CASACIÓN Nº 1372-2019 TACNA
Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS SUMILLA: Se incurre en manifiesto vicio procesal, cuando la  sentencia materia de impugnación adolece de una motivación  congruente en su vertiente de -incongruencia omisiva-  puesto que no se aprecia que se expresen las razones o  justificaciones objetivas suficientes que hayan llevado a  tomar la determinación final, así como no ha dado respuestas  a todas las alegaciones formuladas por el demandante; lo que  conlleva a la vulneración del derecho fundamental al debido  proceso y debida motivación. Lima, veintiocho de junio de dos mil veintidós. - LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  mil trescientos setenta y dos del año dos mil dos mil  diecinueve, en audiencia pública llevada a cabo en la fechay producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente  sentencia: I. ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Sala  Suprema, el recurso de casación1 interpuesto por el  demandante José Alfredo Tuyo Llipita contra la sentencia  de vista, contenida en la resolución número noventa y siete,  de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho2, expedida por  la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de  Tacna; que confirmó la sentencia contenida en la resolución  número ochenta y ocho, de fecha quince de diciembre de  dos mil diecisiete3 que declaró infundada la demanda. II.  ANTECEDENTES: 1.- DE LA DEMANDA4: A fojas ciento  diez a ciento quince, subsanada a fojas trescientos treinta y  uno y fojas trescientos cuarenta, JOSE ALFREDO TUYO  LLIPITA interpone demanda de INDEMNIZACION POR  DAÑOS Y PERJUICIOS, contra ESSALUD TACNA, JUAN  JOSE SANCHEZ BARLETTI Y HENRY JUAN PORTILLA  MALAGA, a fin que se ordene una indemnización por daños  y perjuicios a su favor, por daño a la persona y/o emergente,  por la suma de ciento cincuenta mil soles, daño a la  personalidad y/o daño moral, por la suma de ciento cincuenta  mil soles y lucro cesante considerándola en la suma de  cuarenta y cinco mil soles y que sumados los tres conceptos  dan la suma de trescientos cuarenta y cinco mil soles que  deberán ser cancelados en forma solidaria por los  codemandados. Fundamenta su primera pretensión principal  señalando que: a) Que, el día veintiocho de febrero del dos  mil siete aproximadamente a las 22:39 horas, sus señores  padres le han conducido al hospital de ESSALUD Daniel  Alcides Carrión arribando a dicho nosocomio a las 22:50 de  la noche, siendo atendido de primera intención por el servicio  de emergencia, siendo derivado al consultorio de medicina  general y examinado por el medico Henry Jáuregui, quien  me examina y da como presumible diagnóstico que se  trataría de una apendicitis disponiendo se le traslade a la  sala de observaciones, en donde el cirujano de guardia lo  examina diagnosticando apendicitis, posteriormente dispone  se efectúe análisis de laboratorio donde se confirma el  diagnostico. b) Que el recurrente se encontraba asegurado  en dicho servicio de salud por el seguro de su madre,  ingresando a la sala de operaciones a las 12:55 del primero  de marzo del dos mil siete, siendo los médicos que lo  operaron el doctor Juan José Sánchez Barletti y el doctor  Henry Juan Portilla Málaga, permaneciendo hospitalizado  hasta el cinco de marzo en dicho nosocomio, con fuertes  dolores en la zona operada y con una temperatura elevada y  su madre se entrevistaba y le reclamaba constantemente al  doctor Sánchez y este doctor se hacia el desentendido. c)  Que a las 17:20 del cinco de marzo del dos mil siete, en vista  que ya no podía resistir los dolores intensos su madre decide  sacarlo del hospital de ESSALUD para ser conducido al  hospital Hipólito Unanue ingresando por el servicio de  emergencia, diagnosticando los médicos que se requería  una reintervención quirúrgica habiendo sido reintervenido  por los doctores Alejandro Windson Villanueva Díaz y la  doctora Isabel Shakuma Miyashiro, pudiéndose comprobar  que el recurrente se encontraba en shock hipovolémico y  shock séptico y con una cantidad de litro y medio de sangre  mal oliente y con materia en el interior de su estómago, pues  estaba con una infección atribuida a una mala praxis por  parte de los médicos que le han operado y descuido post  operatorio en el hospital ESSALUD de Tacna. d) Que estos  hechos también han sido investigados por la Fiscalía  Provincial de Liquidación y adecuación, habiendo encontrado  responsabilidad por el delito de Lesiones Graves Culposas  contra los médicos intervinientes Juan José Sánchez Barletti  y el doctor Henry Juan Portilla Málaga como responsables  del delito de lesiones graves culposas en agravio del  recurrente. e) Que si no fuera por la inmediata intervención  de los médicos del hospital Hipólito Unanue en estos  momentos estaría muerto. f) Que los responsables solidarios  de esta mala praxis profesional son los médicos antes  nombrados que prestan sus servicios en ESSALUD y por no  contar dicho hospital con un staff de médicos competentes  para este tipo de intervenciones. g) Que por esta razón  recurro a su despacho formulando esta pretensión para que  se le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados, ya  que por culpa de dicha institución y los médicos intervinientes  han puesto su vida al borde de la muerte hasta el extremo de  haber sido nuevamente reintervenido y que por esta  negligencia no pudo oportunamente ingresar a la Universidad  Nacional de Tacna mediante CEPU a la Facultad de  Informática y Sistemas ya que estaba hospitalizado más de  veinte días por causa de la mala praxis profesional y la mala  atención post -operatoria a cargo del hospital Daniel Alcides  Carrión de Calana-ESSALUD, además debe indicar que su  madre ha tenido que solventar gastos innecesarios. h) Que  los hechos que sustentan el daño patrimonial consisten en  los gastos que ha tenido que sufragar en la segundareintervención con ocasión de la mala praxis profesional  efectuada en su primera reintervención por los médicos  Henry Juan Portilla Málaga y Juan José Sánchez Barletti,  gastos efectuados en el hospital Hipólito Unanue, por haber  estado hospitalizado por casi veinte días; (conforme escrito  que corre a fojas trescientos cuarenta y siguientes). i) Que,  igualmente el daño patrimonial consiste en el daño  emergente ocasionado a su persona por la mala praxis  profesional, por cuanto en la segunda reintervención  efectuada los médicos del hospital Hipólito Unanue, han  encontrado en su cavidad litro y medio de sangre putrefacta  que guarda relación de causalidad directa de la mala praxis,  de tal manera que los médicos de ESSALUD, además de  haberle efectuado una intervención negligente, durante los  cinco días que ha estado hospitalizado en ESSALUD, y cada  día más grave, no le pudieron controlar esta hemorragia  interna que venía padeciendo y que para poder restablecer  su vida ha tenido que efectuar fuertes desembolsos  económicos en el hospital Hipólito Unanue. j) Que, los daños  extra patrimoniales y no patrimoniales consiste pues en el  gran daño de que ha sido objeto en su personalidad, por  cuanto la mala praxis y la reintervención quirúrgica le ha  infringido padecimiento y dolor físico y moral no solo al  recurrente sino también a toda la familia. k) Que el  diagnostico por el cual se operó fue por una apendicitis y de  efectuarse una buena operación a lo mucho debía  permanecer no más de cinco días para recuperarse. l) Que  debido a la negligente operación efectuada por estos  médicos de ESSALUD, han puesto su vida al borde de la  muerte y he tenido que ser reintervenido otra vez y aquí en  el hospital ha tenido que permanecer veinte días  hospitalizado, ha perdido su postulación a la Universidad por  medio del CEPU, que lo considero como lucro cesante,  porque justo en esos días que duró su reintervención, se han  efectuado estos exámenes de ingreso. m) Que los daños  que es materia del petitorio aclarado, guarda estrecha  causalidad con la mala praxis médica efectuada por los  médicos de ESSALUD demandados, como daños a la  persona o emergente, como a la personalidad o daño moral  y el lucro cesante, lo que ha dejado de percibir  económicamente y dejado de concretarse en su vida  profesional por haber sido hospitalizado por veinte días en el  hospital Hipólito Unanue y por este hecho que no ha podido  percibir y alcanzar sus metas. 2.- CONTESTACIÓN DE  DEMANDA POR JUAN JOSE SANCHEZ BARLETTI5 JUAN  JOSE  SANCHEZ  BARLETTI  contesta  la  demanda  exponiendo los siguientes fundamentos de hecho: a) Que en  su calidad de médico especialista trabajador de ESSALUD,  estaba programado para actuar como ayudante del médico  Cirujano Henry Juan Portilla Málaga, quien tenía programada  la operación al demandante, ahora en cuanto a la atención  que se le realizó como derecho habiente de asegurado,  ingresado como paciente en el hospital de Calana ESSALUD,  obra en la historia clínica desconociendo quién o quiénes lo  hayan trasladado a emergencia a dicho nosocomio; b) Que  si bien el protocolo determina que son dos los médicos que  participan, uno lo hace como titular, caso del médico cirujano  Portilla Málaga y otro hace de ayudante, caso del suscrito  Sánchez Barletti, siendo el principal o titular, el médico que  determina y realiza la operación quirúrgica; c) Que los  eventos que dice padeció el demandante, no son producto  de la mala praxis como indica ya que su presunta infección  fue un evento propio de su enfermedad denominada  apendicitis aguda que evolucionó de determinada manera  sin responder a los medicamentos que se le suministraron  conforme al protocolo y tratamiento especializado, por lo  tanto, no se puede invocar una infección como lesión  provocada por los demandados; d) Que como es de verse  de la Fiscalía Provincial Corporativa de Tacna, en este  proceso que se les sigue, ha determinado el sobreseimiento  del proceso en su contra, habiendo determinado los peritos  médicos que la infección no es producto de una mala praxis  médica, sino una reacción propia del organismo del  demandante, ya que del análisis de la materia, no se  encontraron restos de heces, lo que indica que la extracción  de la apéndice, se ligaron adecuadamente tanto el muñón  como la arteria apendicular conforme los manuales y  procedimientos médicos especializados en la materia, por lo  tanto la infección que tuvo, no es a consecuencia de  negligencia, imprudencia e impericia, como indica el  demandante que quizá desconozca de actos médicos; e)  Que el demandante