CASACIÓN Nº 313-2021 CAJAMARCA
Materia: Contravención a los Derechos del Niño y Adolecente El interés superior del niño, como principio fundamental y  constitucional exige, como tal, considerar caso a caso los  hechos y la situación del menor afectado; elegir, entre las  múltiples posibilidades interpretativas, la situación que más  conviene a su cuidado, protección y seguridad; y adoptar una  decisión que estime las posibles repercusiones en él. Lima, veintiocho de junio de dos mil veintidós La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia  de la República; vista la causa número 313-2021, en  audiencia pública virtual de la fecha con los jueces supremo  Salazar Lizárraga, Cunya Celi, Calderón Puertas, Echevarría  Gaviria y Ruidías Farfán; oído el informe oral y producida la  votación correspondiente conforme a ley; emite la siguiente  resolución: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso  de casación interpuesto por el demandante Ministerio  Público, obrante a fojas ciento cincuenta y tres, contra la  sentencia de vista de fecha once de diciembre de dos mil  diecinueve, de fojas ciento veintiuno, que revoca la sentencia  de primera instancia del veintiuno de junio de dos mil  diecinueve, de fojas ochenta y uno, que declaró fundada la  demanda de contravención a los derechos del niño o  adolecentes; y, reformándola declararon infundada la  demanda. II. ANTECEDENTES Para analizar esta causa civil  y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa  denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones:  2.1. Demanda Mediante escrito obrante a fojas cuarenta y  cuatro, el Ministerio Público representado por Fiscal  Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial de Familia  de Cajamarca, interpone demanda contra María Elodia  Pinedo Correa y María Eli Pérez Pinedo, por contravención al  derecho a la integridad personal en la modalidad de maltrato  psicológico y al libre desarrollo y bienestar de la niña ValeriaPérez Fernández (un año y dos meses, nació el veintitrés de  febrero de dos mil diecisiete) y de la adolescente Marjorie  Yarid Ramírez Fernández (catorce años, nació el nueve de  marzo de dos mil cuatro). Funda su pretensión en que la  señora Anilda Milagritos Fernández Chávez, madre de las  tuteladas, señala que en el año dos mil trece se comprometió  con el señor José Teodoro Pérez Mestanza, el mismo que  anteriormente ha sido pareja de la ahora demandada María  Elodia Pinedo Correa, siendo que luego ha formado una  familia y producto de ello nació su menor hija Valeria,  precisando que por dicho motivo la demandada María Elodia  Pinedo Correa le viene causando problemas como insultos en  la calle, cuando la ve en su trabajo, con palabras soeces y  que todo ello también lo ha hecho en compañía de la otra  demandada María Eli Pérez Pinedo y refiere que todas esas  agresiones han sido hechas en presencia de sus menores  hijas tuteladas, además que dichos hechos se siguen  suscitando y siguen causándoles problemas, perturbando la  tranquilidad de sus hijas. 2.2. Declaración de Rebeldía  Mediante Resolución número dos de fecha treinta de octubre  de dos mil dieciocho, obrante a fojas setenta y uno, se declaró  rebeldes a las demandadas María Elodia Pinedo Correa y  María Eli Pérez Pinedo. 2.3. Puntos Controvertidos  Mediante resolución número tres emitida en Audiencia Única  de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, obrante a fojas  setenta y cinco, se declaró saneado el proceso y se fijaron los  siguientes puntos controvertidos: a) Determinar si se ha  producido la contravención del derecho a la integridad  personal en su modalidad de maltrato psicológico y al libre  desarrollo y bienestar de las niñas Marjorie Yarid Ramírez  Fernández y Valeria Pérez Fernández; b) Una vez verificada  la contravención, determinar la sanción económica a  imponerse; y, c) Determinar si corresponde fijar indemnización  a favor de las niñas Marjorie Yarid Ramírez Fernández y  Valeria Pérez Fernández. 