CASACIÓN Nº 1065-2020 LIMA
TEMA: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SUMILLA: El artículo 104° del Código Tributario contempla  una serie de formas en que pueden ser notificados los actos  administrativos, regulando entre ellos la notificación electrónica  (inciso b), la que debe sujetarse al procedimiento y requisitos  que se fijan en la Resolución de Superintendencia Nº 014- 2008/SUNAT y sus modificatorias. Cuando el administrado  en el procedimiento de fiscalización ha fijado un domicilio  procesal físico donde se le ha venido notificando, y luego  de modo unilateral se decide notificarlo electrónicamente, a  efectos de salvaguardar su derecho a la defensa y de acuerdo  a lo sostenido por el Tribunal Constitucional, se requiere que  la administración tributaria adopte acciones que revelen un  grado elevado de certidumbre de que el administrado ha  tomado conocimiento del acto notificado. Palabras clave: Notificación SOL, recurso de reclamación,  domicilio procesal físico, Resolución de Superintendencia  N.°014-2008/SUNAT,  Resolución  de  Superintendencia  N.°242-2017/SUNAT Lima, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.- LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. VISTA; la causa número  mil sesenta y cinco-dos mil veinte-Lima, en audiencia pública  llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma virtual  Google Hangouts Meet con la participación de los señores  Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente), González  Aguilar, Rueda Fernández, Bustamante del Castillo y Dávila  Broncano, , y luego de verificada la votación con arreglo a ley,  emite la siguiente sentencia: 1. Objeto del recurso de  casación En el presente proceso sobre nulidad de  resoluciones administrativas y otro, la parte pretensora,  Morgan del Oriente Sociedad Anónima Cerrada (en lo  sucesivo Morgan del Oriente SAC), con fecha trece de  diciembre de dos mil diecinueve, ha interpuesto el recurso de  casación obrante de fojas trescientos once a trescientos  veintidós del expediente judicial electrónico (en lo sucesivo,  EJE), contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número catorce, de fecha veintinueve de noviembre de dos  mil diecinueve, corriente de fojas doscientos noventa y tres a  trescientos tres del EJE, que revocó la sentencia de primera  instancia expedida mediante resolución número seis, del  treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, obrante de fojas  ciento noventa y siete a doscientos once del EJE, que declaró  fundada en parte la demanda, y, reformándola, la declaró  infundada. 2. Causales por las que se ha declarado  procedente el recurso de casación Mediante auto  calificatorio de fecha tres de noviembre de dos mil veinte,  corriente de fojas ciento cuarenta y uno a ciento cuarenta y  seis del cuaderno de casación formado por la Tercera Sala de  Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte  Supremo de Justicia, se declaró PROCEDENTE el recurso de  casación interpuesto por Morgan del Oriente SAC, por las  siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo  104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.  Argumenta que la interpretación correcta de tal disposición es  como sigue: “Corresponde que la Administración Tributaria  notifique a la recurrente la Resolución de Intendencia  N.°0260140153290/SUNAT, a través de la Notificación SOL.  Cabe resaltar que la Superintendencia Nacional de Aduanasy de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) ha  implementado un Sistema de Notificaciones SOL defectuoso,  dado que no se informó al contribuyente del ingreso de  resoluciones de intendencia que resuelven reclamaciones en  la bandeja del buzón electrónico. El acto de notificación de la  mencionada resolución de intendencia mediante el Sistema  de Notificaciones SOL no cumple con garantizar el acceso de  los contribuyentes a las resoluciones administrativas emitidas  por la SUNAT. Así la propia SUNAT señala a la prensa y en su  página web que se deposita el acto administrativo en el Buzón  Electrónico SOL del contribuyente, a su vez, se remitirá una  alerta SMS y/o un correo electrónico avisando al contribuyente  que tiene una notificación en su buzón electrónico, situación  que nunca ocurrió en el presente caso y aún está pendiente,  por lo que era un deber de la SUNAT remitir la referida alerta  SMS y/o un correo electrónico […] También señaló que el  Tribunal Fiscal no advirtió que la SUNAT aplicó indebidamente  las modificaciones al Sistema de Notificaciones SOL a su  recurso de reclamación en trámite, dado que la Resolución de  Superintendencia  N.°242-2017-SUNAT  tiene  un  vacío  normativo sobre dicha situación jurídica […] Agrega a ello que  la SUNAT dispuso la notificación del resultado de nuestro  recurso de reclamación mediante el Sistema de Notificaciones  SOL, al amparo de la Resolución de Superintendencia  N.°242-2017-SUNAT, publicada el veintiocho de septiembre  de dos mil diecisiete, en la cual, sin mayor motivación, se  dispuso  modificar  el  anexo  de  la  Resolución  de  Superintendencia N.°014-2008-SUNAT, a fin que puedan ser  notificados los deudores tributarios a través de notificaciones  SOL con determinados actos administrativos como los que  resuelven recursos de reclamación. Si bien bajo una óptica  meramente positivista y formal, es lógico suponer que las  disposiciones de la Resolución de Superintendencia N.°242- 2017-SUNAT se aplicarían de forma inmediata desde el  veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (día siguiente  de la publicación de la referida norma), la SUNAT y el Tribunal  Fiscal no tomaron en cuenta que su recurso de reclamación  se interpuso el ocho de junio de dos mil diecisiete, con la  presentación de los Expedientes de Reclamación, es decir,  antes de entrar en vigencia la referida Resolución de  Superintendencia. Además, tampoco se tomó en cuenta que  la citada Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/ SUNAT no contiene disposición normativa alguna sobre su  aplicación a los procedimientos de reclamación en trámite,  por lo que acorde con el principio de legalidad, no existía un  mandato legal expreso para su aplicación en las reclamaciones  en curso, existiendo un evidente vacío normativo sobre el  particular […]”. b) Excepcionalmente, por infracción del  numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del  Perú. Sin perjuicio de lo antes expuesto e independientemente  de la denuncia propuesta, se indicó que es preciso advertir  que de los argumentos invocados en el recurso casatorio, se  desprende que la recurrente también denuncia aspectos  referidos a una posible vulneración al derecho al debido  proceso contemplado en el inciso 3 del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú, pues en su recurso indica: “[…]  que la Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT,  que resolvió nuestro recurso de reclamación no fue notificada  conforme a Ley, situación que perjudicó nuestro derecho a  impugnar por una actuación arbitraria de la administración  tributaria […]”. 3. Asunto jurídico en debate En el caso  particular, la cuestión jurídica en debate se bifurca en dos  niveles de análisis: primero, verificar si la sentencia de vista  ha respetado el derecho al debido proceso y la motivación de  las resoluciones judiciales, esta última como expresión del  principio de la función jurisdiccional mencionado; y, segundo,  establecer si la decisión revocatoria de la instancia superior al  desestimar la demanda de autos ha significado una incorrecta  interpretación del artículo 104° del Texto Único Ordenado del  Código Tributario (en lo sucesivo TUO del Código Tributario),  lo que ha determinado que se considere que la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 05613-3-2018 se encuentra debidamente  motivada. II. CONSIDERANDO: Referencias principales  del proceso judicial PRIMERO.- Para resolver la denuncia  planteada en el recurso de casación y la causal excepcional,  contextualizando el caso particular, es pertinente iniciar el  examen que corresponde a este Supremo Tribunal con el  sumario recuento de las principales actuaciones vinculadas  con el desarrollo de la presente causa judicial. Así, tenemos:  1.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción El  nueve de octubre de dos mil dieciocho la demandante,  Morgan del Oriente SAC, acudió al órgano jurisdiccional  interponiendo demanda sobre nulidad de resoluciones  administrativas y otros, obrante de fojas sesenta a ochenta y  siete del EJE. Planteó el siguiente petitorio: Pretensión  principal: La declaración de nulidad de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 05613-3-2018 y de la Resolución de  Intendencia Nº 0260150010605/SUNAT, por incurrir en lacausal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 109°  del TUO del Código Tributario, al vulnerar la primera y la  segunda disposiciones finales del Código Procesal Civil y el  principio de predictibilidad. Pretensiones accesorias a la  pretensión principal: Se ordene a la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en  adelante, SUNAT) la admisión a trámite del recurso de  apelación  contra  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  0260140153290/SUNAT, sin solicitar el pago previo de la  Resolución de Determinación Nº 024-003-0358525 y la  Resolución de Multa Nº 024-002-0257296; y se ordene a la  SUNAT dejar sin efecto el cobro de intereses que se hayan  generado por la resolución de determinación y la resolución  de multa. Primera pretensión subordinada a la pretensión  principal: Se declare la nulidad del acto de notificación  electrónica mediante Sistema de Notificaciones SOL de la  Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT.  Pretensiones accesorias a la primera pretensión subordinada:  Se retrotraiga el procedimiento contencioso tributario a la  etapa de notificación de la Resolución de Intendencia Nº  0260140153290/SUNAT, y se ordene a la SUNAT que  notifique en el domicilio procesal físico, al haberse vulnerado  el derecho de defensa y el debido procedimiento; y se ordene  a la SUNAT dejar sin efecto el cobro de intereses que se  hayan generado por las resoluciones de determinación y de  multa; y, Segunda pretensión subordinada a la pretensión  principal: Se declare la improcedencia de la aplicación de  intereses por haber incurrido la SUNAT en el supuesto de  duplicidad de criterio previsto en el numeral 2 del artículo 170°  del TUO Código Tributario. Se sustenta el petitorio  argumentando principalmente que: a) la SUNAT ha  implementado un Sistema de Notificaciones SOL defectuoso,  dado que no se informa al contribuyente del ingreso de  resoluciones de Intendencia que resuelven reclamaciones en  la bandeja del buzón electrónico; b) el acto de notificación de  la Resolución de Intendencia N.°0260140153290/SUNAT,  mediante el Sistema de Notificaciones SOL, no cumple con  garantizar el acceso de los contribuyentes a las resoluciones  administrativas emitidas por la SUNAT, por lo que, al no haber  recibido alerta por mensaje de texto y/o un correo electrónico  que le comunique que tiene una notificación en el buzón de la  clave SOL, se vulnera el principio de facilidad probatoria, el  cual señala que no puede imponerse al administrado la  práctica de probar un hecho negativo, siendo la administración  tributaria la que fácilmente puede probar el hecho positivo; c)  las notificaciones electrónicas realizadas por la SUNAT se  materializaron sin respetar la ley y constituyen notificaciones  inválidas, que impiden la ejecución del respectivo acto  administrativo. La carencia de efectos de un acto administrativo  inicial acarrea la carencia de efectos de los demás actos  posteriores vinculados a dicho acto administrativo inicial, por  lo que se debe declarar la nulidad de la notificación vía buzón  electrónico SOL, y entender como notificación tácita la  Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT,  considerando como fecha la presentación del recurso de  apelación, así como declarar la nulidad de los actos  administrativos impugnados. Agrega que el Tribunal Fiscal no  ha advertido que la SUNAT aplicó indebidamente las  modificaciones al Sistema de Notificaciones SOL, dado que la  Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT tiene  un “vacío normativo” sobre dicha situación jurídica; d) la  implementación del Sistema de Notificaciones SOL en los  procedimientos de reclamación en trámite resulta imposible,  dado que las notificaciones en dicho procedimiento  impugnatorio debían continuar realizándose en el domicilio  fiscal y domicilio procesal físico hasta su conclusión, lo cual  no  ocurrió  al  emitir  la  Resolución  de  Intendencia  N.°0260140153290/SUNAT, que resolvió el recurso de  reclamación, lo cual no fue notificado conforme a ley y  perjudicó su derecho a impugnar por una actuación arbitraria  de la administración tributaria, vulnerándose los derechos de  defensa y al debido procedimiento de los contribuyentes; y e)  no resultaban aplicables las disposiciones de la Resolución  de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, sino la versión  vigente de la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/ SUNAT al momento de interponer el recurso de reclamación,  la cual no prescribía que debía utilizarse el Sistema de  Notificaciones SOL en la tramitación del recurso de  reclamación, y por tanto no existía justificación alguna para  notificar electrónicamente el contenido de la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT. 1.2. Formulación  de los contradictorios 1.2.1. La SUNAT, mediante escrito  presentado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho,  obrante de fojas noventa y cuatro a ciento cinco del EJE,  absuelve la demanda, pretendiendo que se declare  infundada la pretensión principal, e improcedentes la cuarta y  quinta pretensiones accesorias o, en su defecto, infundadas.  Alega sustancialmente que: a) la demandante al apelar nocumplió con los requisitos previstos por el artículo 146° del  TUO del Código Tributario, habiendo la recurrente cumplido  con el procedimiento regulado en el segundo párrafo de dicho  artículo; b) la inadmisibilidad del recurso de apelación, por  extemporáneo, no infringe el derecho de acceso a la tutela  administrativa, el debido proceso ni el derecho de defensa;  por el contrario, responde a una actitud pasiva del deudor  tributario para cumplir con la norma tributaria; y c) mediante  Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT se  incorporó como actos administrativos susceptibles de  notificarse mediante notificaciones SOL a las resoluciones de  Intendencia que resuelvan recursos de reclamación. 