CASACIÓN Nº 441-2020 PUNO
MATERIA: INTERDICTO POR RECOBRAR Lima, nueve de setiembre de dos mil veinte. VISTOS;  y,  CONSIDERANDO:  PRIMERO.  Viene  a  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por la demandante LUISA ORDOÑO VIUDA DE  SOSA, contra la sentencia de vista recaída en la resolución  número treinta y cuatro, de fecha cinco de noviembre de dos  mil diecinueve que confirmó la sentencia N° 18-2019,  contenida en la Resolución N° 23 de fecha dieciocho de enero  de dos mil diecinueve, que declaró infundada la demanda de  interdicto de recobrar; recurso de casación cuyos requisitos  de admisibilidad y procedencia deben ser verificados de  conformidad con la modificatoria establecida en la Ley número  29364. SEGUNDO. En tal sentido, verificados los requisitos  de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, se tiene  que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto es:  I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Civil de  Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno que, como  órgano de segundo grado, pone fin al proceso; II) Se ha  presentado ante la misma Sala Superior que expidió la  resolución impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del  plazo de diez días de notificada con la resolución impugnada,  y, IV) Ha cumplido con adjuntar el arancel judicial  correspondiente. TERCERO. Respecto al requisito de  procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, se  advierte que cumple con este requisito. CUARTO. En el  presente caso, la controversia gira en torno a la demanda de  interdicto de recobrar con la finalidad que los demandados le  restituyan la posesión del inmueble sito en el Barrio Victoria  H-2, tercera cuadra del jirón Teodoro Valcárcel del distrito de  Platería, provincia y departamento de Puno, el que tiene un  área de seiscientos dieciocho punto setenta y cinco metros  cuadros (618.75 m2); y, como pretensión accesoria se solicita  que se ordene que los demandados restituyan el inmueble  antes descrito a su favor. QUINTO. Para establecer el  cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3  del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que la  parte recurrente señale en qué consisten las infracciones  normativas denunciadas o el apartamiento inmotivado del  precedente judicial. En el presente recurso de casación se  denuncia: 1. Infracción normativa de carácter procesal al  artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil Refiere que,  la sentencia emitida por la Sala Civil de Puno, no está  debidamente motivada, porqué en el considerando sexto de  la sentencia impugnada, la Sala Civil de Puno, sostiene que el  interdicto de recobrar no tiene significación la prueba escriba  de la posesión ni el título posesorio; sin embargo, en el literal  c) del numeral 2) acápite 8.2 del octavo considerando de la  sentencia, y pese a tal aseveración primigenia de la Sala Civil  de Puno, luego ésta, para desestimar la pretensión contenida  en la demanda, se apoya, precisamente, en prueba escrita y  en títulos posesorios ofrecidos por los demandados, esto es,  la sentencia de vista se sustenta en la escritura pública  imperfecta de transferencia de posesión a favor de los  demandados y en certificación del Gobernador del Distrito de  Platería. Manifiesta, que la Sentencia Impugnada tiene  defectos internos de la motivación, porque existe incoherencia  narrativa al presentarse una motivación absolutamente  confusa incapaz de transmitir coherentemente las razones en  las que se apoya la decisión, porque es incoherente que en la  sentencia de vista impugnada se afirme en un primer  momento, que en los procesos interdictales la decisión no  puede sustentarse en prueba escrita y en títulos posesorios,  para luego, en un segundo momento, la sentencia de vista  impugnada se sustente en prueba escrita y en título posesorios  ofrecidos por los demandados, para denegar la pretensión  interdictal. Indica que el literal b, del numeral 2, del acápite 8.2  del octavo considerando de la sentencia de vista impugnada  se ha restado todo mérito probatorio a las actas de inspección  y certificados de posesión que otorgó el Juez de Primera  Nominación del Distrito de Platería, el Gobernador del Distrito  de Platería, Provincia y Región de Puno, la Municipalidad  Distrital de Platería con el argumento que se trata de  actuaciones unilaterales que recogen solo la versión unilateral  de la solicitante, sin tenerse en cuenta, en la sentencia  impugnada, que tales documentos dan fe por sí mismos, al  haber