CASACIÓN Nº 3580-2018 LIMA
MATERIA: DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES Sumilla: “El recurso de casación deviene en infundado  puesto que las instancias de mérito han resuelto conforme  al mérito de lo actuado y del derecho al haber valorado en  forma conjunta y razonada las pruebas ofrecidas y admitidas  al proceso”. Lima, trece de setiembre de dos mil diecinueve. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  tres mil quinientos ochenta – dos mil dieciocho, en audiencia  en la fecha y producida la votación correspondiente conforme  a la Ley Orgánica del Poder Judicial, emite la siguiente  sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso  de casación interpuesto por Luz Marina Pérez Pérez Vda.  de Alfageme a fojas cuatrocientos quince, contra la  sentencia de vista de fojas trescientos noventa y seis, de  fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida por la  Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,  que confirmó la sentencia apelada de fojas doscientos  cuarenta y cinco, de fecha siete de abril de dos mil dieciséis,  que declara fundada la demanda de División y Partición de  Bienes. II. ANTECEDENTES: Para analizar esta causa civil  y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa  denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones:  1. Demanda. Por escrito obrante de fojas sesenta y uno,  Wenceslao César Bruno Alfageme Quirós interpone  demanda de División y Partición contra Luz Marina Pérez  Pérez Viuda de Alfageme, Lina María Alfageme Pérez,  Carolina Alfageme Pérez y Giannina Alfageme Pérez,  respecto del bien inmueble, ubicado en Calle General  Borgoña 1112, Urbanización Chacarilla de Santa Cruz,  distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima,  división que deberá realizarse conforme a lo que se indica  en el numeral cinco de los fundamentos de hecho de la  demanda. Fundamenta su demanda señalando que: i) El  bien materia de división fue adquirido por sus padres  Wenceslao Alfageme Villar y Lucila Augusta Liberata Quiros  Salinas teniendo la calidad de bien ganancial, siendo alfallecimiento de su padre, ocurrido el veintiocho de febrero  de dos mil dos, declarados herederos únicos y universales  su cónyuge, el demandante y su hermano Gonzalo Alejandro  Alfageme Quirós, adquiriendo en copropiedad el íntegro de  las acciones y derechos del bien, inscrito en el Asiento  C00001 de la Partida 07027448 del Registro de la Propiedad  Inmueble de la zona Registral IX, Sede Lima. ii)  Seguidamente, al fallecimiento de Gonzalo Alejandro  Alfageme Quirós, fueron declaradas como sus únicas y  universales herederas las demandadas Luz Marina Pérez  Pérez Viuda de Alfageme, cónyuge supérstite, y sus hijas  Lina María, Carolina y Giannina Alfageme Pérez, adquiriendo  la alícuota que le correspondía. iii) Que, tras sucesivas  traslaciones de dominio, la participación de los condóminos  quedó con Lucila Augusta Liberata Quiros Salinas Viuda de  Alfageme con 46.64%, Wenceslao César Bruno Alfageme  Quiros con 36.69%, Luz Marina Pérez Pérez Viuda de  Alfageme con 4.1675% y Carolina, Giannina y Lina María  Alfageme Pérez con 4.1675% cada una. 2. Contestación y  reconvención. Al respecto, señalan que el demandante  viene domiciliando en el extranjero, llevándose a su madre a  Costa Rica, no teniendo comunicación con las demandadas,  haciendo imposible algún tipo de conciliación. Señala  además que existen otros bienes susceptibles de división y  partición, un vehículo y los muebles y enseres que se  encuentran  en  el  domicilio  conyugal,  habiéndose  independizado el inmueble en dos pisos, teniendo posesión  de primer piso. Asimismo, reconviene para que se incluya en  la división y partición los bienes muebles y enseres que se  encontraban en el primer piso del inmueble y un automóvil  marca Volkswagen del año mil novecientos setentiuno, de  Placa de Rodaje B85412. 3. Primera Instancia. El Juez  mediante sentencia de fecha siete de abril de dos mil  dieciséis, obrante a fojas doscientos cuarenta y cinco,  declara fundada la demanda, infundada la reconvención,  ordenando que se proceda a la división y partición del  inmueble sub materia, la cual se realizará en ejecución de  sentencia. Fundamenta su fallo señalando que se encuentra  acreditado que el bien litigioso se encuentra en copropiedad,  conforme al artículo 969 del Código Civil, tal como se puede  apreciar de la Partida Registral de fojas ocho y veinticuatro  se acredita que el inmueble inscrito en la misma, materia de  litis, ha sido adquirido por Lucila Quirós Salinas de Alfageme  y sus hijos Gonzalo Alejandro y Wenceslao César Bruno  Alfageme Quirós, siendo que fallecido Gonzalo Alejandro  Alfageme Quiros, fueron declarados como sus herederas  Luz Marina Pérez Pérez Viuda de Alfageme y sus hijas  Carolina, Giannina y Lina María Alfageme Pérez. Asimismo,  señala que las demandadas no han acreditado cuáles son  los muebles y enseres materia de la reconvención, ni su  preexistencia, razón por la cual la reconvención debe  desestimarse por improbada, indicando respecto del  vehículo marca Volkswagen del año mil novecientos setenta  y uno de Placa de Rodaje B85412 que la propiedad de dicho  automóvil corresponde a sus titulares, según se comprueba  de fojas ciento veintiuno, siendo que dicho título acredita  que son propietarios del mismo don Wenceslao César Bruno  Alfageme Quiros y Dorien Engelkes Van Vonno de Alfageme.  