba, se hizo insoportable la vida en  común, siendo que desde esa fecha ambos tienen otros  compromisos. (ii) La actora mantiene relaciones amorosas  con Alfredo Alejandro Jara Barrutia, suboficial de la Policía  Nacional del Perú y que solo empezó a vivir en su propiedad  situada en el jirón Teodoro Cárdenas 273, tercer piso, siendo  que en el primer y segundo piso funciona su empresa Fast  Way Sociedad de Responsabilidad Limitada. (iii) Tuvo un  compromiso con Marielena Phoco Condori y actualmente  convive con Mónica Cristina Paz Fernández, con quien  procreó a su menor hija Katerine Wendy Sánchez Paz y  convivido desde julio de dos mil siete. (iv) Solventa los  gastos de su hija Sindy Pamela quien estudia en los Estados  Unidos y de sus otros dos hijos, además, que la convivencia  formal se inició en enero de mil novecientos noventa y que la  demandante realmente trabajó para su empresa como  auxiliar de oficina, solo por un año, después que nació su  hija se dedicó a atender la casa pero quedó registrada en  planilla para que pudiera tener Seguro Social, hasta que en  dos mil cuatro, fecha en que la retiró de planillas por haber  terminado su relación convivencial en julio de dos mil tres.  (v) El veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y  nueve compró una casa en la avenida San Luis Nº 2276- 2278, del distrito de San Borja, mediante un crédito  hipotecario y registró a la demandante como copropietaria,  por ser madre de sus hijos, que en la actualidad este bien  está en posesión de la actora. (vi) El quince de julio de dos  mil dos compró otra casa en la avenida Aviación 2647-2647  A y 2649 del distrito de San Borja, con el propósito de  remodelar y alquilar como local comercial, registrando a la  demandante sin mencionar el porcentaje de copropiedad  asumiendo la responsabilidad de pagar la deuda; y, que  luego de denuncias policiales y cinco procesos judiciales la  accionante lo echó de la casa sin justificación; además, que  ante la Fiscalía de Familia, en el proceso de violencia  familiar, Expediente Nº 216-2003, la propia accionante  manifestó que estaban separados desde julio de dos mil  tres, que existen varias denuncias contra su persona ante la  Comisaría de San Borja con contenido de violencia familiar.  c. Sentencia de primera instancia Tramitada la causa  conforme a ley, el Juez del Primer Juzgado Permanente de  Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la  sentencia de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho15,  declara fundada en parte la pretensión formulada sobre  reconocimiento de unión de hecho. Se exponen las  siguientes razones medulares que justifican la decisión: (i)  Se encuentra probado que las partes procesales han  convivido desde mil novecientos ochenta y siete hasta julio  de dos mil tres, lo que confirma el requisito de libertad para  el matrimonio y el requisito de unión sexual libre y voluntaria  entre varón y mujer, también el cumplimiento de los fines y  deberes semejantes al matrimonio, habiendo procreado a  sus hijos Sindy Pamela Sánchez Virto (veintiún años),  Christian Fast Sánchez Virto (dieciocho años), Willy Gianpier  Sánchez Virto (trece años). (ii) No se demostró que ambas  partes hayan mantenido una unión convivencial desde abril  de dos mil tres hasta el dieciocho de diciembre de dos mil  diez. (iii) Se determinó que el demandado se retiró del  domicilio convivencial en forma unilateral al mantener otra  relación y que la demandante afirma dedicarse al negocio,  no encontrándose discapacitada para el trabajo, lo mismo  ocurre con el emplazado; además, que la fecha del término  de la unión de hecho fue en el dos mil tres, fecha en que no  estaba vigente la disposición legal que reconoce los efectos  sucesorios semejantes al matrimonio (año dos mil trece), por  tanto, no corresponde reconocer la calidad de heredero a la  actora, en aplicación del artículo 326 del Código Civil, por  aplicación de la ley en el tiempo. d. Apelaciones Mediante  escrito de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho16, el  demandado interpone recurso de apelación contra la  sentencia de primera instancia, alegando medularmente que  se incurrió en error al reconocerse la unión de hecho desde  enero de mil novecientos ochenta y siete, cuando en autos  existen medios probatorios que acreditan que la misma se  inició en diciembre de mil novecientos ochenta y nueve,  formalizándose en enero de mil novecientos noventa, toda  vez que en mil novecientos ochenta y siete, el apelante  constituyó la empresa Fast Way Sociedad de Responsabilidad  Limitada cuando aún no conocía a la actora. A través de su  escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho17,  la demandante presenta su recurso de apelación contra la  sentencia del treinta de enero de dos mil dieciocho,  sosteniendo esencialmente que: (i) No se valoró los mediosprobatorios que acreditan su unión de hecho hasta el  dieciocho de diciembre de dos mil diez, ya que no se  consideraron las fotografías del dos mil siete y dos mil  nueve, los documentos bancarios, hipotecarios, cartas  laborales o gerenciales como la carta de ese último año en  hoja membretada de la empresa suscrita por el demandado  que remite a la Comisaría de Petit Thouars donde la  reconoce como conviviente y dueña de la empresa, entre  otras. (ii) En cuanto a las demandas que interpuso contra el  demandado desde el dos mil tres, estas no acreditan que  hasta ese año haya durado la unión de hecho, porque luego  de ello retornaban y seguían con la relación convivencial;  además, no se le ha indemnizado por el abandono de su  conviviente, lo que le causó una grave afectación. e.  