demuestra un claro desconocimiento de  la medicina, sino de algo muy simple, que es el protocolo,  que es una guía que regula y determina el procedimiento del  médico, así mismo determina quién es el titular o responsable  de la operación; f) Que lo único que está demostrando es  que mediante la operación, se le ha salvado la vida al  demandante, ya que fue diagnosticado y operado en elmomento oportuno y siguiendo su evolución, la operación  que se ha realizado en el hospital Hipólito Unanue se le  habría realizado en ESSALUD, quien cuenta con tecnologías  más avanzadas; g) Que el demandante aduce mala praxis y  posteriormente indica mala atención post operatoria, y esto  no causa lesiones graves por lo cual pide se le indemnice su  infección, menos se nos puede calificar de incompetentes, a  médicos profesionales especializados con los que cuenta  ESSALUD dentro del staff; h) Que el demandante, a pesar  de habérsele salvado la vida, al diagnosticarlo y operarlo  oportunamente, aduce que por motivos de su operación no  pudo ingresar a la universidad, situación forzada ya que no  tiene fundamentos ni motivos por el cual solicitar se le  indemnice; i) Que de conformidad con el protocolo, se  determinará que las operaciones están a cargo de un médico  especializado titular o principal, el que tiene dominio y  responsabilidad de la operación que realiza, mas no así, el  ayudante, como en su caso; j) Que el demandante cuando  se lo operó estaba bajo la potestad de su madre, quien luego  de ser operado en ESSALUD, lo retiró en forma voluntaria  bajo su responsabilidad, lo cual exonera de toda  responsabilidad a los médicos tratantes y al hospital; k) Que  los demandados como médicos de ESSALUD solo cumplen  la labor que ESSALUD determina, en este caso principal y  ayudante y otros se encargaron del tratamiento post  operatorio, por cuanto, no son médicos exclusivos del  paciente, sino desarrollan labores de acuerdo a un rol de  programación de actividades para el servicio de todos los  asegurados;  l)  Que  el  demandante  desconoce  el  procedimiento de ESSALUD, aduciendo falta de atención y  calidad humana en su tratamiento, siendo su finalidad  inducir a error a su despacho. 3.- CONTESTACIÓN DE  DEMANDA POR HENRY JUAN PORTILLA MÁLAGA6  HENRY JUAN PORTILLA MALAGA, absuelve el traslado  de la demanda exponiendo los siguientes fundamentos de  hecho: a) Que en su calidad de médico especialista de turno,  encontró al demandante ingresando como paciente en el  hospital de Calana ESSALUD, tal como lo registra la historia  clínica, desconociendo quien o quienes lo hayan trasladado  a emergencia de dicho nosocomio; b) Que si bien el  protocolo determina que son dos los médicos que participan,  uno lo hace como titular, caso del médico cirujano Portilla  Málaga y otro hace de ayudante, caso del suscrito Sánchez  Barletti, siendo el principal o titular, el médico que determina  y realiza la operación quirúrgica; c) Que la infección que dice  padeció el demandante, no es producto de la mala praxis  como indica ya que su presunta infección fue una reacción  propia de su organismo que no respondió a los medicamentos  que se le suministraron de acuerdo al protocolo; d) Que  como es de verse de la Fiscalía Provincial Corporativa de  Tacna, en este proceso que se les sigue, ha determinado el  sobreseimiento del proceso en su contra, habiendo  determinado los peritos médicos que la infección no es  producto de una mala praxis médica, sino una reacción  propia del organismo del demandante; e) Que el demandante  demuestra un claro desconocimiento de la medicina, sino de  algo muy simple, que es el protocolo, que es una guía que  regula y determina el procedimiento del médico, así mismo  determina quién es el titular o responsable de la operación;  f) Que lo único que está demostrando es que mediante la  operación, se le ha salvado la vida al demandante, ya que  fue diagnosticado y operado en el momento oportuno y  siguiendo su evolución, la operación que se ha realizado en  el hospital Hipólito Unanue se le habría realizado en  ESSALUD, quien cuenta con tecnologías más avanzadas; g)  Que el demandante aduce mala praxis y posteriormente  indica mala atención post operatoria, y esto no causa  lesiones graves por lo cual pide se le indemnice su infección,  menos se les puede calificar de incompetentes, a médicos  profesionales especializados con los que cuenta ESSALUD  dentro del staff; h) Que el demandante, a pesar de habérsele  salvado la vida, al diagnosticarlo y operarlo oportunamente,  aduce que por motivos de su operación no pudo ingresar a  la universidad, situación forzada ya que no tiene fundamentos  ni motivos por el cual solicitar se le indemnice; i) Que el  demandante cuando se lo operó estaba bajo la potestad de  su madre, quien luego de ser operado en ESSALUD, lo retiró  en forma voluntaria bajo su responsabilidad, lo cual exonera  de toda responsabilidad a los médicos tratantes y al hospital;  j) Que los demandados como médicos de ESSALUD solo  cumplen la labor que ESSALUD determina, en este caso  principal y ayudante y otros se encargaron del tratamiento  post operatorio, por cuanto, no son médicos exclusivos del  paciente, sino desarrollan labores de acuerdo a un rol de  programación de actividades para el servicio de todos los  asegurados;  k)  Que  el  demandante  desconoce  el  procedimiento de ESSALUD, aduciendo falta de atención y  calidad humana en su tratamiento, siendo su finalidadinducir a error a su despacho; l) Que falsamente el  demandante, viene aduciendo una serie de hechos y  situaciones que no se ajustan a la verdad en cuanto a la  responsabilidad que les ha determinado el Fiscal en relación  a la investigación que se le ha seguido conjuntamente con  su coprocesado, por lo que adjunta la notificación que  contiene la resolución número trece del veintisiete de junio  del dos mil doce que resuelve primero declarar el  sobreseimiento de la investigación preparatoria seguida  contra Juan José Sánchez Barletti y Henry Juan Portilla  Málaga, en lo seguidos por el delito contra la Vida el Cuerpo  y la Salud en la Modalidad de Lesiones Graves y segundo  disponer el archivo definitivo de la causa, con lo que se  determina que su persona y su coprocesado no han sido  negligentes, empíricos ni imprudentes. 4.- CONTESTACIÓN  DE DEMANDA POR LA APODERADA DE LA RED  ASISTENCIAL ESSALUD - TACNA7 MARTHA MILAGROS  DELGADO DE RIVERO, en calidad de apoderada judicial en  la Red Asistencial ESSALUD-Tacna contesta la demanda  exponiendo los siguientes fundamentos de hecho: a) Que no  se ha acreditado daño alguno a la persona del demandante,  todo lo contrario, fue intervenido y atendido en el Seguro  Social de Salud, donde por el contrario, considera se le salvó  la vida; b) Que los eventos a los que se refiere el recurrente,  no son producto de la mala praxis, ya que la infección a la  que se hace referencia en su escrito de demanda, fue  producto de la enfermedad que presentó denominada  apendicitis aguda evolucionando de tal forma que no  respondió a los medicamentos que se le suministraron  conforme al protocolo y tratamiento; c) Que lo expuesto en  líneas precedentes, se encuentra debidamente sustentado  con los peritajes médicos presentados en la investigación  seguida ante la Fiscalía Corporativa de TACNA, razón por la  cual finalmente se ha desestimado su denuncia penal,  disponiéndose  el  sobreseimiento  y  archivo  de  la  investigación; d) Que es falso cuando alega el demandante  que el doctor Arce se negó a intervenirle quirúrgicamente; e)  Que la evolución del cuadro clínico presentado después de  la intervención quirúrgica ha sido buena, su tratamiento ha  sido bien atendido en forma regular para su recuperación; f)  Que el día diecisiete de marzo del dos mil siete, la señora  Olga Llipita Oxacopa, tomó la decisión unilateral de retirar a  su hijo José Alfredo Tuyo Llipita, para ello firmó la papeleta  de retiro voluntario, dejándose constancia expresa de la  exoneración de toda responsabilidad a ESSALUD, al  hospital y el médico tratante; g) Que no está demostrado la  responsabilidad de los médicos tratantes además la red  asistencial  TACNA-ESSALUD  cuenta  con  médicos  especializados en la materia, altamente capacitados, para  ello contamos con equipos médicos sofisticados; h) Que  resulta necesario hacer algunas precisiones: ii) Los médicos  especialistas de su nosocomio coincidieron en señalar que  el  cuadro  clínico  que  evidenciaba  el  demandante  correspondía  al  diagnóstico  de  apendicitis  aguda  procediendo a su intervención quirúrgica; iii) el paciente se  retiró del hospital por voluntad propia y autorizado, sin que  se le practicara un examen solicitado por el médico tratante;  iiii) El paciente evolucionó favorablemente según consta en  la historia clínica hasta el cuarto día post operatorio, por la  noche en que hizo fiebre de 38º y al día siguiente de 39º en  que fue retirado del servicio por su madre bajo la modalidad  de retiro voluntario; iiiii) en conclusión, el demandante fue  atendido oportunamente desde su ingreso a su nosocomio,  se ha realizado la intervención quirúrgica satisfactoriamente  y se le ha brindado el tratamiento respectivo para su  recuperación; i) Que es necesario probar la responsabilidad  de los funcionarios médicos encargados de efectuar la  praxis médica, es decir, que se compruebe su proceder  negligente en el cumplimiento de sus funciones, y si es que  se llega a probar esto y es declarado responsable dentro de  un proceso judicial, es posible solicitar la imputación de  responsabilidad a la entidad bajo cuyas órdenes trabaja; j)  Que su institución ha cumplido con las pautas que su  supuesta obligación como entidad prestadora de servicios  asistenciales le exigían, y por lo tanto, será improcedente  imputársele culpa ante tales circunstancias; k) Que pudo  haber optado por atenderse en un hospital de ESSALUD de  Lima, de esta manera no hubiera hecho el desembolso  económico  que  hoy  pretende  cobrarnos,  alegando  negligencias o mala praxis por parte de sus galenos; l) Que  no todo incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o  defectuoso, genera necesariamente daño moral, sino que  dicho daño tiene que ser demostrado; m) Que los supuestos  sufrimientos invocados por el demandante no constituyen  daño moral indemnizable, porque las situaciones invocadas  que supuestamente causaron sufrimiento al accionante, se  dieron por una decisión apresurada al tomar la iniciativa de  pedir el alta y trasladarse a la ciudad de Lima sin culminarcon el tratamiento; n) Que no basta con alegar un daño,  tampoco basta con acreditarlo, será necesario que la cuantía  del mismo esté también acreditada. De hecho el demandante  pretende sustentar una cuantía amparándose en lo que ha  gastado en la compra de medicamentos, decisión que tomó  por cuenta y riesgo propio al haberse retirado voluntariamente  del hospital de ESSALUD. 