CASACIÓN Nº 1585-2020 LIMA
Tema: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Sumilla: No se configura la aplicación indebida del literal a)  del artículo 38° del Código Tributario, cuando la devolución del  monto compensado indebidamente es de naturaleza distinta  a la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta del  ejercicio gravable dos mil doce, reconocido por la autoridad  tributaria a pedido del contribuyente, ya que la compensación  nace de la actuación unilateral y de oficio realizada por la  administración sobre parte de créditos tributarios reconocidos  oportunamente a la contribuyente. Por la misma razón, no  siendo el monto compensado un crédito tributario, no le  corresponde que se liquiden intereses al amparo del literal b)  del artículo 38° del Código Tributario, según los términos que  se refieren en el artículo 2° de la Ley Nº 29191, deviniendo  esta última norma en inaplicable.  Palabras claves: interés por devolución de pago indebido o  en exceso; interés por devolución por créditos por tributos Lima, veinte de octubre de dos mil veintidós.- LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA; la causa número  mil quinientos ochenta y cinco-dos mil veinte- Lima  (Expediente Judicial Electrónico - EJE), en audiencia pública  llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma virtual  Google Hangouts Meet, con la participación de los señores  Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente), González  Aguilar, Rueda Fernández, Bustamante del Castillo y Dávila  Broncano, luego de verificada la votación con arreglo a ley,  emite la siguiente sentencia: 1. Objeto del recurso de  casación En el presente proceso sobre nulidad de resolución  administrativa, la demandante Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT ha  interpuesto recurso de casación con fecha seis de enero de  dos mil veinte, obrante de fojas doscientos cincuenta y dos a  doscientos sesenta y tres del expediente judicial electrónico,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número catorce, del veintitrés de diciembre de dos mil  diecinueve, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, corriente de fojas doscientos treinta y siete adoscientos cuarenta y cuatro del mismo expediente, que  confirmó la sentencia apelada de primera instancia,  contenida en la resolución número siete, del treinta y uno de  mayo de dos mil diecinueve, obrante de fojas ciento sesenta  y tres a ciento setenta y dos del citado expediente electrónico,  que declaró infundada la demanda. 2. Causales por las  que se ha declarado procedente el recurso de casación  Mediante auto calificatorio de fecha catorce de julio de dos  mil veinte, corriente de fojas ciento diecisiete a ciento  veinticuatro del cuaderno de casación formado en esta Sala  Suprema, se declaró procedente el recurso de casación  interpuesto por la demandante, Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria, por las  siguientes causales: a) Infracción del derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales previsto en el  inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política,  concordante con el artículo 12° del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala  que en cuanto al deber y derecho de motivar la sentencia, el  inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política,  concordante con el artículo 12° del Texto Único Ordenado de  la Ley Orgánica del Poder Judicial, el inciso 6 del artículo 50°  y los incisos 3 y 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil,  dispone que toda resolución emitida por cualquier instancia  judicial debe encontrarse debidamente motivada, es decir,  debe manifestarse en los considerandos la ratio decidendi  que fundamenta la decisión, la cual debe contar con los  fundamentos de hecho y derecho que expliquen por qué se  ha resuelto de tal o cual manera. Agrega que en el caso de  autos la Sala Superior no ha dado razones válidas que  justifiquen el rechazo de la Ley Nº 29191, donde se establece  expresamente que en el caso de créditos por tributos se  debe aplicar el inciso b) del artículo 38° del Código Tributario,  y que la Sala Superior no ha dado las razones justificantes  respecto a su decisión de aplicar el inciso a) del artículo 38°  del mencionado código, pese a que esta norma se refiere a  pagos indebidos y no a créditos por tributos. Afirma que la  Sala Superior no explicó por qué, a su criterio, la aplicación  de la Ley Nº 29191 resulta impertinente para el caso de  autos. b) Aplicación indebida del inciso a) del artículo 38°  del Código Tributario. Sostiene que la Sala Superior tuvo  conocimiento que el monto materia de solicitud de devolución  correspondía a un crédito por tributo; asimismo, tuvo  conocimiento de la existencia de la Ley Nº 29191 y, sin  embargo, de forma indebida consideró que se debe aplicar  el inciso a) del artículo 38° del Código Tributario, cuando de  conformidad a la Ley Nº 29191 se debe aplicar el inciso b)  del artículo 38° del referido código. El anotado artículo 38° y  específicamente el inciso a), regula la devolución de los  pagos indebidos o en exceso, mas no sobre devolución de  créditos por tributos. Por tanto, no es posible que la  liquidación de intereses derivados de la solicitud de un  crédito se realice en mérito a dicha norma. Contrariamente a  lo dispuesto por la Sala Superior, las devoluciones de los  créditos por tributos son regulados por el inciso b) del  artículo 38° del Código Tributario, por mandato expreso del  artículo 2° de la Ley Nº 29191, que resalta que se entenderá  por créditos por tributos a cualquier concepto distinto a los  pagos indebidos, por lo que mal hace la Sala Superior al  ordenar a la Administración que liquide los intereses de  conformidad al inciso a) del artículo 38° del referido código.  El mandato dispuesto por la Sala Superior desnaturaliza  abiertamente lo regulado en el inciso b) del artículo 38° del  Código Tributario y el artículo 2° de la Ley Nº 29191, pues el  artículo 38° inciso a del acotado código regula la devolución  del pago indebido, mientras que la Ley Nº 29191 regula la  devolución de los créditos por tributos, y por mandato  expreso de la misma ley se dispone que la aplicación de los  intereses se debe realizar de conformidad con el inciso b)  del artículo 38° del Código Tributario. c) Inaplicación del  artículo 2° de la Ley Nº 29121 [sic; debe decir: 29191],  Ley que establece la aplicación de intereses a la  devolución de créditos por tributos. Refiere que tal  disposición de forma expresa establece que para los créditos  por tributos la aplicación de intereses será lo regulado en el  inciso b del artículo 38° del Código Tributario. La existencia  de esa disposición siempre fue de conocimiento de la Sala  Superior, primero, porque la invocó en su demanda, y  segundo porque en la misma sentencia se cita. Sin embargo,  de forma arbitraria en la parte final del punto i) del décimo  considerando de la sentencia de vista, la Sala señala que  “no resulta pertinente la aplicación de la Ley número 29191”,  es decir, deliberadamente inaplicó esta norma cuando ella  misma reconoció que el monto sujeto a devolución  correspondía a crédito por tributo originado por la  regularización del impuesto a la renta del año dos mil doce.  En ese sentido, resulta patente que la Sala Superior ha  inaplicado de modo deliberado la Ley Nº 29191, norma queestablece expresamente que, en los casos de créditos por  tributos, a efectos de calcular los intereses moratorios deben  hacerse bajo las reglas del inciso b) del artículo 38° del  Código Tributario. 