CASACIÓN Nº 645-2020 LA LIBERTAD
MATERIA: Pago de beneficios sociales SUMILLA. Cuando la decisión del Colegiado Superior  satisface los estándares exigidos en torno al respeto del  derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al  sustentar su decisión, respondiendo además a las alegaciones  esenciales formuladas por las partes dentro del proceso, no  incurre en vicio de motivación alguna. Lima, veinticinco de agosto de dos mil veintidós VISTA; la causa número seiscientos cuarenta y cinco, guion  dos mil veinte, LA LIBERTAD, en audiencia pública de la  fecha y luego de producida la votación con arreglo, se emitela siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata  de los recursos de casación interpuestos por la demandante,  Manuelita Asunción Montoya Muñoz, mediante escrito  presentado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, que  corre en fojas mil cuarenta y cuatro a mil sesenta, y las  codemandadas, Telefónica del Perú Sociedad Anónima  Abierta, mediante escrito presentado el veintinueve de  noviembre de dos mil diecinueve, que corre en fojas mil  sesenta y dos a mil ciento uno, y Telefónica Gestión de  Servicios Compartidos Sociedad Anónima Cerrada,  mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de  dos mil diecinueve, que corre en fojas mil ciento seis a mil  ciento veintidós, contra la Sentencia de Vista de fecha  dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, que corre en  fojas mil a mil treinta y cinco, que confirmó la Sentencia  apelada de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve,  que corre en fojas ochocientos ocho a ochocientos sesenta  y cinco, que declaró fundada la demanda; en el proceso  laboral seguido por la demandante, Manuelita Asunción  Montoya Muñoz, contra las codemandadas, Telefónica del  Perú Sociedad Anónima Abierta, Telefónica Gestión de  Servicios Compartidos Sociedad Anónima Cerrada y  Tgestiona Servicios Contables y Capital Humano  Sociedad Sociedad Anónima Cerrada, sobre pago de  beneficios sociales. CAUSAL DEL RECURSO: De la  revisión del cuaderno de casación, se observa que los  recursos de casación interpuestos: i) por la demandante,  Manuelita  Asunción  Montoya  Muñoz,  se  declaró  procedente mediante resolución de fecha dos de junio de  dos mil veintidós, que corre en fojas doscientos treinta y  ocho a doscientos cuarenta y dos; ii) por la codemandada,  Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, se  declaró procedente mediante resolución de fecha dos de  junio de dos mil veintidós, que corre en fojas doscientos  cuarenta y tres a doscientos cuarenta y ocho; y, iii) por la  codemandada,  Telefónica  Gestión  de  Servicios  Compartidos Sociedad Anónima Abierta, se declaró  procedente mediante resolución de fecha dos de junio de  dos mil veintidós, que corre en fojas doscientos cuarenta y  nueve a doscientos cincuenta y tres; las tres casaciones por  la siguiente causal: Infracción normativa del inciso 3) del  artículo 139° de la Constitución Política del Perú.  Correspondiendo  a  esta  Sala  Suprema  emitir  pronunciamiento al respecto. CONSIDERANDO: Primero.  De la pretensión demandada y pronunciamientos de las  instancias de mérito A fin de establecer si en el caso de  autos se ha incurrido o no en las infracciones reseñadas  precedentemente, es necesario resumir el desarrollo del  proceso: a) Pretensión. Mediante escrito de demanda, que  corre en fojas trescientos cincuenta y siete a cuatrocientos  tres, la demandante solicita el reintegro de haber básico por  incrementos de negociación colectiva, incremento AFP al  10.23%, incremento AFP al 3%, pago por bonificación por  quince, veinte, veinticinco y treinta años de servicios, pago  de horas extras, reintegro de vacaciones, Compensación  por Tiempo de Servicios, utilidades, pago de bonificación  vacacional, bonificación por gratificación extraordinaria,  cierre de pliego, intereses legales y honorarios profesionales. Sentencia de primera instancia. El Octavo Juzgado  Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de La  Libertad, mediante sentencia de fecha diecisiete de abril de  dos mil diecinueve, que corre en fojas ochocientos ocho a  ochocientos sesenta y cinco, declaró fundada la demanda;  ordenando que la demandada cumpla con pagar a favor de  la accionante la suma de un millón doscientos cuarenta y  dos  mil  cuatrocientos  cinco  con  13/100  soles  (S/1,242,405.13), por concepto de pago de beneficios  colectivos consistentes en: incremento remunerativos, pago  de horas extras, asignación por quinquenios, bonificación  vacacional,  bonificación  gratificación  extraordinaria  y  bonificación cierre de pliego; reintegro de gratificación,  compensación de tiempo de servicios y vacaciones;  reintegro de utilidades y pago de incremento de AFP al  10.23% e incremento AFP al 3%. Refiere principalmente  que, existen medios probatorios que acreditan que la  accionante realizó sus labores de forma efectiva y concreta  a favor de Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, la  que ha desarrollado la capacitación, supervisión, el control y  le ha otorgado la logística necesaria para el desempeño de  sus labores, utilizando las herramientas, equipo técnico y  materiales proporcionados por dicha empresa; es decir, la  contratista no contaba con materiales y equipamiento  técnico propio. Asimismo, señala que, la empresa  codemandada Gestión de Servicios Compartidos Sociedad  Anónima Cerrada, no ha contado con autonomía e  independencia para determinar las funciones y condiciones  labores de la accionante; verificándose una mera provisión  de personal que realizó la empresa codemandada a favor deTelefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, siendo de  aplicación lo establecido en el artículo 5°1 de la Ley número  29245, en consecuencia, se ha acreditado en realidad la  codemandada Gestión de Servicios Compartidos Sociedad  Anónima Cerrada, respecto de las labores de la accionante  existía una simple provisión de personal, produciendo la  desnaturalización  de  la  tercerización  de  servicios  cuestionada. En mérito a ello, y en virtud al principio de  continuidad y principio de Primacía de la Realidad, propios  del derecho fundamental al trabajo, se determina la  existencia de un único contrato de trabajo entre la actora y la  empresa Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, por  invalidez de los contratos de Tercerización Laboral celebrado  entre las codemandadas. b) Sentencia de segunda  instancia. La Sala Laboral Transitoria de la misma Corte  Superior, mediante sentencia de vista del veinticinco de abril  de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia apelada, bajo  similares argumentos, modificando la suma de abono, por  lo que ordenaron que Telefónica del Perú S.A.A. cumpla con  pagar a favor de la demandante la suma de quinientos  noventa mil sesenta y dos con 20/100 soles (S/590,062.20)  por los conceptos de reintegro de remuneraciones,  asignación por quinquenio, bonificación por cierre de pliego,  bonificación por vacaciones, horas extras, bonificación  extraordinaria, reintegro de gratificaciones, Incremento AFP  y reintegro de utilidades, así como que pague a la actora la  suma de cuarenta mil novecientos cincuenta y siete con  15/100 soles (S/40,957.15), por concepto de compensación  por tiempo de servicios. Segundo. Delimitación de la  controversia. Conforme a la causal de casación declarada  procedente en el auto calificatorio del recurso, la presente  resolución debe circunscribirse a delimitar si se ha incurrido  en infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de  la Constitución Política del Perú. Tercero. Causales de  infracción normativa del inciso 3) del artículo 139°de la  Constitución Política del Perú. 3.1. El derecho al debido  proceso. a) Definición de derecho al debido proceso. El  debido proceso puede definirse como el conjunto de  garantías formales y materiales que deben ser respetadas  en todo tipo de proceso judicial o administrativo con la  finalidad de expedir una resolución acorde al ordenamiento  jurídico, pero sobre todo justa. El derecho al debido proceso  está consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú, el cual establece como un  principio y derecho de la función jurisdiccional el siguiente:  […] 3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la  jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni  juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por  comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su  denominación […] 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicabLey de los fundamentos de hecho en que se  sustentan […]. b) Dimensiones del derecho al debido  proceso. La doctrina distingue entre debido proceso  sustantivo y debido proceso adjetivo. El debido proceso  sustantivo, según SAGUEZ se […] refiere a la necesidad que  las sentencias (y también, en general, las normas) sean  valiosas en sí mismas, esto es que sean razonables. Ello  alude a un aspecto de fondo o de contenido de la decisión.2  Se puede concluir que la dimensión sustantiva del debido  proceso brinda protección frente a normas legales o actos  arbitrarios provenientes de autoridades, funcionarios o  particulares, controlando la razonabilidad y proporcionalidad  de los mismos. Mientras que el debido proceso adjetivo está  referido a las garantías procesales que deben respetarse en  todo proceso judicial o administrativo, e incluso en las  relaciones entre privados, con la finalidad que dichos  procesos se desarrollen y concluyan con el máximo respeto  a los derechos de los intervinientes. c) Contenido del  derecho al debido proceso. De la revisión de numerosas  ejecutorias emitidas por la Segunda Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia de la República, así como de la sentencia del  Tribunal Constitucional, se puede determinar que el derecho  al debido proceso, comprende los elementos siguientes: i)  Derecho a un juez predeterminado por la ley ii) Derecho de  defensa y patrocinio por un abogado iii) Derecho a un juez  independiente e imparcial iv) Derecho a la prueba v) Derecho  a la motivación de las resoluciones vi) Derecho a los  recursos vii) Derecho a la instancia plural viii) Derecho a la  prohibición de revivir procesos fenecidos ix) Derecho al  plazo razonable d) El derecho al debido proceso en la Nueva  Ley Procesal del Trabajo. El artículo III del Título Preliminar  de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo,  establece como uno de los fundamentos del proceso laboral,la observancia por los jueces del debido proceso. Cuarto.  