Sentencia de vista Elevados los autos a la Sala Superior en  virtud de los recursos de apelación interpuesto por ambas  partes, la Primera Sala Especializada de Familia de la Corte  Superior de Justicia de Lima resolvió revocar la sentencia  apelada de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, en  los extremos que reconoce judicialmente la unión de hecho  entre las partes procesales, por el periodo comprendido  entre mil novecientos ochenta y siete hasta marzo del dos  mil tres, y que declaró Infundado el periodo comprendido  entre abril del dos mil tres al dieciocho de diciembre del dos  mil diez; y, reformándola se reconoció la unión de hecho de  los justiciables por el periodo comprendido entre enero mil  novecientos noventa hasta el dieciocho de diciembre del dos  mil diez. Se exponen las siguientes razones esenciales que  justifican la decisión: (i) De los hechos y valorados los  medios probatorios en su conjunto, se concluye que se  acreditó la unión de hecho mantenida entre ambas partes  desde mil novecientos noventa, conforme lo refiere la propia  actora en su escrito de demanda de suspensión de patria  potestad, lo cual también fue corroborado por el demandado  en su escrito de contestación a la demanda del proceso de  alimentos; además, que lo afirmado por la actora sobre este  extremo queda desvirtuado, ya que en los años anteriores  realizaba sus prácticas profesionales de derecho, en cuyas  constancias se indicó como su domicilio real en “Jr. Melitón  Carbajal Nº 120 Ingeniería, San Martín de Porres”, en  consecuencia, se amparó el primer agravio del impugnante  Wigberto Florentino Sánchez Loayza. (ii) De autos se  determinó esta unión de hecho feneció el veintinueve de  diciembre de dos mil diez, conforme la denuncia policial  realizada por la accionante, ante la Comisaría de la Molina,  en la cual pone en conocimiento del retiro voluntario del  hogar del demandado. (iii) Si bien se aprecia de los medios  probatorios incorporados al proceso que existió un periodo  de deterioro en forma intermitente de la relación convivencial,  desde el veintinueve de abril de dos mil tres, fecha en la cual  la demandante se apersona a la Suprefectura de Lima a  solicitar garantías personales en contra su conviviente  demandado, luego las denuncias de fecha diecisiete y  veintiocho de marzo de dos mil cuatro de ambas partes; no  obstante, se aprecia reconciliación entre ellas, en enero del  dos mil siete, cuando viaja la familia Sánchez Virto con  destino a los Estados Unidos de Norte América, la fotografía  tomada en la ciudad de Tampa del veintidós de febrero de  ese año, apreciándose la continuidad de la relación  convivencial con la Carta del veintiocho de dos mil ocho  remitida a ambos justiciables por el Centro Educativo  Newton College, la solicitud del quince de agosto de dos mil  veintinueve realizada por el demandado a la citada  Comisaría, la fotografía de los convivientes en el “Restaurant  Turístico Sachun”, siendo que el deterioro y quiebre definitivo  de la relación convivencial se produjo el dieciocho de  diciembre de dos mil diez, fecha del retiro del hogar  convivencial por parte de Wigberto Florentino Sánchez  Loayza, amparándose por lo cual los agravios de la  impugnante. (iv) En este caso la demandante no ha  peticionado indemnización alguna, conforme se corrobora  en su escrito, por lo que, corresponde desestimar éste  agravio. (v) La primera instancia incurrió en error al  establecer que el fin del régimen patrimonial de la comunidad  de bienes se produjo desde la notificación con la demanda,  sin tener en cuenta que de la valoración de los medios  probatorios en conjunto se determinada que el fin de la unión  de hecho se ha producido el veintinueve de diciembre de  dos mil diez, fecha en que la demandante se apersona a la  Comisaría de la Molina a poner en conocimiento el retiro del  hogar convivencial del demandado; estableciéndose que la  liquidación de bienes deberá realizarse en ejecución de  sentencia, desde enero de mil novecientos noventa hasta el  dieciocho de diciembre de dos mil diez. I.3. Del recurso de  casación y auto calificatorio Wigberto Florentino  Sánchez Loayza, con fecha doce de noviembre de dos mil  dieciocho, ha interpuesto