CASACIÓN Nº 2432-2018 LIMA
Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA SUMILLA: La nulidad se interpone en la primera oportunidad  que tuviera y sentenciado el proceso, sólo puede ser alegada  expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de  apelación; conforme a lo prescrito en el Artículo 176 del  Código Procesal Civil. Lima, veintiuno de junio de dos mil veintidós.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  dos mil cuatrocientos treinta y dos del año dos mil dieciocho,  en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la  votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I.  ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación1 interpuesto por el demandado CLÍNICA  PINEL S.R.L, de fecha veinticinco de mayo de dos mil  dieciocho, contra la resolución de vista número cinco de fecha  ocho de mayo de dos mil dieciocho2, que resolvió: a)  confirmar la resolución número 16 del diecisiete de enero del  dos mil diecisiete3, que declaró improcedente la solicitud  formulada por la parte demandada Clínica Pinel SRL; y b)  confirmar la resolución numero 20 del veinte de marzo de  dos mil diecisiete 4, que declaró infundada la nulidad del acto  de notificación de la sentencia emitida en autos e improcedente  la devolución de cédula de notificación dirigida a la parte  demandada. II. ANTECEDENTES: 1.- DE LA DEMANDA5:  Los demandantes Javier Enrique Sánchez Escovedo, María  Teresa Sánchez Escobedo De Ku King, doña Eugenia Del  Carmen Sánchez Escobedo interpone demanda de desalojo  por ocupación precaria, contra Clínica Pinel, indicando los  demandantes que son copropietarios del inmueble ubicado  en calle Dean Saavedra Nº 148, Urbanización Maranga San  Miguel, el mismo que se encuentra debidamente inscrito en el  asiento C00004 de la partida Nº 46494210 del Registro de la  Propiedad Inmueble de Lima. Indican que son herederos del  inmueble materia de litis, 10 herederos (el cónyuge supérstite  y nueve hijos). Señalan que en la actualidad el demandado se  encuentra en posesión del inmueble materia de litis, pese a  no tener ninguna clase de título y/o documento que ampare  su posesión injustificada. Afirman los actores que mediante  carta notarial de fecha cinco de agosto del dos mil catorce, los  recurrentes y otros condóminos del inmueble sub- litis  requirieron a la parte demandada la celebración de un  contrato de arrendamiento; sin embargo, hasta la fecha no se  ha celebrado arrendamiento alguno. Invitaron a la demandadaa una audiencia de conciliación, pero esta no se presentó, tal  como consta del acta Nº 10617-2014. 2.- CONTESTACIÓN  DE DEMANDA6 : El emplazado Clínica Pinel S.R.L. mediante  escrito de fecha veintidós de enero de dos mil quince contesta  la demanda, señalando que la demanda debe ser declara  infundada, argumenta la misma que son totalmente falsos y  tendenciosos, ya que los demandantes conocen que el  negocio familiar Clínica Pinel S.R.L hace casi 45 años  mantiene contratos de arrendamientos sucesivos con la  sociedad conyugal Sánchez - Escobedo, mediante los cuales  han pagado la renta a sus propietarios; y con la copia de el  último contrato celebrado el dieciséis de noviembre del dos  mil nueve y vigente hasta el quince de noviembre del dos mil  diecinueve, la sociedad conyugal Sánchez- Escobedo ha  cobrado mes a mes (hace 45 años) la renta y ha pagado sus  impuestos, es decir, acreditan la existencia de un contrato de  arrendamiento, en tal sentido la demanda resulta absurda,  pues los actores, quienes ni siquiera aun han adquirido la  calidad de co- propietarios ya que en el asiento C0004  aparecen que los demandantes no son lo co-propietarios del  inmueble sub-litis sino únicamente miembros de la sucesión  testamentaria. 3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7:  Por sentencia del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el  A-quo declara: a) Infundada la tacha interpuesta por la parte  demandante, contra los vouchers, a que se refiere el primer  párrafo del Tercer Fundamento. b) Fundada la tacha  interpuesta por la parte demandante, contra el contrato de  arrendamiento, de fojas sesenta y siete al sesenta y nueve,  fechado el dieciséis de noviembre de dos mil nueve  (presentado en copia legalizada notarialmente el veinte de  enero de dos mil quince), a que se refiere el segundo párrafo  del Tercer Fundamento de la presente. c) Fundada la  demanda de desalojo por ocupación precaria, de fojas veinte  a veinticinco, subsanada a fojas treinta y uno a treinta y tres,  interpuesta por Javier Enrique Sánchez Escovedo, María  Teresa Sánchez Escobedo De Ku King Y Doña Eugenia Del  Carmen Sánchez Escobedo, contra Clínica Pinel S.R.L, d) En  consecuencia, ordeno que la demandada Clínica Pinel SRL  cumpla con desocupar el inmueble ubicado en calle Dean  Saavedra Nº 148, Urbanización Maranga, del distrito de San  Miguel, inscrito en el asiento C00004 de la partida Nº  46494210 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.  