CASACIÓN Nº 02397-2019 LIMA
SUMILLA: Que, si bien los medios de pago eran cheques que  no contaban con la cláusula “no negociable”, la demandante  presentó además la documentación que sustenta de  manera fehaciente que los medios de pago utilizados en la  cancelación de las facturas fueron efectuadas al proveedor  y que en consecuencia, no pudieron haberse pagado a otras  personas, cumpliéndose con la finalidad de la norma. Lima, doce de mayo de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTOS Los recursos  extraordinarios  de  casación  interpuestos  por  los  codemandados, la Superintendencia Nacional de Aduanas  y de Administración Tributaria - SUNAT (mediante su  Procuraduría Pública), del veintiséis de diciembre de dos  mil dieciocho (folios 307-331 del Expediente Principal Nº  11583-2017-0-1801-JR-CA-19), y por el Tribunal Fiscal  (mediante el Procurador Público Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas),  del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (folios 299- 305), contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número catorce, del veintiséis de noviembre de dos mil  dieciocho (folios 281-293), que confirmó la sentencia  apelada, contenida en la resolución número siete, del  veintiséis de julio de dos mil dieciocho (folios 206-220), que  declaró fundada en parte la demanda. II. ANTECEDENTES  Demanda 1. Mediante escrito del trece de septiembre de  dos mil diecisiete, Gráfica Ubaldo E.I.R.L. interpuso  demanda contencioso administrativa (folios 77-89). Señaló  las siguientes pretensiones: Pretensión principal: Se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  05418-4-2017, del veintitrés de junio de dos mil diecisiete,  que resuelve confirmar la Resolución de Intendencia Nº  0260140148341/SUNAT, del treinta y uno de marzo de dos  mil diecisiete, y que, a su vez, resuelve declarar infundada  la reclamación presentada contra las Resoluciones de  Determinación Nº 024-003-0341283 a Nº 024-003- 0341288, y la Resolución de Multa Nº 024-002-0250524,  emitidas en el Expediente Nº 0260340176590. Pretensión  subordinada: Se declare la ineficacia de las Resoluciones  de Multa de números 024-007-002-0250524, 024-003- 0341284, 024-003-0341288, 024-003-0341287, 024-003- 0341286, 024-003-0341285 y 024-003-0341283, emitidasen el Expediente Nº 0260340176590 de la SUNAT. 2. Los  argumentos de la demanda son los siguientes: a) Refiere  que los medios de pago presentados son cheques de la  cuenta corriente del demandante a cargo del Banco de  Crédito del Perú, girados a nombre de Renzo Velazco  Pérez, identificado con RUC Nº 10103223542; y que consta  en el reverso de los cheques el endose efectuado por el  proveedor, para ser depositados en su propia Cuenta Nº  194-2141298-0-71, a cargo del Banco de Crédito del Perú,  ratificados con las operaciones. Así queda demostrado que  fue el mismo proveedor el que cobro los cheques y los  depositó en su propia cuenta corriente. b) Advierte que los  cheques girados para la cancelación de las facturas no  llevan consigo la frase “no negociable” y ello no implicaba  que no se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 5 acápite g de la Ley para la Lucha contra la  Evasión y para la Formalización de la Economía, dado que  las características y la naturaleza de los cheques no  permiten que pueda realizarse negociación alguna. En  consecuencia, el tenedor de un cheque no negociable no  puede endosarlo o entregarlo a un tercero como parte de  un negocio o como forma de pago, siendo intransferible. c)  Precisa que la reparación del crédito fiscal se originó por la  presunta no utilización de los medios de pago señalados en  la Ley Nº 28194 y la interpretación errada del Informe Nº  048-2009-SUNAT/2B0000; sin embargo, el demandante  afirma que cumplió con otros requisitos que convalidan el  cumplimiento del espíritu de la Ley Nº 28194. Contestación  de la demanda 3. El dieciséis de octubre de dos mil  diecisiete (folios 103-119), la SUNAT, en calidad de  codemandada, contesta la demanda, solicitando que la  misma sea declarada infundada en consideración a los  siguientes argumentos: a) Refiere que la documentación  presentada por el demandante como prueba para la  utilización de medios de pago (cheques) no cumple con los  requisitos establecidos para ser considerada como tal y  tampoco se ha probado que se hayan efectuado los  depósitos en la cuenta del proveedor, por lo que resulta  válido el reparo al crédito fiscal del período agosto dos mil  catorce. b) Advierte que el demandante no cumple con la  exigencia formal establecida en el artículo 5 de la Ley Nº  28194 de utilizar medios de pago. En consecuencia,  constituye un hecho documentalmente probado que la  demandante no cumplió con acreditar a través de qué  medios de pago canceló los comprobantes de pagos  observados. Asimismo, precisa que la demandante no  cumplió con la bancarización del pago relacionado a la  cancelación efectuada con cheques sin cláusula “no  negociable”, utilizados para cancelar operaciones de  compra efectuadas en el mes de agosto de dos mil catorce.  c) Sobre el Informe Nº 48-2009-SUNAT/2B000, señala que  dicho informe precisa cuándo se valida como medio de  pago la cancelación con cheques sin la cláusula “no  negociable”, “intransferibles”, “no a la orden” u otra  equivalente: i) cuando los cheques son depositados por el  emisor del cheque en la cuentas bancarias del proveedor o  de un tercero designado por estos últimos; ii) cuando los  cheques son cobrados por un tercero o empleado de la  empresa emisora y luego el efectivo es depositado en las  cuentas bancarias del proveedor o de un tercero designado  por este último. Señala que dichas circunstancias no han  sido acreditadas por la demandante en el proceso de  fiscalización. 4. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete  (folios 125-138), el codemandado Procurador Público  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal  Fiscal, absuelve la demanda, solicitando que se declare  improcedente,  en  consideración  a  los  siguientes  argumentos: a) Afirma que, para efectos tributarios, los  pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán  derecho a deducir costo o gasto respecto del impuesto a la  renta ni a aplicar el crédito fiscal respecto del impuesto  general a las ventas. En ese sentido, precisa que la  demandante  adjuntó  los  cheques  00000011,  00000012,00000014 y 00000015, que no contienen la  cláusula “no negociable”, “intransferible” o “no a la orden”,  lo que no acredita la utilización de medios de pago  conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 28194  y que, además, podrían transferirse a terceros. b) Refiere  que, de los actuados administrativos, no se advierte que se  hubieran efectuado depósitos en cuenta del proveedor,  dado que la cancelación se ha efectuado mediante cheques  que no contenían la cláusula de “no negociable”. En ese  sentido, el hecho de que el proveedor Renzo Velazco Pérez  haya depositado en su cuenta los montos contenidos en los  cheques emitidos a su favor no enerva el incumplimiento  de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nº 28194. c)  Sobre el Informe Nº 048-2009-SUNAT/2B0000, precisa quese encuentra referido a los depósitos efectuados por los  emisores de los cheques, situación que no se presenta en  el caso de autos, dado que los depósitos habrían sido  efectuados por el propio proveedor de la accionante.  