5.- CONTESTACIÓN DE  DEMANDA POR EL PROCURADOR PÚBLICO A CARGO  DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE  TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO8 PEDRO  ANTONIO MORENO PRIETO, Procurador Público adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo, absuelve el traslado de la demanda  en los siguientes términos: a) Que la labor que realizan los  médicos tratantes recae en una obligación de medios y no  de resultados. Los médicos que intervinieron al demandante  han obrado de acuerdo a la exigencia que ameritaba, ya que  se realizó todos los procedimientos médicos que en forma  regular se les otorga a todos los asegurados de ESSALUD;  b) Que la institución a la que representa no tiene ninguna  responsabilidad  ya  que  la  negligencia  en  la  que  supuestamente habrían incurrido los codemandados no está  acreditada; c) Que no existe responsabilidad alguna con su  representada, ESSALUD, toda vez que la madre del  demandante se hizo responsable del mismo desde el  momento que solicitó su alta y traslada al entonces menor a  otro nosocomio; d) Que con relación a la conducta  antijurídica, se debe establecer en el presente proceso dos  situaciones: si es que la operación practicada por los  demandados al demandante como consecuencia de la  apendicitis, se realizó cumpliendo las exigencias de la praxis  médica usual o no y; si existe responsabilidad también en la  señora madre del demandante al solicitar su alta; e) Que de  las propias instrumentales que acompaña el actor a su  demanda y de la historia clínica del demandante se llegará a  la plena convicción sobre la adecuada intervención de los  médicos codemandados, lo que permite acreditar que no  existe una conducta antijurídica; f) Que el daño indemnizable  debe ser cierto y tiene que ser acreditado, el daño eventual  e hipotético no es indemnizable y se caracteriza por una  probabilidad carente de conexión lógica, por lo que no  resulta amparable su demanda en dicho extremo; g) Que no  se acredita haber gastado la astronómica suma que reclama;  h) Que con relación al lucro cesante tampoco es amparable,  toda vez, que no acredita si se encontraba estudiando o  trabajando, tanto más si es persona joven y que no se  encuentra limitado para trabajar o estudiar, ya que el infiere  que fueron solo veinte días de tratamiento; i) Que no se ha  determinado ni la responsabilidad penal de ESSALUD ni de  los  codemandados.  6.-  SENTENCIA  DE  PRIMERA  INSTANCIA9: Declara INFUNDADA la demanda, por lo  siguiente: Sustento: Se considera que la responsabilidad  civil medica en este caso en concreto es contractual, por lo  que es de aplicación el artículo 1321 por el cual se establece  que, “queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios  quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable  o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la  obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso,  comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante,  en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal  inejecución; Si la inejecución o el cumplimiento parcial,  tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa  leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al  tiempo en que ella fue contraída”. En este sentido en un  proceso de esta naturaleza resulta lógico establecer primero  si existe obligación incumplida; lo que también se desprende  del artículo 1321 del Código Civil. El demandante alega en  su demanda que ha sido sometido a la segunda intervención  al haberse comprobado que el recurrente se encontraba en  shock hipovolémico y shock séptico y con una cantidad de  litro y medio de sangre mal oliente y con materia en el interior  de su estómago, pues estaba con una infección atribuida a  una mala praxis por parte de los médicos que le han operado  y descuido post operatorio en el hospital ESSALUD de  Tacna, en este extremo debe tenerse presente que el  demandante no señala exactamente en que ha consistido la  mala praxis por parte de los médicos demandados que haya  determinado la infección que determino la segunda  operación del demandante, en este extremo se tiene a fojas  veintiocho la declaración del médico Alejandro Villanueva  Díaz, ante el Ministerio Público, médico que participo en la  segunda intervención quirúrgica del demandante como  asistente, el cual al contestar la sexta pregunta, para que  explique Ud. cuáles son las causas que producen el Shock  Hipovolémico y si ha su criterio el menor José Tuyo Llipita ha  tenido una atención adecuada en ESSALUD? Dijo: que eso  lo tendrá que responder el Médico Legista y los peritos  nombrados para el caso, asimismo a fojas treinta corre ladeclaración de la médico Isabel Sakuma Miyashiro, la que al  contestar a la misma pregunta, señalado que esa pregunta  le corresponde hacerla a los peritos, no habiendo  determinado los médicos que practicaron la segunda  operación al demandante las causas que habrían generado  el cuadro de salud del mismo que determino la necesidad de  la segunda intervención. A fojas treinta y siete corre el  certificado médico legal Nº 008563-PRO, en el cual se indica  en el punto 5 ¿Cuáles son las causas por las cuales en la  segunda operación se encontró en la cavidad abdominal 1.5  litros de sangre mal oliente y Pus? que se llama absceso  residual es una complicación infrecuente en las apendicitis  no complicadas (de acuerdo al criterio macroscópico es  decir no complicada a simple vista, porque a simple vista no  se había perforado) siendo la bacteria aislada una  intrahospitalaria, pseudomonas a eruginosa (que ingresa en  el acto quirúrgico) la que hallo en los detritus celulares y el  exudado producido por la apendicitis supurada las  condiciones ideales para crecer, máxime si no se dejó  drenaje ni se lavó profundamente la zona inflamada e  intervenida quirúrgicamente, drenaje y lavado profuso que la  literatura médica no aconseja en estos casos, reservando  estos procedimientos (drenaje /lavado profuso) para las  apendicitis perforadas. Asimismo a fojas cuarenta corre el  certificado médico legal Nº 003552 –PF-AR, de fecha siete  de mayo del dos mil ocho, en el cual se absuelve un pliego  de preguntas del representante del Ministerio Público,  siendo la segunda si en realidad lo que hubo fue una mala  ligadura de un vaso y no absceso residual y que dicha mala  ligadura ocasiono hemorragia la cual se infectó, absolviendo  el médico legista que en récord operatorio se consigna  hallazgo de 1500 c.c. de sangre pus y coagulados, hallazgo  que no permite negar el sangrado y la infección de la zona  intervenida sin embargo reporte quirúrgico no consigna  dehiscencia de suturas quirúrgicas además no obra a la  vista el perfil de coagulación previo a la 1era intervención y  los de la epicrisis del Hospital Unanue (2da intervención)  están incompletos. Como medio de prueba obra como  acompañado el cuaderno de sobreseimiento Nº 814-2009- 46, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria,  corriendo a fojas dos el requerimiento del representante del  Ministerio Público, en el cual se citan los actuados a nivel del  Ministerio Público por la denuncia contra los médicos  demandados por el delito de lesione culposas, apreciándose  en el punto 3.9 textualmente a fojas 341 obra el Certificado  Médico  Legal  Nº  053489-RM  (Reconocimiento  de  Responsabilidad Médica), debidamente suscrito por los  médicos legistas de la División Clínico Forense del Instituto  de Medicina Legal, siendo que en el rubro DATA aparece:  **COPIA FEDATADA DE LA HISTORIA CLÍNICA Nº 13243  DEL HOSPITAL ESSALUD de José Alfredo Tuyo Llipita.  Fecha de ingreso a emergencia: 28-02-2007. Diagnóstico:  Apendicitis aguda. Reporte Operatorio: Fecha 01-03-2009.  Hallazgo apéndice cecal de +/- 10x2cm supurada cubierta  de fibrina, ciego móvil. Evolución: 04-03-2007. Presenta  fiebre. 05-03-2007 padres solicitan alta voluntaria. **COPIA  FEDATADA DE LA HISTORIA CLÍNICA Nº 0251660 DEL  HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA de José Alfredo  Tuyo Llipita. Fecha de ingreso a emergencia: 05-03-2007.  Diagnóstico: * Shock hipovolémico + hemoperitoneo * shock  séptico D/C absceso residual. Reporte operatorio: Fecha 06- 03-2009. Diagnóstico postop: ídem + shock séptico  hipovolémico x hemoperitoneo. 20-03-2007 alta. Asimismo  en  CONCLUSIONES  aparece:  “Solicitan  se  emita  pronunciamiento médico legal a fin de determinar: 1.-¿Si el  procedimiento llevado a cabo por los denunciados Juan  José Sánchez Barletti y Henry Juan Portilla Málaga y los  especialistas que trataron al agraviado de una operación de  apendicitis aguda, fue correcto?. Respuesta: Si fue correcto.  2.-¿Si existió negligencia médica por parte de los  denunciados Juan José Sánchez Barletti y Henry Juan  Portilla Málaga?. Respuesta: Revisada la documentación  médica somos de la opinión de que en el presente caso el  diagnóstico y el tratamiento indicado, es el adecuado. 3.-  ¿La causa del foco infeccioso intrabdominal surgido después  de la intervención quirúrgica realizado por los denunciados?  Respuesta: La causa del foco infeccioso intrabdominal, es la  enfermedad de fondo, apendicitis aguda; desprendiéndose  de este citado documento que no existe incumplimiento de  sus obligaciones por parte de los demandados. Conforme  las pruebas señaladas, no se determina que haya existido  incumplimiento de alguna obligación en la atención medica  de los médicos demandados al demandante, mala praxis por  parte de los médicos que lo han operado y descuido post  operatorio en el hospital ESSALUD de Tacna, conforme  sostiene en su demanda, habiéndose establecido en el el  certificado médico legal Nº 003552 –PF-AR y certificado  médico legal Nº 008563-PRO, que tanto el procedimiento,diagnóstico y tratamiento al demandante ha sido el  adecuado, que la atención ha sido oportuna, asimismo del  citado reporte de la segunda intervención que corre a fojas  diecisiete no se ha consignado en el procedimiento  operatorio que se haya encontrado o tenido que suturar  vasos o venas sangrantes o que los demandados no hayan  suturado adecuadamente la herida producto de la  apendicetomía practicada, concluyéndose en el Certificado  Médico  Legal  Nº  053489-RM  (reconocimiento  de  responsabilidad médica), citado en el auto de sobreseimiento  señalado que la causa del foco infeccioso intrabdominal, es  la enfermedad de fondo, apendicitis aguda y que revisada la  documentación médica son de la opinión de que en el  presente caso el diagnóstico y el tratamiento indicado, es el  adecuado. 