1.2.2. El  Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales  del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, mediante escrito presentado el veintiséis de  octubre de dos mil dieciocho, inserto de fojas ciento quince a  ciento treinta del EJE, absuelve la demanda, pretendiendo  que esta sea declarada improcedente o, en su caso,  infundada. Expone como argumentos principales que: a) la  demanda deviene improcedente debido a que la resolución  cuestionada no contiene un pronunciamiento respecto de la  materia sustantiva determinada sobre tributos dejados de  pagar e imposición de multa, por importes acotados en  liquidaciones de cobranza, por lo que no ha causado estado;  b) en cuanto al argumento de la actora según el cual no le  eran aplicables las notificaciones electrónicas, en tanto la  Resolución Nº 242-2017/SUNAT no debió aplicarse al  procedimiento por encontrarse en trámite, debe señalarse  que ello no es cierto, pues el propio Código Tributario autoriza  este tipo de notificación en el inciso b del artículo 104°; c) la  apelación  contra  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  00260140153290/SUNAT fue presentada vencido el plazo  para ello, por lo que la inadmisibilidad decretada se encontraba  arreglada a ley; d) se reclama que la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT no fue notificada  válidamente al haberse efectuado mediante el Sistema de  Notificaciones SOL sin que su parte haya emitido autorización  para ello, afirmación que carece de fundamento, dado que la  actora fue notificada el uno de diciembre de dos mil diecisiete  mediante certificación de la negativa a la recepción por  persona capaz, situación que ha quedado dilucidada con la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05613-0-2018, por lo que  desde el dos de diciembre de dos mil diecisiete se computa el  plazo  para  apelar  la  Resolución  de  Intendencia  N.°0260140153290/SUNAT;  sin  embargo,  al  haberse  presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho,  resultó extemporánea; y e) la demandante no ha demostrado  con hechos concretos que el Tribunal Fiscal haya vulnerado  sus derechos, más aún cuando la notificación ha sido  realizada conforme a ley, sin existir en dicho acto procedimental  algún defecto, por lo que el Juzgado debe considerar que la  diligencia de notificación a la accionante se realizó vía el  Sistema de Notificaciones SOL mediante el depósito en el  buzón electrónico de la interesada. 1.3. Sentencia de  primera instancia Mediante resolución número seis, de  fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, obrante de  fojas ciento noventa y siete a doscientos once del EJE, el  Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima emite  sentencia de primera instancia, declarando fundada en  parte la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución de  Intendencia Nº 026015001065/SUNAT y la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 05613-3-2018, ordenándose retrotraer el  procedimiento administrativo hasta la etapa de presentación  del recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia  Nº 0260140153290/SUNAT, y que la administración emita la  resolución pertinente conforme a los considerandos de la  misma sentencia. Asimismo, declara improcedente la misma  demanda respecto de la segunda pretensión accesoria, sobre  inaplicación de intereses legales generados por la resolución  de determinación y de multa cuestionadas. Se funda la  decisión judicial exponiéndose principalmente que: i) la norma  tributaria ha determinado como regla general que la  notificación de los actos administrativos se efectúe en el  domicilio fiscal consignado ante la SUNAT, siendo obligación  de cada contribuyente el mantener actualizado su domicilio  fiscal y, en consecuencia, se entienden por válidas las  notificaciones que se realicen en el domicilio fiscal que se  haya registrado. En el artículo 104° del TUO del Código  Tributario se han regulado diversas modalidades de  notificación que no necesariamente se realizan en forma  física, sino vía online, por las cuales las notificaciones  electrónicas se considerarán efectuadas y surtirán efectos al  día hábil siguiente a la fecha del depósito del documento; es  decir, no es relevante cuándo el contribuyente abra el  mensaje; ii) por Resolución de Superintendencia Nº 014- 2008/SUNAT se reguló la notificación de los actosadministrativos por medios electrónicos, disponiéndose en su  artículo 3° que es la SUNAT la que incorporará de manera  gradual los actos administrativos que podrán ser notificados  en esa modalidad. En el anexo publicado el diez de febrero de  dos mil ocho por la referida resolución de Superintendencia,  se indica que se puede notificar vía notificaciones SOL la  resolución de Intendencia u Oficina Zonal referida a la  devolución del saldo a favor determinado en la declaración  jurada anual del impuesto a la renta-persona natural-otras  rentas-ejercicio gravable dos mil siete. Así, mediante el  procedimiento de notificación electrónica, la SUNAT deposita  la copia o ejemplar electrónico del documento (acto  administrativo a notificar) en un archivo de formato PDF en el  buzón electrónico que se asigna a cada contribuyente con la  creación de la clave SOL. Se registra en su sistema como  fecha de notificación aquella en la cual se realiza su depósito,  siendo que a partir del día hábil siguiente empiezan a correr  los plazos de vencimiento, según se desprende de los  artículos 104° (inciso b) y 106° del Código Tributario, no  siendo ya necesario efectuar la notificación en el domicilio  fiscal o procesal del contribuyente, lo que se encuentra  regulado en el artículo 4° de la mencionada resolución de  Superintendencia; en su artículo 5°, se regulan los requisitos  para efectuar las notificaciones SOL; iii) en la Resolución de  Superintendencia Nº 001-2009/SUNAT, en su segunda  disposición complementaria modificatoria se sustituyen los  artículos 5° y 6° así como el anexo de la Resolución de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT; siendo ello así, se  puede afirmar que no todos los actos administrativos emitidos  por la SUNAT debían ser notificados por medio electrónico  notificaciones SOL, sino que su aplicación fue de forma  gradual, conforme se dispone en la parte considerativa de la  Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, vigente  desde el nueve de febrero de dos mil ocho, en que se aplica  la notificación de actos administrativos por medio electrónico  vía buzón SOL en los casos que su anexo señale; iv) con la  Resolución de Superintendencia Nº 234-2010/SUNAT, se  incorporan, como actos administrativos a ser notificados  electrónicamente,  al  anexo  de  la  Resolución  de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, que regula la  administración, a las órdenes de pago, la que entró en  vigencia a partir del uno de octubre de dos mil diez. Por  Resolución de Superintendencia Nº 221-2015/SUNAT, se  incluye en el listado a las resoluciones de ejecución coactiva  (REC).  Mediante  el  anexo  de  la  Resolución  de  Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, se amplía el listado  de documentos con cincuenta y cinco (55) nuevos supuestos  que pueden ser notificados al buzón electrónico, entre ellas  las resoluciones de determinación relacionadas a cualquier  tipo de fiscalización, la resolución de Intendencia que  resuelvan el recurso de reconsideración o apelación, las que  resuelven las solicitudes de prescripción, entre otras, que  serán notificadas directamente al buzón electrónico, surtiendo  efectos al día siguiente de su depósito. Tal listado creció  mediante Resolución de Superintendencia Nº 186-2018/ SUNAT, que incorpora al anexo de la Resolución de  Superintendencia  Nº  014-2008-SUNAT  y  normas  modificatorias. En ese contexto, con las modificaciones que  se han producido  al anexo de la Resolución  de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, hasta el treinta de  noviembre de dos mil diecisiete (fecha de depósito en el  buzón electrónico de la Resolución Nº 0260140153290/ SUNAT), se puede afirmar lo siguiente: (i) no se requiere  afiliación a notificaciones SOL, siendo necesario solamente  contar con la clave SOL y buzón asignado para poder realizar  las notificaciones, y (ii) entre los actos administrativos a  notificar por dicho medio no se encuentra la resolución de  Intendencia que resuelva la reclamación; v) de lo expuesto  queda claro que para hacer efectiva la notificación SOL no era  necesario se curse comunicación de la implementación del  sistema al contribuyente, ni tampoco era exigible la afiliación  vía “Formulario de Afiliación a Notificaciones SOL” -  Operaciones en Línea, ya que la norma no obliga a que dicho  sistema envíe alertas de las resoluciones al buzón electrónico,  al ser responsabilidad del contribuyente su consulta periódica  para verificar la existencia o no de notificaciones; sin embargo,  lo que también ha quedado acreditado es que la notificación  electrónica únicamente se aplica en los supuestos en que la  norma y sus modificatorias han ido implementándose de  forma gradual y no a todos los actos administrativos de la  SUNAT, no encontrándose la resolución de Intendencia que  resuelva declarando infundada la reclamación inmersa en los  supuestos que puedan ser notificados vía buzón electrónico;  por ello, al no haberse notificado válidamente la Resolución  de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, se ha vulnerado  el debido procedimiento; vi) en cuanto a las alertas, mediante  dicho servicio se proporcionan alertas informativas a un  correo electrónico registrado, lo que implica que previamenteel interesado se suscriba a la opción “Mis Avisos Electrónicos”  con su clave SOL y registre un correo electrónico, los datos de  contacto, y seguir las indicaciones que el sistema le exija, lo  que no ha sido acreditado por la recurrente y en nada altera la  conclusión a que se arriba en el punto precedente; vii) de  acuerdo al artículo 146° del TUO del Código Tributario, la  apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal que fuera  interpuesta de manera extemporánea, esto es, pasados los  quince días hábiles siguientes a su notificación, será admitida  siempre que el apelante acredite el pago de la totalidad de la  deuda tributaria apelada. En ese sentido, al estar ante una  notificación inválida de la Resolución Nº 0260140153290/ SUNAT, dado que la fecha del depósito en el buzón electrónico  no puede ser considerada para contabilizar el plazo de la  presentación del recurso de apelación, se concluye que la  Resolución de Intendencia Nº 0260150010605/SUNAT, que  declaró inadmisible la apelación interpuesta por cuanto  consideró que se encontraba fuera de plazo, así como la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05613-3-2018, no se  encuentran conformes a derecho y devienen nulas; y en  cuanto a la primera pretensión accesoria planteada — respecto a que la SUNAT admita a trámite el recurso de  apelación interpuesto contra la Resolución de Intendencia Nº  0260140153290/SUNAT, sin solicitar el pago previo de la  Resolución de Determinación Nº 024-003-0358525 y de la  Resolución de Multa N.°024-002-0257296— debe ser  amparada; viii) con referencia a dejar sin efecto el cobro de  intereses y sanciones que se hayan generado por la  Resolución de Determinación Nº 024-003-0358525 y la  Resolución de Multa Nº 024-002-0257296, debe señalarse  que, previamente a establecer si corresponde la inaplicación  de intereses y sanciones respecto de tales valores, deberá  determinarse primero la validez de estos en el procedimiento  contencioso administrativo tributario, por lo que dicha  pretensión en este extremo deviene improcedente; y ix) en  cuanto a las pretensiones subordinadas planteadas, estando  a lo previsto en el artículo 87° del Código Procesal Civil, y  siendo que de la revisión de los considerandos precedentes  se evidencia que el Juzgado ha amparado la pretensión  principal, dichas pretensiones subordinadas carecen de  sustento. 1.4. Ejercicio del derecho a impugnar 1.4.1. La  Procuraduría Adjunta del Ministerio de Economía y Finanzas,  en representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito  presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, obrante de  folios doscientos trece a doscientos dieciocho del EJE,  interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera  instancia en el extremo que declaró fundada la demanda. Son  agravios principales del recurso vertical los siguientes: a) se  ha considerado equivocadamente que la Resolución de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y sus modificatorias,  estipulados en el último listado ampliado por Resolución de  Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, no contemplan la  resolución de Intendencia que resuelve sobre un recurso de  reclamación, a efectos de ser notificados por medios  electrónicos. La Jueza no ha tenido una apreciación adecuada  de la Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT,  que modificó la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/ SUNAT, la cual claramente incluye, como rubro 44, la  notificación de las resoluciones de Intendencia referidas a los  procedimientos de reclamación; b) la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 05613-3-2018 ha resuelto conforme al ordenamiento  legal correspondiente, ya que ha tenido por bien notificada a  la contribuyente (ahora demandante) la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, la que declaró  infundada  la  reclamación  contra  la  Resolución  de  Determinación Nº 024-003-0358525 y la Resolución de Multa  Nº 024-002-0257296; y c) con la sentencia de primera  instancia, se estaría declarando la invalidez de una resolución  del Tribunal Fiscal expedida legítimamente en última instancia  administrativa en materia tributaria, atentando así contra el  principio del debido proceso, en tanto se está limitando las  atribuciones del tribunal administrativo reguladas en el artículo  101° del Código Tributario vigente y generando inseguridad  jurídica con respecto a los administrados, además de  imposibilitar al Estado cumplir con sus fines de justicia  administrativa y sus deberes de tutela efectiva. 