CASACIÓN Nº 993-2019 LIMA NORTE
MATERIA: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA SUMILLA: “Se vulnera el principio del debido proceso y  motivación, cuando en la sentencia de vista la Sala Superior  no valora en forma conjunta los medios probatorios ni expone  las razones por las cuales considera que el título que alega la  demandada no corresponde al inmueble materia de litis; así  también se aparta de las exigencias señaladas en el IV Pleno  Casatorio Civil”. Lima, seis de marzo de dos mil veinte. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista en audiencia en la  presente fecha la causa número novecientos noventa y tres -  dos mil diecinueve; y, producida la votación conforme a ley,  procede a emitir la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por  Isabel Huamán Grados, contra la sentencia de vista,  contenida en la resolución número treinta y cinco, de fecha  catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la  Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de  Justicia de Lima Norte, que confirmó la sentencia de primera  instancia, contenida en la resolución número veintinueve, de  fecha once de junio de dos mil dieciocho, que declaró fundada  la demanda de desalojo por ocupación precaria, con lo demás  que contiene. II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta  Sala Suprema Civil Transitoria mediante resolución de fecha  ocho de mayo de dos mil diecinueve declaró la procedencia  del recurso de casación por las siguientes causales: a)  Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la  Constitución Política del Perú; alegando que la recurrida  carece de motivación, pues, no expresa los motivos por los  cuales considera que el contrato de compraventa a favor del  padre de la recurrente no corresponde al bien sub litis; por  otro lado, la Sala Superior considera que el a quo ha realizado  una adecuada valoración de las pruebas; lo cual es falso,  pues, el juez de la causa no se ha pronunciado respecto a la  nulidad manifiesta del contrato de compraventa celebrado a  favor de los demandantes, y tampoco ha merecido  pronunciamiento al respecto por parte de la Sala Superior al  expedir la recurrida. Precisa que de haber realizado un  correcto razonamiento, el ad quem hubiera considerado las  ubicaciones coincidentes innegables entre las direcciones del  inmueble transferido mediante contrato de compraventa,  contenido en el recibo de fecha once de setiembre de mil  novecientos sesenta y uno, a favor del padre de la recurrente,  Octavio Huamán Mora, de su anterior propietario Javier  Ágreda Gamero, y la partida registral, por tanto, la recurrente  ostenta título que justifica su posesión, y por ende la demanda  debió ser declarada infundada. Precisa, que sí se trata del  mismo bien sub litis el descrito en el recibo de fecha once de  setiembre de mil novecientos sesenta y uno, por el que Javier  Ágreda Gamero vendió el bien a su padre, y el que es materia  de demanda; en tanto, es un hecho irrefutable que Javier  Ágreda Gamero fue el anterior propietario, siendo que sus  hijos Juan Alberto y Edith Ágreda Huamán se han irrogado la  condición de propietarios en el registro, y estos transfirieron el  bien a favor de la parte demandante; advirtiéndose que la  descripción del inmueble coincide en los linderos, medidas y  frente; por tanto, no es posible concluir que se trata de dos  inmuebles diferentes; b) La infracción normativa del  artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú;  sustentando que la Sala Superior infringe la referida norma al  no haber declarado nula la sentencia de primera instancia por  haber sido emitida sin previamente admitir los medios  probatorios extemporáneos ofrecidos, siendo que estos  cumplen los -requisitos establecidos en el artículo 429 del  Código Procesal Civil, vulnerándose de esta manera su  derecho al debido proceso, y a ofrecer y actuar pruebas,  pues, de haber admitido los medios de prueba se habría  declarado infundada la demanda; c) El apartamiento  inmotivado del precedente judicial (Casación número  2195-2011-Ucayali); arguyendo que la Sala Superior no ha  valorado las pruebas que sustentan su derecho a poseer por  usucapión, no cumple con pronunciarse sobre su título  posesorio contenido en las pruebas ofrecidas con su escrito  de contestación de demanda y las pruebas extemporáneas  no admitidas. Indica que no se ha tenido en cuenta que hasustentado y probado que ha mantenido la posesión continua,  pacífica y pública como propietaria durante más de cincuenta  y cinco años en el bien sub litis; en