CASACIÓN Nº 4766-2018 CAÑETE
Materia: Nulidad de Acto Jurídico Sumilla: En el caso de autos, se advierte insuficiencia en la  actuación probatoria, en tal virtud resulta de observancia el  Décimo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia  de la República, que ha establecido reglas con carácter de  precedente judicial vinculante de conformidad con lo dispuesto  por el artículo 400° del Código Procesal Civil para problemas  relevantes relacionados con los alcances, procedimiento y  criterio para el adecuado ejercicio de la prueba de oficio y  su valoración probatoria. En la regla undécima, se dispone  que: “En los procesos en los que se tramitan pretensiones  de naturaleza personal, en caso de insuficiencia probatoria  el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que  le permitan determinar la verdad de los hechos materia de  controversia”. Lima, uno de julio de dos mil veintidós La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia  de la República; vista la causa número cuatro mil setecientos  sesenta y seis – dos mil dieciocho, en discordia, en Audiencia  Pública virtual llevada a cabo en la fecha ante el juez supremo  dirimente Ruidías Farfán con cuyo voto se forma resolución, y  con el voto dejado debidamente firmado por la jueza suprema  Aranda Rodríguez que obra en autos y que forma parte de  esta resolución de conformidad con el artículo 149 del TextoÚnico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; se  emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO:  Es materia del presente recurso de casación la resolución de  vista de folios doscientos setenta, su fecha nueve de mayo de  dos mil dieciocho, expedida por la Sala Civil de la Corte  Superior de Justicia de Cañete, que confirmó la sentencia  apelada de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, obrante  a folios doscientos, que declaró infundada la demanda  interpuesta por Lucia Aida Paredes Muñoz, sobre nulidad de  acto jurídico. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA  DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante auto  calificatorio del recurso, de folios cincuenta y ocho del  cuadernillo de casación, su fecha diez de abril de dos mil  diecinueve, se ha declarado procedente el recurso de  casación propuesto por la parte demandante Lucía Aida  Paredes Muñoz, por la siguiente denuncia: La infracción  normativa del artículo 139° inciso 5 de la Constitución  Política, artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  y de los artículos 50° inciso 6 y 122° incisos 3 y 4 del  Código Procesal Civil. Señala que en los considerandos de  la sentencia emitida por el a quo se hace alusión si los actos  jurídicos de fechas veintiuno de setiembre de dos mil nueve y  catorce de noviembre de dos mil doce adolecen de causal de  nulidad prevista en el artículo 219° del Código Civil, si bien es  cierto, que se hace una definición de las causales de nulidad  del acto jurídico, no se motiva suficientemente todas las  causales de nulidad demandadas, solo se motiva por la  causal de falta de manifestación de voluntad, omitiendo  motivar sobre la causal de ser contrario a las leyes que  interesan el orden público o de las buenas costumbres. No se  ha expresado si la conducta de los codemandados ha sido de  buena fe al momento de la celebración del acto jurídico  primigenio. 3. CONSIDERANDOS: PRIMERO.- En cuanto al  debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, el Tribunal  Constitucional1 ha establecido que: “El artículo 139°, inciso 3),  de la Constitución reconoce: 1) El derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva que supone tanto el derecho de acceso  a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la  sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que  encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al  poder-deber de la jurisdicción y; 2) El derecho al debido  proceso que comprende la observancia de los derechos  fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas  esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de  tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a  su vez, dos expresiones: Una formal y otra sustantiva;  mientras que en la de carácter formal, los principios y reglas  que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas,  como por ejemplo el juez natural, el procedimiento  preestablecido, el derecho de defensa, la motivación. etc.; en  su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia  como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda  decisión judicial debe suponer”. SEGUNDO.