CASACIÓN Nº 3708-2019 MOQUEGUA
Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL (Infracción contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Lesiones  Dolosas - Faltas) En caso de infracción penal consistente en lesiones dolosas  calificadas como faltas, cometidas por un menor de edad,  el Ministerio Público carece de legitimidad para promover  el ejercicio del procedimiento orientando a medidas  socioeducativas o medidas de protección a favor del menor. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil veintidós La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia  de la República; vista la causa número tres mil setecientos  ocho – dos mil diecinueve, en discordia, en Audiencia  Pública virtual llevada a cabo en la fecha ante el juez  supremo dirimente Cunya Celi con cuyo voto se forma  resolución, y con el voto dejado debidamente firmado por los  jueces supremos Távara Córdova, Salazar Lizárraga y De la  Barra Barrera que obra en autos y que forma parte de esta  resolución de conformidad con el artículo 149 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; se  emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO:  En el presente proceso, sobre infracción a la ley penal contra  la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones  dolosas (calificadas como falta), es objeto de examen el  recurso de casación interpuesto a fojas ciento cuarenta y  ocho, por la Fiscal Superior Civil y de Familia de Moquegua  contra la resolución de vista de fecha veinte de mayo de dos  mil diecinueve, obrante a fojas ciento veinticinco, expedida  por la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior  de Justicia de Moquegua, que Confirma el auto de primera  instancia contenida en la resolución número uno, de fecha  doce de marzo de dos mil diecinueve, que declara  Improcedente la denuncia por infracción a la ley penal  promovida por el Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial  Civil y Familia de Ilo, en contra del adolescente K.A.Ch.T.,  por lesiones dolosas calificadas como faltas, en agravio de  Yeison Gregorio Gil Ccallomamani y, en consecuencia  ordena el archivo definitivo del proceso. 2. FUNDAMENTOS  POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE  EL RECURSO: Mediante resolución de fecha doce de  agosto de dos mil diecinueve, obrante a fojas veintinueve del  cuaderno de casación, se ha declarado PROCEDENTE el  recurso de casación por las siguientes infracciones  normativas: i) Aplicación indebida de los artículos 483.1 y  107° del Código Procesal Penal. Alega que lo señalado en  el fundamento ocho del auto de vista es erróneo dado que  no corresponde que se aplique el Código Procesal Penal de  manera supletoria al presente caso, porque el Código de los  Niños y Adolescentes ya regula el proceso de faltas por  infracción a la ley penal y señala al Ministerio Público como  titular de la acción penal en los procesos de adolescentes  infractores -sin hacer la distinción entre delitos y faltas-,  indica que no se puede concluir que la interpretación  sistemática de los artículos 139° y 183° del Código de los  Niños y Adolescentes, es la siguiente: que es adolescente  infractor aquel autor o partícipe de un hecho punible  tipificado como delito o falta en la ley penal y es el  Ministerio Público (a través del Fiscal de Familia), titular de  la acción penal y como tal el que tiene la carga de la prueba  tanto en los delitos como en las faltas (sic). Agrega que no  es pertinente la aplicación de los artículos antes señalados  menos aún para declarar la improcedencia de la denunciapor infracción a la ley penal, señalando que la Fiscalía de  Familia no tiene legitimidad para formular la denuncia por  ser una falta a la ley penal. ii) Aplicación indebida de los  artículos 26° y 73° del Decreto Legislativo Nº 1348 -  Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.  Indica que no corresponde aplicar la normativa del Decreto  Legislativo Nº 1348, Código de Responsabilidad Penal del  Adolescente, porque aunque ya ha sido publicada en el mes  de enero del dos mil diecisiete, aún no se encuentra vigente  en mérito a su Única Disposición Complementaria  Transitoria, que dispone expresamente la aplicación  ultractiva de la normativa referente a menores infractores  prevista del Código de los Niños y Adolescentes, hasta la  implementación progresiva del Código de Responsabilidad  Penal del Adolescente, en los diversos distritos judiciales  conforme al calendario oficial y como es de público  conocimiento aún no se ha implementado en el departamento  de Moquegua. iii) Inaplicación de los artículos 138°, 139°  y 183° del Código de los Niños y Adolescentes. Precisa  que la interpretación realizada en el fundamento noveno del  auto de vista no considera lo dispuesto por el artículo 139°  del Código de los Niños y Adolescentes, el cual señala  explícitamente que el Ministerio Público es el titular de la  acción penal y tiene la carga de la prueba en los procesos de  adolescente infractor, concordado con el artículo 183° del  mismo Código que considera adolescente infractor como  aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor  o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta  en la ley penal. Aunado a ello, sostiene que dentro de la  competencia del Fiscal de Familia está promover los  procedimientos relativos a las infracciones atribuidas a los  adolescentes y en tal caso corresponde al Fiscal investigar  su participación con el propósito de solicitar la medida socio- educativa necesaria para la rehabilitación; finalmente,  sostiene que de haberse aplicado correctamente los  artículos 138°, 139° y 183° del Código de los Niños y  Adolescentes, el Colegiado hubiera advertido que la Fiscalía  de Familia sí cuenta con legitimidad al ser titular de la acción  penal, tanto en los procesos por delitos y faltas de menor  infractor, que emitió el Auto de Vista contenido en la  Resolución número 08 de fecha veinte de mayo del dos mil  diecinueve, y en tal sentido hubieran declarado nula la  Resolución número 01 de fecha doce de marzo del dos mil  diecinueve y ordenado que el Magistrado de primera  instancia continúe con el proceso de infracción a la ley penal  por faltas. iv) Se ha declarado la procedencia excepcional  en aplicación del artículo 392-A del Código Procesal  Civil, por infracción al artículo 139° inciso 5 de la Constitución  Política del Estado. 3. ANTECEDENTES: 3.1. Hechos  Imputados Conforme obra a fojas ochenta, el Ministerio  Público con fecha veintisiete de febrero de dos mil  diecinueve, solicitó apertura de proceso por infracción a ley  penal – faltas contra la persona en la modalidad de lesiones  dolosas, en agravio de Yeison Gregorio Gil Ccallomamani.  Como fundamentos de su denuncia, sostiene que el dieciséis  de noviembre de dos mil dieciocho, a las veintitrés con  cuarenta y cinco horas, por inmediaciones del Colegio  Daniel Becerra Ocampo, el agraviado se encontraba libando  licor en compañía de sus amigos, siendo que en esas  circunstancias se quedó dormido y posteriormente, al  despertar, se levantó y vio un grupo de aproximadamente  diez jóvenes entre mujeres y varones. Es en esas  circunstancias que en ese grupo hace su aparición el  adolescente infractor quien sin motivo alguno golpeó en el  rostro, cabeza, brazos y piernas al agraviado hasta dejarlo  ensangrentado. Ofrece como medios probatorios lo  siguientes: 1) Informe Policial Nº 337-18-NOVMACREGPOL/ REGPOLMOQ/DIVPOL/ILO.Comis.Ilo “A”. 2) Declaración de  Yeison Gregorio Gil Ccallomamani. 3) Copia Certificada del  Certificado Médico Legal Nº 004854-L 4) Declaración  Testimonial del SO3 PNP Jesús Alberto Coronel Castro. 3.2.  