2.4. Sentencia de Primera  Instancia Culminado el trámite correspondiente, el Juez  mediante sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil  diecinueve, obrante a fojas ochenta y uno, declara: a)  fundada la demanda sobre contravención a los derechos a la  integridad personal y al libre desarrollo y bienestar de la niña  Valeria Pérez Fernández y la adolescente Marjorie Yarid  Ramírez Fernández; por tanto les impone una sanción  económica equivalente a una unidad de referencia procesal  que deberá abonar cada una de las demandadas a favor de  cada una de las agraviadas; b) Prohíbase a las demandadas  tomar cualquier tipo de represalia contra la niña Valeria Pérez  Fernández y la adolescente Marjorie Yarid Ramírez  Fernández, por la denuncia interpuesta; y, c) Ofíciese al  consultorio psicológico gratuito de la Universidad Antonio  Guillermo Urrelo a fin de que la niña Valeria Pérez Fernández  y la adolescente Marjorie Yarid Ramírez Fernández sean  evaluadas y de ser el caso reciban terapia psicológica por el  tiempo que el especialista considere pertinente. Sustenta su  decisión al considerar que: 1) Tomando en cuenta los  actuados  en  proceso  y  las  declaraciones  glosadas  precedentemente, se puede concluir que las demandadas  María Elodia Pinedo Correa y María Eli Pérez Pinedo, no  aceptan los hechos que se le atribuyen; sin embargo, la Juez  considera que las accionadas lo que pretenden es evadir su  responsabilidad, verificándose que se han producido  episodios de agresiones en contra de Anilda Milagritos  Fernández Chávez y en presencia de sus hijas Valeria Pérez  Fernández y Marjorie Yarid Ramírez Fernández sin importar  que son menores de edad; y, 2) Es pertinente precisar que se  toma en cuenta que la parte accionada ha mostrado desinterés  en colaborar con la administración de justicia a fin de brindar  mayores elementos para el debido esclarecimiento de los  hechos que se les atribuyen, no habiendo contestado la  demanda en el plazo establecido por ley, estando válidamente  notificadas como se aprecia en autos y no habiéndose hecho  presente a audiencia, por lo que corresponde aplicar el  contenido del artículo 282 del Código Procesal Civil que  señala “El Juez puede extraer conclusiones en contra de los  intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas  asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta  notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad  de los medios probatorios, o con otras actitudes de  obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán debidamente  fundamentadas.”, todo ello ha permitido a la juzgadora  concluir que la demanda interpuesta por el representante del  Ministerio Público debe ser amparada. 2.5. Fundamentos de  la Apelación Las demandadas María Elodia Pinedo Correa  y María Eli Pérez Pinedo, mediante escrito de fojas noventa  y seis, interponen recurso de apelación contra la sentencia  de primera instancia, alegando: 1) Que hay un bebé, que  evidentemente no puede ni declarar, ni ser evaluada  psicológicamente por su edad, y eso no se menciona en la  resolución impugnada. Se hace ver que ambas tienen uso derazón, pero el razonamiento que ha utilizado para  fundamentarlo es que ambas menores han sido testigos de  las supuestas agresiones, y eso no es cierto y no fluye de la  demanda; 2) En los fundamentos primero y segundo de la  sentencia, se han argumentado una serie de fundamentos  jurídicos taxativos, sin analizar en el caso en concreto cuál de  esas normas citadas se aplica en el presente caso,  observándose la ausencia de motivación; y, 3) En la sentencia  se indica que las denunciadas pretender evadir su  responsabilidad, mientras que en el informe psicológico se  concluye que no presenta afectación emocional a nivel  cognitivo a conductual, pues la señora María Elodia no tiene  acceso a la víctima y no suele agredirla directamente. 2.6.  Sentencia de Vista Los Jueces Superiores de la Sala Civil  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca  expiden la sentencia de vista de fecha once de diciembre de  dos mil diecinueve, de fojas ciento veintiuno, que revoca la  sentencia de primera instancia del veintiuno de junio de dos  mil diecinueve, de fojas ochenta y uno, que declaró fundada  la demanda de contravención a los derechos del niño o  adolecentes; y, reformándola declararon infundada la  demanda. Fundamentan su la decisión en lo siguiente: a) Del  análisis de los medios probatorios antes descritos se puede  concluir lo siguiente en cuanto a la transgresión o no del  derecho a la integridad personal en su modalidad de maltrato  psicológico y a su libre desarrollo y bienestar de las menores  Valeria Pérez Fernández y Marjorie Yarid Ramírez Fernández.  