CASACIÓN Nº 1586-2020 LIMA
MATERIA: Desnaturalización de contratos y otros Sumilla. El demandante tiene la carga de la prueba respecto  a la existencia de la fuente normativa de los derechos  convencionales que pretende. Lima, diez de agosto de dos mil veintidós VISTA la causa número mil quinientos ochenta y seis, guión  dos mil veinte, guión LIMA, en audiencia pública de la fecha,  interviniendo como ponente la señora jueza suprema  Pinares Silva de Torre, y producida la votación con arreglo  a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por  el procurador público de la parte demandada, Municipalidad  Distrital de Santiago de Surco, de veintinueve de  noviembre de dos mil diecinueve, de fojas trescientos  ochenta y cuatro a trescientos noventa y tres, contra la  sentencia de vista de dieciocho de octubre de dos mil  diecinueve, de fojas trescientos setenta y ocho a trescientos  ochenta y uno/vuelta, que revoca la sentencia de primera  instancia de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, de  fojas trescientos trece a trescientos treinta y cuatro, en el  extremo que deniega el pago de los convenios colectivos y  laudos arbitrales, reformándolo, declara fundado dicho  extremo; confirma lo demás que contiene, modifica el  monto total ordenado a pagar en la suma de ciento sesenta  y nueve mil ochocientos dos con 78/100 soles (S/  169,802.78); en el proceso ordinario laboral seguido por la  parte demandante, Hibet Soraya Portales Carrillo, sobre  desnaturalización de contratos y otros. CAUSALES DEL  RECURSO: Mediante resolución de diecinueve de abril de  dos mil veintiuno, de fojas cien a ciento cuatro del cuaderno  de casación, se ha declarado procedente el recurso  interpuesto, por las causales siguientes: i. Infracción  normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú. ii. Infracción normativa del artículo 9 e  literales c) y b) del artículo 43 del Decreto Supremo Nº  010-2003-TR, Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo.  Correspondiendo a esta sala suprema emitir pronunciamiento  sobre  las  causales  denunciadas.  CONSIDERANDO:  Antecedentes del caso Primero. a) Demanda. Mediante  escrito de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, de  fojas doscientos treinta y tres a doscientos ochenta y uno, el  demandante insta como pretensiones: i) desnaturalización  de contrato de locación de servicio desde el uno de mayo de  dos mil siete al treinta de junio dos mil ocho; en consecuencia,  el reconocimiento de vínculo laboral; ii) invalidez de los  contratos administrativos de servicios suscritos desde el uno  de julio de dos mil ocho en adelante; iii) incorporación a  planillas de pago de obreros permanentes bajo el régimen  de la actividad privada; iv) pago de beneficios sindicales  (escolaridad, cierre de pliego, gratificaciones, incentivo por  responsabilidad  funcional,  incentivo  por  apoyo  al  cumplimiento de metas, día internacional del trabajo, día del  trabajador municipal, retorno de vacaciones, uniformes de  trabajo e incentivos por productividad) desde el uno de mayo  de dos mil siete en adelante; v) pago de beneficios sociales  (compensación por tiempo de servicios, gratificaciones,  vacaciones, indemnización por vacaciones, asignación  familiar) desde el desde el uno de mayo de dos mil siete en  adelante; más intereses legales, costas y costos del proceso.  b) Sentencia de primera instancia. El Vigésimo Segundo  Juzgado Especializado Permanente de Trabajo de la Corte  Superior de Justicia de Lima, declara fundada la demanda,  subsecuentemente, reconoce que la actora estuvo sujeta a  un contrato de trabajo de duración indeterminada desde el  uno de mayo de dos mil siete al treinta de junio de dos mil  dieciocho. Ordena el pago de cincuenta y seis mil  ochocientos cincuenta y dos con 78/100 soles (S/ 56,852.78)  por compensación por tiempo de servicios, vacaciones e  indemnización vacacional y gratificaciones, más intereses  legales y costos del proceso. A su vez, declara infundada la  demanda en el extremo referido al pago de beneficios  derivados de los convenios colectivos y laudos arbitrales. c)  Sentencia de vista. El Colegiado de la Cuarta Sala Laboral  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima,  revoca la sentencia apelada, en el extremo que deniega el  pago de beneficios derivados de los convenios colectivos ylaudos arbitrales, reformándolo, declararon fundado dicho  extremo. Modifica el monto total ordenado a pagar en la  suma de ciento sesenta y nueve mil ochocientos dos con  78/100 soles (S.169,802.78); confirma la sentencia