1.4.2. La  SUNAT, mediante escrito presentado el once de junio de dos  mil diecinueve, obrante de folios doscientos veinticuatro a  doscientos treinta y cinco del EJE, interpone recurso de  apelación contra la sentencia de primera instancia. Son  agravios sustanciales del recurso vertical los siguientes: a) el  Juez incurre en craso error al fundamentar su fallo a partir de  la fecha de publicación de la Resolución de Superintendencia  Nº 242-2017/SUNAT, toda vez que señala que la misma fue  publicada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete,  cuando en realidad este dispositivo fue publicado el veintiocho  de septiembre de dos mil diecisiete, hecho que desvirtúa el  fundamento de su sentencia, por lo cual debe declararseinfundada la demanda presentada; b) a partir de la vigencia  de la Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT,  se incorpora el rubro 44 del anexo de la Resolución de  Superintendencia  Nº  014-2008/SUNAT,  el  documento  resolución de Intendencia u Oficina Zonal referido al  procedimiento de reclamación, el mismo que comprende al  que declara inadmisible el recurso de reclamación, que  resuelve el recurso de reclamación, así como aquella que se  pronuncia sobre el desistimiento del recurso de reclamación;  c) no obstante que el Juez reconoce y afirma que la  administración está facultada para realizar la notificación vía  clave SOL, y que está acreditada la notificación con el  documento denominado “Notificaciones SOL-Constancia de  Notificación”, en el cual se aprecia la fecha y hora del depósito  del documento notificado, se yerra al señalar que  posteriormente —a partir de la fecha de publicación de la  Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, que  modifica la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/ SUNAT e incorpora el rubro 44 al anexo de la misma— es que  la notificación electrónica únicamente se aplica, al haberse  implementado de forma gradual y no a todos los actos  administrativos emitidos por la SUNAT, no encontrándose — según razona la Jueza— la resolución de Intendencia que  resuelve declarar infundada la reclamación inmersa en los  supuestos que puedan ser notificados vía buzón electrónico;  y d) la validez de la notificación ha sido reconocida  expresamente por el Juzgado al señalar que la administración  está facultada para notificar vía SOL, y que las normas  pertinentes no han regulado que los cargos de notificación  deben estar refrendados, por lo que el mandato de la Jueza  no se ajusta a derecho, dado que está desestimando una  notificación vía SOL totalmente válida. b.5. Sentencia de  segunda instancia La Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, mediante resolución número catorce, del veintinueve  de noviembre de dos mil diecinueve, corriente de fojas  doscientos noventa y tres a trescientos tres del EJE, revoca  la sentencia apelada en el extremo que declara fundada en  parte la demanda contencioso administrativa y, reformándola,  la declara infundada en todos sus extremos. La decisión  superior se funda en los siguientes argumentos principales: i)  la controversia se centra en determinar si la notificación de la  Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, a  través de la modalidad Notificación SOL, se encuentra o no  arreglada a ley, esto es si correspondía que la administración  tributaria notifique a la recurrente la precitada resolución de  Intendencia electrónicamente, a través de la Notificación  SOL, o, como lo sostiene la empresa recurrente, en su  domicilio procesal físico, señalado en su recurso de  reclamación. Al respecto, la empresa recurrente alega que  para que la Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/ SUNAT le sea notificada a través de la Notificación SOL,  previamente debió haberse emitido la correspondiente  autorización y/o comunicación a su parte, para que sea  notificada en esa modalidad; al no producirse ello, se vulnera  su derecho a la defensa. La recurrente agrega que, aplicando  indebidamente lo dispuesto por el artículo 11° del TUO del  Código Tributario, la administración le exigió el pago previo de  los valores impugnados, sin considerar que cuando inició el  procedimiento contencioso tributario de reclamación no era  exigible que se realicen las notificaciones de los actuados  mediante el Sistema de Notificaciones SOL, pues tal exigencia  recién se estableció a partir del veintinueve de septiembre de  dos mil diecisiete, cuando entró en vigencia la Resolución de  Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, no siendo aplicable al  procedimiento que ella seguía, que se encontraba en trámite;  ii) acota el colegiado superior que la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, notificada el uno de  diciembre de dos mil diecisiete mediante la modalidad de  notificaciones SOL, fue impugnada vía recurso de apelación  con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, esto es,  vencidos los quince (15) días de plazo establecidos en el  artículo 146° del Código Tributario, de ahí que la administración  requiriera a la accionante que cumpla con el pago previo de la  deuda tributaria o presente una carta fianza bancaria o  financiera, a fin de que se admita su recurso de apelación; iii)  de acuerdo al artículo 146° del TUO del Código Tributario, el  contribuyente para cuestionar, mediante un recurso de  apelación, aquel pronunciamiento que resuelva su recurso de  reclamación, tiene un plazo de quince (15) días, y, en caso se  presente la apelación de manera extemporánea, se posibilita  al contribuyente acceder a la revisión de su recurso previo  pago de la totalidad de la deuda materia de cuestionamiento,  vale decir, dicha exigencia (pago de la deuda reclamada) es  condición para tener por formulada la apelación y con ello  habilitar al Tribunal Fiscal para que emita un pronunciamiento  de fondo respecto al acto o resolución cuestionada; iv) elartículo 104° del TUO del Código Tributario posibilita que la  administración tributaria notifique sus decisiones a través de  sistemas de comunicación electrónica, siempre que se tenga  certeza de su recepción, como lo es el correo electrónico,  para cuya implementación se requiere la aprobación del  sector correspondiente. En ese orden, mediante Resolución  de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, se reguló la  notificación de actos administrativos por el medio electrónico  Notificaciones SOL; su artículo 2 prevé la forma de notificación  electrónica a través del Sistema Notificaciones SOL, medio  por el cual resulta válido poner en conocimiento de los  contribuyentes  los  pronunciamientos  emitidos  por  la  administración tributaria, como se indica en el inciso e) del  artículo 1° de la referida resolución de Superintendencia;  asimismo, considerando su artículo 4°, se tiene que la  administración tributaria podrá poner en conocimiento sus  decisiones a los deudores tributarios mediante Notificaciones  SOL al buzón asignado al contribuyente, y sus efectos  comenzarán a regir al día hábil siguiente de efectuada la  recepción del documento. En ese contexto, en el caso de  autos se advierte que la SUNAT emitió la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, que resolvió, entre  otros, declarar infundada la reclamación en los extremos  referidos a la Resolución de Determinación Nº 0240030358525  y a la Resolución de Multa Nº 0240020257296, notificada a la  recurrente a través de la notificación SOL el treinta de  noviembre de dos mil diecisiete, conforme a la “Constancia de  Notificación  de  Resolución  de  Reclamación  Nº  0260140153290, y por ende dicha resolución comenzó a  surtir sus efectos a partir del uno de diciembre de dos mil  diecisiete; v) no estando de acuerdo con dicho extremo de la  resolución notificada, la empresa recurrente con fecha  dieciséis de febrero de dos mil dieciocho formuló apelación, lo  que motivó la emisión del Requerimiento de Admisibilidad Nº  0260550090268, por el cual se le otorgó quince (15) días para  que acreditara el pago de la totalidad de la deuda tributaria  apelada extemporáneamente o presentara carta fianza  bancaria o financiera, requerimiento que también le fue  notificado por notificación SOL con fecha catorce de marzo de  dos mil dieciocho; la empresa recurrente no cumplió con lo  requerido, por lo que la Resolución de Intendencia Nº  0260150010605/SUNAT dispuso en su artículo único declarar  inadmisible la apelación interpuesta, resolución que también  fuera impugnada, dando lugar a la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 5613-3-2018. Entonces, advierte la Sala Superior  que la Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT  se encuentra debidamente notificada, en tanto que su  notificación se dio con arreglo a lo dispuesto en el artículo  104° del TUO del Código Tributario y las normas previstas en  la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT,  modificada por la Resolución de Superintendencia Nº  242-2017-SUNAT; vi) en cuanto a la aplicación de la  Resolución de Superintendencia Nº 242-2017-SUNAT,  publicada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho,  cabe indicar que no existe impedimento legal alguno para que  dicha resolución de Superintendencia no surta efectos a  todos los procedimientos iniciados en sede administrativa,  acorde a los artículos 103° y 109° de la Constitución Política  del Estado y la norma X del título preliminar del Código  Tributario, a lo que se agrega que dicha normativa es de  carácter procedimental y por tanto de aplicación inmediata a  todo procedimiento (salvo disposición expresa en contrario,  que en el presente caso no existe); vii) en cuanto al argumento  de que la SUNAT ha implementado un Sistema de  Notificaciones SOL defectuoso, dado que no se informa al  contribuyente del ingreso de resoluciones de Intendencia que  resuelven reclamaciones en la bandeja del buzón electrónico,  cabe indicar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° de  la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, es  obligación del contribuyente revisar su buzón electrónico  periódicamente, y el no hacerlo no implica que el sistema de  notificaciones presente anomalías que impidan remitir las  resoluciones emanadas por la administración tributaria, ni  tampoco que con ello se vulnere el derecho de defensa (salvo  prueba que acredite dicha anomalía, que en el presente caso  no se aprecia). Todo lo contrario, se observa que se notificó  válidamente la Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/ SUNAT y además no hay normativa que establezca que  previamente a la notificación SOL la administración tenga que  autorizar y/o comunicar a los contribuyentes que van a ser  notificados bajo esa modalidad, pues la misma es de carácter  público y, por ende, de conocimiento general, no apreciándose  en consecuencia vulneración alguna del derecho de defensa  ni del debido procedimiento, pues la empresa demandante  tuvo la oportunidad y posibilidad de ejercer a plenitud su  derecho de defensa; viii) en cuanto a las pretensiones  accesorias —dirigidas a que se ordene a la SUNAT la  admisión a trámite del recurso de apelación contra laResolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, sin  solicitar el pago previo de la Resolución de Determinación Nº  024-003-0358525 y la Resolución de Multa Nº 024-002- 0257296, y que se deje sin efecto el cobro de intereses que se  hayan generado por las citadas resoluciones, en aplicación  de lo dispuesto por el artículo 87° del Código Procesal Civil—,  se tiene que, habiéndose desestimado la pretensión principal,  corresponde desestimar las pretensiones accesorias; ix)  sobre la primera pretensión subordinada, dirigida a invalidar el  acto de notificación de la Resolución de Intendencia Nº  0260140153290/SUNAT, de acuerdo a lo desarrollado  precedentemente, ha quedado acreditado que la notificación  de dicha resolución se encuentra arreglada a derecho; por  tanto,  dicha  pretensión  subordinada  también  debe  desestimarse, así como las pretensiones accesorias a la  misma, en aplicación del artículo 87° del Código Procesal  Civil; y x) respecto a la segunda pretensión subordinada, por  la que se solicita que se declare la improcedencia de la  aplicación de intereses por haber incurrido la SUNAT en la  duplicidad de criterio prescrita en el numeral 2 del artículo  170° del TUO del Código Tributario, cabe indicar que en el  presente caso no se acredita en modo alguno que se esté  ante un caso de duplicidad de criterios, por lo que no  corresponde estimar dicho extremo demandado. Anotaciones  acerca  del  recurso  de  casación  SEGUNDO.-  Contextualizado el caso, es pertinente hacer referencia a los  alcances del recurso extraordinario de casación, que delimitan  la actividad casatoria de esta Sala Suprema. 2.1. El recurso  de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República,  conforme lo precisa el artículo 384° del Código Procesal Civil.  En materia de casación es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho al  proceso regular, teniendo en consideración que este supone  el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al  proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.  2.2. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el  control de las infracciones que las sentencias o los autos  puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal  efecto de los hechos considerados probados en las instancias  de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si  la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos  hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa,  sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre  el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido  entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe  precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una  tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del  conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro  tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Constituye antes  bien un recurso singular que permite acceder a una corte de  casación para el cumplimiento de determinados fines, como la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República. 2.3. Por causal de  casación se entiende al motivo que la ley establece para la  procedencia del recurso1, debiendo sustentarse en aquellas  previamente señaladas en la ley. Puede, por ende,  interponerse por apartamiento inmotivado del precedente  judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la  forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la  ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al  caso, así como la falta de congruencia entre lo decidido y las  pretensiones formuladas por las partes, y la falta de  competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma  aluden a infracciones en el proceso2, por lo que en tal sentido  si bien todas las causales suponen una violación de la ley,  también lo es que estas pueden darse en la forma o en el  fondo. 2.4. De otro lado, atendiendo a que en el caso particular  se ha declarado procedente el recurso de casación por  causales de infracción normativa procesal (excepcional) y  material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis  de la infracción de disposición de carácter procesal —de  orden constitucional—, desde que si por ello se declarara  fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación  de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con  disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el  respectivo órgano de instancia, supuesto en el cual carecerá  de objeto emitir pronunciamiento sobre la denuncia material  propuesta por la empresa recurrente. 2.5. Debemos incidir  señalando que la infracción procesal se configura cuando en  el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos  procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos  del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva  y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo haceen forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la  normatividad vigente y de los principios procesales.  Evaluación de la causal excepcional de naturaleza  procesal TERCERO.