CASACIÓN Nº 3566-2020 LIMA
Sumilla: Corresponde la aplicación de intereses moratorios  en el escenario en que el coeficiente de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta se vea incrementado como consecuencia  de una nueva determinación del impuesto a la renta anual  del ejercicio anterior o precedente al anterior, según sea el  caso, que sirvió como base de cálculo. Ello, en razón de que  solo puede ser entendido como realizado el pago cuando su  ejecución sea íntegra, según lo previsto en el artículo 1220 del  Código Civil y en consonancia con el principio de capacidad  contributiva. Asimismo, se configura la infracción tipificada en  el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, en virtud  de que objetivamente se aplicó un coeficiente distinto al que  correspondía en la determinación de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta. Lima, cuatro de octubre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA La causa número  tres mil quinientos sesenta y seis guion dos mil veinte, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la  participación de los señores Jueces Supremos González  Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del  Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, producida la  votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1.1.  Materia del recurso Se trata de los recursos de casación  interpuestos por las partes demandadas, el Procurador  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  del catorce de enero de dos mil veinte (foja trescientos  cuarenta y seis del EJE), y por la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), del  veinte de enero de dos mil veinte (foja trescientos setenta y  cuatro del EJE), contra la sentencia de vista emitida por la  Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima —en adelante, Sala  Superior—, del seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja  trescientos diecisiete del EJE), que confirmó la sentencia  apelada, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil  diecinueve (foja ciento ochenta y cinco del EJE), que declaró  fundada en parte la demanda. 1.2. Fundamentos del recurso  1.2.1. El recurso de casación del Tribunal Fiscal fue  declarado procedente por resolución del catorce de octubre  de dos mil veinte, por las siguientes causales: a)  Interpretación errónea del literal a) del artículo 85 del  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y  el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, que sancionan con la aplicación de un interés  moratorio por el no abono de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta. Del artículo 85 de la Ley del Impuesto a  la Renta, se puede inferir que la determinación del sistema de  pagos a cuenta se realiza en función de si en el ejercicio  anterior el contribuyente tenía renta imponible y el sistema de  pagos a cuenta es aplicable a todo el ejercicio gravable. El  procedimiento para determinar el pago a cuenta mensual en  base al Sistema de Coeficiente hace referencia al “impuesto  calculado”, el mismo que no podía ser entendido como aquel  monto determinado de forma incorrecta, puesto que resulta  ser una obligación formal de los contribuyentes el incluir en  las declaraciones juradas datos que sean reales; este  dispositivo no establece que para determinar el coeficiente  hay que remitirse a la declaración jurada “original” que  corresponde al ejercicio gravable anterior: ingreso neto total  del ejercicio gravable e impuesto a la renta calculado en el  citado ejercicio. El neto total e impuesto a la renta calculado  del ejercicio gravable que indica el aludido artículo 85 se  refiere al ingreso neto total del año e Impuesto a la Renta  calculado que resultan de la determinación que debe ser  practicada conforme a la Constitución y por supuesto a  derecho.  Entonces,  incumplir  tales  deberes  implica  consecuencias relacionadas con la generación de intereses  moratorios por no haberse ingresado al fisco en el plazo de  ley el monto correcto que correspondía, pues en las  declaraciones referidas a los pagos a cuenta el deudor  tributario tiene la obligación de determinarlas y declararlas  conforme a ley en base a información real. b ) Infracción  normativa del artículo 139 numeral 5 de la Constitución  Política del Estado, además de no efectuar el apartamiento  de la Casación N° 4392-20163 al aplicarse el principio de  “nemo auditur propiam turpitudunem allegans” (nadie  puede alegar la torpeza a su favor). La Sala Superior ha  incurrido en una indebida motivación de la sentencia al ejercer  control concentrado o analizar la constitucionalidad de las  leyes  aplicando  de  forma  indebida  el  bloque  deconstitucionalidad, incurriendo en incongruencia. Aplicando el  principio citado al caso de autos, tenemos que la demandante  debió haber efectuado una determinación correcta en el  ejercicio dos mil trece, el cual sirvió de base para determinar  el pago a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil  catorce; sin embargo, la determinación original efectuada por  la actora fue errada. Esta aceptó las observaciones efectuadas  durante la fiscalización realizada, respecto a la modificación  del coeficiente aplicable a las bases imponibles para  determinar los pagos a cuenta de los periodos tributarios de  mayo a junio de dos mil catorce, en donde se observa que la  aquella aplicó un coeficiente que no le correspondía, que no  coincide con la determinación efectuada por la Administración  Tributaria. En consecuencia, la accionante realizó una  determinación tributaria errada, se desprende del rubro de  adiciones del Impuesto a la Renta del dos mil catorce  declarado por esta en sus PDT 625 N° 75004458 y N°  750054237, que difiere del análisis de liquidación del Impuesto  que comprende las adiciones del Ejercicio dos mi catorce  presentado en la etapa de fiscalización, dicho error en la  determinación devino en la generación de intereses  moratarios, los que fueron determinados por la Administración  Tributaria y recalculados posteriormente mediante la  Resolución Intendencia N° 0750140002290/SUNAT; por lo  que, amparar una conducta que favorece indebidamente a  quien no ha cumplido con liquidar correctamente ni pagar  oportunamente su deuda tributaria, significaría permitir que la  demandante obtenga provecho de un perjuicio que ella misma  ha permitido o provocado. En consecuencia, resulta razonable  concluir que la demandante y no el Tribunal Fiscal, es la  causante de su propio perjuicio: la aplicación de intereses  moratorios por no haber declarado los montos correctos en  una primera declaración. Asimismo, la Sala Constitucional y  Social Permanente de la Corte Suprema al expedir la  sentencia recaída en la Casación N° 4392-213 no ha tomado  en cuenta el deber de contribuir ni tampoco el criterio del  Tribunal Constitucional expuesto en la sentencia del Tribunal  Constitucional N° 3184-2012-AA/TC en la cual se ha  establecido que los intereses se deben al hecho propio del  contribuyente quien asume la responsabilidad por el no pago  oportuno de lo realmente debido. 