CASACIÓN Nº 1068-2020 LIMA
Sumilla: La Casación Nº 4392-2013 Lima, no prohíbe  otros métodos de interpretación, entre ellos, el método  de interpretación sistemático, para establecer el sentido  normativo del literal a) del artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34  del Texto Único Ordenado del Código Tributario; por lo cual,  resulta correcto considerar que no solo basta con la aplicación  de dichos artículos, sino que, además, corresponde aplicar  de modo sistemático el conjunto de normas relacionadas con  el cumplimiento de esa obligación, entre ellas, el artículo 88  del Texto Único Ordenado del Código Tributario que exige  que las declaraciones realizadas por los contribuyentes  para la determinación de sus obligaciones contengan los  datos solicitados por la administración “en forma correcta  y sustentada”. En consecuencia, corresponderá aplicar  intereses moratorios respecto de la diferencia que no fue  declarada ni pagada de manera correcta y oportuna. Lima, veinte de octubre de dos mil veintidós VISTA La causa número mil sesenta y ocho, guion dos mil  veinte, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha,  el colegiado integrado por los señores Jueces Supremos  Yaya Zumaeta (presidente), González Aguilar, Rueda  Fernández, Bustamante del Castillo, y Dávila Broncano; luego  de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente  sentencia: Objeto del recurso de casación Viene a  conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación  interpuesto por Orazul Energy Perú S.A., mediante escrito  del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (fojas  ochocientos setenta y seis a novecientos veintidós); contra la  sentencia de vista del veintisiete de noviembre de dos mil  diecinueve (fojas ochocientos cincuenta y ocho a ochocientos  sesenta y ocho), que revocó la sentencia de primera instancia  del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas  seiscientos veintisiete a seiscientos cuarenta), en el extremo  que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola,  declaró infundada la pretensión principal, Antecedentes del  recurso De la demanda Mediante el escrito del diecisiete de  julio de dos mil dieciocho (fojas setenta y dos a cien), la  empresa Orazul Energy Perú SA, interpone demanda  contencioso  administrativo,  postulando  las  siguientes  pretensiones: a) Pretensión principal: Se declare la nulidad  de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02562-1-2018, por  contravención a la ley, en especial por la inaplicación del  precedente vinculante recaído en la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013. Precisa que no es materia de impugnación el  extremo de la Resolución del Tribunal Fiscal que resolvió  revocar la resolución de Intendencia y ordenar a la autoridad  tributaria que sujete la procedencia o no de las resoluciones  de determinación a lo que se resuelva en el cumplimiento del  expediente Nº 11000-1-2017, relativo al impuesto a la renta  del año dos mil once. b) Primera pretensión accesoria: Se  declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 015- 014-0012394,  que  confirmó  las  Resoluciones  de  Determinación N.os 012-003-0059739 a 012-003-0059743,  emitidas por los pagos a cuenta del impuesto a la renta de  marzo a diciembre del ejercicio dos mil doce, sin prever lo  establecido en el Precedente Vinculante Nº 4392-2013. c)  Segunda pretensión accesoria: Se declare la nulidad de las  Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0059739 a 012- 003-0059743, emitidos por supuestas omisiones a los pagos  a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre de dos  mil doce, sin tomar en cuenta que la compañía cumplió  oportunamente con la declaración y abono de dichos pagos a  cuenta de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta. d) Tercera pretensión accesoria:  Se ordene a la autoridad tributaria o a cualquier funcionario de  ésta que devuelva, de ser el caso, todos los montos pagados  en función a las supuestas omisiones a los pagos a cuenta de  marzo a diciembre de dos mil doce, por su abierta  contravención al precedente vinculante Nº 4392-2013. Como  fundamentos de su demanda, en lo sustancial, la empresa  Orazul Energy Perú S.A. refiere que los pagos a cuenta del  impuesto a la renta se determinará en base al “impuesto  calculado” en el ejercicio gravable anterior, entendiéndose  como “impuesto calculado” aquel que el contribuyente tiene  como cierto en la oportunidad en que liquida el pago a cuenta  respectivo, pues resulta imposible que el contribuyente sepa  si el impuesto a la renta del ejercicio anterior va a ser  rectificado en un momento posterior. De la sentencia de  primera instancia El Juez del Décimo Octavo Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida  en la resolución número doce, del treinta uno de mayo de dosmil diecinueve (fojas seiscientos veintisiete a seiscientos  cuarenta y uno) resolvió: […] declarar FUNDADA EN PARTE  la demanda, respecto a la pretensión principal y como  consecuencia de ello la primera y segunda pretensión  accesoria, en consecuencia se declara la NULIDAD PARCIAL  de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02562-1-2018, en el  extremo que se pronuncia respecto a la aplicación de  intereses moratorios por la modificación del coeficiente para  el cálculo de los pagos a cuenta producto de una fiscalización  posterior, debiendo emitir un nuevo pronunciamiento teniendo  en cuenta lo desarrollado en la presente sentencia. Se declara  IMPROCEDENTE la primera, segunda pretensión accesoria,  e INFUNDADA en todos los demás extremos de la demanda.  