Auto de Primera Instancia Mediante resolución número  uno del doce de marzo del dos mil diecinueve (obrante a  fojas noventa y nueve), el Juez del Juzgado de Familia de Ilo  de la Corte Superior de Justicia de Moquegua declara  Improcedente la denuncia por infracción a la ley penal  promovida por el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía  Provincial Civil y Familia de Ilo en contra del adolescente de  iniciales K.A.Ch.T., por lesiones dolosas en agravio de  Yeison Gregorio Gil Ccallomamani, y como consecuencia el  archivo definitivo del proceso. Como fundamentos el Juez  señala que conforme a los artículos 440° y 483° del Código  Procesal Penal se tiene claramente determinado que la  titularidad de la acción o pretensión sancionatoria por la  comisión de faltas, corresponde al propio agraviado, o en  todo caso, a su representante legal, quitando completamente  la legitimidad y la titularidad de la acción penal al Ministerio  Público; siendo que la presente denuncia formulada loshechos calificarían como Infracción a la ley penal de faltas  contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas,  previsto por el artículo 441° del Código Penal; por lo que, al  tratarse el referido tipo penal de una falta, el único legitimado  para instaurar la acción penal que busque sancionar dicha  conducta es el propio ofendido, quien para ello debe  constituirse en querellante particular, lo cual no ha acontecido  en autos; por tanto, el Ministerio Público no se encuentra  legitimado para solicitar la apertura de la investigación  penal,  correspondiendo  entonces  desestimarse  su  pretensión. 3.3. Recurso de Apelación El Fiscal Provincial  Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de  Ilo, interpone recurso de apelación con fecha diecinueve de  marzo de dos mil diecinueve (obrante a fojas ciento dos),  contra la resolución de primera instancia, sosteniendo lo  siguiente: a) El a quo niega la legitimidad del Fiscal de  Familia para ejercitar la acción penal en los procesos de  faltas seguido contra menores de edad, trasladando dicha  legitimidad al directamente ofendido, basándose únicamente  en normas supletorias como el artículo 440° del Código  Penal y el artículo 483° del Código Procesal Penal, sin  considerar que estas son normas de carácter general para  mayores de edad, el Código Procesal Penal se aplicará  cuando corresponda en forma supletoria. b) Se inaplica los  artículos 138°, 139°, 144°, 183°, 133° del Código de los  Niños y Adolescentes que permite solicitar “medidas socio- educativas” o “medidas de protección” para menores de  edad que infrinjan la Ley penal. c) El Ministerio Público es el  titular de la acción penal y le corresponde sustentar la  imputación que hace contra el adolescente infractor  investigado; la titularidad de la acción penal del Fiscal de  Familia, no sólo se limita a delitos, sino también se extiende  a las Faltas. d) Se vulnera el debido proceso y tutela  jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 139° inciso  3 de la Constitución Política, por cuanto, realiza una  fundamentación errada de la titularidad de la acción del  Fiscal de Familia en procesos seguidos contra el adolescente  infractor, así como el derecho constitucional a la debida  motivación de las resoluciones judiciales prevista en el  inciso 5) del artículo 139° de Constitución. 3.4. Dictamen  del Fiscal Superior Civil y Familia de Moquegua Mediante  dictamen de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve  (obrante a fojas ciento quince), la Fiscal opina porque se  declare Fundado el recurso de apelación y en consecuencia  nula la resolución número uno del doce de marzo de ese  mismo año, disponiendo la prosecución del mismo conforme  a ley. 3.5. Resolución de Vista Con fecha veinte de mayo  de dos mil diecinueve, mediante resolución número ocho  (obrante a fojas ciento veinticinco), la Sala Mixta  Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de  Moquegua,  Confirma  el  auto  apelado,  señalando  básicamente que: - La magnitud de la lesión corporal del  agraviado Yeison Gregorio Gil Ccallomamani, cuantificada  en un día de Atención Facultativa y dos días de Incapacidad  Médico Legal por el Certificado Nº 004854-L, efectivamente,  constituye falta, y siendo que para nuestro sistema procesal,  por aplicación supletoria y de mínima intervención y  desjudicialización hecha sobre el artículo 483.1 del Código  Procesal Penal, al hecho denunciado le corresponde  iniciativa privada, y por tanto sólo tiene legitimidad para  ejercerla el ofendido y su representante legal; no la tiene el  representante del Ministerio Público. - El colegiado no afirma  la imposibilidad de formalizar un caso judicial, sino  simplemente que el hecho tiene que llegar a conocimiento  del Juez de Familia por acción de un querellante particular,  quien a su vez puede recurrir a los servicios de las unidades  especializadas del sector público. 4. DICTAMEN FISCAL  SUPREMO: El señor Fiscal Supremo en lo Civil mediante  dictamen de fecha veintisiete de noviembre de dos mil  diecinueve (obrante a fojas cuarenta y cinco del cuaderno de  casación), opina porque se declare Fundado el recurso de  casación, en consecuencia nula la resolución de vista y se  ordene se expida nueva resolución, señalando: - Analizados  los actuados se observa que si bien el principal argumento  de la Sala Superior se centra en una presunta falta de  legitimidad y titularidad del Ministerio Público para ejercer la  acción penal en los casos de faltas, por considerar que al  tratarse de un caso de faltas, el titular de la acción penal es  el agraviado y no el Ministerio Público, sustentándolo en los  artículos 483.1 y 107° del Código Procesal Penal, referido al  ejercicio privado de la acción penal, y en los artículos 26° y  73° del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente  aprobado por Decreto Legislativo Nº 1348, que alude a la  distinción entre infracciones de persecución pública y  privada. - En cuanto al tema de la aplicación de los artículos  26° y 73° del Código de Responsabilidad Penal del  Adolescente, que sirvió de sustento del fallo superior, se  debe indicar que de conformidad con la Segunda DisposiciónComplementaria Final del Código de Responsabilidad Penal,  aprobado por Decreto Legislativo Nº 1348, el mencionado  código entrará en vigencia al día siguiente de la publicación  de su reglamento (que fue aprobado por Decreto Supremo  Nº 004-2018-JUS publicado el veinticuatro de marzo de dos  mil dieciocho), pero su aplicación se dará de manera  progresiva mediante el calendario oficial aprobado por  Decreto Supremo, lo cual hasta la fecha no se ha dado en el  distrito judicial de Moquegua; lo que significa que los  artículos aludidos, aún no se aplican al no haberse aprobado  aún la implementación progresiva para los diferentes  distritos judiciales, entre ellos, el de Moquegua. - El Código  de los Niños y Adolescentes en cuanto a los temas referidos  a la actividad procesal, al adolescente infractor, a la  investigación y juzgamiento así como a la remisión del  proceso, se aplican de manera ultractiva hasta la  implementación progresiva del Código de Responsabilidad  Penal del Adolescente, por así disponerlo la Única  Disposición Complementaria Transitoria, que indica que es  de aplicación ultractiva los capítulos III, IV, V y VI del Título II  del Libro IV del Código de los Niños y Adolescentes. -  Efectuando una interpretación sistemática de los artículos  VII del Título Preliminar, 138°, 139° y 183° del Código de los  Niños y Adolescentes, y en aplicación del interés superior  del niño, consagrado en el artículo 3° de la Convención  sobre los Derechos del Niño, y recogido en el artículo IX del  Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, se  infiere que el representante del Ministerio Público puede  ejercer la acción penal también en los casos de faltas a la ley  penal cometido por un adolescente infractor; lo que significa  que cuando el artículo 139° hace referencia que el fiscal es  titular de la acción penal en los procesos al adolescente  infractor, ello abarca tanto a los casos de delitos o de faltas  a la ley penal, en clara interpretación del interés superior del  niño, que incluye también a los adolescentes en conflicto  con la ley penal. - En atención a lo expuesto, la Sala de  mérito no ha cumplido de argumentar adecuadamente la  resolución impugnada, incurriendo en deficiencia en la  motivación externa (justificación de las premisas normativas)  al hacer citas a disposiciones no aplicables al presente caso,  razón por la cual se ha infringido el inciso 5) del artículo 139°  de la Constitución Política del Perú, referido al derecho a la  debida motivación de la resoluciones. 