b) Resulta evidente la existencia de un conflicto entre la  señora Anilda Milagritos Fernández Chávez y la señora María  Elodia Pinedo Correa, siendo esta última la ex pareja del  señor José Teodoro Pérez Mestanza, quien a la fecha es la  pareja de la señora Anilda Fernández; este hecho conforme  ha descrito tanto la denunciante (ver hechos denunciados)  como la denunciada (en su declaración) ha suscitado  enfrentamientos entre ambas, en los que se encuentra  involucrada María Eli Pérez Pinedo (hija de María Elodia),  quien también participa de forma directa de estos  enfrentamientos; sin embargo, dada la existencia de sólo  versiones de los hechos (pues cada parte manifiesta ser  víctima de agresiones psicológicas), es difícil determinar -a  ciencia cierta- con los medios probatorios aportados al  proceso cuál de las dos partes del proceso (denunciante o  denunciadas), es quién inicia los enfrentamientos (pues por  un lado existe la denuncia formulada por Anilda Fernández  que da origen al presente proceso y un acta de denuncia  realizada por la señora María Elodia Pinedo). c) Si bien se  cuenta con la versión de la menor Marjorie Yarid Ramírez  Fernández, quien en su declaración ha señalado que serían  las denunciadas las que insultaban y amenazaban a su  mamá; por su parte la madre de las menores, al denunciar,  señaló que lo más “reprochoso” es que todas las actitudes de  las denunciadas las han presenciado sus menores hijas, las  cuales están afectadas psicológicamente. Sin embargo, es  preciso analizar el Informe Psicológico número 46/18-MIMP- PNCVFS-CEM-CAJ-PSICORRP, practicado a la menor  Marjorie Yarid Ramírez Fernández, el cual da cuenta que ésta  no presenta afectación emocional a nivel cognitivo o  conductual, sino más bien un trastorno de estrés leve; es  decir, la recurrente no presenta una afectación psicológica,  sino más bien una “reacción ansiosa situacional”1 la cual, no  acredita por sí misma el daño psicológico que se denuncia  (ver Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3963-2016-MP- FN, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha  once de setiembre de dos mil dieciséis; vale decir, la “Guía de  Evaluación Psicológica Forense en caso de Violencia contra  las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y en otros  casos de Violencia”). d) Entonces, más allá de la verificación  de un trastorno de estrés leve en la menor, el cual es natural  que se haya generado a partir de una relación conflictiva  protagonizada por su madre; empero, en todo caso, no es  posible determinar quién es el sujeto que lo ocasiona. En  consecuencia y teniendo en cuenta que el informe psicológico  no determina la existencia de afectación psicológica, se  concluye que no existe contravención al derecho a la  integridad personal en la modalidad de maltrato psicológico y  a su libre desarrollo y bienestar, en agravio de la menor  Marjorie Yarid Ramírez Fernández. e) En cuanto a si la menor  Valeria Pérez Fernández, ha sido afectada en su integridad  personal, de los medios probatorios ofrecidos por el  representante del Ministerio Público, no es posible determinar  tal afectación, pues no existe medio de prueba alguno  destinado a demostrar lo alegado por la parte demandante;  por consiguiente, y de acuerdo a lo dispuesto en la misma  norma procesal civil en su artículo 196, referente a la prueba,  se tiene que: “Salvo disposición legal diferente, la carga de  probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su  pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”;  siendo que el Ministerio Público, no ha traído al proceso unrespaldo probatorio respecto de su pretensión de afectación a  la menor antes indicada, por lo tanto, no existe contravención  al derecho a la integridad personal en la modalidad de  maltrato psicológico y a su libre desarrollo y bienestar, en  agravio de la menor Valeria Pérez Fernández. III. RECURSO  DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de  fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, obrante a fojas  sesenta y nueve del cuaderno respectivo, se ha declarado  procedente el recurso de casación interpuesto por el  demandante Ministerio Público, por las siguientes causales:  i) Infracción normativa de los artículos 2 numerales 1 y 19  numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  Aduce esencialmente que la conclusión a la que ha arribado  la sentencia de vista, en el sentido, de que no se ha vulnerado  el derecho a la integridad personal y libre desarrollo y  bienestar de las niñas tuteladas, porque no se ha demostrado  con una pericia psicológica que hayan sido afectadas  psicológicamente, debe llamar la atención, pues considera  que vulnera las normas internacionales invocadas, en tanto y  en cuanto, la protección de los derechos de los niños, niñas y  adolescentes y en específico la protección al derecho a la  integridad personal, libre desarrollo y bienestar, no solamente  puede comprender la afectación psicológica, y que además  dicha afectación sea grave incluso equiparable al daño  psicológico, pues la sola puesta en peligro de la integridad  psicológica, la perturbación de la