CASACIÓN Nº 2550-2019 LIMA ESTE
Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Lima, diecisiete de junio de dos mil veintidós VISTOS: El voto del señor juez supremo Ruidías Farfán,  quien se adhiere al voto de los señores jueces supremosTávara Córdova, Salazar Lizárraga y Ordoñez Alcántara,  emitiéndose la siguiente resolución; y, CONSIDERANDO:  Primero.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal,  el recurso de casación interpuesto por la empresa  demandada,  Empresa  Petramás  S.A.C.  (fojas  cuatrocientos sesenta y tres), contra la sentencia de vista  de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas  cuatrocientos cuarenta y seis) emitida por la Sala Civil  Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima  Este, que confirmó la sentencia apelada de fecha veinte  de setiembre de dos mil diecisiete (fojas trescientos  sesenta), que declaró fundada en parte la demanda de  indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por  Pelayo Garcia Vega, en contra de la Empresa Petramás  S.A.C. y Américo Huamán Tolentino, con lo demás que  contiene. Segundo.- En tal sentido, examinados los autos  se advierte que el recurso en mención cumple con los  requisitos de admisibilidad, de conformidad con el artículo  387, del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber  consentido la recurrente, la sentencia de primera instancia,  en cuanto le fue adversa, satisface el requisito de  procedibilidad contenido en el artículo 388, inciso 1, del  Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo, debe tenerse  en consideración que el recurso de casación es formal y  excepcional, por lo que debe estar redactado con precisión  y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma  procesal civil para su admisibilidad y procedencia,  correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las  causales se sustenta, esto es, en la infracción normativa o  en el apartamiento inmotivado del precedente judicial,  debiendo asimismo contener una fundamentación clara y  pertinente respecto a cada una de las infracciones que se  denuncian, demostrando la incidencia directa que tienen  sobre la decisión impugnada, siendo responsabilidad del  justiciable -recurrente- consignar los agravios que invoca a  las causales que para dicha finalidad se encuentran  taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.-  Referente a los demás requisitos de procedencia, y en el  marco descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código  Procesal Civil, se desprende del texto del recurso que éste  se sustenta en las siguientes causales: i) Infracción  normativa de los artículos 1332, 1969 y 1970, del Código  Civil, señala que en la sentencia de vista, en el segundo  párrafo del considerando séptimo, se indica que con un  informe médico se puede cuantificar el daño emergente, lo  cual es totalmente falso; también alega que reiterada  jurisprudencia y conforme señala la doctrina, el daño  emergente  hace  referencia  al  empobrecimiento  o  disminución que sufre el accionante en su patrimonio como  consecuencia inmediata del accidente, en este caso, se ha  considerado supuestos gastos médicos y de hospitalización  asumidos por el demandante. Asimismo, conforme es de  verse de la Casación Nº 3451-2000 Lima y de la Casación  Nº 3469-2002 Lima, para formar convicción en el juzgador,  es la propia parte actora quien a su vez debe también  probar los hechos, así como probar los daños. Asimismo,  señala que la Sala de mérito en la sentencia de vista  pretende motivar el porqué del monto indemnizatorio por  daño emergente, basándose en el artículo 1332, del Código  Civil, cuando este no corresponde al daño emergente sino  al daño moral, pero de inejecución de obligaciones  (responsabilidad contractual) cuando estamos en un  proceso por una presunta responsabilidad extracontractual;  y, agrega que, la Corte Suprema ha establecido que para  otorgar un monto indemnizatorio por daño emergente, éste  debe ser probado en base a los medios probatorios  presentados por el demandante. ii) Infracción normativa  del artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución  Política del Perú, y artículos 50, inciso 6, 196 y 200, del  Código Procesal Civil, alega que la sentencia de vista  adolece de una debida motivación, en virtud que expresa  conceptos totalmente distintos dentro de la responsabilidad  extracontractual, como son la responsabilidad objetiva y  subjetiva. Asimismo, no se ha valorado debidamente el  acta de conciliación ofrecida por el demandante, en la que  claramente se deja establecido que el accidente fue  coberturado por los seguros correspondientes; y, arguye  que, la sentencia no cumple con el principio de congruencia  procesal, toda vez que al interponer su recurso de apelación  versó sobre cuatro puntos: motivación, la falta de  acreditación del daño emergente, al otorgarse el lucro  cesante no se ha realizado una adecuada valoración de las  pruebas y la inexistencia del daño moral; no se resuelve  cada uno de los agravios, solo se realiza un sustento  somero. Quinto.