5. CUESTIÓN  JURÍDICA A DEBATIR: Estando a los fundamentos del  presente recurso y al auto calificatorio de procedencia, el  debate casatorio se centra en determinar si los Jueces  Superiores al emitir la recurrida han infringido los artículos  483.1 y 107° del Código Procesal Penal, 26° y 73° del  Decreto Legislativo Nº 1348 - Código de Responsabilidad  Penal del Adolescente, 138°, 139° y 183° del Código de los  Niños y Adolescentes. Asimismo el artículo 139° inciso 5 de  la Constitución Política del Estado, al haberse declarado su  procedencia excepcional señalada en el artículo 392-A del  Código Procesal Civil. Precisando que la cuestión jurídica en  debatir es si el Ministerio Público tiene legitimidad para  promover procesos por infracciones cometidas por los  menores relativos a lesiones dolosas calificadas como faltas.  6. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.-  Según se advierte del auto calificatorio de fecha doce de  agosto de dos mil diecinueve, se ha declarado procedente el  recurso por causal de naturaleza procesal y sustantiva, por  lo que, en el caso de advertirse la existencia de algún  defecto o vicio insubsanable de orden procesal, el reenvío  tendrá efectos subsanatorios. En caso de desestimarse las  infracciones  procesales  corresponderá  analizar  las  infracciones materiales. Es menester precisar que el recurso  de Casación es un medio impugnatorio extraordinario que  permite ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales,  con la finalidad de garantizar la correcta aplicación e  interpretación del derecho objetivo y la unificación de la  Jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de  la República, así como determinar si en dichas decisiones se  ha respetado el debido proceso, traducido en el respeto a los  principios que lo integran. Segundo.- Entrando al análisis de  la causal procesal, se debe señalar que el derecho  fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo  139° numeral 3 de la Constitución Política del Estado, es un  derecho continente que comprende un conjunto de derechos  fundamentales de orden sustantivo y procesal. Al respecto,  el Tribunal Constitucional ha señalado que “su contenido  constitucionalmente protegido comprende una serie de  garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza,  que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso  en el cual se encuentra inmersa una persona, se realiza y  concluya con el necesario respeto y protección de todos los  derechos que en él puedan encontrarse comprendidos”1.  Tercero.- Asimismo, “el debido proceso es un derecho  humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales,que busca resolver de forma justa las controversias que se  presentan ante las autoridades judiciales. Este derecho  contiene un doble plano, pues además de responder a los  elementos formales o procedimentales de un proceso (juez  natural, derecho de defensa, plazo razonable, motivación  resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, etc.),  asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone  la preservación de criterios de justicia que sustenten toda  decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad,  etc.)”2. Cuarto.- En su aspecto procesal, el debido proceso  comprende también el derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139°,  numeral 5, de la Norma Fundamental, que implica que los  jueces están obligados a expresar las razones o  justificaciones objetivas que sustentan sus decisiones. Y ello  es así porque, en un Estado Constitucional y Democrático  de Derecho, la motivación de las resoluciones judiciales  garantiza que las partes y los ciudadanos en general ejerzan  un adecuado control y fiscalización sobre el poder delegado  a los jueces para administrar justicia en nombre del pueblo.  Quinto.- Sobre la dimensión del derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales se ha afirmado que  “no solo es un derecho de toda persona (natural o jurídica) a  recibir de los órganos de la jurisdicción una decisión  debidamente justificada, sino que constituye al mismo  tiempo un principio que define a la función jurisdiccional del  Estado y, a su vez, una garantía instrumental para asegurar  el cumplimiento de otros principios y derechos fundamentales  en el marco de un Estado Democrático”3. Sexto.- Ahora  bien, como también lo ha señalado el Tribunal Constitucional,  las razones o justificaciones objetivas que llevan a los jueces  a tomar una determinada decisión, deben provenir no solo  del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de  los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso. Bajo esa visión, el derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales “es una garantía del justiciable  frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las  resoluciones no se encuentren justificadas en el mero  capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que  proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del  caso”4. Sétimo.- De lo expuesto, precedentemente, este  Supremo Tribunal considera que en el presente caso el auto  de vista se encuentra suficientemente motivado, no  advirtiéndose argumentos incoherentes que hayan alterado  u obviado actos de procedimiento, debiendo hacerse la  atingencia de que un parecer o criterio distinto al que ha  arribado la Sala de mérito, no puede ser materia de  cuestionamiento mediante el presente medio impugnatorio,  que conlleve a un reenvío del proceso, por cuanto en materia  casatoria no corresponde analizar las conclusiones a que  llega la instancia de mérito sobre las cuestiones de hecho, ni  las relativas a la revaloración de la prueba examinada en  instancia (de ser el caso), razón por la cual la infracción  normativa procesal denunciada debe ser desestimada,  privilegiándose la solución definitiva del caso sub-litis.  Octavo.- Antes de resolver las denuncias expuestas por el  Ministerio Público en su recurso de casación conviene hacer  precisiones al respecto, con relación al tema materia de litis:  - El artículo 4° de la Constitución Política del Estado, señala  que: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al  niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de  abandono. También protegen a la familia y promueven el  matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos  naturales y fundamentales de la sociedad”. En el ámbito  penal, el Código de los Niños y Adolescentes, establece un  procedimiento especial determinando que en el caso de  infracción a la ley penal, el niño será sujeto de medidas de  protección y el adolescente de medidas socio-educativas. -  La responsabilidad de los órganos jurisdiccionales en esta  materia, por mandato del artículo 4° de la Carta Magna, los  tratados internacionales y el Código de los Niños y  Adolescentes, exige una atención particular en los  procedimientos que afecten a los niños y adolescentes, que  va más allá del resultado del caso. Es decir, deben procurar  un escrupuloso tratamiento y respeto de sus derechos  durante el proceso. Asimismo, tal atención deber ser  prioritaria pues el interés superior del niño y del adolescente  tiene precedencia en la actuación estatal respecto de  aquellas decisiones judiciales en las que no se encuentran  