De la sentencia de segunda instancia El Colegiado de la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de  vista contenida en la resolución numero veintitrés, del  veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas  ochocientos cincuenta y ocho a ochocientos sesenta y ocho),  resolvió: […] REVOCARON la sentencia apelada, resolución  número doce, de fecha treintiuno de mayo del dos mil  diecinueve, obrante de folios seiscientos veintisiete a  seiscientos cuarentiuno, en cuanto resuelve declarar fundada  en parte la demanda, respecto a la pretensión principal, y en  consecuencia se declara la nulidad parcial de la Resolución  del Tribunal Fiscal número 02562-1-2018, en el extremo que  se pronuncia respecto a la aplicación de intereses moratorios  por la modificación del coeficiente para el cálculo de los pagos  a cuenta producto de una fiscalización posterior, debiendo  emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo  desarrollado en la sentencia; y REFORMÁNDOLA, declararon  INFUNDADA la demanda respecto a la pretensión  principal […]. Del recurso de casación y del auto calificatorio  La parte recurrente interpone recurso de casación, el mismo  que es declarado procedente por la Tercera Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria, mediante auto calificatorio  del trece de octubre de dos mil veinte, por las siguientes  causales1: a) Infracción normativa por interpretación  errónea del inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto  a la Renta Alega que la Sala desconoció que para determinar  los pagos a cuenta del impuesto a la renta los contribuyentes  deberán aplicar sobre los ingresos netos devengados en cada  mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto  a la renta calculado del ejercicio gravable anterior, entre el  total de los ingresos netos del mismo ejercicio, razón por la  cual no es posible imponer intereses y/o sanciones por  modificaciones posteriores del citado coeficiente producto de  una declaración jurada rectificatoria y/o una re determinación  de la autoridad tributaria. Asimismo, expone que la instancia  de mérito también desconoció que en el supuesto en que se  encuentra su empresa, esto es, cuando se modifica la  declaración jurada del impuesto a la renta de ejercicios  anteriores con posterioridad a la liquidación del impuesto a la  renta anual al que corresponden los pagos a cuenta que se  venían liquidando (marzo a diciembre de dos mil doce), dicha  modificación no tiene efecto alguno en los coeficientes, pues  los pagos a cuenta tienen un límite de temporalidad de  liquidación y pago, por lo que pasado ese límite, no es posible  hablar de tales conceptos. Añade que las supuestas  modificaciones del coeficiente aplicable para la determinación  de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de dos mil doce  y la consecuente generación de intereses moratorios, no se  encuentran ajustados a ley, dado que su empresa abonó  dichos conceptos con arreglo a lo establecido en el literal a)  del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir,  tomando en cuenta los elementos para el cálculo del  coeficiente vigentes y válidos al momento de su liquidación.  Así, afirma que esta posición fue desconocida por la Sala de  Mérito al momento de emitir la sentencia de vista, toda vez  que si la hubiese tomado en cuenta no habría reformado el  fallo en la sentencia apelada ni empeorado su situación  declarando infundada la demanda en todos sus extremos. Por  otro lado, refiere que el Colegiado Superior no consideró el  supuesto en que se encuentra su empresa, esto es, que  utilizó los elementos contenidos en la declaración jurada del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil once vigente y válida  al momento de la determinación de tales conceptos; y que con  posterioridad a la presentación de la declaración jurada del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil doce, en la que se  aplicaron los pagos a cuenta que su empresa declaró y pagó  dentro de los plazos establecidos, esta fue notificada con la  resolución de determinación girada por el impuesto a la renta  del ejercicio dos mil once. Sobre el particular, sostiene que el  abono de los pagos a cuenta tiene un límite de temporalidad  en cuanto a su cumplimiento, tanto para declarar como para  pagar; lo que, según anota, viene de la propia naturaleza de  los pagos a cuenta, obligaciones distintas a la obligaciónprincipal, los cuales tienen la calidad de pagos anticipados del  impuesto a la renta definitivo determinable al final del ejercicio.  De ahí que afirma que al vencimiento o liquidación de la  obligación principal, los importes efectuados por pagos a  cuenta del impuesto a la renta (anticipos de dicho impuesto)  pasan a constituir créditos contra el impuesto a la renta  definitivo, por lo que ocurrida la liquidación definitiva del  impuesto a la renta, no podrían efectuarse pagado en calidad  de “pagos a cuenta” de dicho impuesto, pues la obligación  principal ya fue liquidada en forma definitiva. Asevera que, en  el presente caso, una vez liquidado el impuesto anual  definitivo del ejercicio dos mil doce, la modificación de  elementos de cálculo de ejercicios anteriores (ejercicio dos  mil once) con posterioridad a la determinación definitiva de los  pagos a cuenta que se venían liquidando, no podría ocasionar  la modificación del coeficiente aplicable a las mismas bases  imponibles de los pagos a cuenta cuya obligación principal ya  se encuentra regularizada y determinada de forma definitiva.  