CASACIÓN Nº 1017-2019 LA LIBERTAD
MATERIA: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SUMILLA: Por la prescripción adquisitiva corta (5 años) se  consolida el derecho de! poseedor que se cree propietario  porque entiende que ha adquirido el bien del anterior dueño  del bien, mediante un acto traslativo de !a propiedad que  reúne las exigencias de ley para ser válido. Lima, seis de noviembre de dos mil diecinueve. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil  diecisiete - dos mil dieciocho; en audiencia pública de la  fecha; y producida la votación de acuerdo a ley emite la  siguiente sentencia. I.- MATERIA DEL RECURSO. Se trata  del recurso de casación interpuesto por la MunicipalidadProvincial de Trujillo, a fojas trescientos veinticuatro, contra la  sentencia de vista contenida en la Resolución número 25, de  fojas trescientos cinco, de fecha diez de agosto de dos mil  diecisiete, emitida por la Tercera Sala Especializada Civil de la  Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirma la  sentencia apelada contenida en la Resolución número 21, de  fojas doscientos cincuenta y cinco, de fecha catorce de  febrero de dos mil diecisiete, expedida por el Juez del Octavo  Juzgado Especializado Civil de Trujillo de la Corte Superior de  Justicia de La Libertad, que declaró fundada la demanda,  sobre prescripción adquisitiva de dominio, interpuesta por  Nora Emperatriz Luzuriaga Nagaki, contra la Municipalidad  Provincial de Trujillo, con lo demás que contiene. II.-  ANTECEDENTES: 2.1. DEMANDA.- Nora Emperatriz  Luzuriaga Nagaki interpone demanda de Prescripción  Adquisitiva de Dominio - Prescripción Larga, respecto del  inmueble ubicado en la Manzana “H”, Lote 1, de la segunda  etapa, de la Urbanización Miraflores distrito y provincia de  Trujillo, departamento y región de La Libertad (actualmente  Avenida Uceda Meza, Manzana ‘'IT, Lote 1, numeración de  finca doscientos cuarenta y seis, de la misma urbanización,  distrito, provincia y departamento); con un área de 181.00  metros cuadrados; inscrito en la Partida Registral número  03027277, del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona  Registral número V, Sede Trujillo. Como sustento de la misma  señala que, conjuntamente con sus hermanos Félix Emilio,  Marco Antonio y Juan Julio Luzuriaga Nagaki, mediante  Minuta de Permuta de fecha diez de julio de mil novecientos  noventa y cinco, celebrada con la demandada, adquirieron el  inmueble en litis, a cambio de un lote de terreno, ubicado en  el Jirón Unión que era propiedad de la recurrente y de sus  hermanos. Mediante Escritura Pública de compraventa de  fecha trece de enero de dos mil tres, la demandante y sus  hermanos transfirieron a favor de Marco Antonio Luzuriaga  Nagaki (quinto hermano) y su esposa Charo Marleny Zavaleta  Vidal, la totalidad del inmueble en referencia. Luego, en su  calidad de copropietarios Marco Antonio Luzuriaga Nagaki y  Charo Marleny Zavaleta Vidal, mediante Escritura Pública de  Compraventa de fecha nueve de setiembre de dos mil tres, le  transfirieron la propiedad de dicho bien. Finalmente, precisa la  actora que ha ejercido su derecho como propietaria, a través  de la posesión del inmueble, de forma pacífica, continua y  pública por más de diez años, conforme lo acredita con las  pruebas que adjunta a su escrito postulatorio al proceso,  razones por las cuales presenta la demanda con la finalidad  de que se la declare propietaria. 2.2. CONTESTACIÓN.- La  municipalidad emplazada, mediante escrito de fojas noventa y  tres, de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce,  contesta la demanda, solicitando que sea declarada  infundada. Refiere la demandada que, la actora no acredita el  cumplimiento del artículo 950 del Código Civil, por cuanto no  prueba encontrarse en posesión del inmueble materia de litis  por diez años de forma ininterrumpida, toda vez que ha  adjuntado recibos de pago del impuesto predial, sólo de los  años dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil once y dos mil doce,  como anexo 1M de su demanda, por lo tanto, no ha acreditado  la continuidad en la supuesta posesión que refiere detenta,  documentación insuficiente para formar convicción plena en  el juez de la causa. Añade que, es la única y exclusiva  propietaria del inmueble sub litis, resultando perfectamente  aplicable la Ley número 29151, de fecha treinta de noviembre  de dos mil siete, a través de la cual se crea el Sistema  Nacional de Bienes Estatales, por cuanto el inmueble sub  materia es un bien de dominio privado del Estado, y forma  parte de un inmueble de mayor extensión de la Municipalidad  Provincial de Trujillo. 