Esta Sala Suprema ha establecido, en la Casación número  15284- 2018-CAJAMARCA que tiene la calidad de Doctrina  Jurisprudencial, lo siguiente: Se considerará que existe  infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de la  Constitución Política del Estado, por fa lta de motivación o  motivación indebida de la sentencia o auto de vista, cuando  la resolución que se haya expedido adolezca de los defectos  siguientes: 1. Carezca de fundamentación jurídica. 2.  Carezca de fundamentos de hecho. 3. Carezca de logicidad.  4. Carezca de congruencia. 5. Aplique indebidamente,  inaplique o interprete erróneamente una norma de carácter  procesal. 6. Se fundamente en hechos falsos, pruebas  inexistentes, leyes supuestas o derogadas. 7. Se aparte de  la Doctrina Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin  expresar motivación alguna para dicho apartamiento. En  todos los supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará  la nulidad de la sentencia o auto de vista, ordenando a la  Sala Superior emitir nueva resolución. Quinto. Análisis del  caso concreto En el presente caso, estando a los argumentos  expresados por las partes recurrentes, se aprecia que la  Sentencia de Vista ha sido expedida con observancia a la  debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez  que no se advierte la existencia de vicio alguno que atente  contra la citada garantía procesal constitucional, por cuanto  la decisión adoptada se ha ceñido estrictamente a los  medios probatorios aportados al proceso, mostrados y  debatidos en el proceso, así como el análisis de la normativa  aplicable al caso en concreto, de manera que dicha  resolución no puede ser cuestionada por ausencia o defecto  en la motivación y/o sobre algún supuesto que vulnere el  debido proceso, en tanto se ha cumplido con precisar los  hechos y normas que le permiten asumir un criterio  interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi. En  consecuencia, se debe señalar que de lo expuesto en la  parte considerativa y resolutiva de la Sentencia emitida por  el Colegiado de la Sala Superior no se advierte la existencia  de vicio alguno que atente contra el debido proceso, por lo  que la causal invocada se debe declarar infundada. Por  estas consideraciones, la Segunda Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia  de  la  República:  DECISIÓN:  Por  estas  consideraciones: Declararon INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la demandante, Manuelita  Asunción Montoya Muñoz, mediante escrito presentado el  trece de noviembre de dos mil diecinueve, que corre en fojas  mil cuarenta y cuatro a mil sesenta, y las codemandadas,  Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, mediante  escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil  diecinueve, que corre en fojas mil sesenta y dos a mil ciento  uno, y Telefónica Gestión de Servicios Compartidos  Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito presentado  el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que  corre en fojas mil ciento seis a mil ciento veintidós; en  consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista del  dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, que corre en  fojas mil a mil treinta y cinco; ORDENARON la publicación  del texto de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano”, conforme ley; en el proceso laboral seguido por la  demandante, Manuelita Asunción Montoya Muñoz, contra  las  codemandadas,  Telefónica  del  Perú  Sociedad  Anónima Abierta, Telefónica Gestión de Servicios  Compartidos Sociedad Anónima Cerrada y Tgestiona  Servicios Contables y Capital Humano Sociedad  Anónima Cerrada, sobre pago de beneficios sociales;  interviniendo como ponente la señora jueza suprema  Carlos Casas; y devolvieron los actuados. S.S. ARÉVALO  VELA, MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE,  ATO ALVARADO, CARLOS CASAS 1  “Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos señalados en  los artículos 2° y 3° d e la presente Ley y que impliquen una simple provisión de  personal, originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora  tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa principal (…)” 2  SAGUEZ, Néstor Pedro: Elementos de Derecho Constitucional, Tomo II, p. 756. C-2136194-13