3. Cuestión jurídica en debate En el  caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en  verificar: (i) si la sentencia de vista que se impugna ha  respetado o no los cánones mínimos de motivación que,  como derecho implícito del derecho continente del debido  proceso, debe observarse en todo proceso judicial, de  conformidad con el numeral 5 del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú, concordante con el artículo  12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial; y (ii) si la sentencia de vista ha inaplicado el artículo  2° de la Ley Nº 29191, referido a la aplicación de intereses a  los créditos por tributo, y si, en su lugar, ha resuelto la  controversia aplicando indebidamente el literal a) del artículo  38° del Código Tributario. II. CONSIDERANDO: Referencias  principales del proceso judicial PRIMERO.- Antes de  absolver las denuncias planteadas y para contextualizar el  caso particular, es pertinente iniciar el examen que  corresponde a este Supremo Tribunal con un sumario  recuento de las principales actuaciones vinculadas con el  desarrollo de la presente causa judicial. Así, tenemos: 1.1.  Materialización del ejercicio del derecho de acción El  veintisiete de marzo de dos mil dieciocho la demandante,  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria acude al órgano jurisdiccional  interponiendo demanda sobre nulidad de resolución  administrativa, obrante de fojas once a veintiséis del  Expediente Judicial Electrónico, planteando como petitorio  lo siguiente: Pretensión principal: Se declare la nulidad total  de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11387-8-2017, del  veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, que revoca la  Resolución  de  Intendencia  Nº  015014001918,  del  veintinueve de mayo de dos mil quince; pretensión accesoria:  se ordene que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución y  confirme la validez de la Resolución de Intendencia Nº  015014001918, del veintinueve de mayo de dos mil quince.  Se sustenta el petitorio argumentando que: a) con fecha tres  de julio de dos mil catorce, América Móvil Sociedad Anónima  Cerrada solicitó la devolución del saldo a favor del impuesto  a la renta tercera categoría del ejercicio gravable dos mil  doce, por el importe de S/ 1’910,901.00 (un millón  novecientos diez mil novecientos un soles con cero  céntimos), siendo que con fecha veintinueve de septiembre  de dos mil catorce se emite la Resolución de Intendencia Nº  012-180-0007239/SUNAT, amparando su pedido, incluidos  los intereses, por un total de S/ 2’160,966.00 (dos millones  ciento sesenta mil novecientos sesenta y seis soles con cero  céntimos), no obstante lo cual, en la misma resolución, se  dispuso deducir el importe de S/ 1’046,886.00 (un millón  cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y seis soles con  cero céntimos), por concepto de deuda tributaria contenida  en las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0051395  y Nº 012-003-0024698, así como las Resoluciones de Multa  Nº 012-002-0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº 012-002- 0024703 a Nº 012-002-0024706; b) el veintiocho de octubre  de dos mil catorce, la contribuyente interpuso recurso de  reclamación contra la Resolución de Intendencia Nº 012- 180-0007239/SUNAT, en el extremo que dispuso la  compensación de su crédito, a consecuencia de lo cual se  emitió la Resolución de Intendencia Nº 0150140011918, de  fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, que declaró  fundada  su  reclamación,  al  considerar  que  dicha  compensación fue indebida, al disponer que los intereses a  pagar sean los regulados en el literal b) del artículo 38° del  Código Tributario, siendo este último extremo objeto de  apelación por la contribuyente, y ello dio lugar a que se  emita la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11387-8-2017, del  veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, que revocó la  Resolución de Intendencia Nº 0150140011918 en el extremo  impugnado, precisando que corresponde aplicar los  intereses previstos en el literal a) del artículo 38° del Código  Tributario; c) el pago indebido se configura cuando un  contribuyente realiza un pago que no estaba en la obligación  legal de hacer, es decir, el pago será indebido cuando el  contribuyente, por error o desconocimiento, realiza un pago  que no estaba legalmente obligado a efectuar, y, en sentido  contrario, si el pago efectuado constituye una obligación  impuesta por la norma, aunque después se solicite su  devolución, ello no califica como un pago indebido; d) en el  presente caso, el monto solicitado por la contribuyente fue el  saldo a favor del impuesto a la renta, el mismo que constituye  un crédito a favor de la demandante y no califica como un  pago indebido. La administración siempre calificó como un  crédito el monto solicitado por la contribuyente, tan es así  que ordenó su devolución, incluidos los intereses, de  conformidad al inciso b) del artículo 38° del Código Tributario;e) el mandato dispuesto por el Tribunal Fiscal desnaturaliza  lo regulado en el artículo 38° del Código Tributario y el  artículo 2° de la Ley Nº 29191, toda vez que la primera  norma citada regula la devolución del pago indebido,  mientras que el artículo 2° de la Ley Nº 29191 regula la  devolución de los créditos por tributo, siendo que, por  mandato expreso de la ley, la aplicación de los intereses se  debe realizar de conformidad con el inciso b) del artículo 38°  del Código citado; f) el hecho de que la administración  tributaria haya compensado, cuando no se debía, el monto  materia de devolución y que después dicha compensación  se declare nula, no implica que el monto haya dejado de ser  un crédito derivado del impuesto a la renta; g) el Tribunal  Fiscal, al ordenar que los intereses generados por el monto  materia de solicitud de devolución sean liquidados en mérito  al inciso a) del artículo 38° del Código Tributario, extiende  los alcances de tal disposición a un supuesto distinto, por lo  que se vulnera la norma VIII del título preliminar del mismo  cuerpo normativo. Igualmente, el Tribunal Fiscal incurre en  error debido a que la exigencia del pago de la deuda por el  impuesto general a las ventas que inicialmente se compensó,  no se realizó con la Resolución de Intendencia, sino con las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0051295 y Nº  012-003-0051396 y las Resoluciones de Multa Nº 012-002- 0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº 012-002-0024703 a Nº  012-002-0024706; h) el Tribunal Fiscal incurre en falta de  motivación, debido a que no ha analizado ni expresado las  razones de su omisión respecto a la Ley Nº 29191, pese a  que el caso trata de un crédito por tributo; asimismo, incurre  en contradicción, pues primero señala que la exigencia de la  deuda tributaria del impuesto general a las ventas se dio con  las resoluciones de determinación, para después sostener  que se realizó con la resolución de Intendencia que dispuso  la compensación. 1.2. Contestación de la demanda El  codemandado Tribunal Fiscal, representado por el  Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, mediante escrito  presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho,  obrante de fojas treinta y seis a cuarenta y cinco del  Expediente Judicial Electrónico, contesta la demanda,  solicitando que la misma sea declarada infundada.  