Con costos y costas procesales. 4.- RESOLUCIÓN Nº 208:  Por resolución del veinte de marzo de dos mil diecisiete, se  resolvió: infundada la nulidad del acto de notificación de la  Sentencia emitida en autos deducida por la parte demandada  Clínica Pinel SRL; e improcedente la devolución de la cédula  de notificación Nº 46996-2017 dirigida a la parte demandada.  5.- APELACIÓN: El demandado interpone recurso de  apelación contra la resolución número veinte, amparando su  recurso en los siguientes agravios: i) Con anterioridad a la  emisión de la sentencia, la recurrente Clínica Pinel SRL puso  en conocimiento que ha adquirido el 56.66% de co-propiedad  del inmueble sub litis ubicado en Calle Dean Saavedra  número 148, Urbanización Maranga, San Miguel, lo que ha  sido ignorando por el despacho. ii) Además de haberse  violado sus derechos, se ha procedido a notificarles la  sentencia en forma defectuosa, pues se les remitió la  sentencia con una cédula de notificación de 06 páginas, la  misma que se encontraba en forma incompleta, al haberse  duplicado el contenido de la página 04 y omitido adjuntar la  página 05. iii) Por ello se procedió a devolver la cédula y  solicitar la nulidad del acto de notificación de la sentencia, lo  que ha sido desestimado. 6.- RESOLUCION DE VISTA9: Por  resolución de vista del ocho de mayo de dos mil dieciocho,  resuelve con respecto a la apelación contra la resolución  numero veinte, confirmando la misma en todos sus extremos;  argumentando que la sentencia fue notificada a la recurrente  el tres de febrero de dos mil diecisiete, y el cuestionamiento  de la notificación de la sentencia se ha efectuado vencido el  plazo para impugnarla. 7.- RECURSO DE CASACIÓN: La  Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en aras de  protección del derecho de defensa, mediante resolución de  fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho10 ha declarado  procedente el recurso de casación interpuesto por el  emplazado recurrente, por las causales de: I. Infracción  normativa de los artículos 139° inciso 14) de la  Constitución Política del Perú, IX del Título Preliminar,  155 primer y segundo párrafo, 158, inciso 4 y 176 del  Código Procesal Civil.- Señala, que por escrito del nueve de  febrero del dos mil diecisiete, interpuso ante el Juez de la  causa, un pedido de nulidad de acto procesal de notificación  de la sentencia y además devolución de la referida notificación,  en tanto se le notificó la sentencia a la cual se adjuntó una  copia simple que constaba de seis páginas, habiéndose  acompañado  dos  páginas  número  cuatro,  obviando  acompañar la página cinco, es decir, se notificó en forma  incompleta, sin la trascripción de la misma y sin indicación delos folios respectivos del expediente; siendo que para el  A-quo, no interesa el cumplimiento formal de la notificación de  una sentencia, ello porque, según refiere se encuentra  colgada en el sistema informático del Poder Judicial,  afirmación ilegítima pues dicha publicación, en el caso de  poderse acceder, resulta solo informativa y no es una forma  de notificación procesalmente aceptada, pretendiendo así  “convalidar”  la  notificación  defectuosa  (notificación  incompleta); violando el debido proceso, dejando de lado el  artículo 155 del Código Adjetivo, que establece que es objeto  de la notificación el poner en conocimiento de las resoluciones  judiciales a las partes y el inciso 4, del artículo 158 del mismo  Código, que obliga anexar a la notificación la transcripción  completa de la resolución notificada, con indicación de la  página del expediente; inaplicando el segundo párrafo del  artículo 155 del Código citado, respecto a que las resoluciones  judiciales solo producen efectos en virtud de la notificación  hecha con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil,  que  impide  cualquier  convalidación  no  establecida  expresamente. La Tercera Sala Civil, varía la argumentación  de primera instancia y en el punto décimo de su resolución  número cinco incurre en error al señalar que la notificación de  la sentencia habría sido realizada el tres de febrero del dos mil  diecisiete, y en el punto duodécimo que el cuestionamiento lo  habría realizado vencido el plazo de tres días para impugnarla;  argumento que no resulta pertinente, pues el plazo señalado  por la Sala Superior es única y exclusivamente para impugnar  la