consecuencia, es  propietaria del bien submateria en exceso, desde hace  cuarenta y cinco años por usucapión, lo cual ha demostrado  con la HR y el PU del inmueble sub litis, las declaraciones de  autovalúo, los recibos de agua y luz, y los pagos de impuestos,  los cuales en conjunto constituyen un título posesorio que no  ha sido analizado por las instancias de mérito. Precisa que la  doctrina vinculante no faculta a los jueces del desalojo a  decidir sobre la usucapión; sin embargo, esta sí obliga a  valorar las pruebas aportadas, y el objeto que esta valoración  es precisamente para considerar si se encuentra ante un  potencialmente posible adquirente por prescripción adquisitiva  de dominio, por tanto, no cabría amparar la demanda, si  aparentemente reúne todos los requisitos para ser declarada  propietaria por usucapión, y de ser así ostentaría un título que  justifica su posesión; y, d) La infracción normativa del  artículo 911 del Código Civil; sustentando que se ha  declarado que tiene la condición de ocupante precaria pese a  que cuenta con documento de compraventa, de fecha once  de setiembre de mil novecientos sesenta y uno, referido al  mismo inmueble materia de la demanda, sin tener en cuenta  que ostenta la posesión del bien desde hace más de cincuenta  y cinco años, la Sala Superior no ha considerado el valor real  del mencionado documento, el cual ha sido admitido como  medio probatorio en la audiencia única, de fecha veintiséis de  octubre de dos mil dieciséis; y más aún, dicho documento ha  sido reconocido por la parte demandante, conforme al artículo  246 del Código Procesal Civil, ya que este no ha sido objeto  de tacha. Precisa que respecto a la presentación del original  del contrato de compraventa contenido en el recibo de fecha  once de setiembre de mil novecientos sesenta y uno, esta  disquisición de ambas instancias es contraria al artículo 234  del Código Procesal Civil, el cual expresamente señala que  son documentos las fotocopias, por tanto, resulta arbitraria y  contraria a la norma glosada. Precisa que independientemente  del valor probatorio de dicho documento, se debe tener en  cuenta que los demandantes adquirieron el bien a sabiendas  que este se encontraba ocupado por la recurrente, es decir,  conociendo que ella ostentaba título de propiedad. Indica que  su pedido casatorio es anulatorio, y de manera subordinada  revocatorio, a fin que declare infundada la demanda. III.  CONSIDERANDO: PRIMERO.- Del examen de autos de  advierte que, la demandante María Teresa Portillo Salcedo  interpone su demanda de desalojo por ocupación precaria,  respecto al inmueble ubicado en el jirón Bello Horizonte 2584,  distrito de San Martín de Porres (asentamiento humano  Urbanización Perú, manzana 56, sub lote 18B, sector II, zona  2 del distrito de San Martín de Porres. Sustenta su demanda,  manifestando que, adquirió el inmueble de su anterior  propietario Juan Alberto Agreda Huamán y Edith Agreda  Huamán por contrato de compraventa de fecha once de  diciembre de dos mil quince el mismo que se encuentra  registrado en la Partida número P01367102, Asiento número  0003 y su antecedente registral número P01161751; agrega  que aprovechando su ausencia temporal, la demandada y su  familia ocupan el inmueble de manera precaria, no existiendo  documento que acredite la posesión legal, y que hayan  pagado suma de dinero alguno. SEGUNDO.- Conforme se  verifica de lo actuado, mediante sentencia de primera  instancia, se ha declarado fundada la demanda, sosteniendo  que, del testimonio de compraventa se advierte que la  accionante adquirió el inmueble sito en asentamiento humano  Urbanización Perú, manzana 56, sub lote 18B, sector II Zona  2, distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento  de Lima de cincuenta y uno punto treinta y seis metros  cuadrados 51.36 m2, por parte de Juan Alberto Agreda  Huamán y Edith Agreda Huamán, siendo inscrita en la Partida  Registral número P01367102; por lo tanto, se encuentra  acreditado que la parte demandante demuestra la propiedad  del inmueble. A folios sesenta y tres aparece copia simple del  recibo de fecha once de setiembre de mil novecientos sesenta  y uno, en el que se indica que Javier Agreda Gamero transfiere  en venta un pedazo de terreno al señor Octavio Huamán de  cinco metros de ancho por diez metros de largo, terreno  ubicado en Fray Martín de Porras, 2da Etapa, con salida a  calle Bello Horizonte; sin embargo, ello no acredita la  identificación exacta del bien, los datos del comprador, los  linderos del mismo. La demandada no ha probado que el  contrato