sido otorgados por funcionarios público en ejercicio de  sus atribuciones (el juez de paz, el gobernador distrital, la  Municipalidad Distrital de Platería) con absoluta prescindencia,  para la eficacia probatoria de tales documentos. Manifiesta  que, existe la diferencia en la motivación externa de la  sentencia impugnada porque no se dice absolutamente nadarespecto de la validez de la premisa jurídica en la que se  sustenta la sentencia de vista, esto es, que las constancias e  inspecciones judiciales efectuadas por los jueces de paz y  gobernadores distritales, por sí mismas, no dan fe de los  hechos constatados por tales autoridades, es decir, en la  sentencia de vista impugnada no se dan razones jurídicas  que determinen que las inspecciones judiciales y constancias  emitidas por los jueces de paz, gobernadores distritales, la  Municipalidad Distrital de Platería no dan fe pública cuando  son emitidas a solicitud unilateral de la parte interesada. Alega  que, en la misma sentencia apelada no se hace referencia a  ningún medio probatorio del que se desprenda tal situación,  tanto más que conforme a lo establecido en la Resolución del  Tribunal  Administrativo  de  la  Propiedad  N°  258-2013-COFOPRI/TAB del 5 de setiembre de 2013 admitida  como medio probatorio según resolución número dieciocho  del 10 de julio de 2018, se ha establecido que nunca han  estado en posesión del inmueble sublitis las personas de Julio  David Miranda Flores y libia Esther Flores de Miranda. Agrega  que, el hecho que en la sentencia de vista impugnada se  señale en un primer momento que en los procesos interdictales  no puede valorarse prueba documental ni títulos posesorio,  pero que luego en la misma sentencia de vista se valore  prueba documental y títulos posesorios, implica defecto en la  motivación de la sentencia de vista impugnada por falta de  motivación interna del razonamiento, infracción normativa que  determina la nulidad de la sentencia de vista impugnada,  conforme a los señalado en el inciso 6 del artículo 50 del  Código Procesal Civil. Manifiesta que, el hecho que en la  sentencia de vista impugnada no se indiquen las razones por  las que actas de inspección judicial o constancias de posesión  emitidas por jueces de paz, gobernadores distritales, la  Municipalidad Distrital de Platería en ejercicio de sus  funciones no den fe pública por sí mismos implica defecto en  la motivación, infracción normativa que determina la nulidad  de la sentencia de vista impugnada; y, que el hecho de que en  la sentencia de vista no se haga referencia a ningún medio  probatorio que determine que Julio David MIRANDA Flores y  Libia Esther Flores de Miranda hayan estado en posesión del  inmueble sublitis implica defecto en la motivación insuficiente,  infracción normativa que determina la nulidad de la sentencia  de vista impugnada, conforme a lo señalado en el inciso 6 del  artículo 50 del Código Procesal Civil.-- SEXTO. Previo a la  verificación de los requisitos de procedencia, debe indicarse  lo siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que  tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones  que ponen fin al proceso y que contienen vicios de derecho  que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso  extraordinario es aquel que la ley concede a las partes  después de haberse cumplido con el principio de la doble  instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de  “transferir la queja expresiva de los agravios”1 y resulta  extraordinario por estar limitados los motivos para su  interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales  contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se  limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación  impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata  esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite  modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que  ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el  control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera  instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a  infracción normativa hace referencia a las equivocaciones  que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la  correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben  describirse con claridad y precisión4, debiéndose señalar que  cuando se indica que debe demostrarse la incidencia directa  de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es  señalar que el impugnante tiene que establecer una relación  de correspondencia entre los fundamentos de la resolución  que rebate y las infracciones que menciona. Son estos los  parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar  el recurso. SÉTIMO. Del examen de la argumentación  expuesta en el considerando quinto de la presente resolución,  se advierte que el recurso no cumple con los requisitos  exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código  Procesal Civil, pues no se describen con claridad y precisión  las infracciones normativas o el apartamiento del precedente  judicial, ni se ha demostrado la incidencia directa de tales  infracciones sobre la decisión impugnada. En efecto: 1.  