recurso de casación, el cual fue  declarado procedente por auto calificatorio de fechadiecisiete de julio de dos mil diecinueve18, por las siguientes  causal: a) Infracción normativa por contravención del  artículo 5 de la Constitución y del artículo 326 del Código  Civil. Sostiene que respecto a la inaplicación del citado  artículo 5, no se tuvo en consideración que este dispositivo  textualmente se refiere a uniones estables, vale decir, según  el recurrente para ser protegido y reconocido una unión de  hecho debe tratarse de una unión estable; sin embargo,  refiere que la Sala Superior no comprendió este requisito,  pues de ninguna manera puede ser protegido aquella unión  no estable; añade que, en el décimo considerando de la  sentencia de vista con una nueva institución jurídica  denominada “periodo de deterioro en forma intermitente” se  justifica la inestabilidad (denuncias entre sus miembros  sobre delito contra la vida, el cuerpo y la salud; procesos de  suspensión de la patria potestad sobre los hijos, pensión  alimentaria, tenencia de hijos fuera de aquella unión de  hecho y garantías personales) contra un texto constitucional  que precisa la protección de aquella unión estable, lo cual es  alejado a cualquier supuesta unión “intermitente”, que de  ninguna manera protege el artículo 5 de la Constitución  Política del Estado. Aunado a ello, refiere que no cualquier  unión es protegida por la norma porque aparte de estar  libres de impedimento matrimonial, también debe ser una  unión estable y no aquellas en las cuales las parejas están  enfrentadas con sendos procesos judiciales, por ende,  precisa que lo determinado por la instancia de mérito como  unión de hecho con deterioro intermitente es un despropósito  que atenta contra la norma expresa. De otro lado, arguye  que el Colegiado Superior no aplicó correctamente el artículo  326 del Código Civil, pues esta norma entre otras condiciones  dispone que para amparar la unión de hecho se requiere una  duración de dos años continuos como mínimo, además, no  se puede interpretar este dispositivo legal en el sentido que  después de los dos años la unión puede ser con deterioro e  intermitente, ya que la norma fija como mínimo dicho plazo  que puede extenderse, pero siempre debe ser continuo y no  de manera intermitente. Del mismo modo, indica que en una  relación donde existen hijos no se puede interpretar que los  padres nunca asistirían conjuntamente a actividades  educativas o de recreación de estos, lo cual fue comprendido  por la Sala Superior como una unión con deterioro  intermitente, pero la unión de hecho conforme a ley debe  tener por sobre todo continuidad y estabilidad, situaciones  jurídicas que denuncia a fin de que se resuelva la correcta  aplicación del artículo 326 del citado Código. b) Infracción  normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución, que regula el derecho al debido proceso y la  motivación de las resoluciones judiciales, causal admitida  como procedente de forma excepcional, en rigor al artículo  392-A del Código Procesal Civil. II. Considerando: Primero:  Objeto de pronunciamiento 1.1. El presente es un caso de  derecho de familia sobre reconocimiento de unión de hecho,  que viene en casación en control de derecho por una  presunta infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo  139 de la Constitución [causal procesal], así como, la  inaplicación del artículo 5 de la Constitución y la infracción  del artículo 326 del Código Civil [causal material]; que en  ese orden serán absueltas en el desarrollo de la sentencia  casatoria. 1.2. Es importante reiterar que el recurso de  casación es un medio impugnatorio extraordinario de  carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento  jurídico en función nomofiláctica por control de derecho, solo  puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no  en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, teniendo  entre sus fines esenciales la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de  la República. Segundo: Sobre la denuncia de infracción  normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución [causal procesal] 2.1. En este caso la  infracción de las normas constitucionales que protegen los  derechos al debido proceso y la motivación de las  resoluciones judiciales, fue admitida como procedente de  forma excepcional, al amparo del artículo 392-A del Código  Procesal  Civil,  señalando  como  fundamento  en  el  considerando sexto del auto calificatorio, “a efectos de  determinar si la actuación de las instancias de mérito han  respetado los derechos constitucionales anotados”. 