CASACIÓN Nº 3736-2020 AREQUIPA
MATERIA: Reconocimiento de vínculo laboral y otro Sumilla. En el caso de los trabajadores que realicen labores  propias de obreros al servicio del Estado, el régimen laboral  que les corresponde es el de la actividad privada, de  conformidad con la Ley Nº 4916, Ley Nº 8439 y Ley Nº 9555,  conforme lo ha dejado establecido el Tribunal Constitucional y  la Corte Suprema de la Republica. Lima, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós VISTA la causa número tres mil setecientos treinta y seis,  guion dos mil veinte, guion AREQUIPA; en audiencia pública  de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, se  emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se  trata del recurso de casación interpuesto por la parte  demandada, Gobierno Regional de Arequipa y Gerencia  Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno  Regional de Arequipa, mediante escrito presentado el  veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que corre de  fojas mil treinta y cinco a mil cuarenta y uno, contra la  Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha  nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que aparece de  fojas mil dieciséis a mil treinta y uno, que revocó la  Sentencia emitida en primera instancia contenida en la  resolución de fecha veintiocho de agosto de dos mil  diecinueve, que aparece de fojas novecientos cincuenta y  nueve a novecientos sesenta y ocho, en cuanto declaró  fundada la demanda de reconocimiento de vínculo laboral  a plazo indeterminado, sujeto al régimen de la actividad  privada desde el diecinueve de mayo de mil novecientos  ochenta y dos al siete de agosto de dos mil diecisiete; y  reformándola reconocieron que entre las partes existió un  contrato de trabajo bajo el régimen laboral privado desde  el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos al  treinta y uno de diciembre de dos mil seis, y a partir del uno  de enero de dos mil siete al ocho de agosto de dos mil  diecisiete, bajo el régimen laboral de la actividad pública;  y la confirmaron en lo demás que contiene; en el proceso  ordinario laboral seguido por el demandante, Alberto  Cayetano Gonzales Alvarado. CAUSAL DEL RECURSO:  Mediante resolución de fecha quince de junio de dos mil  veintidós, que corre de fojas ciento treinta y cuatro a cientotreinta y siete del cuaderno formado, esta Sala Suprema  declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por  la siguiente causal: § Infracción normativa del artículo 44°  de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos  Regionales. Correspondiendo a los integrantes de esta  Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre la citada causal.  CONSIDERANDO: Primero. Desarrollo del proceso Antes  de establecer si se ha incurrido o no en la infracción  normativa antes reseñada, corresponde realizar un resumen  de la controversia suscitada: a) Pretensión demandada. Se  verifica del escrito de demanda de fecha nueve de noviembre  de dos mil diecisiete, que corre de fojas ciento uno a ciento  veinticinco, que el demandante solicita el reconocimiento de  vínculo laboral sujeto al régimen laboral de la actividad  privada, regulado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en  el cargo de obrero perman ente del Gobierno Regional de  Arequipa, desde el treinta de junio de mil novecientos  ochenta al siete de agosto de dos mil diecisiete y el pago de  los beneficios sociales. b) Sentencia de primera instancia.  El Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de  Justicia de Arequipa, a través de la Sentencia de fecha  veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, declaró fundada  en parte la demanda, reconociendo un contrato de trabajo  a plazo indeterminado, sujeto al régimen de la actividad  privada desde el diecinueve de mayo de mil novecientos  ochenta y dos al siete de agosto de dos mil diecisiete,  ordenando el pago de la suma de sesenta y cuatro mil ciento  cincuenta con 13/100 soles, por concepto de beneficios  sociales; sustentando su decisión en lo siguiente: i) El  demandante ingresó a laborar con fecha diecinueve de  mayo de mil novecientos ochenta y dos en calidad de obrero;  se hallaba comprendido dentro del régimen laboral de la  actividad privada, regulado en ese entonces por el Decreto  Supremo Nº 010-78-IN de fecha doce de mayo de mil  novecientos setenta y ocho; el demandante debió continuar  bajo este régimen, tanto más si la demandada no ha  acreditado mediante resolución el cambio de régimen; ii) La  carga de la prueba de que el demandante se hallaba  comprendido dentro del régimen de la actividad pública de  obrero regulado por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de  Gobiernos Regionales, de fecha dieciocho de noviembre del  dos mil dos, correspondía a la parte demandada; esta  normatividad no resulta aplicable al presente caso, por tener  un derecho laboral de carácter irrenunciable. c) Sentencia  de segunda instancia. La Tercera Sala Laboral de la citada  corte superior de justicia, mediante Sentencia de fecha  nueve de diciembre de dos mil diecinueve, revocó la  sentencia apelada, en cuanto declaró