sentencia, siendo que su parte, con el escrito de nulidad no  ha cuestionado la sentencia de modo alguno al no haber sido  notificada debidamente, sino que únicamente ha puesto en  cuestión el acto de notificación defectuoso de la sentencia;  incurriendo la Sala de mérito en un manifiesto error de  argumentación, que infringe el artículo 176 del Código  Procesal Civil, que no señala plazo alguno para la interposición  de la nulidad procesal, salvo que ésta sea hecha por el  afectado en la primera oportunidad que tuviese para hacerla,  resultando entonces fuera de lugar la referencia hecha al  artículo 556 de Código Procesal Civil realizada en el  considerando duodécimo de la resolución número cinco, lo  peor del caso que, el Ad quem menciona el plazo de apelación  de sentencia, pero no concluye en forma clara si la nulidad  procesal interpuesta por su parte fue hecha o no dentro del  plazo legal, incurriendo en motivación defectuosa que afecta  el debido proceso. Añade, que la Sala Superior, en sus puntos  décimo tercero, de la resolución número cinco en cuestión,  señala que el litisconsorte facultativo Jorge Ernesto Antonio  Sánchez Escobedo, fue notificado al mismo domicilio procesal  de la empresa emplazada (CLÍNICA PINEL S.R.L) quien no  ha efectuado objeción alguna. Es decir que para el Colegiado  Superior el hecho que esa persona no haya formulado  articulación alguna implica, que su parte ha tomado  conocimiento oportuno de la sentencia. Es decir, que por el  hecho que Jorge Ernesto Sánchez Escobedo no ha formulado  articulación alguna sobre el acto de notificación de sentencia,  entonces la recurrente ha conocido la sentencia completa, lo  cual no sólo es una conclusión de causa efecto, sino que no  toma en cuenta que tal silencio se puede deber a múltiples  motivos, tales como que dicha persona es quien les ha  vendido todos sus derechos como co-propietario del bien sub  litis, los que ha asumido a título de compraventa, lo cual lo ha  excluido de la relación jurídico procesal al no tener ya interés  alguno en el inmueble, siendo que, para interponer nulidad  procesal, tal como lo establece el artículo 174 del Código  Procesal Civil, hay que tener interés propio y especifico, así  como acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado,  lo que no sucede en el caso del litisconsorte Jorge Sánchez  Escobedo, siendo entonces que la presunción del Ad Quem  no sirve como argumento para inaplicar la obligación del  inciso 4 del artículo 158 del Código Procesal Civil, de  acompañar la trascripción completa de la resolución  notificada; en tal sentido, se está validando el hecho de que  su parte no ha sido notificada con la sentencia completa; la  que declaró inexplicablemente fundada la demanda de  desalojo por ocupación precaria lo cual, además, les viene  impidiendo impugnarla y consecuentemente ejercer su  derecho a la defensa; máxime cuando la recurrente es la  actual propietaria del cincuenta y seis punto sesenta y seis/ por ciento de acciones y derechos del inmueble sub litis, de la  Calle Dean Saavedra Nº 148 Urbanización Maranga - San  Miguel, siendo que a pesar de dicha condición de co  propietarios mayoritarios, pueden ser desalojados del  inmueble por la inaplicación del referido artículo 158 del  Código citado, vulnerado su derecho reconocido en el inciso  14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. En  tal sentido, ninguno de los argumentos esgrimidos en la  resolución número veinte del A-Quo ni en la resolución  número cinco de la Tercera Sala Civil, resultan argumentos  válidos que permitan inferir en forma meridianamente claraque con la notificación que se les cursó de la resolución  número diecisiete (sentencia), que por lo demás en la cédula  de notificación incompleta hace referencia equivocadamente  a la resolución número dieciocho, se hubiera cumplido con el  objeto de la notificación; infringiéndose el artículo IX del Título  Preliminar del Código Procesal Civil, que establece que las  normas procesales contenidas en ese código tienen carácter  imperativo, salvo regulación permisiva en contrario, lo que ha  permitido se infrinjan los artículos 155, 158 y 176 del Código  Procesal Civil; señalando como sustento de su posición, y  como antecedente la Casación Nº 1779-2000/Lambayeque. Y  de manera excepcional por la infracción normativa del  artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del  Perú. III.- MATERIA JURÍDICA DEL DEBATE: Es necesario  establecer si la instancia de mérito ha afectado el derecho al  debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones,  y si la sentencia emitida en autos ha sido notificada con  arreglo a ley. IV.