- Respecto a las infracciones normativas  denunciadas, cabe señalar que las denuncias interpuestas  a través del recurso de casación no pueden estar dirigidas  a pretender que la Sala Suprema revalore las pruebas y loshechos para modificar las conclusiones establecidas por  los  juzgadores  previos,  dado  que  dicho  recurso  extraordinario tiene como fin esencial alcanzar la correcta  aplicación e interpretación del derecho objetivo, dicha  finalidad se desprende de lo establecido en el artículo 384,  del Código Procesal Civil, que regula los fines de la  casación. Sexto.- Bajo esa premisa, respecto del agravio  planteado en el punto i), tenemos que el recurrente  cuestiona el monto indemnizatorio fijado por la instancia de  revisión, al señalar que se ha aplicado ilegalmente el  artículo 1332, del Código Civil, dispositivo que establece  “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su  monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración  equitativa”; en efecto, de la lectura de la sentencia recurrida  se aprecia que la normatividad cuestionada ha sido  aplicada por la Sala Superior tomando como referencia  además, diferentes aspectos, como por ejemplo el informe  médico y la ficha de constatación de daños, así lo ha  establecido la Sala de mérito en el séptimo considerando,  que es pertinente citar: “[…] a efectos de realizar el cálculo  de la suma indemnizatoria, es válido anotar que el daño  emergente, se entiende como la disminución patrimonial  que sufre una persona y puede comprender los  desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro  sean necesarios, causados por los hechos de los cuales  trata de deducirse la responsabilidad, de ahí que en el caso  de autos si bien es cierto el demandante no ha adjuntado  medio probatorio con que haya realizado el cálculo del  monto que corresponde, al daño emergente, el artículo 197  del Código Procesal Civil precisa que los medios  probatorios se deben valorar de manera conjunta, por ende  de la revisión de lo actuado tenemos el informe médico (fs.  11-12) que detalla como diagnóstico la fractura de cubito v  radio proximal con compromiso articular del codo izquierdo,  necesitando  para  su  recuperación  intervenciones  quirúrgicas, quedando secuela con severa limitación  funcional del codo izquierdo y una discapacidad permanente  del miembro superior izquierdo aunado a ello la ficha de  constatación de daños (fs. 233) en la que se detallan  parachoque posterior descuadrado, con puerta posterior  abollado hundido y descuadrado, luna de seguridad  posterior rota, carrocería posterior izquierda abollada  hundida y deformada, luna posterior frontal tercio izquierdo  abollado - hundido, faro posterior izquierdo roto, máscara  frontal hundido roto, piso posterior de carrocería abollado,  techo de carrocería hundido, puertas delanteras izquierda y  derecha descuadrados; lo que implica la existencias de  gastos generados para poder reparar el evento dañoso; por  lo que en aplicación del artículo 1332. del Código Civil el A  quo ha tenido a bien de fijar el monto de daño emergente  en la suma de S/ 7,000.00 (siete mil y 00/100 soles)”.  (Cursiva agregada). En esa línea, también la Sala de mérito  se ha pronunciado sobre la aplicación del artículo 1332, del  Código Civil, en el presente caso, en cuanto al resarcimiento  del daño moral, así en el noveno considerando ha  establecido: “NOVENO.