comprometidos sus derechos fundamentales. - “El principio  constitucional de protección del niño, niña y adolescente  presupone que los derechos fundamentales del niño, niña y  adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza  normativa superior no sólo en el momento de la producción  de normas, sino también en el momento de la interpretación  de ellas, constituyéndose por tanto en un principio de  ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su  conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, lamadre o quien sea el responsable de velar por sus derechos  fundamentales”5. “El principio del interés superior del niño,  comprende, entre otras cosas, una actuación tuitiva por  parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes  corresponde la adecuación y flexibilización de las normas y  la interpretación que de ellas se realice, a fin de lograr la  aplicación más favorable”6 al dar solución a una controversia,  siendo de especial importancia este principio toda vez que  se trata de niños, niñas y adolescentes de cuyos intereses  tiene especial cuidado y protección por parte del Estado. - El  Tribunal Constitucional ha precisado que “el interés superior  del niño y del adolescente forma parte del bloque de  constitucionalidad del acotado artículo 4° de la Carta Magna,  que a su vez está materializado en el artículo IX del Título  Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y, que es  deudor, en el ámbito internacional, del principio 2 de la  Declaración de los Derechos del Niño y del artículo 3°, inciso  1 de la Convención sobre los Derechos del Niño”7. Por esta  razón “es importante que los operadores jurídicos apliquen  la legislación de conformidad con el principio de supremacía  del interés del niño (artículo 4º de la Constitución), tomando  en cuenta precisamente la fragilidad de la personalidad de  estos”8. - El máximo intérprete de la Constitución, establece  que “el principio pro infante suministra pautas de resolución  de conflictos o antinomias entre derechos o entre estos y  otros bienes constitucionales. Ante un conflicto que involucre  derechos de los menores y otro tipo de derechos o intereses  constitucionalmente garantizados, el referido principio  predispone al juzgador, prima facie, la obligación de brindar  prevalencia a los derechos e intereses de los menores, a no  ser que existan razones poderosísimas y absolutamente  necesarias en una sociedad democrática, que justifiquen el  establecimiento de una regla de precedencia en sentido  inverso. Este es el criterio de preferencia o prevalencia, que  también aplica al proceso de producción legislativa, esto es,  con relación al ejercicio de la función legislativa,  condicionando al legislador tomar en consideración todos  los derechos e intereses que a favor y en contra del menor  puedan existir, cada vez que aprueba un acto legislativo”9 -  La acción penal es la manifestación del poder concedido a  un órgano oficial (Ministerio Público) o titular particular (en  casos excepcionales) a fin de que lo ejerza solicitando una  declaración judicial tras la comisión de un delito e  identificando al autor del mismo; al respecto Pablo Sánchez  Velarde ha señalado que: “(…) Nos interesa analizar la  acción penal y ello significa la posibilidad de poner en  movimiento el aparato judicial a efecto de que se investigue,  juzgue y sancione, si fuere el caso, al autor o partícipe de un  hecho punible. Se trata pues de un derecho a provocar el  proceso y los distintos actos que lo integran con  independencia de la existencia de un derecho y de su lesión.  La acción penal no se reduce solo a la promoción de la  acción judicial sino también a la intervención de su titular  durante el proceso judicial, en tanto exista persecución de  delito e incluso posibilitando la interposición de recursos. La  acción penal importa el análisis respecto de dos perspectivas:  a) Como derecho a iniciar un proceso, sea por la autoridad  pública encargada de tal función: el Ministerio Público  (ejercicio público); sea por el agraviado en los delitos de  ejercicio privado, respectivamente; b) Como derecho a la  acusación y al ejercicio que culmina con la resolución  definitiva del Juez, materializándose el derecho a la tutela  jurisdiccional (…)”10 Noveno.- Teniendo en cuenta lo  expuesto, se ha denunciado la aplicación indebida de los  artículos 483.1 y 107° del Código Procesal Penal,  sosteniendo la parte recurrente que no corresponde la  aplicación del referido Código de manera supletoria al  presente caso, porque el Código de los Niños y Adolescentes  ya regula el proceso de faltas por infracción a la ley penal. Al  respecto, el artículo 483.1 referido señala: “La persona  ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la  policía o dirigirse directamente al juez comunicando el hecho  constituyéndose en querellante particular”. Asimismo, el  artículo 107° del Código Procesal Penal, sostiene: “En los  delitos de ejercicio privado de la acción penal (…) el  directamente ofendido por el delito podrá instar ante el  órgano jurisdiccional, siempre conjuntamente, la sanción  penal y pago de la reparación contra quien considere  responsable del delito en su agravio”. Al respecto debe  sostenerse que en cuanto a los delitos y faltas el Código de  los Niños y Adolescentes no señala explícitamente (en  cuanto a la materia que nos ocupa) que las faltas pueden ser  denunciadas de oficio por el Ministerio Público, pues los  artículos 138°, 139° y 183° del Código de los Niños y  Adolescentes, no disponen expresamente que el Ministerio  Público en caso de faltas de un adolescente infractor sea  quien deba denunciar de oficio, más, lo que si se encuentra  regulado al no existir regulación expresa al respecto, es lasolución del artículo VII de su Título Preliminar que señala:  “…Las normas del Código Civil, Código Penal, Código  Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando  corresponda en forma supletoria al presente Código…” (sic).  Siendo así, que al remitirse la Sala de mérito a los artículos  107° y 483.1 de Código Procesal Penal, lo hace en plena  aplicación  supletoria  del  dispositivo  mencionado  precedentemente, razón por la cual no se advierte aplicación  indebida de esas normas. Más aún, en cuanto a la infracción  de los artículos del Código de Responsabilidad Penal de los  Adolescentes, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1348,  para la solución del presente caso no resulta relevante  dilucidar si se encuentra o no en vigencia. Siendo así, las  denuncias por aplicación indebida de los dispositivos  mencionados descritas en los literales i) y ii) del auto  calificatorio de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve  deben desestimarse; así como la denuncia descrita en el  acápite iii) por inaplicación de los artículos 138°, 139° y  183° del Código de los Niños y Adolescentes, pues tales  dispositivos sí aparecen aplicados en la resolución de vista  específicamente en el considerando segundo, y que también  han  sido  analizados  por  esta  sede  casatoria  precedentemente. Décimo.- Tratando de darle contenido al  llamado interés superior del niño y del adolescente,  contenido en el artículo IX del Título Preliminar del Código  de los Niños y Adolescentes, recogido por el artículo 3° de la  Convención sobre los Derechos del Niño el que podríamos  resumirlo en la búsqueda de lo más favorable al menor  infractor, cabría formularnos la siguiente interrogante: ¿Qué  es más favorable al menor infractor o menos gravoso para  éste?, en caso de una falta: ¿someterlo indefectiblemente a  un proceso o procedimiento jurisdiccional, o limitar éste, sólo  cuando el agraviado o su representante legal formalice la  denuncia o imputación de una infracción?. La respuesta,  creemos es obvia; la alternativa más favorable es la última;  la que se ve reforzada razonablemente por la reducida  lesividad de la infracción propia a la naturaleza de las faltas.  