iCASACIÓN Nº 819-2020 LIMA
Sumilla: Hay identidad de procesos cuando las partes o  quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés  para obrar, sean los mismos. No sucede así en el caso de  autos. Lima, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa número  ochocientos diecinueve – dos mil veinte, Lima, con los  acompañados respectivos, en audiencia pública llevada a  cabo en la fecha, la Sala Suprema integrada por los señores  Jueces Supremos González Aguilar (presidente), Rueda  Fernández, Bustamante del Castillo, Barra Pineda y Dávila  Broncano, luego de producida la votación con arreglo a ley,  emite la siguiente sentencia: I. Materia del recurso: Se trata  del recurso de casación interpuesto por la empresa  demandante Unión Andina de Cementos S.A.A. (en  adelante, Unacem S.A.A.)1, mediante escrito del dieciocho  de diciembre de dos mil diecinueve (fojas trescientos  sesenta a trescientos setenta y cuatro del expediente judicial  físico), contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número veintidós, del cuatro de noviembre de dos mil  diecinueve (fojas trescientos cuarenta y cuatro a trescientos  cincuenta y tres del expediente judicial físico), que revocó la  sentencia de primera instancia, contenida en la resolución  número diecisiete, del siete de junio de dos mil diecinueve  (fojas doscientos noventa a doscientos noventa y nueve del  Expediente Judicial Físico), que declaró infundada la  demanda.  II.  CONSIDERANDO  1.1.  Antecedentes  administrativos 1.1.1. La Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) inició un  procedimiento de fiscalización a la empresa Unacem S.A.A.  sobre el impuesto a la renta del ejercicio del ejercicio dos mil  uno, producto del cual se determinaron distintos reparos:  venta subvaluada de activo fijo, depreciación no incluida en  el costo de producción, notas de crédito por descuento que  no son costumbre de la plaza y otros reparos que fueron  aceptados. De esta forma, se emitieron las Resoluciones de  Determinación Nº 012-03-0002378 a Nº 012-03-0002380  (fojas mil trescientos sesenta y uno a mil trescientos setenta  y seis del expediente administrativo) y las Resoluciones de  Multa Nº 012-02-0007719 a Nº 012-02-7721, Nº 012-02- 0007724, Nº 012-02-0007727 y Nº 012-02-0007731 a Nº  012-02-0007734 (fojas mil trescientos cincuenta y dos a mil  trescientos sesenta del expediente administrativo). 1.1.2. El  treinta y uno de marzo de dos mil trece, la empresa interpuso  recurso de reclamación parcial contra los acotados valores  (fojas mil doscientos ochenta a mil trescientos diecinueve  del expediente administrativo). Este recurso fue declarado  inadmisible mediante la Resolución de Intendencia Nº  0150140008065, del veintisiete de febrero de dos mil nueve  (fojas mil seiscientos cuarenta y seis a mil seiscientos  setenta y uno del expediente administrativo), respecto a los  extremos vinculados a la Resolución de Determinación Nº  012-003-0002378 y las Resoluciones de Multa Nº 012-02- 0007719, Nº 012-02-0007720, Nº 012-02-0007721, Nº 012- 02-0007724, Nº 012-02-0007727, Nº 012-02-0007731, Nº  012-02-0007732 y Nº 012-02-0007733. Asimismo, dicho  recurso fue declarado fundado en parte, respecto a los  extremos vinculados a las Resoluciones de Determinación  Nº 012-03-0002379 y Nº 012-03-0002380, rectificando y  prosiguiéndose con la cobranza de la deuda tributaria  contenida en tales resoluciones, así como con la cobranza  de la deuda tributaria contenida en Resolución de Multa Nº  012-02-0007734. 1.1.3. Seguidamente, el siete de abril de  dos mil nueve, la empresa interpuso recurso de apelación  contra la mencionada resolución de Intendencia (fojas mil  setecientos dieciséis a mil setecientos sesenta y ocho del  expediente administrativo). Este recurso fue resuelto  mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970-1- 2016, del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas mil  ochocientos cincuenta y cinco a mil ochocientos setenta y  ocho del expediente administrativo), que revocó la resolución  apelada en los extremos referidos a la inadmisibilidad de la  Resolución de Multa Nº 012-02-0007719, los reparos  contenidos en la Resolución de Determinación Nº 012-03- 0002379 y los reparos contenidos en la Resolución de  Determinación  Nº  012-03-0002380.  Asimismo,  se  confirmaron los demás extremos. 1.1.4. En cumplimiento de  lo establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970- 1-2016, la SUNAT emitió la Resolución de Intendencia Nº  0150150001456, del veintisiete de julio de dos mil dieciséis  (fojas mil novecientos siete a mil novecientos dieciséis del  expediente administrativo), mediante la cual resolvió  rectificar y proseguir con la cobranza actualizada de ladeuda tributaria contenida en la Resolución de Determinación  Nº 012-03-0002379 y la Resolución de Multa Nº 012-02- 0007719; rectificar y dar por extinguida la deuda contenida  en la Resolución de Determinación Nº 012-03-0002380; y  dejar sin efecto la Resolución de Multa Nº 012-02-0007734.  1.1.5. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la  empresa interpuso recurso de apelación contra la Resolución  de Intendencia Nº 0150150001456 (fojas mil novecientos  noventa y seis a dos mil siete del expediente administrativo),  el cual fue resuelto mediante la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 11357-1-2016, del seis de diciembre de dos mil  dieciséis (fojas dos mil sesenta a dos mil sesenta y tres del  expediente administrativo), que revocó la resolución apelada  en el extremo referido al monto reliquidado de la Resolución  de Multa Nº 012-02-0007719 y dispuso que la SUNAT  proceda conforme a lo expuesto en la resolución; y confirmó  la resolución apelada en lo demás que contiene. 1.1.6.  Posteriormente, la empresa solicitó la ampliación y/o  aclaración de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1- 2016, lo cual dio lugar a la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 00480-1-2017, del diecisiete de enero de dos mil  diecisiete (fojas cuarenta a cuarenta y uno del expediente  judicial físico), que resolvió declarar infundada la acotada  solicitud. De este modo, se agotó la vía previa de forma  regular. 1.2. Antecedentes del proceso 1.2.1. Demanda El  proceso contencioso administrativo inició con la interposición  de la demanda por parte de la empresa Unacem S.A.A.  (fojas ciento dieciséis a ciento treinta y cuatro del expediente  judicial físico), en la cual postuló las siguientes pretensiones:2  a) Primera pretensión principal: Se declare la nulidad  parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1-2016,  del seis de diciembre de dos mil dieciséis, en el extremo que  confirmó la Resolución de Intendencia Nº 0150150001456  con relación a la reliquidación del importe contenido en la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0002379. b)  Segunda pretensión principal: Se declare la nulidad total  de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00480-1-2017, del  diecisiete de enero de dos mil diecisiete, que declaró  infundada la solicitud de aclaración respecto de la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 11357-1-2016. 1.2.2. Los argumentos  principales que sustentan la demanda son los siguientes: a)  Las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 11357-1-2016 y Nº  00480-1-2017  vulneran  los  principios  de  legalidad,  predictibilidad y debido procedimiento administrativo, al  confirmar una deuda inexistente en la Resolución de  Determinación Nº 012-03-0002379, sobre la base de un  cálculo errado distinto al utilizado y validado por el propio  Tribunal Fiscal en su Resolución Nº 04970-1-2016, con lo  que se incurre en duplicidad de criterio. b) En la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016, se dio la razón a la  empresa demandante y se dejaron sin efecto las resoluciones  asociadas a la deuda no impugnada y cancelada al momento  de interponer el recurso de reclamación, entre las cuales se  incluye la resolución que es objeto de la presente demanda.  De modo que, al dejarse sin efecto tres reparos establecidos  en la Resolución de Determinación Nº 012-003-0002379, se  validaron y reconocieron los argumentos de la empresa. c)  Asimismo, se debe notar que en la Resolución Nº 04970-1- 2016, el Tribunal Fiscal no se pronuncia sobre la deuda de la  Resolución  de  Determinación  Nº  012-003-0002379,  precisamente porque esta se encontraba totalmente  cancelada y no era materia de discusión en la apelación.  