de compra venta efectuado entre los accionantes y  sus vendedores haya sido declarado nulo por sentencia con  calidad de cosa juzgada; además que no ha cumplido con  presentar el original del recibo antes indicado, y que se debe  tener en cuenta la declaración del testigo Juan Alberto Agreda  Huamán, en la que se dejó constancia que su padre nunca  vendió parte del terreno, desconociendo cómo ingresó la  demandada al inmueble. El litisconsorte pasivo Elmer EstebanLivia Huamán refiere que es poseedor legítimo del inmueble  por más de cuarenta años, más aún, que la demandada es su  madre, y por tanto, es copropietario por el hecho de vivir con  su madre, no recordando la fecha del contrato por el que se le  declara copropietario. TERCERO.- De otro lado, el Colegiado  Superior, confirma la sentencia de primera instancia,  sosteniendo que, respecto al agravio referido a que no se ha  tomado en cuenta los argumentos de su defensa expresados  en la contestación de demanda, debe desestimarse, pues el a  quo ha cumplido con efectuar la valoración, tanto de los  argumentos como de los medios de prueba aportados por  ambas partes procesales. En cuanto al medio probatorio  extemporáneo  ofrecido  mediante  escrito  de  folios  cuatrocientos dieciocho, debemos señalar que dicho escrito  fue proveído con posterioridad a la emisión de la sentencia,  habiéndose declarado su improcedencia mediante resolución  número treinta, sin que haya sido impugnada por la parte  demandada a pesar de encontrarse debidamente notificada.  Sin embargo, a pesar de ello, y advirtiendo que el medio  probatorio que ofrece la demandada se trata del cargo de una  demanda de prescripción adquisitiva de dominio que interpone  contra los aquí demandantes, este Colegiado considera que  los medios probatorios ofrecidos en dicho proceso serán  sometidos a contradictorio, en el cual se verificará si la  demandada cumple o no con los requisitos para la prescripción  adquisitiva de dominio. Infracción normativa del artículo  139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú  CUARTO.- Al respecto se debe mencionar que, el debido  proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú1 también comprende el  derecho a obtener una resolución fundada en derecho,  mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma  suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de  los elementos fácticos y jurídicos que las determinaron,  dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el  inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil2 y artículo  12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial3. Además, la exigencia de motivación suficiente  prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Carta  Fundamental4 garantiza que el justiciable pueda comprobar  que la solución del caso concreto viene dada por una  valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado  y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no  de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese  entendido es posible afirmar que una resolución que carezca  de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino  también principios de nivel constitucional, todo ello, en  concordancia con lo establecido en el inciso 6 del artículo 50  del Código Procesal Civil que dispone que los jueces deben  fundamentar sus autos y sentencias bajo sanción de nulidad.  QUINTO.- En esa misma línea, la motivación escrita de las  resoluciones judiciales, importa el deber de justificar las  decisiones de la jurisdicción, de tal manera que sean  aceptadas por la sociedad y que el Derecho cumpla su función  de guía5. Igualmente, la obligación de fundamentar las  sentencias, propias del derecho moderno, se ha elevado a  categoría de deber constitucional, a mérito de lo cual la Corte  Suprema de Justicia de la República ha señalado en el Primer  Pleno Casatorio, Casación número 1465-2007-Cajamarca  que: “La motivación de la decisión judicial es una exigencia  constitucional (…); por consiguiente, el juzgador para motivar  la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente,  expresando una argumentación clara, precisa y convincente,  para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente  justa, y por tanto, deseable social y moralmente”, una similar  posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional nacional  en el expediente número 37-2012-PA/TC. SEXTO.