4. Sentencia de vista. Mediante sentencia de fecha cuatro  de abril de dos mil dieciocho, obrante a folios trescientos  noventa y seis, la Sala Superior procede a confirmar la  sentencia de primera instancia. Señala al respecto que los  argumentos conforme a la apelación presentada, solo se  encuentra referida al extremo de la reconvención planteada  por las impugnantes, indicando al respecto las demandadas  que los bienes muebles señalados se encuentran dentro del  bien inmueble materia de litis, sin precisar, identificar ni  acreditar la existencia de los bienes a partirse, a través de  un acta de inventario que se hubiere realizado al respecto,  situación que pretende sustituir con las tomas fotográficas  de fojas noventa y cuatro a fojas ciento tres, las mismas que  resultan insuficientes para tal propósito. En tanto, al  cuestionamiento que ésta parte formula en cuanto al rechazo  de la prueba de la inspección ocular ofrecida por su parte, no  es un argumento amparable, si se tiene en cuenta que ésta  parte no impugnó la referida decisión, dejándola consentir.  Respecto al automóvil con placa de rodaje N° B85412,  marca Volkswagen, las reconvinientes para acreditar que  dicho bien pertenece a la sucesión Wenceslao Alfageme  Villar, adjuntan la copia literal del Registro de Propiedad  Vehicular de folios ciento dieciséis a ciento veintiuno, en la  que aparece que con fecha 15 de Diciembre del 2011 (antes  de la interposición de la demanda), estaba registrado en  copropiedad a nombre de Gonzalo Alejandro Alfageme  Quirós (causante de las demandadas), y de la sociedad  conyugal conformada por Wenceslao César Bruno Alfageme  Quirós y Dorien Engelkes Van Vonno de Alfageme, éstos  últimos al haber adquirido los derechos y acciones de LucilaAugusta Liberata Quirós Viuda de Alfageme, por lo que en  ese sentido la titularidad del vehículo, actualmente, no recae  únicamente en los conformantes de la sucesión Alfageme  Villaren, sino también en la persona de Dorien Engelkes Van  Vonno de Alfageme, quien no forma parte de la relación  jurídica procesal ni material, por lo tanto, deviene en inviable  la pretensión reconvenida. III. RECURSO DE CASACIÓN:  Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha diecisiete  de diciembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas treinta y  cuatro del cuaderno de casación, ha declarado procedente  el recurso de casación interpuesto por Luz Marina Pérez  Pérez Vda. de Alfageme; por las siguientes causal de la  Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la  Constitución Política del Perú y artículo 201 del Código  Procesal Civil, refiriendo que las instancias de mérito  emitieron sentencias que trasgreden su derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva, en su vertiente de derecho a la  prueba, al privarle de la oportunidad de subsanar un defecto  meramente formal, para la consecuente actuación de un  medio probatorio fundamental para la materia controvertida.  Alega que el A quo pudo otorgar un plazo adicional para  subsanar el defecto de forma en que incurrió para ofrecer la  inspección judicial, más aun cuando dicho medio probatorio  ya había sido admitido, por su parte el Colegiado Superior  debió advertir dicho error en la sentencia y revocar dicho  extremo garantizando el respeto a su derecho a la prueba.  Con dicho proceder tanto el Juzgado como la Sala Superior  ejercieron la función jurisdiccional como un mero instrumento,  y no como un sistema de garantías que debe posibilitar la  rotunda aplicación de la norma constitucional, con la  finalidad de lograr la tutela judicial efectiva. Sostiene que en  el presente caso, la inspección judicial tenía por objeto  acreditar la existencia de bienes muebles al interior del  inmueble cuya división y partición se demandó, así como  determinar cada uno de ellos, dado que la recurrente y las  demás codemandadas no podían ingresar al referido  inmueble. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA:  Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la  Constitución Política del Perú y artículo 201 del Código  Procesal Civil PRIMERO.- Al respecto, debemos indicar  que el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del  Estado consagra como principio rector de la función  jurisdiccional, la observancia del debido proceso; el cual,  conforme a la interpretación que reiteradamente ha  sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento  sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a  las personas involucradas en él las condiciones necesarias  para defender adecuadamente y dentro de un plazo  razonable  los  derechos  u  obligaciones  sujetos  a  consideración1. SEGUNDO.