tranquilidad de los niños  afecta el derecho de integridad personal, libre desarrollo y  bienestar. Por otro lado indica que la protección de la  integridad del niño, niña o adolescente, es establecida sin  distinción alguna por más leve que sea, cualquier afectación  al derecho de integridad personal, libre y desarrollo y bienestar  debe ser considerado como parte de este derecho, por lo  tanto, el presenciar violencia en el caso concreto por las  tuteladas, debe ser incluido como parte de la vulneración del  ejercicio de este derecho, pues ello perturba su tranquilidad,  el libre desarrollo y bienestar, no siendo necesario una pericia  psicológica que determina una afectación psicológica y que  esta sea grave, como erradamente ha concluido la recurrida.  ii) Infracción normativa de los artículos 2 numeral 1 de la  Constitución, 4 del Código del Niño y el Adolescente y 3  del numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del  Niño. Alega medularmente que de autos ha quedado  acreditado que las demandadas y la madre de las tuteladas  tienen relación conflictiva, y los problemas empezaron desde  que la señora Anilda Milagritos Fernández Chávez inició una  relación con José Teodoro Pérez Mestanza y que  específicamente el día veintidós de abril de dos mil dieciocho  se enfrentaron, siendo que lo hicieron en presencia de las  hijas de la denunciante, esto es, la niña Valeria Pérez  Fernández y la adolescente Marjorie Yarid Ramírez  Fernández, lo que evidentemente causa una afectación a sus  derechos de integridad sino también el de libre desarrollo y su  bienestar, que implica a vivir en paz, y que no se perturbe su  tranquilidad, y que incluye otros derechos como el buen trato,  etc, y por ende la Sala ha interpretado restrictamente las  normas antes citadas, concretamente el derecho a la  integridad, libre desarrollo y bienestar, no incluyendo en su  protección a toda forma de maltrato por más leve que este  sea, y no se ha aplicado el interés superior del niño, siendo lo  correcto que se debe considerar que se afecta el derecho a la  integridad, libre desarrollo y bienestar de una niña, niño y  adolescente por presenciar violencia en agravio de su madre,  lo cual hiere sus sentimientos, sin necesidad de que se exija  pericia psicológica que demuestre una afectación psicológica  y menos un daño psicológico grave o daño psíquico. iii)  Infracción normativa del artículo 3-A del Código de los  Niños y Adolescentes. Refiere medularmente que de los  medios probatorios anexados en el escrito de demanda y que  han sido descritos por la Sala Civil en la sentencia recurrida  se puede apreciar con total claridad que las demandadas han  vulnerado el derecho al buen trato al que tienen las tuteladas  y la recurrida a pesar de reconocer que hay una relación  conflictiva, y que las agresiones, hacia la madre se han  producido delante o en presencia de las niñas tuteladas, no  los ha tenido en cuenta, cuando por mandato de la norma es  obligación no solo se les extiende a los padres sino también a  cualquier persona, justificando únicamente su inaplicación, en  que no está claro quien inicia el conflicto o la pelea, cuando  ese no es el punto en controversia únicamente a que se han  producido las agresiones delante de las niñas, lo cual genera  una vulneración al derecho al buen trato. iv) Infracción  normativa de los artículos 3 numeral 1 de la Convención  sobre los Derechos del Niño y el artículo IX del Título  Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes,  referente  al  interés  superior  del  niño.  Sostiene  medularmente que en toda actuación por parte del Estado, en  este caso por parte del Poder Judicial, en la que se encuentren  involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentesdeberá de tenerse en cuenta este principio y el respeto de sus  derechos, entre los que está el derecho a la protección, el  derecho a la integridad personal, el derecho al libre desarrollo  y bienestar, el derecho al buen trato, el derecho a la  tranquilidad, y al haberse interpretado restrictivamente de  dichos derechos a solo incluir dentro de su protección cuando  se demuestra afectación psicológica y que además sea grave,  pues tal interpretación restrictiva contenida en la sentencia de  vista, resulta una interpretación contraria al interés superior  de las niñas tuteladas, debiéndose incluir dentro del marco de  dicho derecho la protección frente a todo tipo de forma de  maltrato o humillación, como es el hecho de presenciar  agresiones hacia su madre delante de las mismas. v)  Aplicación errónea de la Resolución de la Fiscalía de la  Nación Nº 3963-2016-MP-FN. Señala