CASACIÓN N°317-2021 LIMA
Materia: INDEMNIZACIÓN Lima, veintiuno de marzo de dos mil veintidós. VISTOS; con el cuaderno principal; y, CONSIDERANDO:  Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación1 interpuesto por la demandada  SCOTIABANK S.A.A. contra la sentencia de vista, contenida  en la resolución número ocho, de fecha dos de setiembre de  dos mil veinte2, que confirmó la sentencia contenida en la  resolución número diez, de fecha diez de mayo de dos mil  diecinueve3 que declaró fundada en parte la demanda y, en  consecuencia, ordenó que la demandada pague por daño  emergente y daño moral la suma de S/.10,163.00 soles más  intereses, costos y costas del proceso. En ese sentido, deben  examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de  dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los  artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil y su  modificatoria mediante Ley N°29364. Segundo. - Previo alanálisis de los requisitos antes mencionados, es necesario  precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, se  señalan como fines del recurso de casación los que  consignamos a continuación: i) Controlar la correcta  observancia (correcta interpretación y aplicación) de la norma  jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las  arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce función  nomofiláctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de  unificar criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación  de normas, en la aplicación de determinadas normas, en  supuestos fácticos análogos, etcétera (ejerce función  uniformadora de las decisiones judiciales). iii) Controlar el  correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en la  emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el  derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de  logicidad). iv) Contribuye con una de las finalidades supremas  del proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el  caso en concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el  fondo de la controversia en sistemas como el nuestro, en el  que tratándose del derecho material no cabe el reenvío de la  causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Asimismo, es  necesario precisar que el recurso de casación es un medio  impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo  puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no  en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es  por ello que este recurso de casación tiene como fines  esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la unificación de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe  fundamentarse de manera clara, precisa y concreta,  indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la  incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar  cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio.  Cuarto.- Bajo ese contexto, verificados los requisitos de  admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal  Civil, se tiene que el presente recurso cumple con dichas  exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida por  la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone  fin al proceso; ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional  que emitió la resolución impugnada; iii) Se encuentra dentro  del plazo de los diez días de notificados con la resolución  recurrida; y, iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial  respectiva, de conformidad con la Resolución Administrativa  Nº 048-2020-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial “El  Peruano” en fecha veintinueve de enero de dos mil veinte.  Quinto. - En cuanto a los requisitos de procedencia, estos se  encuentran contemplados en el artículo 386° del Código  Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N°29364,  en el cual se señala que: “El recurso de casación se sustenta  en la infracción normativa que incida directamente sobre la  decisión contenida en la resolución impugnada o en el  apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Asimismo,  los numerales 1, 2, 3 y 4, del modificado artículo 388, del  Código Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos  de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera  consentido la sentencia de primera instancia que le fue  adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución  objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial,  así como el demostrar la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio  es anulatorio o revocatorio. Sexto.