7.- APELACIÓN:10 José Alfredo Tuyo Llipita  interpone recurso de apelación en contra de la sentencia  precitada; alegando: a) Que el señor Juez no se ha dado la  molestia, ni siquiera de investigar qué cosa es el Shock  Hipovolémico, siendo este “un fracaso en el sistema  circulatorio, la forma de shock más habitual y se caracteriza  por un volumen intravascular inadecuado debido a la pérdida  o redistribución de la sangre, el plasma u otro liquido  corporal”. Y entre las posibles causas se encuentran las  lesiones, para este caso las abdominales como las lesiones  de vísceras macizas o vasos mesentéricos. En cuanto al  Shock Séptico es una “afección grave que ocurre una  infección en todo el cuerpo lleva a que se presente una  hipotensión arterial peligrosa, y los factores dentro de otros  esta la cirugía y procedimiento medico reciente”. Y el  Absceso Residual es el “litro y medio de sangre con mal olor,  coágulos”, que se ha encontrado al ser re intervenido de  emergencia, en resumen, el recurrente se encontraba al  borde de la muerte, sin ser atendido en el post operatorio por  parte de los médicos de ESSALUD que son los demandados  y el Hospital ESSALUD; b) Que en el presente proceso no se  está demandando el incumplimiento de una obligación, sino  el incumplimiento defectuoso de una obligación, existiendo  negligencia inexcusable por parte de los señores médicos,  por no haber ligado adecuadamente el muñón apendicular,  lo que ha generado durante los cinco días la hemorragia  interna la que se fue acumulando mientras transcurrían los  días, lo que ha originado el Shock Hipovolémico y el Shock  Séptico; c) Que acaso no constituye negligencia inexcusable  la mala ligadura y la indiferencia post operatoria que dejaron  que se forme todo un charco de sangre y con pus dentro del  abdomen del recurrente. Además, ni siquiera ha dado los  cuidados necesarios, ni muchos menos reprogramarme una  re intervención de urgencia en ESSALUD; y, d) Que el señor  Juez no ha recurrido al indicio o a la presunción, al  razonamiento lógico deductivo a partir de los hechos  investigados, para llevar a la certeza real, de conformidad a  los artículo 276° y 277° del C.P.C., existiendo indicios y  presunciones reveladoras de la mala praxis, porque no se  está discutiendo si el procedimiento fue el adecuado o no; lo  que está en discusión, es porque cuando se re intervienen  en el Hospital Hipólito Unanue se llegó con Shock  Hipovolémico y Shock Séptico y, litro y medio de sangre  dentro del abdomen del recurrente; estos hechos no han  sido materia de pronunciamiento, es decir es una motivación  aparente. 8.- SENTENCIA DE VISTA11. DECLARARON  NULA en su integridad la sentencia apelada, por los  siguientes fundamentos: - Se advierte que el examen  efectuado por el señor Juez no se encuentra arreglado al  mérito de lo actuado y a derecho. En sí, tenemos que el  tema de responsabilidad civil médica, necesariamente  deben estar presentes todos los elementos constitutivos de  la responsabilidad civil; es decir, se exige la presencia del  daño, de la antijuricidad, del nexo causal y del llamado factor  de atribución. La responsabilidad civil médica puede estar  enmarcada dentro de la responsabilidad contractual o  extracontractual. En relación al médico –prestador de  servicios– que brinda un tratamiento con el cual genera una  relación contractual de la que se derivan una serie de  derechos y obligaciones. Por ello, el incumplimiento de un  deber especifico, surge el derecho del paciente a obtener  una reparación por los daños ocasionados. En el presente  caso a razón de los hechos expuestos precedentemente  (ver el considerando 7.1. de la presente), estamos ante un  caso de responsabilidad civil contractual, ello de conformidad  con el artículo 39° de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.  - Siendo ello así, el señor Juez de la causa desestima la  demanda de indemnización por daños y perjuicio, porque el  procedimiento, diagnóstico y tratamiento médico realizado a  la parte accionante ha sido adecuada y oportuna. Por otro  parte, el recurrente en su escrito de apelación sostiene que  no se está discutiendo el procedimiento médico – si fue  adecuado o no; lo que está en discusión es, porqué cuando  es nuevamente intervenido en el Hospital Hipólito Unanuellegó con Shock Hipovolémico y Shock Séptico, hecho que  no ha sido materia de pronunciamiento, por tanto, estamos  ante una motivación aparente. - Por ello, es menester de  este Colegiado responder si efectivamente existió una “mala  praxis” por parte de los médicos demandados en el  procedimiento, diagnóstico y tratamiento médico en el  Hospital “Daniel Alcides Carrión” de Calana –ESSALUD (en  adelante Hospital de ESSALUD). En tal sentido, debe  mencionarse la importancia y valor que tiene la “historia  clínica”, como prueba en este proceso, ya que contiene, con  criterio de unidad, toda aquella información sanitaria relativa  al procedimiento clínico del paciente –Alfredo Tuyo Llipita  (hoy demandante) –, desde su ingreso al Hospital “Daniel  Alcides Carrión” de Calana –ESSALUD hasta su alta médica,  y demás hechos o circunstancias relevantes que se suscitan  a lo largo del tratamiento o intervención. Evidentemente, los  datos consignados en la historia clínica, son importantes en  el supuesto de que se quiera acreditar la “mala praxis  médica”. Por ello, la HISTORIA CLÍNICA del demandante en  el Hospital de ESSALUD que corre a fojas quinientos setenta  y seis a seiscientos treinta y cinco, se advierte,  específicamente, a fojas quinientos ochenta y nueve, el  Record Operatorio de fecha uno de marzo del año dos mil  siete, donde se evidencia que el recurrente es operado por  presentar  “Apendicitis  Aguda”,  efectuándole  una  apendicetomía, siendo operado por el Médico Cirujano  Henry Juan Portilla Málaga y su ayudante el Médico Cirujano  Juan José Sánchez Barletti (hoy demandados). A fojas  quinientos ochenta y siete obran los apuntes de la Evolución  del demandante luego de la intervención quirúrgica,  apreciándose que el tres de marzo del año dos mil siete (su  evolución era favorable), el cuatro de marzo del año dos mil  siete (se anotó paciente estable), en la tarde del mismo día  (se anotó no complicado), el cuatro de marzo del año dos mil  siete (el demandante presenta dolor en la herida y fiebre de  38° y se quejaba de mucho dolor de herida pese a  analgésico), y el cinco de marzo del año dos mil siete (fiebre  de 38.5° y 38.4°, habiéndose prescrito diclofenaco,  anotándose su alta voluntaria). - Posteriormente, la parte  demandante permaneció en el Hospital de ESSALUD, hasta  el cinco de marzo del año dos mil siete, por su condición de  menor de edad (diecisiete años) en ese momento, estaba  bajo responsabilidad de su madre Olga Llipita Oxacopa,  quien lo retiro del Hospital ESSALUD, conforme al  documento de retiro voluntario que corre a fojas ciento  cuarenta y dos. - En tal sentido, del reporte de operación del  Hospital de Apoyo Hipólito Unanue, de fecha cinco de marzo  del año dos mil siete, se observa claramente que la parte  demandante es sometida a una segunda intervención  quirúrgica, anotándose en dicho reporte médico “(…)  Abdomen Agudo Quirúrgico Post Operatorio, Shock  Hipovolémico + Hemoperitoneo, Shock Séptico D/C Absceso  Residual,  Idem  +  Shock  Sétimo  Hipovolémico  +  Hemoperitoneo (…) se procedió a un lavado de cavidad  peritoneal con agua estéril, se obtuvo más o menos 1.5 litro  de contenido con mal olor, coágulos y sangre rojo oscuro…”;  acreditándose lo señalado por el demandante que ha sido  sometido a dos operaciones: a) la apendicetomía en  ESSALUD y, b) la operación de evacuación de hematoma +  liberación de bridas y adherencias + Drenaje en el Hospital  de Apoyo Hipólito Unanue. - Así pues, los datos consignados  en la historia clínica precitada, son importantes para  acreditar la “mala praxis médica”, admitiéndose su actuación  dentro del proceso de responsabilidad civil, en el cual incluso  podría ser sometida a pericia médica; es por ello, que resulta  necesario anotar que el Juez como director del proceso goza  –entre otras– de la facultad de ordenar la actuación de los  actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los  hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de  las partes, pudiendo incluso, si las pruebas ofrecidas no le  generan convicción, disponer la actuación de pruebas de  oficio para complementar la actividad probatoria o para  sustituirla por la adjuntada por las partes conforme a lo  establecido por el artículo 194° del Código Procesal Civil,  por lo que teniendo en cuenta la pretensión demandada, en  donde la parte demandante solicita que se le indemnice por  daños y perjuicios derivadas por la mala praxis en el ejercicio  de las funciones medicas, siendo este tipo de proceso  complejo en materia probatoria, por ello resulta necesario  determinar en forma fehaciente y precisa si efectivamente, la  responsabilidad civil médica de la vulneración de la  integridad personal del paciente o de su vida, en el ejercicio  de esta actividad profesional; por lo que puede disponer que  se practique una pericia médica a la historia clínica que  corre a fojas quinientos setenta y seis a seiscientos treinta y  cinco, igualmente puede disponer la actuación de cualquier  otro medio probatorio destinado a establecer los hechos  materia de controversia. - Bajo tal contexto, la carga de laprueba se flexibiliza de manera excepcional, para aquellos  casos en que aparezca de manera evidente que una de las  partes tiene el control sobre la prueba o que el acceso a la  misma para la otra parte, se le dificulta o le resulta onerosa  como acontece en los casos por “mala praxis médica”. Por  ello, consideramos que la valoración de la prueba tiene que  estar guiada hacia la “presunción de la negligencia”, ya que  esta debe aparecer como la causa más probable para el  profesional, al que se le imputa la responsabilidad, debido a  que este tiene el control del paciente y del instrumento. Tales  preceptos deben ser tomados en cuenta al momento de  resolver la presente causa a efectos de obtener una  resolución sobre la pretensión deducida. 