Respecto a la infracción normativa de carácter procesal  infracción normativa de carácter procesal al artículo 50  inciso 6 del Código Procesal Civil Ya que se ha invocado la  infracción normativa del artículo 50, inciso 6, del Código  Procesal Civil, relacionada con la motivación, es conveniente  precisar que la motivación de la resoluciones judiciales,  que es parte del debido proceso, constituye un principio y a  la vez una garantía de la administración de justicia, que seencuentra consagrada también, en el Artículo 139° numeral  5) de la Constitución Política del Estado5. Esta norma  constitucional a su vez tiene su correlato en la norma  contenida en el Artículo 122° numeral 3) del Código Procesal  Civil, en cuanto dispone que las resoluciones judiciales deben  contener los fundamentos de hecho y de derecho que  sustentan la decisión, sujetándose al mérito de lo actuado  y al derecho. Por ende, la resolución que no cumple con tal  requisito se encuentra viciada de nulidad, debido a que  precisamente a través de la motivación de las resoluciones  judiciales se conoce el razonamiento asumido por el Juez  para llegar a la conclusión que recoge la resolución que  expide, proscribiendo de esta manera la arbitrariedad, en la  emisión de las resoluciones judiciales. Sobre el contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales, el Supremo  intérprete de la Constitución, ha formulado una tipología de  supuestos en los cuales dicho contenido resulta vulnerado,  como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente No.  00728-2008-HC/TC (Llamoja Hilares), en la que el Tribunal  reconoció las siguientes hipótesis de vulneración: a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de  motivación interna del razonamiento; c) Deficiencias en la  motivación externa – justificación de las premisas:  Cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido  confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o  jurídica;  d)  Motivación  insuficiente;  y  e)  Motivación  sustancialmente incongruente. El aspecto relativo a la  motivación, no es un tema baladí, pues hoy se afirma, que  ésta implica no sólo la exigencia de explicar las razones que  se exponen en la decisión final, sino en justificar la misma  tanto interna como externamente. Como sostiene Malem  Seña, al referirse a la justificación externa de las premisas  normativas “Los jueces tienen el deber de resolver las  controversias que conocen en virtud de su competencia  aplicando el derecho. Esto es, para solucionar las cuestiones  planteadas han de invocar una o o varias normas jurídicas  generales y deben ofrecer razones de porqué las han  escogido. Pero la identificación de la norma aplicable y la  aplicación propiamente dicha de la misma no es una labor  sencilla. El modelo simple y mecanicista de aplicación del  derecho que supone que el juez es capaz de escoger entre  normas simples, claras y precisas, sin necesidad de ser  interpretadas, y que es capaz de conocer los hechos que  causan el diferendo jurídico sin ningún inconveniente está  más que superado”6. Estando a lo indicado, debemos  puntualizar que el contenido del derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales exige que se cumpla con tres  requisitos: a) Fundamentación jurídica, que no implica  exclusivamente hacer alusión a las normas aplicables al caso  concreto, sino la explicación y justificación de por qué tal caso  se encuentra dentro de los supuestos que contemplan tales  normas; b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que  significa la manifestación de los argumentos que expresarán  la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las  pretensiones formuladas por las partes; y c) Por sí misma  exprese una suficiente justificación de la decisión  adoptada, aun si ésta es no extensa, o se presenta el  supuesto de motivación por remisión; así lo ha expuesto el  Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, tal como  la emitida en el Expediente No. 03843-2009-PA/TC, de fecha  veintidós de marzo del año dos mil diez7. Conforme se  advierte del recurso de casación y su desarrollo expositivo,  está relacionado en esencia, con aspectos vinculados a  valoración probatoria, que según expone el impugnante no se  habría realizado de modo correcto o realizado indebidamente  en la Sala Superior; lo cual supone, desde esa perspectiva un  defecto en la motivación que denuncia como infracción  normativa. Sin embargo, revisada la sentencia de vista  recurrida se verifica que se exponen los motivos en los que  fundamentan su decisión, justificado en la existencia de los  elementos, actos sustentados y medios de prueba; de manera  que se cumple la protección y la exigencia constitucional que  radica en que los justiciables tengan la garantía de que al  defenderse lo hagan adecuadamente sin que existe ningún  acto que pueda afectarlos; aunado a ello también es preciso  mencionar que dentro de los derechos que forman parte del  contenido constitucionalmente protegido del derecho al  debido proceso se tiene, entre ellos, al derecho al  procedimiento establecido, derecho a la defensa, derecho a la  pluralidad de instancias, derecho a la motivación de las  resoluciones, derechos a los medios de prueba, derecho a un  proceso sin dilaciones indebida, etcétera, derechos de los  cuales no se le ha privado a la parte recurrente. Por ello se  observa en el escrito que contiene el recurso de casación, que  lo que pretende es que se revaloren los medios probatorios, a  efectos de cambiar el sentido de la sentencia de vista  recurrida; por lo que, siendo así lo pretendido no es atendibleen esta Corte Suprema, pues esta sede casatoria no  constituye una instancia más en la que se revalore las pruebas  aportadas en el proceso habida cuenta que una de las  finalidades del recurso de casación, es realizar un control de  infracciones normativas no de variar premisas fácticas que  arrojen un cambio de criterio y que calce con los intereses del  impugnante; por lo que no puede ampararse esta causal que  denuncia deviniendo la misma en improcedente. OCTAVO.  En cuanto a la exigencia contenida en el inciso 4 del referido  artículo 388, se advierte que la parte recurrente pretende un  efecto anulatorio principal y revocatorio subordinado; sin  embargo, ello no es suficiente para atender el recurso materia  de calificación, toda vez que los requisitos de procedencia de  este medio impugnatorio son concurrentes, conforme estipula  el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por las razones  expuestas, y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364;  declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación  interpuesto por la demandante LUISA ORDOÑO VIUDA DE  SOSA, contra la sentencia de vista recaída en la resolución  número treinta y cuatro, de fecha cinco de noviembre de dos  mil diecinueve; DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución  en  el  Diario  Oficial  “El  Peruano”,  bajo  responsabilidad; en los seguidos contra Hugo Arpasi Cueva y  otros y otros, sobre interdicto de recobrar; y los devolvieron.  Ponente Señor Ruidías Farfán, Juez Supremo.- S.S.  ROMERO  DÍAZ,  CABELLO  MATAMALA,  AMPUDIA  HERRERA, LÉVANO VERGARA, RUIDÍAS FARFÁN 1  GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires,  1992, pág. 742. 2  GUZMÁN FLUJÁ, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia,  1996, pág. 15. 3  CALAMANDREI, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América.  Buenos Aires, 1959, pág. 55. 4  “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia  es afirmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el  que debe resolverse la cuestión suscitada”. MONTERO AROCA, Juan – FLORS  MATÍES, José. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág.  414. 5  Artículo 139° numeral 5) de la Constitución Política del Perú: “La motivación escrita  de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero  trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en  que se sustentan”. 6  6 MALEM SENA, Jorge F.; El error judicial y la formación de los jueces; Edit.  Gedisa; 2008; pags.33-34. 7  “Con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal  ha precisado que “La Constitución no garantiza una determinada extensión de  la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista  fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí  misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es  breve o concisa…”. C-2136199-21