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA  SUPREMA: PRIMERO.- Es menester precisar que el recurso  de casación es un medio de impugnación extraordinario que  permite ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales,  con la finalidad de garantizar la correcta aplicación e  interpretación del derecho objetivo y la unificación de la  jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia; así  como, determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no  las normas que garantizan el debido proceso, traducido en el  respeto de los principios que lo regulan. SEGUNDO.-  Conforme al escrito de casación, el recurrente cuestiona la  resolución de vista del ocho de mayo de dos mil dieciocho, en  el extremo que dispuso confirmar la resolución número 20 del  veinte de marzo de dos mil diecisiete, que declaró infundada  la nulidad del acto de notificación de la sentencia emitida en  autos e improcedente la devolución de cédula de notificación  dirigida a la parte demandada; motivo por los cuales, mediante  la presente resolución se pronunciará solo sobre dicho  extremo impugnado. TERCERO.- Estando a que la causal  denunciada, se sustenta en hechos que en suman resultarían  ser atentatorios al debido proceso y a la debida motivación de  las resoluciones, corresponde precisar que “El derecho al  debido proceso supone el cumplimiento de las diferentes  garantías y normas de orden público que deben aplicarse a  todos los procesos o procedimientos, a fin de que las personas  estén en condiciones de defender adecuadamente sus  derechos ante cualquier acto estatal o privado que pueda  afectarlos. Su contenido presenta dos expresiones: la formal  y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y  reglas que lo integran tienen que ver con formalidades  estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento  preestablecido, el derecho de defensa y la motivación,  etcétera. En las de carácter sustantiva o, estas están  básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad  y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A  través de esto último se garantiza el derecho que tienen las  partes en un proceso o procedimiento a que la resolución se  sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las  disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico  para la solución razonable del caso, de modo que la decisión  en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable  de tales normas”11. (Énfasis agregado) CUARTO.- De igual  manera, el Tribunal Constitucional estableció que: “El derecho  a la debida motivación de las resoluciones importa pues que  los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones  objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo  del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de  los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del  proceso”. A mayor abundamiento, el Tribunal, en distintos  pronunciamientos, ha establecido “que el derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del  justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las  resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el  mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que  proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del  caso”12. QUINTO.- En ese sentido, cabe precisar que el  derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva  constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, los cuales  comprenden a su vez, el deber de los jueces de observar los  derechos procesales de las partes y el derecho de los  justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante  su pedido de tutela en cualquiera etapa del proceso. De ahí  que dichos principios se encuentren ligados a la exigencia de  la motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el  inciso 5 del referido artículo constitucional, esto es, que los  jueces y tribunales expliciten en forma suficiente las razones  de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos  y jurídicos que los determinaron. Por consiguiente, la  contravención de las normas que garantizan el derecho a undebido proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no  se han respetado los derechos procesales de las partes, se  han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente,  en clara transgresión de la normatividad vigente y de los  principios procesales. SEXTO.- Estando a los agravios  materia de análisis, el recurrente manifiesta que no ha sido  debidamente notificado con la sentencia emitida en autos,  pues, la cédula de notificación llego incompleta a su casilla de  notificación, pues, si bien fueron 6 folios remitidos; sin  embargo, la hoja cuatro se repitió, por ello, devolvió la cedula  de notificación. 