- En relación al primer  requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del modificado  artículo 388 del Código Procesal Civil, la impugnante no  consintió la resolución de primera instancia que fue  desfavorable a sus intereses, conforme fluye del recurso de  apelación5 por lo que cumple con este requisito. Sétimo. -  Asimismo, para establecer el cumplimiento de los incisos 2° y  3°, del artículo 388°, del Código Procesal Civil, se debe indicar  las causales casatorias que denuncia, siendo las siguientes:  - INFRACCIÓN DEL INCISO 56 DEL ARTÍCULO 139° DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y DEL ARTÍCULO  12º7 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY  ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: Sostiene que la  Sentencia de Vista adolece de motivación aparente por dos  razones puntuales: i) se limita a confirmar argumentos de la  sentencia de primera instancia como si estos no hubieran sido  materia de controversia; y, ii) se sustenta en conceptos  jurídicos indeterminados que no tienen asidero en datos  objetivos y hechos del caso concreto. Así, señala que la  sentencia de vista no se ha pronunciado sobre los principales  argumentos esgrimidos por la recurrente en su recurso de  apelación y, por si ello no fuera suficiente, se sustenta en una  motivación por remisión a la sentencia de primera instancia  para justificar su decisión, lo cual genera un agravio  inconvalidable, toda vez que al omitir el Ad Quem dar  respuesta al recurso de apelación de sentencia, genera que la  recurrente se encuentre en la misma situación que seencontraba en primera instancia, con lo que se le niega el  derecho  a  la  pluralidad  de  instancia  reconocido  constitucionalmente. En ese sentido, interpusieron recurso de  apelación requiriendo que se analice, entre otros aspectos: i)  la existencia de acreditación de los “perjuicios” ocasionados a  la demandante; y, ii) el “criterio” de graduación del daño moral,  sin embargo, la sentencia de vista da por sentado ambas  cuestiones como si ninguna de estas hubiera sido materia de  cuestionamiento a través del recurso de apelación. Así, con  relación a la acreditación de los supuestos perjuicios, el Ad  Quem se limita a afirmar que existió una perturbación en el  ánimo de la demandante, señalando que el accionar del  banco le habría causado angustia y aflicción como  consecuencia de la indagación efectuada por la administración  tributaria y el tiempo que le dedicó para rectificar la declaración  de sus ingresos, no obstante, no responde al argumento  esgrimido por la recurrente relativo a que se determinen  cuáles son estas angustias, aflicciones y tiempo invertido para  la rectificatoria referida, lo cual constituye una grave afectación  al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.  Asimismo, respecto al criterio utilizado para fijar el monto  indemnizatorio, la recurrente solicitó se analice con mayor  detenimiento este punto, sin embargo, la sentencia de vista  confirmó la sentencia de primera instancia limitándose a  señalar que el “criterio” utilizado en primera instancia era  acorde a derecho, alegando un “criterio equitativo”, lo cual –  de igual modo – constituye una motivación por remisión, pues  no desarrolla este punto, debiéndose tener en consideración  que la existencia de un criterio objetivo y justificado de  graduación del daño moral era una cuestión de vital incidencia  en el proceso, especialmente en segunda instancia.  Adicionalmente, señala que la sentencia de vista se sustenta  en conceptos jurídicos indeterminados sin darle contenido,  como es el caso de afirmar que existieron situaciones de  “angustia”  y  “aflicción”  que  justificarían  un  monto  indemnizatorio, así como afirmar que los requerimientos de  información realizados por SUNAT habrían generado a la  demandante una “perturbación en su ánimo”, debiendo  considerarse que la SUNAT no le inició ningún procedimiento  de fiscalización a la demandante, sino únicamente le indicó  que tenía que realizar determinadas correcciones. -  INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1321°8, 1331°9, 133210  DEL CÓDIGO CIVIL: Alega que el artículo 1321º del Código  Civil establece que en el marco de la responsabilidad  contractual se debe acreditar la existencia de una causalidad  directa entre el hecho imputado y el daño que este habría  originado. Señala que la sentencia de vista afirma que la  remisión de información errada por parte de la recurrente a la  SUNAT con relación a la declaración anual de la renta de la  demandante le habría generado “angustias”, “aflicciones”  valorizados en S/.10,000.00 soles, señalando que no existe  vínculo alguno de causalidad inmediata entre el accionar de la  recurrente y los daños que este habría generado, pues no se  ha acreditado con documento alguno que la demandante  haya tenido cuadros de angustia y aflicciones como  consecuencia de la información remitida por Scotiabank a la  SUNAT y, de igual modo, SUNAT no inició ningún  procedimiento de fiscalización o le impuso apercibimientos  coercitivos a la demandante, tal como se ha señalado en la  sentencia de primera instancia. Asimismo, el artículo 1331º  del Código Sustantivo establece la regla general de que quien  alega un determinado daño a consecuencia de una obligación  incumplida