2.2. En  relación al tema casatorio por normas procesales se advierte  que las causales normativas se centran en razón al derecho  fundamental a la debida motivación de las resoluciones  judiciales19, que asimismo es elemento esencial del debido  proceso, derecho que también encuentra amparo en los  Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incluido  como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención  Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 14 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Siendoque este derecho fundamental es uno de los derechos que  conforman el derecho fundamental al debido proceso20, que  se encuentra reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de  la Constitución. El derecho fundamental a la debida  motivación de las resoluciones ha obtenido interpretación de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante  para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Final  Transitoria de la Constitución), estableciendo que es un  derecho que permite verificar la materialización del derecho  a ser oído, y que la argumentación de un fallo demuestra  que los alegatos y pruebas han sido debidamente tomados  en cuenta, analizados y resueltos21, y que: “(…) la motivación  es la exteriorización de la justificación razonada que permite  llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones  es una garantía vinculada con la correcta administración de  justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser  juzgados por las razones que el Derecho suministra, y  otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de  una sociedad democrática (…)”22; siendo obligación de los  jueces fundamentar las sentencias respetando el principio  de congruencia. 2.3. En ese contexto normativo, el examen  a efectuarse debe partir necesariamente de los propios  fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la  sentencia de vista. Por lo que, al realizar el control de  derecho de la resolución impugnada, se analizarán las  razones expuestas en la resolución materia de casación que  justificaron la decisión contenida en la recurrida de confirmar  la sentencia apelada que declara fundada en parte la  demanda sobre reconocimiento de unión de hecho, y revoca  los extremos que reconoce el periodo comprendido entre mil  novecientos ochenta y siete hasta marzo del dos mil tres, y  que declaró infundado el periodo comprendido entre abril del  dos mil tres al dieciocho de diciembre del dos mil diez; y,  reformándola se reconoció la unión de hecho de los  justiciables por el periodo comprendido entre enero mil  novecientos noventa hasta el dieciocho de diciembre del dos  mil diez; asimismo deja sin efecto el extremo que pone fin al  régimen patrimonial de la comunidad de bienes, e integra la  sentencia estableciendo que la unión de hecho se ha  producido el dieciocho de diciembre de dos mil diez,  debiendo realizarse en ejecución de sentencia por el periodo  referido. 2.4. Desarrolladas las consideraciones jurídicas  precedentes, y examinando la sentencia de vista se advierte  que ha cumplido con justificar su decisión: 2.4.1 En el  segundo considerando delimita el objeto de pronunciamiento  respecto de la apelación del demandado, cuyo petitorio lo ha  precisado en el sentido de que: “se ha incurrido en error al  reconocer la unión de hecho desde enero de 1987, cuando  en autos existen medios probatorios que acreditan que la  misma se inició en diciembre de 1989 formalizándose en  enero de 1990, toda vez que en el año 1987, el recurrente  constituyó la Empresa Fast Way SRL junto con su hermano  Jesús Sánchez Loayza, cuando aún no conocía a la  demandante”. (Sic) En el considerando tercero tiene  precisado en cuatro puntos sobre la apelación de la  demandante: 1) No se valoraron los medios probatorios que  acreditan su unión de hecho hasta el sábado dieciocho de  diciembre de dos mil diez; 2) no se ha valorado las fotografías  del dos mil siete 2007 y del dos mil nueve, documentos  bancarios, hipotecarios, cartas laborales o gerenciales, y  denuncia de dos mil diez, afirmando al respecto el crucero  con sus hijos, celebración del día de los enamorados,  reconocimiento como conviviente y dueña de la empresa,  las firmas como gerente general y ella como gerente  administrativo; 3) las demandas desde el dos mil tres no  acreditan hasta que año haya durado la unión de hecho,  porque luego que él le pedía perdón ya sea por violencia  familiar u otras causas, seguían con la unión de hecho; 4) no  se le ha indemnizado por el abandono de su conviviente.  2.4.2 La sentencia de vista en el cuarto y quinto  considerandos desarrolla el análisis, denotando el estudio  del caso, de la demanda, contestación y actuaciones; para  proceder en el considerando sexto señalar su premisa  normativa del artículo 326 del Código Civil. 