fundada la demanda  de reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado,  sujeto al régimen de la actividad privada desde el diecinueve  de mayo de mil novecientos ochenta y dos al siete de agosto  de dos mil diecisiete; y reformándola reconocieron que  entre las partes existió un contrato de trabajo bajo el  régimen laboral privado desde el diecinueve de mayo de  mil novecientos ochenta y dos al treinta y uno de diciembre  de dos mil seis, y a partir del uno de enero de dos mil siete  al ocho de agosto de dos mil diecisiete, bajo el régimen  laboral de la actividad pública; y la confirmaron en lo  demás que contiene; señalando que al haber ingresado el  demandante el diecinueve de mayo de mil novecientos  ochenta y dos, se encontraba dentro del régimen laboral  privado en aplicación de la Ley Nº 9555, posteriormente al  promulgarse e l Decreto Ley Nº 11377, su régimen continuo  siendo el de la actividad privada, norma que sólo aplicó en  cuanto a las facultades de dirección, como la prestación del  servicio,  horarios,  remuneraciones  y  procesos  administrativos; y a partir del uno de enero de dos mil siete  estuvo comprendido dentro del régimen público regulado por  el Decreto Legislativo Nº 276, al ser trabajador del Gobierno  Regional, en aplicación del artículo 44°de la Ley Nº 27867,  Ley Orgánica de G obiernos Regionales. Dispositivo legal en  debate Segundo. La disposición cuestionada en casación  establece lo siguiente: “Artículo 44°. Régimen laboral Los  funcionarios y servidores a cargo de los Gobiernos  Regionales se sujetan al régimen laboral general aplicable a  la administración pública, conforme a ley. El régimen  pensionario aplicable a los trabajadores señalados en el  párrafo anterior se regula por la legislación específica de la  materia. Los trabajadores que se encuentren incorporados  al régimen del Decreto Ley Nº 20530, podrán mantener  dicho régimen, de acuerdo a Ley. Los demás trabajadores se  regirán por las normas del Sistema Nacional de Pensiones o  del Sistema Privado de Pensiones, según corresponda,  conforme a ley”. (Énfasis propio) Régimen laboral de los  obreros que prestan servicios en los gobiernos regionales  Tercero. El artículo 44° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica d  e los Gobiernos Regionales, estableció que los servidores y  funcionarios que prestan servicios en los gobiernosregionales se rigen por las normas laborales generales  aplicables a la administración pública, conforme a ley. De lo  expuesto se determina que los servidores y funcionarios de  los gobiernos regionales se sujetan al régimen de la carrera  administrativa regulado por el Decreto Legislativo Nº 276,  Ley de Bases de la Car rera Administrativa y de  Remuneraciones del Sector Público, correspondiéndoles,  por consiguiente, los beneficios establecidos para dicho  régimen laboral. Sin embargo, la ley no es clara respecto al  régimen laboral de los obreros al servicio del Estado. Al  respecto el Tribunal Constitucional en la aclaración de la  resolución recaída en el expediente Nº 3519-2003-AA/TC,  proceso de am paro interpuesto por un grupo de trabajadores  contra Provías Nacional, Unidad Ejecutora del Ministerio de  Transportes y Comunicaciones, se pronunció sobre el  régimen laboral de los obreros al servicio del Estado, en el  sentido que les corresponde el régimen laboral de la  actividad privada. La decisión del Tribunal Constitucional se  sustenta en lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley Nº  11377, y en las Leyes Nº 84 39 y Nº 9555, conforme al  fundamento siguiente: "5. (...) el segundo párrafo del artículo  1 º del Decreto Ley Nº 11377 ha establecido que "[...] los que  realicen labores propias de obreros en las dependencias  públicas, estarán comprendidos sólo en las disposiciones  que específicamente se han dictado paro estos servidores  [...]". Así, los obreros se encontraban sujetos a su propia  normativa, regulada por la ley N° 8439, que en su artículo  3°señaló que los beneficios sociale s que les correspondían,  se equiparaban a los establecidos en la Ley N° 4916 - ley  que regulaba los derechos de los trabajadores pertenecientes  al régimen de la actividad privada; y mediante la Ley Nº  9555, de fecha 1 de abril de 1942 - modificatoria de la Ley N°  8439, y aún vigente, se hicieron exten sivos a los obreros  que prestaban servicios al Estado los derechos que otorgaba  la Ley Nº 8439, rozón por la cual los mismos se encontraban  sujetos al régimen de la actividad privada. 6. Que, siendo  ello así, los obreros que prestaban servicios al Estado  desde de la modificatoria de la Ley Nº 8439 se  encontraban comprendidos en el régimen de la actividad  privada y les correspondía percibir los derechos  derivados del mismo, razón por la cual, si bien aquellos  obreros  contratados  por  el  Estado  recibían  la  denominación de servidores públicos por encontrarse  prestando servicios en reparticiones del Estado, el  régimen bajo el cual servían era el de la actividad  privada, correspondiéndoles únicamente la aplicación del  Decreto ley N° 11377, respecto a las facultades de direcció n  del empleador estatal; es decir, el establecimiento de normas  paro la prestación del servicio, horarios, remuneración,  procesos administrativos, entre otros aspectos, mas no las  normas del régimen público( ... )". (Énfasis propio) Cuarto.  