CASACIÓN Nº 2591-2019 ANCASH
Materia: Nulidad de acto jurídico La simulación absoluta importa que no se ha querido celebrar  ningún acto jurídico; en la simulación relativa, tras el acto  aparente existe un acto real que es el que se oculta. Se trata  de pretensiones distintas que no caben ser modificadas en  sede casatoria. Lima, siete de julio de dos mil veintidós LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número  dos mil quinientos noventa y uno- dos mil diecinueve, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la  votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I.  ASUNTO Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación interpuesto por el accionante Amador  Mauricio Alegre Rodríguez1, contra la sentencia de vista de  fecha 9 de noviembre de 20182, que confirmó la sentencia de  primera instancia de fecha 9 de febrero de 20183, que declaró  infundada la demandada de nulidad de acto jurídico y  documento que lo contiene y otros. II. ANTECEDENTES 1.  Demanda Mediante escrito de fecha de ingreso 3 de junio de  20154 y escrito de subsanación de fecha 22 de junio de 20155,  Amador Mauricio Alegre Rodríguez interpone demanda  contra Francisco Lucio Alegre Rodríguez y Víctor Rómulo  Villanueva, planteando como pretensión principal la nulidad  de la Escritura Pública de fecha 25 de mayo de 2012, sobre  prescripción adquisitiva del bien ubicado en jirón Malambo  s/n, distrito de Caraz, provincia de Huaylas y departamento de  Ancash con dos mil trescientos veintitrés punto cero tres  metros cuadrados (2,323.03m2) inscrito en la Partida Nº  11122813 del Registro de Predios, por la causal de simulación  absoluta; y, como pretensión accesoria, el pago de una  indemnización por daños y perjuicios de cincuenta mil soles  (S/ 50,000.00). Fundamenta su demanda señalando: - Su  padre, Roberto Alegre Baylón, adquirió el bien mediantecompraventa privada en el año 1979, llegando a construir una  casa de adobe de dos pisos, lugar donde vivieron su padre y  todos sus hermanos. - El 13 de enero de 1989, al fallecer su  padre, sus hermanos, él y su señora madre se fueron a vivir a  otro lado, a excepción del demandado quien a esa fecha  estaba radicando en Lima. - En el año 1994, junto a su actual  conviviente y su menor hijo se fueron a radicar en el inmueble,  y, a partir de esa fecha se encuentra viviendo ahí de forma  pacífica, pública e ininterrumpida, versión que acredita con la  carpeta fiscal del caso Nº 2014-579-0 por el delito contra el  patrimonio – usurpación agravada, en presunto agravio del  hoy demandado. - El demandado, con fecha 25 de mayo de  2012, de forma fraudulenta inició el trámite de prescripción  adquisitiva de dominio ante el notario Víctor Rómulo  Villanueva Rivera, obteniendo título de propietario. - El título  otorgado por el Notario no surte efecto legal, pues fue  expedido en forma irregular, contraviniendo los trámites  previstos en el artículo 950° del Código Civil, en mérito al cual  solo el poseedor puede pedir la prescripción; y, en el caso en  cuestión conforme la diligencia de constatación fiscal llevada  a cabo en la carpeta fiscal Nº 1306104501-2014-579-0, se  constató que el demandado no se encontraba en posesión del  inmueble, es decir no vivía ahí, siendo que por el contrario él,  su señora esposa y sus hijos eran los que estaban en  posesión del bien. - El demandado le ha causado daños  patrimoniales y morales, pues le ha cortado el fluido eléctrico  y de agua, lo ha demandado en un proceso de desalojo  (expediente 00325-2014) y lo ha denunciado por el delito de  contra el patrimonio (caso 2014-579). 