2.4.3 En el  considerando sétimo la sentencia recurrida, desarrolla su  base fáctica en base a la valoración de medios probatorios,  como es, la constancia de fecha veintinueve de mayo de mil  novecientos ochenta y siete, la escritura pública de  constitución social de la empresa Fast Way SRL, la  constancia de fecha veintisiete de diciembre de mil  novecientos ochenta y ocho, la constancia de trabajo de  fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y uno; el  nacimiento de la hija de la demandante y demandado, así  como la fecha del reconocimiento efectuado por cada uno; la  escritura pública de compra venta de inmueble de veintiséis  de mayo de mil novecientos noventa y tres; el nacimiento del  hijo Christian Fast el veintiuno de agosto de mil novecientos  noventa y cuatro, reconocido por el demandado elveinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro  y el domicilio señalado; la escritura pública de la minuta de  compraventa del veintiocho de noviembre de mil novecientos  noventa y siete del inmueble de Santa Beatriz señalando  domicilio común; la carta remitida por el demandado de  fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho;  la carta al Instituto Peruano de Seguridad Social de fecha  seis de abril de mil novecientos noventa y nueve; la escritura  pública de compraventa, mutuo de dinero con garantía  hipotecaria y levantamiento de garantía prendaria de  veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y  nueve; el nacimiento del hijo Willy Gianpier Sánchez Virto  con fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa  y nueve, reconocido por el demandado y señalando su  domicilio; el convenio privado de cancelación de fecha once  de setiembre de dos mil; la escritura pública de compraventa  de fecha diez de mayo de dos mil uno del departamento de  urbanización Matellini; la escritura pública de compraventa  de fecha dieciocho de setiembre de dos mil uno del inmueble  de Petit Thours; el documento nacional de identidad (DNI)  del demandado de fecha de expedición ocho de julio de dos  mil dos; la escritura pública de compraventa y préstamo de  fecha quince de julio de dos mil dos; la solicitud de garantías  personales de fecha veintinueve de abril de dos mil tres; las  medidas de protección de fecha veintidós de julio de dos mil  tres; carta al Consulado de los Estados Unidos de  Norteamérica de fecha veintinueve de enero de dos mil  cuatro; denuncia de fecha diecisiete de marzo de dos mil  cuatro efectuada por la demandante contra su conviviente  Wigberto Sánchez; reconocimiento de Medicina Legal de  fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro; ampliación de  reconocimiento médico legal de fecha veinticuatro de marzo  de dos mil cuatro; denuncia de fecha veintiocho de marzo de  dos mil cuatro efectuado por el demandado contra su  conviviente Yrma Virto; denuncia a la fiscalía penal de fecha  treinta de marzo de dos mil cuatro; solicitud de garantías  personales de fecha treinta de marzo de dos mil cuatro;  constancia de hospitalización de fecha treinta de marzo de  dos mil cuatro; demanda de declaración judicial de unión de  hecho de fecha siete de abril de dos mil cuatro; manifestación  policial de la demandante de fecha catorce de abril de dos  mil cuatro; manifestación policial del demandado de fecha  dieciséis de abril de dos mil cuatro; demanda de ofrecimiento  y consignación de pago de pensión alimenticia de fecha  trece de mayo del dos mil cuatro; liquidación de beneficios  sociales de fecha uno de junio de dos mil cuatro; ampliación  de manifestación policial del demandado de fecha tres de  junio de dos mil cuatro; transferencias de dinero efectuadas  por el demandado con fecha veinticuatro y veintiocho de  febrero y veinte de marzo de dos mil cinco; demanda de  suspensión de patria potestad de fecha trece de abril de dos  mil cinco; constatación policial de fecha diecinueve de abril  de dos mil cinco del demandado; contestación de demanda  de suspensión de patria potestad de fecha veintisiete de  mayo de dos mil cinco; demanda de alimentos de fecha  veintisiete de mayo de dos mil cinco; anotación de demanda  de otorgamiento de escritura pública de fecha siete de julio  de dos mil cinco; contestación de demanda de fecha ocho de  setiembre de dos mil cinco; visita social de fecha veintinueve  de diciembre de dos mil cinco a los domicilios de las partes  procesales; resolución judicial de fecha dieciocho de mayo  de dos mil seis de conclusión del proceso de suspensión de  patria potestad; sentencia del proceso de alimentos de fecha  nueve de noviembre de dos mil seis; salida del país de la  demandante de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete;  fotografía en la ciudad de Tampa; ingreso al territorio  nacional el veintisiete de febrero de dos mil siete del  demandado y demandante; escritura pública de compraventa  de inmueble de fecha seis de junio de dos mil siete; carta de  fecha veintiocho de febrero de dos mil ocho del Centro  Educativo Newton College; solicitud de licencia de  demolición de seis de noviembre de dos mil ocho; auto de  sobreseimiento del expediente 15-2008 de fecha veintisiete  de marzo de dos mil nueve; fotografía de fecha cinco de abril  de dos mil nueve; resolución judicial de fecha diecisiete de  junio de dos mil nueve que declara consentido el  sobreseimiento; carta a la Comisaría de fecha quince de  agosto de dos mil nueve; nacimiento de Katerine Sánchez  Paz el veinticuatro de setiembre de dos mil diez; salida del  país de la demandante el nueve de noviembre de dos mil  diez; constancia de apersonamiento de Carlos Aguilar de  fecha veintiocho de diciembre de dos mil diez; constancia de  apersonamiento de la demandante de fecha veintinueve de  diciembre de dos mil diez; escritura pública de compraventa  de acciones y derechos de fecha catorce de agosto de dos  mil doce; solicitud al Centro de Conciliación de fecha doce  de febrero de dos mil trece; demanda de este caso de fecha  dieciocho de febrero de dos mil trece; audiencia del centrode conciliación de fecha dos de marzo de dos mil trece.  