- En cuanto a la  exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, uno de  los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el  derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta  razonada, motivada y congruente con las pretensiones  oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase  de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139°  de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones  judiciales sean motivadas es un principio que informa el  ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un  derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, se  garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de  conformidad con la Constitución y las leyes y, además, que  los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho  de defensa. TERCERO.- En ese sentido, el Tribunal  Constitucional2, ha establecido que: “El derecho a la debida  motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales  a resolver las pretensiones de las partes de manera  congruente con los términos en que vengan planteadas, sin  cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación  o alteración del debate procesal (incongruencia activa).  Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal  incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su  control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir,  el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la  decisión del marco del debate judicial generando indefensión,  constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y  también del derecho a la motivación de la sentencia  (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una  concepción democratizadora del proceso como la que se  expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3  y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables  obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada,  motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues  precisamente el principio de congruencia procesal exige que  el juez, al momento de pronunciarse sobre una causadeterminada, no omita, altere o se exceda en las peticiones  ante él formuladas”. CUARTO.- A fin de determinar si se ha  incurrido en la infracción normativa procesal en los términos  propuestos, del análisis de los autos se advierte que el  presente proceso se inicia con motivo de la demanda de fecha  veintidós de julio de dos mil catorce, interpuesta por Lucía  Aida Paredes Muñoz contra Alfredo Samán Sánchez y otros,  que obra a folios diecinueve; en donde se solicita como: i)  pretensión principal: la nulidad del acto jurídico contenido  en: 1) Escritura Pública de Compraventa de fecha veintiuno  de setiembre de dos mil nueve, celebrado entre el demandado  Alfredo Samán Sánchez en su calidad de vendedor a favor de  su codemandada Sonia Delmira Valencia Torres en calidad de  compradora; y, 2) Escritura Pública de Compraventa de fecha  catorce de noviembre de dos mil doce, celebrado entre la  demandada Sonia Delmira Valencia Torres en su calidad de  vendedora a favor de su hija la codemandada María Luisa  Cabrera Valencia en calidad de compradora; objeto de  transferencia el inmueble ubicado en el Pasaje Mariscal  Cáceres número ciento sesenta y cinco – San Vicente de  Cañete, y por tanto su invalidez por falta de manifestación de  voluntad, simulación absoluta, finalidad ilícita y ser contrarios  al orden público y las buenas costumbres. ii) primera  pretensión accesoria: la nulidad de los asientos registrales y  la cancelación de las inscripciones en el Registro de la  Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Cañete; iii)  segunda pretensión accesoria: reivindicación del inmueble  ubicado en el Pasaje Mariscal Cáceres número ciento sesenta  y cinco – San Vicente de Cañete; a fin de que le restituya en  su condición de legítima propietaria frente a la posesión  ejercida por las demandadas Sonia Delmira Valencia Torres y  María Luisa Cabrera Valencia en su condición de no  propietaria; y, iv) tercera pretensión accesoria: la  indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad  extracontractual devenido del fraude, comprendiendo el daño  material a la persona y el daño moral, fijado en la suma de S/  50,000.00 (cincuenta mil soles) que deberán pagar los  demandados en forma solidaria. Señala como fundamento de  su demanda, que el seis de setiembre de mil novecientos  ochenta y cinco contrajo matrimonio civil con el codemandado  Alfredo Samán Sánchez, por ante la Municipalidad Provincial  de Lima Metropolitana, bajo el régimen de la Sociedad de  Gananciales, y, que por desavenencias conyugales se  encuentra separado de su cónyuge, residiendo la recurrente  en la ciudad de Lima en compañía de sus dos hijos habidos  dentro del matrimonio Amanilé Lucía y Alfredo Martín Samán  Paredes y el demandado reside en Cañete por motivos de  trabajo, siendo los fines de semana que estrictamente  retornaba al hogar familiar; empero, a fines del dos mil diez, el  retorno al hogar se hizo más