Asimismo, el citado informe no es vinculante para el  Tribunal Fiscal. Sentencia en primera instancia 5. El  Décimo Noveno Especializado Contencioso Administrativo  con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de  la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de su  sentencia, contenida en la resolución número siete, del  veintiséis de julio de dos mil dieciocho (folios 206-220),  declara fundada en parte la demanda. La sentencia de  primera instancia sustentó su fallo señalando los siguientes  argumentos: a) Advierte de forma preliminar que, de la  valoración conjunta de los cheques que fueron emitidos por  la demandante y observados por la administración  tributaria, así como de los estados de cuenta de la cuenta  corriente en soles del demandante, emitidos por el Banco  de Crédito del Perú, se observa que la demandante canceló  mediante los cheques 00000011,00000012,00000014 y  00000015 los días trece y diecisiete de octubre de dos mil  catorce y que los mismos fueron endosados y cobrados en  dichas fechas por su proveedor, el señor Renzo Velazco  Pérez, y que el mismo realizó el cobro de los cheques. b)  Sobre la cláusula “no negociable”, si bien es cierto la  demandante emitió los cheques que no contenían dicha  cláusula, por aplicación del principio de verdad material y  de la revisión de los estados de cuenta y los cheques  endosados, cobrados y exhibidos por el demandante, la  administración tributaria y el Tribunal Fiscal podían verificar  que el proveedor realizó el cobro de los montos advertidos  por la demandante. c) No corresponde el desconocimiento  de tomar el crédito fiscal establecido en el artículo 19 de la  Ley del Impuesto General a las Ventas y a su reglamento,  dado que, si bien la demandante no consignó la cláusula  “no negociable” en los cheques, tampoco se pueden  desconocer las compras que se sustentaron en dichos  cheques y que, a través de otros medios probatorios, la  demandante ha acreditado que efectuó la salida del dinero  y el pago de las facturas que se emitieron por la compra de  bienes, prestación de servicios u otras operaciones que se  encuentran gravadas con el impuesto general a las ventas.  Sentencia de vista 6. La Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante sentencia de vista contenida en  la resolución número catorce, del veintiséis de noviembre  de dos mil dieciocho (folios 281-293), que resolvió confirmar  la sentencia de primera instancia, que declaró fundada en  parte la demanda. Los argumentos de la sentencia de vista  son los siguientes: a) Advierte de forma preliminar que, si  bien se ha declarado la constitucionalidad de los artículos 5  y 8 de la Ley Nº 28194, ello no releva de que se pueda  efectuar una interpretación finalista y sistemática de los  mismos en aras de resolver el caso concreto, de  conformidad con lo dispuesto en la norma VIII del título  preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF; debe  recalcarse además que el artículo 8 de la Ley Nº 28194  lleva como epígrafe “efectos tributarios”, por lo que se  encuentra dentro de los alcances de la norma precitada. b)  Aunado a lo anterior, señala que se encuentra acreditado  que el proveedor Renzo Velazco Pérez fue la persona a  quien la demandante emitió los cheques números  00000011, 00000012, 00000014 y 00000015 que no tenían  la cláusula “no negociable” y a quien se pagó los montos  contenidos en los mismos. En consecuencia, la controversia  se circunscribe a la subsunción de estos hechos,  acreditados en la Ley Nº 28194, en concordancia con el  numeral 190.1 del artículo 190 de la Ley Nº 27287, bajo los  alcances de lo dispuesto en la norma VIII del título  preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, por lo  que corresponde que surjan los efectos tributarios previstos  en el literal b del artículo 8 de la Ley Nº 28194 y se  reconozca en favor de la actora el crédito fiscal del impuesto  general a las ventas. c) Señala que, cuando el literal g del  artículo 5 de la Ley Nº 28194 establece como medio de  pago a los cheques con la cláusula “no negociable”, debe  interpretarse ello en concordancia con lo dispuesto en el  numeral 190.1 del artículo 190 de la Ley Nº 27287 - Ley de  Títulos Valores. En consecuencia, al efectuar una  interpretación finalista y sistemática de ambas normas, se  concluye que la finalidad de utilizar el cheque con la  cláusula “no negociable” es que deba ser abonado a la  persona “en cuyo favor se emitió”. Es decir, debe existir  certeza de que el cheque no puede ser pagado a otra  persona y ello se cumple cuando la persona a quien seemite un cheque sin dicha cláusula es quien lo cobra. Los  hechos determinados por la instancia de mérito: 7. A  efectos de establecer los hechos sobre los que se emitió  pronunciamiento en los órganos de mérito, debemos  señalar lo siguiente: a) Mediante Orden de Fiscalización Nº  160023539490  y  Carta  de  Presentación  Nº  160023539490-01-SUNAT, notificada el once de abril de  dos mil dieciséis, se dio inicio el procedimiento de  fiscalización con la finalidad de verificar el cumplimiento de  las obligaciones tributarias relativas al impuesto general a  las ventas correspondientes a los períodos de julio a  diciembre de dos mil catorce. b) Asimismo, la administración  tributaria emitió el Requerimiento Nº 0221160002793, del  uno de abril de dos mil dieciséis, en donde solicitó  documentación e información correspondiente a dicho  período  de  fiscalización.  