en lo  demás que contiene. Infracción normativa Segundo. La  infracción normativa se conceptualiza como la afectación a  las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir  una resolución, originando con ello que la parte que se  considere afectada por la misma, pueda interponer el  respectivo recurso de casación. Es pertinente señalar que la  Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, refiere q ue  las causales que estén referidas a identificar la infracción  normativa deben estar relacionada directamente con la  decisión contenida en la resolución impugnada. Delimitación  del objeto de pronunciamiento Tercero. La causal de  casación declarada procedente es la infracción normativa  del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, el cual establece: “Son principios y derechos de la  función jurisdiccional, (…) 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicabLey de los fundamentos de hecho en que se  sustentan”. Cuarto. Esta sala suprema en la Casación Nº  15284-2018-CA JAMARCA, de veintiséis de agosto de dos  mil veintiuno, en su fundamento cuarto, ha establecido  doctrina jurisprudencial con relación a la infracción normativa  denunciada y su configuración, delimitando los supuestos en  los que se infringe el derecho a la debida motivación,  estableciendo: Se considerará que existe infracción  normativa del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Estado, por falta de motivación o motivación  indebida de la sentencia o auto de vista, cuando la resolución  que se haya expedido adolezca de los defectos siguientes:  1. Carezca de fundamentación jurídica. 2. Carezca de  fundamentos de hecho. 3. Carezca de logicidad. 4. Carezca  de congruencia. 5. Aplique indebidamente o interprete  erróneamente una norma de carácter procesal. 6. Se  fundamente en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes  supuestas o derogadas. 7. Se aparte de la Doctrina  Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin expresar  motivación alguna para dicho apartamiento. En todos los  supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará la  nulidad de la sentencia o auto de vista, ordenando a la Sala  Superior emitir nueva resolución. Quinto. El Tribunal  Constitucional en su sentencia de trece de octubre de dos  mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  Caso Giuliana Llamoja, respecto a la debida motivación de  las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento, ha  expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este  Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006- AA/TC. FJ 2) ha  tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida  motivación de las resoluciones importa que los jueces, al  resolver las causas, expresen las razones o justificaciones  objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso  (…)”. De igual forma, en el séptimo fundamento de la referida  sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente  garantizado del derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los  supuestos siguientes: a) inexistencia de motivación o  motivación aparente, b) falta de motivación interna del  razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa:  justificación de las premisas, d) motivación insuficiente, e)  motivación sustancialmente incongruente y f) motivaciones  cualificadas. En ese sentido, la debida motivación de las  resoluciones judiciales, reconocida como principio de la  administración de justicia integra el debido proceso e implica  que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que  pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo fin a un  conflicto o a una incertidumbre jurídica, deben fundamentar  adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre todos  los hechos controvertidos, expresando y justificando  objetivamente aquellas razones que los conducen a adoptar  determinada  posición,  aplicando  la  normativa  correspondiente al caso concreto; motivación que debe ser  adecuada, suficiente y congruente, entendiéndose por  motivación suficiente al mínimo exigible atendiendo a las  razones de hecho o de derecho indispensables para asumir  que la resolución se encuentra debidamente motivada; en  consecuencia, la omisión de tales exigencias conllevaría a la  emisión de una resolución arbitraria que no se encuentra  fundada en derecho; lo que a su vez devendría en una  afectación al debido proceso. Solución al caso concreto  Sexto. Expuestas las premisas precedentes, relativas a la  infracción normativa procesal denunciada y revisada la  sentencia de vista, este