CASACIÓN Nº 3291-2019 HUÁNUCO
MATERIA: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO Lima, diez de enero de dos mil veinte. VISTOS;  y,  CONSIDERANDO:  PRIMERO.  Viene  a  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por el demandante Luis Hernán Zumaeta  Mendieta (página ciento veinticuatro), contra la Resolución  de vista de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve (página  ciento trece), emitida por la Sala Mixta Permanente de la  Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirmó el auto  resolutivo de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciocho (página sesenta y siete) que declaró: 1) Fundada  en parte la contradicción formulada por el ejecutado Asbel  Ernesto Castañeda Miraval; 2) Improcedente la ejecución de  obligación de dar suma de dinero; 3) Infundada la contradicción  por la causal de falsedad de título valor; y, 4) Con costas y  costos del proceso; recurso de casación cuyos requisitos de  admisibilidad y procedencia deben ser verificados de  conformidad con la modificatoria establecida en la Ley número  29364. SEGUNDO. En tal sentido, verificados los requisitos  de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, se tiene  que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto es:  I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Mixta  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco que,  como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; II) Se ha  presentado ante la misma sala superior que expidió la  resolución impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del  plazo de diez días de notificado con la resolución impugnada,  conforme al cargo de notificación del reverso de la página  ciento diecisiete, pues el recurrente fue notificado el diecisiete  de mayo de dos mil diecinueve y el recurso se presentó el  treinta y uno de mayo del mismo año; y, IV) Ha cumplido con  adjuntar el arancel judicial correspondiente, conforme se  observa en la página ciento diecinueve. TERCERO. Respecto  al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo  388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número  29364, se advierte que cumple este presupuesto, conforme al  escrito de apelación de la página ochenta y dos. CUARTO. En  el presente caso la controversia gira en torno a la demanda de  obligación de dar suma de dinero, a fin de que se ordene el  pago de la suma de quince mil dólares americanos  (US$ 15,000.00), producto de un préstamo de mutuo  efectuado a su favor, suscribiendo este último una letra de  cambio a la vista, más el pago de intereses a partir del  vencimiento hasta la fecha efectiva de pago, costas y costos  del proceso. QUINTO. Para establecer el cumplimiento de los  requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del  Código Procesal Civil, es necesario que la parte recurrente  señale en qué consisten las infracciones normativas  denunciadas o el apartamiento inmotivado del precedente  judicial. En el presente recurso de casación se denuncia: i)  Infracción normativa material de los artículos 1234 y 1257  del Código Civil. Refiere que el acotado artículo 1257 señala  que: “Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el  asentamiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes  que a los gastos, ni a estos antes que a los intereses”; y que  el artículo 1234 señala que: “El pago de una deuda contraída  en moneda nacional no podrá exigirse en moneda distinta, ni  en cantidad diferente al monto nominal originalmente  pactado”; en tal sentido se aprecia que el recurrente le ha  realizado un préstamo de dinero en dólares mas no es soles;  sin embargo, el ejecutado ha adjuntado a la contradicción  montos en soles, a sabiendas que la obligación pactada fue  en dólares, es por ello que se puede apreciar en autos que los  montos realizados en moneda nacional (soles) son por  concepto de intereses mas no del capital. ii) Infracción  normativa procesal del inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú y del artículo I del Título  Preliminar del Código Procesal Civil (derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva). Refiere que la sala superior noprodujo motivadamente con criterios objetivos y razonables la  sentencia de vista materia de grado, involucrando y lesionando  su derecho fundamental al debido proceso, derecho  fundamental que se ve integrado en el artículo I del Título  Preliminar del Código Procesal Civil. Agrega que el artículo I  del Título Preliminar del Código Procesal Civil, respecto a la  tutela jurisdiccional efectiva, recoge previamente una serie de  conceptos emitidos por el Tribunal Constitucional, así como  por otros entendidos respecto al contenido constitucionalmente  protegido del derecho a la motivación de resoluciones en  general; y, que se han efectuado los siguientes supuestos: -  Inexistencia de motivación o motivación aparente: que no se  cuenta con las razones mínimas que sustentan la decisión o  que no responde a las alegaciones de las partes del proceso  o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato.  - Falta de motivación interna en el razonamiento: existe  invalidez de una inferencia a partir de las premisas que  establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado,  cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las  premisas que establece previamente el juez en su decisión. -  Deficiencias en la motivación externa: el control de justificación  externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la  justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado  Democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión. - Motivación insuficiente:  mínimo de motivación exigible. - Motivación sustancialmente  incongruente: resolver las pretensiones de las partes de  manera congruente con los términos que vengan planteados,  sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan  modificación o alteración del debate procesal. - Motivaciones  cualificadas: resulta indispensable una especial justificación  para el caso de decisiones de rechazo de la demanda. El  recurrente solo menciona en qué consiste cada supuesto,  mas no hace referencia ni narra en forma concreta la  incidencia directa sobre la decisión impugnada. iii) Infracción  normativa material de los artículos 19 y 64 de la Ley  número 27287 – Ley de Títulos Valores. Refiere que el  artículo 19, inciso 1, literal e), de la Ley de Títulos Valores,  señala que: “Cualquiera que fuere la vía en la que se ejerciten  las acciones derivadas del título valor, el demandado puede  contradecir fundándose en: “e) que el título valor incompleto al  emitirse haya sido completado en forma contraria a los  acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el  respectivo documento donde consten tales acuerdos  transgredidos por el demandante”; por lo que, referente a este  considerando, lo avala y ampara la carta notarial haciendo  conocer que su persona va a proceder a rellenar la letra de  cambio que se dejó en garantía a sola firma, y, previo aviso,  procedió a su llenado. SEXTO. Previo a la verificación de los  requisitos de procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La  casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto  que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fin al  proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al  orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel  que la ley concede a las partes después de haberse cumplido  con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso  porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los  agravios”1 y resulta extraordinario por estar limitados los  motivos para su interposición, “por ser limitadas las  resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y  porque su estudio “se limita a la existencia del vicio  denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar el íntegro de  la sustancia debatida: se trata esencialmente de una  jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de  hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación  procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad)  y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4.  Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa  hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir en  la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del  derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y  precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que  debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre  la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el  impugnante  tiene  que  establecer  una  relación  de  correspondencia entre los fundamentos de la resolución que  rebate y las infracciones que menciona. Son estos los  parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar  el recurso. SÉTIMO. Del examen de la argumentación  expuesta en el considerando quinto de la presente resolución,  se advierte que el recurso no cumple con los requisitos  exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código  Procesal Civil, pues no se describen con claridad y precisión  las infracciones normativas o el apartamiento del precedente  judicial, ni se ha demostrado la incidencia directa de tales  infracciones sobre la decisión impugnada. En efecto: i)  Infracción normativa material de los artículos 1234 y 1257  del Código Civil. En el caso concreto, no aparece acreditadala infracción de la norma prevista en el artículo 1234 del  Código Civil, en tanto que esta regula un supuesto distinto al  caso de autos, pues la obligación ha sido originariamente  contraída en moneda extranjera y no en moneda nacional,  supuesto en el cual, se genera esta protección de no exigencia  de pago en moneda diferente a la pactada. Tampoco se  acredita la afectación de lo dispuesto en el artículo 1257 del  Código Civil, pues los órganos de instancia han determinado,  como premisa fáctica, el pago de una suma mayor a la deuda  líquida, y el pago de intereses pactados se determinarán en  ejecución de sentencia, teniendo en cuenta que el ejecutado  ha acreditado el pago de la suma de veintidós mil con ochenta  y tres dólares americanos. Por tanto, lo que el recurrente  pretende es que se vuelvan a valorar los medios probatorios  consistentes en la letra de cambio y en los recibos a efectos  de establecer si existe deuda pendiente de pago, lo que no es  posible realizar en sede casatoria, dados los fines establecidos  en el artículo 384 del Código Procesal Civil, pues esta sala  suprema es juez de la interpretación del derecho y no del  mérito del proceso; alega similares fundamentos de su  recurso de apelación que bien han sido abordados en la  sentencia de vista en su considerando 10 al referir: “Respecto  a los argumentos de apelante, en el sentido de que el pago  efectuado por el ejecutado ha sido por el concepto de  intereses, y aun le adeuda el capital, al respecto debe  indicarse que en el artículo 1243 del Código Civil señala que  (…) la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación  al capital voluntad del deudor, y el artículo 1245 del Código  Civil dispone: Cuando deba pagarse intereses, sin haberse  fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal”.  