Debiendo  tenerse  en  cuenta,  que  los  operadores  jurisdiccionales  deben  flexibilizar  su  actuación  e  interpretación de las normas teniendo en cuenta el grado de  magnitud o gravosidad al bien jurídico tutelado, aplicando lo  que le resulte más favorable al adolescente infractor al  momento de la solución de una controversia; más aún, si  tiene especial importancia al resolver temas relacionados a  la responsabilidad de niños, niñas y adolescentes cuyos  intereses debe tener especial cuidado y protección por parte  del Estado; debiendo aplicarse el principio pro infante. 7.  DECISIÓN: Por tales consideraciones, con lo expuesto en el  Dictamen Fiscal Supremo en lo Civil, y de conformidad con  el artículo 397° del Código Procesal Civil: declararon  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas  ciento cuarenta y ocho, por la Fiscalía Superior Civil y de  Familia del Distrito Fiscal de Moquegua; y, en consecuencia,  NO CASAR el auto de vista de fecha veinte de mayo de dos  mil  diecinueve,  obrante  a  fojas  ciento  veinticinco;  DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario  oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en el proceso  sobre Infracción a la Ley Penal seguido contra el adolescente  infractor de iniciales K.A.Ch.T., en agravio de Yeison  Gregorio Gil Ccallomamani. Intervino como ponente el señor  Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA,  SALAZAR LIZÁRRAGA, CUNYA CELI, DE LA BARRA  BARRERA.  LA  SECRETARIA  DE  LA  SALA  CIVIL  PERMANENTE QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE EL  SEÑOR JUEZ SUPREMO TÁVARA CÓRDOVA, NO VUELVE  A FIRMAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN, AL HABER  CESADO EN SU CARGO; ASIMISMO LOS SEÑORES  JUECES SALAZAR LIZÁRRAGA Y DE LA BARRA BARRERA  NO VUELVEN A FIRMAR POR NO ESTAR LABORANDO  EN LA CORTE SUPREMA, HABIENDO DEJADO SU VOTO  FIRMADO A FOLIOS SESENTA Y DOS DEL CUADERNO  DE CASACIÓN. EL VOTO DE LOS JUECES SUPREMOS  SEÑOR ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, SEÑORA ECHEVARRÍA  GARIVIA Y SEÑORA ARRIOLA ESPINO, ES COMO  SIGUE: I. ASUNTO En el presente proceso, Katia Guillén  Mendoza, Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Civil y  Familia del Distrito Fiscal de Moquegua, interpone recurso  de casación mediante escrito obrante a fojas ciento cuarenta  y ocho, contra la resolución de vista de fecha veinte de mayo  de dos mil diecinueve11, que confirmó la resolución de  primera instancia de fecha doce de marzo de dos mil  diecinueve12, que declaró improcedente la denuncia por  infracción a la ley penal, promovida por el Fiscal Provincial  de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ilo, en  contra del adolescente de iniciales K.A.CH.T. (en adelante  KACHT), por lesiones dolosas en agravio de Yeison Gregorio  Gil Ccallomamani y, en consecuencia, ordenó el archivo  definitivo del proceso. II. ANTECEDENTES 1. Demanda ElFiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y  Familia de Ilo, con escrito de fecha veintisiete de febrero de  dos mil diecinueve, solicitó apertura de proceso por  infracción a la ley penal - faltas contra la persona en la  modalidad de lesiones dolosas, previsto en el artículo 441°  del Código Penal, contra el adolescente KACHT de diecisiete  años de edad, en agravio de Yeison Gregorio Gil  Ccallomamani; asimismo, se dicte medida socioeducativa y  se fije monto de reparación civil correspondiente. Se expone  que el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho,  aproximadamente a las 22:40 horas, por inmediaciones del  Colegio Daniel Becerra Ocampo, el agraviado se encontraba  libando licor en compañía de sus amigos hasta que se quedó  dormido y, al despertar observó a un grupo de diez jóvenes  entre los que se encontraba el adolescente KACHT, quien  sin motivo alguno propinó un golpe en el rostro del agraviado  Yeison Gregorio Gil Ccallomamani y, luego el grupo de  jóvenes, conformado por mujeres y varones, propinaron al  agraviado patadas y puñetes en la cabeza, brazos y piernas  hasta dejarlo ensangrentado. Luego, se apersonó personal  policial que hacía patrullaje motorizado en la zona, extendió  el Acta de Intervención Policial y, puso a los intervenidos a  disposición de la sección Familia. El presunto hecho punible  es sancionado con prestación de servicio comunitario de  cuarenta a sesenta jornadas, como es de verse del artículo  441° del Código Penal sobre faltas contra la persona, en la  modalidad de lesión dolosa. De acuerdo con el certificado  médico legal N°004854-L, correspondiente al agraviado  Yeison Gregorio Gil Ccallomamani, presenta lesiones  traumáticas recientes con 01 día de atención facultativa y 02  días de incapacidad médico legal, aunado a la sindicación  realizada por el agraviado en el sentido que originariamente  habría sido el adolescente K.A.CH.T. de diecisiete años de  edad, quien le habría golpeado en el rostro y, posteriormente  el adolescente con el grupo de diez jóvenes le habrían  propinado al agraviado golpes de patadas y puños en la  cabeza, brazos y piernas hasta dejarlo ensangrentado; en  consecuencia,  el  adolescente  presunto  infractor  ha  participado del ilícito a título de coautor según el artículo 23  del Código Penal. Asimismo, conforme al artículo 336° del  Código Procesal Penal, aplicado supletoriamente, se han  satisfecho los requisitos exigidos; por lo que es procedente  denunciar ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto  de que se aperture la investigación judicial correspondiente.  Conforme al artículo 184° del Código de los Niños y  Adolescentes, que refiere: “El adolescente infractor mayor  de catorce (14) años, será pasible de medidas socio- educativas previstas en el presente Código”; asimismo,  conforme al literal c) del artículo 144° de este Código:  “Compete al Fiscal de Familia o Mixto: (…) Promover los  procedimientos relativos a las infracciones atribuidas a los  adolescentes. En este caso, corresponde al Fiscal investigar  su participación con el propósito de solicitar la medida socio  educativa necesaria para su rehabilitación”. Es por ello que  el despacho fiscal inició investigación preliminar y concluye  con la denuncia ante el órgano jurisdiccional competente. En  tal sentido, se entabla la acción con la finalidad de que se  brinde la medida socioeducativa para la reeducación del  adolescente denunciado, una vez concluido el proceso  judicial y, al amparo del Código de los Niños y Adolescentes.  Se acompaña el caudal probatorio obrante en la carpeta  fiscal y, solicita se actúen determinadas diligencias, conforme  a lo previsto en el artículo 207° del Código de los Niños y  Adolescentes. 2. Auto de improcedencia liminar de la  denuncia Por resolución número uno, de doce de marzo de  dos mil diecinueve, se declaró improcedente la denuncia de  infracción a la ley penal promovida por el Fiscal Provincial de  la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ilo, en  contra de KACHT, por lesiones dolosas en agravio de Yeison  Gregorio Gil Ccallomamani y, en consecuencia, ordenó el  archivo definitivo del proceso. Expresa los siguientes  fundamentos: - Se tiene claramente determinado por la ley  que, la titularidad de la acción o pretensión sancionatoria por  la comisión de faltas corresponde al agraviado o, en todo  caso, a su representante legal, quitando completamente  legitimidad y titularidad de la acción penal al Ministerio  Público; conforme al artículo 440° del Código Penal y el  artículo 483° del Código Procesal Penal. - Estando a la  denuncia formulada por el representante del Ministerio  Público, los hechos calificarían como infracción a la ley  penal por falta contra la persona, en la modalidad de lesiones  dolosas, previsto en el artículo 441° del Código Penal; por lo  que al tratarse de una falta el único legitimado para instaurar  acción penal es el ofendido, quien debe constituirse en  querellante particular, lo que no ha acontecido en autos. Por  tanto, el Ministerio Público no está legitimado para solicitar  la apertura de la investigación penal. 