tribunal supremo advierte que elcolegiado superior ha cumplido con precisar las razones  relativas a lo planteado y discutido por las partes, toda vez  que ha expuesto las justificaciones fácticas y jurídicas que le  han permitido asumir un criterio interpretativo en el que  sustenta su ratio decidendi y dan validez a su decisión. Ello  es así, pues la sala superior revoca un extremo de la  sentencia apelada sobre el análisis de que las modalidades  contractuales por las que fue contratada la trabajadora,  limitaron su derecho de afiliación sindical; cumpliendo de  esta manera, con los requisitos establecidos en el artículo  122 del Código Procesal Civil, concordado con el artículo 31  de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.  Sétimo. En consecuencia, la sentencia de vista ha sido  expedida con observancia de la debida motivación de las  resoluciones judiciales, pues lo objetivo es que la decisión  aparece justificada con argumentos concretos y suficientes  ceñidos estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido en  el proceso, existiendo identidad jurídica entre lo resuelto y  las pretensiones planteadas. Por lo tanto, se concluye que el  colegiado superior no ha incurrido en vicio alguno que atente  contra el derecho a la debida motivación de las resoluciones  consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú; por lo que la causal invocada  deviene en infundada. Sobre la infracción material Octavo.  Como causal material, la parte recurrente denuncia la  infracción normativa del artículo 9 y los literales b) y c) del  artículo 43 del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, Texto  Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 9.- En  materia de negociación colectiva, el sindicato que afilie a la  mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos dentro  de su ámbito asume la representación de la totalidad de los  mismos, aunque no se encuentren afiliados. De existir varios  sindicatos dentro de un mismo ámbito, podrán ejercer  conjuntamente la representación de la totalidad de los  trabajadores los sindicatos que afilien en conjunto a más de  la mitad de ellos. En tal caso, los sindicatos determinarán la  forma en que ejercerán esa representación, sea a prorrata,  proporcional al número de afiliados, o encomendada a uno  de los sindicatos. De no haber acuerdo, cada sindicato  representa únicamente a sus afiliados. Artículo 43.- La  convención colectiva de trabajo tiene las características  siguientes: (…) b) Rige desde el día siguiente al de  caducidad de la convención anterior; o, si no la hubiera,  desde la fecha de presentación del pliego, excepto las  estipulaciones para las que señale plazo distinto que  consistan en obligaciones de hacer o de dar en especie, que  regirán desde la fecha de su suscripción. c) Rige durante el  período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su  duración es de un (1) año. (…). Noveno. Previo al análisis  de fondo de la controversia, es pertinente indicar que, el  derecho a la libertad sindical permite la coexistencia de  varios sindicatos en una misma entidad, pues, los  trabajadores pueden crear tantas organizaciones como lo  consideren pertinente, siempre que cumplan con los  requisitos previstos en las normas legales. De existir un  sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores  dentro de su ámbito, la representación de la totalidad de los  trabajadores, incluso de los trabajadores no sindicalizados  estará a su cargo, así lo prevé el primer párrafo del citado  artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones  Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº  010-2003-TR.  La  "mayor  representatividad  sindical"  establecida en la legislación no significa la exclusión de la  participación de un sindicato minoritario en el procedimiento  de negociación colectiva, no limita en forma absoluta su  representación o ejercicio de los derechos inherentes a la  libertad sindical, pues como lo ha precisado el Tribunal  Constitucional, el sistema de mayor representación lo que  busca es precisamente, valga la redundancia, representar a  los trabajadores, lo cual obviamente incluye también, y con  mayor razón, a las minorías sindicales1. Por otro lado,  existiendo un sindicato que agrupa a la mayoría absoluta de  los trabajadores, los sindicatos minoritarios pueden ejercer o  representar sus intereses; y como bien ha indicado el  Tribunal Constitucional la participación de los sindicatos  minoritarios en este supuesto debe ser canalizada, "(...)  