Argumenta como fundamentos de la defensa los siguientes:  a) la SUNAT compensó la deuda contenida en las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0051295 y Nº  012-003-0051396 y las Resoluciones de Multa Nº 012-002- 0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº 012-002-0024703 a Nº  012-002-0024706, con parte del saldo a favor del impuesto a  la renta del ejercicio gravable dos mil doce, materia de  devolución; sin embargo, dicha compensación resultó  indebida; y b) el hecho de que las cancelaciones hayan sido  realizadas a través de compensaciones con el saldo a favor  no les quita el carácter de indebidas, y tal compensación  indebida se realizó a raíz de la emisión de la Resolución de  Intendencia Nº 012-180-0007239/SUNAT, que compensó el  saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio gravable  dos mil doce con la deuda contenida en los valores  anteriormente citados, de allí que correspondía que se  apliquen los intereses previstos en el inciso a del artículo 38°  del Código Tributario a partir de la fecha en que se efectuó la  compensación. 1.3. Otras actuaciones procesales Por  resolución número tres, de fecha uno de junio de dos mil  dieciocho, corriente de fojas ciento diez a ciento once del  expediente judicial electrónico, se declaró rebelde a la  codemandada América Móvil Perú Sociedad Anónima  Cerrada. Asimismo, de fojas ciento veintiuno a ciento treinta  del mismo expediente, la Décimo Tercera Fiscalía Provincial  en lo Civil de Lima emite dictamen, opinando por que se  declare infundada la demanda. 1.4. Sentencia de primera  instancia Mediante resolución número siete de fecha  treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, obrante de  fojas ciento sesenta y tres a ciento setenta y dos de los  actuados judiciales electrónicos, el Décimo Octavo Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, emite sentencia de  primera instancia, declarando infundada la demanda. Son  fundamentos sustanciales de la decisión los siguientes: i) en  el presente caso debe tenerse en cuenta que existen dos  situaciones, que aunque distintas, están ligadas entre sí:  primero, cuando América Móvil Perú Sociedad Anónima  Cerrada solicita la devolución de un saldo a favor por pagos  a cuenta no aplicados del ejercicio dos mil doce, que culmina  con la autorización del monto a devolver; y segundo, cuando  producto de una fiscalización por el impuesto general a las  ventas de los periodos de enero a diciembre de dos mil ocho  a la misma contribuyente, la administración tributaria  determina una deuda tributaria y efectúa la compensación  de oficio. Es en este contexto que ante la solicitud dedevolución de pago indebido presentada por América Móvil  Perú, la administración autoriza la devolución de un monto  ascendente a S/ 2’160,966.00 (dos millones ciento sesenta  mil novecientos sesenta y seis soles con cero céntimos),  pero a este monto deduce la cantidad de S/ 1’046,886.00 (un  millón cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y seis soles  con cero céntimos), producto de la compensación de las  deudas tributarias contenidas en las Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0051395 y Nº 012-003-0051396,  así como las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0024695 a  Nº 012-002-4698 y Nº 012-002-0024703 a Nº 012-002- 0024706, por la deuda tributaria determinada en la  fiscalización por el impuesto general a las ventas de los  periodos de enero a diciembre de dos mil ocho; sin embargo,  dichos valores fueron declarados nulos por la misma  administración tributaria y, como consecuencia de ello,  mediante la Resolución de Intendencia Nº 0150140011918,  deja sin efecto la orden de deducir el monto de S/  1’046,886.00 (un millón cuarenta y seis mil ochocientos  ochenta y seis soles con cero céntimos), y ordena su  devolución más los intereses a partir del veintitrés de mayo  de dos mil catorce, aplicando la tasa de interés establecida  en el inciso b) del artículo 38° del Código Tributario. En  última instancia administrativa, el Tribunal Fiscal revoca lo  decidido por la administración tributaria en vista de que, para  el tribunal administrativo, la compensación fue indebida, por  lo que corresponde la aplicación del inciso a) del artículo 38°  del Código Tributario; ii) de acuerdo a lo reseñado, es claro  que no está en discusión la aplicación de la tasa de interés  para la devolución del saldo a favor por los pagos a cuenta  no aplicados del ejercicio dos mil doce solicitados por  América Móvil Perú, pues ello no es lo que cuestiona la  contribuyente en sede administrativa. Lo que ha cuestionado  es la tasa de interés que debe ser aplicada a la devolución  autorizada de la suma de S/ 1’046,886.00 (un millón cuarenta  y seis mil ochocientos ochenta y seis soles con cero  céntimos), monto que fue compensado indebidamente y  deducido de la cantidad autorizada para devolución por  parte de la administración tributaria; es decir, cuestiona si a  dicho monto debe aplicarse el inciso a) o el inciso b) del  artículo 38° del Código Tributario; iii) cuando la misma  administración tributaria declara la nulidad de los valores por  los cuales se efectúa la compensación de oficio, la  consecuencia es que dicha compensación devino en  indebida (lo que es igual a un pago indebido) y, en tal  sentido, corresponde la aplicación del supuesto establecido  en el inciso a) del artículo 38° del Código Tributario para la  aplicación del interés correspondiente por el pago indebido,  toda vez que la compensación indebida fue consecuencia de  actos emitidos por la administración tributaria, vale decir, las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0051395 y Nº  012-003-0051396, así como las Resoluciones de Multa Nº  012-002-0024695 a Nº 012-002-4698 y Nº 012-002-0024703  a Nº 012-002-0024706, y la Resolución de Intendencia Nº  012-180-0007239/SUNAT. En consecuencia, lo resuelto por  el Tribunal Fiscal se encuentra enmarcado dentro del  ordenamiento tributario, por lo que no corresponde declarar  su nulidad, y debe declararse infundada la pretensión  principal; iv) respecto a lo alegado por la demandante, en el  sentido de que la resolución impugnada es nula por inaplicar  el artículo 2° de la Ley Nº 29191, debido a que el monto  solicitado por la contribuyente constituye un crédito a favor y  no califica como un pago indebido, de la revisión de los  actuados  administrativos  se  advierte  que  en  sede  administrativa no se discutía la tasa de interés aplicable a la  solicitud de devolución del saldo a favor por pagos a cuenta  no aplicados, pues con lo resuelto por la administración  tributaria en la Resolución de Intendencia Nº 012-180- 0007239/SUNAT, que autoriza la devolución, la contribuyente  América Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada acepta el  monto de devolución y la tasa de interés aplicable; no  obstante, lo que cuestiona en principio (reclamación) es que,  al monto autorizado por devolución, la administración haya  deducido la cantidad de S/ 1’046,886.00 (un millón cuarenta  y seis mil ochocientos ochenta y seis soles con cero  céntimos) por compensación de oficio, mientras que en  apelación se discutía qué tasa era aplicable para la  devolución del referido monto producto de una compensación  indebida declarada por la misma administración, es decir, la  restitución de un monto indebidamente cobrado por la  administración en atención a valores emitidos por ella  misma; en tal sentido, para esta devolución no era de  aplicación el inciso b) del artículo 38° del Código Tributario ni  el artículo 2° de la Ley Nº 29191, pues tales disposiciones  establecen la aplicación de intereses a los créditos por  tributos, por lo que no correspondía que el Tribunal Fiscal se  pronuncie sobre la aplicación del artículo 2° de la Ley Nº  29191. 