3. Recurso de  Apelación Mediante escrito de fojas ciento dos, el FiscalProvincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y  Familia de Ilo, apeló el auto de primera instancia; bajo los  siguientes argumentos: - El órgano jurisdiccional niega la  legitimidad del Fiscal de Familia para ejercitar la acción  penal en los procesos de faltas, seguido contra menores de  edad, trasladando la legitimidad para obrar directamente al  ofendido, basándose únicamente en normas supletorias  conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código de  los Niños y Adolescentes, como el artículo 440° del Código  Penal y el artículo 483° del Código Procesal Penal, sin  considerar que estas son normas generales para mayores  de edad. - El juzgador no ha tomado en cuenta que existe  legislación especial que rige los procesos contra menores de  edad que infringen la ley penal, como lo es el Código de los  Niños y Adolescentes vigente a la fecha; siendo así, la  resolución emitida infringe por inaplicación los artículos  133°, 138°, 139°, 144°, 183° del Código de los Niños y  Adolescentes. - Por mandato de la Constitución Política del  Estado y del Decreto Legislativo Nº 052 (Ley Orgánica del  Ministerio Público), el Ministerio Público a través del Fiscal  de Familia es el titular de la acción penal y le corresponde  sustentar la imputación que hace contra el adolescente  infractor investigado; en consecuencia, la titularidad de la  acción penal del Fiscal de Familia no solo se limita a delitos  sino también a faltas, por lo que la conclusión del Aquo no  tiene sustento legal. - La orientación del nuevo Código  Procesal Penal es, en efecto, la no intervención del Ministerio  Público en el proceso por faltas; sin embargo, tratándose de  menores de edad, el Código de los Niños y Adolescentes  tiene regulación propia respecto de la titularidad del  Ministerio Público. - En cuanto al Código de Responsabilidad  del Adolescente - Decreto Legislativo Nº 1348, vigente  desde el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho; se ha  establecido su vigencia progresiva y, de acuerdo a sus  disposiciones, los artículos 133° segundo párrafo, 138°,  139°, 144°, 183° del Código de los Niños y Adolescentes, a  la fecha se encuentran vigentes y, el Aquo no precisó porqué  no aplicó estas normas. Ello vulnera el debido proceso y la  tutela jurisdiccional efectiva, así como el derecho a la  motivación de resoluciones, previsto en el inciso 3 y 5 del  artículo 139° de la Carta Magna. 4. Resolución de Segunda  Instancia Mediante resolución número ocho de veinte de  mayo de dos mil diecinueve, el Colegiado Superior confirmó  la resolución apelada que declaró improcedente la denuncia  por infracción a la ley penal, promovida por el Fiscal  Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia  de Ilo, en contra del adolescente infractor K.A.CH.T. por  lesiones dolosas, en agravio de Yeison Gregorio Gil  Ccallomamani. Expresó los siguientes fundamentos: - La  magnitud de la lesión corporal al agraviado cuantificada en  un día de atención facultativa y dos días de incapacidad  médico legal por el certificado N°004854-L, constituye una  falta, para el sistema procesal, por aplicación supletoria y de  mínima intervención y desjudicialización hecha por el  artículo 483.1 del Código Procesal Penal, al hecho  denunciado le corresponde iniciativa privada y, por lo tanto  solo tiene legitimidad para ejercerla el ofendido y su  representante legal, no la tiene el representante del  Ministerio Público. - El Colegiado no afirma la imposibilidad  de formalizar un caso judicial, sino que el hecho tiene que  llegar a conocimiento del Juez de Familia por el querellante,  quien a su vez puede recurrir a los servicios de las unidades  especializadas del sector púbico. - Estando a los criterios del  interés superior del adolescente, debe confirmarse la  improcedencia de la denuncia de fecha ocho de febrero de  dos mil diecinueve. III. RECURSO DE CASACIÓN Katia  Guillén Mendoza, Fiscal Superior de la Fiscalía Superior  Civil y Familia del Distrito Fiscal de Moquegua, interpone  recurso de casación mediante escrito obrante a fojas ciento  cuarenta y ocho, contra la resolución de vista de fecha veinte  de mayo de dos mil diecinueve; el que fue declarado  procedente por este Supremo Tribunal, mediante resolución  de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, por: 1.  Infracción normativa del artículo 139° inciso 5 de la  Constitución Política del Estado; procedencia excepcional  a fin de verificar la motivación de la resolución; 2. Infracción  normativa de los artículos 483°.1 y 107° del Código  Procesal Penal y los artículos 26° y 73° del Decreto  Legislativo Nº 1348 - Código de Responsabilidad Penal  del Adolescente, por aplicación indebida; y, infracción  normativa de los artículos 138°, 139° y 183° del Código  de los Niños y Adolescentes, por inaplicación. Dictamen  Fiscal Supremo Mediante dictamen de fecha veintisiete de  noviembre de dos mil diecinueve, el Fiscal Supremo de la  Fiscalía Suprema en lo Civil, opina que se declare fundado  el recurso de casación interpuesto contra el auto de vista de  fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, que declaró  improcedente la denuncia y, en consecuencia, se declarenula la resolución de vista y, se disponga emitir nuevo  pronunciamiento. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE La  cuestión jurídica en debate consiste en determinar si al  emitirse la resolución impugnada, se ha transgredido el  artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Estado y  los artículos 483°.1 y 107° del Código Procesal Penal,  artículos 26° y 73° del Decreto Legislativo Nº 1348 - Código  de Responsabilidad Penal del Adolescente, así como los  artículos 138°, 139° y 183° del Código de los Niños y  Adolescentes;  en  tanto  las  infracciones  normativas  denunciadas versan sobre ellas. V. FUNDAMENTOS:  PRIMERO.- El recurso de casación tiene como fines la  correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la  unificación de la jurisprudencia nacional, como se advierte  del artículo 384° del Código Procesal Civil. SEGUNDO.- De  acuerdo al recurso de casación interpuesto y la ejecutoria  suprema de procedencia excepcional, la controversia se  resume en establecer si ante faltas presuntamente cometidas  por un adolescente, la titularidad de la acción la tiene el  Ministerio Público o el agraviado (querellante), conforme al  Código de los Niños y Adolescentes o el Código Procesal  Penal, respectivamente. Lo que incide no solo en el derecho  a la motivación de resoluciones, derecho fundamental y  garantía de la administración de justicia, sino en la tutela  judicial efectiva. TERCERO.- En efecto, en este caso, el  Fiscal de la Fiscalía Provincial de la Segunda Fiscalía  Provincial Civil y Familia de Ilo, solicitó al Juez Especializado  de Familia de la Provincia de Ilo, aperturar proceso por  infracción a la ley penal por faltas contra la persona, en la  modalidad de lesiones dolosas previstas en el artículo 441°  del Código Penal, respecto del presunto infractor el  adolescente KACHT, de diecisiete años de edad, en agravio  de Yeison Gregorio Gil Ccallomamani, asimismo se dicte la  medida socioeducativa y, se fije el monto de la reparación  civil correspondiente; hecho cometido el día dieciséis de  noviembre de dos mil dieciocho. Para tal efecto, expresó  fundamentos de hecho y de derecho: Artículos 1°.4 y 96°-A  de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 144°,  184°, 204°.a) y 207° del Código de los Niños y Adolescentes  (de aplicación ultractiva), artículo 441° del Código Penal por  el que se tipifica el hecho infractor; así como ofreció medios  probatorios que detalla en el numeral cinco de su escrito y la  Carpeta Fiscal N°526-2018, además solicitó la actuación de  determinadas diligencias en sede judicial, de conformidad  con el artículo 207° del Código de los Niños y Adolescentes.  