2.3. SENTENCIA DE PRIMERA  INSTANCIA.- Mediante la sentencia contenida en la  Resolución número 21, de fojas doscientos cincuenta y cinco,  de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, se declaró  fundada la demanda sobre prescripción adquisitiva de  dominio; en consecuencia se declaró a la demandante Nora  Emperatriz  Luzuriaga  Nagaki,  como  propietaria  por  prescripción adquisitiva, del inmueble en litis, con los  siguientes linderos y medidas perimétricas, por el frente: con  la Avenida Uceda Meza, con 9.05 metros lineales; por la  derecha: con el Lote número 02, con 20.00 metros lineales;  por la izquierda; con la Calle Flor de la Retama, con 20.00  metros lineales; y por el fondo: con el Lote número 35, con  9.00 metros lineales; con un área total de 181.00 metros  cuadrados; inscrito en la Partida número 03027277 del  Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número  V Sede Trujillo, de folios diez; se ordenó la cancelación del  asiento registral de los antiguos dueños; y, la apertura de una  nueva partida registral, a fin de inscribirse el derecho de  propiedad de la demandante, respecto del inmueble  usucapido, haciéndose la anotación pertinente de esta última  situación en la Partida número 03027277 del Registro de  Propiedad Inmueble de la Zona Registral número V SedeTrujillo; y se ordenó además, se cursen los partes pertinentes  al registro correspondiente; sin costas ni costos procesales.  Sostiene el juez de la causa que, del análisis conjunto de los  medios probatorios y siendo que la carga de la prueba  corresponde a quien afirma los hechos que configuran su  pretensión, se constata que el derecho de la demandante fue  adquirido antes de la vigencia de la Ley número 29618,  publicada con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil  diez, dado que la actora viene poseyendo el bien, materia del  proceso, desde mil novecientos noventa y cinco, habiendo  cumplido en exceso el requisito que reclama el segundo  párrafo del artículo 950 del Código Civil (cinco años de  posesión). 2.4. SENTENCIA DE VISTA.- La Sala Superior  confirma la sentencia apelada, en todos sus extremos.  Sostiene el ad quem que, en primera instancia se ha  determinado que Nora Emperatriz Luzuriaga Nagaki ha  acreditado los presupuestos de la prescripción adquisitiva de  dominio del inmueble -materia de esta causa- según se  desprende de la memoria descriptiva, planos de ubicación y  perimétricos, y demás pruebas que obran en autos, y  conforme a lo exigido por el artículo 950 del Código Civil, que  establece que la propiedad inmueble se adquiere a los cinco  años, cuando media justo título y buena fe; en consecuencia,  el juicio lógico realizado por el juez de origen en la sentencia  apelada es claro. Precisa la Sala Superior que, lo que estaría  exigiendo la municipalidad apelante son razones adicionales  o abundar en razones, lo que no es admisible en el  ordenamiento, que sólo exige razones mínimas entendidas  como las fundamentales, más aún que el a quo, utilizando su  apreciación razonada en la sentencia apelada, valoró  correctamente los medios probatorios presentados por las  partes de manera conjunta, valoración que comparte dicho  Colegiado. 2.5. RECURSO DE CASACIÓN.- Mediante la  resolución de fojas cuarenta y dos, del cuadernillo de  casación, de fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, esta  Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de  casación de la demandada por las causales: 1) Infracción  normativa de las Leyes números 29151 y 29618, y del  artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Alegando  la casante que: i) Se ha declarado la prescripción adquisitiva  de dominio del inmueble sub litis, pese a que la demandante  no ha acreditado desde cuándo posee el bien, solo ha hecho  referencia al año mil novecientos noventa y seis, tampoco ha  acreditado haber poseído como