se encuentra obligado a acreditarlo y el artículo  1332º del mismo cuerpo legal señala que en aquellos casos  en los que el monto del daño no puede ser probado de manera  precisa, el juez podrá realizar una valoración equitativa. En  ese sentido, el otorgamiento de una indemnización sustentada  en una “valorización equitativa” implica que existan medios  probatorios que acrediten un determinado daño; sin embargo,  que este daño acreditado no pueda ser cuantificado  debidamente, siendo que en el presente caso la demandante  no acreditó la existencia de un daño moral que justifique  S/.10,000.00 soles, tan solo limitándose a alegar un supuesto  estado de depresión, sin adjuntar siquiera un certificado  médico o informe psicológico que lo acredite y menos aun que  vincule con los hechos imputados a la recurrente. Octavo.-  Del examen de la argumentación expuesta en el considerando  que antecede, respecto a la infracción normativa descrita, se  advierte que el recurso no cumple con los requisitos exigidos  en los incisos 2 y 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil,  pues si bien se describe la infracción normativa, empero no se  ha demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la  decisión impugnada, puesto que la casacionista argumenta,  en estricto, que la demandante no ha acreditado el daño  moral que alega en su demanda, no habiéndose demostrado  el vínculo de causalidad inmediata entre el accionar de la  recurrente y los daños que habría generado, así como que no  se ha desarrollado el criterio de graduación o la valorizaciónequitativa efectuada para la determinación del daño moral en  la suma de S/. 10,000.00 soles; sin embargo, en principio,  corresponde precisar que, de la revisión de autos, se advierte  que, en la sentencia de vista, el Ad Quem ha analizado  debidamente los elementos constitutivos de la responsabilidad  civil, como lo son: i) la antijuricidad del hecho; ii) el daño  causado; iii) la relación de causalidad existente entre el hecho  generador y el daño producido; y, iv) el factor de atribución.  Asimismo, se advierte del décimo sétimo considerando de la  sentencia de vista que la Sala Superior, para confirmar el  extremo de la existencia del daño moral alegado por la  demandante, ha tenido en consideración elementos objetivos  concretos que estima acreditados, tales como: i) a  consecuencia de la indagatoria efectuada por la administración  tributaria, la accionante tuvo que dedicar su tiempo a cumplir  con lo solicitado por la SUNAT; ii) ha requerido información a  la recurrente sin éxito alguno; iii) la demandante es una  persona de la tercera edad (68 años cumplidos a la fecha de  la emisión de la recurrida); y, iv) ha padecido una situación  injusta a causa de la información incorrecta brindada por la  emplazada a la SUNAT; circunstancias que le permitieron al  Ad Quem determinar que se generó a la demandante una  situación de angustia y aflicción, así como una desatención de  sus actividades cotidianas, haciéndola padecer de una  situación injusta y vulneratoria de su derecho fundamental a la  paz y la tranquilidad. De igual forma, en relación al criterio de  graduación del daño moral denunciado por la recurrente, se  aprecia que es – precisamente – en virtud de los elementos  expuestos precedentemente que la Sala Superior estimó  confirmar el monto determinado por el A Quo, pues señalaron  en el mismo considerando referido que lo descrito  (circunstancias señaladas anteriormente) debe ser merituado  a fin de regular prudencialmente el monto que corresponde  por este concepto. Así, señalaron que, en tal virtud, la suma  fijada en S/. 10,000.00 soles, debe ser confirmada, en tanto  debe considerarse la magnitud y el menoscabo producido,  estimando que el juez de primera instancia utilizó un criterio  equitativo para su determinación en función a las  circunstancias que han devenido como consecuencia del  accionar antijurídico de la demandada y en contraste con el  monto solicitado por la demandante en su escrito de demanda.  Finalmente, en relación al vínculo de causalidad inmediata  entre el accionar de la recurrente y los daños que habría  generado, se tiene que en el considerando décimo tercero de  la sentencia de vista se estableció: “En cuanto a la relación  de causalidad entre el hecho generador y el daño  producido, ha quedado establecido en autos que la falta de  veracidad en la información proporcionada a la administración  tributaria, en la cual ha incurrido la entidad financiera  demandada con respecto a la cuenta de ahorros que mantiene  la demandante, ha contribuido decisivamente al inicio de las  indagaciones por parte de la administración tributaria por un  supuesto incumplimiento de la actora de sus obligaciones  como contribuyente. Asimismo, se deriva de dicha situación,  la ausencia de respuesta a los requerimientos notariales de la  demandante respecto a las explicaciones y sustento de la  información entregada a la SUNAT, lo que le perjudica en  cuanto a su derecho a obtener información de la entidad  financiera con la que mantiene la cuenta de ahorros.”