1.2.2. De igual manera, el  recurso de casación de la SUNAT fue declarado procedente  en la misma resolución anteriormente señalada, por las  siguientes causales: a) Infracción del derecho fundamental  al debido proceso y a la debida motivación. La Sala  Superior incurre en error en la motivación al no haber  advertido que la Casación N° 4392-2013-Lima no ha  establecido como precedente vinculante la inaplicación de los  intereses por la omisión de los pagos a cuenta que se  produzcan a raíz de una declaración rectificatoria efectuada  por el propio contribuyente con posterioridad a los pagos a  cuenta; sino que el precedente vinculante se encuentra  dirigido únicamente a establecer los alcances de la Norma VIII  del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, referido a los métodos adecuados para la  interpretación de normas tributarias, y no respecto a la  procedencia o no de aplicación de intereses por pagos a  cuenta producto de una declaración rectificatoria como mal  sustenta la Sala Superior. Basta con una lectura integral de la  Casación N° 4392-2013-LIMA para verificar que los  fundamentos que sustentan la decisión de la Sala Suprema al  caso concreto -interpretación del artículo 85 literal a) del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta- no  constituyen precedente vinculante. Asimismo, el caso resuelto  en dicha Casación es fácticamente distinto al presente caso.  En efecto, en la Casación N° 4392-2013-LIMA, si bien se  discutió si corresponde el cobro de los intereses de pagos a  cuenta del Impuesto la Renta, los hechos que originaron tal  controversia devenía del cuestionamiento de órdenes de  pago que la administración emitió como producto de la  rectificación voluntaria que hizo el demandante fuera de un  procedimiento fiscalización. Así también cabe agregar que el  Colegido Supremo señaló que al no existir fiscalización  alguna por parte de la Administración respecto de la  determinación correcta de los pagos a cuenta no resultaba  exigible los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta,  considerando que con el “pago realizado oportunamente” el  contribuyente cumplió con su obligación. Todo lo contrario  ocurre en el caso de autos, pues en la presente controversia  los hechos que la han originado son cuestionamientos de  Resoluciones de Determinación emitidos como resultados de  la fiscalización iniciado al contribuyente. En ese sentido, al  tratarse de supuestos distintos, la Sala Superior no debió  utilizar el criterio -para resolver el caso en concreto- contenido  en la Casación N° 04392-2013. b) Infracción normativa por  interpretación errónea del artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario y del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta. La Sala Superior no ha analizadode manera correcta la base legal para el caso concreto, lo  cual ha generado error en la interpretación de la norma que  dispone la obligación de pagar intereses moratorios, y cuando  no se paga ni declara el monto correcto por pagos a cuenta,  corresponde el pago de intereses como lo dispone el artículo  85 de la Ley del Impuesto al Renta y el artículo 34 del Código  Tributario. Este último artículo señala que el interés moratorio  correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados  oportunamente,  se  aplicará  hasta  el  vencimiento  o  determinación de la obligación principal y que, a partir de ese  momento, los intereses devengados constituirán la nueva  base para el cálculo del interés moratorio. Se entiende que el  sujeto obligado por ley a presentar la declaración jurada  relacionada con la determinación de la obligación tributaria,  no solo cumple su deber cuando la presenta en el plazo legal  establecido, sino cuando la presenta consignando información  correcta y conforme a la realidad. En efecto, no basta la sola  presentación del documento que contenga la declaración  tributaria. Por el contrario, toda vez que la determinación de la  obligación tributaria puede iniciarse mediante la declaración  del deudor, anunciándose mediante ella el acaecimiento del  hecho imponible, la base de cálculo del tributo y su cuantía, es  imperativo que ésta deba hacerse en forma correcta y  sustentada. El deudor tributario no solo debe presentar sus  declaraciones dentro del plazo de ley, sino que, tratándose de  las declaraciones determinativas, como es la declaración  jurada anual del Impuesto a la Renta, deben contener  información fiel a la realidad. Incumplir tales deberes implica  consecuencias relacionadas con la generación de intereses  moratorios por no haberse ingresado al fisco en el plazo de  ley el monto que correspondía conforme lo dispuesto en el  artículo 34 del código tributario. Tratándose de las  declaraciones referidas a los pagos a cuenta, corresponde un  razonamiento similar, en el sentido que el deudor tributario  tiene la obligación de determinarlos y declararlos conforme a  ley, en base a información real. Por tanto, de modificarse la  base de cálculo (ingresos netos del mes) o los datos que  sirvieron para determinar el sistema o coeficiente a aplicar, se  evidencia que las declaraciones referidas a los pagos a  cuenta se sustentaron en datos que no son conformes con la  realidad. En tal sentido, la obligación referida a efectuar pagos  a cuenta no se considera cumplida únicamente cuando éstos  son declarados y cancelados oportunamente sino cuando las  declaraciones presentadas consignan información correcta y  conforme a la realidad. Por lo tanto, corresponde la aplicación  de intereses moratorios por los pagos a cuenta del impuesto  a la renta, en caso que con posterioridad al vencimiento o  determinación de la obligación principal se hubiera modificado  la base de cálculo del pago a cuenta o el coeficiente aplicable  o el sistema utilizado para su determinación por efecto de la  presentación de una declaración jurada rectificatoria o de la  determinación  efectuada  sobre  base  cierta  por  la  administración. 1.3. Antecedentes 1.3.1. Vía administrativa  Mediante Carta de Fiscalización Nº 160071299230-01/ SUNAT, del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, y  Requerimientos Nº 0721160000093 y Nº 0722160000193, la  administración  tributaria  inició  un  procedimiento  de  fiscalización definitiva respecto del impuesto a la renta del  ejercicio dos mil catorce a la empresa Constructora Ferretera  San Antonio S.R.L. Como resultado de dicho procedimiento,  se emitieron las Resoluciones de Determinación Nº 072-003- 0011608 a Nº 072-003-0011615, al desconocer el coeficiente  aplicado por la demandante para la determinación de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta de mayo a diciembre  de dos mil catorce; también se emitieron las Resoluciones de  Multa Nº 072-002-0006679 a Nº 072-002-0006686 por la  infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del  Código Tributario. Al no estar de acuerdo con el reparo  efectuado por la administración tributaria con relación a los  pagos a cuenta, la empresa interpuso recurso de reclamación  contra las resoluciones de determinación y de multa  impuestas, el mismo que fue declarado infundado por la  Resolución de Intendencia Nº 0750140002290. Contra esta,  se interpuso recurso de apelación y este fue resuelto por la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07605-1-2017, del veintiocho  de agosto de dos mil diecisiete. 