propietaria pese a que ello es  su obligación, acorde a lo establecido en el artículo 196 del  Código Procesal Civil; ii) La instancia de mérito considera que  existe justo título, sin embargo, no lo ha sustentado. Precisa  que, un justo título es el instrumento legal destinado a la  transmisión de la propiedad, lo que en el presente caso no se  ha dado, es decir, la accionante no ha acreditado como  ingresó al inmueble, ni en mérito a qué documento; iii) La  demandante ha actuado de mala fe, en tanto el bien estaba  inscrito a nombre de la municipalidad recurrente, y por tanto,  hace oponible su derecho. Asimismo, no se ha tomado en  cuenta que si ha existido interrupción de la prescripción; iv)  Se ha afectado el artículo 2 de la Ley número 29618, por  cuanto no se ha hecho distinción respecto de si los bienes  inmuebles de propiedad estatal deben estar o no al servicio  público, por lo que, la sentencia de vista no desarrolla de  manera motivada tal decisión; infringe además el deber de  motivación, al no tomar en cuenta el artículo 3 de la Ley  número 29151, que establece que los bienes estatales  comprenden los bienes muebles e inmuebles de dominio  privado y dominio público que tienen como único titular al  Estado o cualquier entidad pública; v) La finalidad de la Ley  número 29618, del veinticuatro de noviembre de dos mil diez,  es proteger la propiedad estatal de las llamadas invasiones y  del tráfico ilegal de tierras, por lo que, de su lectura debemos  tener en cuenta que dicha ley crea dos mecanismos de  protección, respecto de los bienes inmuebles de dominio  privado del Estado, como son: la presunción a que el Estado  es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad, y la  declaración de imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de  dominio privado del Estado; lo que en la presente resolución  no ha sido considerado; vi) No se ha tomado en cuenta al  artículo 103 de la Constitución Política, según el cual la ley se  aplica desde su entrada en vigencia, y no tiene efectos  retroactivos, por lo tanto, en el presente caso, no es de  aplicación la teoría de los derechos adquiridos, como lo ha  desarrollado la sentencia apelada; y, 2) infracción normativa  de los artículos 122 inciso 4, y 197 del Código Procesal  Civil; 950 del Código Civil; y 73 de la Constitución Política,  Denunciando la recurrente que, la Sala Superior ha confirmado  la sentencia apelada que declara fundada la demanda, pese  a que la Municipalidad recurrente ha acreditado ser titular del  bien, por lo que, el fallo vulnera los artículos 197 del Código  Procesal Civil y 950 del Código Civil, evidenciándose una  valoración deficiente de los medios de prueba ofrecidos porlas partes y con ello se ha apartado de la finalidad del proceso.  Añadiendo que, la municipalidad ha demostrado que el bien  sub materia es de propiedad estatal, en concordancia con la  Ley número 29151 - Ley General de Bienes Estatales, del  treinta de noviembre de dos mil siete; también se ha violentado  lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley número 29618 en la que  se declara la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de  dominio estatal; asimismo, se ha violentado el artículo 73 de  la Constitución Política según el cual los bienes de dominio  público son inalienables e imprescriptibles. III. MATERIA  JURÍDICA EN DEBATE.- Es necesario establecer si las  instancias de mérito han afectado el derecho fundamental del  debido proceso de la municipalidad recurrente, por valoración  deficiente de los medios de prueba ofrecidos por las partes; y  descartado ello, determinar si la demandante ha cumplido o  no con las exigencias contenidas en los artículos 896 y 950  del Código Civil, para determinar si la pretensión de  prescripción adquisitiva de dominio demandada debe  ampararse  o  desestimarse.  IV.-  CONSIDERANDO:  PRIMERO.