permitiendo ser escuchados o incluso, si fuera el caso,  integrándose en forma activa en la negociación que lleve a  cabo el sindicato mayoritario. Esto obviamente ocurrirá  según el libre acuerdo con los sindicatos mayoritarios y  minoritarios que establezcan como mecanismo más idóneo  de participación mutua, ello a fin de no vaciar de contenido  el derecho a la negociación colectiva del sindicato minoritario.  El sindicato mayoritario, por su parte, tiene el deber de  recibir todas las propuestas de las minorías sindicales y  concertar de la mejor forma posible todos los intereses  involucrados por las partes involucradas".2 Análisis del casoDécimo. Liminarmente, es importante destacar que, lo  resuelto por las instancias de mérito atinente a la  desnaturalización de la contratación por locación de servicios  mantenida por las partes desde el uno de mayo de dos mil  siete al treinta de junio de dos mil ocho, y la invalidez de los  contratos administrativos de servicios suscritos desde el uno  de julio de dos mil ocho en adelante, con el consecuente  reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado  bajo el régimen laboral de la actividad privada a partir del  uno de mayo de dos mil siete, no es materia de  cuestionamiento en esta sede casatoria, conforme a la  causal  material  declarada  procedente;  por  lo  que,  corresponde emitir pronunciamiento únicamente respecto a  los beneficios económicos contenidos en los Convenios  Colectivos de dos mil siete al dos mil dieciséis. Undécimo.  En este sentido, sobre el período de labores del uno de  mayo de dos mil siete al treinta de junio de dos mil ocho bajo  los contratos de locación de servicios, la actora se encontró  imposibilitada de afiliarse a un sindicato debido a que  formalmente no existía un vínculo laboral con la entidad  municipal demandada, por lo que en aplicación del VIII  Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y  previsional, corresponde otorgarle los beneficios pactados  en los Convenios Colectivos y laudos arbitrales [desde el  dos mil siete], ya que dicha imposibilidad fue extendida con  la suscripción de los contratos administrativos de servicios  suscritos desde julio de dos mil ocho hacia adelante; sin  embargo, con la vigencia del artículo 11-A del Decreto  Supremo Nº 065-2011-PCM, publicado el veintisiete de julio  de dos mil once, se dispone: “11.A.1. Los trabajadores  sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 tienen  derecho a constituir organizaciones sindicales, afiliarse a  ellas, redactar sus estatutos, elegir libremente sus  representantes, y organizar su administración y actividades”  En consecuencia, la imposibilidad de la demandante finaliza,  pues, conforme al dispositivo legal citado, a partir del  veintiocho de julio de dos mil once, dado que se faculta a los  trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº  1057 afiliarse a un sindicato de su empleadora que considere  adecuado a sus intereses. Duodécimo. Con lo hasta aquí  expuesto, y acreditado en autos, la demandante ostenta el  derecho de que se le reconozca el pago de beneficios  convencionales al estar impedida de ejercer su derecho  de afiliación desde mayo de dos mil siete hasta julio de dos  mil once. Así, la demandante pretende se le reconozca los  pagos de: i) escolaridad, ii) cierre de pliego, iii)  gratificaciones, iv) incentivo por responsabilidad funcional,  v) incentivo por apoyo al cumplimiento de metas, vi) día  internacional del trabajo, vii) día del trabajador municipal,  viii) retorno de vacaciones, ix) uniformes de trabajo y x)  incentivos por productividad; reconocidos en los convenios  colectivos y laudos arbitrales desde el dos mil siete en  adelante suscritos por el Sindicato de Trabajadores Obreros  de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco –  SOMUSS y la entidad edil demandada. Décimo Tercero. De  los medios probatorios admitidos y valorados por las  instancias de mérito, este colegiado supremo advierte que la  demandante no ha cumplido con la carga de la prueba de la  fuente de los derechos convencionales que pretende; es  decir, no ha adjuntado los convenios colectivos, ni laudos  arbitrales de dos mil siete, sino solo las actas y laudos de  dos mil once al dos mil dieciséis; incumpliendo con lo  dispuesto en el numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley Nº  29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, que indica “[l]a  carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos  que configuran su pretensión,…”; así como lo regulado en  el literal a) del numeral 23.3 del citado dispositivo