1.5. Ejercicio del derecho a impugnar Lademandante, Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria interpone recurso de apelación  contra la sentencia de primera instancia, conforme aparece  del escrito corriente de fojas ciento setenta y cuatro a ciento  ochenta y seis del expediente judicial electrónico, exponiendo  como agravios los siguientes: a) la sentencia incurre en  vulneración del principio de legalidad, al considerar  erróneamente que la liquidación de los intereses debe  hacerse de conformidad al inciso a del artículo 38° del  Código Tributario, sin tener en cuenta que el saldo materia  de devolución constituye un crédito por tributo, con lo cual  desnaturaliza la referida disposición e inaplica la Ley Nº  29191 (norma que modificó el artículo 38° del Código  Tributario); b) el hecho de que se haya compensado cuando  no se debía el monto materia de devolución y que después  dicha compensación se declare nula, no implica que el  monto compensado haya dejado de ser un crédito derivado  del impuesto a la renta, por lo que el Tribunal Fiscal ha  incurrido en nulidad, y su demanda debe ser declarada  fundada; y c) la sentencia de primera instancia vulnera la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario, pues  extiende el alcance del inciso a del artículo 38° del mismo  código a un supuesto distinto, toda vez que dicha disposición  regula la devolución de los pagos indebidos o en exceso y  no la devolución de los créditos por tributos, siendo que este  último está regulado en el inciso b) del mencionado artículo  38°. 1.6. Sentencia de vista La Sexta Sala Especializada en  lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante resolución número catorce, del  veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, obrante de  fojas doscientos treinta y siete a doscientos cuarenta y  cuatro del expediente judicial electrónico, confirmó la  sentencia apelada de primera instancia, que declaró  infundada la demanda. Constituyen argumentos principales  de la decisión superior, los siguientes: i) la ley que establece  la aplicación de intereses a las devoluciones por créditos por  tributos, Ley Nº 29191, prevé en su artículo 2°, primer  párrafo, que a los créditos por tributos les será de aplicación  el interés a que se refiere el literal b del artículo 38° del  Código Tributario, precisando luego en su segundo párrafo  que, “para efectos de la aplicación de lo señalado en el  primer párrafo, se entiende por créditos por tributos el saldo  a favor del exportador, el reintegro tributario, recuperación  anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de  Promoción Municipal, devolución definitiva del Impuesto  General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, la  restitución de derechos arancelarios y cualquier otro  concepto similar establecido en las normas tributarias que  no constituya pagos indebidos o en exceso”; ii) el saldo a  favor del impuesto a la renta del ejercicio dos mil doce,  respecto del cual se solicitó devolución el tres de julio de dos  mil catorce, constituye efectivamente un crédito por tributo  de la empresa, siendo reconocido por la propia administración  tributaria a través de la Resolución de Intendencia Nº 012- 180-0007239/SUNAT, que ordenó su devolución por S/  2’160,966.00 (dos millones ciento sesenta mil novecientos  sesenta y seis soles con cero céntimos, importe que incluye  el saldo a favor más los intereses calculados); y, sin  embargo, al ordenar la administración tributaria, en la misma  resolución, la deducción del importe de S/ 1’046,886.00 (un  millón cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y seis soles  con cero céntimos), procedió al cobro de las deudas  tributarias por impuesto general a las ventas de julio y agosto  de dos mil ocho, y multas por haber incumplido el sujeto  obligado en efectuar el íntegro del depósito a que se refiere  el sistema de detracciones en el momento establecido,  correspondiente a los periodos de enero a abril y de  septiembre a diciembre de dos mil ocho, contenidas en las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0051395 y Nº  012-003-0051396, y las Resoluciones de Multa Nº 012-002- 0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº 012-002-0024703 a Nº  012-002-0024706, vía compensación de oficio con parte del  saldo a favor que fue previamente materia de devolución,  surtiendo la compensación por dicho importe efectos  similares al pago en tanto constituyó un medio para extinguir  las indicadas deudas tributarias; por consiguiente, al haberse  dejado sin efecto dicha figura, el monto indebidamente  compensado  —que  fue  originalmente  materia  de  devolución— califica como pago indebido que resultó como  consecuencia de los valores emitidos por la administración  tributaria, a través de los cuales se exigía el pago de deudas  tributarias, resultando aplicable la tasa de interés prevista en  el inciso a del artículo 38° del Código Tributario; iii) la  sentencia de primera instancia no vulnera en modo alguno la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario, pues la  disposición aplicable es la contenida en el inciso a del  artículo 38° del Código Tributario, toda vez que, acorde a loya desarrollado, la devolución ordenada por la Resolución  de Intendencia Nº 0150140011918 es respecto a pagos  calificados como indebidos y no respecto de un crédito por  tributos, supuesto este último sí regulado en el inciso b del  invocado artículo 38 del Código Tributario. Anotaciones  acerca  del  recurso  de  casación  SEGUNDO.-  Contextualizado el caso, es pertinente hacer referencia a los  alcances del recurso extraordinario de casación, que  delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema. Así,  tenemos: 2.1. El recurso de casación tiene como fines la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el  artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de  casación, es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho al  proceso regular, teniendo en consideración que este supone  el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al  proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.  2.2. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el  control de las infracciones que las sentencias o los autos  puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal  efecto de los hechos considerados probados en las  instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego  examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada  a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la  infracción normativa, sino que se requiere que el error sea  esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así  también, habiéndose acogido entre los fines de la casación  la función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la  posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a  verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un  tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo  petitorio y proceso, constituyendo antes bien un recurso  singular que permite acceder a una Corte de Casación para  el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República. 