Expresando la recurrida en el considerando octavo las  pruebas, valoración probatoria y hechos establecidos en el  considerando octavo, entre ellos la unión de hecho  mantenida por la demandante y el demandado, producida a  partir de mil novecientos noventa, que corrobora con las  declaraciones de las partes en actuados judiciales, respecto  a la fecha que empezaron a convivir, y el domicilio. En el  considerando noveno analiza el momento de término del  periodo de la unión de hecho, determinando que finalizó el  veintinueve de diciembre de dos mil diez en base a la  denuncia policial de fojas ciento noventa y uno ante la  Comisaría de La Molina en la cual pone de conocimiento del  retiro voluntario del hogar convivencial ubicado en Jr. El  Refugio Nº 480, Urbanización La Planicie, La Molina por  parte de su conviviente, manifestando que le comunicó por  teléfono que no iba a regresar al hogar debido que iba a  rehacer su vida con una fémina de nombre Mónica Cristina  Paz Fernández; asimismo, en el considerando décimo  expresa su razonamiento y análisis en relación al deterioro  en forma intermitente de la relación convivencial desde el  veintinueve de abril de dos mil tres, expresando que “sin  embargo también se aprecia reconciliación en las partes, en  enero del dos mil siete, fecha en que viaja la Familia Sánchez  Virto con destino a los Estados Unidos y retornan el  veintisiete de febrero de dos mil siete conforme a los  movimientos migratorios de fojas cuatrocientos treinta y  cuatro y cuatrocientos treinta y cinco y fotografía de fojas  treinta tomada en Tampa el veintidós de febrero de dos mil  siete; que aprecia la continuidad de la relación convivencial  con la carta remitida por ambos justiciables al Centro  Educativo de fecha veintiocho de febrero de dos mil ocho  con la misma dirección domiciliaria; la solicitud conjunta ante  la Municipalidad de San Borja de fecha seis de noviembre de  dos mil ocho; la solicitud de fecha quince de agosto de dos  mil nueve del demandado ante la Comisaría de Petit Thours  en la que pide “atienda a mi esposa, la Sra. Yrma Visto  Barturen con DNI (…), en lo referente al robo ocurrido en  horas de la madrugada de hoy, en nuestro garaje (...)”;  fotografía de fojas treinta y dos “en la cual ambos convivientes  aparecen retratados en el “Restaurante Turístico Sachun” el  cinco de abril del dos mil nueve”; estableciendo que la fecha  de deterioro y quiebre definitivo de la relación convivencial  objetivamente se produjo el dieciocho de diciembre de dos  mil diez, fecha del retiro del hogar convivencial por el  demandado, conforme a la denuncia policial de fecha  veintinueve de diciembre de dicho año; continuando con la  absolución de los agravios de apelación en los considerandos  décimo primero y décimo segundo. 2.5. Evidenciando de la  argumentación expuesta, que la sentencia de vista cumplió  con la debida motivación, cumple con la justificación interna  en su fundamentación expresando su razonamiento, sus  valoraciones y las premisas fácticas y normativas que  derivan en la consecuencia contenida en la decisión judicial;  fundamentación que se ajusta a la materia controvertida, sin  que se observe un mero cumplimiento formal al mandato de  motivación de las resoluciones judiciales. Por ende, se  determina que la sentencia de vista no ha incurrido en  infracción al debido proceso, asimismo se aprecia el  cumplimiento al derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales; razones por las cuales, este  extremo deviene en infundado. Tercero.