Además, cuando dicho tribunal revocó los extremos  impugnados y ordenó “confirmar la Resolución de  Intendencia en lo demás que contiene”, confirma la  admisibilidad del recurso de reclamación parcial, lo que  implica que se abonó la totalidad del pago de la deuda  tributaria. Por tal motivo, el colegiado administrativo no  ordena “reliquidar” expresamente la mencionada resolución  de determinación, puesto que no existía deuda tributaria  alguna y, por ende, no requería hacerlo. d) La Resolución de  Intendencia Nº 0150150001456 incrementó arbitrariamente  la deuda contenida en la resolución de determinación,  puesto que se varió la base de cálculo en el requerimiento  de admisibilidad de S/ 7 200,225.00 (siete millones  doscientos mil doscientos veinticinco soles con cero  céntimos) por una base de cálculo de S/ 7 336,134.00 (siete  millones trescientos treinta y seis mil ciento treinta y cuatro  soles con cero céntimos) y con ello se originó una deuda  inexistente por los supuestos intereses acumulados, que a  su vez fue pagada totalmente en el año dos mil tres, cuando  la empresa canceló la suma de S/ 11,673.00 (once mil  seiscientos setenta y tres soles con cero céntimos). e) El  Tribunal Fiscal también vulneró el principio procesal que  prohíbe la reforma en peor, al desconocer el pago total  realizado por la empresa demandante, correspondiente a  los reparos no impugnados, y confirmar una deuda  inexistente determinada sobre una base de cálculo errada.Dicha situación ha provocado que se genere la exigencia de  duplicidad de pagos por deudas ya extinguidas, dado que i)  el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la empresa  canceló la totalidad de la deuda contenida en la resolución  de determinación correspondiente a los reparos no  impugnados, ascendente a S/ 110,673.00 (ciento diez mil  seiscientos setenta y tres soles con cero céntimos); y ii) el  nueve de febrero de dos mil diecisiete, la empresa ha tenido  que cancelar la suma de S/ 140,607.00 (ciento cuarenta mil  seiscientos siete soles con cero céntimos) por la supuesta  deuda contenida en la Resolución de Determinación Nº 012- 003-0002379, como consecuencia de la Resolución de  Ejecución Coactiva Nº 011.0060051294. f) Se precisa que,  actualmente, en el Vigésimo Primer Juzgado Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad  Tributaria  y  Aduanera, se encuentra en trámite la demanda  contencioso  administrativa  presentada  contra  la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016, bajo el  Expediente Nº 16467-2016. En dicho proceso, se discuten,  entre otros aspectos, la emisión del requerimiento de  admisibilidad por parte de la SUNAT y la deuda tributaria  contenida en las demás resoluciones de determinación y de  multa, emitidas por el ejercicio dos mil uno, que no  constituyen objeto de la presente demanda. g) Por último, se  solicita la acumulación del proceso con aquel tramitado  en el Expediente Nº 16467-2016, por las siguientes  razones: i) ambos son competencia del mismo órgano  jurisdiccional, ii) las pretensiones de ambos procesos no son  contrarias entre sí, iii) son susceptibles de tramitarse en la  misma vía procedimental, y iv) existe conexidad entre  ambos, al referirse a lo resuelto por el Tribunal Fiscal en la  Resolución Nº 4970-1-2016, que permite su resolución  conjunta y sustentarse sobre los resultados de la fiscalización  del ejercicio dos mil uno realizada a la empresa demandante  por la SUNAT. 1.2.3. La demanda es admitida a trámite  mediante resolución número dos, del veintisiete de abril de  dos mil diecisiete (foja ciento cuarenta y siete del Expediente  Judicial Físico). Es contestada por ambos codemandados,  Tribunal Fiscal y SUNAT (fojas ciento cincuenta y siete a  ciento setenta, y ciento ochenta y cinco a ciento noventa y  tres del expediente judicial físico, respectivamente). Luego,  se emite el auto de saneamiento procesal y probatorio (fojas  doscientos once y doscientos doce del expediente judicial  físico), en el cual, además, se declara improcedente3 la  solicitud de acumulación de procesos4 formulada por la  empresa en su demanda. 1.2.4. Sentencia de primera  instancia Con el Dictamen Fiscal Nº 539-2018, emitido por  la Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima, en el que se opinó  que el presente proceso (Expediente Nº 4733-2017) se  debía acumular con el proceso seguido en el Expediente Nº  16467-2016, sin opinión sobre el fondo de la controversia; el  Décimo  Noveno  Juzgado  Especializado  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad  Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de  Lima emitió la sentencia contenida en la resolución número  diecisiete, del siete de junio de dos mil diecinueve, que  declaró infundada la demandada en todos sus extremos.  Los principales fundamentos para arribar a tal conclusión  fueron los siguientes: a) Según el artículo 156 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario y la doctrina, la  resolución de cumplimiento emitida por la administración  tributaria debe ejecutar lo expresamente establecido por el  Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 04970-1-2016. b) En el  caso concreto, en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  04970-1-2016 se revocaron tres reparos contenidos en la  Resolución de Determinación Nº 012-03-0002379 (por venta  subvaluada de activo fijo, depreciación no incluida en el  costo de producción y notas de crédito por descuentos que  no son costumbre de la plaza) y se confirmaron dos reparos  contenidos en la Resolución de Determinación Nº 012-03- 0002380 (por venta subvaluada de activo fijo y notas de  crédito por descuentos que no son costumbre de la plaza).  Asimismo, el Tribunal Fiscal ordenó a la SUNAT reliquidar  las Resoluciones de Multa Nº 012-02-0007719 y Nº 012-02- 0007734. c) Mediante Resolución de Intendencia Nº  0150140008065, la SUNAT liquidó la deuda tributaria  contenida en la Resolución de Determinación Nº 012-03- 0002379 y estableció una renta neta imponible de S/  9’828,297.00 (nueve millones ochocientos veintiocho mil  doscientos noventa y siete soles con cero céntimos); sin  embargo, luego de aplicar la participación de utilidades, se  obtuvo una renta neta imponible de S/ 9’338,100.00 (nueve  millones trescientos treinta y ocho mil cien soles con cero  céntimos); por lo que, finalmente, se determinó un  impuesto a la renta de S/ 2’801,430.00 (dos millones  ochocientos un mil cuatrocientos treinta soles con cero  céntimos). d) Dicha base de cálculo fue revocada por el  Tribunal Fiscal a través de la Resolución Nº 04970-1-2016,respecto a los reparos por venta subvaluada de activo fijo,  depreciación no incluida en el costo de producción y notas  de crédito por descuentos que no son costumbre de la plaza.  Ello generó que, en etapa de cumplimiento, se modificara la  Resolución  de  Determinación  Nº  012-03-0002379,  consignándose en los tres reparos S/ 0.00 (cero soles con  cero céntimos) y obteniéndose una nueva renta neta  imponible de S/ 7’826,331.00 (siete millones ochocientos  veintiséis mil trescientos treinta y un soles con cero  céntimos), que con la aplicación de la participación de  utilidades arrojó una renta neta imponible de S/  7’336,134.00 (siete millones trescientos treinta y seis mil  ciento treinta y cuatro soles con cero céntimos); por lo que,  finalmente, se determinó un impuesto a la renta de S/  2’200,840.00 (dos millones doscientos mil ochocientos  cuarenta soles con cero céntimos). e) De este modo, al  emitirse la Resolución de Intendencia Nº 0150150001456  (de cumplimiento), la SUNAT modificó la base de cálculo de  la Resolución de Intendencia Nº 0150140008065, en la cual  excluyó los tres reparos antes referidos y obtuvo una base  de cálculo de S/ 7’336,134.00 (siete millones trescientos  treinta y seis mil ciento treinta y cuatro soles con cero  céntimos). Sin embargo, tal exclusión es objeto de  cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970- 1-2016, por lo que —al emitirse la Resolución Nº 11357-1- 2016— no se configura duplicidad de criterio o criterio  distinto, ni vulneración a los principios de legalidad,  predictibilidad y debido procedimiento. f) La segunda  pretensión no es amparable, porque la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 480-1-2017 resuelve la solicitud de  aclaración de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1- 2016 y, además, los argumentos que la sustentan son los  mismos de la primera pretensión. 1.2.5. Sentencia de  segunda instancia Ante la apelación interpuesta por la  empresa demandante Unacem S.A.A. contra la acotada  sentencia (fojas trescientos seis a trescientos diecisiete del  expediente judicial físico), la Séptima Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad  Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de  Lima, emitió la sentencia de vista contenida en la resolución  número veintidós, del cuatro de noviembre de dos mil  diecinueve, que revocó la sentencia de primera instancia  que declaró infundada la demanda y, reformándola, declaró  la improcedencia de esta, dejando a salvo el derecho de la  demandante para que lo haga valer en forma oportuna. Los  principales argumentos que sustentaron su decisión son los  siguientes: a) La emisión de la Resolución de Intendencia Nº  0150150001456 y sus alcances se originan por la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016 y sus efectos. Asimismo,  ambos derivan del procedimiento de fiscalización seguido  por la SUNAT contra la empresa demandante por impuesto  general a las ventas e impuesto a la renta del ejercicio dos  mil uno. A su vez, ello generó dos procesos contencioso  administrativos. b) En el proceso seguido en el Expediente  Nº 16467-2017, iniciado contra la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 04970-1-2016, la empresa demandante busca que  el Juez deje sin efecto la Resolución de Determinación Nº  012-03-0002379 y la Resolución de Multa Nº 012-02- 0007719, dado que argumentó en su demanda que el  Tribunal Fiscal omitió excluirlas. Mientras que, en el presente  proceso, también se pretende esencialmente que se deje sin  efecto la Resolución de Determinación Nº 012-03-0002379,  bajo el argumento de que arbitrariamente la administración  tributaria habría variado la base de cálculo a efectos de  determinar dicho valor. c) De la verificación de ambos  procesos, se advierte que son idénticos, en razón de lo  siguiente: i) en cuanto a las partes: en ambos casos quien  demanda es Unión Andina de Cementos S.A.A. y se acciona  contra el Tribunal Fiscal y la SUNAT, ii) en cuanto al petitorio:  en ambos casos, la empresa demandante