CUARTO.- La calificación de la denuncia del Fiscal Provincial  por el Juez del Primer Juzgado de Familia de Ilo, mereció  resolución de improcedencia liminar, la que apelada fue  confirmada por disposición normativa supletoria contenida  en el Código Procesal Penal. El Colegiado Superior admitió  que la lesión corporal sufrida por el agraviado Yeison  Gregorio Ccallomamani, conforme al certificado médico  legal, “efectivamente, constituye falta”; pero, consideró que  el Ministerio Público no tiene legitimidad para promover la  acción sino el ofendido, conforme al artículo 483°.1 del  Código Procesal Penal. Es de anotar, que el órgano superior  de mérito mencionó los artículos 26° y 73° del Código de  Responsabilidad Penal del Adolescente - Decreto Legislativo  Nº 1348 (en adelante nuevo Código o CRPA). QUINTO.-  Evidentemente, la improcedencia liminar de una solicitud de  apertura de proceso, debe ser manifiesta y podrá admitirse  si está debidamente motivada, conforme a la disposición  normativa pertinente; más, si un pronunciamiento de este  tipo podría afectar el acceso a la justicia o recortar el ejercicio  de las funciones fiscales. No escapa de nuestra consideración  que la aplicación indebida de una norma o la inaplicación de  la que corresponde puede generar arbitrariedades; como  bien sabemos, la “motivación es sinónimo de justificación  jurídica de la decisión. Y por ello la esencia del concepto de  motivación se encuentra en que el juez justifique que su  decisión es conforme a derecho y ha sido adoptada con  sujeción a ley”13. De no emitirse una resolución debidamente  motivada, se infringe lo dispuesto en el artículo 139° inciso 5  de la Constitución Política del Estado, en concordancia con  el inciso 3 de esta disposición constitucional. SEXTO.- En  principio debemos señalar que ante la dación del Código de  Responsabilidad Penal del Adolescente, en vigor desde el  veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, las disposiciones  normativas del Código de los Niños y Adolescentes  contenidas en los Capítulos III, IV, V, VI, VII y VII-A del Título  II de su Libro IV, esto es, los artículos 183° a 241°-F, fueron  derogados expresamente por mandato de su Única  Disposición Complementaria Derogatoria; no obstante ello,  el derecho transitorio de este nuevo Código prevé la  aplicación ultractiva de los artículos 183° a 228° previstos en  los Capítulos III, IV, V, VI del Título II del Libro IV del Código  de los Niños y Adolescentes, como se tiene de su Única  Disposición Complementaria Transitoria. SÉTIMO.- ElCódigo de Responsabilidad Penal del Adolescente en  realidad está vigente parcialmente; dado que de su Segunda  Disposición Complementaria Final, se advierte que solo los  Títulos I y II de su Sección VII (Medidas Socioeducativas),  que comprenden los artículos 148° a 167°, así como los  Títulos I y II de su Sección VIII (Ejecución de las medidas  socioeducativas), que contienen los artículos 168° a 179°,  rigen por aplicación inmediata desde la publicación de su  Reglamento (Decreto Supremo Nº 004-2018-JUS), en el  diario oficial “El Peruano” el día veinticuatro de marzo del  dos mil dieciocho y, dada la previsión sobre la aplicación del  Código en su integridad, que se hará de manera progresiva  en los distintos distritos judiciales según cronograma  aprobado por Decreto Supremo, lo que hasta la fecha no  sucede. OCTAVO.- Evidentemente, el sistema de justicia  penal respecto de menores en nuestro país, se rige por: el  Código de los Niños y Adolescentes, salvo los Capítulos VII  y VII-A del Título II de su Libro IV y, el Código de  Responsabilidad Penal del Adolescente (solo respecto de  Medidas  Socioeducativas  y  Ejecución  de  Medidas  Socioeducativas); sin perjuicio de considerar tratados de los  que formamos parte (Convención sobre los Derechos del  Niño, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y  Políticos), como reglas, directrices y observaciones de  origen internacional. Para el Código de los Niños y  Adolescentes, según su artículo 183° es adolescente  infractor “aquel cuya responsabilidad ha sido determinada  como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como  delito o falta en la ley penal” y, es pasible de medida  socioeducativa; disposición coincidente con lo previsto en el  artículo 2 del Código de Responsabilidad Penal de  Adolescentes, que establece su ámbito de aplicación.  NOVENO.- En consecuencia, no debemos dejar de  considerar que los asuntos que involucran a menores de  edad, en concreto a los adolescentes que infringen la ley  penal están regidos por un Derecho y un Código especial  que es el Código de los Niños y Adolescentes y, por el  Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, en lo  que corresponda. Precisándose que, los cuerpos normativos  previstos en el artículo VII del Título Preliminar del Código de  los Niños y Adolescentes14, como el Código Penal y el  Código Procesal Penal, se aplican supletoriamente15; es  decir, ante lo no previsto o regulado en el Código de los  Niños y Adolescentes, se aplican las normas de dichos  Códigos. DÉCIMO.- En este sentido las atribuciones del  representante del Ministerio Público como titular de la acción  por infracción a la ley penal, tipificado en el Código Penal  como delito o falta, está previsto en el artículo 139° del CNA  al establecer: “El Ministerio Público es el titular de la acción  penal y como tal tiene la carga de la prueba en los procesos  al adolescente infractor. En este caso puede pedir el apoyo  de la policía”, lo que es concordante con el artículo 138° de  este cuerpo normativo referido al ámbito de actuación del  Fiscal: velar por los derechos y garantías del adolescente y,  promover de oficio o a petición de parte las acciones legales,  judiciales o extrajudiciales; cuya base es de carácter  constitucional, como así se advierte del 159° inciso 1 de la  Constitución Política del Estado. DÉCIMO PRIMERO.-  Desconocer esta atribución prevista en la Constitución,  como en los artículos 138° y 139° del CNA y, de manera  específica en el artículo 96°-A de la Ley Orgánica del  Ministerio Público, -que reconoce respecto del Fiscal  Provincial de Familia la facultad de: “Intervenir en todos los  asuntos que establece el Código de los Niños y  Adolescentes”-, bajo el sustento que si bien la lesión corporal  al agraviado constituye una falta, pero es perseguible a  iniciativa de parte o por el ofendido (querellante) y, no por el  Ministerio Público conforme a lo previsto por el artículo  483°.1 del Código Procesal Penal, no se puede admitir;  tampoco se puede admitir o considerar la aplicación del  artículo 107° de este Código, sobre derechos del querellante  particular. DÉCIMO SEGUNDO.- En efecto, el Colegiado  Superior comete el error de tener en cuenta normas  supletorias, que solo se aplican en defecto o insuficiencia de  una norma que corresponde aplicar y, en este caso, existe  una norma especial que prevé la titularidad del Ministerio  Público para solicitar al Juez de Familia aperturar el proceso  respecto de un hecho punible tipificado de delito o falta en la  ley penal. Es por ello que, ante la denuncia presentada por  el Fiscal Provincial contra el adolescente de iniciales  K.A.CH.T. en agravio de Yeison Gregorio Gil Ccallomamani,  por infracción a la ley penal: falta contra la persona en la  modalidad de lesiones dolosas, prevista en el artículo 441°  del Código Penal, corresponde que el Juez de Familia emita  la respectiva resolución de acuerdo a ley y, a lo dispuesto  por el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes.  