Por lo tanto, conforme indica, cualquier modificación de la  declaración jurada del impuesto a la renta anual del ejercicio  dos mil once con posterioridad a la declaración jurada anual  del impuesto a la renta del ejercicio dos mil doce no podría, en  modo alguno, influir en la modificación del coeficiente  aplicable del coeficiente aplicable para la determinación de  los pagos a cuenta del impuesto a la renta de dos mil doce,  por resultar un imposible hablar del cálculo de los conceptos  que no existen como tales al haberse determinado la  obligación principal de forma definitiva. b) Infracción  normativa por aplicación errónea del artículo 34 del  Código Tributario Señala que el Tribunal Fiscal consideró  que su empresa utilizó elementos de cálculo del ejercicio dos  mil once menores a los que se determinaron producto de la  fiscalización de dicho ejercicio, por lo que determinó que le  correspondería la aplicación de intereses moratorios a que se  refiere la norma invocada. Sin embargo, según expone, ello  es  una  interpretación  errada,  puesto  que  cualquier  modificación posterior no puede influir en la determinación del  citado coeficiente y, por tanto, no puede influir en la generación  de intereses, toda vez que el contribuyente estaba cumpliendo  con abonar la obligación del pago a cuenta del impuesto a la  renta dentro del plazo de ley sobre la base de lo determinado  en el momento del cumplimiento de la obligación. De ese  modo, sostiene que los citados intereses solo se generan si el  contribuyente no cumple con la obligación de abonar  mensualmente los pagos a cuenta del impuesto a la renta, y  dentro de los plazos previstos en la ley, tal y como lo indicó de  forma expresa la Sala de Derecho Constitucional y Social en  la Casación Nº 4392-2013. c) Infracción normativa por  inaplicación del artículo 74 de la Constitución Política del  Perú y la Norma IV del Título Preliminar del Código  Tributario Aduce que las normas invocadas recogen el  principio de legalidad y de reserva de ley, el cual fue vulnerado  por la Sala Superior al validar el cobro de intereses moratorios  asociados a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de  marzo a diciembre de dos mil doce, consintiendo que la  Administración Tributaria tenga como sustento de ello la  redeterminación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil  once, con base en la cual se modifica el coeficiente  determinado, y no en función al “impuesto calculado” como lo  indica expresamente la norma. Por otro lado, asevera que  resulta una evidente contravención a la ley que el coeficiente  aplicable a los pagos a cuenta se calcule sobre la base de  algún otro criterio distinto al expresamente indicado en ella, tal  y como pretende hacer la autoridad tributaria y convalidan  erróneamente el juzgado y la sala. Así, señala que se pretende  que procedan intereses por pagos a cuenta del impuesto a la  renta de marzo a diciembre de dos mil doce, sobre la base de  un coeficiente calculado de acuerdo a la rectificación de la  declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio  anterior, situación que le era imposible conocer a su empresa  al momento de liquidar los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de marzo a diciembre de dos mil doce, e incluso al  momento de la liquidación definitiva del impuesto a la renta  del ejercicio dos mil doce, del cual aquellos eran pagos a  cuenta. d) Infracción normativa por inaplicación de la  norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario  Señala que la norma invocada prohíbe la interpretación  extensiva de las normas tributarias, las mismas que solo  pueden ser interpretadas de acuerdo a lo indicado de forma  expresa en ellas; no obstante, según expone, en vía de  interpretación extensiva del inciso a) del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta, la Administración Tributaria pretende  que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto  a la renta de marzo a diciembre de dos mil doce se calcule  sobre la base de un tributo del ejercicio anterior, redeterminado  en un momento posterior a la fecha de liquidación de mismo e  incluso de la liquidación de la obligación definitiva, esto es,  cuando ya no tenía la calidad de tal, y no con base en el“tributo calculado” e “ingresos netos”, como se señala de  forma expresa en la norma citada. Agrega que la Sala Superior  pretendió, por tanto, extender el supuesto normativo previsto  en el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta, a fin de validar el cobro de intereses morosos que se  habrían generado por supuestas omisiones a los pagos a  cuenta del impuesto a la renta de dos mil doce, sobre la base  de un coeficiente calculado tomando en cuenta la resolución  de determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil  once emitida por la Administración Tributaria y no sobre la  base de la declaración jurada original por el referido impuesto  y período vigente, y válida al momento de la determinación de  tales anticipos, situación que, evidentemente, trasgrede lo  dispuesto en la Norma VIII del Título Preliminar de Código  Tributario. Así, sostiene que resulta evidente que la actuación  de la autoridad tributaria de considerar el impuesto  redeterminado por ella misma en vez de “impuesto calculado”  e “ingresos netos”, como expresamente lo indica la citada  norma, es una vulneración al principio de legalidad, según lo  indicado anteriormente, pero más aún, también constituye  una extensión de los supuestos de la norma que regula la  determinación de los pagos a cuenta, lo cual se encuentra  expresamente prohibido; situación similar ocurre en el caso  de las multas, al ser accesorias. e) Infracción normativa por  apartamiento del precedente vinculante contenido en la  sentencia de Casación Nº 4392-2013 Alega que la Sala  Superior inaplicó la jurisprudencia indicada al considerar que  le correspondía pagar intereses moratorios por la modificación  posterior del impuesto a la renta del ejercicio gravable que  sirvió para establecer el coeficiente del cálculo de los pagos a  cuenta; ello, según expone, debido a que al momento del  abono de dichos pagos se utilizó como referencia la  declaración existente del impuesto a la renta del ejercicio  anterior y el precedente al anterior, constituyendo y  produciendo efectos para la determinación del coeficiente de  los pagos a cuenta. Manifiesta que el citado precedente  vinculante establece que en virtud del inciso a) del artículo 85  de la Ley del Impuesto a la Renta no es posible interpretar  