pretende que se  deje sin efecto la Resolución de Determinación Nº 012-03- 0002379, bajo distintos argumentos, pero en esencia busca  lo mismo; iii) en cuanto al interés para obrar: en ambos  casos, se recurre al Juez en busca de tutela, orientada en  declarar la nulidad de las resoluciones del Tribunal Fiscal  que han declarado válidos los citados valores. Por tanto, se  cumplen los supuestos establecidos en el artículo 452 del  Código Procesal Civil. d) En ese sentido, conforme a lo  previsto en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley Nº 27584  - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,  corresponde declarar improcedente la demanda, al existir  identidad con un extremo de la causa seguida en el  Expediente Nº 16467-2016, la misma que es anterior a la  presente; máxime si, de haber posibles pronunciamientos  contradictorios sobre la misma pretensión (referida a dejar  sin efecto el valor acotado), podría afectarse la seguridad  jurídica. e) Lo pretendido en la presente demanda resulta un  imposible jurídico, en tanto existe otro proceso, donde ladecisión sobre el fondo potencialmente afectaría a la  decisión en este proceso contradiciéndola, o viceversa. f)  Por último, en el análisis del colegiado superior se advierte  que, en primera instancia, no se resolvió conforme a derecho  la solicitud de acumulación de procesos presentada por la  empresa demandante, a pesar de la existencia de elementos  evidentes para disponerla y de que el proceso signado con  Expediente Nº 16467-2016 aún no había sido sentenciado.  1.3. Causales del recurso de casación Mediante auto  calificatorio del veintiuno de julio de dos mil veinte (fojas  ciento catorce a ciento diecinueve del cuaderno de casación),  se declaró procedente el recurso de casación interpuesto  por la empresa demandante Unión Andina de Cementos  S.A.A. por las causales que se detallan a continuación: a)  Infracción normativa del artículo 452 del Código Procesal  Civil y del inciso 4 del artículo 22 de la Ley Nº 27584 - Ley  que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. b)  Infracción normativa del inciso 5 del artículo 427 del Código  Procesal Civil. c) Infracción normativa del inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 1.4.  Delimitación de la materia controvertida Por lo expuesto,  es materia de grado analizar la fundabilidad del recurso de  casación presentado por la empresa Unión Andina de  Cementos S.A.A., respecto de las infracciones normativas  declaradas procedentes mediante auto calificatorio Nº 819- 2020 Lima, del veintiuno de julio de dos mil veinte. Para ello,  se tendrá en cuenta la cuestión controvertida analizada por  las instancias de mérito. En esa misma línea, partiendo de  las facultades de esta Sala Suprema, debe quedar claro  que, al analizarse las causales denunciadas por la empresa  recurrente, corresponde absolverlas sin realizar labor  valorativa de las pruebas actuadas y los aspectos fácticos.  III. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero:  Objeto del recurso de casación Según lo establecido en el  artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley Nº 29364, el recurso de casación tiene  por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad  nomofiláctica y uniformizadora, respectivamente), aspecto  precisado por las Casaciones Nº 4197- 2007/La Libertad y  Nº 615-2008/Arequipa5. Por tanto, esta Sala Suprema, sin  constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir  su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del  recurso por las causales declaradas procedentes. Asimismo,  considerando que en el recurso de casación objeto de  análisis se formularon tres infracciones normativas contra  normas de carácter procesal (error in procedendo), que han  sido declaradas procedentes, corresponde analizarlas de  forma conjunta por su vinculación. Segundo: Fundamentos  de las infracciones normativas denunciadas por la  empresa demandante Unacem S.A.A. 1.1. Infracción  normativa del artículo 452 del Código Procesal Civil y  del inciso 4 del artículo 22 de la Ley Nº 27584 - Ley que  Regula el Proceso Contencioso Administrativo Los  argumentos son los siguientes: a) Se ha aplicado  indebidamente el artículo 452 del Código Procesal Civil,  dado que no existe identidad entre los procesos seguidos  bajo los Expedientes Nº 16467-2016 y Nº 4733-2017. Por  tanto, no era aplicable la causal de improcedencia  establecida en el inciso 4 del artículo 22 de la Ley Nº 27584.  b) No existe identidad de procesos porque el petitorio en  ambos casos es diferente y, conforme a ley, producirá  efectos diferentes. Así, en ambos casos el petitorio no es  que se deje sin efecto la Resolución de Determinación Nº  012-03-0002379, sino que se declare la nulidad de las  resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en cada caso. c)  No se ha considerado que mediante la resolución  número siete, del treinta de enero de dos mil dieciocho,  emitida en este proceso, el Juez de primera instancia evaluó  la posible identidad de procesos y concluyó que no existía  tal. En el Expediente Nº 4733-2017, la controversia es  analizar si correspondía que el Tribunal Fiscal, mediante las  Resoluciones Nº 11357-1-2016 y Nº 00480-1-2017, confirme  la reliquidación de la deuda tributaria efectuada por la  SUNAT, mientras que, en el Expediente Nº 16467-2016, la  controversia es determinar si correspondía aplicar el régimen  de incentivos, declarar la inadmisibilidad de las resoluciones  de multa y si el Tribunal Fiscal debía dejar sin efecto la  Resolución de Determinación Nº 012-03-0002379 y la  Resolución de Multa Nº 12-02-0007719. 1.2. Infracción  normativa del inciso 5 del artículo 427 del Código  Procesal Civil Para sustentar dicha causal, la empresa  recurrente alega que el inciso 5 del artículo 427 del Código  Procesal Civil ha sido indebidamente aplicado porque no se  configura el supuesto de hecho generador de la referida  norma, toda vez que el petitorio de la demanda es jurídica y  físicamente posible, y no atenta contra el orden público ni lasbuenas costumbres, no se encuentra prohibido por ninguna  norma legal y tampoco involucra bienes públicos. Por tal  motivo, considerando que no existe una identidad de  procesos y que el petitorio es jurídica y físicamente posible,  sí se puede analizar si corresponde declarar la nulidad de  las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 11357-1-2016 y  00480-1-2017. 1.3. Infracción normativa del inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Para  sustentar la causal acotada relacionada a la norma  constitucional, la empresa recurrente alega que la Sala  Superior ha actuado de forma arbitraria y contraria a  derecho, vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional  efectiva en la vertiente de acceso a la justicia; puesto que,  como se ha demostrado, al no existir identidad de procesos  ni una causal de improcedencia aplicable, correspondía que  el referido órgano jurisdiccional se pronunciara sobre los  argumentos de fondo expresados en el recurso de apelación  de sentencia. De esta forma, añade que la declaración de  improcedencia de la demanda la coloca en un supuesto de  indefensión y de ausencia de tutela jurisdiccional efectiva,  en tanto, queda en desamparo al no existir otra vía por la  que se pueda discutir la indebida reliquidación efectuada por  SUNAT. Tercero: Marco normativo pertinente 1.1. Texto  Único Ordenado del Código Procesal Civil, publicado el  veintidós de abril de mil novecientos noventa y tres: Artículo  427.- Improcedencia de la demanda El Juez declara  improcedente la demanda cuando: […] 5. El petitorio fuese  jurídica o físicamente imposible.[…] Artículo 452.- Procesos  idénticos Hay identidad de procesos cuando las partes o  quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el  interés para obrar, sean los mismos. 1.2. Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto  Supremo Nº 011-2019-JUS Artículo 22.- Improcedencia de  la demanda La demanda será declarada improcedente en  los siguientes supuestos: […] 4. Cuando exista otro  proceso judicial o arbitral idéntico, conforme a los  supuestos establecidos en el artículo 452 del Código  Procesal Civil. […]. [Énfasis nuestro] Cuarto: Sobre el  derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva  1.1. Es pertinente recurrir a la regulación expresa del inciso  3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que a  la letra dice: Ninguna persona puede ser desviada de la  jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni  juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por  comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su  denominación. En el desarrollo doctrinal del derecho al  debido proceso, se concibe una subdivisión y diferenciación  entre el debido proceso sustancial y el debido proceso  procesal. El primero exige que todos los actos de poder,  como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones  judiciales inclusive, sean justos, es decir, razonables y  respetuosos de los valores superiores, de los derechos  fundamentales  y  de  los  demás  bienes  jurídicos  constitucionalmente protegidos. Por otro lado, el debido  proceso procesal está conformado por el conjunto de  derechos esenciales que impiden que la libertad y los  derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho, incluido el  Estado6. 1.2. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado  sobre este derecho en distintas oportunidades; por citar,  mencionemos la sentencia recaída en el Expediente Nº  2521-2005-PHC/TC, del veinticuatro de octubre de dos mil  cinco: […] 5. En lo que respecta al derecho al debido  proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la  Constitución, cabe señalar que dicho atributo fundamental  forma parte del “modelo constitucional del proceso”, cuyas  garantías mínimas deben ser respetadas para que el  proceso pueda considerarse debido. En ese sentido, la  exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver  con la necesidad de garantizar a todo justiciable  determinadas garantías mínimas cuando este participa  en un proceso judicial sino también con la propia validez  de la configuración del proceso, cualquiera que sea la  materia que en su seno se pueda dirimir […] [Énfasis  nuestro] De la regulación contenida en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú y de la interpretación  del Tribunal Constitucional, se desprende que la norma  constitucional estaría referida solo al debido proceso  procesal. En la sentencia recaída en el Expediente Nº 2940- 2002-HC/TC, el máximo intérprete de la Constitución señaló:  […] 2. […] El debido proceso, reconocido en el artículo 139°,  inciso 3), de la Constitución vigente, es una garantía  procesal compuesta de un conjunto de principios y  presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo  proceso para asegurar al justiciable la certeza, justicia ylegitimidad de su resultado. 3. El derecho al debido  proceso dota, a quien es parte del mismo, de una serie de  garantías esenciales durante su inicio, tramitación y  conclusión. Estos derechos esenciales, sin ser taxativos,  son los siguiente: de defensa, publicidad del proceso, a  ser asistido y defendido por abogado, derecho a  impugnar, derecho a la prueba, derecho a una justicia  sin dilaciones indebidas y derecho a un juez imparcial.  […]. [Énfasis nuestro] 1.3. El derecho al debido proceso en  otro ámbito distinto al judicial abarca el principio al debido  procedimiento administrativo, regulado expresamente en la  Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo  General, por el cual se les concede a los administrados  derechos y garantías implícitos en un procedimiento regular  y justo. En palabras de Morón Urbina7: El principio del debido  procedimiento constituye una garantía general de los  ciudadanos que ha sido introducida al Derecho  administrativo primero por la jurisprudencia, derivándola  del derecho natural y de los tratados internacionales de  derechos humanos. [Énfasis nuestro] De ahí que el debido  procedimiento se asemeja al debido proceso, porque  comprende al conjunto de garantías que se ofrecen al  administrado frente a la administración pública, dentro de un  procedimiento administrativo. Estas garantías han sido  estudiadas por el jurista Brewer-Carías8, que luego de un  análisis  comparativo  de  diversas  legislaciones  latinoamericanas, enumera como las principales garantías  del debido procedimiento: i) el principio del contradictorio, ii)  el derecho a la defensa, iii) el principio de la gratuidad, iv) el  principio de la motivación de los actos administrativos, v) el  principio de la confianza legítima, y vi) el tema de la garantía  de la tutela judicial efectiva y su relación con el principio del  agotamiento de la vía administrativa. 1.4. En suma, se colige  que el debido proceso implica el respeto, dentro de todo  proceso judicial, de los derechos y garantías mínimas con  que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda  tramitarse y resolverse en justicia. Quinto: Análisis conjunto  de las infracciones normativas de carácter procesal 1.1. De  la lectura integral de los argumentos que sustentan las  infracciones normativas detalladas precedentemente, se  advierte que la declaración de improcedencia de la demanda  por la supuesta configuración de litispendencia y por tratarse  de un petitorio jurídica y físicamente imposible, afectaría el  derecho de la empresa recurrente a la tutela jurisdiccional  efectiva, en la vertiente de acceso a la justicia, máxime si tal  situación le impediría recurrir a otra vía, dejándola en  indefensión. Por tanto, en el hipotético caso de que se  ratifique la identidad de los procesos seguidos en los  Expedientes  Nº  16467-2016  y  Nº  4733-2017,  la  consecuencia jurídica inmediata sería colegir que la  sentencia de vista ha sido emitida acorde a derecho. Sin  embargo, si se revelase que no se configura la supuesta  identidad de procesos, la consecuencia jurídica inmediata  sería concluir que la sentencia de vista no ha sido emitida  acorde a derecho y, por ende, debe ser revocada o, en su  defecto, anulada. 1.2. Para dilucidar si en este caso se  configuró la identidad de procesos, es necesario remitirnos a  lo resuelto en vía administrativa, teniendo como referencia el  detalle del numeral 2.1 de la presente ejecutoria suprema.  De modo que se tiene que la empresa demandante fue  fiscalizada por impuesto a la renta del ejercicio dos mil uno y  ello concluyó con la formulación de distintos reparos y la  emisión de resoluciones de determinación y de multa. Si  bien, estos valores fueron recurridos por la empresa — mediante la interposición de recurso de reclamación—, en la  primera oportunidad que el Tribunal Fiscal tomó conocimiento  del caso por la apelación de la Resolución de Intendencia Nº  0150140008065, emitió la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 04970-1-2016, que no contenía una decisión definitoria  respecto a todos los extremos cuestionados, sino que  resolvía la revocación parcial de la resolución apelada. Esta  situación dio lugar a que la SUNAT emitiera la Resolución  de Intendencia Nº 0150150001456 (de cumplimiento), en  la que se resolvieron algunas cuestiones pendientes de  pronunciamiento de fondo, resolución que al ser apelada dio  lugar a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1-2016.  Con posterioridad, la empresa solicitó la aclaración de este  último pronunciamiento del colegiado administrativo; sin  embargo, tal solicitud fue declarada infundada mediante  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00480-1-2017. Hasta  este punto, es importante identificar los actos administrativos  que se emitieron en el devenir del procedimiento  administrativo seguido a la empresa demandante por la  fiscalización del impuesto a la renta del ejercicio dos mil uno.  Del mismo modo, es relevante indicar que las pretensiones  contenidas en la demanda que dio inicio a este proceso  judicial (expediente signado con el número 4733-2017,)  están referidas a la nulidad parcial de la Resolución delTribunal Fiscal Nº 11357-1-2016, del seis de diciembre de  dos mil dieciséis, y la nulidad total de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 00480-1-2017, del diecisiete de enero de  dos mil diecisiete, lo cual ha sido reconocido tanto por el  Juzgado como por la Sala Superior, cuando en su  oportunidad plasmaron las pretensiones de la demanda  y delimitaron la materia controvertida, en los numerales  I.6 (parte expositiva) y II.1 (parte considerativa) de la  sentencia de primera instancia y en el fundamento tercero  de la sentencia de vista. 1.3. Como es de verse, el petitorio  de la demanda no contiene un pedido de nulidad de la  Resolución  del  Tribunal  Fiscal  Nº  04970-1-2016  (primigenia), sino de la segunda resolución emitida por  el colegiado administrativo (signada con el número  11357-1-2016) y de la resolución que deniega la solicitud  de aclaración (de número 00480-1-2017). Por ende, es  pertinente mencionar que la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 04970-1-2016 ha sido impugnada en otro proceso judicial  (expediente signado con número 16467-2016, por las  instancias de mérito). El Vigésimo Primer Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad Tributaria y Aduanera declaró improcedente  la demanda, decisión que, al ser apelada, fue anulada por la  Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad Tributaria y Aduanera, mediante  resolución número siete, del primero de septiembre de dos  mil diecisiete9. En el considerando segundo de esta  resolución de vista, se indicaron las pretensiones formuladas  en  el  Expediente  Nº  16467-2016:  SEGUNDO:  La  demandante postula como pretensión principal, se declare la  nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  04970-1-2016 de fecha 25 de mayo de 2016, en los extremos  que: i) confirma que la SUNAT tiene la facultad de evaluar  la admisibilidad y de emitir un requerimiento de  admisibilidad, vencido el plazo de treinta días hábiles y el  plazo de seis meses para resolver los recursos de  reclamación previsto en el Código Tributario, en mérito a lo  cual se declaró inadmisible el recurso de reclamación parcial  interpuesto contra la Resolución de Determinación Nº 012- 03-0002378 emitida por los intereses referenciales del  periodo de regularización del IR del ejercicio 2001; las  Resoluciones de Multa N°s 012-02-0007720, 012-02- 0007721, 012-02-0007724 y 012-02-007727 emitidas por la  infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178 del  Código Tributario, respecto a los pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta de los periodos febrero, marzo,  junio y setiembre 2001; las Resoluciones de Multa Nº 012- 02-0007731 a 012-02-0007733 emitidas por haber incurrido  en la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178  del Código Tributario por el IGV de los periodos febrero a  junio de 2001; ii) confirma la inaplicación del Régimen de  Incentivos respecto a las Resoluciones de Multa N°s  012-02-0007720, 012-02-0007721, 012-02-0007724 y 012- 