- Al constituir principio de la función  jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional, entendiéndose doctrinalmente que el debido  proceso es un derecho complejo al estar conformado por un  conjunto de derechos esenciales y garantías de las cuales  goza el justiciable, entre ellos el de motivación de las  resoluciones judiciales, los mismos que se encuentran  recogidos en el numeral 3 del artículo 139° de la  Constitución  Política  del  Perú,  cuya  procedencia  excepcional ha viabilizado también el recurso de casación,  como se indica en el acápite b) del apartado 2 de la sección  I de este pronunciamiento, se partirá por evocar, a manera  ilustrativa,  algunos  apuntes  legales,  doctrinales  y  jurisprudenciales  sobre  los  principios  constitucionales  implicados, que permitirán una mejor labor casatoria de este  Tribunal Supremo. Así, tenemos: 3.1. El debido proceso (o  proceso regular), consagrado en el inciso 3 del artículo 139°  de la Constitución Política del Perú3, es un derecho complejo,  pues está conformado por un conjunto de derechos esenciales  que impiden que la libertad y los derechos de los individuos  perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o  procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de  derecho —incluido el Estado— que pretenda hacer uso  abusivo de estos. Como señala la doctrina: […] por su  naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente  estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso  grupo  de  pequeños  derechos  que  constituyen  sus  componentes o elementos integradores, y que se refieren a  las estructuras, característica del Tribunal o instancias de  decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus  principios orientadores, y a las garantías con que debe contar  la defensa.4 Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular  constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el  justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente  informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo  razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado  por un juez imparcial que no tenga interés en un determinado  resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa  y a la defensa por un profesional (publicidad del debate),  derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del  mérito del proceso y derecho al juez legal. 3.2. El derecho al  debido proceso comprende a su vez, entre otros derechos, el  de motivación de las resoluciones judiciales, esto es, el de  obtener una resolución fundada en derecho mediante  decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente  las razones de sus fallos, con mención expresa de los  elementos fácticos y jurídicos que los determinaron,  dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el  inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil5 y el  artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial6. Además, la exigencia de motivación suficiente  prevista en el inciso 5 del artículo 139° de la Carta  Fundamental7, garantiza que el justiciable pueda comprobar  que la solución del caso concreto viene dada por una  valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado  y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no  de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese  entendido es posible afirmar que una resolución que carezca  de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino  también principios de nivel constitucional8. 3.3. El proceso  regular en su expresión de motivación escrita de las  resoluciones judiciales, entiende que una motivación  defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: a)  Falta de motivación propiamente dicha: Cuando se advierte  una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión  jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el  elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: Cuando  el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado  en conclusiones vacías que no guardan relación con el real  contenido del proceso; c) Motivación insuficiente: Cuando se  vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir, las  conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en  pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales este debe  partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los  hechos expuestos por las partes y la convicción que lo  determine en un sentido determinado, respecto de la  controversia planteada ante la judicatura; y d) Motivación  defectuosa en sentido estricto: Cuando se violan las leyes del  hacer/pensar, tales como de la no contradicción (nada puede  ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia  de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido  (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción),  entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y  la experiencia común. 3.4. Ahora bien, debe evaluarse  también que la exigencia de motivación suficiente garantizaque el justiciable pueda comprobar que la solución del caso  concreto viene dada por una valoración racional de la  fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, facilitando así la crítica  interna y el control posterior de las instancias revisoras9, todo  ello dentro de la función endoprocesal de la motivación.  Paralelamente, permite el control democrático de los jueces,  que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la  sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia  de la misma10. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no  son solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los  juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su  investidura11, todo lo cual se presenta dentro de la función  extraprocesal de la motivación. 3.5. Finalmente, tenemos que  el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la  motivación se concretiza, logrando su vigencia efectiva,  siempre y cuando se vislumbre una adecuada argumentación  jurídica del órgano jurisdiccional: i) delimitando con precisión  el problema jurídico que se derive del análisis del caso  concreto; ii) desarrollándose de modo coherente y consistente  la justificación de las premisas jurídicas aplicables,  argumentando respecto a la aplicación e interpretación de  dichas normas al caso; iii) justificando las premisas fácticas  derivadas de la valoración probatoria; y iv) observando la  congruencia entre lo pretendido y lo decidido. Al evaluar la  justificación interna del razonamiento en la motivación de las  resoluciones judiciales, se incide en el control del aspecto  lógico de la sentencia12, consistente en la evaluación del  encadenamiento de los argumentos expuestos, esto es,  verificando el vínculo y relación de las premisas normativas y  su vinculación con las proposiciones fácticas acreditadas que  determinará la validez de la inferencia, lo que implica el  control de la subsunción, o ponderación, que culminará en la  validez formal de la conclusión en la resolución judicial. El  control de las decisiones jurisdiccionales y la motivación  de las resoluciones judiciales aplicado al caso concreto  CUARTO.- Desarrollados los supuestos teóricos precedentes,  corresponde ahora determinar si la resolución judicial  recurrida en casación ha transgredido el derecho al debido  proceso en su elemento medular de motivación. Para ello, el  análisis debe efectuarse a partir de los propios fundamentos o  razones que sirvieron de base a la misma, por lo que cabe  realizar el examen de las razones o justificaciones expuestas  en la resolución materia de casación. En tal virtud, para la  evaluación de la infracción procesal excepcional, se acude a  la base fáctica fijada por las instancias de mérito, así como a  los argumentos esgrimidos en los fallos de instancia. Dicha  labor requiere identificar el contenido normativo de las  disposiciones constitucionales para establecer si el numeral 3  del artículo 139° de la Constitución Política del Perú ha sido  vulnerado, para cuyo efecto este Tribunal Supremo debe  verificar si el paso de las premisas fácticas y jurídicas a la  conclusión a que se arriba en la sentencia de vista recurrida  en casación, ha sido lógica o deductivamente válido, sin  devenir en contradictorio. 4.1. Atendiendo a los aspectos  doctrinales y jurisprudenciales evocados en el anterior  considerando, se desprende de la revisión integral de la  sentencia materia de casación que la misma ha observado el  debido proceso en su vertiente del derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha  delimitado el objeto de pronunciamiento conforme a las  pretensiones planteadas, como se desprende del segundo  considerando de la referida sentencia, y se ha cumplido con  emitir una decisión sobre los agravios denunciados en los  recursos de apelación, los que previamente ha identificado en  el primer considerando de la misma sentencia, como se  desprende del desarrollo lógico-jurídico que emerge del  cuarto considerando, invocando el marco regulatorio  relacionado a lo que es asunto de controversia y los  antecedentes  administrativos  que  cita  en  el  tercer  considerando. 4.2. Se trasluce entonces que, para absolver y  desvirtuar los agravios planteados en los recursos verticales,  la Sala de mérito efectuó una valoración conjunta y razonada  de los medios probatorios aportados al proceso, en estricto  del  expediente  administrativo  acompañado13,  cuyas  actuaciones principales cita, como se reitera, en el tercer  considerando. Asimismo, ha justificado las premisas fácticas  (la parte accionante alega en síntesis que la notificación de la  Resolución del Tribunal Fiscal N.°05613-3-2018 y la  Resolución de Intendencia N°0260150010605/SUNAT, debió  realizarse en el domicilio fiscal que fijó en su Recurso de  Reclamación, no siendo de aplicación la notificación SOL, en  tanto no expresó su autorización para ello y la Administración  no emitió la alarma de notificación electrónica que  correspondía; y, por su parte, las entidades demandadas  invocan que la notificación vía SOL está acorde a lo previsto  por el artículo 104° del TUO del Código Tributario, en  concordancia con la Resolución de Superintendencia N.°242-2017/SUNAT, que incorpora la notificación de la Resolución  que resuelve el recurso de Reclamación vía SOL, la misma  que ha sido publicada el veintiocho de septiembre de dos mil  diecisiete y no el veintiocho de diciembre de ese mismo año,  como se ha precisado de manera errada), así como las  premisas jurídicas (artículos 104° y 146° del TUO del Código  Tributario y Resoluciones de Superintendencias de números  014-2008/SUNAT, 001-2009/SUNAT, 234-2010/SUNAT, 221- 2015/SUNAT, 242-2017/SUNAT y 186-2018/SUNAT, que  regulan los requisitos que se deben satisfacer para la  procedencia del recurso de apelación administrativo en un  procedimiento tributario, las formas de notificación que  contempla el Código Tributario y el procedimiento para la  notificación por medio electrónico denominado “Notificaciones  SOL”, respectivamente), que le han permitido llegar a la  conclusión de que la Resolución de Intendencia Nº  0260140153290/SUNAT  se  encuentra  debidamente  notificada, al producirse su diligenciamiento conforme a lo  previsto por el artículo 104° del TUO del Código Tributario y  las normas contenidas en la Resolución de Superintendencia  Nº 014-2008/SUNAT, modificada por la Resolución de  Superintendencia  Nº  242-2017/SUNAT,  constituyendo  obligación a cargo del contribuyente —según indica la Sala de  mérito— el revisar su buzón electrónico periódicamente, en  tanto no existe normativa que obligue a la administración  tributaria que previamente a la notificación SOL el  contribuyente tenga que autorizar o comunicar que van a ser  notificados bajo la modalidad SOL, ya que ese sistema es  público. En tal línea —sostiene la Sala Superior—, la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05613-3-2018, que confirma  la Resolución de Intendencia Nº 0260150010605/SUNAT, que  declaró inadmisible la apelación interpuesta contra la  Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, que,  entre otros, declaró infundada la reclamación contra la  Resolución de Determinación Nº 024-003-0358525 y la  Resolución de Multa Nº 024-002-0257296, giradas por el  impuesto a la renta del ejercicio dos mil trece y por la comisión  de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del  TUO del Código Tributario, se encuentran debidamente  motivadas, al contener el sustento fáctico y la valoración  acorde al marco jurídico aplicable, que no la hace pasible de  nulidad en los términos reclamados en la demanda de autos.  4.3. Ahora bien, en torno a la justificación externa de la  decisión superior, este Tribunal Supremo considera que la  realizada por la Sala de mérito es adecuada, desde que las  premisas fácticas y jurídicas contienen proposiciones  verdaderas y normas aplicables en el ordenamiento jurídico  nacional, las que resultan pertinentes para resolver la materia  en controversia, atendiendo a los términos del objeto debatible  y los puntos controvertidos. En atención a las premisas  normativas y fácticas expuestas, el colegiado superior  sustenta adecuadamente su postura frente a la normativa  aplicable al caso en concreto, y arriba a una conclusión  motivada. 4.4. En esa perspectiva, la sentencia recurrida  explica y justifica las premisas factuales y jurídicas elegidas  por el colegiado superior, cumpliendo con la exigencia de  logicidad en la justificación interna de la resolución examinada  y con el estándar de motivación exigido por el numeral 3 del  artículo 139° de la Norma Fundamental; por tanto, no se  observa la infracción del derecho al debido proceso en  vinculación con la motivación de las resoluciones judiciales y  la tutela jurisdiccional efectiva. 4.5. Es pertinente acotar que lo  señalado no es necesariamente equivalente a que esta Sala  Suprema concuerde con el criterio que sustenta el fallo  recurrido, en tanto no puede confundirse debida motivación  de las resoluciones judiciales con debida aplicación del  derecho objetivo. En el primer caso, se examinan los criterios  lógicos y argumentativos referidos a la decisión de validez, la  decisión de interpretación, la decisión de evidencia, la  decisión de subsunción y la decisión de consecuencias,  mientras que en el segundo debe determinarse si la norma  jurídica utilizada ha sido aplicada de manera debida. Por  tanto, lo expuesto en el auto calificatorio del recurso como  sustento para la procedencia excepcional del mismo, por  aparente vulneración al debido proceso, no se sostiene.  QUINTO.- Ahora bien, sobre la misma causal casatoria  procesal excepcional, bajo los términos en que ha sido  sustentada en el auto de calificación del recurso, se alude a  que se habría infringido el derecho al debido proceso, pues  indica la empresa recurrente que: En tal sentido, la  implementación del sistema de Notificaciones SOL en los  procedimientos de reclamación en trámite resulta imposible,  dado que las notificaciones en dicho procedimiento  impugnatorio debían continuar realizándose en el domicilio  fiscal y domicilio procesal físico hasta su conclusión, lo cual  no ocurrió en el presente caso dado que la Resolución de  Intendencia N.