que los contribuyentes deben pagar intereses moratorios por  la modificación posterior de la determinación del impuesto a la  renta del ejercicio gravable que sirvió para establecer el  coeficiente del cálculo de los pagos a cuenta. Precisa que el  mencionado precedente vinculante se encuentra circunscrito  a la correcta interpretación y aplicación del inciso a) del  artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34  del Código Tributario. Indica que, en el presente caso, al  haberse modificado la determinación del impuesto a la renta  del ejercicio dos mil once de manera posterior a la fecha de  vencimiento para la declaración de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de marzo a diciembre de dos mil doce, no  correspondía la aplicación de intereses moratorios ni  sanciones por las supuestas omisiones determinadas por la  Administración Tributaria. Por lo tanto, señala que no es  posible interpretar que los contribuyentes deben pagar  intereses moratorios por la modificación posterior de la  determinación del impuesto a la renta del ejercicio gravable  que sirvió para establecer el coeficiente del cálculo de los  pagos a cuenta; de ahí que afirma que no corresponde la  aplicación de intereses moratorios por las supuestas  omisiones determinadas a partir de modificaciones del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil once, por lo que las  resoluciones de determinación giradas por los supuestos  intereses vinculados a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de marzo a diciembre de dos mil doce devienen en  nulas. En ese sentido, según indica, la Corte Suprema ha  determinado, con carácter vinculante, que solo se generan  intereses con ocasión del pago no oportuno de los pagos a  cuenta, teniendo siempre en cuenta que el coeficiente  aplicable a ellos se determina con base en el tributo calculado  al momento de cumplir con la obligación y, de ningún modo,  con base en las modificaciones posteriores que puedan  darse, ya sea producto de una declaración jurada rectificatoria  o de una redeterminación de la propia autoridad tributaria”  CONSIDERANDO Primero: Delimitación del pronunciamiento  casatorio 1.1. El recurso de casación es un medio impugnatorio  de carácter excepcional, cuya concesión y presupuestos de  admisión y procedencia están vinculados a los “fines  esenciales”, que es la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional establecida por la Corte Suprema de Justicia, tal  como puede interpretarse de lo dispuesto por el artículo 141  de la Constitución Política del Estado y el artículo 384 del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº  29364. 1.2. Respecto a la causal de infracción normativa,  según Rafael de Pina: El recurso de casación ha de fundarse  en motivos previamente señalados en la ley. Puede  interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de  forma. Los motivos de casación por infracción de ley serefieren a la violación en el fallo de leyes que debieran  aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución  judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la  falta de competencia etc.; los motivos de la casación por  quebrantamiento de forma afectan […] a infracciones en el  procedimiento.2 1.3. A su vez, corresponde mencionar de  manera preliminar, que la función nomofiláctica del recurso de  casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los  encargados  de  salvaguardar  el  respeto  del  órgano  jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo  de afectación a normas jurídicas materiales y procesales,  procurando, conforme se menciona en el artículo 384 del  Código Procesal Civil. Segundo: Controversia 2.1. Previo al  desarrollo de las causales que fueron declaradas procedentes,  es oportuno anotar que la controversia se generó como  consecuencia del conflicto consistente en determinar si  correspondía realizar pago de los intereses moratorios  generados por haber rectificado la declaración de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta de los periodos de marzo a  diciembre de dos mil doce, en aplicación del precedente  vinculante recaído en la Sentencia de Casación N.°4392- 2013, y determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  02562-1-2018 incurrió o no en causal de nulidad contemplada  en el artículo 10 de la Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento  Administrativo General. Tercero: Infracciones normativas  materiales 3.1 Las causales del recurso de casación que se  han declarado procedentes son de carácter material. Sobre el  particular se debe precisar que: […] que al término “infracción”  -en sentido general- lo podemos asimilar a lo que la doctrina  procesal conoce como el error, dentro de él por cierto  encontramos al error in iudicando, el error in procedendo y el  error in cogitando. Entonces, cuando se denuncia la existencia  de una infracción lo que realmente se hace es evidenciar la  existencia de un error en la decisión judicial, la cual -como ya  dijimos- puede ser de naturaleza sustantiva o procesal […]3  3.2. En consecuencia, nos corresponde determinar si existió  infracción en la decisión judicial respecto a las normas  materiales que la parte recurrente invocó, los cuales,  conforme se puede observar de los fundamentos que las  sustentan, se tratan de normas que rigen sobre los pagos a  cuenta del impuesto a la renta. Cuarto: Pronunciamiento  respecto a la infracción normativa por interpretación errónea  del inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta  y por aplicación errónea del artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario 4.1. El análisis de las normas  denunciadas se realizará de manera conjunta, ello en atención  a que se encuentran sustentadas esencialmente en que la  empresa no estaría obligada a pagar intereses moratorios por  los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos de  marzo a diciembre de dos mil doce, al considerar tanto el  Tribunal Fiscal como la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que, con la  declaración rectificatoria se modificó el coeficiente de cálculo  de los pagos de cuenta, lo que generó la obligación de pago  de intereses moratorios. 