- Sobre la  denuncia de infracción normativa por contravención del  artículo 5 de la Constitución y del artículo 326 del Código  Civil [causal material] 3.1. La parte recurrente sostiene que  respecto a la inaplicación del citado artículo 5, no se tuvo en  consideración que este dispositivo textualmente se refiere a  uniones estables, sin embargo, la Sala Superior no  comprendió este requisito, pues de ninguna manera puede  ser protegido aquella unión no estable; añade que, en  décimo considerando de la sentencia de vista con una nueva  institución jurídica denominada “periodo de deterioro en  forma intermitente” se justifica la inestabilidad contra un  texto constitucional que precisa la protección de aquella  unión estable, lo cual es alejado a cualquier supuesta unión  “intermitente”, que de ninguna manera protege el artículo 5  de la Constitución Política del Estado. Aunado a ello, refiere  que no cualquier unión es protegida por la norma porque  aparte de estar libres de impedimento matrimonial, también  debe ser una unión estable y no aquellas en las cuales las  parejas están enfrentadas con sendos procesos judiciales,  por ende, precisa que lo determinado por la instancia de  mérito como unión de hecho con deterioro intermitente es un  despropósito que atenta contra la norma expresa. Señala,  que el Colegiado Superior no aplicó correctamente el artículo  326 del Código Civil, pues esta norma entre otras condiciones  dispone que para amparar la unión de hecho se requiere una  duración de dos años continuos como mínimo, además, nose puede interpretar este dispositivo legal en el sentido que  después de los dos años la unión puede ser con deterioro e  intermitente, ya que la norma fija como mínimo dicho plazo  que puede extenderse, pero siempre debe ser continuo y no  de manera intermitente. Del mismo modo, indica que en una  relación donde existen hijos no se puede interpretar que los  padres nunca asistirían conjuntamente a actividades  educativas o de recreación de estos, lo cual fue comprendido  por la Sala Superior como una unión con deterioro  intermitente, pero la unión de hecho conforme a ley debe  tener por sobre todo continuidad y estabilidad, situaciones  jurídicas que denuncia a fin de que se resuelva la correcta  aplicación del artículo 326 del citado Código. 3.2. La norma  del artículo 5 de la Constitución establece el reconocimiento  del concubinato, de la unión estable de un hombre y una  mujer, requiriendo que se encuentren libres de impedimento,  de que formen un hogar de hecho, dando lugar a una  comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de  gananciales en lo aplicable. Artículo 5 de la Constitución.-  Concubinato La unión estable de un varón y una mujer,  libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de  hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen  de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. La  norma constitucional tiene desarrollo legal en la norma del  artículo 326 del Código Civil, que establece en su primer  párrafo los requisitos y supuestos que se deben cumplir para  su reconocimiento: Artículo 326 del Código Civil.- Unión  de hecho La unión de hecho, voluntariamente realizada y  mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento  matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes  semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de  bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales,  en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya  durado por lo menos dos años continuos. 3.2.1. Respecto a  las infracciones denunciadas, se advierte que la parte  recurrente fundamenta su recurso en cuestionamientos a los  fundamentos de la sentencia recurrida, señalando que no  habría comprendido el requisito de unión estable, al  considerar la expresión de “periodo de deterioro en forma  intermitente”, y que con ello se justificaría la inestabilidad  contra el texto constitucional. 3.2.2. El Tribunal Constitucional  tiene interpretado que la unión de hecho, debe extenderse  por un periodo prolongado, además de ser continua e  ininterrumpida, y que “la permanencia estable evidencia su  relevancia en cuanto es solo a partir de ella que se puede  brindar la seguridad necesaria para el desarrollo adecuado  de la familia”23. Además, ha señalado: “Que, si bien es cierto  que la Constitución no señala un plazo determinado, ni  siquiera se remite a la ley, la configuración de una unión de  hecho en sentido estricto requiere un elemento de  estabilidad, el cual, por lo general, se establece a los dos  años de vida en comunión, de acuerdo a lo establecido por  el Código Civil”24. 3.2.3 Se aprecia de la sentencia de vista  que los supuestos normativos aplicados en relación a la  unión de hecho, vienen a ser los contenidos en el artículo  326 del Código Civil, norma legal que guarda compatibilidad  con la norma constitucional del artículo quinto; premisa  mayor o normativa señalada en el considerando sexto de la  recurrida, precisando en relación a la estabilidad, que la  unión de hecho debe haber durado por lo menos dos años  continuos, y que la posesión constante de estado puede  probarse con cualquier medio admitido siempre que exista  prueba escrita. En el considerando octavo tiene establecida  la fecha de inicio de la unión de hecho a partir de mil  novecientos noventa, y en el considerando noveno establece  la fecha de finalización de la unión de hecho el veintinueve  de diciembre de dos mil diez; en ese orden normativo y  fáctico sustentado en la impugnada se determina que en la  decisión se ha considerado el requisito de unión de hecho  estable, por lo