Posteriormente,  emitió  el  Requerimiento Nº 0222160007496 el nueve de mayo de  dos mil dieciséis, para que la demandante cumpla con  exhibir la documentación e información a fin de que  sustente los pagos de las operaciones y adquisiciones que  constituyen costo, gasto y/o crédito de acuerdo a la Ley Nº  28194 y, posteriormente, emitió el Requerimiento Nº  0222160011576 el catorce de julio de dos mil dieciséis, a  través del cual se observó que los medios de pago  exhibidos y proporcionados para acreditar el pago respecto  al proveedor se encontraban contenidos en cheques sin la  cláusula “no negociable” “intransferible” o “no a la orden”.  c) Como resultado del procedimiento de fiscalización, la  administración tributaria notificó las Resoluciones de  Determinación Nº 0240030341283 a Nº 0240030341288,  debido a que se determinaron reparos al crédito fiscal por  no utilizar los medios de pago conforme a lo establecido en  la Ley Nº 28194 y, como consecuencia de los reparos, se  emitió la Resolución de Multa Nº 0240020250524 por la  comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del  artículo 178 del Código Tributario, vinculada al periodo  agosto dos mil catorce. d) La demandante interpone  recurso de reclamación contra las resoluciones de  determinación y la resolución de multa, el cual fue resuelto  por la administración tributaria mediante Resolución de  Intendencia  Nº  026014014834/SUNAT,  que  declaró  infundado dicho recurso. e) La demandante interpone  recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia  Nº 0260140148341/SUNAT ante el Tribunal Fiscal, el cual  es resuelto mediante la Resolución Nº 05418-4-2017.  Calificación del recurso de casación 8. Mediante resolución  casatoria del cuatro de junio de dos mil diecinueve, se  declaró procedente el recurso de casación presentado por  la SUNAT por las siguientes causales: a) Infracción  normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, del inciso 6 del artículo 50 y del inciso 4  del artículo 122 del Código Procesal Civil b) Infracción  normativa del artículo 162 de la Ley Nº 27444 - Ley del  Procedimiento  Administrativo  General  c)  Infracción  normativa del inciso g del artículo 5 de la Ley Nº 28194 -  Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización  de la Economía. 9. Asimismo, mediante resolución  casatoria del cuatro de junio de dos mil diecinueve, se  declaró procedente el recurso de casación presentado por  el Procurador Público Adjunto cargo de los Asuntos  Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del Tribunal Fiscal, respecto de las  siguientes causales: a) Infracción normativa del literal b del  artículo 8 de la Ley Nº 28194 - Ley para la Lucha contra la  Evasión y para la Formalización de la Economía. III.  CONSIDERANDOS Los fines del recurso de casación 10.  Debemos establecer en principio que la finalidad del  recurso extraordinario de casación es la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por la  Corte Suprema de Justicia, tal como puede interpretarse de  lo dispuesto por el artículo 141 de la Constitución Política  de 1993 y el artículo 384 del Código Procesal Civil,  modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. 11. En este  sentido,  debemos  establecer  que  en  un  Estado  constitucional esta finalidad nomofiláctica del recurso de  casación debe traducirse en la función que ostentan las  Salas Supremas, como órganos de vértice, para establecer  y fijar la interpretación de las disposiciones normativas  sobre la base de las buenas razones. Como refiere Taruffo1,  se puede colegir que es vital en la corrección del  procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales se funda la interpretación de las  disposiciones normativas, que deben ser seguidas por  todos los jueces de la República. IV. ANÁLISIS DE LAS  CAUSALES DECLARADAS PROCEDENTES Infracciones  normativas denunciadas por la SUNAT Primera infracción  normativa 12. Infracción normativa del inciso 5 delartículo 139 de la Constitución Política del Perú, del  inciso 6 del artículo 50 y del inciso 4 del artículo 122 del  Código Procesal Civil 13. Las disposiciones normativas  establecen lo siguiente: Constitución Política del Perú de  1993 Artículo 139.- Principios de la Administración de  Justicia Son principios y derechos de la función  jurisdiccional […] 5. La motivación escrito de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite con mención expresa de la ley  aplicable de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  Código Procesal Civil Artículo 50.- Deberes Son deberes  de los Jueces en el proceso: […] 6.- Fundamentar los autos  y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los  principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.  Artículo 122.- Contenido y suscripción de las resoluciones  Las resoluciones contienen: […] 4. La expresión clara y  precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los  puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición  por falta de algún requisito o por una cita errónea de la  norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa  indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. 14.  Los argumentos que sustentan la infracción normativa son  los siguientes: a) Refiere que la Sala Superior ha incurrido  en una motivación aparente, al basar su decisión en  premisas que carecen de validez legal, toda vez que  elabora una supuesta acreditación de las operaciones  materia de reparo, como si no existiera norma especial  aplicable al caso. b) Asimismo, se incurre en motivación  insuficiente al no señalar las razones por las cuales inaplica  el inciso g del artículo 5 de la Ley Nº 28194. No se  fundamentan los motivos por los cuales invierte la carga de  la prueba de la contribuyente a la administración. Señala  solamente una supuesta insuficiencia de la interpretación  literal de la norma y defiende la interpretación finalista y  sistemática de las normas que cita bajo el amparo de la  norma VIII del título preliminar del Texto Único Ordenado  del Código Tributario, sin agotar el análisis que respalde su  posición divergente de lo dispuesto por el artículo 5 de la  ley anotada. 15. Antes de ingresar en el análisis de fondo  de esta causal, debemos señalar que el deber de motivación  constituye  una  garantía  vinculada  a  la  correcta  administración de justicia que protege el derecho de los  ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho  suministra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo  Contencioso Administrativo”)  vs.  Venezuela,  se  ha  pronunciado en este sentido: 77. La Corte ha señalado que  la motivación “es la exteriorización de la justificación  razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de  motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la  correcta administración de justicia, que protege el derecho  de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el  Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones  jurídicas en el marco de una sociedad democrática. En el  mismo sentido: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá.  