esencialmente que se  ha aplicado de forma errónea una norma que ha sido dada en  el ámbito de la Ley 30364, la misma que tiene un objeto,  tratamiento jurídico y trámite distinto a los procedimientos que  se siguen en los casos de contravención a los derechos de los  niños y adolescentes, como lo es en el presente caso; pues,  en el caso en concreto se ha demandado la afectación a la  integridad personal en el contexto de violencia familiar o de  los integrantes del grupo familiar, sino el objeto de la  contravención por vulneración al derecho a la integridad  personal, el derecho al libre desarrollo y bienestar de las  tuteladas, porque conforme las propias demandadas lo han  reconocido y la Sala lo ha precisado en su sentencia de vista,  que tiene una relación conflictiva con la madre de las tuteladas  y las agresiones se han dado en presencia de la niña y de la  adolescente tutelada. vi) Infracción normativa del artículo  69 del Código de los Niños y Adolescentes. Sostiene  esencialmente que en el caso en concreto se ha acreditado  que tanto la niña y la adolescente han presenciado las  agresiones que ha sufrido su madre por parte de las  demandadas en diferentes oportunidades, o en palabras de la  recurrida, han presenciado la relación conflictiva que ellas  tenían, y por ende se ha vulnerado los derechos de las  tuteladas, por lo que se ha inaplicado dicha norma, no dando  efectiva protección frente a la contravenciones a los derechos  de las niñas tuteladas. vii) Infracción normativa del artículo  139 numeral 5 de la Constitución. Manifiesta basilarmente  que en la recurrida se realiza una interpretación restrictiva del  derecho de integridad personal, libre desarrollo y bienestar,  limitando la protección de dicho derecho solo si se demuestra  daño psicológico grave, descartando, cualquier otro tipo o  forma de maltrato, que sea leve, o que no genere afectación  psicológica o que no esté demostrada necesariamente con  pericia psicológica, y en todo caso constituye una  interpretación restrictiva de las normas sustantivas que  reconocen dicho derecho fundamental. viii) Apartamiento del  precedente judicial fijado en el Tercer Pleno Casatorio  Civil, Casación Nº 4664-2010-Puno, numeral 1 del punto  b) de la parte resolutiva. Alega medularmente que la  recurrida se ha apartado de dicho precedente vinculante, en  la medida que no han cumplido con su obligación tuitiva, esto  es, que no han flexibilizado los principios procesales como  iniciativa de parte y congruencia procesal y se han limitado a  señalar que la adolescente Marjorie Yarid Ramírez Fernández  tutelada, solamente tiene trastorno leve que no califica como  grave para que se vulneren sus derechos y que en cuanto a la  niña Valeria no se ha aportado medio probatorio alguno, como  cuando ya se lo ha expuesto, no solo se han afectado su  derecho a la integridad personal en el ámbito psicológico  (suficiente con la puesta en riesgo incluso), sino también se  afectó a sus derechos: al libre desarrollo y bienestar, (lo cual  si fue invocado por la Fiscalía de Familia) y derecho al  derecho al buen trato, (que si bien no fue invocado por la  fiscalía debe entenderse como una pretensión implícita),  derechos que no requieren, para su protección efectiva de  una pericia psicológica, que determine una afectación  psicológica y menos un daño psicológico grave, sino que se  protege cualquier forma de maltrato por más leve que sea. IV.  MATERIA JURÍDICA EN DEBATE Consiste en determinar si  se ha vulnerado los artículos 2 numeral 1, 3 numerales 1 y 2,  y 19 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño;  artículos 2 numeral 1 y, 139 inciso 5 de la Constitución; IX del  Título Preliminar, 3-A, 4 y 69 del Código de los Niños y los  Adolescentes; apartamiento del precedente judicial fijado en  el Tercer Pleno Casatorio Civil - Casación Nº 4664-2010- Puno, numeral 1 del punto b) de la parte resolutiva; y,  aplicación errónea de la Resolución de la Fiscalía de la  Nación Nº 3963-2016-MP-FN. V. FUNDAMENTOS DE ESTA  SUPREMA SALA PRIMERO.- Es menester precisar que el  recurso de Casación es un medio impugnatorio extraordinario  que permite ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales,  con la finalidad de garantizar la correcta aplicación e  interpretación del derecho objetivo y la unificación de la  Jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia dela República, así como determinar si en dichas decisiones se  ha respetado el debido proceso, traducido en el respeto a los  principios que lo integran. SEGUNDO.- Se emitirá una  pronunciamiento  conjunto  de  todas  las  infracciones  normativas denunciadas dada su relación una con las otras.  