- En cuanto al daño moral sufrido  por el demandante que hace referencia al sufrimiento y  aflicción generada, esto pues dada su discapacidad va  hacer imposible el continuar su labor de manera cómo la ha  venido realizando, por lo que es válido precisar que si bien  la falta de precisión en su probanza y que se quiera reparar  económicamente el daño no patrimonial, ha llevado a  sostener que en realidad tal daño no debe existir, no es  menos verdad que la existencia de daño moral ha sido  contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, el que  teniendo en cuenta su dificultad probatoria ha prescrito en  el artículo 1332 del Código Civil que: ‘Si el resarcimiento  del daño no pudiera ser probado en su monto preciso,  deberá fijarlo el juez con valoración equitativa’, norma que  si bien está mencionada en el capítulo de inejecución de  obligaciones  corresponde  también  usarla  en  la  responsabilidad extracontractual por la unicidad propia de  la responsabilidad que pone su atención en la reparación  del daño. (Cursiva agregada). Por tanto, se observa que lo  que realmente pretende la recurrente, es cuestionar las  conclusiones arribadas por la instancia superior, derivadas  de la valoración de los elementos fácticos y medios  probatorios, lo cual se encuentra proscrito en sede  casatoria, razón por la cual, debe desestimarse las  infracciones  normativas  denunciadas  Séptimo.-  Finalmente, las infracciones normativas denunciadas en el  punto ii), en lo referente a que la sentencia recurrida  contiene una indebida motivación, además no cumple con  el principio de congruencia procesal, estos argumentos  también devienen en improcedentes, por cuanto como se  advierte las mencionadas alegaciones son las mismas  señaladas en su recurso de apelación, las cuales han sido  absueltas por el Ad quem en la recurrida, resolución quecontiene una motivación coherente, precisa y sustentada  en base a los hechos invocados; por lo tanto, se aprecia  que lo alegado por el impugnante carece de base real,  debido a que no se aprecia infracción normativa alguna de  los artículos denunciados. Siendo ello así, se observa que  el objetivo de la empresa recurrente es el de obtener una  nueva decisión que le resulte favorable, pretendiendo  imponer su propio especial parecer que tiene del proceso  sin tomar en cuenta que son los juzgadores los llamados a  resolver la causa con independencia e imparcialidad de  acuerdo a los artículos 138 y 139, inciso 2, de la Constitución  Política del Perú, así como los llamados a valorar la prueba  a tenor del artículo 197, del Código Procesal Civil, pues de  conformidad con este dispositivo todos los medios  probatorios son valorados por el juez en forma conjunta,  utilizando su apreciación razonada, siendo que sólo serán  expresadas las valoraciones esenciales y determinantes  que sustentan su decisión, lo cual se advierte que la  instancia de mérito ha realizado. En suma, al no advertirse  la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el  debido proceso, cumpliéndose además con lo señalado en  el artículo III, del Título Preliminar del Código Procesal  Civil, al haberse cumplido con los fines concretos y  abstractos del proceso; debe desestimarse el presente  recurso. Por las consideraciones expuestas, y de  conformidad con lo previsto por el artículo 392, del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, declararon:  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  empresa demandada, Empresa Petramás S.A.C. (fojas  cuatrocientos sesenta y tres), contra la sentencia de vista  de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas  cuatrocientos cuarenta y seis) emitida por la Sala Civil  Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima  Este; DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo  responsabilidad; en los seguidos por Pelayo Garcia Vega,  en contra de la Empresa Petramás S.A.C. y Américo  Huaman Tolentino, sobre indemnización por daños y  perjuicios; y los devolvieron. SS. TÁVARA CÓRDOVA,  SALAZAR  LIZÁRRAGA,  ORDOÑEZ  ALCÁNTARA,  RUIDÍAS FARFÁN. LA SECRETARIA DE LA SALA CIVIL  PERMANENTE QUE SUSCRIBE CERTIFICA: QUE LOS  SEÑORES JUECES SUPREMOS TÁVARA CÓRDOVA Y  ORDOÑEZ ALCÁNTARA, NO VUELVEN A FIRMAR LA  PRESENTE RESOLUCIÓN, HABIENDO DEJADO SUS  VOTOS EN FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL  DIECINUEVE, A FOJAS 61 DEL CUADERNO DE  CASACIÓN; PRECISANDO QUE LOS MAGISTRADOS  ANTES CITADOS NO SE ENCUENTRAN LABORANDO  EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  REPÚBLICA. EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES  SUPREMOS HURTADO REYES Y ARRIOLA ESPINO, ES  COMO SIGUE: Primero.- Viene a conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación de fecha dieciséis de  enero del dos mil diecinueve1, interpuesto por Petramás  S.A.C. contra la sentencia de vista contenida en la  resolución número seis de fecha tres de diciembre del dos  mil dieciocho2, que confirmó la sentencia de primera  instancia de fecha veinte de setiembre de dos mil  diecisiete3, que declaró fundada en parte la demanda, por  lo que los demandados Empresa Petramás S.A.C. y  Américo Huamán Tolentino en forma solidaria deberán  indemnizar al demandante Pelayo García Vega con la  suma de cincuenta mil soles, con lo demás que contiene;  por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad  y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo  previsto en los artículos 387° y 388° del Código Procesal  Civil. Segundo.