- Así  también, la aludida exigencia de motivación suficiente permite  al Juez que elabora la sentencia percatarse de sus errores y  precisar conceptos, facilitando así la crítica interna y el control  posterior de las instancias revisoras6, todo ello dentro de la  función endoprocesal de la motivación. Paralelamente,  permite el control democrático de los jueces que obliga, entre  otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la  inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la  misma7. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no son  solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los  juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su  investidura8, todo lo cual se presenta dentro de la función  extraprocesal de la motivación. SÉPTIMO.- La justificación  racional de lo que se decide es entonces interna y externa. La  primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar  la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más  allá de la lógica en sentido estricto9, con implicancia en el  control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que  admite que las normas contenidas en la premisa normativa  sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa  fáctica sea la expresión de una proposición verdadera10. Enesa perspectiva, la justificación externa requiere: a) que toda  motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea  contradictoria; b) que toda motivación sea completa, debiendo  motivarse todas las opciones; y, c) que toda motivación sea  suficiente, siendo necesario expresar las razones jurídicas  que garanticen la decisión11. OCTAVO.- En el marco  conceptual descrito la motivación puede mostrar diversas  patologías que, en estricto, son la motivación omitida, la  motivación insuficiente y la motivación contradictoria. La  primera hace referencia a la omisión formal de la motivación,  esto es cuando no hay rastro de la motivación misma; la  segunda se presentará cuando exista motivación parcial que  vulnera el requisito de completitud, motivación implícita  cuando no se enuncian las razones de la decisión y esta se  hace inferir de otra decisión del Juez, y motivación por  relación, cuando no se elabora una justificación independiente  sino se remite a razones contenidas en otra sentencia. La  motivación insuficiente se presentará principalmente cuando  no se expresa la justificación a las premisas que no son  aceptadas por las partes, no se indican los criterios de  inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se  explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra; y  finalmente, estaremos ante una motivación contradictoria  cuando existe incongruencia entre la motivación y el fallo o  cuando la motivación misma es contradictoria. NOVENO.- Por  otro lado, como se aprecia de la sentencia de vista la Sala de  mérito, en el fundamento 7 desarrolla lo que contiene el IV  Pleno Casatorio Civil (Casación número 2195-2011-Ucayali)  en el donde en su considerando 54 establece que: “…la figura  del precario se va presentar cuando se esté poseyendo sin  título alguno, esto es, sin la presencia y acreditación de  ningún acto o hecho que justifique el derecho al disfrute del  derecho de poseer…”; y atendiendo a ello, respecto del medio  probatorio aportado por la parte demandada simplemente  concluye el consignado en el documento de compraventa del  once de setiembre de mil novecientos sesenta y uno, que  tiene como ubicación en Fray Martín de Porras, 2da Etapa,  con salida a la calle Bello Horizonte difiere del ubicado del  inmueble de la parte demandante ubicado en el asentamiento  humano Urbanización Perú manzana 56 sub lote 18B sector II  Zona 2° Zona, distrito de San Martín de Porres. DÉCIMO.- Sin  embargo, del fundamento 9 de la sentencia recurrida no se  observa análisis alguno de cómo el ad quem concluye que se  trataría de una ubicación distinta, por cuanto ha omitido  examinar la Ley número 1475312, la que en su Artículo Único  señala: “El Distrito Fray Martín de Porres, de la Provincia de  Lima, en el Departamento del mismo nombre, se denominará  en adelante, Distrito de San Martín de Porres”. DÉCIMO  PRIMERO.- Como se acota precedentemente, en la sentencia  de vista no existe fundamentación suficiente y razonada  respecto a la ubicación e identificación del inmueble  transferido mediante contrato de compraventa, contenido en  el recibo de fecha once de setiembre de mil novecientos  sesenta y uno, a favor del padre de la recurrente; esto es así,  pues, no basta con apreciar lo que manifiestan ambas partes  respecto de la dirección que se consigna, sino esclarecer si se  trata o no de inmuebles distintos, utilizando los mecanismos  que la ley le confiere; todo ello, en base a los medios  probatorios que aparecen en los autos y que fueron ofrecidos  por los sujetos procesales, verificándose si aquellos fueron  cuestionados por estos en el proceso. DÉCIMO SEGUNDO.