legal, que  expresa “cuando corresponda, si el demandante invoca la  calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la  prueba de, la existencia de la fuente normativa de los  derechos alegados de origen distinto al constitucional o  legal”. Ante el incumplimiento de la carga de la prueba de la  fuente de los derechos convencionales que pretende, este  colegiado supremo se ve imposibilitado de corroborar si los  convenios, actas o laudos colectivos reconocen los  conceptos que pretende la demandante desde el dos mil  siete, pues del acta final de la negociación colectiva para el  año dos mil once, se advierte que no se ha reconocido  ninguno de los conceptos que pretende; por ende, no le es  aplicable. Por tanto, no existe forma de verificar si los  conceptos  pretendidos  fueron  reconocidos  mediante  convenios colectivos suscritos entre el Sindicato de  Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco – SOMUSS y la Municipalidad Distrital de  Surco desde el dos mil siete hasta el dos mil diez. Respecto  de los convenios celebrados por el Sindicato de Trabajadores  Obreros de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco  – SOMUSS, suscritos desde el dos mil doce en adelante,estos  comprenden  únicamente  a  sus  afiliados;  en  consecuencia, los beneficios sindicales del periodo dos mil  doce al dos mil dieciséis no son extensivos a la demandante,  al no encontrarse afiliada, asimismo, del contenido de los  convenios colectivos pretendidos se verifica que éstos  delimitan sus efectos a los trabajadores afiliados al Sindicato  de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco – SOMUSS, por lo cual, era imprescindible  que la demandante se encontrase sindicalizada. Décimo  cuarto. En consecuencia, al haber reconocido la sala  superior los beneficios sindicales solicitados por la  demandante correspondientes al periodo de dos mil siete al  dos mil diecisiete; sin que obre medio probatorio y sin que  esté acreditada su afiliación al Sindicato de Obreros de la  Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (SOMUSS), ha  incurrido en infracción del artículo 9 del Texto Único  Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,  aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR; por  consiguien te, el recurso de casación resulta fundado en  parte. Al haberse estimado en parte la infracción normativa  del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de  Relaciones Colectivas de Trabajo y dada las consecuencias  que de ella se derivan, carece de objeto emitir  pronunciamiento sobre la causal de infracción normativa de  los literales b) y c) del artículo 43 del citado dispositivo legal.  Por estas consideraciones, la Segunda Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia de la República: HA RESUELTO: 1. Declarar  FUNDADO EN PARTE el recurso de casación interpuesto  por el procurador público de la parte demandada,  Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, de  veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, de fojas  trescientos ochenta y cuatro a trescientos noventa y tres. 2.  CASAR la sentencia de vista de dieciocho de octubre de  dos mil diecinueve, de fojas trescientos setenta y ocho a  trescientos ochenta y uno/vuelta, y actuando en sede de  instancia, CONFIRMAR la sentencia apelada que declara  infundado el extremo de pago de los convenios colectivos y  laudos arbitrales; subsistente lo demás que contiene. 3.  DISPONER la publicación del texto de la presente resolución  en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a lo dispuesto en  el artículo 41 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del  Trabajo. 4. NOTIFICAR la sentencia a las partes procesales  pertinentes  del  proceso  ordinario  laboral  sobre  desnaturalización de contratos y otros. S.S. ARÉVALO  VELA, MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE,  ATO ALVARADO, LÉVANO VERGARA. LA SECRETARIA  DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL  Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA que el sentido  del voto suscrito del señor juez supremo ARÉVALO VELA,  fue dejado oportunamente, conforme a la copia de la tabla  de votación se desprende, en cumplimiento a lo establecido  en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, agregándose copia de la tabla  de votación a la presente resolución. 1  Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce,  recaído en el e expediente Nº 03655 - 2011-PA/TC. 2  Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce,  recaído en el expediente Nº 03655 - 2011-PA/TC. C-2136194-31