- Previo al análisis de los requisitos antes  mencionados, es necesario precisar que en la doctrina y en  algunas legislaciones, se señalan como fines del recurso  de casación los que resumidamente consignamos a  continuación: i) Controlar la correcta observancia (correcta  interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que  equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los  Jueces en su aplicación (ejerce función nomofiláctica). ii)  Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de unificar  criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de  normas, en la aplicación de determinadas normas, en  supuestos fácticos análogos, etcétera (ejerce función  uniformadora de las decisiones judiciales). iii) Controlar el  correcto razonamiento jurídico-fáctico de los Jueces en la  emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y  el derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora  de logicidad). iv) Contribuye con una de las finalidades  supremas del proceso en general, cual es, la de obtener  justicia en el caso en concreto, cuando tiene que  pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas  como el nuestro, en el que tratándose del derecho materialno cabe el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4.  Tercero.- Así también, es menester recalcar para los  efectos del presente caso, el recurso de casación es un  medio de impugnación extraordinario que procede contra  las decisiones finales emitidas por las Cortes Superiores,  en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar  sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al  Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos (el  juicio de hecho) y el incumplimiento de las garantías del  debido proceso o infracción de las formas esenciales para  la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión  de Derecho en que la apreciación probatoria queda  excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera  instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 388° del Código  Procesal Civil regula como causales del recurso de  casación la infracción normativa, y el apartamiento  inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia  directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Quinto.-  El término “infracción” por su carácter genérico da  flexibilidad a la Corte en la calificación y resolución de  fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá  recurso de casación por infracción de la Ley cuando el fallo  contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e  inaplicación de las leyes y eso necesariamente debe  explicarse en la fundamentación del recurso, para dar  cumplimiento a la exigencia de claridad y precisión en la  misma. Esto es importante para evitar que el debate en  casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.-  Cuando se alude a la causal de apartamiento inmotivado  del precedente judicial, debemos remitirnos a lo establecido  en el segundo párrafo del artículo 400° del Código Procesal  Civil, que prescribe: “la decisión que se tome en mayoría  absoluta de los asistentes al Pleno Casatorio, constituye  precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales  de la República hasta que sea modificado por otro  precedente”. Sétimo.- Respecto a los requisitos de  admisibilidad descritos en el artículo 387° del Código  Procesal Civil, se verifica que la parte recurrente ha  interpuesto recurso de casación: i) Contra la sentencia de  vista expedida por la Sala Civil Transitoria de Ate de la  Corte Superior de Justicia de Lima Este, que como órgano  jurisdiccional de segundo grado pone fin al proceso; ii)  Ante el mismo órgano que emitió la sentencia impugnada;  iii) Dentro del plazo de diez días de notificado con la  sentencia, cuyo cargo de notificación obra a fojas  cuatrocientos sesenta y uno; y iv) Si adjunta el arancel  judicial. Octavo.- En lo referente a los requisitos de  procedencia previstos en el artículo 388° del Código  Procesal Civil, se advierte que la parte casante cumple con  lo establecido en el inciso 1), al haber impugnado la  resolución de primera instancia que le fue desfavorable.  Noveno.