- El recurso de casación tiene como fines  esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la  Corte Suprema de Justicia de la República, conforme se  señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. En materia  de casación es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan los derechos  fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional  efectiva. Entonces, esta Sala Suprema se encuentra facultada  para analizar las infracciones denunciadas por la impugnante;  y que puedan incidir en la decisión cuestionada, a fin de  determinar si la Sala Superior ha resuelto o no conforme a la  normatividad jurídica aplicable al caso de autos, a los  parámetros contenidos en la jurisprudencia, doctrina  jurisprudencial y precedentes de este poder del Estado y del  Tribunal Constitucional, y conforme al Derecho Convencional.  SEGUNDO.- Dados los efectos nulificantes de las denuncias  procesales, en caso de configurarse, corresponde empezar el  análisis del recurso casatorio a partir de dichas denuncias; y  de ser el caso, de no ampararse, evaluar las causales in  iudicando igualmente declaradas procedentes. Con relación a  las denuncias de infracción normativa procesal, devienen en  infundadas, pues este Supremo Tribunal verifica que la  sentencia de vista se ha motivado, conforme a una valoración  conjunta y pormenorizada de los medios de prueba, aportados  por ambas partes de este proceso. Nótese que la Sala  Superior conforme a la situación táctica establecida en sede  de instancia y a las pruebas que obran en autos, ha sostenido  en el sexto considerando de la sentencia de vista que, la  decisión del a quo mantiene una debida valoración probatoria,  pues utilizando su apreciación razonada en la sentencia  apelada, valoró correctamente los medios probatorios  presentados por las partes de manera conjunta, como se  advierte en el considerando séptimo de la sentencia apelada,  valoración probatoria compartida por dicho Colegiado.  TERCERO,- En efecto, el ad quem para confirmar la decisión  arribada en primera instancia, ha determinado conforme al  caudal probatorio que, Nora Emperatriz Luzuriaga Nagaki ha  cumplido conforme a lo establecido en los artículos 896 y 950  del Código Civil, con acreditar los presupuestos de la  prescripción adquisitiva de dominio corta, a través de la Ficha  Registra! número 41935, ahora Partida número 03027277, la  memoria descriptiva, los planos de ubicación y perimétricos, y  demás pruebas que obran en autos, lo que abona a que la  demandante ha ejercido la posesión del bien por cinco años,  con justo título y buena fe. Con relación a las alegaciones de  que se habría afectado el derecho a la motivación de las  resoluciones jurisdiccionales, por haberse incurrido en  afectación de las Leyes números 29618 y 29151, toda vez  que, en la sentencia de vista no se ha hecho distinción  respecto de si los bienes inmuebles son de propiedad estatal  o que no están destinados al servicio público, más aún si no  se ha tomado en cuenta lo aplicable en el artículo 3 de la Ley  número 29151, que establece que los bienes estatales  comprenden los bienes muebles e inmuebles de dominio  privado y dominio público que tienen como único titular al  Estado o cualquier entidad pública. Es de señalar que, la Sala  Superior por sentencia de fojas doscientos veintiséis, de  fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, declaró nula la  primera sentencia expedida por el a quo que, declaró fundada  la demanda, disponiendo que se renueve el acto procesal  viciado, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en  dicha resolución, referidos al emplazamiento de los  colindantes y a la aplicación de la Ley número 29618 que  determina la imprescriptibilidad de los bienes del Estado;  verificándose de la sentencia de fojas doscientos cincuenta y  cinco que el juez de la causa en el octavo considerando se  pronuncia respecto a dichas leyes, conforme a lo dispuestopor el Superior jerárquico, y precisa que, de conformidad con  lo dispuesto en su sexto considerando, se constata que el  derecho de la demandante fue adquirido antes de la vigencia  de la Ley número 29618 (publicada con fecha veinticuatro de  noviembre de dos mil diez), habiendo cumplido en exceso el  requisito que reclama el segundo párrafo del artículo 950 del  Código Civil (cinco años de posesión). Más aún que, el Pleno  Jurisdiccional Civil y Procesal Civil del dos mil dieciséis,  llevado a cabo con fechas ocho y nueve de julio en la ciudad  de Lima, concluyó que “puede declararse la prescripción  adquisitiva del dominio sobre bienes de dominio privado del  Estado si es que antes de la entrada en vigencia de la Ley