Antes de entrar al análisis de las denuncias casatorias, esta  Suprema Sala considera pertinente efectuar algunas breves  notas en relación al tema que aquí nos convoca. La  Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada  por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha  veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve,  estableció en el artículo 2 que: El niño gozará de una  protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,  dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que  pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y  socialmente en forma saludable y normal, así como en  condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con  este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será  el interés superior del niño. TERCERO.- La Convención sobre  los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el veintiséis de  enero de mil novecientos noventa y ratificada por el Estado  Peruano mediante Resolución Legislativa número 25278, de  fecha tres de agosto de ese mismo año, constituye un  instrumento internacional vinculante para los Estados Partes  respecto del tratamiento de la infancia. Dicho instrumento  internacional, inspirado en la denominada “Doctrina de la  Protección Integral”, reconoce a los niños, niñas y  adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales,  económicos, políticos y sociales cuyo sustento se resume en  cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el  interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia  y desarrollo, y el respeto de la opinión del niño en todos los  asuntos que le afecten2. CUARTO.- El artículo 3 de la  Convención de los Derechos del Niño prescribe lo siguiente:  En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las  instituciones públicas o privadas de bienestar social, los  tribunales, las autoridades administrativas o los órganos  legislativos, una consideración primordial a que se atenderá  será el interés superior del niño. Esta afirmación se  complementa y amplía en el artículo 19 que establece que los  Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,  administrativas, sociales y educativas apropiadas para  proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico  o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o  explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se  encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante  legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  QUINTO.- El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en  el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño,  adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el  veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, que  en su momento dispuso que: “En todas las medidas  concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas  o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades  administrativas o los órganos legislativos, una consideración  primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.  En el plano interno y en una línea muy semejante a la  supranacional resulta de particular relevancia lo dispuesto en  el artículo 4 de nuestra Constitución Política de 1993: “La  comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al  adolescente, a la madre y al anciano en situación de  abandono.”, siendo que el artículo IX del Título Preliminar del  Código de los Niños y Adolescentes dejó claramente  establecido que: “En toda medida concerniente al niño y al  adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los  Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás  instituciones, así como en la acción de la sociedad, se  considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del  Adolescente y el respeto a sus derechos”. SEXTO.- Por  consiguiente, el interés superior del niño, que es principio  interpretativo y norma de procedimiento exige, como tal,  considerar caso a caso los hechos y la situación del menor  afectado;  elegir,  entre  las  múltiples  posibilidades  interpretativas, la situación que más conviene a su cuidado,  protección y seguridad; y adoptar una decisión que estime las  posibles repercusiones en él. SÉTIMO.