Asimismo, en su considerando 11 refiere que: “(…) atendiendo  que el ejecutante alega que el monto pagado por el ejecutado  corresponde al pago de intereses pactado, ello no se  encuentra plasmado en ningún documento, y si bien de los  recibos adjuntados por el ejecutado se indica pago por  concepto de capital e intereses, ellos no suplirían el valor del  documento que contenga los acuerdos alegados por éste, por  lo que habiéndose pagado la suma de US$ 22,083.00 dólares  americanos, siendo el capital solo de US$ 15,000.00 dólares  la suma demandada ha sido cancelado, quedando el  excedente como pago de intereses el cual debe ser regulado  en base al interés legal por no existir acuerdo al respecto tal  como se ha señalado en las Casaciones N° 759-2003 y 841- 2003 (…)”. ii) Infracción normativa procesal del inciso 3  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y del  artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil  (derecho a la tutela jurisdiccional efectiva). El inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, prescribe  que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3.  La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”;  en ese sentido, el contenido constitucionalmente protegido  del debido proceso radica en que los justiciables tengan la  garantía de que al defenderse lo hagan adecuadamente sin  que exista algún acto que pueda afectarlos y con respeto a  diversos derechos de índole procesal. Así pues, el Tribunal  Constitucional ha señalado lo siguiente, respecto al núcleo de  dicho derecho principio: “(...) su contenido constitucionalmente  protegido comprende una serie de garantías, formales y  materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto  garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se  encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el  necesario respeto y protección de todos los derechos que en  él puedan encontrarse comprendidos.” (Sentencia número  7289-2005-AA/TC, FJ 5). En el caso concreto, el recurrente  no refiere de manera clara y concreta la infracción normativa  y su incidencia, solo refiere que en la sentencia de vista se ha  vulnerado el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú y el artículo I del Título Preliminar del Código  Procesal Civil, pero no describe los hechos concretos en los  cuales fundamenta su denuncia, así como tampoco la  incidencia directa. Narra cada uno de los supuestos del  derecho a la motivación de resoluciones judiciales; sin  embargo, tampoco describe en qué consisten tales  infracciones y su incidencia directa. Por lo que, del análisis de  los actuados y de la sentencia de vista, no se acredita  violación al derecho fundamental del debido proceso  consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, máxime si se tiene en cuenta que entre los  derechos que forman parte del contenido constitucionalmente  protegido del derecho al debido proceso se tiene, entre ellos,  al derecho al procedimiento establecido, el derecho de  defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, derecho a la  motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de  prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas,  etcétera; derechos de los cuales no se les ha privado a la  parte recurrente, por lo no puede estimarse esta infracción  que se denuncia. iii) Infracción normativa material de los  artículos 19 y 64 de la Ley número 27287 – Ley de TítulosValores. El recurrente pretende que se valore el medio  probatorio consistente en la letra de cambio, lo que no es  posible realizar en sede casatoria, dados los fines establecidos  en el artículo 384 del Código Procesal Civil, pues esta sala  suprema es juez de la interpretación del derecho y no del  mérito del proceso; asimismo, la sentencia de vista en su 9  considerando ha señalado que: “(…) en autos no obra  documento alguno que acredite supuestos acuerdos  adoptados por ambas partes, ello atendiendo que el artículo  19° de la Ley de Título Valores N° 27287 inciso e) que dispone  que se debe acompañar el documento donde conste tales  acuerdos, sin ello no es posible acreditar los supuestos  acuerdos, siendo así, y habiéndose demandado el pago de la  obligación por la suma de US$ 15,000.00 dólares americanos,  y el pago efectuado por el ejecutado, la contradicción por la  causal de extinción de la obligación, se encuentra arreglada a  ley.” Por lo que, tampoco puede estimarse esta infracción  normativa; en consecuencia, las causales denunciadas  devienen en improcedentes. OCTAVO. En cuanto a la  exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 388, se  advierte que la parte recurrente pretende un efecto anulatorio;  sin embargo, ello no es suficiente para atender el recurso  materia de calificación, toda vez que los requisitos de  procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes,  conforme estipula el artículo 392 del Código Procesal Civil.  Por las razones expuestas, y en aplicación de lo previsto en el  artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley  número 29364; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de  casación interpuesto por el demandante Luis Hernán  Zumaeta Mendieta (página ciento veinticuatro), contra la  Resolución de vista de fecha seis de mayo de dos mil  diecinueve (página ciento trece), emitida por la Sala Mixta  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por Luis Hernán Zumaeta Mendieta contra Asbel  Ernesto Castañeda Miraval, sobre Obligación de Dar Suma  de Dinero; y los devolvieron. Ponente Señor Ruidías Farfán,  Juez  Supremo.-  S.S.  ROMERO  DÍAZ,  CABELLO  MATAMALA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA,  RUIDÍAS FARFÁN 1  GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires,  1992, pág. 742. 2  GUZMÁN FLUJÁ, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia,  1996, pág. 15. 3  CALAMANDREI, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América.  Buenos Aires, 1959, pág. 55. 4  “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia  es afirmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el  que debe resolverse la cuestión suscitada”. MONTERO AROCA, Juan – FLORS  MATÍES, José. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág.  414. C-2136199-140