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193,  párr.152. 16. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el  Expediente Nº 1480-2006-AA/TC, para establecer si en  una determinada resolución judicial se ha violado o no el  derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, señala que el análisis debe realizarse a partir  de los propios fundamentos expuestos en la resolución  cuestionada, en cuanto respecto a esta causal, al juez no  le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de  la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado  de un juicio racional y objetivo en que el juez ha puesto en  evidencia su independencia e imparcialidad en la solución  de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en  la interpretación y aplicación del derecho, ni en  subjetividades o inconsistencias en la valoración de los  hechos. 17. Advierte esta Sala Suprema que la idea de la  motivación para el operador jurisdiccional, en esencia,  implica resolver en consideración a lo pedido por las partes  (principio de congruencia), dar razones sobre la elección y  la interpretación de las disposiciones normativas aplicables  al caso, la justificación sobre los hechos acreditados en el  proceso (que importa el análisis de los medios probatorios  a través de la sana crítica, la explicación de las inferencias,  etc.), y la posterior subsunción en el supuesto de hecho de  la norma jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo  resuelto. 18. En el presente caso, los argumentos de la  recurrente SUNAT inciden en señalar que la Sala Superior  incurre en una motivación aparente. Al respecto, el Tribunal  Constitucional en el fundamento jurídico 7 del Expediente  Nº 00728-2008-PH/TC (caso Giuliana Llamoja) señala lo  siguiente: a. Inexistencia de motivación o motivación  aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derechoa una decisión debidamente motivada cuando la motivación  es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el  sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que  sustentan la decisión o de que no responde a las  alegaciones de las partes del proceso, o porque solo  intenta dar un cumplimiento formal. 19. Antes ingresar al  análisis de la infracción normativa alegada, observa esta  Sala Suprema que, en el presente caso, la cuestión  controvertida radica en determinar si la demandante  acreditó con los respectivos medios de pago emitidos sin la  cláusula “no negociable” la cancelación de los comprobantes  de pago por compras, a fin de que se le pueda reconocer el  crédito fiscal correspondiente al periodo de agosto de dos  mil catorce. 20. Los medios de pago que debemos  considerar en el caso son los siguientes: a) Cheque Nº  00000011, 002 1942141298071 92, a la orden de Renzo  Velazco Pérez, por el monto de S/ 40,000.00 (cuarenta mil  soles con cero céntimos), emitido el once de octubre de  dos mil catorce (páguese desde el once de octubre del dos  mil catorce); la cuenta corresponde a Grafica Ubaldo  E.I.R.L., a cargo del Banco de Crédito del Perú; se trata del  pago de la Factura Nº 000081 (folio 221 del expediente  administrativo).  b)  Cheque  Nº  00000014,  002  1942141298071 92, a la orden de Renzo Velazco Pérez,  por el monto de S/. 26,385.00 (veintiséis mil trescientos  ochenta y cinco con cero céntimos), emitido el catorce de  octubre de dos mil catorce (páguese desde el dieciséis de  octubre de dos mil catorce); la cuenta corresponde a  Gráfica Ubaldo E.I.R.L. a cargo del Banco de Crédito del  Perú; se trata del pago de la Factura Nº 000089 (folio 222  del expediente administrativo). c) Cheque Nº 00000012,  002 1942141298071 92, a la orden de Renzo Velazco  Pérez, por el monto de S/ 37,716.30 (treinta y siete mil  setecientos dieciséis con treinta céntimos), emitido el once  de octubre de dos mil catorce (páguese desde el once de  octubre de dos mil catorce); la cuenta corresponde a  Gráfica Ubaldo E.I.R.L, a cargo del Banco de Crédito del  Perú; se trata del pago de la Factura Nº 000085 (folio 224  del expediente administrativo). d) Cheque Nº 00000015,  002 1942141298071 92, a la orden de Renzo Velazco  Pérez, por el monto de S/ 30,291.00 (treinta mil doscientos  noventa y un soles con cero céntimos), emitido el catorce  de octubre de dos mil catorce (páguese desde el dieciséis  de octubre de dos mil catorce); la cuenta corresponde a  Gráfica Ubaldo E.I.R.L., a cargo del Banco de Crédito del  Perú; se trata del pago de la Factura Nº 000098 (folio 223  del expediente administrativo). En cada uno de los cheques,  no se aprecia la cláusula “no negociable”, pero sí consta en  el reverso el endose efectuado por el proveedor para ser  depositado en su propia Cuenta Nº 194-2141298-0-71 a  cargo del Banco de Crédito del Perú y cada uno de los  cheques lleva un sello de pagado. 21. En este escenario, la  recurrente SUNAT señala que la Sala Superior ha elaborado  una presunta acreditación de las operaciones materia de  reparo y no ha señalado las razones por las que inaplica el  inciso g del artículo 5 de la Ley Nº 28194 basándose en las  dos premisas erróneas. 22. Sobre la primera premisa,  refiere que la Sala Superior no ha fundamentado los  motivos por los que invierte la carga de la prueba del  contribuyente a la administración tributaria. No obstante,  esta Sala Suprema advierte lo siguiente: a) La Sala  Superior puntualiza en el considerando décimo cuarto de la  sentencia de vista que aplicar el principio de verdad  material no conlleva la inversión de la carga de la prueba  en contra de la administración tributaria. b) Sobre el  principio de verdad material, resulta necesario señalar,  primero, que es un principio. Es así que traemos a colación  lo establecido por Robert Alexy2, cuando señala que: […]  los principios son normas que ordenan que algo se realice  en la mayor medida posible, de acuerdo con las  posibilidades fácticas y jurídicas. De acuerdo con esta  definición, los principios son mandatos de optimización que  se caracterizan tanto por el hecho de que pueden ser  satisfecho en diferente grado, como por el hecho de que la  medida ordenada de su satisfacción no solo depende de  las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades  jurídicas. c) En esta perspectiva, el principio de verdad  material, establecido en el título preliminar de la Ley del  Procedimiento Administrativo General, incide en que la  autoridad