- Asimismo, debe  señalarse que el presente proceso es uno de contravenciones  a los derechos del niño, definida ésta por el artículo 69 del  Código de los Niños y Adolescentes, como toda como aquella  acción u omisión, que atenta contra el ejercicio de los  derechos de los niños y adolescentes. La Convención sobre  los Derechos del Niño en su artículo 19 reconoce el derecho  del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, al  respecto señala: “1. Los Estados Parte adoptarán todas las  medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas  apropiadas para proteger al niño contra toda forma de  perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras  el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un  representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga  a su cargo.” La Observación General Nº 13 (2011) respecto al  derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia  ha hecho notar que es importante que la crianza del niño se  dé en un entorno que le sea respetuoso y exento de violencia,  puesto que “Las investigaciones muestran que los niños que  no han sufrido violencia y crecen en forma saludable son  menos propensos a actuar de manera violenta, tanto en su  infancia como al llegar a la edad adulta. La prevención de la  violencia en una generación reduce su probabilidad en la  siguiente. Así pues, la aplicación del artículo 19 es una  estrategia fundamental para reducir y prevenir todas las  formas de violencia en las sociedades…”; la mencionada  Observación ha puesto de relieve los efectos devastadores de  la violencia contra los niños, además de las lesiones físicas, y  psicológicas,  se  pueden  presentar  problemas  de  comportamiento agresivo, de aprendizaje que puede causar  incluso la deserción escolar, entre otros, de ahí que se explica  el especial interés del Estado por desarrollar políticas públicas  que ayuden a combatir la violencia infantil en todos sus  escenarios. OCTAVO.- Las razones o justificaciones objetivas  que llevan a los jueces a adoptar una determinada decisión,  deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y  aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente  acreditados en el trámite del proceso. Bajo esa visión, el  derecho a la motivación de las resoluciones judiciales  consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna “es  una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y  garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas  en el mero capricho de los magistrados, sino en datos  objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que  se derivan del caso”3 . NOVENO.- Tal decisión, debe  adoptarse luego de considerarse los hechos expuestos,  valorarse en forma conjunta el caudal probatorio como  estipula el artículo 197 del Código Procesal Civil y  determinarse el derecho aplicable pertinente a la controversia;  de ahí que, con convicción se debe decidir a fin de lograr la  composición de la litis o eliminar la incertidumbre jurídica,  como establece el artículo III del Título Preliminar del Código  Procesal Civil. DÉCIMO.- Teniendo en cuenta lo expuesto, la  demanda de contravención se sustenta en las agresiones  psicológicas que cometen María Elodia Pinedo Correa y  María Eli Pérez Pinedo contra Anilda Milagritos Fernández  Chávez, en presencia de las menores agraviadas, afecta su  derecho a la integridad personal en la modalidad de maltrato  psicológico y al libre desarrollo y bienestar, las demandadas  han aceptado como un hecho real tales enfrentamientos, así  se advierte de sus declaraciones rendidas a nivel fiscal por  parte de María Elodia Pinedo Correa y María Eli Pérez Pinedo.  DÉCIMO PRIMERO.- Ahora bien, en el Informe Psicológico  número  46/18-MIMP-PNCVFS-CEM-CAJ-PSICORRP  correspondiente a la adolescente Marjorie Yarid Ramírez  Fernández, de fojas cuarenta y uno, se determina que  presenta “... trastorno de estrés leve compatible a violencia de  tipo psicológica según la evaluada por parte de la señora  María Elodia Pinedo Correa…”. Aparte en el Análisis e  Interpretación  de  resultados  se  desprende  que  “emocionalmente se encuentra afectada, pues le duele mucho  que la señora María Elodia Pinedo Correa cuando las ve a ella  y a su mamá, las mira mal, escupe al suelo, o hasta pasa  empujándolas, por eso le tiene miedo, pues la considera una  persona agresiva y teme que pueda hacerle algo a su mamá,  por eso cuando la ve se pone nerviosa, y cuando está en la  calle se siente tensa, por temor a encontrarla, asimismo le da  pena ver mal a su mamá a causa de estos problemas...”; en  recomendaciones se señala: “Se sugiere otorgar medidas de  protección inmediatas a la evaluada, a fin de que la agresora  no se aproxime a ella para infringirle algún daño físico y/o  emocional. Ya que la desestabiliza emocionalmente…”.  DÉCIMO SEGUNDO.