-  Además, de acuerdo a lo expuesto en el presente caso,  resulta necesario que se tome en cuenta los supuestos de  posesión precaria desarrollados en el acápite C.3, numeral VI,  fundamento 63 del Cuarto Pleno Casatorio Civil, expediente  número 2195-2011, sobre Doctrina Jurisprudencial Vinculante,  en donde se indica: “La mera alegación del demandado, en el  sentido de haber adquirido el bien por usucapión, no basta  para destruir la pretensión de desalojo y declarar la  improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del  desalojo valorar las pruebas en las cuales sustenta el  demandado su derecho invocado, sin que ello implique que  está facultado para decidir sobre la usucapión; por lo tanto, se  limitará a establecer si, de la valoración de las pruebas surge  en él la convicción de, si corresponde o no, declarar el  derecho de poseer a favor del demandante o del demandado”;  aspecto sobre el cual la instancia rectora no ha emitido  pronunciamiento, de lo que se desprende que la sentencia de  vista se ha dictado vulnerando el principio de motivación,  contemplado en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú; de modo que, la infracción  normativa de carácter procesal debe declararse fundada.  DÉCIMO TERCERO.- Finalmente, al haberse declarado  fundada las causales procesales, carece de objeto emitir  pronunciamiento acerca de las causales materiales; pues, la  consecuencia de amparar la primera de las citadas conlleva a  declarar la nulidad de la sentencia de vista. Por las  consideraciones expuestas, y en aplicación del artículo 396del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso  de casación interpuesto por Isabel Huamán Grados; en  consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en la  resolución número treinta y cinco, de fecha catorce de  noviembre de dos mil dieciocho, expedida por la Segunda  Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de  Lima  Norte,  ORDENÁNDOSE  se  emita  un  nuevo  pronunciamiento atendiendo a lo prescrito en la presente  casación; DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución  en  el  Diario  Oficial  "El  Peruano",  bajo  responsabilidad; en los seguidos por Juan Yana Ticlla y otra  contra Isabel Huamán Grados, sobre desalojo por ocupación  precaria; y los devolvieron. Integran esta Sala los señores  Jueces Supremos Ordóñez Alcántara y Arriola Espino por  licencia de los señores Jueces Supremos Romero Díaz y  Ruidías Farfán. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza  Suprema.-  S.S.  CABELLO  MATAMALA,  ORDÓÑEZ  ALCÁNTARA, AMPUDIA HERRERA, ARRIOLA ESPINO,  LÉVANO VERGARA 1  Artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú.- Son principios y  derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la  tutela jurisdiccional. 2  Artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen: (…)  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. 3  Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-  Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,  bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.  Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia  que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 4  Artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú.- Son principios  y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero  trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en  que se sustentan. 5  ATIENZA, Manuel, “Las razones del Derecho”. Centro de Estudios Constitucionales.  Madrid 1991, páginas 24 y 25. 6  ALISTE SANTOS, Tomás Javier. “La Motivación de las resoluciones judiciales”.  Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires. Página 157-158. Guzmán,  Leandro. Derecho a una sentencia motivada. Editorial Astrea, Buenos Aires-Bogotá  2013, páginas 189-190 7  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”.  Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, página 15. 8  “La motivación de la sentencia civil”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación. México 2006, páginas 309-310. 9  ATIENZA, Manuel, “Las razones del Derecho. Derecho y Argumentación”, Palestra  Editores, Lima, 2006, página 61. 10  MORESO, Juan José y Vilajosana, Josep María. “Introducción a la Teoría del  Derecho”. Madrid, Marcial Pons Editores, página 184. 11  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Ob. Cit., página 26. 12  Publicada el 24 de diciembre de 1963. C-2136199-42