6.1.- De la revisión de autos se aprecia que la  sentencia fue notificada al recurrente el tres de febrero de dos  mil diecisiete13, cumpliéndose así con la formalidad prevista  por ley, conforme se aprecia en la siguiente imagen:  6.2.- Asimismo, a páginas quinientos noventa y nueve, consta  el escrito de nulidad y devolución de cédula de notificación,  presentado por el emplazado Clínica Pinel SRL con fecha 09  de febrero de 2017, por lo que, si fuere el caso que el precitado  emplazado no fue notificado con el contenido completo de la  sentencia, debió de efectuar la devolución de la cédula de  notificación de la misma oportunamente y a la brevedad, esto  es al día siguiente hábil de recibida la mencionada notificación,  dada lo trascendental de la decisión de la sentencia que no  le fue favorable, esto es, el lunes 06 de febrero y no efectuar  la devolución de cédula después de 04 días hábiles, cuando,  ya había vencido el plazo para interponer la apelación contra  la sentencia, lo cual, hace presumir que ha interpuesto la  articulación de la nulidad a fin de pretender habilitar un  nuevo plazo de apelación. 6.3.- A mayor abundamiento,  conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 176 del  Código Procesal Civil14, la nulidad se interpone en la primera  oportunidad que tuviera y sentenciado el proceso, sólo puede  ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del  recurso de apelación, hecho que no realizó el casacionista,  pues, no solo no planteó la articulación de nulidad en la  primera oportunidad que tuviera, sino que, además, no lo  hizo en el escrito de apelación de sentencia. SÉPTIMO.- Con  respecto a la devolución de cédula de notificación y conforme  a lo precedentemente expuesto, no se verifica que la misma  no haya cumplido su finalidad, pues, el acto de notificación  de la sentencia ha logrado su objetivo, esto es, poner en  conocimiento del recurrente el contenido de la sentencia,  ya que, la cédula materia de devolución fue remitida con  las formalidades de ley y recepcionada debidamente por el  recurrente en su casilla procesal; por consiguiente, no puede  tenerse por devuelta la cédula de notificación; menos aun en  esta excepcional sede casatoria en la que no se ha verificado  alguna afectación al debido proceso y derecho de defensa.  OCTAVO.- En suma, la decisión adoptada se encuentra  adecuadamente fundamentada, pues, el Ad quem verificó  que el acto de notificación de la sentencia haya cumplido  su objetivo y se haya realizado con las formalidades de  ley, sin que exista nulidad; por consiguiente, al expedirse la  resolución número veinte emitida por el A-quo y confirmada  por el Ad quem en la resolución de vista impugnada, no se ha  vulnerado el derecho de defensa, ni se evidencia trasgresión  alguna al debido proceso, o al principio de la debida  motivación de las resoluciones judiciales, o de las normas  procesales denunciadas. En consecuencia, las infracciones  normativas procesales denunciadas en el recurso de  casación interpuesto por el demandado Clínica Pinel SRL  deben ser desestimadas. V. DECISIÓN: En consecuencia,  al no configurarse las causales denunciadas y por las que  se ha declarado procedente, el recurso de casación resulta  infundado, debiendo procederse conforme a lo dispuesto en  el artículo 397 del Código Procesal Civil; por cuyas razones,  declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto  por el demandado CLÍNICA PINEL S.R.L; en consecuencia,NO CASARON la resolución de vista del ocho de mayo  de dos mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo  responsabilidad; en los seguidos por Javier Enrique Sánchez  Escobedo y otros sobre desalojo por ocupación precaria; y  los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez  Supremo Cunya Celi. SS. SALAZAR LIZÁRRAGA, CUNYA  CELI, CALDERÓN PUERTAS, ECHEVARRÍA GAVIRIA,  RUIDÍAS FARFÁN. 1  Páginas 844 2  Páginas .761 3  Página 561 4  Páginas 613. 5  Páginas 20. 6  Página 111 7  Página 563. 8  Páginas 613. 9  Pág. 761 10  Página 66 del cuaderno de casación. 11  EXP. Nº 02467-2012-PA/TC 12  EXP. Nº 03433-2013-PA/TC Lima Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST  S.A. 13  Páginas 582. 14  Artículo 176.- El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el  perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en  primera instancia, sólo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio  del recurso de apelación. En el primer caso, el Juez resolverá previo traslado por  tres días; en el segundo, la Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de  especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado. C-2136197-179