distanciado, descuidado el  apoyo moral y afectuoso hacia los hijos, por lo que, a  mediados del año dos mil doce, se produce las desavenencias  conyugales con la consiguiente separación. Asimismo, señala  que el codemandado Samán Sánchez reside en la ciudad de  San Vicente de Cañete, lugar de su nacimiento, y en el año  dos mil ocho adquiere en compraventa de su anterior  propietaria doña Nancy Josefina Limaymanta Bastida el  inmueble ubicado en el Pasaje Mariscal Cáceres número  ciento sesenta y cinco - San Vicente de Cañete, por la suma  de $ 15,000.00 (quince mil dólares), de un área de 56.00 m2  (cincuenta y seis metros cuadrados), por lo que, forma parte  de la sociedad de gananciales al haber sido adquirido durante  la vigencia del matrimonio. Refiere que Sonia Delmira  Valencia Torres, quien es de profesión abogada, redactó y  autorizó la minuta que dio origen al documento de Escritura  Pública, quien a su vez omitió consignar maliciosamente el  real estado civil de su codemandado Samán Sánchez, no  obstante que conocía que la persona con la cual contrataba  era un cónyuge sujeto al régimen de sociedad de gananciales  por lo que se vulnera el artículo 315° del Código Civil, siendo  el acto nulo por falta de manifestación de voluntad, por  disponer de un bien social a título personal por parte de su  cónyuge, por ende se ha incurrido en la causal de nulidad,  estipulado por el artículo 219° inciso 1 del Código Civil,  interviniendo el codemandado en el negocio jurídico con  estado civil de soltero; asimismo, refiere que el monto tratado  era inferior a su precio real y que con el codemandado hay  una gran diferencia de nivel cultural y de edad, siendo un  pensionista  adulto  mayor.  Además,  señala  que  la  codemandada abogada Sonia Delmira Valencia Torres,  transfiere en compraventa la propiedad a su hija María Luisa  Cabrera Valencia, por ante Notario Público, aparenta celebrar  una compraventa con su hija, en realidad este acto no ha  producido los efectos de transferir la propiedad del bien ni de  pagar el precio, pues, la codemandada María Luisa Cabrera  Valencia cuenta con tan solo veintitrés (23) años de edad y  recientemente en el año dos mil doce ha egresado de la  Escuela Superior para Chefs Le Cordon Bleu, por lo que, estase encuentra en la imposibilidad económica para adquirir la  propiedad, siendo el objeto de la simulación el engaño a un  tercero, por lo que estos actos jurídicos adolecen de nulidad  conforme lo estipula el inciso 5 del artículo 219° del Código  Civil; que la codemandada María Luisa Cabrera Valencia, en  su condición de nuevo contribuyente no ha cumplido con  asumir el pago del impuesto predial. Finalmente, señala que  al declararse invalidado el contrato de compraventa en su  integridad, procede la restitución del bien en su condición de  legitima propietaria frente a poseedores de mala fe y sin título,  hechos que constituyen perjuicios contra la recurrente tanto  moral como material, pues, se pretende un apoderamiento de  la propiedad en forma dolosa existiendo una relación de  causalidad entre el hecho realizado y los daños causados,  cuales son mantenerse en la propiedad, están en posesión en  forma gratuita por más de tres (3) años, perdiendo  aproximadamente la suma de S/ 50,000.00 (cincuenta mil  soles), que como arrendamiento se dejó de percibir durante  tres años que tuvo en posesión la demandada Valencia Torres  y su hija María Luisa Cabrera Valencia, así como los daños  morales que afectan a su persona y salud y a sus hijos  quienes se encuentran en la edad difícil de la juventud.  QUINTO.- Al ser admitida a trámite la demanda, Alfredo  Samán Sánchez contesta la demanda, alegando que al iniciar  una amistad con la codemandada Valencia Torres, esta  comenzó a indagar sobre sus propiedades, entre ellos unos  terrenitos herencia de su padre; por lo que, al tomar  conocimiento de su propiedad que es materia de este proceso,  le insistió primero en conocer el inmueble, luego comenzó a  insistirle para que se lo venda, como venía atravesando  problemas económicos, logró inducirle en el error, el acuerdo  fue venderle solo el primer piso (de los tres que tiene el  inmueble) más una habitación dormitorio en el segundo piso;  que la codemandada se comprometió a cancelarle el monto  acordado diez mil dólares ($ 10,000.00), cuando esta vendiera  unos terrenos que decía tener en Quilmaná, sin embargo,  jamás le dio suma alguna, tampoco le hizo leer ni firmar el  documento privado de compraventa antes de presentarlo a la  Notaría de la doctora Ítala Andrea Garrafa Peña, lo citó un día  en fecha que no recuerda y allí le hicieron firmar todos los  documentos a la vez, tanto la compraventa privada como el  testimonio sin que pueda leerlo ni entenderlo; asimismo,  señala que la referida codemandada