administrativa o el funcionario competente deben  verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus  decisiones, para lo cual debe adoptar todas las medidas  probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando  no hayan sido propuestas por los administrados o estos  hayan acordado eximirse de ellas. d) Dentro de la idea de  máximas de optimización, entiende esta Sala Suprema que  la búsqueda de la verdad material como principio del  procedimiento administrativo es una obligación que debeser asumida por la administración pública. e) De esta  manera, la idea de una resolución administrativa justa no  puede prescindir de la búsqueda de la verdad material en el  procedimiento administrativo, de la verificación de los  hechos. No obstante, debemos aclarar que tal situación no  significa asumir el rol que le corresponde al administrado,  quien, pudiendo aportar ciertos medios probatorios  imprescindibles para llegar a la verdad material y obtener  una resolución justa, no los aporta por su propia desidia o  negligencia. f) En el presente caso, la Sala Superior señala  en el considerando décimo primero que la demandante  aportó los medios probatorios imprescindibles para llegar a  la verdad material y que ellos resultan suficientes para  acreditar fehacientemente que el proveedor Renzo Velazco  Pérez fue la persona a quien la demandante emitió los  Cheques 00000011, 00000012, 00000014 y 00000015, que  no poseían la cláusula “no negociable”, y a quien se pagó  los montos de los mismos. 23. Sobre la segunda premisa,  señala la recurrente SUNAT que en la sentencia de vista se  aprecia una errada subsunción, toda vez que la recurrente  considera insuficiente el aplicar el inciso g del artículo 5 de  la Ley Nº 28194. Sin embargo, esta Sala Suprema precisa  que la Sala Superior ha fundamento las razones por las  que realizó una interpretación finalista y sistemática,  estableciendo lo siguiente: a) La Sala Superior señala en el  considerando décimo primero de la sentencia de vista que,  si bien los medios de pago eran cheques que no contaban  con la cláusula “no negociable”, la demandante, como  respuesta al Requerimiento Nº 0222160011576, presentó  la documentación que sustenta los medios de pago  utilizados en la cancelación de las facturas respecto al  proveedor Renzo Velazco Pérez y que los mismos acreditan  los hechos de forma suficiente, dado que generan certeza  de que dichos cheques no pudieron haberse pagado a  otras personas. b) Con base en lo anterior, la Sala Superior,  en el caso concreto y dadas las circunstancias, señala que  corresponde aplicar el principio de verdad material, el cual  se condice con la interpretación finalista y sistemática de  las normas, ello al amparo de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario y citando lo establecido por  el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el  Expediente Nº 2209-2002-AA-TC. c) Se cumple la finalidad  del literal g del artículo 5 de la Ley Nº 28194, en  concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo  190 de la Ley Nº 27287- Ley de Títulos Valores, por lo que  surten los efectos tributarios previstos en el literal b del  artículo 8 de la Ley Nº 28194. Así también, al acreditarse  que el cheque sin la cláusula “no negociable” ha sido  cobrado por la persona a quien se emitió, también cumple  con la finalidad de la bancarización. 24. Por estas  consideraciones, la causal debe ser declarada infundada.  Segunda infracción normativa 25. Inaplicación del  artículo 162 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento  Administrativo General 26. La disposición normativa cuya  infracción de denuncia, establece lo siguiente: Ley Nº  27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  Artículo 162.- Carga de la prueba 162.1.- La carga de la  prueba se rige por el principio de impulso de oficio  establecido en la presente Ley.3 162.2. Corresponde a los  administrados aportar pruebas mediante la presentación  de documentos e informes, proponer pericias, testimonios,  inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir  alegaciones. 27. Como argumentos de este recurso, señala  que la sentencia de vista considera que a la administración  tributaria le corresponde la carga de probar la veracidad o  falsedad de lo señalado por los contribuyentes; esto es,  transfiere la carga de la prueba totalmente a la  administración. Sin embargo, de la norma denunciada, se  colige que corresponde a los administrados aportar  pruebas, por lo que no cabe duda que la citada norma ha  sido inaplicada por la Sala Superior. 28. Refiere Taruffo4  que el principio fundamental de la carga de la prueba se  expresa en el aforismo jurídico onus probandi incumit ei qui  dicit. Es decir: quien hace una afirmación debe estar listo y  dispuesto, si es requerido, a demostrar la verdad de lo que  se ha afirmado. Una de las máximas que —según Grice—  regula la calidad de la conversación requiere que no se  afirme aquello de lo que no se tienen pruebas adecuadas.  Esto implica que, cuando sea necesario y oportuno, esas  pruebas deben ser proporcionadas. En efecto, se comporta  de forma incorrecta quien hace una afirmación con la  pretensión de que sea asumida como verdadera sin proveer  ninguna demostración, descargando en quien disiente de  ella la carga de probar su falsedad. Dejando de lado el  hecho de que la falta de demostración de la falsedad de  una afirmación no equivale a la prueba de su verdad,  debemos establecer que se trata en todo caso de una  conducta arbitraria y prevaricadora, que no es aceptable enel contexto de una comunicación racional y correcta.  