CASACIÓN Nº 2654-2019 LIMA
MATERIA: REPOSICIÓN Lima, uno de julio de dos mil veintiuno. VISTOS;  y,  CONSIDERANDO:  PRIMERO.-  Viene  a  conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de  casación interpuesto por Jaime Rodrigo Salazar Espinoza a  fojas cuatrocientos ocho, contra la sentencia de vista de fojas  trescientos ochenta y ocho, de fecha treinta de noviembre de  dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Laboral  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que  confirmó la sentencia de primera instancia, de fojas trescientos  treinta y cinco, de fecha diecisiete de enero de dos mil  dieciocho, que declaró infundada la demanda sobre  Reposición y otros; con lo demás que contiene. -SEGUNDO.-  El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo  dispone el artículo 35 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo -  Ley 29497, concordante con el artículo 387 del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, comprende  inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos  de admisibilidad, relacionados con: a) La naturaleza del acto  procesal impugnado: que lo que se impugne sea una  sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que,  como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; b) Los  recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es  interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República,  debe acompañar copia de la cédula de notificación de la  resolución impugnada y de la expedida en primer grado,certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que  autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad,  lo que no es exigible si se interpone ante el órgano  jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) La  verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de  diez días, contado desde el día siguiente de notificada la  resolución que se impugna, más el término de la distancia  cuando corresponda; y, d) El control de pago de la tasa  judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al  tiempo de la interposición del recurso. TERCERO.- En el  presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos  de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone  contra la sentencia de vista de fojas trescientos ochenta y  ocho, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho,  emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte  Superior de Justicia de Lima, como consta del cargo obrante  a fojas cuatrocientos cinco, observando el plazo legal, pues la  sentencia de vista se notificó a la parte recurrente el treinta de  noviembre de dos mil dieciocho, según cargo de fojas  cuatrocientos cuatro, y el recurso se interpuso el catorce de  diciembre de dos mil dieciocho. Finalmente, se observa que la  parte impugnante adjunta el arancel judicial respectivo, por la  suma de cuatrocientos quince soles (S/415.00) a fojas  cuatrocientos seis. CUARTO.- El recurso de casación es un  medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y  que procede solo por las causales taxativamente prescritas  en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del  Trabajo, es decir: i) la infracción normativa, o ii) el apartamiento  de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal  Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República.  QUINTO.- Asimismo, la parte impugnante no debe haber  consentido previamente la resolución adversa de primera  instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución  objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento de los precedentes  vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de  la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar  si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos  de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo  36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEXTO.-  En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los  requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el  artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo:  a) En relación a los requisitos de procedencia, se cumple con  el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, pues,  se advierte que la parte impugnante no ha consentido la  decisión que le fue adversa en primera instancia; y, b) En  cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción  normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido  en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte  recurrente denuncia las causales de: 1) Infracción normativa  material del artículo IV1 del Título Preliminar del Código  Civil (aplicable supletoriamente al caso de autos);  afirmando el casante, que el ad quem ha inaplicado la norma  denunciada, pues el tema central en el presente proceso  versa en determinar si la Directiva número BN-DIR-3400-096- 03-Servicio de Compraventa de Moneda Extranjera (billetes),  es aplicable o no al demandante, para posteriormente analizar  si existió un incumplimiento a la misma, y por ende la  configuración de una falta laboral; no obstante, la norma  únicamente prohíbe que los gestores de servicios del Banco  puedan realizar operaciones en los terminales que les fueron  asignados; por tanto, se observa que la Sala Superior inaplicó  la norma denunciada, ya que la misma prescribe la  imposibilidad de aplicar extensiva y analógicamente las  normas excepcionales o restrictivas; es decir, no puede  aplicar la prohibición descrita en la directiva al demandante,  quien tuvo el cargo de Jefe de Operaciones; 2) Infracción  normativa material del artículo 262 del Texto Único  Ordenado  del  Decreto  Legislativo  728,  Ley  de  Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el  Decreto Supremo 003-97-TR; sosteniendo el recurrente, que  la Sala Superior ha inaplicado la norma denunciada, por  cuanto en ambas instancias de manera errada concluyeron  que el accionante incumplió la citada Directiva número BN- DIR-3400-096-03-Servicio de Compraventa de Moneda  Extranjera (billetes); no obstante, no repararon en revisar el  objeto y finalidad de la misma, ya que las operaciones  efectuadas por el recurrente (imputadas como faltas) no están  reguladas en ella, pues la norma prohíbe que los gestores de  servicios realicen operaciones de cambio de moneda  extranjera desde su propio terminal, pero el emplazante tuvo  un cargo distinto; es decir, las faltas imputadas al casante no  se lograron comprobar objetivamente en el presente proceso;  y, 3) Infracción normativa procesal del artículo 139 incisos  33 y 54 de la Constitución Política del Perú; indicando el  impugnante, que el ad quem ha inaplicado las normas  denunciadas, ya que al emitir la sentencia de vista havulnerado el derecho al debido proceso y a la debida  motivación de las resoluciones judiciales (motivación aparente  y motivación insuficiente). La motivación insuficiente se  refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible,  atendiendo a las razones de hecho o de derecho  