4.2. De la revisión del recurso de  casación, se aprecia que la parte recurrente argumenta que la  Sala Superior no consideró los elementos contenidos en la  declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio dos mil  once, vigente y válida al momento de la determinación de  tales conceptos; y que con posterioridad a la presentación de  la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio dos  mil doce, en la que se aplicaron los pagos a cuenta que su  empresa declaró y pagó dentro de los plazos establecidos.  Asimismo, refiere que cualquier modificación posterior no  puede influir en la determinación del coeficiente, y por tanto  no puede influir en la generación de intereses, toda vez que el  contribuyente estaba cumpliendo con abonar la obligación del  pago a cuenta del impuesto a la renta dentro del plazo de ley  sobre la base de lo determinado al momento del cumplimiento  de la obligación. 4.3. Al respecto, debemos mencionar que el  inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº  179-2004-EF, de acuerdo con el texto vigente en el periodo  tributario objeto de debate, establece lo siguiente: Artículo  85.- Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera  categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del  Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el  ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el  Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar  las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:  a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos  obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el  monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio  gravable anterior entre el total de los ingresos netos del  mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los  meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente  determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos  netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. Asu vez el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF,  establece lo siguiente: Artículo 34.- Cálculo de intereses en  los anticipos y pagos a cuenta El interés moratorio  correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados  oportunamente,  se  aplicará  hasta  el  vencimiento  o  determinación de la obligación principal. A partir de ese  momento, los intereses devengados constituirán la nueva  base para el cálculo del interés moratorio. 4.4. En esa línea,  es preciso indicar que los intereses moratorios tienen  naturaleza indemnizatoria, puesto que su objeto es resarcir el  retraso en el cumplimiento de una obligación. No obstante, en  materia tributaria, su finalidad no solo es indemnizatoria, sino  que busca fortalecer la puntualidad y corrección en el  cumplimiento del pago de los tributos, pues más que suplir la  pérdida del poder adquisitivo del dinero dejado de pagar,  busca resguardar los recursos del Estado contra los riesgos  de morosidad o de falta de pago de los tributos por parte de  los contribuyentes, compensando y resarciendo al Estado por  el costo de oportunidad que representa el no contar  oportunamente con el pago de los tributos. En buena cuenta,  los intereses adquieren una naturaleza resarcitoria del capital  que permanece en manos del administrado por un tiempo que  excede al permitido. 4.5. En efecto, en el caso de los pagos a  cuenta, del texto de la citada normativa —artículo 34—,  interpretando sistemáticamente con lo previsto en el inciso a)  del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta se colige que el legislador tributario  castiga con el pago de intereses moratorios al contribuyente  que no haya cancelado oportunamente el íntegro de esta  obligación tributaria. Ello es así porque la falta de pago o el  pago parcial de este concepto (pago a cuenta) también  implicará que el Estado no cuente tempranamente con el  monto determinado por ley para su desembolso, esto es,  desde la oportunidad en que resultaba exigible al contribuyente  pagarlo o cancelarlo de forma integral, con lo que genera un  retraso de la entrega de ese dinero al Estado hasta el  vencimiento o determinación de la obligación principal; por  ende, resulta válido establecer, a través del pago de intereses  moratorios, un resarcimiento a su favor por no haber dispuesto  oportunamente de dicho capital. 4.6. Además, se advierte que  una interpretación como la planteada por la parte recurrente,  en el sentido de librar del pago de intereses moratorios a  quienes meramente efectúen dentro de los plazos algún pago  por este concepto, así sea menor, conduciría a un incentivo  para  que  los  contribuyentes  puedan,  en  mérito  a  modificaciones o rectificaciones particulares de la base de  cálculo de los pagos a cuenta (a partir de, por ejemplo, los  coeficientes), pagar montos menores o diminutos a los  establecidos por ley, sustentados únicamente en que  realizaron los pagos a cuenta dentro de los periodos  mensuales fijados para depositarlos. Ello propiciaría un  escenario en que los contribuyentes podrían válidamente  postergar a la fecha de vencimiento de la obligación principal  del tributo, el pago casi integral del mismo, lo que generaría  indudablemente un desbalance económico temporal de los  recursos financieros del fisco; por tanto, lo analizado  precedentemente, se trata de un criterio que no compartimos.  