Asimismo, señala Taruffo que: La carga de la prueba tiene  una evidente función epistémica: apunta ante todo a  imponer a quien haya alegado un hecho la carga de  demostrar  con  pruebas  que  ese  hecho  ocurrió  verdaderamente. Esta regla está dirigida, entonces a  favorecer la determinación de la verdad y a lograr que la  decisión final, se funde en esa determinación Presiona a la  parte que ha alegado un hecho para que suministre su  prueba, amenazándola —por decirlo así— con la derrota  en el caso que el hecho no resulte probado. Tan solo en  esta situación la regla prevé que se adopte, en todo caso,  una decisión, a falta de una determinación verdadera del  hecho.5 29. No obstante, aun cuando en nuestro  ordenamiento se admite la regla general de onus probandi  o “quien afirma un hecho debe acreditarlo”, debe  considerarse ciertas excepciones o reservas, las mismas  que pueden tener relevancia constitucional, si están  dirigidas a facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional de los  derechos. Al respecto, refiere Taruffo6 estos casos: a) Los  supuestos de derechos de sujetos que son considerados  particularmente “débiles” y que se encontrarían en graves  dificultades de proporcionar la prueba sobre los hechos en  que se funden sus pretensiones b) Que proporcione la  prueba la parte que está en posesión de ella o que puede  conseguirla más fácilmente c) Reequilibrar en el interior del  proceso situaciones caracterizadas por la existencia de  una diferencia significativa de posibilidades de defensa  entre las partes 30. En este contexto, esta Sala Suprema  debe señalar que el primer párrafo de la disposición  normativa cuya inaplicación se denuncia señala que: “La  carga de la prueba se rige por el principio de impulso de  oficio establecido en la presente Ley”, es decir, en el hecho  de que las autoridades deben dirigir e impulsar el  procedimiento y ordenar la realización o práctica de los  actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y  resolución, hecho este que no significa una inversión de la  carga de la prueba. 31. Asimismo, debe señalar esta Sala  Suprema  que  el  segundo  párrafo  del  dispositivo  —“Corresponde a los administrados aportar pruebas  mediante la presentación de documentos e informes,  proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás  diligencias permitidas, o aducir alegaciones”— no implica  precisamente un dispositivo vinculado directamente a las  cargas probatorias, sino a obligaciones generales de los  administrados. En este sentido, por ejemplo, “aducir  alegaciones” no se encuentra necesariamente dentro de  las actuaciones probatorias. 32. Finalmente, esta Sala  Suprema debe advertir que la Sala Superior, en el  considerando décimo primero de la sentencia de vista y  con base en los actuados administrativos, señala los  medios probatorios presentados por la recurrente como  respuesta al Requerimiento Nº 0222160011576: DÉCIMO  PRIMERO […] Se observó que la ahora demandante  presentó documentación vinculada a dichos pagos  consistente en: i) copia del anverso y reverso de los  Cheques N° 00000011, 00000012, 00000014 y 00000015  a la orden del proveedor Renzo Velazco Pérez remitidos  por el Banco de Crédito del Perú, de los cuales se  constata que fueron pagados a dicha persona (fojas 05  a 08 EA); ii) recibos efectivos de fecha 13 y 17 de  octubre de 2014 suscritos por el mencionado proveedor,  por el pago de las Facturas N° 000081, 000085, 000098  y 000089 realizada con los cheques antes citados (fojas  16 a 33 EA); iii) estado de cuenta corriente emitido por  el Banco de Crédito del Perú (fojas 49 a 50 EA) en el que  figura el débito de los referidos cheques; iv) Copia del  Libro Registro de Compras de la actora (fojas 93 EA),  donde aparecen registrados los mencionados cheques  y el proveedor precitado. En consecuencia, se verifica  que en el presente caso se ha acreditado fehacientemente  que el proveedor Renzo Velazco Pérez fue la persona a  quien la ahora demandante emitió los Cheques N°  00000011, 00000012, 00000014 y 00000015 que no tenían  la cláusula “no negociable”, y a quien se pagó los montos  de los mismos, con lo cual se cumple la finalidad del literal  g) del artículo 5 de Ley N° 28194 en base a su interpretación  concordada con el numeral 190.1 del artículo 190 de la Ley  N° 27287 - Ley de Títulos , Valores, por lo que corresponde  que surtan los efectos tributarios previstos en el literal b)  del artículo 8 de la Ley N° 28194, esto es, que en el  presente caso se reconozca en favor de la actora el crédito  fiscal del IGV declarado en el periodo tributario de agosto  2014, en base a lo cual se concluye que la Resolución del  Tribunal Fiscal N° 05418-4-2017 de fecha 23 de junio de  2017 incurrió en la causal de nulidad contemplada en el  numeral 1) del artículo 10 de la Ley N° 27444. [Énfasis  nuestro] 33. En ese escenario, esta Sala Suprema advierteque la demandante ha aportado todos los medios  probatorios destinados a acreditar los hechos señalados  por ella, Es así que la Sala Superior, al realizar una  valoración conjunta y dada la naturaleza de los cheques  “no negociables”, señala que los medios probatorios son  suficientes para acreditar los hechos afirmados por el  demandante y además se cumple con la finalidad de la Ley  Nº 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la  Formalización de la Economía. En ese sentido, no se ha  inaplicado lo contenido en el artículo 162 de la Ley del  Procedimiento Administrativo General, sobre la carga de la  prueba. 34. Por estas consideraciones, corresponde  declarar infundada la causal invocada. Tercera infracción  normativa 35. Interpretación errónea del inciso g del  artículo 5 de la Ley Nº 28194 - Ley para la Lucha contra  la Evasión y para la Formalización de la Economía 36.  La disposición normativa cuya infracción se alega señala lo  siguiente: Ley Nº 28194 - Ley para la Lucha contra la  Evasión y para la Formalización de la Economía7  Artículo 5.- Medios de Pago Los Medios de Pago a través  de empresas del Sistema Financiero que se utilizarán en  los supuestos previstos en el artículo 3°8 son los siguientes:  […] g) Cheques con la cláusula de “no negociables”,  “intransferibles”, “no a la orden” u otra equivalente, emitidos  al amparo del artículo 190 de la Ley de Títulos Valores. Los  Medios de Pago señalados en el párrafo anterior son  aquellos a que se refiere la Ley General. 37. Como  argumentos de este recurso, la recurrente señala lo  siguiente: a) Señala que del análisis de lo dispuesto en el  artículo 1, primer párrafo, del artículo 3, del inciso g del  artículo 5 y del artículo 8 de la citada ley, se tiene que la  única posibilidad en la que se valida como medio de pago  la cancelación con cheques sin cláusula “no negociable”,  “intransferible”, “no a la orden” u otra equivalentes, se da  cuando: i) los cheques son depositados por el emisor del  cheque en las cuentas bancarias del proveedor o de un  tercero designado por este último, o ii) los cheques son  cobrados por un tercero o empleado de la empresa emisora  y luego el efectivo es depositado en las cuentas bancarias  del proveedor o de un tercero asignado por este último. b)  Con base en las circunstancias antes descritas, señala que  la demandante no ha acreditado que se haya dado en el  procedimiento de fiscalización. En tal sentido, constituye  un hecho documentalmente probado que la demandante no  cumplió con acreditar a través de qué medios de pago  canceló los comprobantes de pago observados. En el  presente caso, según señala esta recurrente, los cheques  exhibidos por la demandante para acreditar la cancelación  de las operaciones observadas con medios de pago  emitidos a favor de Renzo Velazco Pérez no contaban con  la cláusula “no negociable”. 