1.3.2. Demanda Mediante  demanda contencioso-administrativa del ocho de enero de  dos mil dieciocho (foja cincuenta y cuatro del EJE), la empresa  solicitó, como pretensión principal, la nulidad de la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 07605-1-2017 en el extremo que  resuelve confirmar la Resolución de Intendencia Nº 075-014-0  002290/SUNAT y ordena proceder con la cobranza coactiva  de las Resoluciones de Determinación Nº 072-003-0011608 a  Nº 072-003-0011615 y las Resoluciones de Multa Nº 072002- 0006679 a Nº 072-002-0006686. La demandante sustenta  que conforme a los hechos suscitados en el procedimiento  administrativo tributario, se solicita la nulidad de la resolución  del Tribunal Fiscal Nº 07605-1-2017 por incurrir en indebidoprocedimiento y vulneración del derecho, así como a la debida  fundamentación, esto en razón de que ni la SUNAT ni el  Tribunal Fiscal se han pronunciado sobre sus argumentos.  Asimismo, señala que el procedimiento de fiscalización  resulta nulo, pues no existe una orden de fiscalización  específica para fiscalizar las declaraciones PDT Nº 625  referidas a la determinación de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce, conforme a lo  dispuesto en la resolución de Superintendencia Nº 140-2013/ SUNAT. Finalmente, señala que la Corte Suprema de Justicia,  mediante Casación Nº 4392-2013-LIMA, ha indicado que los  pagos a cuenta no constituyen tributos, sino deuda forzosa  para financiar al Estado, por lo que resulta arbitrario el actuar  de la administración tributaria, que pretende fiscalizar dichas  deudas forzosas con base en una orden de fiscalización  dirigida exclusivamente a la determinación de un tributo, esto  es, del impuesto a la renta anual. 1.3.3. Sentencia de primera  instancia  El  Décimo  Octavo  Juzgado  Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de  la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada en  parte la demanda, argumentando lo siguiente: La aplicación  de intereses moratorios, de acuerdo a lo establecido en el  artículo 34° del Código Tributario, se origina únicamente por  el pago no oportuno de las cuotas por pagos a cuenta y no por  la modificación del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta  producto de una declaración rectificatoria emitida por el  contribuyente o un procedimiento de fiscalización posterior  que establece la modificación del referido coeficiente, pues  asumir dicha postura implicaría establecer en vía de  interpretación extensiva un supuesto adicional no contemplado  en el artículo 34° del Código Tributario y por tanto incurrir en  una contravención a la Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario. 1.3.4. Sentencia de vista La Sétima Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, resolvió  CONFIRMAR la sentencia apelada, decisión adoptada en  mérito al siguiente argumento: “De acuerdo a los agravios  expresados por las entidades apelantes no se ha encontrado  fundamento que justifique un apartamiento de la aplicación de  la Casación Nº 4392-2013, por lo que corresponde confirmar  la apelada”. II. CONSIDERANDOS Primero: De esta manera,  atendiendo a los fundamentos del recurso de casación  respecto de la sentencia de vista, corresponde a esta Sala  Suprema analizar las infracciones normativas denunciadas en  forma integral y determinar si corresponde anular o revocar la  resolución recurrida. A propósito de ello, corresponde  mencionar de manera preliminar que la finalidad del recurso  de casación es la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto sometido al conocimiento de los órganos  jurisdiccionales, así como garantizar la uniformidad de la  jurisprudencia nacional emitida por la Corte Suprema de  Justicia de la República, conforme se prescribe en el artículo  3841 del Código Procesal Civil2. Al respecto, la Casación Nº  3157-2013/Lima3 menciona lo siguiente: La casación  constituye un medio impugnatorio extraordinario, concedido al  justiciable a fin de que pueda solicitar al máximo órgano de  justicia el examen de la decisión dictada por los jueces de  mérito. Se dice que es extraordinario, pues la Ley lo admite  excepcionalmente, esto es, al agotarse la impugnación  ordinaria a fin de satisfacer finalidades limitadas como  observar la correcta aplicación del derecho objetivo al caso  concreto, es decir, la Corte de Casación solo puede  pronunciarse sobre los errores de derecho, más no respecto  de los hechos y las pruebas […] Segundo: La controversia  gira en torno a establecer si corresponde la aplicación de  intereses moratorios por la modificación de la base de cálculo  de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de mayo a  diciembre de dos mil catorce. Ello, sobre la base del  precedente vinculante establecido en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima. Análisis de las causales  Tercero: El pronunciamiento de la Sala Superior, con relación  a las infracciones denunciadas por el Tribunal Fiscal, debe  partir de la causal de naturaleza procesal por infracción del  numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Estado, y por la referida a no efectuar el apartamiento de la  Casación Nº 4392-2013 al aplicarse el principio de nemo  auditur propiam turpitudunem allegans (nadie puede alegar la  torpeza a su favor). El Tribunal Fiscal señala como sustento  de las causales que la Sala Superior efectúa una indebida  motivación de la sentencia al ejercer control concentrado o  analizar la constitucionalidad de las leyes aplicando de forma  indebida el bloque de constitucionalidad, con lo cual incurre  en incongruencia. Aplicando el principio citado al caso de  autos, se tendría que la demandante debió haber efectuado  una determinación correcta en el ejercicio dos mil trece, el  cual sirvió de base para determinar el pago a cuenta del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce; sin embargo,  la determinación original efectuada por la actora fue errada.Asimismo, alega que la Sala Constitucional y Social  Permanente de la Corte Suprema al expedir la sentencia  recaída en la Casación Nº 4392-2103 no ha tomado en cuenta  el deber de contribuir ni tampoco el criterio del Tribunal  Constitucional expuesto en la Sentencia Nº 3184-2012-AA/ TC, en la cual se ha establecido que los intereses se deben al  hecho  propio  del  contribuyente,  quien  asume  la  responsabilidad por el no pago oportuno de lo realmente  debido. Al referirnos al derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales, debemos remitirnos a la Constitución  Política del Estado, que en su artículo 139 establece lo  siguiente: Artículo 139.