CASACIÓN Nº 2670 – 2019 LIMA SUR
Materia: REMOCIÒN Y DESIGNACIÒN DE CURADOR SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA: En el presente caso,  persiste aun la necesidad de garantizar a la persona el goce y  ejercicio de su capacidad jurídica, en igualdad de condiciones  con los demás, así como de todos sus derechos humanos y  libertades fundamentales que le asisten; por consiguiente, la  conclusión arribada por la Sala Superior, en el sentido que  en el presente caso ha operado la sustracción de la materia  resulta errada, desde que el objeto de la pretensión aún no  ha sido satisfecho, máxime tratándose de acciones judiciales  de carácter tuitivo, en las que debe primar el interés de la  persona con discapacidad. Lima, cinco de julio de dos mil veintidós.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; VISTA la causa número  2670-2019, con el expediente principal; en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la  votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:  I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de  casación interpuesto por Filomeno Justo Gómez Pérez,  obrante a folios cien de los autos principales, contra la  resolución de vista obrante a folios ochenta y tres su fecha  veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho, que declara  la sustracción de la materia y que carece de objeto emitir  pronunciamiento, respecto de la resolución apelada de  folios cincuenta, su fecha diecisiete de octubre de dos mil  diecisiete, que declaró la inhibición del proceso y dispuso  se remitan los presentes actuados a la mesa de partes de  los Juzgados de Paz Letrado de San Juan de Miraflores; en  los seguidos por el mencionado recurrente, sobre remoción  y designación de nuevo Curador. II. CAUSALES DEL  RECURSO DE CASACIÓN: Mediante resolución obrante a  folios treinta y tres del cuadernillo de casación, su fecha  veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se declaró  procedente excepcionalmente el recurso de casacióninterpuesto por el mencionado Filomeno Justo Gómez  Pérez, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 392-A  del Código Procesal Civil, incorporado por Ley Nº 29364;  señalándose lo siguiente: Se declara la procedencia  excepcional del presente recurso, a fin que se determine si  se ha aplicado en forma debida el derecho objetivo sobre la  materia en el auto de vista emitido, respecto a si cabía  disponer la sustracción de la materia o si debía procederse  de forma distinta, teniendo en cuenta además la dación del  Reglamento del Decreto Legislativo N°1384-D.S. 016- 2019-MIMP (publicado el veinticinco de agosto de dos mil  diecinueve); de manera que tales motivos se subsumen en  la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139  de la Constitución Política del Estado, en el Decreto  Legislativo N°1384 y su Reglamento. III. CONSIDERANDOS:  Para los efectos de la evaluación del medio impugnatorio  propuesto, es menester efectuar una síntesis del desarrollo  del presente proceso. PRIMERO: Antecedentes del caso  3.1.1. Demanda Es pretensión postulada en la demanda  por Filomeno Justo Gómez Pérez, la remoción de curador  de su hermana Edith Magna Gómez Pérez (quien fuese  declarada interdicta), para que cese el cargo de curador  recaída en la sociedad conyugal conformada por sus  extintos padres, Víctor Gómez Díaz y Magna Pérez Hilario  de Gómez y se le designe como su nuevo curador. Señala  que es hijo de la citada sociedad conyugal, quienes  fallecieron con fecha dieciséis de noviembre de dos mil  cuatro y catorce de enero de dos mil tres, respectivamente;  asimismo, refiere ser hermano de la mencionada interdicta.  Agrega, que luego del fallecimiento de sus citados padres,  interpuso una demanda de interdicción (Exp. Nº 008-2006),  que estimó favorablemente su pretensión, empero, no pudo  ser inscrita dicha decisión en los Registros Públicos debido  a que se encontraban inscritos los anteriores curadores.  Manifiesta, que su pretensión tiene como propósito que se  anote registralmente la sentencia declarativa de curatela a  su favor, en la SUNARP y RENIEC, y pueda hacer valer los  derechos de la interdicta, tales como: retirar sumas de  dinero o cobrar la pensión abonada a las cuentas de la  interdicta, sufragar sus gastos personales, y tratamiento  psiquiátrico, siendo el único familiar que se ha interesado  por su integridad y bienestar. 