2.3. Por causal de  casación, se entiende al motivo que la ley establece para la  procedencia del recurso1, debiendo sustentarse en aquellas  previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende  interponerse por apartamiento inmotivado del precedente  judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la  forma. Se consideran motivos de casación por infracción de  la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse  al caso, así como la falta de competencia y la falta de  congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas  por las partes. Los motivos por quebrantamiento de la forma  aluden a infracciones en el proceso2, por lo que en tal sentido  si bien todas las causales suponen una violación de la ley,  también lo es que esta puede darse en la forma o en el  fondo. 2.4. De otro lado, considerándose que en el caso  concreto se ha declarado procedente el recurso de casación  por causales de infracción normativa material y procesal,  corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la  infracción de normas de carácter procesal -de orden  constitucional y legal-, desde que si por ello se declarara  fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la  anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio,  con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento  por el respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto  carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre las  infracciones normativas materiales invocadas por el  recurrente en el escrito de su propósito; y, si por el contrario,  se declarara infundada la infracción procesal, corresponderá  emitir pronunciamiento respecto de las infracciones  materiales. Evaluación de la causal casatoria de  naturaleza procesal TERCERO.- Iniciamos el análisis  casatorio haciendo mención al debido proceso (o proceso  regular), derecho complejo que está conformado por un  conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad  y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho —incluido el  Estado— que pretenda hacer uso abusivo de estos. Como  señala la doctrina: […] por su naturaleza misma, se trata de  un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez  está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras,  característica del Tribunal o instancias de decisión, al  procedimiento que debe seguirse y a sus principios  orientadores, y a las garantías con que debe contar la  defensa.3 Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular  constituye un conjunto de garantías de las cuales goza eljusticiable, que incluyen el derecho a ser oportunamente  informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo  razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado  por un Juez imparcial que no tenga interés en un determinado  resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa  y a la defensa por un profesional (publicidad del debate),  derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base  del mérito del proceso y derecho al Juez legal. 3.1. Así  también, el derecho al debido proceso comprende a su vez,  entre otros derechos, el de motivación de las resoluciones  judiciales, previsto en el numeral 5 del artículo 139° de la  Carta Fundamental4, esto es, el de obtener una resolución  fundada en derecho mediante decisiones en las que los  Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus  fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y  jurídicos  que  los  determinaron,  dispositivo  que  es  concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo  122° del Código Procesal Civil5 y el artículo 12° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial6.  Además, la exigencia de motivación suficiente garantiza que  el justiciable pueda comprobar que la solución del caso  concreto viene dada por una valoración racional de la  fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad  de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible  afirmar que una resolución que carezca de motivación  suficiente no solo infringe normas legales, sino también  principios de nivel constitucional7. 3.2. El proceso regular en  su expresión de motivación escrita de las resoluciones  judiciales entiende que una motivación defectuosa puede  expresarse en los siguientes supuestos: a) Falta de  motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total  ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional  emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento  fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando el  razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado  en conclusiones vacías que no guardan relación con el real  contenido del proceso; c) Motivación insuficiente: cuando se  vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir,  que el sentido de las conclusiones a las que arriba el  juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y  relevantes, de las cuales este debe partir en su razonamiento  para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por  las partes y la convicción que lo determine en un sentido  determinado, respecto de la controversia planteada ante la  judicatura; y, d) Motivación defectuosa en sentido estricto:  cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como de  la no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo  tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones  a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es  verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros,  omitiendo los principios elementales de la lógica y la  experiencia común. 3.3. Asimismo, el derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales tiene como una de sus  expresiones al principio de congruencia, legislado en el  numeral 6 del artículo 50° del Código Procesal Civil, el cual  exige la identidad que debe mediar entre la materia, las  partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador,  en virtud a lo cual los Jueces no pueden otorgar más de lo  demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus  decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con  obligación, entonces, de pronunciarse sobre las alegaciones  expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios  como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal  manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión  no postulada en el proceso, y menos fijada como punto  controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho  pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que  altera la relación procesal y transgrede las garantías del  proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la  observancia del principio de congruencia implica que en  toda resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo  peticionado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitir,  alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia  externa); y 2) armonía entre la motivación y la parte  resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la  decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y  congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo  actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la  observancia del derecho al debido proceso, resguardando a  los particulares y a la colectividad de las decisiones  arbitrarias, conforme a lo establecido por el Tribunal  Constitucional en el fundamento jurídico número 11 de la  