°0260140153290/SUNAT, que resolvió nuestro  recurso de reclamación no fue notificada conforme a Ley,situación que perjudicó nuestro derecho a impugnar por una  actuación arbitraria de la administración tributaria. Esta Sala  Suprema estima que ello no se constituye propiamente en  asuntos que deban pasar por un control casatorio procesal,  sino de fondo o sustantivo, con base en causales de  naturaleza material, atendiendo a que en la transcripción  efectuada se incide en que la posible afectación al debido  proceso en su expresión del derecho a impugnar lo sería en  virtud a que la administración tributaria no habría efectuado  una válida notificación SOL de la Resolución de Intendencia  Nº 0260140153290/SUNAT (que resolvió el recurso de  reclamación), lo que para la empresa demandante constituía  una actuación arbitraria de la SUNAT. SEXTO.- En virtud de lo  desarrollado, se evidencia objetivamente que la sentencia de  vista ha cautelado y observado el principio del debido proceso,  entendido como un conjunto de garantías de las cuales goza  el justiciable, las que incluyen la motivación, logicidad y  congruencia de las resoluciones, que aparecen respetadas  en la presente causa judicial, pues el discurso jurídico  contenido en aquella no revela considerandos contradictorios.  Tampoco contiene una motivación inadecuada o insuficiente,  desde que las conclusiones a las que arribó el tribunal de  apelación se asientan en premisas verdaderas, con base en  las cuales concluye que tanto la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 05613-3-2018 como la Resolución de Intendencia  Nº 02601500010605/SUNAT, objeto de la demanda de autos,  se encuentran motivadas, al considerar que han sido  notificadas a la demandante/contribuyente por el Sistema de  Notificaciones SOL. Por lo mismo, la Sala Superior ha  cumplido con el estándar de motivación exigido por los  numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política  del Perú, que engloban los principios de debido proceso y  motivación, de tal manera que se corrobora que no se han  afectado dichos principios de la función jurisdiccional, tal  como se alegó al conceder la procedencia excepcional del  recurso. Por ende, la infracción normativa procesal examinada  deviene infundada. Evaluación de la causal casatoria de  naturaleza material postulada por la empresa demandante  Morgan  del  Oriente  SAC  SÉPTIMO.-  Habiéndose  desestimado la causal de naturaleza procesal excepcional,  nos encontramos habilitados para emitir pronunciamiento  sobre la denuncia casatoria de naturaleza material, descrita  en el literal a) del apartado 2 de la sección expositiva de la  presente ejecutoria suprema, referida a la infracción  normativa por interpretación errónea del artículo 104° del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, que  contempla los supuestos de notificación de los actos  administrativos emitidos por la administración tributaria. 7.1.  Sobre ello, la recurrente sustenta su denuncia en cuatro  cuestionamientos, a saber: a) el acto de notificación de la  Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT  mediante el Sistema de Notificaciones SOL no cumple con  garantizar el acceso de los contribuyentes a las resoluciones  administrativas emitidas por la SUNAT, constituyendo un  deber de tal entidad remitir la alerta mediante mensaje de  texto y/o correo electrónico, lo que no se ha cumplido, por lo  que deviene en nula la notificación vía buzón electrónico SOL;  b) el Tribunal Fiscal no advirtió que la SUNAT aplicó  indebidamente las modificaciones al Sistema de Notificaciones  SOL al recurso de reclamación en trámite, ya que la  Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT tiene  un “vacío normativo” sobre dicha situación jurídica, dado que  las demandadas no tomaron en cuenta que el recurso de  reclamación se interpuso el ocho de junio de dos mil diecisiete,  antes de entrar en vigencia la referida resolución de  Superintendencia, la misma que no disponía su aplicación a  los procedimientos de reclamación en trámite; c) no resulta de  aplicación la Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/ SUNAT, sino la versión vigente al momento de interponer el  recurso de reclamación, como lo es la Resolución de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, que no prescribía que  debía ser empleado el Sistema de Notificaciones SOL en la  tramitación de los recursos de reclamación, por lo que no  existía justificación para que se efectúe la notificación por vía  electrónica; y d) la SUNAT no observó el principio de  predictibilidad, dado que antes del veintinueve de septiembre  de dos mil diecisiete las notificaciones de la Resolución de  Determinación Nº 024-003-0358525 y Resolución de Multa Nº  024-002-0257296 se realizaron en el domicilio procesal físico,  por lo que la entidad estableció unilateralmente que a partir de  la fecha indicada las notificaciones del procedimiento de  reclamación en trámite se realicen bajo el Sistema de  Notificaciones SOL, variación que no se le notificó. 7.2.  Tratándose la infracción normativa denunciada de una por  interpretación errónea, la doctrina ha señalado sobre ella que:  Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en  su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica  la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentidodiferente. La interpretación errónea de la norma es una forma  de violarla […] la interpretación errónea de una norma  sustantiva por la Sala Especializada, al resolver el litigio,  importa denunciar la atribución de un sentido que no tiene la  norma o de restringir o extender indebidamente sus  alcances.14 En esa perspectiva, estaremos frente a dicho tipo  de infracción normativa cuando el precepto legal elegido para  la solución de la controversia es el correcto, y se reconoce su  existencia y validez para la solución del litigio; sin embargo, la  interpretación otorgada por el juzgador es errada, al conferirle  un sentido y alcance que no tiene, por lo cual corresponde a  esta Sala Suprema verificar si este último supuesto se ha  presentado en el caso de autos. 7.3. En la precisión doctrinal  anotada, tenemos que la factibilidad del control de las  decisiones judiciales que se otorga a este tribunal de casación,  importa que cualquier imputación que se formule al fallo  objeto del recurso extraordinario, dirigida específicamente a  impugnar el juzgamiento concreto efectuado por el juzgador  sobre la interpretación de la norma jurídica, debe partir de una  evaluación conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz  de las mismas normas jurídicas cuyas infracciones se invocan  y en el contexto de los hechos probados, para así establecer  si se ha incurrido o no en la causal denunciada, lo que implica  citar el contenido normativo, para luego relacionarlo con los  hechos con relevancia jurídica materia del caso, con inclusión  de temas y conceptos que la normativa jurídica establece,  tales como el acto de notificación y su diligenciamiento válido,  entre otros, todo lo cual colaborará a que la actividad casatoria  de control de legalidad cumpla su finalidad.7.4. Es pertinente  precisar que en sede de instancia se ha establecido que el  asunto debatido se centra en determinar si efectivamente la  empresa pretensora/recurrente debió ser notificada con la  Resolución de Intendencia Nº 026014015329/SUNAT, que  resolvía el recurso de reclamación que planteó en sede  administrativa, a través de la modalidad de la “Notificación  Electrónica”, o si, por el contrario, correspondía que se  continuara notificándole al domicilio fiscal físico que fijó en el  recurso administrativo aludido, de acuerdo a la normativa  vigente y aplicable a los hechos generados.La notificación  del acto administrativo con incidencia en los actos  emitidos por la administración tributaria7.5. La Ley del  Procedimiento Administrativo General contempla en el  numeral 16.1 del artículo 16° que: “16.1. El acto administrativo  es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada  produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente  capítulo”. De dicha transcripción normativa se aprecia que lo  que se busca con la notificación es que la decisión de la  administración pública en general, que afecta un derecho o el  interés del administrado, sea conocida por este, a efectos de  que pueda defenderse o cumplir el mandato. Por ello, cabe  afirmar que la notificación es una forma de comunicar al  administrado que la entidad administrativa correspondiente  ha tomado una decisión respecto de sus derechos o intereses,  con el propósito inmediato de que pueda decidir apelar,  aceptar, cumplir o presentar sus descargos, en caso de estar  frente a un procedimiento sancionador15. En esa línea  legislativa, se ha establecido como regla general que el acto  administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente  realizada, es decir, lo será a partir de la notificación  diligenciada conforme a las disposiciones especiales  contenidas en la ley. Por tanto, un acto administrativo con una  notificación deficiente va a tener problemas de eficacia16.7.6.  Asimismo, la doctrina nacional señala sobre el particular que:  “un acto administrativo carece de eficacia mientras no sea  notificado a su destinatario o publicado, pero en cambio no  por ello se encuentra privado de validez. La transmisión (en  cualquiera de sus formas) constituye la condición jurídica para  iniciar la eficacia del acto administrativo”17.7.7. La notificación  en el ámbito tributario es un acto del que se puede extraer  como propósito inmediato el acercamiento que debe existir  entre el administrado/contribuyente y la administración  tributaria. De allí la relevancia del momento de su  diligenciamiento, cuya corrección es vital, desde que ello  implica que el Estado otorga las garantías necesarias que  deben brindarse al contribuyente para asegurar su derecho  de defensa, y que la relación jurídica tributaria trasluce  además una garantía jurídica frente al quehacer de la  administración tributaria. La notificación del acto administrativo  tributario guarda claras deferencias que la distinguen de la  notificación general del acto administrativo, en lo que  corresponde a sus modalidades, dado que, en las formas  establecidas por la Ley del Procedimiento Administrativo  General, las notificaciones deben ser realizadas por orden de  prelación —artículo 20°— y, en el ámbito de la notificación  tributaria, el artículo 104° del Texto Único Ordenado del  Código Tributario contempla diversas formas o modalidades  válidas de notificación de los actos administrativos emitidos  por la SUNAT, que son las siguientes:La Notificación de losactos administrativos se realizará, indistintamente, por  cualquiera de las siguientes formas:a) Por correo certificado o  por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o  con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el  encargado de la diligencia. El acuse de recibo deberá  contener, como mínimo: […]b) Por medio de sistemas de  comunicación electrónicos, siempre que se pueda  confirmar la entrega por la misma vía. Tratándose del  correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la  SUNAT que permita la transmisión o puesta a disposición de  un mensaje de datos o documento, la notificación se  considerará efectuada al día hábil siguiente a la fecha del  depósito del mensaje de datos o documento. La SUNAT  mediante Resolución de Superintendencia establecerá  los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento y  los sujetos obligados a seguirlo, así como las demás  disposiciones necesarias para la notificación por los  medios referidos en el segundo párrafo del presente literal.c)  Por  constancia  administrativa,  cuando  por  cualquier  circunstancia el deudor tributario, su representante o  apoderado, se haga presente en las oficinas de la  Administración Tributaria. […]d) Mediante la publicación en la  página web de la Administración Tributaria, en los casos de  extinción de la deuda tributaria por ser considerada de  cobranza dudosa o recuperación onerosa. […]e) Cuando se  tenga la condición de no hallado o no habido o cuando el  domicilio del representante de un no domiciliado fuera  desconocido, la SUNAT podrá realizar la notificación por  cualquiera de las formas siguientes: […]f) Cuando en el  domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estuviera  cerrado, se fijará un Cedulón en dicho domicilio. Los  documentos a notificarse se dejarán en sobre cerrado, bajo la  puerta, en el domicilio fiscal. […]. [Énfasis nuestro]Estas  modalidades, de manera objetiva y práctica, las graficamos  de la siguiente forma: Formas de notificación  del acto administrativo tributario  Artículo 104° del Código Tributario  Mediante  correo  certificado o mensajero  (inciso a)  Mediante sistemas de  comunicación  electrónico  –  Notificación SOL  (inciso b)   Mediante constancia  administrativa  (inciso c)  A  través  de  la  publicación  en  la  página web de la  SUNAT  (inciso d)  A través del acuse de  recibo, publicación o las  formas establecidas en el  inciso b), c) y f) del  artículo 104° del código, si  tienen la condición de no  hallado o no habido o  cuando el domicilio del  representante de un no  domiciliado  sea  desconocido  (inciso e)  Por cedulón  (inciso f)  7.8. Centrándonos en la forma de notificación que ha sido  aplicada en sede administrativa y analizada en sede judicial,  esto es, en la modalidad descrita en el literal b) del artículo  104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario — notificación electrónica—, tenemos que la misma puede ser  empleada por la SUNAT con el fin de hacer conocer a los  contribuyentes los diversos actos que expide en el ejercicio  de sus funciones. De modo general, mediante dicha forma  de notificación la SUNAT deposita en el buzón electrónico  asignado al contribuyente en Sunat Operaciones en Línea,  una copia o ejemplar del acto administrativo a notificar, por  lo que dicho diligenciamiento presupone que el contribuyente  obtenga la clave SOL al momento de inscribirse en el  Registro Único de Contribuyente (RUC), y se compromete a  consultar periódicamente su buzón electrónico. 7.9. Conforme  a la transcripción del literal b) del artículo 104° de la norma  tributaria sustantiva invocada, el tratamiento legal vinculado a  la materialización de la notificación electrónica —Notificación  SOL— prevé que será la SUNAT a través de resolución de  Superintendencia la que determine todo lo concerniente a su  procedencia y aplicación, como se lee de su texto normativo,  cuando precisa: “La SUNAT mediante Resolución de  Superintendencia establecerá los requisitos, formas,  condiciones, procedimiento y los sujetos obligados a  seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para  la notificación […]” (énfasis nuestro). 