2.2.2  Resolución  de  primera instancia El Juzgado de primera instancia, emitió  la resolución obrante a folios cincuenta, su fecha diecisiete  de octubre de dos mil diecisiete, declarando su inhibición y  disponiendo se remita el proceso a la mesa de partes de  los Juzgados de Paz Letrados de San Juan de Miraflores;  señalando, que no se aprecia de los fundamentos  invocados en la presente demanda que la pretensión sub  materia contenga los requisitos previstos en el artículo 606  del Código Civil, verificándose, que en el fondo lo que se  pretende es el señalamiento de un consejo de familia,  trámite que deberá seguirse ante el Juzgado de Paz  Letrado de Familia correspondiente, conforme a lo  dispuesto en el artículo 619 del Código Civil, en  concordancia con el artículo 639 del Código Civil y 57 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial. 3.1.3. Apelación del  demandante Filomeno Justo Gómez Pérez. El citado  demandante, formuló recurso de apelación contra la citada  resolución de primera instancia, señalando, “habiendo  sentencia firme a su favor, la misma no puede inscribirse en  el registro personal de la SUNARP Lima, por haber  anotación registral preexistente con anteriores curadores  ya fallecidos, no puede entenderse que su pretensión se  orienta a constituir un Consejo de Familia sino que se  ratifique judicialmente y se le autorice como nuevo curador  por parte del juzgado para que se anote registralmente lo  ordenado por la sentencia consentida y ejecutoriada”.  3.1.4. Resolución de segunda instancia. La Sala Superior  al emitir la resolución de vista obrante a folios ochenta y  tres, su fecha veinticuatro de setiembre de dos mil  dieciocho, declara la sustracción de la materia e indica  que carece de objeto emitir pronunciamiento; señalando,  que el interés del solicitante de que prevalezca su condición  como curador de la interdicta Edith Magna Gómez Pérez a  fin de ejercer sus derechos, habría desaparecido con la  dación del Decreto Legislativo Nº 1384; operando la  sustracción de la materia. Precisa, que antes de la  publicación del citado Decreto Legislativo, no todas las  personas con discapacidad podían ejercer sus derechos y  ello conllevaba a una distinción, a una diferencia de trato  que establecía nuestro Código Civil, cuando diferenciaba a  las personas con capacidad de ejercicio; quienes no tenían  capacidad de ejercicio, nunca podrían ejercer sus derechos,  pues el artículo 45 del Código Civil definía la representación  legal, según se trate de las normas de patria potestad  (padres frente a los hijos), tutela (caso de los niños y  adolescentes) o curatela (si se trata de personas mayoresde edad). Configurándose así la institución de la curatela,  en un instrumento legal que limita el ejercicio de los  derechos de la persona con discapacidad. SEGUNDO:  Materia en debate en el presente medio impugnatorio.  Determinar si al emitirse la recurrida que declara la  sustracción de la materia, se ha infringido o no, los incisos  3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del  Estado, así como el Decreto Legislativo N°1384 y su  Reglamento, normas ésta últimas que reconocen y regulan  la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en  igualdad de condiciones. TERCERO: Pronunciamiento de  la Corte Suprema Según lo establecido en el artículo 384  del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la  Ley Nº 29364, el recurso de casación tiene por fines  esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  emitida por la Corte Suprema de Justicia (finalidad  nomofiláctica y uniformizada, respectivamente); precisado  en la Casación Nº 4197-2007/La Libertad1 y Casación Nº  615-2008/Arequipa2; por tanto, este Tribunal Supremo, sin  constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir  su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del  recurso, por las causales declaradas procedentes.  CUARTO: Es del caso acotar en relación a lo dispuesto en  el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del  Perú, que dichas normas regulan los principios de tutela  jurisdiccional efectiva y el deber de motivación de las  resoluciones judiciales. En cuanto al primer precepto,  relativo a la tutela jurisdiccional, el Tribunal Constitucional  en el Fundamento 6° de la sentencia expedida en el  expediente 8123-2005-PH/TC, ha señalado “…la tutela  judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los  órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la  sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que  encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al  poder-deber de la jurisdicción…”. Asimismo, el segundo  precepto, referido a la motivación de las resoluciones  judiciales, constituye un principio rector de la función  jurisdiccional, que obliga a los jueces y tribunales a que  expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con  mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que  los determinaron; al respecto, es menester traer a colación  que la Corte Suprema ha expresado que “el cumplimiento  de este deber no se satisface con la sola expresión escrita  de las razones internas o sicológicas que han inclinado al  juzgador a decidir la controversia de un modo determinado,  sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario,  exige necesariamente la existencia de una exposición clara  y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que  justifique lógicamente la decisión adoptada, en base a las  pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, y en  atención a las normas jurídicas aplicables al caso”3.  QUINTO: Como se ha referido precedentemente, el  petitorio de la demanda consiste en la remoción de curador  de Edith Magna Gómez Pérez, hermana del recurrente,  quien fuese declarada interdicta, a fin de que se le designe  al accionante como su nuevo curador. No obstante lo cual,  según la sentencia emitida por el Primer Juzgado  Especializado de Familia Transitorio de San Juan de  Miraflores, en el expediente Nº 449-2006 FA(2), obrante en  copia a folios cuatro y siguientes, de fecha siete de abril de  dos mil once, el hoy demandante fue declarado Curador de  su citada hermana y en el informe del médico Jesús  Francisco Elías Rose Gros, se indica que ésta última  presenta enfermedad mental, consistente en “equizofrenia  paranoide crónica, que provoca un deterioro progresivo, en  su funcionamiento, que no puede razonar sobre actos  complejos y expresar libremente su voluntad ya que su  enfermedad no tiene cura ( …) no puede distinguir entre el  bien y el mal, razón por la cual es necesario que una  persona se haga cargo de su cuidado…” . Asimismo, en la  sentencia de vista recaída en dicho proceso, de fecha  diecinueve de julio de dos mil once, copiada a folios ocho y  siguientes, se señala que la referida persona “…cuenta con  el soporte familiar de su hermano y su familia, que se  encargan de su manutención quien actualmente tiene  bloqueada su cuenta y no puede cobrar su pensión, ni ser  atendida en Essalud, por lo que se está realizando el  trámite de interdicción…” SEXTO: En el presente caso, si  bien es cierto que la presente demanda no ha sido  propuesta con suma claridad; también lo es, que fluye de lo  actuado una situación fáctica particular de relevancia  jurídica, por cuanto, la demanda tiene como objeto “hacer  valer los derechos de la interdicta, tales como: retirar  sumas de dinero o cobrar la pensión abonada a las cuentas  de la interdicta, sufragar sus gastos personales, y  tratamiento psiquiátrico”, en razón, que según el accionante,  “es el único familiar que se ha interesado por su integridady bienestar”. Al respecto, merece tenerse en cuenta que la  alegación del demandante, en el sentido, que con  anterioridad a su designación como Curador, fueron  designados Curadores sus padres Víctor Gómez Díaz y  Magna Pérez Hilario de Gómez (ya fallecidos) y por esa  razón, no pudo inscribir oportunamente su designación de  Curador, se encuentra corroborado en autos por el mérito  de la Esquela de Observación del trece de junio de dos mil  doce obrante a folios catorce, en el cual se indica: “…de  conformidad con los Arts. 2017 del Código Civil y X del T. P.  del R. G. R. P. no puede inscribirse un título incompatible  con otro ya inscrito o pendiente de inscripción aunque sea  de igual o anterior fecha (…) ya aparece registrado en la  partida número 11366719 la declaración de interdicción de  dicha persona Edith Magna Gómez Pérez, mediante  sentencia del 24.08.2001 expedida por el 13ª Juzgado de  familia de Lima y aprobada por la resolución del 16/01/2002,  expedida por la Sala de familia de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante la cual también se nombró  curadores provisionales a Magna Pérez Hilario de Gómez y  a Víctor Gómez Díaz”. SÈTIMO: La Sala Superior al emitir  la resolución de vista determina que en el caso de autos ha  operado la sustracción de la materia, en los términos  previstos en el artículo 321 inciso 1 del Código Procesal  Civil. Al respecto, cabe señalar que una de las formas de  conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, lo  constituye la declaración de sustracción de la materia a  que se refiere la norma glosada, la Doctrina autorizada  señala “toda pretensión al ser postulada al proceso encierra  una declaración de voluntad para solicitar una actuación al  órgano jurisdiccional frente a determinada persona distinta  al accionante. Esta pretensión tiene