2. Contestación de la  demanda Por escrito de fecha de ingreso 2 de setiembre de  20156, Francisco Lucio Alegre Rodríguez, contestó la  demanda, señalando que: - Es cierto el derecho posesorio  que ostentaba su padre, Roberto Alegre Baylón, hasta la  fecha de su fallecimiento el 13 de enero de 1989; sin embargo,  el no compró el bien, lo alquilaba de María Sofía Santa Gadea,  llegando a construir una vivienda rústica. - No es cierto que él  radicara en la ciudad de Lima, siendo que vivía con su señor  padre en el bien desde el 1 de enero de 1985. - Es falso que  en el año 1994 el accionante y su familia hayan radicado en el  bien en controversia, ya que si eso fuera cierto se hubieran  opuesto al trámite de prescripción adquisitiva. - El caso N:°  2014-579-0, sobre el delito de usurpación agravada, cometido  por el accionante y sus familiares el 19 de octubre de 2014,  quienes ingresaron violentamente a una parte del predio, son  por hechos posteriores al otorgamiento de la escritura pública  de prescripción adquisitiva. - El trámite de prescripción  adquisitiva se ha realizado de acuerdo al trámite previsto por  ley, siendo que cuando el Notario realizó la visita en el bien no  encontró en posesión al demandante y familiares. - Corrobora  su dicho, con la Disposición Nº 001-2015-MP/2°FSP-  DF.ANCASH, de fecha 7 de enero de 2015, que dispuso  declarar infundada la queja de derecho interpuesta por el hoy  demandante, contra la Disposición Nº 03 de fecha 19 de  noviembre de 2014, que dispone no formalizar ni continuar la  investigación preparatoria contra su persona por la presunta  comisión del delito contra fe pública en la modalidad de  falsedad ideológica; y, en consecuencia, se confirma la  disposición materia de alzada ordenándose el archivo de las  actuaciones. Por resolución Nº 4, de fecha 22 de enero de  20167, el demandado Víctor Rómulo Villanueva Rivera fue  declarado rebelde. 3. Sentencia de primera instancia El  Juez mediante sentencia del 9 de febrero de 2018, declaró  infundada la demanda, por cuanto no se ha acreditado la  existencia de un acuerdo simulatorio, supuestamente  realizado por el demandado, que vincule la situación aparente  y la situación real, requisito para la configuración de la figura  de la simulación, causal alegada para solicitar la nulidad del  acto jurídico constituido por el acto jurídico. 4. Apelación Por  escrito de fecha de ingreso 28 de febrero de 20188, el  accionante Amador Mauricio Alegre Rodríguez, interpone  recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: - El  Juez ha concluido de manera errónea que se ha acreditado  que el demandado obtuvo la prescripción del bien en litigio  porque se verificó su posesión, con lo cual se desvirtúa la  existencia de simulación absoluta; en tanto, con los medios  probatorios que obran en autos se corrobora que el propietario  original del bien fue su padre y que él sus hijos y esposa son  los posesionarios del mismo. - Con las declaraciones vertidas  por el demandado, se ha acreditado que su persona está en  posesión del inmueble desde el año 1997 hasta el 29 de  diciembre de 2014; en consecuencia, el referido demandado  nunca ha sido posesionario, por lo que resulta contradictorio  que haya adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva  sin ser posesionario del bien. - Con el escrito de fecha 7 de  julio de 2017 ofreció medios probatorios extemporáneos, los  cuales fueron admitidos en la audiencia de pruebas; empero,  el Juez no las valoró ni mencionó en la sentencia. - La  prescripción adquirida por el demandado se ha realizadotransgrediendo los artículos 850° y 951° del Código Civil. 5.  Sentencia de vista La Sala Superior mediante sentencia de  vista de fecha 9 de noviembre de 2018, confirmó la apelada,  por cuanto: - No se observan las características de un acto  simulado, esto es, la disconformidad entre la voluntad interna  y la manifestada por los demandados, tampoco el concierto  de voluntades para producir un acto simulado, menos un  propósito de engaño, por lo que no se configura la causal  señalada. - No obra medio probatorio que evidencie que  Roberto Alegre Baylón ostentaba la propiedad del predio en  cuestión, razón por la cual resultaba factible solicitar la  prescripción adquisitiva. - Las declaraciones del demandado  respecto a la fecha que entró en posesión del inmueble  materia de controversia es uniforme, porque tanto en su  solicitud de prescripción adquisitiva, como en su declaración  en sede fiscal sostiene que es posesionario desde el año  1989. De otro lado, respecto a la