Sentencia Nº 1230-2003-PCH/TC. 3.4. Entonces, el derecho  a la debida motivación de las resoluciones obliga a los  órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes  de manera congruente con los términos en que vengan  planteadas, sin cometer desviaciones que suponganmodificación o alteración del debate procesal (incongruencia  activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca  tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su  control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir,  el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la  decisión del marco del debate judicial generando indefensión,  constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y  también del derecho a la motivación de la sentencia  (incongruencia omisiva). Resulta un imperativo constitucional  que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una  respuesta razonada, motivada y congruente de las  pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de  congruencia procesal exige que el juez, al momento de  pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere  o se exceda en las peticiones ante él formuladas. CUARTO.-  Desarrollados  los  supuestos  teóricos  precedentes,  corresponde ahora determinar si la resolución judicial  recurrida en casación ha transgredido el derecho al debido  proceso, en su vertiente de motivación de las resoluciones,  tal como se denuncia en el literal a del recurso de casación  interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria. 4.1. Así tenemos que, en el  caso concreto, la SUNAT sostiene que el colegiado superior,  al emitir su fallo, no habría dado razones válidas que  justifiquen el rechazo o impertinencia de la Ley Nº 29191 — entiéndase del artículo 2° de la acotada ley—, así como  tampoco habría justificado las razones respecto a su  decisión de aplicar el inciso a del artículo 38° del Código  Tributario. 4.2. Sobre el particular, podemos advertir que la  recurrente no alega propiamente falta de motivación en la  sentencia de vista, o que en ella se hubieran expresado  conclusiones que denotasen una motivación aparente, que  contenga premisas incongruentes o que hubiera dejado  incontestados los agravios expresados en su recurso de  apelación. Por el contrario, los argumentos de su recurso  indican que no comparte la posición y conclusiones del  colegiado superior, el que estima que para la situación  fáctica evaluada en sede de instancia corresponde la  aplicación de la norma contenida en el literal a del artículo  38° del Código Tributario, y que, por ello, no resultaba  pertinente la aplicación de la Ley Nº 29191 —específicamente,  el artículo 2° de la acotada ley—. 4.3. En efecto, la Sala  Superior ha establecido como conclusión fáctica que, con la  deducción del importe de S/ 1’046,866.00 (un millón cuarenta  y seis mil ochocientos sesenta y seis soles con cero  céntimos) ordenada en el artículo 2° de la Resolución de  Intendencia Nº 012-180-0007239/SUNAT, se procedió al  cobro por compensación de las deudas tributarias contenidas  en las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0051395  y Nº 012-003-0051396 y las Resoluciones de Multa Nº 012- 002-0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº 012-002-0024703  a Nº 012-002-0024706, surtiendo dicha compensación  efectos similares al pago, en tanto constituyó un medio para  extinguir las indicadas deudas tributarias; por ello, indica  que el monto indebidamente compensado califica como  pago indebido y, si esto es así, para su devolución  corresponde aplicar la tasa de interés prevista en el literal a  del artículo 38° del Código Tributario, y no el inciso b) del  mismo artículo, por lo que no resulta pertinente la aplicación  de la Ley Nº 29191. 4.4. Entonces, advertimos que la Sala  Superior aplicó la norma que estimó pertinente con relación  a las conclusiones fácticas a que arriba en su fallo. Distinto  es que la parte demandante no concuerde con la decisión  adoptada y estime que son otras las normas que  corresponden ser aplicadas, o que la devolución del importe  indebidamente compensado no tuvo naturaleza de pago  indebido, como establecieron las instancias de mérito, sino  que se trataba de la devolución de un crédito por tributos y  que, por tanto, sí es aplicable el artículo 2° de la Ley Nº  29191 —y consecuentemente el literal b) del artículo 38° del  Código Tributario—, circunstancia que, sin embargo, no  puede servir de sustento para pretender la nulidad de la  sentencia de vista por presunto vicio en la motivación, sino  que corresponde ser revisada a través de una causal de  naturaleza material, como lo viene planteando la entidad  recurrente, al denunciar las causales de aplicación indebida  del inciso a del artículo 38° del Código Tributario e  inaplicación del artículo 2° de la Ley Nº 29191, los mismos  que  serán  objeto  de  análisis  y  pronunciamiento,  oportunamente. 4.5. De allí tenemos que no debe confundirse  debida motivación de las resoluciones judiciales con debida  aplicación del derecho objetivo. En el primer caso, se  examinan los criterios lógicos y argumentativos referidos a la  decisión de validez, la decisión de interpretación, la decisión  de evidencia, la decisión de subsunción y la decisión de  consecuencias, en tanto que en el segundo caso debe  determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido aplicada  de manera debida; por tanto, el hecho de que la entidadrecurrente no concuerde con la conclusión a que arriba la  sentencia de vista con base en la aplicación de las normas  jurídicas que sirvieron de sustento y las razones que se  expusieron, no implica que el colegiado revisor haya  incurrido en una indebida motivación. 4.6. Estando a que el  razonamiento de la Sala Superior no puede ser considerado  como ausencia de motivación ni vulneración del derecho a la  motivación  de  las  resoluciones  judiciales,  sino  cuestionamientos respecto del fondo de lo decidido, no se  configura la infracción del numeral 5 del artículo 139° de la  Constitución Política, concordante con el artículo 12° del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  por lo que la causal bajo examen deviene en infundada.  Análisis de las causales casatorias de naturaleza  material QUINTO.- Habiéndose desestimado la causal de  naturaleza procesal, nos encontramos habilitados para  emitir pronunciamiento respecto a las causales casatorias  de naturaleza material, se advierte de la lectura de los  literales b y c del apartado 2 de la sección I de la presente  ejecutoria suprema, que en ambos se denuncia la infracción  de dispositivos que se vinculan a un cuerpo normativo  común, como es la Ley Nº 29191, cuyo artículo 1° sustituyó  el texto íntegro del artículo 38° del Código Tributario,  regulando a la vez en su artículo 2° la aplicación de intereses  a las devoluciones por créditos por tributos. En tal sentido,  este Tribunal Supremo considera necesario analizar ambas  causales en conjunto, luego de lo cual emitirá igualmente  una decisión en conjunto. 5.1. Mediante Ley Nº 29191 - Ley  que Establece la Aplicación de Intereses a las Devoluciones  por Créditos por Tributos, se reguló lo siguiente: Artículo 1.-  Sustitución del artículo 38° del Código Tributario Sustitúyase  el artículo 38° del Código Tributario por el siguiente texto:  “Artículo 38.- DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS O  EN EXCESO Las devoluciones de pagos realizados  indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda  nacional, agregándoles un interés fijado por la Administración  Tributaria, en el período comprendido entre el día siguiente  a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición  del solicitante la devolución respectiva, de conformidad con  lo siguiente: a) Tratándose de pago indebido o en exceso  que resulte como consecuencia de cualquier documento  emitido por la Administración Tributaria, a través del  cual se exija el pago de una deuda tributaria, se aplicará  la tasa de interés moratorio (TIM) prevista en el artículo 33.  b) Tratándose de pago indebido o en exceso que no se  encuentre comprendido en el supuesto señalado en el  literal a), la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa  pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda  nacional (TIPMN), publicada por la Superintendencia de  Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de  Pensiones el último día hábil del año anterior, multiplicada  por un factor de 1,20 […]”. Artículo 2.- Aplicación de intereses  A los créditos por tributos les será de aplicación el  interés a que se refiere el literal b) del artículo 38 del  Código Tributario, en el período comprendido entre el  trigésimo primer día hábil de presentada la solicitud de  devolución y la fecha en que se ponga a disposición del  solicitante la devolución, salvo que las normas vigentes  establezcan un plazo mayor a treinta (30) días hábiles para  atender las solicitudes, caso en el cual los referidos intereses  serán de aplicación en el período comprendido entre el día  siguiente al vencimiento del plazo establecido en la norma  legal para que la Administración Tributaria resuelva la  solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a  disposición del solicitante la citada devolución. Para efectos  de la aplicación de lo señalado en el primer párrafo se  entiende por créditos por tributos el saldo a favor del  exportador, el reintegro tributario, recuperación anticipada  del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción  Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las  Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, la restitución de  derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar  establecido en las normas tributarias que no constituya  pagos indebidos o en exceso […] [Énfasis nuestro] 5.2.  Son dos los aspectos a considerar como consecuencia de la  sustitución normativa operada por la Ley Nº 29191, a saber:  primero, la modificación del artículo 38° del Código Tributario,  referido a los intereses aplicables a los pagos indebidos o en  exceso, ya sea que resulten a consecuencia de un acto  administrativo emanado de la administración tributaria, a  través del cual se exija el pago de una deuda tributaria — literal a8—, o que provengan de cualquier otro acto que no se  encuentre comprendido en esta descripción —literal b9—; y  segundo, la regulación de los intereses aplicables a las  devoluciones de créditos por tributos, para los cuales la tasa  aplicable es la comprendida en el literal b) del artículo 38°  del Código Tributario. 5.3. Para la entidad recurrente, el  monto sujeto a devolución, es decir, la suma de S/1’046.886.00 (un millón cuarenta y seis mil ochocientos  ochenta y seis soles con cero céntimos), tiene la calidad de  crédito por tributo, pues formaría parte del saldo a favor del  impuesto a la renta regularización tercera categoría del  ejercicio gravable dos mil doce, reconocido mediante  Resolución de Intendencia Nº 012-180-0007239/SUNAT, del  veintinueve de septiembre de dos mil catorce, naturaleza  que, a su decir, jamás perdió, aun cuando fue imputada para  compensar el pago de deudas contenidas en determinados  valores. En efecto, en su escrito de demanda manifestó que:  “[…] el hecho que se haya compensado cuando no se  debía el monto materia de devolución y que después dicha  compensación se declare nula, no implica que el monto haya  dejado de ser un crédito derivado del Impuesto a la Renta  […]” (resaltado nuestro). 5.4. Nótese del párrafo transcrito  que la impugnante no niega la calidad de compensación  indebida que oportunamente atribuyó el Tribunal Fiscal a la  compensación de adeudos que realizó la SUNAT, con parte  del importe que correspondía devolver a la contribuyente por  concepto de saldo a favor del ejercicio gravable dos mil  doce, y que empleó para efectos de cancelar los presuntos  valores contenidos en las Resoluciones de Determinación  Nº  012-003-0051395  y  Nº  012-003-0051396  y  las  Resoluciones de Multa Nº 012-002-0024695 a Nº 012-002- 0024698 y Nº 012-002-0024703 a Nº 012-002-0024706; no  obstante, estima que al haberse declarado nula dicha  compensación  por  Resolución  de  Intendencia  Nº  0150140011918, del veintinueve de mayo de dos mil quince,  la suma compensada habría recuperado la calidad de crédito  tributario que detentaba al expedirse la Resolución de  Intendencia Nº 012-180-0007239/SUNAT y, por tanto, que  los intereses a liquidarse por dicho monto corresponden a lo  regulado en el literal b del artículo 38° del Código Tributario,  por remisión de la Ley Nº 29191, y no a lo normado en el  literal a del mismo artículo. 5.5. Este Tribunal Supremo no  comparte ese criterio, por las siguientes razones: 5.5.1.  Como se tiene dicho, mediante Resolución de Intendencia  Nº 012-180-0007239/SUNAT, del veintinueve de septiembre  de dos mil catorce, en su artículo 1° se autorizó la devolución  del saldo a favor del impuesto a la renta regularización  tercera categoría del ejercicio gravable dos mil doce,  solicitada por la contribuyente América Móvil Perú Sociedad  Anónima Cerrada, equivalente a S/ 1’910,901.00 (un millón  novecientos diez mil novecientos un soles con cero  céntimos), que, sumados los intereses respectivos, arrojó un  monto total a devolver por la suma de S/ 2’160,966.00 (dos  millones ciento sesenta mil novecientos sesenta y seis soles  con cero céntimos). Hasta este punto, no existe mayor  cuestionamiento, ni por el monto del crédito tributario  reconocido a favor de la contribuyente ni por los intereses  liquidados, siendo que la controversia surge cuando la  administración tributaria se niega a hacer entrega del íntegro  de la suma adeudada y retiene parte de la misma para  efectos del cobro de presuntos valores impagos que  mantendría la citada contribuyente con el Estado, tanto por  concepto de impuesto general a las ventas como de multas.  5.5.2. Adviértase, entonces, que el crédito tributario como tal  —es decir, la suma de S/ 1’910,901.00 (un millón novecientos  diez mil novecientos un soles con cero céntimos)— ya fue  objeto de liquidación de intereses, arrojando una suma final  y distinta, equivalente a S/ 2’160,966.00 (dos millones ciento  sesenta mil novecientos sesenta y seis soles con cero  céntimos), a favor de la contribuyente. 5.5.3. La liquidación  del importe del crédito tributario autorizado para devolución,  que incluía intereses, marcó claramente un primer momento  de la actuación administrativa respecto del pedido concreto  de la administrada, quien solicitó expresamente la devolución  de los saldos a su favor del impuesto a la renta por el  ejercicio gravable dos mil doce, el mismo que se agotó con  el reconocimiento del pago que realizó la administración  tributaria a su favor por la suma total de S/ 2’160,966.00 (dos  millones ciento sesenta mil novecientos sesenta y seis soles  con cero céntimos). 