4.7. Asimismo, es necesario señalar que estos argumentos se  refuerzan con el artículo 88 del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto a la Renta del Código Tributario, el cual  exige que las declaraciones realizadas por los contribuyentes,  para la determinación de sus obligaciones tributarias,  contengan los datos solicitados por la administración “en  forma correcta y sustentada”. Así pues, esta Sala Suprema se  encuentra de acuerdo con el análisis sistemático que realiza  la Sala Superior al considerar que dicho artículo establece  pautas para la realización de la declaración jurada la cual  debe ser realizada correctamente y con el debido sustento.  4.8. En este orden de ideas, se observa que la Sala Superior  no trasgredió la normativa material denunciada por la parte  recurrente, esto es, la infracción del artículo 34 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, y el inciso a) del  artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta; por lo que,  corresponde declarar infundadas las infracciones de las  normas denunciadas. Quinto: Pronunciamiento respecto a  la infracción normativa por inaplicación del artículo 74 de  la Constitución Política del Perú; de las normas IV y VIII  del título preliminar del Código Tributario; y la infracción  por el apartamiento inmotivado del precedente judicial  contenido en la Casación Nº 4392- 2013. 5.1. Sobre los  fundamentos de esta infracción, se aprecia que la parte  recurrente refiere que la Sala Superior al validar el cobro de  interés moratorio asociados a los pagos a cuenta contraviene  con lo que indica expresamente la norma; asimismo, señala  que la Sala Superior realiza una interpretación extensiva de  las normas, pues, se pretende que el coeficiente aplicable a  los pagos a cuenta del impuesto a la renta se calcule sobre labase de un tributo anterior, y no con base en el tributo  calculado, así también apartándose del precedente vinculante  que establece que no es posible interpretar que los  contribuyentes deben pagar intereses moratorios por la  modificación posterior de la determinación del impuesto a la  renta del ejercicio gravable que sirvió para establecer el  coeficiente del cálculo de los pagos a cuenta. 5.2. Para  proceder a la interpretación de las normas materiales en  cuestión, es necesario tener en consideración que dentro del  marco del Estado Constitucional de Derecho, las disposiciones  legales deben ser interpretadas en compatibilidad con los  derechos fundamentales reconocidos en la Convención  Americana de Derechos Humanos, la cual, en el literal b) de  su artículo 29, consagra que: Ninguna disposición de la  presente Convención puede ser interpretada en el sentido de  […] limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o  libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las  leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo  con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.  [Énfasis nuestro] 5.3. Acorde con la precitada norma  convencional, es menester poner de relieve que, para la  efectivización de la labor interpretativa, esta debe estar  armonizada con el principio de legalidad recogido en el  artículo 94 de la mencionada convención y en el artículo 74 de  la Constitución Política del Perú, concibiéndose este principio  en un aspecto límite para el Estado, en especial en lo referente  a la potestad tributaria. 5.4. En principio, debemos considerar  que, en materia tributaria, prevalece el principio de reserva de  ley, que se recoge en la Constitución Política del Estado,  cuando en su artículo 74 establece que: Artículo 74.- Los  tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en  caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas,  los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los  Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear,  modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de  éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la  ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar  los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto  de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo  puede tener carácter confiscatorio. […] Por su lado, y siendo  una norma de desarrollo constitucional, el Texto Único  Ordenado del Código Tributario en la norma IV del título  preliminar señala que: […] Sólo por Ley o por Decreto  Legislativo, en caso de delegación, se puede […] Crear,  modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la  obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el  acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de  retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el  Artículo 10. Debe agregarse que la anotada norma VIII del  título preliminar del mismo Texto Único Ordenado del Código  Tributario señala: […] Al aplicar las normas tributarias podrá  usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el  derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos,  establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni  extenderse las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley. […] Por otro  lado, el artículo 178 del mencionado código establece las  infracciones relacionadas con el cumplimiento de las  obligaciones  tributarias:  […]  Constituyen  infracciones  relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones  tributarias: 1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o  remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio  y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o  aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que  les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o  anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias  en las declaraciones, que influyan en la determinación y el  pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos  indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor  del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de  Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. […]  5.5. En ese sentido, es necesario señalar que nos encontramos  en un Estado Constitucional de derecho5, en el cual las  normas supremas constituyen parámetros de validez y  corrección de las normas legales y orientan su debida  interpretación, guardando compatibilidad y sumisión a la  supremacía de las normas del bloque de constitucionalidad6.  