indispensables para asumir que la decisión está debidamente  motivada, no se trata de dar respuestas a cada una de las  pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en  términos generales, solo resultará relevante desde una  perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos  o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz  de lo que en sustancia se está decidiendo; motivo por el cual,  el emplazante afirma que la motivación es insuficiente, porque  no basta describir las acciones realizadas por el impugnante  para establecer que aquellas constituyen un incumplimiento a  la directiva citada, sin que previamente analice el contenido y  alcance de la misma, y por ende calificarlas como faltas  pasibles de sanción. Tanto el a quo como el ad quem, en  primer lugar debieron analizar si dicha directiva era aplicable  al recurrente; pues, para sancionar al demandante se han  basado en un hecho inexistente en la directiva en mención; en  tal sentido, solicita que la sentencia de vista sea revocada por  contener  infracciones  normativas  que  han  incidido  directamente sobre la decisión y que justifican que la Sala  Suprema case la sentencia de vista y actuando en sede  instancia, resuelva el conflicto jurídico y declare fundada la  demanda interpuesta por el demandante. SÉTIMO.- En  relación a las causales materiales y procesales denunciadas,  las mismas devienen en improcedentes, pues, no tienen  asidero legal, observándose que lo que pretende el casante a  lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a  una revaloración de los hechos y de las pruebas, a fin que se  emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria,  lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario  de casación, ya que esta Corte vela por el interés de la  sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van  delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida;  además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para  el caso en concreto, a fin de asegurar a las partes una  solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si  el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su  resolución, precisando los hechos y normas que le han  permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta  su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y  sin advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite  del proceso que vaya contra los principios del debido proceso,  la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las  resoluciones judiciales, ya que en este caso, la Sala Superior  ha determinado que en el presente proceso mediante las  Cartas EF/92.2336 N° 000693-20165 de imputación de faltas  graves y EF/92.2336 N° 000945-20166 de despido, las  acciones del demandante constituyen faltas graves previstas  en los literales a) y c) del artículo 25 del Decreto Supremo  003-97-TR, pues en las operaciones efectuadas por el  accionante, relacionadas con la compraventa de dólares y  transferencia de fondos recibidos de la cuenta corriente de su  esposa Irma Ricaldi Tinoco, mediante notas de cargo y abono  (sin motivación de dinero en efectivo), se observó que  realmente el recurrente efectuó operaciones significativas de  mayor cuantía en sus cuentas de ahorros de moneda nacional  y extranjera, superando de este modo los límites establecidos  en las disposiciones generales de la Directiva BN-DIR-3400-  096-03 - Servicio de compraventa de moneda extranjera  (billetes); asimismo, que dichas operaciones no contaban con  las autorizaciones de la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento,  gerencia que se encarga de vigilar el cumplimiento del  Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento  del Terrorismo dentro del Banco de la Nación; por tanto,  resulta evidente que el recurrente ha incumplido con lo  normado en la Directiva BN-DIR-3400-096-03 - Servicio de  compra-venta de moneda extranjera (billetes); concluyendo el  ad quem en cuanto a este extremo, que las faltas graves  imputadas al accionante fueron comprobadas objetivamente,  quedando descartado de plano que su despido pueda  calificarse como un despido fraudulento como alega el  demandante, ya que no se demostró, ni resultaría posible  demostrar que el cese del impugnante se haya producido por  hechos notoriamente falsos; asimismo, respecto al principio  de inmediatez, la Sala Superior, conforme a las acciones  administrativas de las áreas correspondientes del Banco de la  Nación, colige que no se ha vulnerado el principio de  inmediatez, ya que el tiempo transcurrido, esto es, de cuatro  meses, desde que el empleador tomó conocimiento de los  hechos, ocurrió debido a la situación de especial complejidad  de las faltas graves imputadas al demandante, y además los  hechos sucedieron en la Agencia 2 - Cerro de Pasco; por  tanto, la entidad financiera emplazada no había renunciado a  su facultad sancionadora, debido a que había transcurrido unplazo razonable, el cual ha estado condicionado a la  investigación y determinación de responsabilidades en las  que habría incurrido el casante en su cargo de Jefe de  Operaciones de la Agencia 2 – Cerro de Pasco. Por estas  consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer  párrafo del artículo 37 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal  del Trabajo, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de  casación interpuesto por Jaime Rodrigo Salazar Espinoza a  fojas cuatrocientos ocho, contra la sentencia de vista de fojas  trescientos ochenta y ocho, de fecha treinta de noviembre de  dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Laboral  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por Jaime Rodrigo Salazar Espinoza contra el  Banco de la Nación, sobre Reposición y otros; y los  devolvieron. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo.-  S.S. ARANDA RODRÍGUEZ, CABELLO MATAMALA, AYVAR  ROLDÁN, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA 1  Artículo IV del Título Preliminar.- Aplicación Analógica de la ley.  La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. 2  Artículo 26.- Las faltas graves señaladas en el artículo anterior, se configuran por  su comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las  connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir. 3  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley,  ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada  por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al  efecto, cualquiera sea su denominación. (…) 4  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. (…) 5  De fecha seis de julio de dos mil dieciséis y recibida por el accionante el catorce de  julio de dos mil dieciséis, se notificaron al demandante las faltas graves imputadas  en su contra, otorgándole un plazo de seis días naturales para que presente sus  descargos. 6  De fecha catorce de setiembre de dos mil dieciséis y recibida por el emplazante el  diecisiete de setiembre de dos mil dieciséis. C-2136199-265