- Principios de la Administración de  Justicia Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales  en todas las instancias, excepto los decretos de mero  trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. [Énfasis nuestro]  En dicho contexto, debemos invocar ineludiblemente los  pronunciamientos  del  Tribunal  Constitucional  en  las  sentencias recaídas en los Expedientes Nº 3943-2006-PA/TC  y Nº 00728-2008-PHC/TC (caso Giuliana Flor de María  Llamoja Hilares), donde establece que no todo ni cualquier  error en el que eventualmente incurra una resolución judicial  constituye automáticamente la violación del contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales; sino, en consideración al contenido  constitucionalmente garantizado de este derecho. En este  caso, esta Sala Suprema, luego de analizar la sentencia de  vista, determina que no ha incurrido en los vicios denunciados  por el recurrente, toda vez que sus considerandos dan  respuesta jurídica a los seis agravios esgrimidos por la  recurrente, conforme aparece de los considerandos noveno al  décimo cuarto, en forma minuciosa y detallada. La sentencia  de vista señala en el considerando décimo cuarto  específicamente que: […] cabe señalar que en virtud a los  fundamentos expresados en la presente resolución y el  criterio vinculante de la Casación N° 4392-2013, en el caso en  concreto se ha determinado que no corresponde la aplicación  de intereses moratorios, en virtud a lo dispuesto en el artículo  34° del Código Tributario y el artículo 85° de la Ley del  Impuesto a la Renta, siendo que la Administración Tributaria  debiera adecuar su accionar al criterio establecido en la  Casación N° 4392-2013 teniendo en cuenta el principio de  predictibilidad o de confianza legítima […]. Así, continúa  desarrollando las razones que sustentan la decisión. En  consecuencia, la sentencia de vista no incurre en la infracción  normativa procesal denunciada por el recurrente, puesto que  la sentencia se encuentra debidamente fundamentada y no  se puede afirmar que la sentencia de vista contenga  motivación aparente o adolezca de falta de motivación interna  del razonamiento. Señala el recurrente que la infracción  también consiste en “no efectuar el apartamiento de la  Casación Nº 4392-20163 al aplicarse el principio de ‘nemo  auditur propiam turpitudunem allegans’ (nadie puede alegar la  torpeza a su favor)”. Sin embargo, esta Sala Suprema debe  precisar que la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima no  contiene como regla con carácter vinculante que no  corresponda la aplicación de intereses moratorios como  consecuencia de la modificación posterior de la base de  cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. En  atención a lo expuesto, corresponde desestimar la presente  casual invocada por el Tribunal Fiscal. Cuarto: Respecto de  la causal por interpretación errónea del literal a del artículo 85  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y  del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  que sancionan con la aplicación de un interés moratorio por el  no abono de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, debe  señalarse que la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario prevé lo siguiente: NORMA VIII: INTERPRETACIÓN  DE NORMAS TRIBUTARIAS Al aplicar las normas tributarias  podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos  por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse  tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones,  ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto  en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo.  De esta manera, a través de la norma en cuestión, se  introduce una particularidad que debe tener en cuenta el  intérprete al determinar los alcances de una norma de carácter  tributario. Esta será que no podrá extender, a partir de la  interpretación, los efectos de una disposición a un supuesto  que no esté expresamente regulado, a fin de establecer una  carga tributaria, una sanción o conceder una exoneración. En  todo lo demás, las reglas interpretativas deberían ser las  mismas. Así pues, al interpretar una norma de carácter  tributario no se puede perder de vista que esta forma parte del  ordenamiento jurídico y, en esa medida, su aplicación no  puede desvincularse de las otras disposiciones contenidas eneste. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha establecido lo  siguiente a través de su sentencia recaída en el Expediente  Nº 005-2003-AI: 3. El orden jurídico es un sistema orgánico,  coherente e integrado jerárquicamente por normas de distinto  nivel que se encuentran interconectadas por su origen, es  decir, que unas normas se fundan en otras o son consecuencia  de ellas. El ordenamiento jurídico se conceptualiza como una  pluralidad de normas aplicables en un espacio y tiempo  determinados, y se caracteriza por constituir una normatividad  sistémica, y por su plenitud hermética. En puridad, una norma  jurídica sólo adquiere valor de tal, por su adscripción a un  orden. Por tal consideración, cada norma está condicionada  sistémicamente por otras. Ello debido a que el orden es la  consecuencia de una previa construcción teórico-instrumental.  Al percibirse el derecho concreto aplicable, en un lugar y  tiempo determinados, como un orden regulador, se acredita la  constitución de una totalidad normativa unitaria, coherente y  organizadora de la vida coexistencial. […] Lo señalado por el  colegiado es de suma trascendencia, ya que nos permite  apreciar al ordenamiento jurídico como una estructura  conformada por normas que guardan conexión entre sí, a tal  punto de hallarse condicionadas para su aplicación. Dicha  estructura a la que hacemos referencia ha sido descrita por  Rubio Correa4 de la siguiente forma: Como sistema estructural  […] el Derecho tiene, de un lado, una conformación general y  totalizadora que lo define e identifica como tal por oposición a  otros sistemas normativos y, de otro, una estructuración  interna en partes (tradicionalmente denominadas ramas del  Derecho) las cuales a su vez tienen sub-partes y, estas,  unidades de contenido más pequeñas hasta llegar a las  normas individuales. Ahora bien, el diseño estructural de lo  que entendemos por ordenamiento jurídico es el resultado de  un escalonamiento jerárquico que el Tribunal Constitucional  describe en la sentencia del Expediente Nº 005-2003-AI al  señalar que: Toda norma encuentra su fundamento de validez  en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la norma  fundamental. Tal concepto de validez no sólo alude a la  necesidad de que una norma se adecue formalmente a otra  superior, sino también a su compatibilidad material. En ese  sentido, el ordenamiento jurídico no solo consistirá en un  sistema normativo unitario y coherente, sino que aquellas  piezas que lo componen se relacionan en torno a una base  común que es la norma fundamental: la Constitución Política  del Estado. Con lo cual, el operador jurídico debe tener en  cuenta  necesariamente  los  principios  constitucionales  previstos. En particular, en el ámbito tributario, merecen  especial atención aquellos principios contenidos de manera  implícita o explícita en el artículo 74 de la Constitución Política  del Estado5, como es el de capacidad contributiva, el cual ha  sido reconocido por el Tribunal Constitucional a través de su  sentencia recaída en el Expediente Nº 033-2004-AI, como se  cita a continuación: 6. […] Ciertamente, el principio de  capacidad contributiva se alimenta del principio de igualdad  en materia tributaria, de ahí que se le reconozca como un  principio implícito en el artículo 74° de la Constitución […]. 