5.6. Estas consideraciones alcanzan y comprenden la  interpretación de las disposiciones legales de la especialidad  tributaria, las que no están exentas de ser interpretadas  conforme a las normas constitucionales, por lo que, resulta  necesario y exigible orientar el rumbo hacia una interpretación  constitucional de las disposiciones tributarias, garantizando  así su “legitimidad constitucional y la legalidad de su  ejercicio”7. 5.7. Teniendo en cuenta lo señalado, es preciso  mencionar que la potestad tributaria y el carácter coactivo de  los tributos y obligaciones tributarias se rige, primero, por laConstitución Política del Perú, y luego por las leyes y lo  previsto en las normas reglamentarias. Como se puede  apreciar, el artículo 74 de la Constitución Política del Estado  no solo reconoce la potestad tributaria, sino que también  establece que esta debe ser ejercida respetando los principios  de reserva de ley, igualdad y no confiscatoriedad, y los  derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 74 de la  Constitución Política del Perú establece que los tributos se  crean, modifican o derogan, o se establecen exoneraciones  por ley o decreto legislativo en caso de delegación de  facultades y por decreto supremo en los casos de tasas y  aranceles. En ese orden, la supremacía de las normas  constitucionales y el carácter obligatorio de las normas  legales —conforme a la norma constitucional del artículo  109—, obligan tanto a autoridades como a administrados. 5.8.  El criterio vinculante aprobado por la Sala de Derecho  Constitucional y Social Permanente en la Casación Nº 4392- 2013-Lima, tiene el tenor siguiente: “[…] La Norma VIII del  Título Preliminar del Código Tributario no descarta la  aplicación de la analogía tampoco de la interpretación  extensiva ni la restrictiva, admitidas en el derecho para cierto  tipo de normas; sino que el uso se encuentra limitado por la  prohibición del segundo párrafo de la norma anotada,  resultando para ello muy importante que el juez seleccione el  método adecuado al tipo de disposición tributaria a interpretar.  No resultan pertinentes la interpretación extensiva ni la  restrictiva para interpretar disposiciones que restringen  derechos, ni para normas que establecen obligaciones como  el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta  previstos en el inciso a) del artículo 85 del TUO de la Ley del  Impuesto a la Renta, y para los casos de aplicación de  intereses moratorios previstos en el artículo 34 del TUO del  Código Tributario. […]” 5.9. De su lectura, se verifica que la  mencionada sentencia estableció reglas acerca de cómo  debe interpretarse la normativa tributaria, en atención a lo  dispuesto en la norma VIII del título preliminar del Texto Único  Ordenado del Código Tributario. En ese sentido, señala en un  primer momento que el uso de la analogía como método de  interpretación debe ser limitado; por esa razón, resalta la  labor del juez a efectos de seleccionar el método más  adecuado al tipo de disposición tributaria que se desea  interpretar. 5.10. De la misma manera en el referido  precedente vinculante se tiene que la mencionada Sala  Suprema  excluyó  expresamente  los  métodos  de  interpretación (extensivo y restrictivo), para analizar  aquellas normas que restringen derechos y establecen  obligaciones. Al respecto y en relación a la resolución del  presente caso, se debe señalar que si bien en el citado  precedente vinculante ha mencionado como ejemplos al  inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no  les otorga un sentido o contenido interpretativo vinculante, ni  señala qué reglas jurídicas deban extraerse de sus  enunciados, para resultar aplicables por todos los operadores  jurídicos, por lo que, se puede concluir que determinó  únicamente cómo abordar el análisis de estas disposiciones  legales. 5.11. En ese sentido, no resulta admisible lo expuesto  por la parte recurrente, cuando señala sobre la mencionada  Casación Nº 4392-2013-Lima: […] En efecto, en la referida  Sentencia se establece que dado que no resultan pertinentes  la interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar  disposiciones que restringen derechos, ni para normas que  establecen obligaciones como el caso de los Pagos a Cuenta  del Impuesto a la Renta […] Sin embargo, en dicha  jurisprudencia casatoria no se aprueba algún sentido  interpretativo con carácter vinculante u obligatorio que deba  necesariamente ser tomado en cuenta al aplicar las normas  sobre pagos a cuenta, sino qué métodos de interpretación no  pueden servir para extraer reglas de sus enunciados  considerando su naturaleza como normas que restringen  derechos y establecen obligaciones. 5.12. Por otro lado,  debemos referirnos a si la postura adoptada preliminarmente,  respecto a que el inciso a) del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Texto Único Ordenado  de la Ley del Código Tributario, determinan que los  contribuyentes deban pagar intereses moratorios por las  omisiones en el caso que no cumplan con cancelar  íntegramente los pagos a cuenta del impuesto a la renta en la  oportunidad establecida por ley, supone una contravención al  criterio vinculante aprobado en la Casación Nº 4392-2013- Lima. Al respecto, de conformidad con lo desarrollado en el  apartado anterior, la postura jurídica acogida en esta instancia  descansa  en  una  interpretación  sistemática  de  las  mencionadas normas materiales invocadas, dado que el  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  establece intereses moratorios ante los “[…] pagos a cuenta  no pagados oportunamente […]”; y por su parte, el inciso a)  del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone quelos contribuyentes deberán abonar al fisco “[…] con carácter  de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les  corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos  previstos en el Código Tributario […]”. Por consiguiente, de un  análisis conjunto de estas normas se establece la obligación  de efectuar el abono oportuno de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta para quienes obtengan rentas de tercera  categoría. 