En sentido similar se ha pronunciado la Sala de Derecho  Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Republica  en la Casación Laboral Nº 7386- 2012-Cusco, de fecha diez  de junio de dos mil trece, al señalar: “(…) Sin embargo, en el  caso de trabajadores que realicen labores propias de  obreros al servicio del Estado su régimen laboral corresponde  al de la actividad privada de conformidad con la Ley Nº 4916,  Ley Nº 8439 y Ley Nº 9555 (de fecha primero de abril de mil  novecientos cuarenta y dos, modificatoria de la Ley Nº  8439)”. “(…) por lo tanto, en el caso de trabajadores obreros  al servicio de la administración pública, en tanto no exista  una norma legal autoritativa que prescriba expresamente el  sometimiento de los trabajadores obreros de determinada  repartición pública, al régimen laboral de la actividad pública,  se determina la pertenencia de un trabajador obrero del  Estado, al régimen laboral privado a que se contrae el Texto  Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de  Productividad y Competitividad Laboral”. Por lo tanto, en el  caso de los trabajadores que realicen labores propias de  obreros al servicio del Estado, el régimen laboral que les  corresponde es el de la actividad privada, de conformidad  con la Ley Nº 4916, Ley Nº 8439 y Ley Nº 9555, conforme lo  ha dejado establecido el Tribunal Constitucional y la Corte  Suprema de Justicia de la Republica oportunamente, por lo  que les corresponderá percibir los derechos y beneficios de  dicho régimen. Cabe agregar, que en mérito a la dación de la  Ley Nº 30889, Ley que precisa el régimen laboral de los  obreros de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,  publicada el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, se  estableció en su Artículo Único lo siguiente: "Precísase que  los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos  locales no están comprendidos en el régimen laboral  establecido por la Ley del Servicio Civil, Ley 30057. Se rigen  por el régimen laboral privado del Decreto Legislativo  728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral”.  (Énfasis propio) Conforme a lo señalado en la ley, ha  quedado establecido en forma categórica que el régimenlaboral de los obreros de los gobiernos regionales y  municipales es el régimen laboral de la actividad privada  regulado por el Decreto Legislativo Nº 728; y, que los obreros  de los gobiernos regionales y locales no están comprendidos  en el régimen laboral de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº  30057. Solución del caso concreto Quinto. Definido el  régimen laboral que le asiste al personal obrero que presta  servicios en el Estado, corresponde referirnos a la situación  laboral del demandante. Al respecto, según la Resolución Nº  096-2017-GRA/G RTC-OA-URH, emitida por la Oficina de  Recursos Humanos de la demandada, y que corre de fojas  tres y cuatro del principal, se verifica que el demandante  ingresó a prestar servicios el diecinueve de mayo de mil  novecientos ochenta y dos hasta el siete de agosto de dos  mil diecisiete, en calidad de obrero permanente, cargo  clasificado de Operador de Equipo Pesado I, Nivel  Remunerativo STA, con tiempo de servicios prestados al  Estado en la Gerencia Regional de Transportes y  Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa por  más de treinta y cinco años, quedando de esta forma  evidenciado que el demandante realizó labores de obrero,  encontrándose por tanto dentro del régimen laboral de la  actividad privada, debiendo percibir los beneficios propios  de este régimen, durante los periodos precisados en la  sentencia de Sala Superior. Sexto. En mérito a lo expuesto,  se concluye que el Colegiado Superior no ha incurrido en  infracción normativa del artículo 44° de la Ley Nº 27867,  Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; en  consecuencia, el presente recurso resulta infundado. Por  estas consideraciones: DECISIÓN Declararon INFUNDADO  el recurso de casación interpuesto por la demandada,  Gobierno Regional de Arequipa, mediante escrito  presentado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve,  que corre de fojas mil treinta y cinco a mil cuarenta y uno; en  consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista  contenida en la resolución de fecha nueve de diciembre de  dos mil diecinueve, que aparece de fojas mil dieciséis a mil  treinta y uno; DISPUSIERON la publicación del texto de la  presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”,  conforme al artículo 41° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley  Procesal del Trabajo; en el proceso ordinario laboral seguido  por el demandante, Alberto Cayetano Gonzales Alvarado,  sobre reconocimiento de vinculo laboral y otro;  interviniendo como ponente el señor juez supremo Ato  Alvarado; y los devolvieron. S.S. TORRES GAMARRA,  MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO  ALVARADO, CARLOS CASAS C-2136194-84