9.- SENTENCIA  DE PRIMERA INSTANCIA12: Declara INFUNDADA la  demanda, por lo siguiente: Sustento: En la sentencia de  vista que corre a fojas novecientos cincuenta y uno y  siguientes, se ha señalado que “Así pues, los datos  consignados en la historia clínica precitada, son importantes  para acreditar la “mala praxis médica”, admitiéndose su  actuación dentro del proceso de responsabilidad civil, en el  cual incluso podría ser sometida a pericia médica; es por  ello, que resulta necesario anotar que el Juez como director  del proceso goza –entre otras– de la facultad de ordenar la  actuación de los actos procesales necesarios para el  esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el  derecho de defensa de las partes, pudiendo incluso, si las  pruebas ofrecidas no le generan convicción, disponer la  actuación de pruebas de oficio para complementar la  actividad probatoria o para sustituirla por la adjuntada por  las partes conforme a lo establecido por el artículo 194° del  Código Procesal Civil (…)”. Conforme el texto del citado  artículo 194 del Código Procesal Civil, este despacho no  considera que la prueba de oficio puede ser dispuesta para  complementar la actividad probatoria o para sustituirla por la  adjuntada por las partes, sin trasgredir gravemente el deber  de imparcialidad; asimismo conforme el citado artículo, la  prueba de oficio procede excepcionalmente, cuando los  medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes  para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda  Instancia, por lo que el juez podrá actuar medios probatorios  de oficio, sólo cuando sobre un determinado hecho las  partes hayan ofrecido medios de prueba y a criterio del juez  estos sean insuficientes para crearle convicción, pero si  sobre un hecho determinado las partes no han ofrecido  medio probatorio alguno el juez no podrá actuar medios  probatorios, ese será su límite, lo expuesto encuentra  sustento en el artículo 194 del Código Procesal Civil. En este  sentido no se puede pretender que se admitan medios de  prueba de oficio, con la finalidad de soslayar las  consecuencias de la falta de actividad de las partes;  Asimismo, si bien dentro de un sistema publicístico, como el  nuestro, se conceden facultades probatorias al juez, esto no  significa que sobre el mismo pese la carga de probar, pues  está siempre corresponde a las partes; cuando el juez  decide actuar medios probatorios de oficio lo hace para  tener mayor convicción sobre un hecho que a su criterio no  ha sido debidamente acreditado por las partes, es decir, la  decisión de actuar medios probatorios de oficio es subjetiva,  si bien el juez deberá motivar su decisión esta es finalmente  subjetiva, por lo tanto, nadie puede obligar al juez a actuar  un medio probatorio de oficio, pues el juez en cada caso  concreto determinará si necesita más medios probatorios o  no para convencerse sobre los hechos alegados por las  partes (es decir, para lograr la certeza), alguien ajeno al juez  (el superior, por ejemplo) no podría obligar al juez a actuar  un medio probatorio de oficio, pues no podría sustituir el  criterio de quien ha considerado que en el caso concreto no  requiere medios probatorios adicionales, hecho que  garantiza de independencia judicial; en este sentido en el  presente caso este despacho, mantiene su criterio que no es  necesaria la actuación de pruebas de oficio, lo que determino  que se emita la primer sentencia sin disponer ninguna;  aunado a que conforme el artículo 194 del Código Procesal  Civil, excepcionalmente, cuando los medios probatorios  ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar  convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, por lo  que de no generar convicción las pruebas en segunda  instancia en este también se pueden actuar pruebas de  oficio. Se considera que la responsabilidad civil medica en  este caso en concreto es contractual, por lo que es de  aplicación el artículo 1321 por el cual se establece que,  “queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien  no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o  culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la  obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso,  comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante,  en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal  inejecución; Si la inejecución o el cumplimiento parcial,tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa  leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al  tiempo en que ella fue contraída”. En este sentido en un  proceso de esta naturaleza resulta lógico establecer primero  si existe obligación incumplida; lo que también se desprende  del artículo 1321 del Código Civil. El demandante alega en  su demanda que ha sido sometido a la segunda intervención  al haberse comprobado que el recurrente se encontraba en  shock hipovolémico y shock séptico y con una cantidad de  litro y medio de sangre mal oliente y con materia en el interior  de su estómago, pues estaba con una infección atribuida a  una mala praxis por parte de los médicos que le han operado  y descuido post operatorio en el hospital ESSALUD de  Tacna, en este extremo debe tenerse presente que el  demandante no señala exactamente en que ha consistido la  mala praxis por parte de los médicos demandados que haya  determinado la infección que determino la segunda  operación del demandante, en este extremo se tiene a fojas  veintiocho la declaración del médico Alejandro Villanueva  Díaz, ante el Ministerio Público, médico que participo en la  segunda intervención quirúrgica del demandante como  asistente, el cual al contestar la sexta pregunta, para que  explique Ud. cuáles son las causas que producen el Shock  Hipovolémico y si ha su criterio el menor José Tuyo Llipita ha  tenido una atención adecuada en ESSALUD? Dijo: que eso  lo tendrá que responder el Médico Legista y los peritos  nombrados para el caso, asimismo a fojas treinta corre la  declaración de la médico Isabel Sakuma Miyashiro, la que al  contestar a la misma pregunta, señalado que esa pregunta  le corresponde hacerla a los peritos, no habiendo  determinado los médicos que practicaron la segunda  operación al demandante las causas que habrían generado  el cuadro de salud del mismo que determino la necesidad de  la segunda intervención. A fojas treinta y siete corre el  certificado médico legal Nº 008563-PRO, en el cual se indica  en el punto 5 ¿Cuáles son las causas por las cuales en la  segunda operación se encontró en la cavidad abdominal 1.5  litros de sangre mal oliente y Pus? que se llama absceso  residual es una complicación infrecuente en las apendicitis  no complicadas (de acuerdo al criterio macroscópico es  decir no complicada a simple vista, porque a simple vista no  se había perforado) siendo la bacteria aislada una  intrahospitalaria, pseudomonas aeruginosa (que ingresa en  el acto quirúrgico) la que hallo en los detritus celulares y el  exudado producido por la apendicitis supurada las  condiciones ideales para crecer, máxime si no se dejó  drenaje ni se lavó profundamente la zona inflamada e  intervenida quirúrgicamente, drenaje y lavado profuso que la  literatura médica no aconseja en estos casos, reservando  estos procedimientos (drenaje /lavado profuso) para las  apendicitis perforadas. Asimismo a fojas cuarenta corre el  certificado médico legal Nº 003552 –PF-AR, de fecha siete  de mayo del dos mil ocho, en el cual se absuelve un pliego  de preguntas del representante del Ministerio Público,  siendo la segunda si en realidad lo que hubo fue una mala  ligadura de un vaso y no absceso residual y que dicha mala  ligadura ocasiono hemorragia la cual se infectó, absolviendo  el médico legista que en récord operatorio se consigna  hallazgo de 1500 c.c. de sangre pus y coagulados, hallazgo  que no permite negar el sangrado y la infección de la zona  intervenida sin embargo reporte quirúrgico no consigna  dehiscencia de suturas quirúrgicas además no obra a la  vista el perfil de coagulación previo a la 1era intervención y  los de la epicrisis del Hospital Unanue (2da intervención)  están incompletos. Como medio de prueba obra como  acompañado el cuaderno de sobreseimiento Nº 814-2009- 46, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria,  corriendo a fojas dos el requerimiento del representante del  Ministerio Público, en el cual se citan los actuados a nivel del  Ministerio Público por la denuncia contra los médicos  demandados por el delito de lesione culposas, apreciándose  en el punto 3.9 textualmente a fojas 341 obra el Certificado  Médico  Legal  Nº  053489-RM  (Reconocimiento  de  Responsabilidad Médica), debidamente suscrito por los  médicos legistas de la División Clínico Forense del Instituto  de Medicina Legal, siendo que en el rubro DATA aparece:  **COPIA FEDATADA DE LA HISTORIA CLÍNICA Nº 13243  DEL HOSPITAL ESSALUD de José Alfredo Tuyo Llipita.  Fecha de ingreso a emergencia: 28-02-2007. Diagnóstico:  Apendicitis aguda. Reporte Operatorio: Fecha 01-03-2009.  Hallazgo apéndice cecal de +/- 10x2cm supurada cubierta  de fibrina, ciego móvil. Evolución: 04-03-2007. Presenta  fiebre. 05-03-2007 padres solicitan alta voluntaria. **COPIA  FEDATADA DE LA HISTORIA CLÍNICA Nº 0251660 DEL  HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA de José Alfredo  Tuyo Llipita. Fecha de ingreso a emergencia: 05-03-2007.  Diagnóstico: * Shock hipovolémico + hemoperitoneo * shock  séptico D/C absceso residual. Reporte operatorio: Fecha 06-03-2009. Diagnóstico postop: ídem + shock séptico  hipovolémico x hemoperitoneo. 20-03-2007 alta. Asimismo  en  CONCLUSIONES  aparece:  “Solicitan  se  emita  pronunciamiento médico legal a fin de determinar: 1.-¿Si el  procedimiento llevado a cabo por los denunciados Juan  José Sánchez Barletti y Henry Juan Portilla Málaga y los  especialistas que trataron al agraviado de una operación de  apendicitis aguda, fue correcto?. Respuesta: Si fue correcto.  2.-¿Si existió negligencia médica por parte de los  denunciados Juan José Sánchez Barletti y Henry Juan  Portilla Málaga?. Respuesta: Revisada la documentación  médica somos de la opinión de que en el presente caso el  diagnóstico y el tratamiento indicado, es el adecuado. 3.-  ¿La causa del foco infeccioso intrabdominal surgido después  de la intervención quirúrgica realizado por los denunciados?  