N°  29618 el poseedor ya ha cumplido con los requisitos  necesarios para acceder a la prescripción”. En consecuencia  teniendo en cuenta que la prescripción adquisitiva de dominio  es de naturaleza declarativa, conforme así lo ha reconocido la  doctrina y la uniforme jurisprudencia, el juez de primera  instancia concluyó que, en el presente caso no resulta  aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley número 29618,  declarando fundada la demanda, criterio que la Sala de mérito  compartió conforme se advierte de la sentencia de vista en  cuestión, específicamente de los considerandos sexto,  décimo y décimo primero de la sentencia cuestionada;  verificándose el desarrollo motivado de la sentencia de vista,  en estricto resguardo de los derechos fundamentales del  debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. CUARTO.-  POSESIÓN COMO EJERCICIO DE HECHO. 4.1 Habiéndose  declarado infundadas las denuncias casatorias procesales,  pasamos al análisis de las denuncias de carácter material. En  primer término, es de precisar que conforme al artículo 896  del Código Civil, la posesión es el ejercicio de hecho de uno o  más poderes inherentes a la propiedad, pudiendo ser sujetos  de la posesión de los bienes, tanto las personas naturales  como jurídicas. Torres Vásquez1 señala: “La posesión es un  poder de hecho que se ejerce sobre un bien, usándolo y  disfrutándolo, poder que está reconocido y protegido por el  derecho, con prescindencia de si se tenga o no derecho a  ella”. En ese sentido, precisa dicho autor2 que: “El Derecho  protege al poder de hecho que se ejerce sobre el bien, con  prescindencia de si ese poder ha nacido con título o sin título,  a fin de evitar que las personas se hagan justicia por su propia  mano. Por eso el poseedor con título o sin título, con derecho  o sin derecho a poseer, puede defender su posesión aún  contra el propietario. En todo caso, quien cree tener derecho  a la posesión podrá recurrir ante los tribunales para que se le  reconozca su derecho, pero no puede desalojar al actual  poseedor por las vías de hecho”. 4.2 En efecto, la posesión es  un poder de hecho sobre las cosas, existiendo una relación  de hecho entre la persona y el bien para su utilización  económica, por lo que, tal poder fáctico protegerá al poseedor  de manera provisional, debiendo recurrirse al poder  jurisdiccional para reclamar los derechos sobre tos bienes: en  consecuencia, la posesión puede ser calificada como un  derecho provisional que cederá ante un derecho definitivo,  declarado  por  el  juez.  QUINTO.-  PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA DE DOMINIO. 5.1 En primer término, esta Sala  Suprema conviene en señalar que, el fundamento de la  descripción adquisitiva es la posesión que se ejerza conforme  a los requisitos contenidos en el artículo 950 del Código Civil,  denominada posesión ad usucapionem, posesión cualificada  por requerir ser continua, pacífica y pública como propietario.  Entonces, el poseedor que pretende ser declarado propietario  sobre el bien por usucapión, debe acreditar ante los órganos  jurisdiccionales que ha ejercido la posesión pacífica, pública y  de manera continua como propietario,lo que implica ejercer  todos los atributos de la propiedad como dueño (animus  domini), sin reconocer la existencia de otro propietario o  poseedor mediato del bien. 5.2 En ese orden de exposición,  conforme a la norma citada, en nuestro país se puede  usucapir por prescripción larga, lo que exige acreditar la  posesión sobre el bien por un periodo de diez años; o por  prescripción corta, lo que exige acreditar la posesión sobre el  bien por un periodo de cinco años, siendo que en este último  caso, el poseedor debe contar con justo título y buena fe.  Vásquez Ríos3 señala: “(...) justo título es aquel acto jurídico  constitutivo de derecho, que reúne todos los requisitos  exigidos por ley, cuyo fin es trasmitir la propiedad de un bien;  pero viciado por carecer el transferente del derecho de  disponer de dicho bien, y que sin embargo, es la causa  jurídica que ha producido la posesión del prescribiente”. 