tenía pleno conocimiento  del estado civil de casado y ha sido ella quien ha elaborado el  documento minuta de compraventa de fecha quince de junio  de dos mil nueve elevada a Escritura Pública en fecha  veintiuno de setiembre de dos mil nueve; finalmente refiere  que en forma frecuente cobraba a la codemandada Sonia  Valencia, la cancelación del precio pactado por la citada venta  y como pasaban los años y siempre daba una disculpa para  retrasarse el pago, decidió constituirse a los Registros  Públicos para ver la situación del bien inmueble vendido y se  da con la sorpresa que la codemandada Valencia Torres  había transferido en compraventa, la propiedad a su hija  María Luisa Cabrera Valencia, además tomó conocimiento  que el documento de la venta del inmueble sub-litis realizada  entre su persona y la citada demandada, se había  comprendido todo el área del inmueble. SEXTO.- Asimismo,  la codemandada Sonia Delmira Valencia Torres, contesta la  demanda señalando que la compraventa del bien sub materia  se realizó a título oneroso y al amparo de los principios de  publicidad y legitimación registral y conforme a lo dispuesto  por el artículo 2014° del Código Civil, si bien el vendedor o  transferente haya sido casado con la demandante y que el  bien que adquiría pudiera tener la condición de bien social,  ello, no constaba en los registros y mucho menos la recurrente  conocía de esa situación en la realidad extra-registral, pues el  transferente se identificó en todo momento de la transacción  como soltero y así es la información que publicita RENIEC;  revisando los antecedentes registrales relativos al bien que  compraba el cual incluyó la revisión de los títulos archivados  2006-00008732 que generó el asiento C00002 y el 2008- 00011141 generó el asiento C00003, ambos obrantes en la  partida electrónica 21000646 del Registro de Propiedad  Inmueble de Cañete y en ningún extremo existe información  de la condición de casado de don Alfredo Samán Sánchez,  incluso a la fecha el documento nacional de identidad (DNI)  del citado vendedor informa de su condición de soltero, por  consiguiente si la demandante pretende invalidar el acto  jurídico de compraventa por el cual adquirió el inmueble de su  anterior propietario Alfredo Samán, debe demostrar que su  persona conocía de la inexactitud del registro, esto es, que  conocía la condición de casado del vendedor. Asimismo,  refiere que la verdadera situación civil del codemandado  Alfredo Samán Sánchez, de casado recién tomó conocimiento  con la notificación de la demanda y que el transferente  adquiere el inmueble cuando se encontraba separado de  hecho de su esposa, ergo, se encontraba ya fenecido elrégimen de la sociedad de gananciales justamente por el  hecho de la separación de conformidad con la disposición del  artículo 319° del Código Civil y si bien de conformidad con el  artículo 315° del Código Civil, se requiere la intervención de  marido y la mujer para disponer bienes sociales, resulta muy  cierto también que no son oponibles a los adquirientes de  buena fe que compran o adquieren derechos de quienes en el  registro aparecen legitimados para disponer de ellos, por  tanto, estando a los principios registrales la compra hecha al  vendedor Alfredo Samán Sánchez, se encuentra premunida  de validez y eficacia. SÉTIMO.- El Juez del Primer Juzgado  Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete,  por sentencia de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete  que obra a folios doscientos, declaró infundada la demanda,  considerando que de la partida número 21000646 del Registro  de Predios de la Oficina Registral de Cañete, se tiene que el  vendedor – demandado don Alfredo Samán Sánchez adquirió  el bien objeto de transferencia, en condición de soltero,  mediante Escritura Pública del cuatro setiembre de dos mil  seis, confirmada por acuerdo conciliatorio de fecha treinta de  marzo de dos mil ocho, adquisición que ha sido posterior a la  celebración del matrimonio y a título oneroso; por lo que al  veintiuno de setiembre de dos mil nueve, entonces sí, se  afirmaría que el bien objeto de transferencia era un bien social  y su disposición y transferencia estaba condicionado a la  intervención de ambos cónyuges. Empero, cualquiera de ellos  puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro.  