Respuesta: La causa del foco infeccioso intrabdominal, es la  enfermedad de fondo, apendicitis aguda; desprendiéndose  de este citado documento que no existe incumplimiento de  sus obligaciones por parte de los demandados. Conforme  las pruebas señaladas, no se determina que haya existido  incumplimiento de alguna obligación en la atención medica  de los médicos demandados al demandante, mala praxis por  parte de los médicos que lo han operado y descuido post  operatorio en el hospital ESSALUD de Tacna, conforme  sostiene en su demanda, habiéndose establecido en el el  certificado médico legal Nº 003552 –PF-AR y certificado  médico legal Nº 008563-PRO, que tanto el procedimiento,  diagnóstico y tratamiento al demandante ha sido el  adecuado, que la atención ha sido oportuna, asimismo del  citado reporte de la segunda intervención que corre a fojas  diecisiete no se ha consignado en el procedimiento  operatorio que se haya encontrado o tenido que suturar  vasos o venas sangrantes o que los demandados no hayan  suturado adecuadamente la herida producto de la  apendicetomía practicada, concluyéndose en el Certificado  Médico  Legal  Nº  053489-RM  (reconocimiento  de  responsabilidad médica), citado en el auto de sobreseimiento  señalado que la causa del foco infeccioso intrabdominal, es  la enfermedad de fondo, apendicitis aguda y que revisada la  documentación médica son de la opinión de que en el  presente caso el diagnóstico y el tratamiento indicado, es el  adecuado. 10.- APELACIÓN:13 José Alfredo Tuyo Llipita  interpone recurso de apelación en contra de la sentencia  precitada; alegando: No se ha dado la respuesta adecuada,  razonable y lógica a su pretensión, de acuerdo al reporte de  operación del Hospital de Apoyo Hipólito Unanue, de fecha  cinco de marzo del año dos mil diecisiete, donde se observa  claramente que la parte demandante es sometida a una  segunda intervención quirúrgica, anotándose en dicho  reporte médico “(…) Abdomen Agudo Quirúrgico Post  Operatorio, Shock Hipovolémico + Hemoperitoneo, Shock  Séptico D/C Absceso Residual, Idem + Shock Sétimo  Hipovolémico + Hemoperitoneo (…) se procedió a un lavado  de cavidad peritoneal con agua estéril, se obtuvo más o  menos 1.5 litros de contenido con mal olor, coágulos y  sangre rojo oscuro…”; acreditándose o señalado por el  demandante que ha sido sometido a dos operaciones: a) la  apendicetomía en ESSALUD y, b) la operación de evacuación  de hematoma + liberación de bridas y adherencias + Drenaje  en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue. Agrega que, aquí  no está en tela de juicio el protocolo seguido en la operación  que ha sido el que siempre se utiliza en toda intervención de  esta naturaleza, lo que estaría en discusión es la mala  praxis: de no haber ligado convenientemente el muñón  apendicular que ha sido seccionado o cortado por los  galenos como efecto de la operación, lo que habría motivado  que posteriormente por dicho conducto apendicular mal  ligado se haya filtrado a la cavidad abdominal el litro y medio  de sangre purulenta y coagulada y que durante el post  operatorio no se haya podido controlar esta filtración ni  menos reintervenirle en la misma forma que ha sido  intervenido en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de  emergencia, a pesar de que su señora madre, en la mañana  del día cinco de marzo del 2007 conversó personalmente  con el médico interviniente Dr. Henry Portilla, para que  efectúe una nueva evaluación por haber estado haciendo  fiebre alta como consecuencia del proceso infeccioso que se  venía generando en su abdomen donde se encontraba la  sangre purulenta, negándose su evaluación el doctor  Portilla, aduciendo ya terminaba su turno, por lo que no  solamente la negligencia post operatoria ha sido cometida  por los médicos que lo han intervenido sino también la post  operatoria por no haberse intervenido oportunamente a  cargo de los médicos tratantes o de ESSALUD, el cual sería  un error que contiene la sentencia que no estaría  convenientemente aclarado. La resistencia a disponer una  pericia en la historia clínica que corre de fojas 576 a 635,  sugerida por la Sala Civil, no constituye una imposición queatente contra la autonomía del Juez, sino son consideraciones  de tres magistrados superiores que con mayor estudio o  conocimiento le están sugiriendo para mejor resolver la  controversia y que en el fondo servirá para el mejor  esclarecimiento de los hechos y una mejor solución de los  mismos sin el ánimo de que pueda favorecer a una de las  partes, pese a que las historias clínicas fueron ofrecidas  como prueba y actuadas dentro de la estación probatoria,  por lo que no podría alegarse que la fuente no ha sido citada  por las partes en el proceso, cuando las historias clínicas  han sido ofrecidas como medios probatorios, siendo este el  único argumento inconsistente por lo que el Juez habría  resistido lo dispuesto por la Sala Civil. 11.- SENTENCIA DE  VISTA14. CONFIRMARON la sentencia apelada, por los  siguientes fundamentos: - Es preciso analizar si el accionar  de los profesionales médicos que atendieron a la parte  recurrente efectivamente existió una “mala praxis” en el  procedimiento, diagnóstico y tratamiento médico al que fue  sometido en la referida entidad, siendo por ello importante el  análisis de la Historia Clínica del demandante en el  establecimiento de ESSALUD, ofrecida como prueba en  este proceso, recabada a fojas 574 a 635, así como la  Historia Clínica del demandante correspondiente al Hospital  Hipólito Unanue de Tacna, que en copia corre a fojas 654 a  687, puesto que en ellas se consignan el procedimiento  médico adoptado para la atención a las dolencias que  presentaba el accionante así como su evolución luego de la  intervención quirúrgica. Al respecto es importante señalar  que si bien en sentencia de vista de fecha 10 de octubre del  2017, corriente a fojas 951 a 959 se sugiere al A quo la  actuación de una pericia médica dentro de la facultad  conferida por el artículo 194 del Código Procesal Civil, tal  sugerencia no significa una imposición al juez de primera  instancia, quien finalmente tiene la facultad de decidir si los  medios probatorios que obran en el proceso le causan  certeza para adoptar la decisión definitiva en el proceso,  entendiendo este Colegiado que la norma acotada concede  una facultad al juzgador y no impone una obligación de  actuación probatoria de oficio. Sin embargo, revisado el  expediente penal acompañado ofrecido por la parte  demandada y admitido como medio probatorio por el  Juzgado, en el Auto de fijación de puntos controvertidos y  admisión de medios probatorios de fojas 558 y siguientes, se  tiene que en el referido proceso penal a nivel de investigación  fiscal se dispuso se practique pericia médica con vista de las  historias clínicas del Hospital de ESSALUD y del Hospital  Hipólito Unanue, correspondientes al agraviado, a cargo de  peritos del Instituto de Medicina Legal, medios probatorios  que conservan su mérito para el presente proceso en  atención a lo dispuesto por el artículo 198 del Código adjetivo  civil. En tal sentido, analizando los medios probatorios  recabados en el proceso, se advierte que obran a fojas 37 y  39 los certificados médico legales números 008563-PRO Y  003552-PF-AR elaborados con vista de las historias clínicas  del MINSA y ESSALUD, según se consignan en la data de  dichos documentos de los que se puede verificar las  conclusiones a la que arriba el perito, entre las que resaltan  las siguientes: Certificado Médico Legal Nº 008563-PRO  que en autos corre a fojas 37 elaborado con fecha 06 de  diciembre del 2007, suscrito por el Médico Legista de la  División Médico Legal, en el que al contestar la tercera  pregunta ¿Si la atención proporcionada y la operación del  paciente fue la más adecuada conforme a las guías de  atención de servicio de hospitalización? Señaló: “La urgencia  fue atendida como tal, hecho el diagnóstico de apendicitis lo  que correspondía era intervenir quirúrgicamente lo que se  realizó oportunamente y adecuadamente siendo el hallazgo  el  de  una  apendicitis  aguda  no  complicada  macroscópicamente (es decir a simple vista no perforada)  que luego presentaría absceso residual (complicación). De  igual forma al contestar la quinta pregunta referida ¿Cuáles  son las causas por las cuáles en la segunda operación se  encontró en la cavidad abdominal 1.5 litros de sangre  maloliente y pus? Señaló: “Se llama absceso residual es una  complicación infrecuente en la apendicitis no complicadas  siendo la bacteria aislada una intrahospitalaria pseudomonas  eruginosa (que ingresa en el acto quirúrgico) la que halló en  los detritus celulares y el exudado producido por la  apendicitis supurada las condiciones ideales para crecer  máxime si no se dejó drenaje ni se lavó profusamente la  zona inflamada e intervenida quirúrgicamente lo que no es  aconsejado en estos casos, reservando este procedimiento  para las apendicitis perforadas (subrayado nuestro). De  igual forma en el Certificado Médico Legal Nº 003552-PF-AR  (fs. 40) elaborado con fecha 07 de mayo del 2008, elaborado  por la División Médico Legal de Tacna, quien al contestar la  segunda pregunta ¿Si en realidad lo que hubo fue una mala  ligadura de un vaso y no absceso residual y que dicha malaligadura ocasionó hemorragia la cual se infectó? Contesta  señalando que “En récord operatorio se consigna hallazgo  de 1,500 cc de sangre pus y coágulos hallazgo que no  permite negar el sangrado y la infección de la zona  intervenida, sin embargo reporte quirúrgico no consigna  dehiscencia de suturas quirúrgicas además no obra a la  vista el perfil de coagulación previo a primera intervención  quirúrgica abdominal y los de la epicrisis del Hospital Hipólito  Unanue (segunda intervención) están incompletos”. En la  quinta pregunta ¿Qué por tanto no ha habido absceso  residual sino mala ligadura de un vaso y hemorragia  consiguiente? En mi opinión ha habido absceso residual y  hemorragia de un vaso mediano o de varios pequeños, sin  embargo, reporte de la segunda intervención quirúrgica no  permite afirmar o negar que estaban mal ligados.  