que, no resulta estimable la causal  denunciada. En cuanto a la expresión de “periodo de  deterioro en forma intermitente”, conforme se fundamenta  en el considerando décimo de la recurrida, se refiere al  deterioro de la relación convivencial señalando “que existió  un periodo de deterioro en forma intermitente de la relación  convivencial”; expresión referida al deterioro y no a la  finalización o término de la convivencia, máxime que  pronunciándose y absolviendo la apelación, es que distingue  que si bien la relación convivencial pasó por momentos de  deterioro, analiza los hechos y sucesos ocurridos arribando  que habían conflictos de la pareja y reconciliaciones,  concluyendo “apreciándose la continuidad de la relación  convivencial”; significando que la recurrida ha determinado  una relación convivencial continuada y en ese sentido es  que ha fijado las fechas de inicio y término conforme a las  normas jurídicas, por lo que no se determina vulneración  de la norma constitucional. Es pertinente anotar, que no  es objeto de casación en control de derecho la discrepanciacon la base fáctica, pues no se encuentra en debate los  hechos y estructura fáctica fijada por la instancia de mérito,  sino que se ha recurrido en función nomofiláctica por  supuesta infracción de norma sustantiva al momento de  aplicación a los hechos establecidos por la instancia en el  caso. III. Decisión: Por las consideraciones precedentes,  NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por Wigberto Florentino  Sánchez Loayza, del quince de noviembre de dos mil  dieciocho; en consecuencia, NO SE CASE la sentencia de  vista de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho,  emitida por la Primera Sala Especializada en Familia de la  Corte Superior de Justicia de Lima, en los seguidos por  Yrma Virto Barturén, sobre reconocimiento de unión de  hecho. SS. TÁVARA CÓRDOVA, RUEDA FERNÁNDEZ. LA  SECRETARIA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE QUE  SUSCRIBE CERTIFICA: QUE EL SEÑOR JUEZ SUPREMO  TÁVARA CÓRDOVA, NO VUELVE A FIRMAR LA PRESENTE  RESOLUCIÓN, HABIENDO DEJADO SU VOTO CON  FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO Y A  FOJAS  CIENTO  VEINTIDÓS  DEL  CUADERNO  DE  CASACIÓN; PRECISANDO QUE EL MAGISTRADO ANTES  CITADO NO SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CORTE  SUPREMA DE JUSTICIA. 1  Ver fojas 961. 2  Ver fojas 921: 3  Ver fojas 863. 4  Ver fojas 65. 5  Ver fojas 35: 6  Ver fojas 447: 7  Ver fojas 115 del cuaderno de casación. 8  Fundamentos 14, 15, 17, 18 y 19 de la sentencia recaída en el expediente Nº  06572 – 2006 – PA/TC de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete. 9  El segundo párrafo del artículo 326° estableció que en materia probatoria, la  unión de hecho se rige por el principio de prueba escrita, es decir, deben existir  documentos que acrediten de manera fehaciente que entre el varón y la mujer,  unidos de forma voluntaria y libres de impedimento matrimonial, se desarrolló una  relación tendiente a alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del  matrimonio, pruebas con las cuales se debe acreditar que dicha unión de hecho,  haya durado por los menos dos años continuos (Sentencia casatoria Nº 3242 –  2014 JUNIN, publicada en el Diario Oficial EL Peruano el 01 de agosto de 2016. 10  Sentencia casatoria Nº 4479 – 2010 LIMA publicada en el Diario Oficial EL Peruano  el 28 de febrero de dos mil catorce. 11  El hecho que el mismo efectivo policial que la recibió, hubiera ido al nombrado  domicilio, entrevistando a los vecinos u otros para constatar in situ, la veracidad de  lo manifestado ante él 12  Ver página 961 13  Ver página 921 14  Ver página 863 15  Ver página 863 16  Ver página 879 17  Ver página 879 18  Ver página 115 del cuadernillo de casación. 19  Principios de la Administración de Justicia  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. 20  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del  derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 numeral 3 de la  Constitución Política del Estado, como uno de los principios y derechos de  la función jurisdiccional, el cual exige que en todas las instancias judiciales se  cumplan necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden  público que han sido establecidas a fin de generar que todas las personas estén  en reales condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así,  el debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su  observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el  acceso a la justicia. 21  Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia del veintisiete de enero de dos mil nueve,  párrafo 153. 22  Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos de fecha cinco de agosto de dos mil ocho, fundamento 77. 23  STC Nº 06572-2006-PA/TC, seis de noviembre de dos mil siete, fundamento 18. 24  STC Nº 4777-2006-PA/TC, trece de octubre de dos mil ocho, fundamento 9. C-2136197-9