12.  […] tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a  imposición; es decir, siempre que se establezca un tributo,  éste deberá guardar íntima relación con la capacidad  económica de los sujetos obligados, ya que sólo así se  respetará la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es  lo mismo, sólo así el tributo no excederá los límites de la  capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el  presupuesto legitimador en materia tributaria y respetando el  criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el  legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar  general y el marco constitucional tributario al momento de  regular cada figura tributaria.[…] En sentido similar, el máximo  intérprete de la Carta Magna estableció lo siguiente, mediante  su sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-AI: […]  para que el principio de capacidad contributiva como principio  tributario sea exigible, no es indispensable que se encuentre  expresamente consagrado en el artículo 74° de la Constitución,  pues su fundamento y rango constitucional es implícito en la  medida que constituye la base para la determinación de la  cantidad individual con que cada sujeto puede/debe en mayor  o menor medida, contribuir a financiar el gasto público;  además de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso o  piso para evaluar una eventual confiscatoriedad, sino que  también se encuentra unimismado con el propio principio de  igualdad, en su vertiente vertical. Por otro lado, la doctrina  también ha desarrollado este principio de forma detallada y se  ha referido a sus características principales, como es el caso  de Héctor Villegas6, que ha sostenido lo siguiente respecto a  las implicancias del principio de capacidad contributiva: La  capacidad  contributiva  tiene  cuatro  implicancias  trascendentales: a) Requiere que todos los titulares de medios  aptos para hacer frente al tributo contribuyan, salvo aquellos  que por no contar con un nivel económico mínimo quedan almargen de la imposición. b) El sistema tributario debe  estructurarse de tal manera que quienes tengan mayor  capacidad económica tengan una participación más alta en  las rentas tributarias del Estado. c) No pueden seleccionarse  como hechos imponibles o bases imponibles, circunstancias o  situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar  capacidad contributiva. d) En ningún caso el tributo o conjunto  de tributos que recaiga sobre un contribuyente puede exceder  la razonable capacidad contributiva de las personas, ya que  de lo contrario se atenta contra la propiedad, confiscándola  ilegalmente. Con relación a los ámbitos específicos en que  este principio opera y la utilidad que tiene en la obtención  equitativa de recursos por parte del Estado, Alberto Tarsitano7  afirma lo siguiente: La capacidad contributiva es un principio  constitucional autónomo que posee su propio campo de  acción, además de conferir justificación y contenido a otros  principios como igualdad, no confiscatoriedad, generalidad,  proporcionalidad y tipicidad legal. Los tribunales tienen la  misión de construir una doctrina sobre su alcance, capaz de  dar respuesta a un grupo de problemas cruciales, entre los  que se cuentan: la retroactividad de las leyes, la utilización de  las presunciones y ficciones, el concepto de renta global o  territorial, los sistemas de determinación de la renta neta, los  criterios de imputación temporal, los pagos a cuenta, la  existencia de los mínimos no imponibles, la distinción de la  incidencia según la fuente de la renta, la exclusión de ciertos  bienes y servicios de la imposición, la satisfacción de fines  extra-fiscales o la onerosidad resultante de la presión  impositiva global. Pero es todavía más urgente admitir el rol  de la capacidad contributiva en la distribución del ingreso bajo  el Estado social y democrático de derecho, admitiendo que a  partir de la carga coactiva impuesta a los sectores pudientes,  nace el correlativo deber del gobierno de fijar el umbral en el  que la siempre imprecisa consideración del bienestar general  o interés público decante hacia la satisfacción directa de las  necesidades mínimas de los grupos socialmente carenciados.  De esta forma, no es concebible una determinación y  recaudación  de  tributos  desvinculada  del  principio  desarrollado. En este se plasman valores que todo Estado  social y democrático de derecho debe perseguir y, por ello, no  es concebible una interpretación y aplicación de las normas  tributarias que lo vulneren. En esa línea de ideas, es necesario  señalar que el artículo 34 del Código Tributario prevé lo  siguiente: Artículo 34.- CÁLCULO DE INTERESES EN LOS  ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA El interés moratorio  correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados  oportunamente,  se  aplicará  hasta  el  vencimiento  o  determinación de la obligación principal. A partir de ese  momento, los intereses devengados constituirán la nueva  base para el cálculo del interés moratorio. En atención a la  norma citada, la obligación de pagar los intereses nacerá a  partir del cumplimiento inoportuno de los pagos a cuenta. Por  lo tanto, es necesario determinar qué se entiende por  cumplimiento oportuno de los pagos a cuenta del impuesto a  la renta. Para definir ello, resultará de utilidad que nos  remitamos a lo previsto en el literal a del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta: Artículo 85.