38. Antes de ingresar al análisis  de la causal de infracción normativa correspondiente a la  interpretación errónea, esta Sala Suprema debe señalar  que, dentro de las variadas concepciones sobre la  interpretación, refiere Guastini9 que esta implica atribuir  sentido a un texto o a una disposición normativa. Esta  atribución o dotación de significado a una disposición  normativa, en un escenario de ambigüedad y vaguedad del  lenguaje, está vinculada al uso de técnicas, criterios o  métodos de interpretación y construcción, tales como la  interpretación literal, teleológica, sistemática, entre otras.  39. En principio, este Sala Suprema debe asumir que la  finalidad de la Ley Nº 28194 es la lucha contra la evasión y  busca la formalización de la economía a través de la  bancarización de las obligaciones de dar sumas de dinero  que excedan de cierto monto (en dólares y en soles). En  este sentido: a) La Sala Superior ha realizado la  interpretación desde la finalidad de la bancarización y la  evasión tributaria contenida en el espíritu de la Ley Nº  28194. Por ello, en el considerando noveno, la sentencia  de  vista  señala  el  pronunciamiento  del  Tribunal  Constitucional en los Expedientes de números 0004-2004- AI/TC, 0011-2004-AI/TC, 0012-2004-AI/TC, 0013-2004-AI/ TC, 0014-2004-AI/TC, 0015-2004-AI/TC, 0016-2004-AI/TC  y 0027-2004-AlA. b) Asimismo, la Sala Superior precisa  que, en el caso de autos, la interpretación del inciso g del  artículo 5 de la Ley Nº 28194, que establece como medio  de pago a los cheques que cumplan con la formalidad de  incluir la cláusula “no negociable”, es realizada en  concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo  190 de la Ley Nº 27287 - Ley de Títulos Valores, que dota  de contenido al cheque emitido con la cláusula “no  negociable” u otra equivalente, el mismo que solo debe ser  pagado a la persona a favor de la cual se emitió; es decir,  establece que dicho cheque no puede ser pagado a otra  persona. Dicha finalidad se cumple en caso que la persona  a quien se emite un cheque sin la cláusula “no negociable”  es quien precisamente lo cobra. 40. En esa línea, resultaválida la interpretación finalista y sistemática realizada por  la  Sala  Superior  y,  en  consecuencia,  dadas  las  circunstancias precisadas en los párrafos precedentes, así  como de la valoración conjunta de los medios probatorios  ofrecidos por la recurrente, corresponde en el presente  caso que surtan los efectos tributarios señalados en el  literal b del artículo 8 de la Ley Nº 28194 respecto al crédito  fiscal. 41. Por estas consideraciones, corresponde declarar  infundada  esta  causal.  Infracciones  normativas  denunciadas por el Tribunal Fiscal 42. Infracción  normativa del literal b del artículo 8 de la Ley Nº 28194  - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la  Formalización de la Economía 43. La disposición  normativa establece lo siguiente: Ley Nº 28194 - Ley para  la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la  Economía Artículo 8.- Efectos tributarios Para efectos  tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de  Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos;  a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de  tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación  anticipada, restitución de derechos arancelarios. […] b) En  el caso de créditos fiscales o saldos a favor utilizados en la  oportunidad prevista en las normas sobre el Impuesto  General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y  del Impuesto de Promoción Municipal, la verificación del  Medio de Pago utilizado se deberá realizar cuando se  efectúe el pago correspondiente a la operación que generó  el derecho. 44. Los argumentos del recurrente son los  siguientes: a) Refiere que la Sala Superior interpreta  erróneamente la citada norma, al considerar que se  mantienen los efectos tributarios cuando se acredita que  los cheques fueron cobrados por la persona en cuyo favor  se emitieron, cuando la norma infringida establece que a fin  de obtener derecho al crédito fiscal la verificación del medio  de pago utilizado se debe realizar cuando se efectúe el  pago correspondiente a la operación que generó el  derecho, y no que de forma posterior se subsane la omisión  del uso del medio de pago. b) Advierte que el hecho de que  la persona titular del cheque que no contiene cláusula de  “no negociable”, “intransferible”, “no a la orden” u otra  equivalente, cobre de forma posterior el importe consignado  en los mismos, no subsana ni acredita la utilización de  medio de pago, ya que solo evidenciaría el pago de las  obligaciones, mas no se verifica que en dichos medios de  pago se haya cumplido con las formalidades establecidas  en la Ley Nº 28194 para su uso. c) En consecuencia, en el  caso de autos, se encuentra acreditado que la demandante  efectuó la cancelación de las facturas observadas mediante  cheques que no contenían la cláusula “no negociable”, de  manera que el reparo efectuado por la administración y que  fue confirmado por el Tribunal Fiscal, se encuentra  arreglado a ley. 45. Aunado a la causal de infracción  normativa previa, respecto a la interpretación errónea,  señala el recurrente que el literal b del artículo 8 de la Ley  Nº 28194 establece que, a fin de obtener el derecho al  crédito fiscal, la verificación del medio de pago utilizado se  debe realizar cuando se efectúe el pago correspondiente a  la operación que generó el derecho, y no en un momento  posterior. 46. En este escenario, observa esta Sala  Suprema que tanto el a quo como el ad quem señalan que,  de la valoración conjunta de medios probatorios ofrecidos  por el demandante, es decir, de los cheques que fueron  emitidos por el demandante y que no contaban con la  cláusula “no negociable” así como de los estados de cuenta  de la cuenta corriente de la demandante emitidos por el  Banco de Crédito del Perú, se aprecia que canceló los  montos establecidos en cada uno de los cheques por  S/40,000.00, S/ 37,716.30, S/ 26,385.00 y S/ 30,291.00, a  través de los cheques números 00000011, 00000012,  00000014 y 00000015 respectivamente los días trece y  diecisiete de octubre de dos mil catorce, y que los mismos  fueron endosados y cobrados en las fechas señaladas  por su proveedor, el señor Renzo Velazco Pérez. Es así  que, para ambas instancias, queda acreditado que el  proveedor hizo el cobro de los cheques que fueron emitidos  por el demandante y, en consecuencia, el demandante  tenía derecho al crédito fiscal por el pago a su proveedor  de las facturas de números 000081, 000085, 0000089 y  000098. 