Adicionalmente en autos como acompañado el Cuaderno de  Sobreseimiento número 00814-2009-46-2301-JR-JR-PE-01  que contiene los resultados de la Investigación Fiscal sobre  la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y  la salud en la modalidad de lesiones culposas en su forma  de negligencia médica, en virtud a la cual la Fiscal Adjunta  Provincial  del  Séptimo  Despacho  de  Investigación  Preparatoria formula requerimiento de sobreseimiento de la  causa, en cuya solicitud resume las actuaciones probatorias  recadas en la carpeta fiscal sobre los hechos materia de  Litis, dentro de las cuales se recabó los certificados médicos  ya señalados líneas arriba así como el Certificado Médico  Legal Nº 053489-RM (Reconocimiento de responsabilidad  Médica) referido en la solicitud de sobreseimiento fiscal, en  la que se precisan las CONCLUSIONES arribadas con el  siguiente detalle: “Solicitan se emita pronunciamiento  médico legal a fin de determinar: 1.- Si el procedimiento  llevado a cabo por los denunciados Juan José Sánchez  Barletti y Henry Juan Portilla Málaga y los especialistas que  trataron al agraviado de una operación de apendicitis aguda  fue correcto? Respuesta: Si fue correcto. 2. Si existió  negligencia médica por parte de los denunciados Juan José  Sánchez Barletti y Henry Juan Portilla Málaga? Respuesta:  Revisada la documentación médica somos de la opinión de  que en el presente caso el diagnóstico y el tratamiento  indicado, es el adecuado. 3. La causa del foco infeccioso  intrabdominal surgido después de la intervención quirúrgica  realizada por los denunciados? Respuesta: La causa del  foco infeccioso intrabdominal, es la enfermedad de fondo,  apendicitis aguda.” Tales conclusiones permitieron a la  Fiscal Provincial Adjunta a cargo de las investigaciones,  formular requerimiento de sobreseimiento con fecha 04 de  enero del 2011 ante el Juez de Investigación Preparatoria al  llegar al convencimiento de que no se puede imputar a los  denunciados Juan José Sánchez Barletti y Henry Juan  Portilla Málaga, el acto de imprevisión, pues no existió  inobservancia o violación al deber objetivo de cuidado en  sus actuaciones, solicitud que fue acogida por el Juzgado  mediante resolución número cinco de fecha 5 de Octubre del  2011, corriente a fojas 47 a 53, declarando fundado el  requerimiento de sobreseimiento y archivo definitivo, la que  al ser apelada por la parte agraviada es revocada por auto  de vista de fecha 11 de enero del 2012 ordenando se eleven  las actuaciones al Fiscal Superior a fin de que se ratifique el  requerimiento de sobreseimiento formulado por el fiscal  provincial. Cumplido dicho trámite la Fiscalía Superior  ratifica el requerimiento de sobreseimiento formulado por la  Fiscalía Provincial, para ser declarado finalmente el  sobreseimiento de la Investigación Preparatoria seguida en  contra de Juan Sánchez Barletti y Henry Portilla Málaga y  dispone el archivo definitivo del proceso. En síntesis de la  revisión de los medios probatorios que obran en autos no  cumplen con acreditar la responsabilidad civil de los  profesionales médicos, ya sea en vía administrativa o penal,  no se acompañaron los medios de prueba o en su defecto:  resolución judicial o administrativa, que acredite el ejercicio  negligente, imprudente o imperito de sus actividades  profesionales, existiendo por el contrario pronunciamientos  de pericias médicas que precisan que el procedimiento  aplicado por los médicos demandados fue el adecuado  frente al cuadro clínico que presentaba el paciente  (demadante) no existiendo medios probatorios que en  contrario demuestren que su actuación fue negligente,  imprudente o incumpliendo obligaciones debidas, con lo que  se exime al Colegiado del análisis de los demás elementos  de la responsabilidad contractual al haberse concluido que  no existen conducta antijurídica; en consecuencia, tampoco  se ha acreditado la responsabilidad objetiva de Essalud, ello  implica que el Gobierno Regional de Tacna no puede  responder objetivamente por los daños demandados;  correspondiendo aplicar el artículo 200° del Código Procesal  Civil, que señala: “Si no se prueban los hechos que sustentan  la pretensión, la demanda será declarada infundada”. 12.-RECURSO DE CASACIÓN15: La Suprema Sala mediante  resolución de fecha dieciocho de setiembre de dos mil  diecinueve declaró procedente el recurso de casación  interpuesto por la parte demandante, por las causales: a)  Infracción normativa del artículo 139, numerales 3 y 5,  de la Constitución Política del Perú; b) Infracción  normativa de los artículos 194 y 122 numerales 3 y 4 del  Código Procesal Civil; y, c) Apartamiento de la sentencia  del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº  1176-2004-AA/TC, al haber sido expuestas las referidas  infracciones con claridad y precisión, señalándose además  la incidencia de ella en la decisión impugnada. III.  FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: PRIMERO.-  Es menester precisar que el recurso de casación es un  medio de impugnación extraordinario que permite ejercer el  control de las decisiones jurisdiccionales, con la finalidad de  garantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la  Corte Suprema de Justicia; así como, determinar si en  dichas decisiones se ha infringido o no las normas que  garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los  principios que lo regulan. SEGUNDO.- En el caso de autos,  se ha declarado la procedencia del recurso de casación por  las infracciones normativas de carácter procesal y material  denunciadas; corresponde, por tanto, efectuar el análisis en  primer término de la causal procesal, pues de verificarse que  con ella se ha producido la afectación del derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante,  corresponderá casar la resolución impugnada y proceder  conforme al artículo 396 del Código Procesal Civil, para  efectos de su subsanación por las instancias de mérito, caso  en el cual carecería de sentido emitir pronunciamiento  respecto a la causal material. TERCERO.- En ese sentido,  resulta necesario poner de relieve que por encima de  cualquier análisis alegado por la recurrente, el conocimiento  de una decisión jurisdiccional por parte del órgano superior  jerárquico, tiene como presupuesto ineludible la evaluación  previa del respeto, en la actuación procesal de los órganos  jurisdiccionales, a los requerimientos básicos que informan  al debido proceso; por ello, si bien es cierto, que la actuación  de esta Sala Suprema al conocer el recurso de casación, se  debe limitar al examen de las infracciones invocadas  formalmente por la parte recurrente; también lo es que,  dicha exigencia tiene como única y obligada excepción  la tutela de los derechos procesales con valor  constitucional, -como son el derecho al debido proceso y la  tutela jurisdiccional efectiva-, pues evidentemente que allí  donde el ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o  amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer las facultades  nulificantes que reconoce la ley, como instrumento de su  defensa y corrección, quedando descartado que dentro de  dicha noción se encuentren las anomalías o simples  irregularidades procesales, que, no son por sí mismas  contrarias a la Constitución Política del Perú. CUARTO.- Es  así que “El derecho al debido proceso supone el  cumplimiento de las diferentes garantías y normas de orden  público que deben aplicarse a todos los procesos o  procedimientos, a fin de que las personas estén en  condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante  cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su  contenido presenta dos expresiones: la formal y la  sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas  que lo integran tienen que ver con formalidades estatuidas,  tales  como  las  que  establecen  el  procedimiento  preestablecido, el derecho de defensa y la motivación,  etcétera. En las de carácter sustantiva o, estas están  básicamente  relacionadas  con  los  estándares  de  razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial  debe suponer. A través de esto último se garantiza el  derecho que tienen las partes en un proceso o procedimiento  a que la resolución se sustente en la interpretación y  aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y  pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del  caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una  conclusión coherente y razonable de tales normas”16.  QUINTO.- De igual manera, el Tribunal Constitucional  estableció que: “El derecho a la debida motivación de las  resoluciones importa pues que los órganos judiciales  expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan  a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo  demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.  A  mayor  abundamiento,  el  Tribunal,  en  distintos  pronunciamientos, ha establecido “que el derecho a la  debida motivación de las resoluciones judiciales es una  garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y  garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentrenjustificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en  datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o  los que se deriven del caso”17. SEXTO.- En ese sentido,  cabe precisar que el derecho al debido proceso y la tutela  jurisdiccional efectiva constituyen principios consagrados en  el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Estado, los cuales comprenden a su vez, el deber de los  jueces de observar los derechos procesales de las partes y  el derecho de los justiciables a obtener una resolución  fundada en derecho ante su pedido de tutela en cualquiera  etapa del proceso. De ahí que dichos principios se  encuentren ligados a la exigencia de la motivación de las  resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del referido  artículo constitucional, esto es, que los jueces y tribunales  expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con  mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que  los determinaron. SÉTIMO.- Así, el Tribunal Constitucional  en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, ha precisado que el  contenido constitucionalmente garantizado de este derecho  queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:  “a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está  fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión  debidamente motivada cuando la motivación es inexistente  o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no  da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión  o de que no responde a las alegaciones de las partes del  proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al  mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico  o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento.  