5.3  Entonces, por la prescripción adquisitiva corta se consolida el  derecho del poseedor que se creía propietario, porque  entiende que lo ha adquirido del propietario, mediante un acto  traslativo de la propiedad que reúne las exigencias de ley  para ser válido. Con relación a la buena fe, será un poseedor  de buena fe aquel que ignore que su título de adquisición,  adolece de vicios que lo invalidan. SEXTO.- SEGUNDO  PLENO CASATORIO CIVIL CASACIÓN NÚMERO 2229-2008 LAMBAYEQUE4. 6.1 Conforme al Pleno Casatorio  citado, se considera que: i) El real fundamento de la  usucapión, es la apariencia como única realidad del derecho  y de la propiedad; ii) La usucapión es una consecuencia  necesaria de la protección dispensada a la posesión. Esta  normalmente se sacrifica ante la propiedad u otro derecho  real, de ahí que se considere un derecho real provisional; iii)  Cuando, de una parte, la propiedad o el derecho real de que  se trate se alía con el abandono y, en cambio, la posesión se  alía con el tiempo y la gestión de los bienes, termina triunfando  la posesión, que genera un característico y definitivo derecho  real; iv) La usucapión viene a ser el instituto por e! cual el  poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su  relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación  de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley; v) Sirve  además, a la seguridad jurídica del derecho, lo que exige que  se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas; y,  vi) Conforme al ordenamiento civil, la adquisición de la  propiedad por prescripción de un inmueble se logra mediante  la posesión continua, pacífica y pública como propietario  durante diez años (denominada usucapión extraordinaria),  en tanto que si media justo título y buena fe dicho lapso de  tiempo se reduce a cinco años (denominada usucapión  ordinaria). 6.2 A ello -es relevante precisar que- conforme al  fundamento cuarenta y cuatro de la sentencia plenaria en  comento,  se  requiere  de  una  serie  de  elementos  configuradores para dar origen a la usucapión: a) Ejercer la  posesión sobre el bien sin solución de continuidad, y sin  contradictorio alguno, durante todo el tiempo exigido por ley;  b) La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho  sobre la cosa no se mantenga por la fuerza; por lo que, aún  obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una  vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de  cosas; c) La posesión pública, será aquella que, en primer  lugar resulte, evidentemente, contraría a toda clandestinidad,  lo que implica que sea conocida por todos; dado que el  usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor  anterior. Si estos últimos pudieron conocer esa posesión  durante todo el tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley  presume en ellos el abandono y la posesión del usucapiente  se consolida; y, d) Como propietario, por lo que, el poseedor  debe actuar con animus domini sobre el bien a usucapir.  SÉTIMO.- SOBRE LA POSESIÓN COMO PROPIETARIA. La  recurrente ha denunciado que la demandante no ha acreditado  haber poseído el inmueble en litis como propietaria; al  respecto, contrario a lo alegado por la impugnante, este  Supremo Tribunal constata de autos que la demandante ha  poseído el bien materia de este proceso, comportándose  como propietaria, por cuanto ha cumplido con sus obligaciones  tributarias, como se aprecia de las declaraciones juradas  anuales de autoavalúo, correspondientes a los años fiscales  de dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil once y dos mil doce, de  fojas veinticuatro a treinta y uno; además, se verifica que el  inmueble se encuentra a nombre de la demandante, y que  respecto del mismo se ha comportado como propietaria y  dueña, ejerciendo todos los atributos de la propiedad,  consecuentemente ha acreditado el corpas posesorio,  presumiéndose el animus, presunción que no ha sido  desbaratada por la municipalidad emplazada en el transcurso  de este proceso, conforme se tiene de la ficha de inspección  para declaración de predio, de septiembre de dos mil cuatro,  de fojas treinta y tres; del comprobante de ficha de registro  único de contribuyente, de fecha treinta de junio del dos mil  nueve, de fojas sesenta y dos a sesenta y tres; del Certificado  de Contribuyente número 0191-2013-SATT, de fecha once de  diciembre de dos mil trece, de fojas treinta y dos; de los  recibos de HIDRANDINA Sociedad Anónima del año dos mil  trece, de fojas treinta y siete a treinta y nueve; y de los recibos  de SEDALIB Sociedad Anónima de los años dos mil diez, dos  mil once, dos mil doce y dos mil trece de fojas cuarenta y  cinco -entre otras pruebas que obran en autos- de las cuales  se corrobora actos de disposición sobre el bien como  propietaria. OCTAVO.