7.10. Precisamente, en  ejecución de lo dispuesto por la norma tributaria precitada,es que la SUNAT desde el año dos mil ocho estableció el  procedimiento y demás aspectos para la notificación de los  actos administrativos por medio electrónico, ello a través  de la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/ SUNAT, vigente desde el nueve de febrero de dos mil  ocho. Tal resolución, conforme al texto de su artículo 2°,  aprobaba la Notificación SOL como un medio electrónico  válido de notificación, contemplando inicialmente como actos  susceptibles de ser notificados mediante dicha modalidad  las resoluciones aprobatorias de fraccionamiento según el  artículo 36° del Código Tributario, resoluciones de liberaciones  de fondos del SPOT, resoluciones de devoluciones y  resoluciones de ingreso como recaudación del SPOT (artículo  3°18), precisando que los actos administrativos que serán  notificados por dicha modalidad irán incorporándose  (adicionándose) gradualmente al anexo que corre con la  resolución. Atendiendo a esta progresividad, se han emitido  diversas resoluciones de Superintendencia. Así, tenemos  la Resolución de Superintendencia Nº 234-2010/SUNAT,  publicada el trece de agosto de dos mil diez, que incorpora  —como actos administrativos que pueden ser notificados  de manera electrónica— al anexo de la Resolución de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, a las órdenes de  pago19. Luego, con la Resolución de Superintendencia  Nº 221-2015/SUNAT, se incluye a las resoluciones de  ejecución coactiva (REC). Posteriormente, el veintiocho de  septiembre de dos mil diecisiete, se publica la Resolución de  Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, que agrega nuevos  tipos de documentos y valores pasibles de ser notificados por  medios electrónicos. 7.11. Así, desde el año dos mil ocho,  se han producido una serie de modificaciones al anexo de  la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT,  incorporándose una serie de actos administrativos que  pueden ser notificados por buzón electrónico, por lo que  deviene pertinente efectuar una ilustración de cuáles han sido  dichas resoluciones que se han venido dictando (además  de las ya citadas), atendiendo a su cronología, y tomar  conocimiento de cuáles han sido los actos administrativos  tributarios que se han ido agregando al anexo de la resolución  de Superintendencia aludida, para determinar finalmente  si —cuando se produjo la notificación de la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, que resolvió, entre  otros puntos, el recurso de reclamación planteado por la  empresa casante—, debió o no la administración tributaria  poner en conocimiento de la contribuyente el contenido de  dicha resolución mediante el mecanismo de la Notificación  SOL. Se hará alusión también a otras disposiciones o  posiciones jurídicas apreciables para el tema tratado. Así,  tenemos: Resolución de Superin- tendencia Tipo de documento Procedimiento N.° 014-2008/SUNAT Publicada el 02/02/2008 Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal Devolución del saldo a favor de- terminado en la declaración jurada  anual del impuesto a la renta N.° 001-2009/SUNAT del 08/01/2009 Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal Devolución del saldo a favor del  impuesto a la renta Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal Autorización de una nueva orden de  pago del sistema financiero Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal Devolución del saldo a favor del  impuesto a la renta Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal Aplazamiento y/o fraccionamiento  de la deuda tributaria N.° 234-2010/SUNAT del 12/08/2010 Orden de pago Resolución Coactiva que  dispone la acumulación de  expedientes Cobranza coactiva Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal Devolución de percepciones del im- puesto general a las ventas N.° 221-2015/SUNAT del 19/08/2015 Resolución de ejecución  coactiva a que se refiere  el artículo 117° del Código  Tributario Cobranza coactiva N.° 242-2017/SUNAT publicada el 28/09/2017 […] Resolución de Intendencia u  Oficina Zonal […]  Reclamación N.° 186-2018/SUNAT publicada el 08/08/2018 Requerimiento de informa- ción o esquela de solicitud  de información, esquela de  citación y cartas Cierre de requerimiento o  esquela y acta de no asis- tencia a la comparecencia Fuente:  Textos  de  las  propias  resoluciones  de  Superintendencia 7.12. Marco referencial de los hechos generados en sede  administrativa fijados por las instancias de mérito Las  premisas fácticas que las instancias de mérito han fijado  como probadas, derivadas de las actuaciones que se  desprenden del expediente administrativo electrónico que se  visualiza, y que tienen relación con la materia controvertidaen el extremo traído a sede casatoria, ponen de manifiesto lo  siguiente: a) Como resultado de la fiscalización a la que se  sometió a la empresa pretensora/recurrente Morgan del  Oriente SAC, a fin de verificar el cumplimiento de sus  obligaciones tributarias por concepto del impuesto general a  las ventas e impuesto a la renta de tercera categoría, por los  periodos tributarios de enero a diciembre de dos mil trece, se  emitieron una serie de valores, entre ellos la Resolución de  Determinación Nº 024-003-0358525 y la Resolución de  Multa Nº 024-002-025729620, ambas giradas, en particular,  por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil trece y por la  infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del  Código Tributario. b) Ejerciendo su derecho a impugnar, la  empresa demandante con fecha ocho de junio de dos mil  diecisiete interpuso recurso de reclamación contra los dos  valores identificados en el punto anterior. c) El recurso de  reclamación fue resuelto por Resolución de Intendencia Nº  0260140153290/SUNAT, de fecha veinticinco de octubre de  dos mil diecisiete, a través de la cual se resuelve, entre otros  puntos, declarar infundada la reclamación con relación a los  extremos referidos a la Resolución de Determinación Nº  024-003-0358525 y a las Resoluciones de Multa de números  024-002-0257296, 024-002-0257297 y 024-002-0257298,  con lo cual se confirma la deuda tributaria que representan  dichos valores. d) La decisión tributaria fue impugnada por la  empresa accionante, mediante recurso interpuesto el  dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. e) Frente a la  apelación interpuesta, la administración tributaria, al amparo  de lo previsto por el artículo 146° del TUO del Código  Tributario, formuló el Requerimiento Nº 0260550090288, por  medio del cual se requirió a la impugnante —en vista de que  la apelación había sido entendida como interpuesta fuera del  plazo de los quince días que prevé dicho artículo—, que  pruebe el pago de la totalidad de la deuda tributaria que  fuera apelada de manera extemporánea o, en su caso,  presente carta fianza o financiera a fin de que se admita a  trámite el recurso. f) Habiendo vencido el plazo concedido  en el Requerimiento Nº 0260550090288, sin que la empresa  administrada cumpliera con acreditar el pago total de la  deuda, se procedió a emitir la Resolución de Intendencia Nº  02601500010605/SUNAT, de fecha dieciséis de abril de dos  mil dieciocho, a través de la cual se declaró inadmisible la  apelación interpuesta contra la Resolución de Intendencia  Nº 0260140153290/SUNAT. g) Contra dicha decisión  tributaria, la empresa Morgan del Oriente SAC interpuso  apelación, recurso que fue finalmente resuelto por la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05613-3-2018, de fecha  veintiséis de julio de dos mil dieciocho, que confirmó la  Resolución de Intendencia Nº 02601500010605/SUNAT.  OCTAVO.- Expuestos los cuadros fácticos y normativos  invocados en los fallos de instancia, este tribunal de casación  aprecia que el reclamo casacional estriba en un tema de  interpretación normativa sobre los alcances del artículo 104°  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, motivo por  el cual es conveniente traer a colación lo motivado sobre el  particular por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 05613-3- 2018, que causa estado. Así, dicho tribunal administrativo en  sus fundamentos pertinentes señaló: Que de acuerdo con  los puntos 40 y 44 del anexo de la referida resolución de  superintendencia, incorporado mediante Resolución de  Superintendencia N” 242-201T/SUNAT, publicado el 26 de  setiembre de 2017, el requerimiento emitido en las etapas  de reclamación y apelación; así como las resoluciones de  intendencia emitidas en etapa de reclamación que declaran  inadmisibles el recurso de reclamación, que resuelve el  recurso de reclamación, así como aquella que se pronuncia  sobre el desistimiento del recurso de reclamación, son actos  administrativos  susceptibles  de  ser  notificados  vía  Notificaciones SOL. […] Que en cuanto a lo alegado por la  recurrente en lo referido a que no procedía que se le notifique  en su buzón electrónico la Resolución de Intendencia  N.°0260140153290/SUNAT, por lo que se debe declarar la  nulidad de la referida notificación y considerarse que recién  fue notificada de forma tácita con la interposición de su  recurso de apelación de 16 de febrero de 2018; se debe  indicar que conforme la Resolución de Superintendencia  N.°242-2017/SUNAT antes glosada, se incorporó como  actos  administrativos  susceptibles  de  notificarse  mediante Notificaciones SOL, a las resoluciones de  intendencia que resuelvan recursos de reclamación,  siendo dicha norma vigente desde el día siguiente de su  publicación, de conformidad con lo establecido por los  artículos 103° y 109° de la Constitución Política de 1993, la  Norma X del Título Preliminar del Código Tributario y el  artículo III del Título Preliminar del Código Civil, que señalan  que las normas rigen a partir del momento en que empieza  su vigencia y carecen de efectos tanto retroactivos como  ultractivos, adoptándose así el criterio de aplicacióninmediata de la norma, es decir, ésta es aplicable a los  hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene  vigencia; asimismo, las mencionadas normas disponen que  las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su  publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de  la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte;  por lo tanto, procedía que la aludida Resolución de  Intendencia N.°026014Q153290/SUNAT sea notificada  mediante ‘Notificaciones SOL […]. [Énfasis nuestro]  Asimismo,  en  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  0260150010605/SUNAT se precisó que: Que, asimismo la  recurrente alega que la notificación electrónica no resultaba  aplicable a su caso, puesto que la norma que habilitaba su  uso fue modificada con fecha posterior a la interposición de  su recurso de reclamación, por tanto, el domicilio procesal  físico consignado en su escrito de reclamación (folios 610 a  620) resultaba válido para toda notificación de la  Administración Tributaria; al respecto tenemos que la  Resolución de Superintendencia N.°242-2017/SUNAT fue  promulgada el 28/09/2017, por tanto, la misma se  encontraba vigente al momento que se notificó la  resolución apelada resultando aplicable al momento de  efectuar el procedimiento de notificación, ello de acuerdo  a lo establecido en la Norma X del Título Preliminar del TUO  del Código Tributario. [Énfasis nuestro] 8.1. Lo transcrito  revela que la tesis manejada por la administración tributaria  y el Tribunal Fiscal van en la misma línea, al considerar que  para los efectos de la notificación de la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, que resuelve el  recurso de reclamación de su propósito, correspondía  efectuarla por el sistemas de comunicación electrónico, en  este caso, por Notificación SOL, dado que el marco de lo  previsto por los artículos 103° y 109° de la Carta Política, la  norma X del título preliminar del Código Tributario y la  Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, era el  vigente al momento del diligenciamiento de la notificación de  aquella resolución de Intendencia. NOVENO.- Por su parte,  la tesis postulada por el órgano superior de mérito, que se  alinea a la sostenido por la SUNAT y el tribunal administrativo  demandados, ha sido el considerar que, en el caso concreto,  no existe imposibilidad de aplicar la Resolución de  Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, al considerar que:  […] no existe impedimento legal alguno para que dicha  Resolución de Superintendencia no surta efectos a todos los  procedimientos iniciados en sede administrativa, ello acorde  con lo establecido en los artículos 103° y 109° de la  Constitución Política del Estado y la Norma X del Título  Preliminar del Código Tributario, estos es, la norma surte sus  efectos al día siguiente de su publicación; debiendo  agregarse a ello, que dicha normativa es de carácter  procedimental y por tanto de aplicación inmediata a todo  procedimiento […]. [Énfasis nuestro] 9.1. En efecto, desde  una óptica cronológica, ubicándonos en la fecha de  publicación de la Resolución de Superintendencia Nº 242- 2017/SUNAT, esto es, el veintiocho de septiembre de dos  mil diecisiete, es claro que tal dispositivo se encontraba  vigente en la fecha de expedición de la Resolución de  Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT —veinticinco de  octubre de dos mil diecisiete—, que, entre otros extremos,  resolvía el recurso de reclamación postulado por la empresa  demandante. En ese contexto, queda claro que su aplicación  era inmediata (por tratarse de una norma que optimiza el  proceso de notificación de los actos administrativos emitidos  por la SUNAT), de acuerdo al marco jurídico que proveen los  artículos 103° y 109° de la Constitución Política del Estado,  en línea con lo previsto por la norma X del título preliminar  del Código Tributario. Sin embargo, se aprecia que lo  actuado en sede administrativa y trasladado a sede judicial  revela particularidades que, en estricto para el caso  concreto, determinan que dicha aplicación no aparezca  habilitada, y es en ese contexto que se avizora la infracción  denunciada del artículo 104° del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, como veremos seguidamente. 9.2. Como  se ha precisado, inicialmente correspondía la aplicación de  la Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT,  dado que, conforme al anexo que acompaña a la primigenia  Resolución de Superintendencia N.°014-2008/SUNAT, por  aquella resolución se adicionaron otros casos que también  podían ser notificados vía SOL, como es el supuesto de las  resoluciones de Intendencia que resuelven los recursos de  reclamación, como así se aprecia del orden 44 y de la nota  14 del anexo, que en estricto precisa: “(14) Que, declara  inadmisible el recurso de reclamación, que resuelve el  recurso de reclamación así como aquella que se pronuncia  sobre el desistimiento del recurso de reclamación”. De los  mismos antecedentes administrativos electrónicos, se  aprecia que dicha notificación SOL fue depositada en el  buzón electrónico el treinta de noviembre de dos mildiecisiete, por lo que en aplicación de lo previsto por el  artículo 4° de la Resolución de Superintendencia Nº 014- 2008/SUNAT, su notificación, bajo dicha modalidad, se  produjo el uno de diciembre de dos mil diecisiete. 