La falta de motivación interna del razonamiento [defectos  internos de la motivación] se presenta en una doble  dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una  inferencia a partir de las premisas que establece previamente  el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe  incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un  discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de  modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.  Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito  constitucional de la debida motivación mediante el control de  los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez  o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica  o desde su coherencia narrativa. c) La motivación  sustancialmente incongruente. El derecho a la debida  motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales  a resolver las pretensiones de las partes de manera  congruente con los términos en que vengan planteadas,  sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan  modificación o alteración del debate procesal (incongruencia  activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca  tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su  control. El incumplimiento total de dicha obligación, es  decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el  desviar la decisión del marco del debate judicial  generando indefensión, constituye vulneración del  derecho a la tutela judicial y también del derecho a la  motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)”18.  (Resaltado agregado). Así tenemos, que dentro de la esfera  de la debida motivación, se halla el principio de congruencia,  “cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de  incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste”  entre el fallo judicial y los términos en que las partes han  formulado sus pretensiones o sus argumentos de defensa,  pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva, cuando el  órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones  sustanciales formuladas oportunamente, la incongruencia  por exceso, cuando el órgano jurisdiccional concede algo no  planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada  y la incongruencia por error, en la que concurren ambos  tipos de incongruencia, dado que en este caso el  pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es  ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo  que  fue  formulado  como  pretensión  o  motivo  de  impugnación”19.  OCTAVO.-  Por  consiguiente,  la  contravención de las normas que garantizan el derecho a un  debido proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no  se han respetado los derechos procesales de las partes, se  han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma  incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente  y de los principios procesales. NOVENO.- En esa línea de  ideas, de la revisión de autos, se advierte que en la primera  sentencia de vista emitida contenida en la resolución número  ochenta y seis de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete  se declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia  contenida en la resolución número setenta y cinco de fecha  cinco de enero de dos mil diecisiete, señalando en su  considerando 7.4 que la apelada adolecía de motivaciónaparente por no haberse pronunciado sobre el motivo por el  cual el demandante llegó con Shock Hipovolémico y Shock  Séptico; adicionalmente, en su considerando 7.8 precisó  que el Juez puede disponer que se practique una pericia  médica a la historia clínica obrante en autos, pues resulta  necesario determinar en forma fehaciente y precisa si,  efectivamente, hubo responsabilidad civil médica, conforme  se detalla: “Así pues, los datos consignados en la historia  clínica precitada, son importantes para acreditar la “mala  praxis médica”, admitiéndose su actuación dentro del  proceso de responsabilidad civil, en el cual incluso podría  ser sometida a pericia médica; es por ello, que resulta  necesario anotar que el Juez como director del proceso goza  –entre otras– de la facultad de ordenar la actuación de los  actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los  hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de  las partes, pudiendo incluso, si las pruebas ofrecidas no le  generan convicción, disponer la actuación de pruebas de  oficio para complementar la actividad probatoria o para  sustituirla por la adjuntada por las partes conforme a lo  establecido por el artículo 194° del Código Procesal Civil,  por lo que teniendo en cuenta la pretensión demandada, en  donde la parte demandante solicita que se le indemnice por  daños y perjuicios derivadas por la mala praxis en el  ejercicio de las funciones médicas, siendo este tipo de  proceso complejo en materia probatoria, por ello resulta  necesario determinar en forma fehaciente y precisa si  efectivamente, la responsabilidad civil médica de la  vulneración de la integridad personal del paciente o de su  vida, en el ejercicio de esta actividad profesional; por lo que  puede disponer que se practique una pericia médica a la  historia clínica que corre a fojas quinientos setenta y seis a  seiscientos treinta y cinco, igualmente puede disponer la  actuación de cualquier otro medio probatorio destinado a  establecer los hechos materia de controversia.” DÉCIMO.–  Ante ello, con posterioridad, el A quo emitió nuevamente  sentencia mediante resolución número ochenta y ocho de  fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual,  salvo los argumentos que esgrimió para no disponer la  prueba de oficio y la aplicación de la carga dinámica de la  prueba señaladas en la sentencia de vista referida  precedentemente, repitió íntegra y textualmente la primera  sentencia que fue declarada nula por el superior jerárquico,  advirtiéndose de tal manera que no existió pronunciamiento  sobre los puntos advertidos por el Ad Quem, lo que no fue  advertido por la Sala Superior cuando expidió la sentencia  de vista materia de impugnación que confirmó la misma.  DÉCIMO PRIMERO. – Ahora bien, aunado a la circunstancia  descrita, se tiene que, el Ad quem al confirmar la sentencia  apelada por concluir que no se encuentra acreditada  negligencia alguna por parte de los emplazados, no efectuó  dilucidación o análisis alguno referido al accionar de los  demandados - ya sea encontrando o no responsabilidad -  respecto de los Shocks (hipovolémico y séptico) padecidos  por el demandante, tal como sí se hizo con los restos de  sangre coagulada, advirtiéndose que ello fue esgrimido por  el accionante como justificación del perjuicio que alega  haber sufrido tanto en su escrito de demanda como en los  recursos de apelación obrantes en autos, pese a que dicho  punto fue materia de observación en la primera sentencia de  vista expedida. DÉCIMO SEGUNDO. – Finalmente, en  relación a la prueba de oficio a la que hizo alusión la Sala  Superior en el considerando 7.8 de la primera sentencia de  vista expedida en autos, corresponde precisar que, si para la  Sala Superior era importante la realización de una pericia  médica a la historia clínica obrante en autos, en virtud del  artículo 194° del Código Procesal Civil, se encuentran  facultados para disponer su actuación, quedando sujeto su  realización a su criterio y discrecionalidad. DÉCIMO  TERCERO.- Estando a las consideraciones expuestas, y  revisada la sentencia de vista materia de casación, la misma  incurre en manifiesto vicio procesal, ya que adolece de una  motivación congruente -incongruencia omisiva- y por  consiguiente de nulidad; lo que conlleva a la vulneración del  derecho fundamental al debido proceso al inaplicar el  artículo 197 del Código Procesal Civil y la tutela jurisdiccional  efectiva, regulado en el numeral 3 del artículo 139° de la  Constitución Política del Estado, así como la debida  motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el  inciso 5, del artículo 139° de la Constitución Política del  Estado en concordancia con el artículo 122, numeral 3), del  Código Procesal Civil, que están básicamente relacionadas  con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que  toda decisión judicial debe suponer; así como con la finalidad  concreta y abstracta de todo proceso, esto es lograr resolver  una controversia jurídica buscando la paz social en justicia,  de acuerdo a lo regulado en el artículo III del Título Preliminar  del Código Procesal Civil; por consiguiente, conforme a loprevisto en el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil,  corresponde, declarar nula la sentencia de vista de fecha  dos de agosto de dos mil dieciocho, a fin que el Ad quem  emita nuevo pronunciamiento conforme a lo señalado en los  fundamentos precedentes. DÉCIMO CUARTO.- Siendo que  el presente recurso ha sido amparado por adolecer la  sentencia impugnada de manifiesto vicio procesal, esto es,  la vulneración a la tutela de los derechos procesales con  valor constitucional -como son el derecho al debido proceso  y la tutela jurisdiccional efectiva-, motivo por los cuales, no  es pertinente analizar las infracciones denunciadas de  carácter sustancial. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones  y en estricta aplicación del artículo 397º del Código Procesal  Civil, declararon: a) FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por JOSÉ ALFREDO TUYO LLIPITA; en  consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha dos  de agosto de dos mil dieciocho, expedida por la Primera  Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna. b)  ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo fallo, previo  cumplimiento de lo expresado en las consideraciones  expuestas en la presente sentencia. c) DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El  Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Henrry  Juan Portilla Málaga, sobre indemnización por daños y  perjuicios; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el  señor Juez Supremo Cunya Celi.- S.S. SALAZAR  LIZÁRRAGA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS,  ECHEVARRIA GAVIRIA, RUIDIAS FARFÁN. 1  Página 1056. 2  Página 1030. 3  Página 968. 4  Página 110. 5  Páginas 416. 6  Páginas 428. 7  Páginas 472. 8  Páginas 495. 9  Página 860. 10  Página 889. 11  Página 951. 12  Página 968. 13  Página 994. 14  Página 1030. 15  Página 1056. 16  EXP. Nº 02467-2012-PA/TC 17  EXP. Nº 03433-2013-PA/TC Lima Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST  S.A. 18  EXP. Nº 00728-2008-PHC/TC- LIMA. 19  CASACIÓN N°. 2813-10 LIMA. p.3. C-2136197-97