- Uno de los principales  componentes del derecho al debido proceso se encuentra  constituido por el denominado derecho a la motivación,  consagrado por el artículo 139, inciso 5, de la Carta Política  por el cual se garantiza a las partes involucradas en la  controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se  encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que  justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los  hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al  caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten  congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas  por aquellas dentro de la controversia. TERCERO: Así, este  derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés  particular correspondiente a las partes involucradas en el  litigio, sino que también juega un papel esencial en la  idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no  debe olvidarse que una razonable motivación de las  resoluciones constituye una de las garantías del proceso  judicial directamente vinculada con la vigilancia pública de la  función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y  controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una  controversia en un sentido determinado; implicando, en ese  sentido, un elemento limitativo de los supuestos de  arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia especifica en los  distintos tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas  normas de carácter legal, como los artículos 50, inciso 6,  121 y 122, inciso 3, del Código Procesal Civil, por los que se  exige que la decisión del juzgador cuente con una exposición  ordenada y precisa de los hechos, y el derecho que la  justifican. CUARTO.- La Tutela Jurisdiccional Efectiva,  contemplada en el artículo I2 del Título Preliminar del Código  Procesal Civil viene a ser, el derecho que tiene todo sujeto,  para acceder a un órgano jurisdiccional a fin de solicitar la  protección de una situación jurídica, que está siendo  vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de  las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una  resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución3,  por lo que la efectividad de la misma, no sólo requiere detécnicas y procedimientos adecuados para la tutela de los  derechos fundamentales, sino también, de técnicas  procesales idóneas para la efectividad de cualquiera de los  derechos. QUINTO: De lo actuado en el proceso se tiene  que del examen de la recurrida se advierte que contiene sus  fundamentos de hecho y de derecho, expuestos en forma  ordenada y coherente, dando debido cumplimiento a la  obligación constitucional de debido proceso y motivación  contenido en el artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución  Política del Perú. La coherencia lógica del fallo se manifiesta  en que tanto el A quo como el Ad quem estiman en primer  lugar la fundabilidad de la demanda, al determinarse la  calidad de copropietario del demandante César Bruno  Alfageme Quirós para solicitar la división y partición del bien  materia de litis, pues su derecho de copropiedad le faculta a  ello. En segundo lugar, respecto a la declaración de  infundada respecto al extremo de la reconvención interpuesta  por las demandadas Luz Marina Pérez Pérez Viuda de  Alfageme, Lina María Alfageme Pérez, Carolina Alfageme  Pérez y Giannina Alfageme Pérez en la cual se indicó que no  presentaron en el proceso los medios probatorios idóneos  con la finalidad de identificar los bienes a los cuales solicitan  la división y partición. SEXTO.- Asimismo, se señala que si  bien la parte recurrente aduce una afectación al debido  proceso al privársele de su derecho a la prueba, aduciendo  una infracción al artículo 201 del Código Procesal Civil,  aduciendo que se le pudo haber otorgado un plazo adicional  por parte la instancia correspondiente para la presentación  de medios probatorios que sustenten su pretensión, en este  caso la inspección judicial, se señala al respecto que dicha  argumento carece de sustento en el sentido que conforme a  los actuados, en la resolución de fecha veintiuno de enero  de dos mil dieciséis obrante a fojas doscientos treinta y uno,  el cual corresponde a la audiencia de pruebas del proceso,  se observa que en el mismo se rechazó el medio probatorio  de inspección judicial ofrecido por las demandadas en el  escrito de contestación y reconvención en razón que no se  cumplió con adjuntar el arancel correspondiente, no  presentando la debida impugnación sobre dicha resolución,  siendo la misma consentida por la parte recurrente, no  encontrándose obligación alguna por parte de la instancia  correspondiente en solicitar la actuación de la referida  inspección judicial, tal como lo señala la recurrente en su  recurso casatorio. Fundamentos por los cuales; y, en  aplicación de lo previsto por el artículo 397 del Código  Procesal Civil; declararon: INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por Luz Marina Pérez Pérez viuda de  Alfageme a fojas cuatrocientos quince; en consecuencia NO  CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos noventa  y seis, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida  por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de  Lima; DISPUSIERON: la publicación de la presente  resolución  en  el  Diario  Oficial  “El  Peruano”  bajo  responsabilidad; en los seguidos por César Bruno Alfageme  Quirós contra Luz Marina Pérez Pérez Viuda de Alfageme y  otras sobre división y partición de bienes; y los devolvieron.  Integra esta Sala la Jueza Suprema Arriola Espino por  impedimento de la Jueza Suprema Ampudia Herrera.  Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- S.S.  ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, ARRIOLA ESPINO,  LÉVANO VERGARA, RUIDÍAS FARFÁN 1  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87  "Garantías Judiciales en Estados de Emergencia", párrafo 28. 2  Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o  defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso 3  Priori, Pozada Giovanni. La Efectiva Tutela Jurisdiccional de las situaciones  jurídicas materiales hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso-  Revista Jus et veritas. Año XIII C-2136199-150