- EN CUANTO AL JUSTO TITULO Y A  LA BUENA FE. 8.1 Indica la impugnante que en sede de  instancia, se ha considerado que existe justo título, sin  embargo, la demandante no ha acreditado cómo ingresó al  inmueble, ni en mérito a qué documento. En primer término,  este Supremo Tribunal advierte que las instancias de mérito,  en aplicación del Principio iura novit curia, reconocido en el  artículo VIl del Título Preliminar del Código Procesal Civil, han  declarado a la actora como propietaria del bien materia de  esta causa, al haber acreditado tener justo título y ejercido la  posesión de buena fe por más de cinco años, teniendo en  cuenta el sustento fáctico del escrito postulatorio del proceso,  así como tas pruebas aportadas por esta, pese a haberse  solicitado la prescripción adquisitiva larga de diez años. 8.2  En efecto, conforme al principio iura novit curia, el juez debe  aplicar la norma jurídica que corresponda a la situacióncontrovertida, aunque no haya sido invocada por las partes o  lo haya sido erróneamente, tal como ha ocurrido en el  presente caso, donde se verifica que la actora sustenta la  pretensión de su demanda en un justo título, invocando la  Escritura Pública de Compraventa de Inmueble Urbano, de  fecha nueve de setiembre del dos mil tres, de fojas veinte, a  través de la cual Marco Antonio Luzuriaga Nagaki y su esposa  Charo Marleny Zavaleta Vidal, transfirieron el inmueble a la  actora. 8.3 Con relación a las alegaciones de la recurrente,  como ya se ha señalado en las consideraciones que  anteceden, justo título implica que el documento genera la  creencia en el poseedor de que ha adquirido la propiedad  sobre el inmueble que pretende usucapir, lo que este Tribunal  Supremo verifica de autos, por cuanto efectivamente el justo  título que sustenta la posesión de la demandante, deriva de la  Minuta de Permuta, de fecha diez de julio de mil novecientos  noventa y cinco, de fojas once, de la que se evidencia que la  demandante y sus hermanos adquirieron el inmueble sub  materia de la Municipalidad Provincial de Trujillo, documento  aprobado por Resolución de Concejo número 303, de fecha  dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de  fojas trece, a cambio de un lote de terreno ubicado en el Jirón  Unión (de propiedad de la accionante y sus hermanos). 8.4 A  mayor argumentación, con posterioridad a la Minuta de  Permuta, de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y  cinco, se suscribió la Escritura Pública de Contrato de  Compraventa, de fecha trece de enero del dos mil tres, de  fojas quince, llevada a cabo entre la actora y sus hermanos  Félix Emilio, Marco Antonio y Juan Julio Luzuriaga Nagaki,  quienes transfirieron la totalidad del inmueble, a favor de uno  de su hermanos Marco Antonio Luzuriaga Nagaki y su esposa  Charo Marleny Zavaleta Vidal; siendo que estos últimos  finalmente mediante Escritura Pública de Compraventa, de  fecha nueve de setiembre del dos mil tres, transfieren el  inmueble en litis a favor de la actora, apreciando esta Sala  Suprema el tracto sucesivo a favor de la accionante, además  de la calidad de justo título que ampara la posesión sobre el  inmueble, pues la citada Escritura Pública de Compra Venta  de Inmueble Urbano, de fecha nueve de setiembre del dos mil  tres, se trata de un título traslativo de dominio real y efectivo  que versa sobre el bien sub litis, cuyo origen deriva de una  trasferencia válida efectuada por la propia municipalidad  demandada (Minuta de Permuta, de fecha diez de julio de mil  novecientos noventa y cinco). NOVENO: CON RELACIÓN A  LA BUENA FE. 9.1 Ha indicado la municipalidad recurrente  que, la demandante ha actuado de mala fe, en tanto el  inmueble estaba inscrito a su nombre, y por tanto, su derecho  es oponible a la actora. Al respecto -como se ha señalado-  existirá buena fe, cuando el poseedor cree en la legitimidad  de su título, lo