02-0007727; iii) omite dejar sin efecto la Resolución de  Determinación Nº 012-030002379 y la Resolución de  Multa Nº 012-02-0007719. […]. [Énfasis nuestro] Aunado a  ello, el colegiado superior en el considerando quinto de  dicha resolución, alude a que mediante la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016 se revocó la Resolución de  Intendencia Nº 0150140008065, en los extremos referidos a  la inadmisibilidad de la Resolución de Multa Nº 012-02- 0007719; los reparos contenidos en la Resolución de  Determinación Nº 012-03-0002379, por venta subvaluada de  activo fijo, depreciación no incluida en el costo de producción  y notas de crédito por descuentos que no son costumbre de  la plaza; y los reparos contenidos en la Resolución de  Determinación Nº 012-03-0002380, por venta subvaluada de  activo fijo y notas de crédito por descuentos que no son  costumbre de la plaza. A partir de ello, en el considerando  sexto del citado auto de vista emitido en el Expediente Nº  16467-2016, se señala que: SEXTO: Al respecto, del  contenido de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970- 1-2016 de fecha 25 de mayo de 2016 se constata que con  la misma se dio por agotada la vía administrativa […] en  la medida que la actora solamente podía impugnarla en  sede judicial al haber agotado los recursos administrativos  que la ley prevé, siendo que la cuestión a dilucidar en el  presente proceso, entre otros, es si la declaración de  inadmisibilidad de la reclamación respecto a la  Resolución de Determinación Nº 012-03-0002378 y las  Resoluciones de Multa N°s 012-02-0007720, 012-02- 0007721,  012-02-0007724,  012-02-0007727,  012-02- 000731 al 012-02-0007733 se efectuó de acuerdo a ley, a  efectos de determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  04970-1-2016 de fecha 25 de mayo de 2016 adolece o no de  nulidad parcial; […]. [Énfasis nuestro] De aquí que, en la  precitada decisión judicial, se admite el extremo que fue  revocado por el Tribunal Fiscal en su Resolución Nº 04970-1-2016, el cual precisamente fue objeto de pronunciamiento  en la Resolución de Intendencia Nº 0150150001456 y  posteriormente en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  11357-1-2016. De modo que el extremo revocado no causó  estado con la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970-1- 2016, sino con la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  11357-1-2016 (última decisión del colegiado administrativo),  que ahora la empresa demandante está cuestionando en el  presente proceso. 1.4. Sin perjuicio de lo anterior, en el  Expediente Nº 16467-2016, la Sala Superior refirió que uno  de los argumentos de la demanda dirigida a declarar la  nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  04970-1-2016 cuestiona el extremo en que el colegiado  administrativo omite dejar sin efecto la Resolución de  Determinación Nº 012-030002379 y la Resolución de Multa  Nº 012-02-0007719. Expresamente, en el considerando  octavo del auto de vista (resolución número siete), se indica:  OCTAVO: […] Sobre el particular, en la recurrida se señala  que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04970-1-2016 no  causa estado en relación a la Resolución de Multa N° 012- 02-0007719 en la medida que ordena a la administración a  emitir nuevo pronunciamiento (reenvío), por lo que no resulta  impugnable judicialmente. Sin embargo, de acuerdo con el  tenor de la demanda, lo que se pretende es que se nulifique  en parte la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04970-1- 2016 precisamente por omitir dejar sin efecto la  Resolución de Determinación N° 012-030002379 y la  Resolución de Multa N° 012-02-0007719, dado que, según  afirma la actora, no cabía disponer el reenvío a la  Administración Tributaria de acuerdo a lo expresado en  la propia Resolución del Tribunal Fiscal N° 04970-1- 2016, lo que constituye una cuestión de fondo que  también debe ser dilucidada al momento de emitir  sentencia, de ser el caso. [Énfasis nuestro] Así las cosas,  esta resolución emitida en el proceso signado con Expediente  Nº  16467-2016  dispone  que  el  Juzgado  emita  pronunciamiento de fondo respecto a la omisión que habría  tenido el Tribunal Fiscal para dejar sin efecto la  Resolución de Determinación Nº 012-030002379 y la  Resolución de Multa Nº 012-02-0007719, porque ello —a  consideración de la empresa demandante— viciaría de  nulidad parcial el acotado acto administrativo. Sin embargo,  en este proceso no es un argumento de las pretensiones  postuladas la nulidad de la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 11357-1-2016 por la “omisión de dejar sin  efecto la Resolución de Determinación Nº 012-030002379  y la Resolución de Multa Nº 012-02-0007719”, puesto que,  al haberse continuado el trámite en sede administrativa  respecto a estos valores, se concretizó la emisión de un  nuevo pronunciamiento sobre estos. Por tanto, en los  términos del artículo 452 del Código Procesal Civil, no es  correcto afirmar que existe identidad de procesos en los  Expedientes Nº 16467-2016 y Nº 4733-2017, dado que en  ambos procesos únicamente concurre el requisito de  identidad de las partes procesales: como demandante, la  empresa Unacem S.A.A., y como demandados, las entidades  SUNAT y Tribunal Fiscal. No sucede lo mismo con los otros  requisitos. 1.5. Sobre la figura jurídica de litispendencia, la  Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido  pronunciamiento, dejando establecido que: Primero. [Por]  litispendencia se debe entender, en términos generales, la  existencia de dos procesos idénticos que se encuentran en  trámite; es decir, de dos procesos en los cuales no se ha  emitido sentencia firme. Segundo. [La] litispendencia es una  de las excepciones que nuestro ordenamiento permite  proponer como así lo ha contemplado el artículo 446 inciso  7o del Código Procesal Civil, y la cual tiene por finalidad  impedir que existiendo un proceso pendiente de resolver se  promueva otro en el que se ventile el mismo asunto entre las  mismas partes.10 Tercero. [...] [Para] determinar la  contemporaneidad de dos pretensiones a efecto de dilucidar  si existe litispendencia, debe tomarse en cuenta lo nombrado  por el artículo 453 del Código Adjetivo, en cuanto resulta  pertinente. Cuarto. Asimismo para establecer la identidad  de petitorios debe tenerse en cuenta la finalidad de ambas  pretensiones [...].11 Así las cosas, la litispendencia se  configura cuando existe la concurrencia de la identidad de i)  las partes o quienes de ellos deriven sus derechos; ii) el  petitorio; y iii) el interés para obrar. Por tanto, no basta con  que se cumpla uno de ellos. Además, conforme a la  jurisprudencia de la Corte Suprema, para identificar la  identidad del petitorio y del interés para obrar, es primordial  recurrir a los fundamentos que sustentan el petitorio de la  demanda. 1.6. En el considerando séptimo de la sentencia  de vista recurrida (resolución número veintidós), se analiza  la concurrencia de la triple identidad, de la siguiente forma:  SÉPTIMO: […] de la verificación de ambos procesos, se  advierte que los mismo son idénticos en razón a lo siguiente:1) En las partes: en ambos casos quien demanda es Unión  Andina de Cementos S.A.A. y está dirigida contra el Tribunal  Fiscal y la Sunat, 2) El petitorio: en ambos casos, el  demandante pretende que se deje sin efecto la  Resolución de Determinación Nº 012-03-0002379, bajo  distintos argumentos, pero en esencia se busca lo mismo; y  3) El interés para obrar: en ambos casos se recurre al juez  en busca de tutela, orientada en declarar la nulidad de las  resoluciones del Tribunal Fiscal que han declarado válidos  los citados valores. Por tanto, en base a lo anterior se  cumplen los supuestos establecidos en el artículo 452 del  Código Procesal Civil. [Énfasis nuestro] Como se aprecia, la  Sala Superior sustenta su decisión de declarar improcedente  la  demanda,  argumentado  que  los  tres  requisitos  desarrollados precedentemente se cumplen a cabalidad.  Esta Sala Suprema no niega la identidad de las partes  procesales; sin embargo, discrepa de la supuesta  configuración de los requisitos restantes, toda vez que el  petitorio y el interés para obrar en el Expediente Nº 16467- 2016 y el presente proceso no son idénticos. Por tanto, es  pertinente reiterar que, en el proceso signado con Expediente  Nº 16467-2016, al solicitarse la nulidad de la Resolución del  Tribunal Nº 04970-1-2016, no se solicitó que se deje sin  efecto la Resolución de Determinación Nº 012-030002379,  pues únicamente se hizo referencia a dicha resolución para  alegar que la citada Resolución Nº 04970-1-2016 habría  incurrido en vicio de nulidad por omitir dejar sin efecto la  referida resolución de determinación. Esto, evidentemente,  denota que el interés para obrar en ambos procesos es  disímil. 1.7. Por otro lado, la Sala Superior afirma que, ante  dos procesos similares, existe la posibilidad de emitir  sentencias contradictorias, lo cual no es acorde a la  predictibilidad ni a la seguridad jurídica. Además, refiere  que, al estar pendiente de resolver otro proceso, lo  pretendido en este no es posible jurídicamente. No obstante,  cabe precisar que se soslaya la aplicación de la figura  jurídica de “suspensión del proceso”, prevista en el artículo  320 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: Artículo  320.