5.5.4. En esa misma línea de análisis,  distinta fue la actuación de oficio de la administración  tributaria, contenida en el artículo 2° de la Resolución de  Intendencia Nº 012-180-0007239/SUNAT, cuando sin mediar  pedido de la administrada, emplea parte del importe total a  devolver para compensar un presunto adeudo mantenido  por la contribuyente, compensación que ha sido calificada  de indebida por la misma autoridad administrativa pues se  sustentó en valores que carecían de ejecutoriedad y que,  además, fueron declarados nulos mediante Resolución de  Intendencia Nº 0150140011856, de fecha veinticuatro de  abril de dos mil quince. 5.5.5. Esa actuación de oficio  constituye entonces un segundo momento, independiente  del pedido de la contribuyente para que se le reconozcan  créditos tributarios a su favor. Se inicia específicamente  cuando la autoridad tributaria deduce parte del monto adevolver, concretamente la suma de S/ 1’046,866.00 (un  millón cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y seis soles  con cero céntimos), para compensar un presunto adeudo  contenido en las Resoluciones de Determinación Nº 012- 003-0051395 y Nº 012-003-0051396 y las Resoluciones de  Multa Nº 012-002-0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº 012- 002-0024703 a Nº 012-002-0024706. 5.5.6. La reclamación  contra este acto concreto —compensación— fue amparada  mediante Resolución de Intendencia Nº 0150140011918, de  fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, que dejó sin  efecto el artículo 2° de la Resolución de Intendencia Nº 012- 180-0007239/SUNAT, y reconoció el derecho de América  Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada a obtener la  devolución del monto compensado, no obstante lo cual  dispone que los intereses a liquidar sobre dicho monto sean  los previstos en el inciso b del artículo 38° del Código  Tributario. En otras palabras, resuelve que el interés sobre la  suma devuelta, empleada para compensar indebidamente  unos valores, sea liquidado como si se tratase de un crédito  por tributo, lo que no resulta ajustado a los hechos ni a  derecho, desde que tal tratamiento ya fue otorgado al deudo  total ascendente a S/ 1’910,901.00 (un millón novecientos  diez mil novecientos un soles con cero céntimos), reconocido  por el artículo 1° de la Resolución de Intendencia Nº 012- 180-0007239/SUNAT, encontrándonos, por el contrario,  frente a una compensación realizada de forma indebida  contra una suma dineraria que, dejando atrás su origen,  había pasado a formar parte del patrimonio de la administrada  y era de libre disposición, resultante ello de un documento  emitido por la administración tributaria a través del cual se  exigió el pago de una deuda tributaria, compensación que  tuvo los efectos de pago de los presuntos adeudos  contemplados en las Resoluciones de Determinación Nº  012-003-0051395 y Nº 012-003-0051396 y las Resoluciones  de Multa Nº 012-002-0024695 a Nº 012-002-0024698 y Nº  012-002-0024703 a Nº 012-002-0024706. Por lo mismo, y tal  como han concluido las instancias de mérito, la liquidación  de intereses debe realizarse aplicándose la tasa prevista en  el inciso a del artículo 38° del Código Tributario, sustituido  por Ley Nº 29191. 5.6. Estando a las razones expuestas, no  se configura en autos la aplicación indebida del literal a del  artículo 38° del Código Tributario, toda vez que la devolución  del monto compensado indebidamente es de naturaleza  distinta a la devolución del saldo a favor del impuesto a la  renta del ejercicio gravable dos mil doce, reconocido por la  autoridad tributaria a pedido de la contribuyente, ya que la  compensación nace del cobro unilateral y de oficio realizado  por la administración sobre parte de créditos tributarios  reconocidos oportunamente a la contribuyente y que luego  de ello pasaron a ser patrimonio de la administrada y de su  libre disposición. Por la misma razón, no siendo el monto  compensado un crédito tributario, no le corresponde que se  liquiden intereses al amparo del literal b del artículo 38° del  Código Tributario, según los términos que se refieren en el  artículo 2° de la Ley Nº 29191, deviniendo esta última  disposición en inaplicable. SEXTO.- Siendo así, al advertirse  que la norma contenida en el literal a del artículo 38° del  Código Tributario es la pertinente para la resolución de la  controversia, atendiendo a las conclusiones fácticas y  jurídicas a que arribaron las instancias de mérito y  corroboradas por este Tribunal Supremo, corresponde  desestimar las causales examinadas y el recurso de  casación interpuesto, el cual deviene en infundado. III.-  DECISIÓN: Por tales fundamentos y de acuerdo con lo  regulado en el primer párrafo del artículo 397° del Código  Procesal Civil, de aplicación supletoria, RESOLVIERON:  Primero: DECLARAR INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la demandante, la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria, con fecha seis de  enero de dos mil veinte, obrante de fojas doscientos  cincuenta y dos a doscientos sesenta y tres del Expediente  Judicial Electrónico. Segundo: NO CASAR la sentencia de  vista contenida en la resolución número catorce, del  veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, expedida por  la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, corriente de fojas  doscientos treinta y siete a doscientos cuarenta y cuatro del  mismo expediente. Tercero: DISPONER la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme  a ley, en los seguidos por la demandante, Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, con los  demandados, América Móvil Perú Sociedad Anónima  Cerrada y Tribunal Fiscal, representado por el Procurador  Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, sobre nulidad de resolución  administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los  actuados. Interviene como ponente el señor JuezSupremo Yaya Zumaeta. SS. YAYA ZUMAETA, GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de Derecho Procesal Civil.  Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.  2  DE PINA, Rafael (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222. 3  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En VARIOS, Las  garantías del debido proceso (materiales de enseñanza). Lima, Instituto de  Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos; p. 17. 4  Constitución Política del Perú   Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:   […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 5  Código Procesal Civil   Artículo 122°.-Las resoluciones contienen:   […]   3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.  6  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial   Artículo 12°.- Motivación de resoluciones   Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,  bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.  Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia  que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 7  El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado  que: […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los  jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que  los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir  no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela  del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir  de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas  por los jueces ordinarios. 8  Tasa de interés moratorio (TIM). 9  Tasa de interés pasiva del mercado promedio para operaciones en moneda  nacional (TIPMN). C-2136203-4