posesión del accionante,  existe cierta incongruencia toda vez que no existe uniformidad  respecto a la fecha desde que cuando vendría a ser  posesionario. Aunado a ello ambas partes niegan que su  contraparte haya estado en posesión del inmueble en litigio,  lo cual es propio de los argumentos de defensa ante la  existencia de un conflicto de intereses, como el surgido en el  caso de autos. - El argumento referido a que, por las  contradicciones del demandado, se estaría acreditando la  posesión del demandante sobre el bien, debe ser desestimado,  porque es insuficiente, más aún si en el caso de autos lo que  se encuentra en debate es la posible simulación del acto. III.  RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante  resolución de fecha 7 de noviembre de 2019, ha declarado  procedente el recurso de casación interpuesto, por las  causales denunciadas de: (i) Inaplicación de los artículos  221° inciso 3), 896°, 900°, 904° y 915° del Código Civil; (ii)  Infracción normativa de los artículos 188° y 196° del Código  Procesal Civil; y, de manera excepcional por los incisos 3) y 5)  del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. IV.  FUNDAMENTOS Primero. Debido proceso 1. El debido  proceso formal constituye una garantía constitucional que  asegura que, en la tramitación de un proceso, se respeten  unos determinados requisitos mínimos. Tales requisitos, que  han sido objeto de discusión , en general se considera que  abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii)  Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional  (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho  a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi)  Derecho al juez legal. 2. En el presente caso, no se advierte  que ninguno de esos derechos haya sido vulnerado y, antes  bien, lo que se tiene es que se discuerda de lo resuelto en la  sentencia impugnada, pero tal discrepancia no es un tema  que afecte al debido proceso. Segundo. Motivación de las  resoluciones judiciales 3. En múltiples sentencias este  Tribunal ha señalado que la constitucionalización del deber de  motivar implica que se está ante una obligatoriedad  universalizada e indisponible tanto para la esfera privada  como para la pública, permitiendo a las partes controlar el  significado  de  la  decisión  (función  endoprocesal)  y  posibilitando el control democrático de los jueces, que obliga,  entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la  inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma  (función  extraprocesal).  En  las  mismas  resoluciones  judiciales, ha reparado que la motivación no significa la  exteriorización del camino mental seguido por el juez, sino  que exista una justificación racional de lo que se decide. Se  trata de una justificación racional que es, a la vez, interna y  externa. La primera consiste en verificar que: “el paso de las  premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente-  válido” sin que interese la validez de las propias premisas. Por  su parte, la justificación externa consiste en controlar la  adecuación o solidez de las premisas, lo que supone que la(s)  norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n)  norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la  premisa fáctica sea la expresión de una proposición  verdadera. En esa perspectiva, la justificación externa exige :  (i) que toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue  que no cabe que sea contradictoria; (ii) que toda motivación  debe ser completa, por lo que deben motivarse todas las  opciones; y (iii) que toda motivación debe ser suficiente, por lo  que es necesario ofrecer las razones jurídicas que avalen la  decisión. 4. Así las cosas, en cuanto a la justificación interna  se tiene que: (i) como premisa normativa se ha invocado el  artículo 219.5 del Código Civil (simulación absoluta) y 196°  del Código Procesal Civil (carga de la prueba); (ii) como  premisa fáctica se ha indicado que los medios probatorios no  han acreditado los hechos expuestos en la demanda; y (iii)como conclusión se sostiene que la demanda debe ser  declarada infundada. En tal sentido, hay correspondencia  formal en el silogismo jurídico elaborado. 