5.13. Sobre el pago, como concepto, uno de los  principios que lo inspira como forma de extinguir las  obligaciones es el principio de integridad, por el cual se  entiende efectuado el pago solamente cuando este se cumpla  y este cumplimiento implique la realización completa del dar,  hacer o no hacer prometidos; principio que se recoge en  nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1220 del Código  Civil. En materia tributaria, esta forma de entender el pago se  aprecia en el primer párrafo del artículo 29 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, cuando se establece bajo  qué términos legales se debe realizar. 5.14. En ese sentido, el  pago parcial o incompleto no podrá ser considerado oportuno  desde que no logra extinguir la totalidad de lo adeudado  dentro del plazo establecido legalmente, lo cual implica que el  pago que pueda efectuar un contribuyente, cuando haya  realizado una liquidación errónea de la obligación tributaria al  momento de calcularla, como sería el caso del monto a  depositar por pagos a cuenta del impuesto a la renta, no  podrá servir para sostener que se cumplió con pagar lo  adeudado al fisco en la oportunidad en que debía hacerlo, por  no tratarse de un pago completo o integral. En consecuencia,  corresponderá aplicar intereses moratorios respecto a la  diferencia que no fue declarada ni pagada de manera correcta  y oportuna. 5.15. A partir de lo expuesto, se aprecia que no se  efectuó un análisis del inciso a) del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Código Tributario  bajo los métodos de interpretación extensiva o restrictiva,  pues, se partió de una interpretación sistemática de los  enunciados y expresiones que cada una de estas  disposiciones legales recogen al regular los pagos a cuenta  del impuesto a la renta, en particular, sobre el pago como  categoría jurídica y qué involucra el concepto de pago  oportuno, lo que impide sostener que la anotada postura  contravenga los criterios vinculantes aprobados en la  Casación Nº 4293-2013-Lima, que únicamente exigían no  utilizar alguno de dichos métodos interpretativos al estudiarlos.  Por tanto, devienen infundadas las infracciones denunciadas.  5.16. Finalmente, el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta, de  conformidad con lo previsto por el artículo 22 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aparta de  cualquier criterio anterior dictado en causas similares, en  virtud a las propias consideraciones que contiene la presente  ejecutoria suprema, al reflejar ellas una mejor interpretación  de las disposiciones legales y constitucionales involucradas y  de la Casación Nº 4293-2013-Lima invocada. DECISIÓN Por  estas consideraciones, DECLARARON INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por Orazul Energy Perú  S.A., mediante escrito del dieciocho de diciembre de dos mil  diecinueve (fojas ochocientos setenta y seis a novecientos  veintidós). En consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas  ochocientos cincuenta y ocho a ochocientos sesenta y ocho),  emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que  revocó la sentencia de primera instancia del treinta y uno de  mayo de dos mil diecinueve (fojas seiscientos veintisiete a  seiscientos cuarenta), en el extremo que declaró fundada en  parte la demanda, y, reformándola, declaró infundada la  pretensión principal. DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a  Ley; en los seguidos por Orazul Energy Perú S.A. contra la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre impugnación de  resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y  devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora  Jueza Suprema Dávila Broncano. SS. YAYA ZUMAETA,  GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE  DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Se transcribe la reseña elaborada en su oportunidad 2  DE PINA, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 3  RENZO, Cavani (año). Código Procesal Civil comentado por los mejores  especialistas. Tomo III. Lima, Gaceta Jurídica; p. 342 4  Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado  por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos  según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la  aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión  del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se  beneficiará de ello.5  Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo, no nos limitamos a una  referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado constitucional, más aún  al derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo:  No se puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo  contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del mismo.  Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de atención  doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones y complejidades  sino también por su importancia teórica para entender el ordenamiento jurídico en  su faz dinámica.  VIGO, Rodolfo Luis (2005). De la ley al derecho. México D.F., Editorial Porrúa; p.  17 6  Supremacía de la Constitución  Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las  normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para  la vigencia de toda norma del Estado. 7  LANDA ARROYO, Cesar (2005) Los Principios Tributarios en la Constitución de  1993, Una perspectiva Constitucional, Lima, pagina 37. C-2136204-3