que no implica estrictamente una buena fe  registral, dado que la prescripción corta radica en la existencia  del justo título, el mismo que adolece de vicios, subsanados  con la posesión durante cinco años. 9.2 En este sentido, al  derivar el justo título que sustenta la posesión de la  demandante, de la minuta de permuta en referencia, de la que  se observa que Félix Emilio Luzuriaga Nagaki, en nombre  propio y de sus hermanos, entre ellos, la actora, adquirió el  inmueble sub litis de la Municipalidad Provincial de Trujillo,  documento aprobado por Resolución de Concejo número  303, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos  noventa y cinco, se evidencia la buena fe en la posesión de la  demandante. En efecto, a través de la resolución de concejo  referida, se precisa que por la permuta ahí convenida, la  familia Luzuriaga Nagaki entrega a la municipalidad  emplazada, el inmueble, terreno y fábrica ubicado en la Calle  Unión número 1195, de la ciudad, distrito y provincia de  Trujillo, región de La Libertad (derecho de propiedad que  proviene de fa venta que Íes hicieron sus anteriores  propietarios don Dionicio Genaro Gonzales Vidal y Silvia  Consuelo Sánchez Villaroel, mediante Escritura Pública por  ante el Notario Público Doctor José S. Pizarra P, inscrita en  los Registros Públicos, Tomo doscientos setenta y tres, Folios  trescientos cuarenta y nueve, Asiento 24, Partida CLXXII, del  Registro de la Propiedad Inmueble desde el diecisiete de abril  de mil novecientos noventa y cinco); y a su vez la municipalidad  recurrente entregó a la accionante y hermanos el bien materia  de esta controversia. DÉCIMO: SOBRE LA INTERRUPCIÓN  DE LA PRESCRIPCIÓN. Finalmente, la recurrente ha  denunciado que en sede de instancia, los órganos  jurisdiccionales no han tomado en cuenta que ha existido  interrupción de la prescripción. Con relación a tal alegación, el  artículo 953 del Código sustantivo establece que, se  interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde  la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la  recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye.  Entonces, con la interrupción se hace perder al poseedor el  tiempo transcurrido, necesitando para prescribir la propiedad,  de una nueva posesión. Esta Sala Suprema, aprecia deautos, como en su oportunidad lo han hecho los órganos  jurisdiccionales, que la demandante ha poseído pacíficamente  el inmueble sub materia, no verificándose conflicto o litigio  alguno respecto de dicho bien, en que haya intervenido la  demandante; por tanto, no existe interrupción natural o  jurídica, esto es, mediante actos perturbatorios o posesorios;  razones por las cuales deviene en infundado el recurso de  casación por las causales materiales, en todos sus extremos.  Por las razones expuestas y en aplicación del artículo 397 del  Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de  Trujillo, a fojas trescientos veinticuatro, contra la sentencia da  vista contenida en la Resolución número 25, de fojas  trescientos cinco, de fecha diez de agosto de dos mil  diecisiete, emitida por la Tercera Sala Especializada Civil de la  Corte Superior de Justicia de La Libertad; DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El  Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Nora  Emperatriz Luzuriaga Nagaki contra la Municipalidad  Provincial de Trujillo, sobre Prescripción Adquisitiva de  Dominio; y los devolvieron. Ponente Señor Lévano Vergara,  Juez Supremo.- S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA,  AMPUDIA HERRERA,  LÉVANO VERGARA, RUIDÍAS  FARFÁN 1  Torres Vásquez, Aníbal. Código Civil, Tomo II. Octava Edición. Editorial IDEMSA.  Lima: 2016, Pág. 253. 2  Ídem. Pág. 254. 3  Vásquez Ríos, Alberto. Derechos reales, propiedad, copropiedad, usufructo,  superficie, servidumbre. Tomo II, Editorial San Marcos. 3era Edición, Lima: 2003.  Pág. 113. 4  Casación N° 2229-2008, Lambayeque. Sentencia plenaria, expedida en la ciudad  de Lima, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil ocho. En los seguidos  por Rafael Agustín Lluncor Castellanos y Gladys Filomena Lluncor Moloche, contra  Guillermo Cepeda Villarreal y oíros, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio,  (Fundamentos 41 al 44). C-2136199-45