- Para establecer el cumplimiento de los incisos  2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Adjetivo Civil, se  debe señalar en qué consiste la infracción normativa. En  ese sentido, la parte impugnante denuncia: a) Infracción  normativa de los artículos 1332°, 1969° y 1970° del  Código Civil, señala que en la sentencia de vista, en el  segundo párrafo del considerando sétimo indica que con  un informe médico se puede cuantificar el daño emergente,  lo cual es totalmente falso; también alega que reiterada  jurisprudencia y conforme señala la doctrina, el daño  emergente  hace  referencia  al  empobrecimiento  o  disminución que sufre el accionante en su patrimonio como  consecuencia inmediata del accidente, en este caso, se ha  considerado supuestos gastos médicos y de hospitalización  asumidos por el demandante. Asimismo, conforme es de  verse de la casación 3451-2000 Lima y casación 3469- 2002 Lima, para formar convicción en el juzgador, es la  propia parte actora quien a su vez debe también probar los  hechos, así como probar los daños. Señala que la Sala de  mérito en la sentencia de vista pretende motivar el porqué  del monto indemnizatorio por daño emergente, basándose  en el artículo 1332° del Código Civil, cuando este no  corresponde al daño emergente sino al daño moral, pero  de  inejecución  de  obligaciones  (responsabilidad  contractual) cuando estamos en un proceso por una  presunta responsabilidad extracontractual; agrega que, la  Corte Suprema ha establecido que para otorgar un monto  indemnizatorio por daño emergente, éste debe ser probado  en base a los medios probatorios presentados por el  demandante. b) Infracción normativa del artículo 139°  incisos 3) y 5) de la Constitución Política, 50° inciso 6),  196° y 200° del Código Procesal Civil, alega que la  sentencia de vista adolece de una debida motivación, en  virtud que expresa conceptos totalmente distintos dentro  de la responsabilidad extracontractual, como es la  responsabilidad objetiva y subjetiva. Asimismo, no se ha  valorado debidamente el Acta de Conciliación, ofrecida porel demandante, en la que claramente se deja establecido  que el accidente fue coberturado por los seguros  correspondientes. Arguye que, la sentencia no cumple con  el principio de congruencia procesal, toda vez que al  interponer su recurso de apelación versó sobre cuatro  puntos: motivación, la falta de acreditación del daño  emergente, al otorgarse el lucro cesante no se ha realizado  una adecuada valoración de las pruebas y la inexistencia  del daño moral; no se resuelve cada uno de los agravios,  solo se realiza un sustento somero. Décimo.- Siendo ello  así, las causales denunciadas en los literales a) y b) del  noveno considerando, cumplen con lo establecido en los  incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil;  asimismo, respecto al inciso 4) de este artículo, la parte  impugnante cumple con señalar su pedido casatorio como  anulatorio y/o revocatorio; por tanto, debe declararse  procedente el presente recurso. Por los fundamentos  expuestos y de conformidad con el artículo 391° del Código  Procesal Civil: Declararon PROCEDENTE el recurso de  casación de fecha dieciséis de enero del dos mil diecinueve,  interpuesto por Petramás S.A.C. contra la sentencia de  vista contenida en la resolución número seis de fecha tres  de diciembre del dos mil dieciocho, por: a) Infracción  normativa de los artículos 1332°, 1969° y 1970° del  Código Civil; b) Infracción normativa del artículo 139°  incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado,  50° inciso 6), 196° y 200° del Código Procesal Civil; en  consecuencia DESÍGNESE oportunamente fecha para la  vista de la causa; notificándose, en los seguidos por Pelayo  García Vega, sobre indemnización por daños y perjuicios.  SS.  HURTADO  REYES,  ARRIOLA  ESPINO.  LA  SECRETARIA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE QUE  SUSCRIBE CERTIFICA: QUE LOS SEÑORES JUECES  SUPREMOS HURTADO REYES Y ARRIOLA ESPINO, NO  VUELVEN A FIRMAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN,  HABIENDO DEJADO SUS VOTOS EN FECHA TRECE DE  DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A FOJAS 68 DEL  CUADERNO DE CASACIÓN; PRECISANDO QUE LOS  MAGISTRADOS ANTES CITADOS NO SE ENCUENTRAN  LABORANDO EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA REPÚBLICA. 1  Ver fojas 463 2  Ver fojas 446 3  Ver fojas 360 4  Carrión, J. ( 2012), Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley,  pág.9 5  Sánchez- Palacios P (2009), El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág.  32. 6  Loc. Cit. C-2136197-185