. De lo  expuesto, se advierte que en la sentencia de vista se han  analizado los supuestos que configuran la responsabilidad  civil, se han fundamentado los elementos objetivos concretos  en virtud de los cuales determinaron que se había producido  el daño moral reclamado, se ha analizado la relación de  causalidad existente entre la conducta antijurídica de la  emplazada y el daño producido a la demandante,  estableciéndose que existe relación directa, y, finalmente, se  han desarrollado las razones y el criterio utilizado para  considerar que el monto otorgado resulta adecuado, por lo  que se determina que la sentencia de vista impugnada ha  justificado las razones jurídicas y de hecho que conllevó al Ad  Quem a confirmar la sentencia apelada, verificándose que se  encuentra debidamente motivada, congruente y sin que  vulnere el debido proceso advirtiéndose, por tanto, que lo  pretendido con el Recurso de Casación es cuestionar la  decisión o las conclusiones probatorias arribadas por parte  del Ad Quem, así como también se aprecia que mediante el  presente recurso se pretende una revaloración de los medios  probatorios y modificar las cuestiones fácticas establecidas  por las instancias de mérito, lo cual se encuentra proscrito en  sede casatoria, pues, solo debe pronunciarse sobre aspectos  de derecho o vicios puntuales invocados o denunciados en el  recurso de casación, siendo en consecuencia que, si un  recurso se encuentra sustentado sin tomar en cuenta la  finalidad nomofiláctica de la casación, es decir, la  determinación de la observancia y significado de determinada  disposición normativa o infracción normativa sustantiva y/o  procesal, aunque el quebrantamiento del precedente judicialtambién puede ser invocado como causal, de tal forma que, si  el Recurso de Casación no está con este propósito, este debe  ser desestimado, como ocurre con el presente recurso, no  advirtiéndose  la  configuración  de  las  infracciones  denunciadas, correspondiendo, por tanto, desestimarse las  mismas. Noveno.- Con relación a la exigencia prevista en el  inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal Civil, si  bien la recurrente menciona que su pedido casatorio es  anulatorio y, en forma subordinada, revocatorio, no obstante,  el cumplimiento aislado de este último requisito no es  suficiente para declarar procedente el recurso de casación  postulado, por cuanto los requisitos de procedencia de dicho  medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el  artículo 392º del Código Adjetivo en mención; lo cual, de  acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos precedentes,  no se ha cumplido en el presente caso. Por estas  consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el  modificado artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon:  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  demandada Scotiabank S.A.A. contra la Sentencia de Vista,  de fecha dos de setiembre de dos mil veinte, expedido por la  Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por Melva Justina  Gonzalez Rodríguez sobre indemnización; y los devolvieron.  Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Cunya  Celi. SS. ARANDA RODRÍGUEZ, SALAZAR LIZÁRRAGA,  CUNYA  CELI,  CALDERÓN  PUERTAS,  ECHEVARRÍA  GAVIRIA. 1  Página 403. 2  Página 386. 3  Página 321. 4  Carrión, J. (2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial  Grijley. Pág.9 5  Página 335. 6  Artículo 139º inciso 5 de la Constitución Política del Perú: “Son principios y  derechos de la función jurisdiccional: (…)  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustenta”(…). 7  Artículo 12 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Todas las  resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo  responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta  disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que  absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.” 8  Artículo 1321 del Código Civil. – “Queda sujeto a la indemnización de daños y  perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa  leve.  El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial,  tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante,  en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.  Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación,  obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al  tiempo en que ella fue contraída”. 9  Artículo 1331 del Código Civil. - “La prueba de los daños y perjuicios y de su  cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o  por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” 10  Artículo 1332 del Código Civil. - “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser  probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa.” C-2136197-15