CASACIÓN Nº 1488-2019 LIMA
MATERIA: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Lima, diecinueve de mayo de dos mil veinte. VISTOS;  y,  CONSIDERANDO:  PRIMERO.  Viene  a  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por el demandante DANILO LIONEL FUERTES  BENITES, contra la resolución número cinco de fecha  veintidós de enero del año del mil diecinueve, que confirma el  auto contenido en resolución número tres de fecha siete de  mayo de dos mil dieciocho, que declara fundada la excepción  de prescripción extintiva y en consecuencia nulo todo lo  actuado y concluido el proceso; recurso de casación cuyos  requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser  verificados de conformidad con la modificatoria establecida en  la Ley número 29364. SEGUNDO. En tal sentido, verificados  los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364,  se tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos,  esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la Tercera  Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como  órgano de segundo grado, pone fin al proceso; II) Se ha  presentado ante la misma Sala Superior que expidió la  resolución impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del  plazo de diez días de notificados con la resolución impugnada,  conforme al cargo de notificación; y, IV) Cumple con adjuntar  el arancel judicial correspondiente. TERCERO. Respecto al  requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo  388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número  29364, se advierte que cumple con este presupuesto.CUARTO. En el presente caso, la controversia gira en torno a  la demanda de indemnización de daños y perjuicios  interpuesta por el hoy recurrente contra el Poder Judicial,  respecto a la cual, se ha formulado una excepción de  presentación extintiva de la acción. QUINTO. Para establecer  el cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos 2 y  3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que  la parte recurrente señale en qué consisten las infracciones  normativas denunciadas o el apartamiento inmotivado del  precedente judicial. En el presente recurso de casación se  denuncia: 1. Infracción normativa de carácter procesal al  inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú} concordante con el artículo 12 de la Ley Orgánica  del Poder Judicial y el artículo 122 inciso 3 y 4 del Código  Civil. Refiere que, conforme lo indica en el recurso de  apelación, la denegación a la tutela jurisdiccional se sustenta  en la errada interpretación que da el A quo a efectos de  establecer el inicio del término para aplicar la prescripción  extintiva que nos ocupa, quien señala para establecer dicho  cómputo la “primera oportunidad que tuvo el recurrente para  ejercitar dicha acción”, esto es al día siguiente en que se le  dejó en libertad el 26 de julio de 2014, después de haber  estado encarcelado por el término de 4 años en el Penal  Castro Castro. Manifiesta que, el recurrente en el punto V de  los fundamentos fácticos de la demanda, respecto del término  para interponer la acción, ha tomado como referencia para  aplicar dicho término el día que la Policía Nacional lo  reincorpora a la actividad, que es una fecha promedio y se  indicó a efectos de establecer en mejor forma dicho término,  pero que no necesariamente resulta de aplicación, pues  porque para poder establecerlo se debe remitir a las dos  disyuntivas del daño causado: el daño evento o el daño  consecuencia. Indica que, ambos daños no coinciden  necesariamente en el tiempo, como es el caso de autos, ya  que el daño causado a su persona no solo es la encarcelación  en un Penal y su posterior liberación (daño evento), sino el  completo restablecimiento de sus derechos conculcados con  la arbitraria medida de detención, refiriéndose al levantamiento  de todo antecedente generado con el proceso que originó su  reclusión (daño consecuencia), cuya documentación remitida  a los diversos estamentos del Estado como lo son la División  de Identificación Policial de la PNP, Director del Registro  Penitenciario del INPE, Jefe de la Oficina Judicial, recién se  efectúo en el mes de setiembre del 2014, por ende el haber  tomado como fecha para el inicio del plazo de prescripción al  día siguiente de su liberación (daño evento) vulnera además  la garantía constitucional del debido proceso. Arguye que, el  plazo prescriptorio de la acción por responsabilidad  extracontractual se inicia cuando el daño consecuencia (o las  consecuencias del daño) es conocible por la víctima, en el  peor de los casos en setiembre de 2014, fecha en la que  recién se empiezan a levantar los antecedentes generados  por el proceso judicial, y no como erradamente lo interpreta la  Sala desde la primera oportunidad para poder ejercer dicho  derecho, es decir, al día siguiente de su liberación dejando  constancia que al momento de ser liberado, sólo le entregaron  una constancia de encarcelamiento y que su carnet Policial le  fue entregado el trece de agosto, fecha en la que lo  reincorporaron a la actividad policial, habiendo adquirido una  copia de su DNI con fecha posterior al 13 de agosto de 2014.  