- Los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter  de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les  corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos  previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor  de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo  a lo siguiente: a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos  netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir  el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio  gravable anterior entre el total de los ingresos netos del  mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los  meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente  determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos  netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. De  no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su  caso, en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes  abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales  que se determinen de acuerdo con lo establecido en el literal  siguiente. […] Así pues, la disposición en cuestión determina  que los pagos a cuenta en el presente caso deben ser el  resultado de la aplicación, sobre los ingresos netos de cada  mes, del coeficiente obtenido como consecuencia de la  división del impuesto calculado correspondiente al ejercicio  gravable anterior entre el total de los ingresos netos del  mismo ejercicio. Al respecto, debe indicarse que los pagos a  cuenta constituyen una obligación de carácter pecuniario que  los contribuyentes deben abonar periódicamente a favor del  Estado, a fin de evitar la concentración de ingresos en un solo  momento, y que pueda existir, más bien, un suministro de  recursos continuo para la satisfacción de los intereses  colectivos. Ese abono deberá reflejar de forma razonable la  capacidad de riqueza de los contribuyentes, en atención a lodeclarado respecto del ejercicio anterior. García Mullín8 ha  señalado lo siguiente, desde la teoría y técnica del impuesto:  En cuanto a la base de cálculo, la misma [la obligación] puede  tener en cuenta, a los resultados del año anterior, o las  estimaciones del contribuyente, o la relación entre ingresos  brutos e impuestos a la renta en los últimos años, o en  fijaciones de autoridad, o en una combinación de uno o más  de estos índices. El primer sistema, supone que los anticipos  a lo largo de un año equivaldrán al impuesto generado el año  anterior. Como esa cifra se puede obtener en los primeros  meses, a lo largo del año puede irse logrando una anticipación  razonable, suponiendo —y esa es la principal debilidad del  sistema— que la actividad económica generadora de renta  del contribuyente es aproximadamente igual en ambos años,  que se percibe en épocas coincidentes con las de vencimiento  de anticipos y que los niveles de precios se mantienen  aproximadamente constantes. Ahora bien, al tratarse de una  obligación que deben realizar los contribuyentes frente al  Estado, son aplicables los medios de extinción de obligaciones  previstos en el artículo 27 del Código Tributario, entre los  cuales figura el “pago”, que no ha sido abordado con suficiente  especificidad en la norma tributaria, respecto de cuándo se  entiende efectuado. Sin embargo, en aplicación de la norma  IX del título preliminar del Código Tributario9, y teniendo en  cuenta el carácter supletorio que el Código Civil ostenta10,  corresponderá que nos remitamos al artículo 1220 de tal  cuerpo normativo, que señala que “Se entiende efectuado el  pago cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación”.  Debe tenerse en cuenta, además, que si bien la norma citada  pertenece al ámbito privado, la relación jurídico-tributaria es  de naturaleza obligacional11; por lo tanto, lo señalado en el  Código Civil permite determinar que la cancelación de pagos  a cuenta del impuesto a la renta, que no partió de una base de  cálculo correcta, en virtud de lo posteriormente determinado  por la propia contribuyente o la SUNAT, no puede entenderse  como un pago en sentido estricto, ya que este supone la  ejecución íntegra de la prestación como requisito esencial, lo  cual no se cumplió en el caso analizado. Cabe señalar,  además, que el propio numeral 1 del artículo 88 del Código  Tributario prevé que “Los deudores tributarios deberán  consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada,  los datos solicitados por la Administración Tributaria” y que  “Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda  declaración tributaria es jurada”. Con lo cual, se entiende que  no se trata solo de cumplir con el deber formal de presentar la  declaración jurada oportunamente, y que en un caso como el  analizado, la contribuyente haya calculado el coeficiente de  los pagos a cuenta, conforme a la información del ejercicio  anterior que consideraba la correcta, sino que era necesario  que efectivamente lo declarado respecto del ejercicio dos mil  doce, haya sido una manifestación exacta de su renta  gravable y solo así se entendería como correcto el coeficiente  de los pagos a cuenta de marzo a diciembre de dos mil doce.  A partir de lo expuesto, se concluye que los intereses  moratorios regulados en el artículo 34 del Código Tributario no  podrían ser solo aplicables a aquellos casos en que los pagos  a cuenta del impuesto a la renta fueron pagados fuera del  plazo previsto para su cancelación, sino también cuando, a  pesar de que el contribuyente realizó un pago oportuno,  basándose en la información del ejercicio anterior o  precedente al anterior que había sido originalmente declarada,  se determine posteriormente que la base de cálculo era  incorrecta, y, por ende, también el coeficiente empleado para  determinar los pagos a cuenta. Ello atiende a que no podría  ser entendido como pago realizado aquel cumplimiento  parcial de la prestación, ya que, como bien lo señaló la Corte  Suprema en la Sentencia de Casación Nº 2579-2006  Arequipa, “es finalidad del pago el cumplimiento de la  obligación debida con el acreedor”, que sería en este caso lo  que corresponda conforme a un cálculo del coeficiente de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta que recoja la  información correcta del ejercicio anterior o precedente al  anterior. Asimismo, en virtud del principio de capacidad  contributiva, que ha sido desarrollado ya en acápites  anteriores, avalar el pago parcial de dicho concepto, como si  se tratase de una ejecución íntegra de la prestación, implicaría  ratificar que la contribuyente no cumpla con su obligación,  conforme a lo que exactamente indica su capacidad de  riqueza. Por lo tanto, se configuraría una vulneración del  principio de capacidad contributiva. Es por ello que una  interpretación lógica, razonable y acorde con el principio de  capacidad contributiva tendría que conducirnos a entender  que el método previsto en el literal a del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta no implica algo distinto a que la  determinación y cancelación de los pagos a cuenta sea  aquella que necesariamente parta de una información  correcta. Solo partiendo de lo anterior se podría estructurar  una institución de pagos a cuenta que atienda a la capacidadcontributiva de los contribuyentes, en el sentido de que  contribuyan con una determinación más cercana y razonable  de lo que vendría a ser el impuesto a la renta anual, como  consecuencia de la aplicación de un coeficiente calculado  sobre la base de información correcta. De lo contrario, una  concepción según la cual los contribuyentes solo tuvieran que  ceñirse a la información que efectivamente declararon, sin ser  relevante, para estos efectos, que sea falsa o inexacta —así  ello se verifique posteriormente— podría generar que, fuera  de las consecuencias posteriores respecto a la obligación  principal, los pagos a cuenta puedan haber sido absolutamente  distantes de lo que su capacidad de riqueza indicaba y, en ese  sentido, exista una contribución inequitativa al gasto público.  