- De lo descrito se observa que la  víctima ha sufrido afectación, dado que si bien se concluye  trastorno de estrés leve, esto demuestra que existe  perturbación en la menor como consecuencia de la conducta  de María Elodia Pinedo Correa y María Eli Pérez Pinedo  cuando agreden psicológicamente a su madre Anilda  Milagritos Fernández Chávez. Esto se ve de la declaración de  la adolescente agraviada Marjorie Yarid Ramírez Fernández a  fojas treinta y uno, que sostiene la forma y circunstancias en  que su madre Anilda Milagritos Fernández Chávez fue  agredida verbalmente con “palabras obscenas” por parte de  las demandadas en la óptica de su progenitora, y que al  percatarse de ello, al encontrarse en el lugar, observó que  María Elodia Pinedo Correa y María Eli Pérez Pinedo se  dirigían a su madre con insultos y amenazas, diciéndole que  por meterte con mi marido la vas apagar, indicando además  que la agresión verbal se repetían cuando se encontraban enla calle con las demandadas, lo que hace que se sienta mal y  pensaba que su madre por tales actos pueda enfermarse o  morir; esto indica indudablemente afectación emocional por el  accionar de las demandadas, lo que vulnera sus derechos a  la integridad personal en la modalidad de maltrato psicológico  y vulnerándose su libre desarrollo y bienestar, pues esas  experiencias negativas trastocan su normal desarrollo e  inciden en su formación integral, debiendo primar el cuidado  del interés superior del niño, niña o adolescente en resguardo  de sus derechos. DÉCIMO TERCERO.- En cuanto a la menor  Valeria Pérez Fernández, de un año y dos meses, si bien en  autos no se evidencia evaluación de un perito psicólogo, sin  embargo, pese a su edad no se puede descartar que los  hechos acontecidos entre su madre y las demandadas le  hayan afectado, pues estuvo presente en el momento de las  agresiones verbales contra su progenitora, quien al estar a su  cuidado procedió a interponer la denuncia para proteger la  integridad personal, siendo víctima; siendo ello así, debe  ampararse la demanda. VI. DECISIÓN Por estos fundamentos,  de conformidad con el Dictamen del Fiscal Supremo de  Familia que obra a fojas ochenta y cinco, y en aplicación de lo  dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil,  resolvieron: 6.1. Declarar FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por el Ministerio Público, obrante a fojas ciento  cincuenta y tres; en consecuencia, CASARON la sentencia  de vista de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, de  fojas ciento veintiuno, emitida por la Sala Civil Permanente de  la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que revocando la  sentencia apelada declara infundada la demanda interpuesta.  6.2. Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la  sentencia apelada de fecha veintiuno de junio de dos mil  diecinueve, de fojas ochenta y uno, que declara: a) Fundada  la demanda sobre contravención a los derechos a la integridad  personal y al libre desarrollo y bienestar de la niña Valeria  Pérez Fernández y la adolescente Marjorie Yarid Ramírez  Fernández, interpuesta contra María Elodia Pinedo Correa y  María Eli Pérez Pinedo; por tanto les impone una sanción  económica equivalente a una unidad de referencia procesal  que deberá abonar cada una de las demandadas a favor de  cada una de las agraviadas; b) Prohíbase a las demandadas  tomar cualquier tipo de represalia contra la niña Valeria Pérez  Fernández y la adolescente Marjorie Yarid Ramírez Fernández  por la denuncia interpuesta; y, c) Ofíciese al consultorio  psicológico gratuito de la Universidad Antonio Guillermo  Urrelo a fin de que la niña Valeria Pérez Fernández y la  adolescente Marjorie Yarid Pérez Fernández sean evaluadas  y de ser el caso reciban terapia psicológica por el tiempo que  el especialista considere pertinente . 6.3. DISPUSIERON la  publicación de la presente Ejecutoria Suprema en el diario  oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el  Ministerio Público con María Elodia Pinedo Correa y otra,  sobre contravención a los derechos del niño y adolescente; y  los devolvieron. Intervine como ponente el juez supremo  señor Salazar Lizárraga. SS. SALAZAR LIZÁRRAGA,  CUNYA  CELI,  CALDERÓN  PUERTAS,  ECHEVARRIA  GAVIRIA, RUIDIAS FARFÁN. 1  “Respuesta de ansiedad ante un evento que el individuo percibe  como amenazante, manifestada en inseguridad, temor, preocupaciones,  tensiones; siendo pasajera y de corta duración” [negrita, agregada]  [Numeral 2., Anexo Nº 05, del protocolo]. 2  Sokolich Alva, María Isabel. La aplicación del principio del interés superior del niño  por el sistema judicial peruano. En: https//www.aulavirtualalusmp.pe 3  Expediente Nº 03433-2013-PA/ TC, Lima dieciocho de marzo de dos mil catorce,  fundamento 4. C-2136197-14