9.3. Ahora  bien, las premisas empleadas por la Sala Superior, referidas  a que por razón de temporalidad era aplicable la Resolución  de Superintendencia Nº 242-20017/SUNAT, para los efectos  de notificar la resolución de Intendencia que resolvía el  recurso de reclamación, no pueden servir como sustento  para estimar como válida la notificación SOL de la resolución  que resuelve la reclamación en el caso en concreto y demás  que se emitieron con posterioridad a esta (lo cual no supone  desconocer la validez y vigencia de este tipo de modalidad).  En primer lugar, porque el procedimiento administrativo de  fiscalización evidencia que la empresa demandante/ administrada fijó como domicilio procesal físico el ubicado  en Calle La Encantada Nº 102, urbanización San Judas  Tadeo, distrito de Chorrillos, y, conforme al artículo 11° del  Texto  Único  Ordenado  del  Código  Tributario,  los  contribuyentes deben fijar domicilio fiscal dentro del territorio  nacional para todo efecto tributario. En segundo lugar,  porque no obstante haberse fijado el domicilio procesal  físico, lugar al cual se vinieron notificando los actos emitidos  en el procedimiento de fiscalización conforme al dicho de la  propia empresa demandante, que no ha sido negado ni  desvirtuado por las demandadas, la entidad administrativa  tributaria de manera unilateral decidió notificar la Resolución  de Superintendencia Nº 0260140153290/SUNAT, que  resuelve el recurso de reclamación por la modalidad de la  Notificación SOL, conforme al inciso b del artículo 104° del  Código Tributario. Y, en tercer lugar, porque el proceder  adoptado por la administración tributaria inobserva los  pronunciamientos que sobre el particular ha emitido el  Tribunal Constitucional, que tutelan los derechos que se  verían afectados cuando no se ha procedido válidamente  con la notificación de los actos, documentos y valores  administrativos. 9.4. En efecto, el Tribunal Constitucional  nacional  en  reiterados  pronunciamientos,  como  los  contenidos en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº  07279-2013-PA/TC, del nueve de diciembre de dos mil  quince, y Nº 03394-2021-PA/TC, del siete de abril de dos mil  veintidós, ha señalado, en el primer proceso, que: 21. […] en  el caso de la notificación al contribuyente que está siendo  objeto de una fiscalización tributaria, constituye una  obligación para la Administración Tributaria tener la certeza  absoluta de que este ha tomado conocimiento de la  existencia de dicho procedimiento y, para ello, atendiendo el  caso, independientemente de lo dispuesto en el artículo 104  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la Sunat en  ejercicio  razonable  de  su  facultad  discrecional  reconocida  legalmente  debe  tomar  las  medidas  complementarias y necesarias que le permitan cumplir  con tal cometido de manera efectiva, vale decir, con el  objeto de garantizar el derecho constitucional a la  defensa del contribuyente. De ahí que, a juicio del Tribunal,  una de las medidas complementarias que la Sunat está  obligada a tomar frente a escenarios como el que el presente  caso plantea, será notificar también en el domicilio que el  contribuyente haya consignado en su DNI. [Énfasis nuestro]  Y, en el segundo proceso, argumenta que: 18. De la revisión  de autos se puede comprobar que la Sunat, habiendo  iniciado un procedimiento de fiscalización tributaria, envió  las  notificaciones  concernientes  solo  al  buzón  electrónico de clave sol […] sin embargo, tal como lo  señala el recurrente dicho domicilio procesal no fue  señalado por él, por lo que, de acuerdo con lo estipulado  por el artículo 104 del Código Tributario, dichas  notificaciones no surtieron efectos. 19. De lo expuesto se  advierte  que  la  administración  tributaria  no  dio  cumplimento a lo estipulado en el artículo 104 del  Código Tributario que se refiere que las notificaciones  deben efectuarse en el domicilio fiscal del contribuyente.  Además, se aprecia de autos (sic), que haya procurado  agotar todos los medios posibles para corroborar que al  contribuyente le llegaron las notificaciones, con el fin de  garantizar su derecho de defensa, […]. 20. En tal sentido,  se  vulneró  el  derecho  de  defensa  del  actor  y,  consecuentemente, se afectó el debido procedimiento  instaurado contra este. 21. Habiéndose configurado la  afectación de los derechos del recurrente por la indebida  notificación realizada por la Sunat, el Tribunal considera que  se debe declarar nula la notificación de la Resolución de  Intendencia […] debiendo ordenarse una nueva notificación  […]. 9.5. En virtud de lo expuesto por el Tribunal  Constitucional, en las sentencias citadas, la aplicación e  interpretación del inciso b) del artículo 104° del Código  Tributario, en el caso concreto, atendiendo a las  particularidades que presenta, no se ha orientado agarantizar el derecho a la defensa de la contribuyente,  debido a que la empresa Morgan del Oriente SAC durante la  fiscalización y formulación del recurso de reclamación fijó y  dio a conocer a la administración tributaria un domicilio  procesal físico donde correspondía se le notificara, lo cual  no podía ser desconocido por la habilitación de la Notificación  SOL sin agotar todos los medios posibles para corroborar  que las notificaciones sí fueron conocidas por la destinataria.  En efecto, la adopción de una decisión unilateral que variara  el domicilio físico fijado por la contribuyente a uno electrónico,  debía ir acompañada de la corroboración de la real  notificación del acto administrativo en cuestión a fin de  garantizar el derecho de defensa de la administrada, quien  venía siendo notificada en su domicilio fiscal físico, o, como  así lo llama el exmagistrado Miranda Canales en el voto que  emitió en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03394- 2021-PA/TC, de una “exigencia de certeza”, o, en palabras  del ex magistrado Espinosa-Saldaña Barrera en la misma  sentencia: 6. […] La debida diligencia recae precisamente  en que pueda sujetarse a los parámetros legales y  constitucionales estatuidos para cada una de las situaciones  concretas que asume en el ejercicio de sus competencias.  En particular, respecto del acto de notificación, la debida  diligencia se expresará en el hecho de procurar en la mayor  medida posible de agotar los medios lícitos y razonables  para tener la completa certeza de que sus actos han sido  notificados adecuadamente y, por tanto, que los y las  administradas tengan conocimiento de ellos a fin de que  puedan ejercer su derecho a la defensa o en su defecto,  aleguen lo que juzguen conveniente. 9.6. Por tanto, en el  caso particular, se ha inobservado lo previsto por el artículo  104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, al no  haberse presentado un contexto que permitiera válidamente  la aplicación de la notificación electrónica, que para ese  momento estaba regulada por las Resoluciones de  Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, en concordancia con  la Resolución de Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, por  lo que corresponde declarar la fundabilidad de la infracción  normativa material denunciada, y, por consiguiente, el  recurso de casación, en el extremo analizado, debe ser  declarado fundado. Actuación en sede de instancia  DÉCIMO.- Habiéndose determinado que la sentencia de  vista ha incurrido en la infracción denunciada, al haberse  otorgado a la disposición contenida en el inciso b) del  artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario  un sentido que, para el caso particular, no es coherente con  su texto y finalidad, corresponde actuar en sede de instancia  y, para tal propósito, recurrimos a la base fáctica fijada en  sede de instancia y a la normativa especial en torno a la  notificación electrónica en la modalidad de Notificación SOL,  que aparecen detalladas en los apartados 7.7 y 7.11 de la  presente ejecutoria suprema. 10.1. Los antecedentes  administrativos electrónicos ponen de manifiesto que a partir  del recurso de reclamación interpuesto contra la Resolución  de Intendencia Nº 0260140153290/SUNAT, a su sola  decisión, la administración tributaria, no obstante haber  señalado la empresa Morgan del Oriente SAC domicilio  procesal físico en calle La Encantada Nº 102, urbanización  San Judas Tadeo, del distrito de Chorrillos, procedió a  notificar a la citada administrada el contenido de dicha  resolución de Intendencia bajo la modalidad de Notificación  SOL, cuando este no había sido fijado como domicilio por  parte de la citada empresa. 10.2. Asimismo, y con carácter  relevante, no obra en los actuados administrativos que la  SUNAT, a pesar de tener conocimiento de que la empresa  fiscalizada había señalado un domicilio procesal físico, haya  desarrollado, luego de adoptar la decisión de aplicar la  notificación electrónica, actuaciones de corroboración de su  parte para tener la certidumbre de que efectivamente se  había logrado el propósito o finalidad de la notificación, para  tener como válida tal modalidad para el caso concreto,  cuando los antecedentes de las notificaciones efectuadas en  el procedimiento daban cuenta de que los actos anteriores  de la administración se hicieron conocer a la contribuyente  en su domicilio físico fijado dentro de ese procedimiento, por  lo que la falta de garantía en el caso particular del derecho a  la defensa de la casante, le impidió el ejercicio del derecho a  impugnar, que tiene reconocimiento constitucional y se vio  afectado para la citada empresa demandante/recurrente.  10.3. En ese orden de ideas, al no haberse notificado  válidamente  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  0260140153290/SUNAT, del veinticinco de octubre de dos  mil diecisiete, se ha incurrido en la infracción normativa  material reprochada a la sentencia de vista que es materia  del recurso de casación. DÉCIMO PRIMERO.- En virtud del  desarrollo argumental que precede, este colegiado supremo  concluye que la Sala Superior incurrió en la comisión de la  infracción material denunciada en el recurso de casaciónplanteado, cuyos fundamentos aparecen resumidos en el  apartado 7.1 del presente pronunciamiento. En esa línea,  corresponde a este tribunal de casación, en aplicación del  primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil,  declarar fundado el recurso interpuesto, resolver el conflicto  casando la sentencia de vista, y actuar en sede instancia  confirmando la sentencia apelada, en el extremo que declara  fundada en parte la demanda de su propósito, por las  razones que se expresan en esta sentencia. III.- DECISIÓN:  Por tales fundamentos y de conformidad con lo regulado  además por el artículo 396° del Código Procesal Civil, de  aplicación  supletoria,  RESOLVIERON:  PRIMERO.-  DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto  por la empresa pretensora Morgan del Oriente Sociedad  Anónima Cerrada. SEGUNDO.- CASAR la sentencia de  vista contenida en la resolución número catorce, del  veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, corriente  de fojas doscientos noventa y tres a trescientos tres del EJE,  dictada por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que  revoca la sentencia apelada —que declaró fundada en parte  la demanda— y, reformándola, declara infundada la  demanda. TERCERO.- ACTUAR en sede de instancia y  CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia,  emitida mediante resolución número seis, de fecha treinta y  uno de mayo de dos mil diecinueve, obrante de fojas ciento  noventa y siete a doscientos once del EJE, en el extremo  que declaró fundada en parte la demanda y, en  consecuencia, nulas la Resolución de Intendencia Nº  026015001065/SUNAT y la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  05613-3-2018,  retrotrayéndose  el  procedimiento  administrativo hasta la etapa de presentación del recurso de  apelación  contra  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  0260140153290/SUNAT, por lo que debe la administración  tributaria emitir la resolución que corresponda con atención  a las conclusiones que se han fijado en la presente ejecutoria  suprema. CUARTO.- DISPONER la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme  a ley, en los seguidos por la demandante, Morgan del Oriente  Sociedad  Anónima  Cerrada,  con  los  demandados,  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, y el Tribunal Fiscal, representado por el Ministerio  de Economía y Finanzas, sobre nulidad de resoluciones  administrativas y otros; y los devolvieron; Interviene como  ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. YAYA  ZUMAETA, GONZÁLEZ AGUILAR, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. EL VOTO EN DISCORIDA  DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA RUEDA FERNÁNDEZ,  ES COMO SIGUE: - Al amparo del artículo 144 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  discrepando respetuosamente con el voto en mayoría, la  suscrita realiza su voto singular con los siguientes  fundamentos que se pasan a exponer: I. VISTOS: El recurso  de casación formulado por la demandante Morgan del  Oriente Sociedad Anónima Cerrada, de fecha trece de  diciembre de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos  once del EJE, contra la Sentencia de Vista contenida en la  resolución número catorce de fecha veintinueve de  noviembre de dos mil diecinueve, obrante de fojas doscientos  noventa y tres del EJE, que revocando la sentencia apelada  de primera instancia expedida mediante resolución número  seis del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, obrante  de fojas ciento noventa y siete del EJE, que declaró fundada  en parte la demanda, reformándola, la declaró infundada. II.  CONSIDERANDO: PRIMERO: Delimitación del objeto del  petitorio casatorio 1.1 Es necesario precisar que en el  presente caso es objeto de pronunciamiento el recurso de  casación formulado por la demandante contra la sentencia  de segunda instancia que resolvió revocar la sentencia  apelada y, reformándola declarar infundada la demanda. 1.2  Asimismo es necesario identificar que el recurso fue  declarado procedente por dos causales una sustantiva y una  excepcional procesal: a) Infracción normativa del artículo  104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. b)  Excepcionalmente, por infracción del numeral 3 del  artículo 139 de la Constitución. 