De lo anterior se colige que si bien la contribuyente presentó  oportunamente las declaraciones juradas de los pagos a  cuenta, conforme a lo previsto en las normas pertinentes, no  declaró ni abonó los importes que, conforme a ley, le  correspondían. Por lo tanto, existió un monto que no pagó  oportunamente y ello justifica la generación de intereses  moratorios, en atención al mandato del artículo 34 del Código  Tributario. Por todo lo expuesto, esta Sala Suprema advierte  una interpretación errónea del literal a del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Código Tributario,  al establecer que no corresponde la aplicación de intereses  moratorios respecto de los montos no abonados en su debida  oportunidad por la contribuyente, por concepto de pagos a  cuenta del impuesto a la renta; los cuales deberán calcularse  conforme a lo previsto en el artículo 33 del Código Tributario.  De manera que debe estimarse la segunda causal invocada y,  en tal sentido, declararse fundado el recurso de casación  interpuesto por el Tribunal Fiscal. Quinto: Respecto de las  infracciones denunciadas por la SUNAT, consistentes en la  interpretación errónea del artículo 34 del Código Tributario y  del literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta,  en tanto la Sala Superior habría dispuesto la inaplicación de  intereses moratorios por la modificación posterior de la base  de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de  mayo a diciembre de dos mil catorce, pese a que las  disposiciones aplicables establecen la obligatoriedad de  determinar las obligaciones en cuestión, no solo sobre la base  de la información disponible de ejercicios anteriores, sino  conforme a datos correctos; al respecto, corresponde señalar  que esta Sala Suprema ya abordó lo atinente a la aplicación  de intereses moratorios en el escenario analizado, en virtud a  la normativa aplicable sobre la materia, en atención a la  segunda causal invocada del recurso de casación del Tribunal  Fiscal, la cual fue amparada. Atendiendo a tales fundamentos,  corresponde estimar la primera causal invocada por la  SUNAT. Sexto: Respecto a la causal de la SUNAT por  infracción del derecho fundamental al debido proceso y a la  debida motivación, sustenta la recurrente que la Sala Superior  incurre en error en la motivación al no haber advertido que la  Casación Nº 4392-2013-Lima no ha establecido como  precedente vinculante la inaplicación de los intereses por la  omisión de los pagos a cuenta que se produzcan a raíz de  una declaración rectificatoria efectuada por el propio  contribuyente con posterioridad a los pagos a cuenta, sino  que el precedente vinculante se encuentra dirigido únicamente  a establecer los alcances de la norma VIII del título preliminar  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, referido a los  métodos adecuados para la interpretación de normas  tributarias, y no se refiere a la procedencia o no de aplicación  de intereses por pagos a cuenta producto de una declaración  rectificatoria, como mal sustenta la Sala Superior. Al respecto,  se debe señalar que la Sentencia de Casación Nº 4392-2013  Lima únicamente establece las siguientes reglas con el  carácter de precedente vinculante: QUINTO: Precedente  vinculante d.1 En la presente sentencia casatoria para  resolver el caso de autos, se han desarrollado reglas jurídicas  que deben establecerse como reglas generales sirviendo de  parámetro normativo para casos similares futuros, en tanto  contribuirá a la seguridad jurídica, a ordenar y uniformizar la  jurisprudencia, en temas de derecho tributario, evitando  pronunciamientos  contradictorios  debido  a  diferentes  interpretaciones de las disposiciones tributarias; atribuyendo  el artículo 37 del T.U.O. de la Ley 27584 a la Sala Constitucional  y Social de la Corte Suprema fijar en sus resoluciones  precedentes  vinculantes  en  materia  contenciosa  administrativa. d.2 Por lo que conforme a los fundamentos del  considerando 3.5 se establecen las siguientes reglas con  carácter de precedentes vinculantes: 5.2.1 La Norma VIII del  Título Preliminar del Código Tributario no descarta la  aplicación de la analogía tampoco la interpretación extensiva  ni restrictiva, admitidas en el derecho para cierto tipo de  normas; sino que el uso se encuentra limitado por la  prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada,  resultando para ello muy importante que el Juez seleccione el  método adecuado al tipo de disposición tributaria a interpretar.5.2.2 No resultan pertinentes la interpretación extensiva ni la  restrictiva para interpretar disposiciones que restringen  derechos, ni para normas que establecen obligaciones como  el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta  previstos en el numeral a) del artículo 85 del T.U.O de la Ley  del Impuesto a la Renta, y para los casos de aplicación de  intereses moratorios previstos en el artículo 34 del T.U.O. del  Código Tributario. De esta forma, el órgano jurisdiccional  supremo ha señalado que no corresponde la interpretación  extensiva ni restrictiva de normas que establezcan  obligaciones o restrinjan derechos, como es el caso del literal  a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo  34 del Código Tributario. Más allá de ello, ningún otro  lineamiento de la sentencia citada constituye precedente  vinculante. Es así que, la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013 Lima no contiene como regla con carácter vinculante,  que no corresponda la aplicación de intereses moratorios  como consecuencia de la modificación posterior de la base de  cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. A  propósito de lo que abarca un precedente vinculante, resulta  ilustrativo lo señalado por Taruffo12, en el sentido de que: [...]  