elementos intrínsecos  que justifican esa postulación como el llamado interés para  obrar, pero puede darse el caso que ese interés  desaparezca antes que el derecho haga su obra porque la  pretensión ha sido satisfecha fuera del ámbito jurisdiccional  (…) nos encontramos ante una constante, la extinción del  objeto litigioso por sustracción de la materia, la doctrina  alemana los califica de obsolescencia procesal cuando ha  cesado la situación cuya modificación se pide”4. En el caso  de autos, resulta más que evidente el estado de  discapacidad de la persona de Edith Magna Gómez Pérez,  tal como lo informó el médico Jesús Francisco Elías Rose  Gros, en el proceso judicial citado en el Fundamento Quinto  de la presente resolución; consecuentemente, se infiere  que persiste aun la necesidad de garantizarle a dicha  persona el goce y ejercicio de su capacidad jurídica, en  igualdad de condiciones con los demás, así como de todos  sus derechos humanos y libertades fundamentales que le  asisten; por consiguiente, la conclusión arribada por la  citada Sala Superior, en el sentido que en el presente caso  ha operado la sustracción de la materia resulta errada,  desde que el objeto de la pretensión aún no ha sido  satisfecho, máxime tratándose de acciones judiciales de  carácter tuitivo, en las que debe primar el interés de la  persona con discapacidad, la misma que según lo  informado por el mencionado médico “su enfermedad no  tiene cura ( …) es necesario que una persona se haga  cargo de su cuidado…” y conforme a la referida sentencia  de vista copiada a folios ocho y siguientes, quedó  evidenciado que la referida persona “…cuenta con el  soporte familiar de su hermano y su familia, que se  encargan de su manutención quien actualmente tiene  bloqueada su cuenta y no puede cobrar su pensión, ni  ser atendida en Essalud…”. OCTAVO.- En ese sentido,  surge de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta  Política de la Nación, que consagra el derecho a la salud y  protección al discapacitado, prescribiendo que “todos  tienen derecho a la protección de su salud, la del medio  familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir  a su promoción y defensa. La persona incapacitada para  velar por sí misma a causa de una deficiencia física o  mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un  régimen legal de protección, atención, readaptación y  seguridad”. Asimismo, no debe perderse de vista que el  Congreso de la República del Perú, mediante la Resolución  Legislativa Nº 29127 de treinta y uno de octubre de dos mil  siete, aprobó la “Convención sobre los Derechos de las  Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”,  suscrita el treinta de marzo de dos mil siete, en la ciudad de  Nueva York, Estados Unidos de América y en la cual se ha  reconocido “que la discapacidad es un concepto que  evoluciona y que resulta de la interacción entre las  personas con deficiencias y las barreras debidas a la  actitud y al entorno que evitan su participación plena y  efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las  demás”. Asimismo, se ha reconocido “la necesidad de  promover y proteger los derechos promover y proteger losderechos humanos de todas las personas con discapacidad,  incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso” y  “la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social,  económico y cultural, a la salud y la educación y a la  información y las comunicaciones, para que las personas  con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los  derechos humanos y las libertades fundamentales”.  Además, en dicha Convención se ha expresado el  convencimiento “que la familia es la unidad colectiva  natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a  recibir protección de ésta y del Estado, y de que las  personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la  protección y la asistencia necesarias para que las familias  puedan contribuir a que las personas con discapacidad  gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de  condiciones”. NOVENO.- Según la Exposición de Motivos  del Decreto Legislativo Nº 1384, ley que reconoce y regula  la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en  igualdad de condiciones; se ha señalado que su objeto es  establecer las medidas normativas que reforman el Código  Civil, Código Procesal Civil y el Decreto Legislativo del  Notariado a fin de reconocer y regular la capacidad jurídicas  de las personas con discapacidad, garantizando de esta  manera su ejercicio en condiciones de igualdad conforme  con el artículo 7 de la Constitución Política del Perú  interpretando a la luz de la Convención sobre Derechos de  las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo.  