- Se puede declarar la suspensión del proceso, de  oficio o a pedido de parte, en los casos previstos legalmente  o cuando a criterio del Juez sea necesario. El Juez a pedido  de parte, suspende la expedición de la sentencia en un  proceso siempre que la pretensión planteada en él dependa  directamente de lo que debe resolver en otro proceso en  el que se haya planteado otra pretensión cuya  dilucidación sea esencial y determinante para resolver  la pretensión planteada por él. Para ello es necesario que  las pretensiones sean conexas, a pesar de lo cual no puedan  ser acumuladas, caso contrario, deberá disponerse su  acumulación. [Énfasis nuestro] Por tanto, la posible  afectación de los principios de predictibilidad y seguridad  jurídica tiene una solución jurídica prevista en el artículo  anotado. En ese sentido, al no haberse configurado la  litispendencia por la identidad de los procesos seguidos  en los Expedientes Nº 16467-2016 y Nº 4733-2017, no era  correcto aplicar el artículo 452 del Código Procesal Civil y el  inciso 4 del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley  Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, menos aún el inciso 5 del artículo 427 del  Código Procesal Civil, que señala: “El Juez declara  improcedente la demanda cuando: […] 5. El petitorio fuese  jurídica o físicamente imposible. […], puesto que no se está  frente a un petitorio que no fuese jurídica y físicamente  posible de analizar”. 1.8. A mayor ahondamiento, en la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016, del  veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, no solo se analizó  si los reparos y sanciones vinculados a ellos se encontraban  acordes a ley, sino también la inadmisibilidad declarada por  la SUNAT respecto a la Resolución de Determinación Nº  012-03-0002378 y las Resoluciones de Multa Nº 012-02- 0007719 a Nº 012-02-0007721, Nº 012-02-0007724, Nº 012- 02-0007727 y Nº 012-02-0007731 a Nº 012-02-0007733. -  Sobre la inadmisibilidad del recurso de reclamación  interpuesto contra la Resolución de Determinación Nº 012- 03-0002378, el Tribunal Fiscal señaló: […] al no haberse  cumplido con el requisito del pago de la parte de la deuda  no reclamada, para que se admita a trámite el recurso de  reclamación del citado valor, procede confirmar la apelada  en este extremo. [Énfasis nuestro] - Sobre la inadmisibilidad  del  recurso  de  reclamación  interpuesto  contra  las  Resoluciones de Multa Nº 012-02-0007719 a Nº 012-02- 0007721, Nº 012-02-0007724, Nº 012-02-0007727 y Nº 012- 02-0007731 a Nº 012-02-0007733, el Tribunal Fiscal señaló:  […] se aprecia que, en los cálculos para la determinación de  la multa actualizada, no se aplicó el beneficio previsto en el  inciso c) del artículo 179 del Código Tributario, aludido por la  recurrente, por lo que en el presente caso corresponde  determinar en primer lugar si procedía la aplicación dedicho beneficio y en segundo lugar, si el monto pagado  por la recurrente cancelaba las multas materia de  acotación […]. [Énfasis nuestro] De ahí que verificó que las  Resoluciones de Multa Nº 012-02-0007720, Nº 012-02- 0007721, Nº 012-02-0007724 y Nº 012-02-0007727, estaban  relacionadas a los pagos a cuenta del impuesto a la renta  contenidos en la Resolución de Determinación Nº 012-03- 0002378, por lo que, al no haberse cancelado esta  resolución, no procedía el acogimiento de las referidas  multas al beneficio previsto en el inciso c) del artículo 179  del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Asimismo:  […] al no haberse cancelado en forma total las resoluciones  de multa […], no procedía que se admita a trámite la  reclamación de los citados valores, por lo que corresponde  confirmar la apelada en este extremo. […]. [Énfasis  nuestro] Por otro lado, respecto a las Resoluciones de Multa  Nº 012-02-0007731 a Nº 012-02-0007733, emitidas por  omisiones al impuesto general a las ventas de los periodos  febrero, marzo y junio dos mil uno, se indicó: […] los pagos  realizados por la recurrente no cancelan el monto de la  multa de la parte no impugnada, por lo que al no cumplirse  con uno de los requisitos para admitir a trámite el reclamo de  las resoluciones de multa, corresponde confirmar la  apelada en este extremo. […]. [Énfasis nuestro] -  Analizando el pronunciamiento de la SUNAT respecto a la  Resolución de Multa Nº 012-02-0007719, el Tribunal Fiscal  refirió que en la reliquidación la administración no consideró  el acogimiento de la recurrente al beneficio contemplado en  el inciso c) del artículo 179 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, por lo que, luego de verificar si procedía o  no dicho beneficio, concluye que: […] se evidencia que la  recurrente al acogerse al Régimen de Inventivos pagó la  multa por la deuda no reclamada en función de los  reparos aceptados. […] al haberse determinado que la  recurrente canceló el tributo omitido y la multa de la parte  por los reparos no impugnados, procedía que admita a  trámite la reclamación de la Resolución de Multa Nº 012- 02-0007719, por lo que en el caso de autos procede revocar  la apelada en este extremo y por economía procesal emitir  pronunciamiento respecto del fondo del asunto. [Énfasis  nuestro] - De otro lado, respecto a las Resoluciones de  Determinación Nº 012-03-0002379 y Nº 012-03-0002380, y  considerando los argumentos del recurso de reclamación, el  Tribunal Fiscal solo analiza los reparos por conceptos de  venta subvaluada de activo fijo, depreciación no incluida en  el costo de producción y notas de crédito por descuentos  que no son costumbre de la plaza. A partir de ello, refiere  que: 1. Venta subvaluada de activo fijo (Renta e Impuesto  General a las Ventas) […] el reparo no se encuentra  debidamente sustentado, toda vez que la Administración no  ha efectuado una comparación de bienes similares en las  operaciones de venta de los vehículos usados y por  consiguiente, no ha determinado correctamente el valor de  mercado de éstos, […] en consecuencia, corresponde  levantar el reparo con incidencia en el Impuesto a la  Renta y en el Impuesto General a las Ventas […]. 2.  Depreciación no incluida en el costo de producción  (Impuesto a la Renta) […] si bien resulta correcto que la  depreciación de los activos que participan en la producción  del carbón, formen parte del costo de producción, el monto  de dicha depreciación debe de estar constituido solamente  por aquellos bienes que participan en la producción, aspecto  que no fue tomado en cuenta por la Administración, por lo  que procede levantar el reparo y revocar la apelada en  este extremo […]. 3. Notas de crédito por descuentos  que no son costumbres de la plaza (Impuesto a la Renta  e IGV) […] si bien la recurrente accedió a otorgarle un  descuento a su cliente en función de una circunstancia  especial, dicha circunstancia obedecía a la posibilidad de un  incremento en el volumen de sus ventas por el consumo del  carbón pulverizado destinado a la exportación, que como se  indicara en el considerando anterior, tuvo incidencia en el  ejercicio dos mil uno, aspecto que no fue advertido por la  Administración […], pues solo se limitó a señalar que tal  circunstancia estaba orientada a la necesidad del cliente que  no obedecía a una práctica usual en el mercado, sin tener en  cuenta del efecto que pudo tener dicho descuentos en las  ventas de la recurrente. Que en tal sentido al no estar  debidamente  motivado  el  reparo,  dado  que  la  Administración no tomó en cuenta el incremento en el  volumen de venta producido después del acuerdo tomado  para la aplicación de los descuentos, procede revocarla  apelada en este extremo. […] [Énfasis nuestro] -  Posteriormente, luego de analizar las Resoluciones de  Determinación Nº 012-03-0002379 y Nº 012-03-0002380, el  Tribunal Fiscal indica que la Resolución de Multa Nº 012-02- 0007719 y la Resolución de Multa Nº 012-02-0007734 han  sido emitidas como consecuencia de la omisión determinadapor la administración tributaria en las citadas resoluciones  de determinación, derivadas de los reparos formulados por  aquellas; por lo que ordena que la SUNAT reliquide la  sanción en función al pronunciamiento emitido. 1.9. Ante la  orden de reliquidación, se emitió la Resolución de  Intendencia Nº 0150150001456 (de cumplimiento), del  veintisiete de julio de dos mil dieciséis, que al ser apelada  dio lugar a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1- 2016, del seis de diciembre de dos mil dieciséis (impugnada  en este proceso), que se pronunció sobre la referida  apelación administrativa en los siguientes términos: […] en  cumplimiento de la Resolución Nº 04970-1-2016, la  Administración emitió la resolución apelada (fojas 1961 a  1979), en la que reliquidó entre otras, la Resolución de  Determinación Nº 012-03-0002379, excluyendo los montos  por concepto de venta subvaluada de activo fijo, depreciación  no incluida en el costo de producción y notas de crédito por  descuentos que no son costumbres de la plaza ascendentes  a S/. 41,736.00, S/. 33,460.00 y S/. 1’938,012.00. Asimismo,  reliquidó la Resolución de Multa Nº 012-02-0007719 […]  tomando en cuenta los reparos levantados. [Énfasis  nuestro]. 