lo que constituye precedente no es todo lo que se dice en la  decisión en cuestión, sino la ratio decidendi, es decir, la regla  de derecho a la cual el juez ha hecho referencia para calificar  jurídicamente los hechos jurídicos concretos controvertidos  en la decisión y (precisamente) para decidir sobre estos. Al  respecto, debe atenderse que a diferencia de cómo se aplica  la figura del precedente judicial en los sistemas jurídicos de la  tradición anglosajona, en los sistemas jurídicos romano- germánicos, como es el caso del peruano, es el órgano  jurisdiccional que emite el precedente vinculante, el que fija  las dimensiones de la ratio decidendi, es decir, aquella regla  de derecho que será aplicable a futuros casos. Aquello ha  sido definido con claridad por Ratti Mendaña13 de la siguiente  manera: Una diferencia sustancial que existe, en lo que a esta  dimensión se refiere, en la aplicación del precedente en el  common law y en el civil law es que, en el primer caso, el que  tiene a cargo la identificación de la ratio para aplicarla a un  caso similar posterior es el juez que debe resolver ese  segundo caso, en un proceso dialógico continuo que puede  aparejar a una ampliación o reducción de la ratio a partir del  uso de técnicas específicas de aplicación del precedente,  tales como el distinguishing. Por el contrario, en la mayoría de  los sistemas del civil law que han incorporado a su  ordenamiento un precedente vinculante, la identificación y  determinación de esa ratio se coloca a cargo del mismo  tribunal del que emana el precedente, en una única  oportunidad que, generalmente, coincide con el dictado de la  sentencia. Es el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional  de Perú (Ruiz Riquero, 2012), de las súmulas vinculantes de  Brasil (art. 103-A, enmienda 45, de la Constitución Federal) o  de las tesis jurisprudenciales mexicanas. En tal medida, en un  caso como el presente, debe atenderse estrictamente lo que  define el órgano jurisdiccional supremo en su sentencia, a  efectos de determinar qué debe ser entendido como principio  jurisprudencial en el presente caso. Así pues, considerando  que la Corte Suprema únicamente delineó como precedente  vinculante de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima  que no corresponde la interpretación extensiva ni restrictiva  de las normas que restringen derechos o establecen  obligaciones, como es el caso del literal a) del artículo 85 de  la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código  Tributario; no corresponde entenderse que los órganos  jurisdiccionales estén sujetos a un criterio vinculante  consistente en la inaplicación de intereses moratorios por la  modificación posterior de la base de cálculo de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta. En atención a lo expuesto,  corresponde desestimar la presente causal invocada por la  SUNAT en su recurso de casación. III. DECISIÓN Por estas  consideraciones, DECLARARON FUNDADOS los recursos  de casación interpuestos por el Procurador Adjunto a cargo de  los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  en representación del Tribunal Fiscal, del catorce de enero de  dos mil veinte (foja trescientos cuarenta y seis del EJE), y por  la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, del veinte de enero de dos mil veinte (foja  trescientos setenta y cuatro del EJE). En consecuencia,  CASARON la sentencia de vista emitida por la Sétima Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, del seis de diciembre de  dos mil diecinueve (foja trescientos diecisiete del EJE), que  confirmó la sentencia apelada, que declaró fundada en parte  la demanda. Y, actuando en sede de instancia, REVOCARON  la sentencia en el extremo apelado, y, REFORMÁNDOLA,  DECLARARON INFUNDADA la demanda en dicho extremo.  Por último, DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en losseguidos por Constructora Ferretera San Antonio S.R.L.  contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria. Notifíquese por  Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como  ponente la señora Jueza Suprema Barra Pineda. SS.  GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE  DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Artículo 384.- Fines de la casación.  El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo  al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia. 2  Publicado en el diario oficial El Peruano el veintidós de abril de mil novecientos  noventa y tres. 3  Publicada en el diario oficial El Peruano el treinta de junio de dos mil dieciséis. 4  RUBIO CORREA, Marcial. (2009). El sistema jurídico: Introducción al derecho.  Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; p. 226. 5  Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación  de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo.  Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y  suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción,  y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria,  debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de  los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter  confiscatorio.  Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas  sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a  partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.  No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el  presente artículo. 6  VILLEGAS, Héctor. (2003). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario.  Buenos Aires, ASTREA; p. 263. 7  TARSITANO, Alberto. (2014). “El principio de capacidad contributiva como  fundamento de la Constitución Financiera: Una visión doctrinaria y jurisprudencial”.  En Revista Derecho & Sociedad, Nº 43; p.119-128. 8  GARCÍA MULLÍN, Roque (1980). Impuesto sobre la renta: Teoría y técnica del  impuesto. Santo Domingo, Instituto de Capacitación Tributaria de la Secretaría de  Estado de Finanzas de República Dominicana; p. 183. 9  NORMA IX: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO  En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse  normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las  desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario,  o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios  Generales del Derecho. 10  Con relación al carácter supletorio del Código Civil, en lo que respecta al ámbito  de las obligaciones, cabe tener en cuenta que el artículo IX del título preliminar  de dicho dispositivo estipula que: “Las disposiciones del Código Civil se aplican  supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes,  siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”. 11  Al respecto, resulta ilustrativo lo indicado por Luchena Mozo, que asevera que:  Sólo una nota diferencia a este tipo de obligación de las propias del Derecho Civil,  y es el hecho mismo de ser establecida por ley. Ello no obsta para predicar la  aplicación de los esquemas característicos del Derecho Privado en el estudio de  ésta, pero con la particularidad propia del Derecho Público, pues no debemos  olvidar la existencia de unos supraconceptos que conforman la teoría general del  Derecho, que dada la antigua raigambre el Derecho Civil tendrá mayor influencia  ius privatista, pero que será de aplicación a todas las ramas del Derecho, incluido  el Derecho Tributario.  LUCHENA MOZO, Gracia María (2006). “La relación jurídico-tributaria. El hecho  imponible”. En: LUCHENA MOZO, Gracia María y COLLADO YURRITA, Miguel  Ángel (eds.), Derecho tributario: Parte general, Barcelona, Atelier; p. 176. 12  TARUFFO, Michelle (2016). “Consideraciones sobre el precedente”. En Ius et  Veritas, Nº 53, p. 332. 13  RATTI MENDAÑA, Florencia (2021). “Dimensiones del precedente judicial: una  metodología de estudio de la doctrina del precedente”. En Revista Perspectivas de  las Ciencias Económicas y Jurídicas, Nº 11, p. 83. C-2136204-7