5. En lo que atañe a  la justificación externa se advierte que las premisas utilizadas  son las que corresponden a la solución del caso, pues siendo  la pretensión una de simulación absoluta se ha vinculado este  pedido a los hechos acreditados en el proceso. Tercero.  Infracciones de normas referidas al derecho de prueba. 6.  Asimismo, se ha denunciado infracción a los artículos 188° y  196° del Código Procesal Civil que hacen referencia a la  finalidad de los medios probatorios y a la carga de la prueba.  7. En realidad, como se advierte del recurso de casación, lo  que se está pidiendo es una nueva revaloración probatoria,  circunstancia vedada en sede casatoria, en tanto la Corte  Suprema no es tercera instancia y lo que examina son  cuestiones de derecho y no de hecho, situación que queda  fijada en las instancias respectivas. 8. Es verdad que es  posible emitir pronunciamiento cuando lo que se cuestiona es  que la valoración de la prueba ha vulnerado las reglas de la  lógica o se ha apartado en absoluto del materia probatorio  que se encuentra en el proceso, pero no es esa la circunstancia  que se presenta aquí, conforme se señalará en el siguiente  considerando. Cuarto. La simulación del acto jurídico 9. En  efecto, de la lectura de la demanda se aprecia que la  pretensión traída al proceso fue la de nulidad del acto jurídico  por simulación absoluta. Así, expresamente, se dice en la  página 39 de este expediente, en el fundamento 2.9 de la  demanda y en la página 180, momento en el cual se fijan los  puntos controvertidos. 10. Es sobre ese extremo que, tanto el  juez de primera instancia como la Sala Superior, han emitido  pronunciamiento y es, sobre ese punto, que debió  controvertirse la sentencia; no obstante, se observa que en el  recurso de casación lo que se denuncia es infracción al  artículo 221.3 del Código Civil, es decir, un tema de  simulación relativa, asunto que no fue materia de la  demanda, razón suficiente para desestimar este extremo de  la petición impugnatoria, pues importaría modificación de la  pretensión demandada. 11. Por lo demás, (i) no hubo caso de  simulación absoluta porque ella importa que no se ha querido  celebrar ningún acto jurídico, afirmación que no coincide con  el dicho del propio demandante, para quien sí se celebró  realmente un acto jurídico, precisamente el que pretende  anular; y (ii) no hay simulación relativa porque en este caso  tras el acto aparente existe un acto real que es el que se  oculta, y del que, sin embargo, no da cuenta el accionante.  Quinto. Otras denuncias formuladas Finalmente, se indica  que se han inaplicado los artículos 896°, 900°, 904° y 915° del  Código Civil que hacen referencia a la posesión, a sus formas  de adquisición, a la conservación de la posesión y a la  presunción de continuidad de esta. Se tratan temas propios  de los Derechos Reales que nada tienen que ver con la  probanza del acto jurídico cuya simulación se denuncia. Era  esto lo que se debía acreditar; al no hacerlo solo cabía  desestimar la demanda. V. DECISIÓN Por estos fundamentos  y en aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil:  Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto  por el accionante Amador Mauricio Alegre Rodríguez; en  consecuencia; NO CASARON la sentencia de vista de fecha  9 de noviembre de 2018, expedida por la Primera Sala Civil  Permanente de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de  Ancash; DISPUSIERON la publicación de la presente  ejecutoria en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en  los seguidos con Francisco Lucio Alegre Rodríguez y otro,  sobre nulidad de acto jurídico y otro; y los devolvieron.  Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Calderón  Puertas. S.S. SALAZAR LIZÁRRAGA, CUNYA CELI,  CALDERÓN PUERTAS, ECHEVARRÍA GAVIRIA, RUIDIAS  FARFÁN. 1  Página 947 2  Página 930 3  Página 735 4  Página 39 5  Página 56 6  Página 91 7  Página 117 8  Página 768 C-2136197-189