DÉCIMO TERCERO.- Cabe recordar que el Tribunal  Constitucional ha establecido que “Está fuera de toda dudaque se viola el derecho a una decisión debidamente  motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la  misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta  de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que  no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o  porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,  amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o  jurídico”16.  DÉCIMO  CUARTO.-  En  este  sentido,  consideramos que al no aplicarse normas adjetivas que son  imperativas como los referidos artículos 138° y 139° del  Código de los Niños y Adolescentes, así como el artículo  183° de este Código, que merecen ser observadas sin  objeción, además de vigentes a la fecha en que el señor  Fiscal de Familia ejerció su función, se ha transgredido la  tutela judicial efectiva que comprende el derecho de acción  y la efectividad de las resoluciones, como el derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales; más si se han  considerado normas que no están vigentes como los  artículos 26° y 73° del Decreto Legislativo Nº 1348. DÉCIMO  QUINTO.- Ante lo expuesto, el Colegiado Superior ha  emitido una resolución con motivación aparente, que agravia  el contenido constitucionalmente protegido del derecho  fundamental y garantía de la administración de justicia de  motivación de resoluciones, previsto en el artículo 139°  inciso 5 de la Carta Magna concordante con el inciso 3 de  esta norma constitucional. Como señala Igartua Salaverría:  “La exigencia de motivar camina en paralelo a la magnitud  de la potestad discrecional; a mayor discrecionalidad mayor  motivación, puesto que la necesidad de motivar es  proporcional a las posibilidades de elegir (y de decidir)17.  DÉCIMO SEXTO.- En consecuencia, se debe declarar  fundado el recurso de casación interpuesto y, en virtud del  artículo 396° del Código Procesal Civil, se debe declarar la  nulidad de la resolución de vista e insubsistente la apelada,  debiéndose emitir nueva resolución debidamente motivada  y, en atención a lo expuesto. VI. DECISIÓN: Por tales  consideraciones, de conformidad con el dictamen fiscal  supremo, y de conformidad con el artículo 396° del Código  Procesal Civil: NUESTRO VOTO es porque se declare  FUNDADO el recurso de casación de fecha veinte de junio  de dos mil diecinueve, obrante a fojas ciento cuarenta y  ocho, interpuesto por Katia Guillén Mendoza, Fiscal  Superior Titular de la Fiscalía Superior Civil y de Familia del  Distrito Fiscal de Moquegua; en consecuencia NULA la  resolución de vista de fecha veinte de mayo de dos mil  diecinueve, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de  Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, obrante a  fojas ciento veinticinco, e INSUBSISTENTE la resolución  apelada de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve,  obrante a fojas noventa y nueve; y se ORDENE que el Juez  de la causa emita nueva resolución, conforme a las  consideraciones expuestas, en plazo razonable atendiendo  a la naturaleza de este proceso; en los seguidos con  K.A.CH.T. en agravio de Yeison Gregorio Gil Ccallomamani,  sobre infracción a la ley penal por faltas contra la persona.  SS. ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ECHEVARRÍA GAVIRIA,  ARRIOLA ESPINO. LA SECRETARIA DE LA SALA CIVIL  PERMANENTE QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE EL  SEÑOR JUEZ ORDÓÑEZ ALCÁNTARA Y LA SEÑORA  JUEZA ARRIOLA ESPINO, NO VUELVEN A FIRMAR EL  PRESENTE VOTO, POR NO ESTAR LABORANDO EN LA  CORTE SUPREMA, HABIENDO DEJADO SU VOTO  FIRMADO A FOLIOS OCHENTA DEL CUADERNO DE  CASACIÓN. EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES  SUPREMOS CALDERÓN PUERTAS Y RUIDÍAS FARFÁN,  ES COMO SIGUE: Primero. Con fecha 29 de abril se ha  llevado a cabo la vista de causa para resolver la discordia  presentada. Una de las ponencias declara infundado el  recurso de casación; la otra, la declara fundada, nula la  sentencia de vista, insubsistente la apelada y ordena que el  juez de la causa emita nueva resolución. Segundo.  Examinado el expediente advierto que se trata de un proceso  seguido contra menor por infracción a la ley penal,  estrictamente por faltas contra la persona en la modalidad  de lesiones dolosas, tipificada en el artículo 441 del Código  Penal. Tercero. El evento aconteció el 16 de noviembre del  2018. En tal sentido, conforme lo prescribe el artículo 222  del Código de los Niños y Adolescentes (o el artículo 74.1 del  Código de Responsabilidad Penal del Adolescente), la  acción ya ha prescrito, pues ello ocurre en el caso de faltas  en el plazo de diez meses computados desde el momento de  la infracción. Cuarto. Si bien es cierto, el artículo 83 del  Código Penal, de aplicación supletoria al presente caso,  indica que las actuaciones del Ministerio interrumpen la  prescripción, no es menos verdad que el mismo dispositivo  establece que “la acción penal prescribe, en todo caso,  cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al  plazo ordinario de prescripción”, lo que aquí ha sucedido.Estando a lo expuesto, NUESTRO VOTO es porque se  declare EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL al haber prescrito  ella y, en consecuencia, se tenga por concluido el proceso;  en los seguidos con K.A.Ch.T. en agravio de Yeison Gregorio  Gil Ccallomamani, sobre infracción a la ley penal por faltas  contra la persona.- SS. CALDERÓN PUERTAS, RUIDÍAS  FARFÁN. 1  STC Nº 7289-2005-AA/TC, fundamento jurídico 5. 2  LANDA ARROYO, CÉSAR, Colección cuadernos de análisis de la jurisprudencia,  Volumen I. El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema  de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte  Interamericana de Derechos Humanos. Lima: Academia de la Magistratura, pág.  59. 3  GRÁNDEZ CASTRO, Pedro. El derecho a la motivación de las sentencias y el  control constitucional de la actividad judicial. En: El debido proceso. Estudios sobre  derechos y garantías procesales. Lima: Gaceta Jurídica, S.A., 2010, pág. 243. 4  STC Exp. Nº 03433-2013-PA/TC, fundamento jurídico 4. 5  Expediente Nº 04058-2012-PA/TU, fundamento jurídico 19. 6  Expediente Nº 04058-2012-PA/TU, fundamento jurídico 25. 7  Expediente Nº 06165-2005-HC/TC, fundamento jurídico 15. 8  Expediente Nº 05966-2008-PHC/TC, fundamento jurídico 2. 9  Expediente Nº 01665-2014-PHC/TC, fundamentos 21. 10  Sánchez Velarde, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. IDEMNSA, Lima,  2004, pp. 326-327. 11  Fojas 125. 12  Fojas 99 13  Colomer Hernández, Ignacio. La motivación de las sentencias: sus exigencias  constitucionales y legales. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p.39. 14  Código de los Niños y Adolescentes. Título Preliminar  Artículo VII.- “Fuentes. (…). Las normas del Código Civil, Código Penal, Código  Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en  forma supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes  pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se observará,  además de este Código y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando  no sean contrarias a las normas de orden público”. 15  “La norma supletoria es aquella que solo se aplica cuando no hay otra que regule el  asunto; o la que se aplica a las relaciones privadas cuando las partes no han hecho  no han hecho declaración de voluntad expresa sobre el asunto”: Rubio Correa,  Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. 9ª. ed., Ed. Fondo de la  Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2007, p.96. 16  Sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, de fecha trece de  octubre de dos mil ocho f.j.7a). 17  Igartua Salaverría, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Ed.  Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2009, p.17. C-2136197-214