Adicionalmente a ello se expresa en dicho texto que “la  línea que mantiene la formulación de la propuesta es el  reconocimiento pleno de la personalidad jurídica de la  persona con discapacidad y, por lo tanto, la necesidad de  modificar la legislación nacional para que su capacidad  jurídica sea ejercida de manera autónoma e independiente.  Asimismo, en el caso que dicha persona considere  necesaria la asistencia de apoyos y aplicación de  salvaguardas para el mejor ejercicio de su derecho, ello  está regulado por la ley nacional, eliminándose toda barrera  de origen legal que impida su ejercicio en igualdad de  condiciones”. DÉCIMO.- Por consiguiente, resulta claro  que a la entrada en vigor del citado Decreto Legislativo Nº  1384, ha quedado eliminada la figura de la curatela del  Código Civil, para las personas con discapacidad, conforme  a la Única Disposición Complementaria Derogatoria del  citado cuerpo legal y en el caso de las personas que no  puedan manifestar su voluntad de manera expresa, ni  tácita, temporal o permanentemente, se les aplica la  designación de apoyos judicialmente en forma excepcional,  tal como está regulado en el artículo 659-E, incorporado al  Capítulo Cuarto, Título II de la Sección Cuarta, del Libro III  del Código Civil. En el caso de autos, es evidente que la  presente demanda fue instaurada antes de la promulgación  del mencionado Decreto Legislativo; en tal virtud, en  observancia del mandato constitucional y legal antes  enunciado, encontrándose los presentes autos en trámite,  resulta de aplicación el literal b) de la Primera Disposición  Complementaria y Transitoria del multicitado Decreto  Legislativo, que regula la transición al sistema de apoyos y  salvaguardias, en cuanto dispone que el Juez transforma  los siguientes procesos a uno de apoyos y salvaguardias, y  en el caso de “aquellos procesos de interdicción en trámite,  iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.  En estos casos, se suspende la tramitación del proceso y  se aplican las reglas establecidas en el Capítulo Cuarto al  Título II de la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil”.  Por lo tanto, nada obsta que, en el caso en particular, el  Juez del proceso adecúe el presente proceso en  observancia de la citada normativa y teniendo en cuenta el  interés de la persona con discapacidad y el respeto a sus  derechos humanos. DÉCIMO PRIMERO: Por lo que,  habiéndose establecido que la recurrida ha infringido los  principios relativos al debido proceso y a la motivación de  las resoluciones judiciales, al declarar la sustracción de la  materia; se debe declarar fundado el recurso de casación,  nula la resolución de vista e insubsistente la resolución  apelada y ordenarse que el Juez de primer grado proceda  a adecuar el presente proceso según la regulación vigente  a que se contrae el Decreto Legislativo Nº 1384 y su  reglamento; y en observancia del mandato constitucional  antes citado. IV. DECISIÓN: Por las consideraciones  expuestas, de conformidad con el artículo 396 inciso 3 del  Código Procesal Civil: A. Declararon: FUNDADO el recurso  de casación interpuesto por Filomeno Justo Gómez  Pérez, obrante a folios cien de los autos principales, en  consecuencia, NULA y sin efecto legal la resolución de  vista obrante a folios ochenta y tres, su fecha veinticuatro  de setiembre de dos mil dieciocho, e insubsistente la  resolución apelada a folios cincuenta, su fecha diecisiete  de octubre de dos mil diecisiete. B. ORDENARON que elJuzgado de primera instancia de origen, adecúe el presente  proceso a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº  1384 y su reglamento, así como a los fundamentos de la  presente resolución. C. DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial “El Peruano”  conforme a ley; en los seguidos por Filomeno Justo Gómez  Pérez con la sucesión de Víctor Gómez Díaz y otros sobre  remoción y designación de curador; y los devolvieron.  Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Ruidías  Farfán. SS SALAZAR LIZÁRRAGA, CUNYA CELI,  CALDERÓN  PUERTAS,  ECHEVARRIA  GAVIRIA,  RUIDÍAS FARFÁN. 1  Diario oficial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008,  páginas 21689 a 21690. 2  Diario oficial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008,  páginas 23300 a 23301. 3  Casación Nº 6910-2015, del 18 de agosto de 2015. 4  Ledesma Narváez, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil”. Tomo I.  Edit. Gaceta Jurídica. 2008. Lima. pp. 1097-1098. C-2136197-195