47. Asimismo, al resultar válida la interpretación  finalista y sistemática realizada por la Sala Superior, dada  la peculiaridad del caso, resulta importante traer a colación  lo establecido en el considerando décimo tercero, que  señala lo siguiente: DÉCIMO TERCERO […] se debe  precisar que el hecho que no se haya acreditado que los ,  mencionados cheques hayan sido abonados o destinados  a la cuenta del proveedor Renzo Velazco Pérez, -no enerva  lo anteriormente discernido pues basta que este  proveedor haya cobrado dichos cheques para que secumpla la finalidad del literal g) del artículo 5 de Ley N°  28194 en base a su interpretación concordada con el  numeral 190.1 del artículo 190 de la Ley N° 27287 - Ley de  Títulos Valores, y surtan los efectos tributarios previstos en  el literal b) del artículo. 8 de la Ley N° 28194, como se ha  explicado precedentemente. [Énfasis nuestro] 48. En  consecuencia,  en  consideración  a  los  argumentos  expuestos, corresponde declarar infundada la causal  denunciada. DECISIÓN Por tales consideraciones y de  conformidad con lo regulado en el artículo 396 del Código  Procesal Civil, DECLARARON: INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria (mediante su  Procuraduría Pública), presentado el veintiséis de diciembre  de dos mil dieciocho (folios 307-331); e INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el Tribunal Fiscal  (mediante el Procurador Público Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas),  presentado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho  (folios 299-305). En consecuencia, NO CASARON la  sentencia de vista emitida por la Sétima Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, contenida en la resolución número catorce,  del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (folios 281- 293), que resuelve confirmar la sentencia de primera  instancia, que declaró fundada en parte la demanda. Por  último, ORDENARON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en  los seguidos por Gráfica Ubaldo E.I.R.L. contra la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso  administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los  actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo  Bustamante del Castillo SS. SS. GONZÁLEZ AGUILAR,  RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO,  BARRA PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Refiere Taruffo al respecto:  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones).   Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justica material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva.  TARUFFO, Michele (2005). El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil.  Lima, Palestra Editores; p. 129. 2  ALEXY, Robert (2019). Ensayo sobre la teoría de los principios y el juicio de  proporcionalidad. Lima, Editorial Palestra; p. 56. 3  Ley Nº 27444  Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo   1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes  principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho  Administrativo:  […]  1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de  oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten  convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 4  TARUFFO, Michelle (2010). Simplemente la verdad. El juez y la construcción de  los hechos. Madrid, Marcial Pons; p. 255. 5  Ibidem, p. 256. 6  Ibidem, p. 258. 7  Este texto fue modificado por la Ley Nº 30730, del veintiuno de febrero de dos mil  dieciocho   Artículo 5.- Medios de Pago   Los Medios de Pago a través de empresas del Sistema Financiero que se utilizarán  en los supuestos previstos en el artículo 3 son los siguientes:   a) Depósitos en cuenta.   b) Giros.   c) Transferencia de fondos.   d) Órdenes de pago.   e) Tarjetas de débito expedidas en el país.   f) Tarjetas de crédito expedidas.   g) Cheques.  h) Remesas.  i) Cartas de crédito. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro  de Economía y Finanzas se podrá autorizar el uso de otros Medios de Pago  considerando, entre otros, su frecuencia y uso en las empresas del Sistema  Financiero o fuera de ellas.8  Artículo 3°.- Supuestos en los que se utilizarán Medios de Pago  Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo  importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4° se deberán pagar  utilizando los Medios de Pago a que se refiere el artículo 5°, aun cuando se  cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos.   También se utilizarán los Medios de Pago cuando se entregue o devuelva montos  de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido  contrato. Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior  también podrán cancelar sus obligaciones con personas naturales y/o jurídicas  no domiciliadas, con otros Medios de Pago que se establezcan mediante Decreto  Supremo, siempre que los pagos se canalicen a través de empresas del Sistema  Financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas.   No están comprendidas en el presente artículo las operaciones de financiamiento  con empresas bancarias o financieras no domiciliadas 9  No obstante, refiere también que en el lenguaje de los juristas la palabra  “interpretación” sufre una múltiple ambigüedad: es ambigua bajo (al menos) cuatro  aspectos.  Refiere también Guastini:   Sin embargo, en la literatura se encuentra también un concepto más estricto de  interpretación. Varios autores distinguen la interpretación propiamente dicha,  entendida como solución de dudas sobre el significado, de la (mera) comprensión.  Es decir, según esta definición, se interpreta solo cuando no se comprende, y en  cambio cuando se comprende no se interpreta (“in claris non fit interpretatio”). Cfr.,  e.g., Wróblewski, 1983 y 1989; Marmor, 1992; Diciotti, 1999; Lifante, 1999 y 2010.  Esta manera de ver (comprometida con una teoría ingenua de la interpretación)  suena problemática por varias razones. Entre otras, la siguiente: la comprensión  inmediata de un texto parece ser nada más que una forma de interpretación –la  interpretación prima facie– distinta, en cuanto tal, de otras formas (distinta, en  particular, de la interpretación “all things considered”). Cfr. Diciotti, 1999, cap. IV.  GUASTINI, Riccardo (2015). “Interpretación y construcción jurídica”. En Isonomía,  Nº 43; pp. 11-48. http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf C-2136203-6