Agrega que, el Ad quem no centra en establecer desde que  fecha se puede dar inicio al término prescriptorio, a pesar de  habérsele adjuntado documentación suficiente (copias  certificadas de diversos oficios datados el 11 de setiembre de  2014 en donde se levantan antecedentes generados por el  proceso judicial) que establece que se trata de una  indemnización tomado como referencia el daño consecuencia,  pero muy a pesar de ello, la Sala confirma el auto apelado.  SEXTO. Previo a la verificación de los requisitos de  procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el  recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte  Casatoria anule resoluciones que ponen fin al proceso y que  contienen vicios de derecho que interesan al orden público  subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley  concede a las partes después de haberse cumplido con el  principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque  es un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios”1  y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su  interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales  contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se  limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación  impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata  esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite  modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que  ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el  control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera  instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a  infracción normativa hace referencia a las equivocacionesque pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la  correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben  describirse con claridad y precisión4, debiéndose señalar que  cuando se indica que debe demostrarse la incidencia directa  de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es  señalar que el impugnante tiene que establecer una relación  de correspondencia entre los fundamentos de la resolución  que rebate y las infracciones que menciona. Son estos los  parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar  el recurso. SÉTIMO. Del examen de la argumentación  expuesta en el considerando quinto de la presente resolución,  se advierte que el recurso no cumple con los requisitos  exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código  Procesal Civil, pues no se describen con claridad y precisión  las infracciones normativas o el apartamiento del precedente  judicial, ni se ha demostrado la incidencia directa de tales  infracciones sobre la decisión impugnada. En efecto: 1.  Respecto a la infracción normativa de carácter procesal al  inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, concordante con el artículo 12 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial y el artículo 122 inciso 3 y 4 del Código  Procesal Civil. 1.1.-El artículo 139 inciso 3 de la Constitución  Política del Perú, consagra como como principio rector de la  función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento  jurídico, la observancia del debido proceso. Derecho recogido  e interpretado reiteradamente por la Corte interamericana de  Derechos Humanos, el mismo que supone la exigencia  fundamentalmente a que todo proceso o procedimiento sea  desarrollado de forma tal que, su tramitación garantice a las  personas involucradas en él, las condiciones necesarias para  defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los  derechos u obligaciones sujetos a consideración5. Asimismo,  el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente, respecto  al núcleo duro de dicho derecho - principio: “(...) su contenido  constitucionalmente protegido comprende una serie de  garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza,  que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso  en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y  concluya con el necesario respeto y protección de todos los  derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.”  (Sentencia número 7289-2005-AA/TC, fundamento jurídico  5). 1.2.-Asimismo, el inciso 5 del artículo 139 de la Carta  Política del Perú concordante con el artículo 12 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122 inciso 3 y 4 del  Código procesal Civil, establecen que la motivación constituye  un principio previsto en el artículo 139, inciso 5, de la Carta  Política Fundamental, y ha sido considerado por el Tribunal  Constitucional, en el Exp. N° 4348-2005-AA/TC, en el sentido  de que “su contenido constitucional se respeta, prima face,  siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no  implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino  la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra  o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b)  congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la  manifestación de los argumentos que expresarán la  conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las  pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí  misma exprese una suficiente justificación de la decisión  adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el  supuesto de motivación por remisión”. 