1.10. Acto seguido, se deja constancia de que la  apelación administrativa interpuesta por la empresa  recurrente contra la Resolución de Intendencia Nº  0150150001456 solo cuestiona la reliquidación de la  resolución de determinación y de la referida multa. - Sobre la  reliquidación de la Resolución de Determinación Nº 012- 03-0002379, el Tribunal Fiscal señaló: […] se aprecia que la  administración calculó nuevamente la deuda por el  Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, habiendo  excluido el importe de los reparos por concepto de  venta subvaluada de activo fijo, depreciación no incluida  en el costo de producción y notas de crédito por  descuentos que no son costumbres de la plaza, esto es,  por un total de S/ 2’013,208.00 (S/ 41,736.00, S/ 33,460.00 y  S/ 1’938,012.00), lo que implicó que el monto reliquidado del  Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno fuera de S/  136,236.00, lo que se encuentra ajustado a lo dispuesto por  este Tribunal […] […] la actuación de Administración se  limitó a excluir los importes de los reparos levantados,  considerando para la nueva reliquidación lo de más importes  de los reparos mantenidos, tal como estaban considerados  en la resolución de determinación. [Énfasis nuestro] Por tal  motivo, el Tribunal Fiscal se encuentra acorde con lo resuelto  en la Resolución de Intendencia Nº 0150150001456 respecto  a este extremo, ya que luego de la reliquidación efectuada  por la SUNAT, en la que excluyeron los conceptos por los  reparos levantados en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  04970-1-2016, se obtuvo una disminución de S/ 419,065.00  (cuatrocientos diecinueve mil sesenta y cinco soles con cero  céntimos). En consecuencia, ese extremo es confirmado. -  Sobre la reliquidación de la Resolución de Multa Nº 012- 02-0007719,  el  Tribunal  Fiscal  mencionó:  […]  la  administración reliquidó la Resolución de Multa Nº 012-02- 0007719, calculó el importe de la sanción considerando el  resultado de la comparación de la determinación de la  obligación tributaria efectuada por la recurrente en su  declaración jurada original […] y el obtenido por la  administración en congruencia con los importes que  correspondían ser excluidos […], lo que implicó un tributo  omitido por el importe de S/ 125,837.00, y en consecuencia,  en principio el cálculo de la multa por el importe de  S/62,919.99, equivalente al cincuenta por ciento (50%)  del tributo omitido, es correcto. Que sin embargo, en el  análisis de los pagos efectuados respecto de la parte de la  sanción vinculada a los reparos aceptados, la administración  no ha tenido en cuenta que este colegiado en la  Resolución Nº 04970-1-2016 indicó que la recurrente  efectuó pagos a los que correspondía la aplicación del  beneficio del Régimen de Incentivos con la rebaja del  cincuenta por ciento (50%), los que no se han  considerado en la liquidación que la apelada realiza  respecto de dicho valor, […] corresponde revocar la apelada  […]. [Énfasis nuestro]. Sin embargo, como es de verse, el  extremo de la acotada multa es revocado, porque en la  reliquidación efectuada la administración tributaria no  consideró la aplicación del beneficio del Régimen de  Incentivos con la rebaja del cincuenta por ciento (50%). Por  ello, nuevamente se ordena que se realice la reliquidación  de la deuda correspondiente a la Resolución de Multa Nº  012-02-0007719. 1.11. La Resolución del Tribunal Fiscal Nº  00480-1-2017, del diecisiete de enero de dos mil diecisiete,  no contiene un pronunciamiento de fondo, al tratarse de un  acto administrativo que resuelve una solicitud de ampliación  y/o aclaración formulada por la empresa demandante  respecto de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1- 2016, por lo que no es pertinente ahondar en sus  fundamentos. 1.12. En suma, con el detalle que antecede,queda claro que lo resuelto en la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 04970-1-2016 y en la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 11357-1-2016 no es sustancialmente idéntico;  por tanto, se ratifica que en el caso concreto no se configuró  litispendencia de los procesos seguidos en los Expedientes  Nº 16467-2016 y Nº 4733-2017, y que, por ende, no  correspondía que la demanda sea declarada improcedente.  1.13. Asumir que las resoluciones del Tribunal Fiscal que  resuelven apelaciones contra resoluciones de Intendencia  (de cumplimiento) contienen un pronunciamiento de fondo  idéntico a las resoluciones del Tribunal Fiscal que se emitan  primigeniamente en cada caso concreto, implica entender  que aquellas no pueden ser impugnadas en vía judicial  cuando estas lo hayan sido —y ello se encuentre en trámite,  pendiente de resolver—. Un razonamiento de tal magnitud  contraviene los derechos al debido proceso y tutela  jurisdiccional efectiva en su vertiente de acceso a la justicia,  toda vez que la litispendencia no puede aplicarse ante la  vinculatoriedad de procesos judiciales en trámite, sino  solo en caso de identidad de estos. 1.14. En este caso no  se discute la vinculación existente entre los procesos  seguidos en los Expedientes Nº 16467-2016 y Nº 4733- 2017. Ello es innegable y se puede verificar en autos, ya que  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11357-1-2016  (impugnada en este proceso) ha sido emitida después de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016 (que fue la  primera en emitirse, en razón de la fiscalización iniciada a la  empresa demandante). Sin embargo, la vinculación existente  entre procesos no es sinónimos de litispendencia. 1.15. En  caso de vinculación de procesos, el Código Procesal Civil ha  regulado la figura de acumulación de estos de la siguiente  manera: Artículo 90.- Requisitos y trámite de la acumulación  sucesiva de procesos La acumulación sucesiva de procesos  debe pedirse antes que uno de ellos sea sentenciado. El  pedido impide la expedición de sentencia hasta que se  resuelva en definitiva la acumulación. La acumulación  sucesiva de procesos se solicita ante cualquiera de los  Jueces, anexándose copia certificada de la demanda y de su  contestación, si la hubiera. Si el pedido es fundado, se  acumularán ante el que realizó el primer emplazamiento. De  la solicitud de acumulación se confiere traslado por tres días.  Con la contestación o sin ella, el Juez resolverá atendiendo  al mérito de los medios probatorios acompañados al pedido.  La decisión es apelable sin efecto suspensivo. Esta  acumulación será declarada de oficio cuando los procesos  se tramitan ante un mismo Juzgado. […] 1.16. No escapa de  nuestro análisis que la empresa demandante solicitó la  acumulación de procesos en su demanda (fojas ciento  treinta y uno y ciento treinta y dos del expediente judicial  físico); sin embargo, tal pedido fue declarado improcedente  mediante resolución número seis, del cinco de septiembre  de dos mil diecisiete (foja doscientos once del expediente  judicial físico): […] Segundo: El primer párrafo del artículo  90 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al  Proceso Contencioso Administrativo establece que: “La  acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes  de que uno de ellos sea sentenciado”. Tercero: De la  verificación del Sistema Integrado Judicial de Expedientes  se aprecia que, el Vigésimo Primer Juzgado Contencioso  Administrativo con sub especialidad en temas Tributarios y  Aduaneros emitió la resolución uno de fecha once de octubre  de dos mil dieciséis, declarando improcedente la demanda  interpuesta por Unión Andina de Cementos SAA.; asimismo  se observa que dicha resolución fue impugnada y elevada a  la Sétima Sala Contenciosa Administrativa con sub  especialidad en temas Tributarios y Aduaneros. Cuarto: En  ese contexto, advirtiéndose que en el expediente cuya  acumulación se pretende ya se emitió pronunciamiento e  inclusive dicho proceso se encuentra en trámite ante el  Superior Jerárquico; en tal sentido, al no haberse  configurado el supuesto previsto en el primer párrafo  del artículo 90 del Código Procesal Civil, se resuelve:  Declara IMPROCEDENTE […] [Sic] [Énfasis nuestro] 1.17.  El Juzgado, si bien denegó el pedido más que nada por el  estado de avance de los procesos, equiparó los alcances de  la decisión judicial emitida en el Expediente Nº 16467-2016,  mediante la que se declaró improcedente la demanda  (pronunciamiento de forma), con los alcances de una  decisión judicial que declararía infundada la demanda  (pronunciamiento de fondo); empero, ello no fue acorde a  derecho. En esa misma línea, cabe resaltar que la incorrecta  decisión del Juzgado respecto a la solicitud de acumulación  de procesos, también fue advertida por la Sala Superior, que  en una nota al pie (fojas trescientos cincuenta y dos del  expediente judicial físico) de su sentencia indicó: […] no  escapa al análisis del Colegiado, el hecho de que pese a  existir evidentes elementos para disponerse una  acumulación de procesos, la jueza de primer grado nohaya emitido una decisión conforme a derecho al respecto,  pese a que la propia demandante lo solicitó en su escrito de  demanda y que el primer proceso aun no había sido  sentenciado, conforme lo exige el artículo 90 del Código  Procesal Civil. Lo cual hubiera evitado que se continúe  con la tramitación de 2 procesos por separado con el  consecuente riesgo de emitirse fallos contradictorios, lo  cual evidentemente atenta contra el debido proceso y la  seguridad jurídica. [Énfasis nuestro] 1.18. Pese a que tal  acotación se realizó en una nota al pie, la sentencia de vista  debe leerse de forma integral, por lo que, se colige que  indirectamente el colegiado superior admitió la vinculación  de los Expedientes Nº 16467-2016 y Nº 4733-2017, así  como también que el escenario más favorable para el  respeto irrestricto del derecho al debido proceso y el principio  de seguridad jurídica era aquel en el que ambos procesos se  acumulen para evitar fallos contradictorios. Por tanto, esto  significa que, por un lado, la sentencia recurrida fundamenta  la configuración de litispendencia, pero después da pie a  interpretar el no cumplimiento de dicha figura jurídica por  tratarse de una vinculación entre dos procesos que  merecerían acumularse, por lo que se colige que la decisión  de la Sala Superior adolece de una motivación contradictoria.  