1.3 Considerando  pertinente iniciar con la absolución de la causal procesal,  para luego continuar con la infracción sustantiva. SEGUNDO:  Sobre infracción del numeral 3 del artículo 139° de la  Constitución 2.1 Es importante señalar que el artículo 139  de la Constitución, establece los principios de la función  jurisdiccional y además acoge la protección de derechos  fundamentales de carácter procesal, como sucede con el  derecho al debido proceso contemplado en el inciso tercero,  resultando que su observancia es obligatoria, constituyendo  el debido proceso una garantía para los justiciables y el juez  el primer garante de los derechos fundamentales. El DebidoProceso es un derecho fundamental que goza de  reconocimiento en el artículo 8 de la Convención Americana  de Derechos Humanos, y se concibe como un derecho  complejo21 que implica a su vez un conjunto de  manifestaciones que pueden ser entendidas también como  derechos22. Es definido por su finalidad en el proceso y las  garantías que brinda en la materialización de otros derechos  en el proceso, como el derecho de defensa, de motivación,  de impugnación, entre otros. La doctrina formula su  definición con base en la interpretación de las sentencias de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El proceso  “es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la  solución justa de una controversia”, a lo cual contribuyen “el  conjunto de actos de diversas características generalmente  reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”. En este  sentido, dichos actos “sirven para proteger, asegurar o hacer  valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” y son  “condiciones que deben cumplirse para asegurar la  adecuada  defensa  de  aquéllos  cuyos  derechos  u  obligaciones están bajo consideración judicial”.23 2.2 La  causal procesal declarada procedente excepcional, se  sustenta en una posible vulneración al derecho al debido  proceso, al considerar que en el recurso casatorio se indica  que la Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/ SUNAT, que resolvió el recurso de reclamación no fue  notificada conforme a Ley, situación que perjudicaría el  derecho de la recurrente a impugnar por una actuación  arbitraria de la administración tributaria. 2.3 Al respecto, se  advierte que la causal no denuncia infracción al debido  proceso incurrido por la sentencia de vista, sino que ello se  habría producido en el procedimiento administrativo debido  a que la demandante no habría sido notificada conforme a  ley con la resolución de intendencia que resolvió su recurso  de reclamación. Por lo que no establece infracción normativa  de la sentencia de vista, no siendo amparable esta causal.  TERCERO: Infracción normativa del artículo 104 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario 3.1 La  recurrente sustenta la causal en interpretación errónea del  referido artículo legal, respecto a las formas de notificación,  señalando  en  sus  argumentos  medulares  que  la  interpretación correcta del artículo 104 es de que:  “Corresponde que la Administración Tributaria notifique a la  recurrente la Resolución de Intendencia Nº 0260140153290/ SUNAT, a través de la Notificación SOL”. Señala que la  Resolución de Superintendencia N° 242-2017/SUNAT, no  contiene disposición normativa sobre su aplicación a los  procedimientos de reclamación en trámite, por lo que acorde  al principio de legalidad, no existía un mandato legal expresa  para su aplicación en las reclamaciones en curso, existiendo  un vacío normativo sobre el particular. Reiterando que su  procedimiento se encontraba en trámite cuando entró en  vigencia la referida resolución de Superintendencia, y fue  antes de que se emita la Resolución de Intendencia Nº  0260140153290/Sunat,  que  resolvió  su  recurso  de  reclamación; sostiene que la implementación del sistema de  notificaciones SOL en los procedimientos de reclamación en  trámite resulta imposible, dado que las notificaciones en dicho  procedimiento impugnatorio debían continuar realizándose en  el domicilio fiscal y domicilio procesal físico hasta su  conclusión; por lo que considera que la resolución de  intendencia no le fue notificada conforme a ley y le perjudicó  su derecho a impugnar. Asimismo, señala la recurrente que  en su caso no resultaba aplicable la Resolución de  Superintendencia Nº 242-2017/SUNAT, sino la Resolución de  Superintendencia Nº 014-2008/Sunat, norma vigente al  momento de interponer su reclamación, la cual no prescribía  que debía utilizarse el sistema de notificaciones SOL en la  tramitación de recursos de reclamación y, por tanto, no existía  norma alguna para que se le deba realizar la notificación en  forma electrónica. Añade que Sunat debía comunicarles por  escrito la implementación del sistema de notificaciones SOL  en la tramitación de su recurso de casación. 3.2 El artículo  104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario contiene  varias disposiciones, de las cuales se encuentran vinculadas  al caso las contenidas a sus incisos a) y b) referidas a las  formas de notificación de los actos administrativos: “Artículo  104.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN La Notificación de los  actos administrativos se realizará, indistintamente, por  cualquiera de las siguientes formas: “a) Por correo certificado  o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o  con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el  encargado de la diligencia. “b) Por medio de sistemas de  comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar  la entrega por la misma vía. Tratándose del correo electrónico  u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT que permita  la transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos  o documento, la notificación se considerará efectuada al día  hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje de datos odocumento.  La  SUNAT  mediante  Resolución  de  Superintendencia  establecerá  los  requisitos,  formas,  condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados a  seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para  la notificación por los medios referidos en el segundo párrafo  del presente literal.” En interpretación compatible del articulo  legal con la norma del artículo 74 de la Constitución –la cual  constituye parámetro de validez-, y en concordancia con la  Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que  establece los límites de la actividad interpretativa de las  normas tributarias; se identifica del artículo legal, que contiene  las reglas de notificación de los actos administrativo,  contemplando además de la notificación en el domicilio fiscal,  que la notificación se puede realizar por sistemas de  comunicación electrónicos, que pueda confirmar la entrega  por la misma vía y aprobado por la Sunat, quien mediante  Resolución de Superintendencia establecerá los requisitos,  formas, condiciones, procedimiento, los sujetos obligados a  seguirlos y demás disposiciones necesarias. 3.3 Sobre el  artículo 104, la sentencia de vista tiene fundamentado en su  considerando cuarto páginas seis y siete, que regula las  formas de notificación, comprendiendo la realizada por medio  de sistemas de comunicación electrónicos, expresando de su  interpretación normativa que: “De la norma transcrita se  desprende que el Código Tributario posibilita a la  Administración Tributaria a notificar sus decisiones a través  de sistemas de comunicación electrónica, siempre que se  tenga certeza de su recepción”. Resultando de la premisa  normativa identificada por la sentencia de vista, que guarda  compatibilidad con lo señalado en el considerando 3.2 del  presente voto en minoría, por lo que no se establece infracción  normativa por interpretación errónea. 3.4 En cuanto a los  fundamentos de la recurrida en relación al caso, señala que  uno de los mecanismos para tales notificaciones es el correo  electrónico, el cual para su implementación requiere ser  aprobado por el sector correspondiente, y que por Resolución  de Superintendencia N° 014-2008/Sunat, se reguló la  notificación de actos administrativos por el medio electrónico  Notificaciones SOL, aprobando dichas notificaciones como un  medio electrónico a través del cual la Sunat podrá notificar  sus actos administrativos a los deudores tributarios; de lo cual  considera válido poner en conocimiento de los contribuyentes  los pronunciamientos emitidos por la Administración Tributaria.  Anota la recurrida, que acorde al marco normativo, la Sunat  emitió la Resolución de Intendencia N° 0260140153290/ Sunat que declaró infundada la reclamación, la que fue  notificada a la demandante a través de Notificaciones SOL el  treinta de noviembre de dos mil diecisiete, tal como se aprecia  de la Constancia de Notificación de Resolución de  Reclamación, y que por ende, dicha resolución comenzó a  surtir sus efectos a partir del primero de diciembre de dos mil  diecisiete, produciéndose la notificación con arreglo al artículo  104 del Código Tributario y las normas previstas en la  Resolución  de  Superintendencia  Nº  014-2008/Sunat.  Asimismo, tiene señalado que, no estando de acuerdo la  recurrente con la resolución notificada, presentó su recurso  de apelación con fecha dieciséis de febrero de dos mil  dieciocho, emitiéndose el requerimiento de admisibilidad  otorgándole quince días para que la demandante acreditara el  pago total de la deuda tributaria apelada extemporáneamente  o presentara carta fianza, lo cual no fue cumplido por la  recurrente. 3.5 Fundamentos de la sentencia de vista, que  nos llevan a concluir que ésta no ha incurrido en la infracción  normativa denunciada, en tanto la interpretación y aplicación  de la norma del artículo 104 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario se encuentra con arreglo al sentido  normativo identificado en nuestro considerando 3.2, por lo  que, corresponde declarar infundado el recurso de casación.  MI VOTO ES: Declarar INFUNDADO el recurso de casación  formulado por la demandante Morgan del Oriente Sociedad  Anónima Cerrada, de fecha trece de diciembre de dos mil  diecinueve, obrante a fojas trescientos once del EJE, contra la  Sentencia de Vista contenida en la resolución número catorce  de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve,  obrante de fojas doscientos noventa y tres del EJE, que  resolvió revocar la sentencia apelada y reformándola declaró  infundada la demanda.- Jueza Suprema Rueda Fernández.  SS. RUEDA FERNÁNDEZ. 1  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil.  Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359. 2  DE PINA, Rafael (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222 3  Constitución Política del Perú  Artículo 139.-  Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.[…] 4  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El derecho a un juicio justo. En VARIOS, Las  garantías del debido proceso (materiales de enseñanza) Lima, Instituto de  Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos; p. 17. 5  Código Procesal Civil  Artículo 122.-  Las resoluciones contienen:  […]  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.  […] 6  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial  Artículo 12.-Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite,  son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en  que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de  segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los  fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 7  Constitución Política del Perú  Artículo 139.-  Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 8  El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado  que:  […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela  del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir  de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas  por los jueces ordinarios. 9  ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). La motivación de las resoluciones  judiciales. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons; pp. 157-158.  GUZMÁN, Leandro. Derecho a una sentencia motivada. Buenos Aires-Bogotá,  Editorial Astrea; pp. 189-190 10  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones  judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p. 15. 11  La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación. México 2006, pp. 309-310. 12  Una decisión está internamente justificada si y sólo sí entre las premisas utilizadas  y la conclusión del razonamiento existe una conexión lógica (la conclusión se  deduce lógicamente de las premisas, mediante un razonamiento válido).  MARTÍNEZ, David (2007). Conflictos constitucionales, ponderación e  indeterminación normativa. Madrid, Marcial Pons; p. 39. 13  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584  Artículo 30º.- En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se  restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que  se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos  con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá  acompañarse los respectivos medios probatorios […]. 14  CARRIÓN LUGO, Jorge. (2003). El recurso de casación en el Perú. Volumen I.  Segunda edición. Lima, Editora Jurídica Grijley; p. 5 15  PANDO VÍLCHEZ, Jorge (2011). “Notificaciones en el procedimiento administrativo.  Análisis de las modificatorias vinculadas al Decreto Legislativo 1029”. En Revista  Derecho PUCP, Nº 67; p. 255 16  Loc. cit. 17  MORÓN URBINA, Juan Carlos (2011). Comentarios a la Ley del Procedimiento  Administrativo General. Novena edición. Lima, Gaceta Jurídica; p. 180 18  “Los actos administrativos que se señalan en el anexo que forma parte de la  presente resolución, podrán ser materia de notificación a través de Notificaciones  SOL”. 19  Cabe anotar que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, mediante  el artículo 86-A del Código Tributario, incorporado por la Ley Nº 30296, se dispuso  que la SUNAT otorgue a los contribuyentes la clave SOL y el acceso al buzón  electrónico, a partir del uno de enero de dos mil quince. Y, mediante artículo 87°  de la norma tributaria, modificada por la citada ley, se establece la obligación, a  cargo del contribuyente, de obtener la clave SOL y el buzón electrónico, además  de revisar dicho buzón de forma periódica. 20  Dichos valores corren a fojas treinta y cinco y treinta y seis del expediente  administrativo electrónico. 21  Conforme indica Tori esta condición presupone que su contenido se encuentra  integrado por otros derechos. Entre el conjunto de derechos esenciales que  integran el derecho al debido proceso, se encuentran: (i) derecho a la motivación;  (ii) el derecho a la contradicción o defensa; (iii) derecho a la doble instancia; (iv)  derecho a la congruencia, (v) derecho a la interdicción de la reforma en peor; (vi)  derecho al recurso, entre otros. TORI VARGAS, Fernando. (2007) La potestad  de reexamen prevista en el artículo 127 del Código Tributario: Algunos límites  constitucionales aplicables a su ejercicio. Revista ADVOCATUS N° 16, pág. 236. 22  SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina (2012). El derecho al debido proceso en  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima, PUCP;  p. 23. 23  Ibidem, p. 24. C-2136204-2