1.3. -Sin embargo,  revisada la resolución de vista impugnada, se verifica que se  exponen los motivos en que fundamenta la Sala su decisión,  absolviendo los agravios propuestos por el apelante, y  valorando los medios probatorios pertinentes para resolver la  excepción propuesta; de manera que se cumple la protección  y la exigencia constitucional que radica en que los justiciables  tengan a garantía de que al defenderse lo hagan  adecuadamente sin que existe ningún acto que pueda  afectarlos; aunado a ello también es preciso mencionar que  dentro de los derechos que forman parte del contenido  constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso  se tiene, entre ellos, al derecho al procedimiento establecido,  derecho a la defensa, derecho a la pluralidad de instancias,  derecho a la motivación de las resoluciones, derechos a los  medios de prueba, derecho a un proceso sin dilaciones  indebida, etcétera, derechos de los cuales no se les ha  privado a la parte recurrente. 1.4. -Más bien, del recurso de  casación se advierte que fundamenta su infracción normativa  con los mismos agravios en los que fundamenta su apelación,  como el mismo recurrente lo refiere; y, que ya han sido  materia de pronunciamiento de la Sala Superior, conforme su  punto número nueve al establecer que: “...este colegiado  concluye que desde la fecha en que el demandante quedó en  libertad, esto es el 26 de julio de 2014 (ver certificado de  libertad, éste se encontraba en aptitud de ejercer su derecho  de acción y no como pretende ahora el demandante,  argumentado circunstancias que le habrían impedido  demandar; sino recién hasta después de su reincorporación ala PNP, como los trámites procesales que derivaron de su  absolución, cuando tales circunstancias no constituyen una  restricción o límite al ejercicio de su derecho de acción”; y, en  su punto 12: “...aun cuando la demanda haya sido notificada  a la parte demandada el 03 de febrero de 2017, para la  interrupción del plazo de prescripción, se tomará en cuenta la  fecha de la interposición de la demanda esto es el 12 de  agosto de 2016, de manera que siendo esto así, hay que  concluir que la demanda en cuestión ha sido interpuesta  vencido en exceso el plazo legal antes precisado (dos años),  teniendo en consideración la fecha en que dicha parte se  encontraba en aptitud de ejercitar su legítimo derecho”; por lo  que lo pretendido por el hoy recurrente es que cambie el  sentido de la recurrida a efectos de que declare infundada la  excepción de prescripción extintiva y por ende continuar con  el trámite de su demanda; lo que no es posible en esta sede  casatoria puesto que no constituye una instancia más en la  que se revalore las pruebas aportadas, habida cuenta que  una de las finalidades del recurso de casación es la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto conforme lo  establecido por el Tribunal Constitucional peruano en el  fundamento quinto segundo párrafo de la sentencia recaída  en el Expediente número 02039- 2007-PA/TC dictada el  treinta de noviembre del año dos mil nueve y publicada en el  Diario Oficial “El Peruano” el nueve de marzo del año dos mil  diez, en el sentido que la casación se erige en algunos casos  como un mecanismo de defensa de la legalidad por medio del  cual se asegura la sujeción de los jueces a la ley en la  impartición de justicia y por esa vía se mantiene el efecto  vinculante del derecho objetivo, por lo que no puede estimarse  ésta infracción que se denuncia. OCTAVO. En cuanto a la  exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 388, se  advierte que la parte recurrente pretende un efecto anulatorio;  sin embargo, ello no es suficiente para atender el recurso  materia de calificación, toda vez que los requisitos de  procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes,  conforme estipula el artículo 392 del Código Procesal Civil.  Por las razones expuestas, y en aplicación de lo previsto en el  artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley  número 29364; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de  casación interpuesto por el demandante DANILO LIONEL  FUERTES BENITES, contra la resolución número cinco de  fecha veintidós de enero del año del mil diecinueve que  confirma la resolución número tres, que declaró fundada la  excepción  de  prescripción  extintiva  de  la  acción;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por Danilo Lionel Fuertes Benites contra Poder  Judicial, sobre indemnización por daños y perjuicios; y los  devolvieron. Ponente Señor Ruidías Farfán, Juez Supremo.  S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, AMPUDIA  HERRERA, LÉVANO VERGARA, RUIDÍAS FARFÁN 1  GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires,  1992, pág. 742. 2  GUZMÁN FLUJÁ, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia,  1996, pág. 15. 3  CALAMANDREI, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América.  Buenos Aires, 1959, pág. 55. 4  “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia  es afirmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el  que debe resolverse la cuestión suscitada”. MONTERO AROCA, Juan – FLORS  MATÍES, José. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág.  414. 5  Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párrafo 28. C-2136199-62