1.19. Ahora bien, en atención al argumento de la empresa  recurrente expresado en el literal c) del numeral 2.1 de la  presente ejecutoria suprema, se considera importante  referirnos a la resolución número siete, del treinta de  enero de dos mil dieciocho, emitida en este proceso (fojas  doscientos diecisiete a doscientos dieciocho del expediente  judicial físico). Esto, porque precisamente la casacionista  indicó que en dicha resolución el Juzgado “evaluó” la  posible identidad de los procesos seguidos en los  Expedientes Nº 4733-2017 y Nº 16467-2016, y concluyó  que no existía tal, porque ambos procesos se sustentaban  en hechos distintos. En efecto, en el considerando tercero  de la resolución en mención, se señala expresamente lo  siguiente: Tercero.- En ese sentido, se advierte que lo  impugnado por el demandante en el proceso judicial  tramitado ante el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en  lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  temas Tributarios y Aduaneros, es materialmente distinto a  lo que se discute en esta judicatura, toda vez que, el  primer proceso se encuentra referido a los reparos  confirmados por el Tribunal Fiscal, mientras que el  presente proceso se encuentra referido a la reliquidación  de la Resolución de Multa Nº 012-02-0007719 y la  Resolución de Determinación Nº 012-03-0002379, por los  reparos que fueron revocados, por lo que, los  cuestionamientos están referidos a aspectos distintos;  en consecuencia, sin mayor dilación: DEVUÉLVANSE los  autos a la Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima […]. [Sic]  [Énfasis nuestro] Esta resolución se emitió ante la devolución  el Expediente Nº 4733-2017 con el Dictamen Previo Nº  1.042-2017, del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete  (fojas doscientos quince a doscientos dieciséis del  expediente judicial físico), mediante el cual la Cuarta Fiscalía  Provincial Civil de Lima señaló que: […] se advierte que los  argumentos del demandante para impugnar las RTF Nº  11357-1-2016 de fecha 6 de diciembre del 2016 y Nº 00480- 2017 de fecha 17 de enero del 2017, se sustentan  básicamente en lo resuelto por el Tribunal Fiscal en la RTF  Nº 04970-1-2016; resolución esta que según el punto 2.3 de  la demanda, ha sido impugnada en el 21 Juzgado  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas  Tributarios y Aduaneros. […] 1.20. De este modo, si bien  mediante resolución número seis (auto de saneamiento  procesal y probatorio), el Juzgado dispuso la remisión del  Expediente Nº 4733-2017 al Ministerio Público, para la  emisión del dictamen fiscal correspondiente, la referida  fiscalía advirtió la posible vinculación entre dos procesos y  solicitó la emisión de un informe sobre el estado actual del  proceso judicial instaurado en contra de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 04970-1-2016. Es por ello que el Juzgado  emitió la resolución número siete, que posteriormente dio  lugar al Dictamen Fiscal Nº 539-2018, del dos de abril de dos  mil dieciocho (fojas doscientos veintiuno a doscientos  veinticinco del expediente judicial físico), en el cual se  analizaron los hechos y se opinó que: “[…] el presente  proceso debe ser acumulado al proceso signado con el  Expediente Nº 16467-2016-0-1801-JR-CA-21 […]”. Aunado  a ello, según la fiscalía, de no admitirse tal opinión, el  Juzgado debía ordenar la suspensión del proceso hasta que  se determine la solución definitiva en el Expediente Nº  16467-2016. 1.21. Por último, es innegable que la resolución  de acumulación de procesos usualmente tiende a demorar,  incluso más cuando uno de los procesos a acumularse se  encuentra avanzado; sin embargo, cabe reiterar que dicha  figura jurídica precisamente está diseñada con la finalidadde que aquellos hechos que tienen conexidad se resuelvan  en una sola decisión judicial y, de esta forma, se eviten fallos  contradictorios. Por ello, en determinados casos, puede  declararse la acumulación de procesos de oficio —cuando  se tramitan en el mismo Juzgado—, conforme a lo previsto  en la última parte del artículo 90 del Código Procesal Civil.  1.22. Por las razones esbozadas, se colige que la sentencia  de vista ha vulnerado los derechos al debido proceso y a la  tutela jurisdiccional efectiva de la empresa recurrente; por  tanto, considerando la vinculación de las infracciones  normativas, estas devienen fundadas. Así las cosas, con  respeto al derecho a la doble instancia —que nos impide  pronunciarnos sobre el tema de fondo—, corresponde que el  colegiado superior emita nueva sentencia en consideración  a los alcances de esta ejecutoria suprema, en cumplimiento  de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 396 del Código  Procesal, que regula la fuerza vinculante que tiene toda  sentencia casatoria, respecto al órgano jurisdiccional  respectivo; lo que, a su vez, es concordante con el artículo 4  del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, que establece la obligación que tiene toda persona  y autoridad de acatar y cumplir las decisiones judiciales,  emanadas de la autoridad judicial competente, sin calificar  su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o  interpretar sus alcances, bajo responsabilidad. Esto es, la  Sala Superior deberá emitir pronunciamiento de fondo  respecto de la demanda que dio lugar a este proceso y de  ser el caso dispondrá la suspensión del mismo hasta que se  emita pronunciamiento de fondo en el Expediente Nº 16467- 2016. 1.23. Por último, en el numeral 2.3 de su recurso de  casación (fojas trescientos sesenta y tres del expediente  judicial físico), se indica expresamente que el pedido casatorio  es anulatorio, a fin de que el colegiado superior emita un nuevo  pronunciamiento. De ahí que lo resuelto por esta Sala Suprema  concuerda con el pedido casatorio solicitado. IV. DECISIÓN  Por tales consideraciones y de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 396 del Código Procesal Civil, DECLARARON  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa  demandante Unión Andina de Cementos S.A.A., mediante  escrito del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (fojas  trescientos sesenta a trescientos setenta y cuatro del  expediente judicial físico). En consecuencia, NULA la sentencia  de vista contenida en la resolución número veintidós, del cuatro  de noviembre de dos mil diecinueve (fojas trescientos cuarenta  y cuatro a trescientos cincuenta y tres del expediente judicial  físico), que revocó la sentencia de primera instancia, contenida  en la resolución número diecisiete, del siete de junio de dos mil  diecinueve (fojas doscientos noventa a doscientos noventa y  nueve del expediente judicial físico), que declaró infundada la  demanda; y ORDENARON la emisión de un nuevo  pronunciamiento por parte del colegiado superior, teniendo en  cuenta lo resuelto en esta ejecutoria suprema. Por último,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por  Unión Andina de Cementos S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, sobre impugnación de resolución administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo (P) Wilbert  González Aguilar. SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Según el RUC de la empresa, figura registrada con el nombre de “Unacem Corp  Sociedad Anonima Abierta – Unacemcorp S.A.A.”; sin embargo, su nombre  comercial actual es Unacem. 2  Se consideran las establecidas en el auto de saneamiento procesal y probatorio,  así como en las sentencias, ya que, en un primer momento, la demanda fue  declarada inadmisible por falta de claridad y concreción del petitorio. 3  Dicha decisión se sustentó en que la demanda tramitada en el Expediente Nº  16467-2016 fue declarada improcedente. Sin embargo, se precisa que ello  fue apelado por la demandante, lo que dio lugar a la resolución número siete,  del primero de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Séptima Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria  y Aduanera, que anuló la improcedencia de demanda, para que el Juzgado se  pronuncie sobre el fondo. 4  En la demanda, la empresa solicitó la acumulación del presente proceso  (Expediente Nº 4733-2017) con el proceso seguido en el Expediente Nº 16467- 2016, tramitado por el Vigésimo Primer Juzgado Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera. 5  Ambas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de marzo  de dos mil ocho. 6  BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo (2001). Derechos fundamentales y proceso  justo. Lima, ARA Editores; p. 205 7  MORÓN URBINA, Juan (2001). Comentarios a la nueva Ley del Procedimiento  Administrativo General. Lima, Gaceta Jurídica; p. 29. 8  BREWER-CARÍAS, Allan R. (2003). Principios del procedimiento administrativo en  América Latina. Bogotá, Legis; p. 262.9  Se precisa que se accedió a la citada resolución mediante la plataforma Consulta  de Expediente Judiciales - CEJ. 10  Sentencia de Casación Nº 2703-2003-Ucayali, publicada en el diario oficial El  Peruano el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro. Jurisprudencia de la Sala  Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 11  Sentencia de Casación Nº 575-2000-Lima, publicada en el diario oficial El Peruano  el veintiséis de abril del dos mil. Jurisprudencia de la Sala Civil Permanente de la  Corte Suprema de Justicia de la República. C-2136203-1