Asimismo, si la demandante consideraba que en los actos  jurídicos cuestionados se ha transferido un bien social, por  parte de su cónyuge sin que le haya delegado representación  especial para actos de disposición, la institución procesal  idónea sería la acción de ineficacia de acto jurídico y no la  nulidad de acto jurídico, pero como en el fondo importa la  declaración de invalidez del acto jurídico, a estas alturas  emitir una sentencia inhibitoria o anular los actuados hasta la  calificación de la demanda significaría vulnerar el principio de  economía y celeridad procesal, por lo que se debe emitir un  pronunciamiento de fondo. En cuanto a la falta de  manifestación de voluntad, está probado que el bien fue  adquirido dentro de la vigencia del matrimonio de la  demandante y Alfredo Samán, por tanto, muy aparte de que  exista una falta de representación, que constituye causal para  ser invocado como ineficacia de acto jurídico, la falta de  intervención de la cónyuge también encaja dentro de la causal  de nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de  voluntad del agente; así las cosas, en el acto jurídico analizado  se ha configurado la causal de nulidad de acto jurídico por  falta de manifestación de voluntad (numeral 1 del artículo  219° del Código Civil), por ello, si se configura la causal de  nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de la  voluntad, resulta innecesario analizar las demás causales de  nulidad como las invocadas en la demanda, esto es, por su fin  ilícito, simulación absoluta o por ser contrario al orden público  o a las buenas costumbres, debido a que estamos ante un  acto jurídico inexistente, en cuanto al acto jurídico contenido  en la escritura pública del veintiuno de setiembre de dos mil  nueve, y, por más que, puedan configurarse también estas  causales de nulidad ultimas invocadas, que por cierto, vicia a  los actos jurídicos cuestionados en su estructura y forma,  estas no surtirían efecto alguno ni afectarían el derecho del  comprador adquiriente de buena fe, quien confía en la  información existente en el registro, salvo que se pruebe que  ha obrado de mala fe o que conocía la inexactitud del registro,  conforme lo establece el artículo 2014° del Código Civil; y en  cuanto a la protección jurídica de la buena fe registral, de los  antecedentes registrales se tiene que el demandado Alfredo  Samán Sánchez adquirió el bien mediante Escritura Pública  del cuatro de setiembre de dos mil seis y acuerdo conciliatorio  del treinta de marzo de dos mil ocho, dejando constancia que  adquiría la propiedad en calidad de soltero y registralmente  aparecía como único titular del bien, información que se tiene  por cierto conforme lo dispone el artículo 2012° del Código  Civil por lo que queda descartado que la demandada  compradora Sonia Valencia Torres haya estado en posibilidad  de conocer que el bien era social o de conocer que su  vendedor era casado con la demandante, más aún si de la  ficha del RENIEC aparece como soltero. Tampoco se han  suscitado hechos notorios y probados que generen indicio  razonable acerca de que el demandado-vendedor era casado  y que el inmueble era un bien social; por el contrario existe  indicio razonable que el demandado Samán Sánchez estaba  separado de hecho con la demandante, al momento que  adquiere el bien, por ello, es que adquiere el bien arrogándose  la condición de soltero, de lo contrario, no hubiese negado a  su cónyuge, separación de hecho que alcanza sustento en lo  sostenido por la propia demandante cuando refiere que  residía en la ciudad de Lima y que el demandado por motivo  de trabajo residía en Cañete, esto quiere decir, que lademandante no ha residido en el bien sub-litis y que  desconocía de la compra que hizo su cónyuge, circunstancia  que han permitido que, la demandada-compradora antes  nombrada desconozca del estado civil de sus vendedor y de  la condición legal del bien en litis. Asimismo, la misma  protección legal le alcanza a su codemandada María Luisa  Cabrera Valencia (última adquirente) en el acto jurídico de  compra venta efectuado por escritura pública de fecha catorce  de noviembre de dos mil doce, ya que al adquirir el bien en  litis, su vendedora aparecía como titular del bien objeto de  transferencia, OCTAVO.- Al ser apelada, la Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de Cañete, confirma la resolución  apelada que declaró infundada la demanda, considerando  sobre la nulidad de la escritura pública de fecha veintiuno de  setiembre de dos mil nueve, que está acreditado que Alfredo  Samán Sánchez y Lucía Aida Paredes Muñoz contrajeron  matrimonio el seis de setiembre de mil novecientos ochenta y  cinco, según Acta de Matrimonio, siendo que por presunción  legal juris tamtum contenida en el artículo 295º del Código  Civil, les corresponde el régimen de sociedad de gananciales.  La legitimidad para manifestar la voluntad de disponer del  predio inscrito en la partida registral 21000646 (folios sesenta  y ocho) del Registro de Predios de la Oficina Registral de  Cañete le corresponde al codemandado Alfredo Samán  Sánchez, quien adquirió a título oneroso (compraventa), de  persona que en el Registro aparecía con legitimidad para  disponer, inscribió su derecho de propiedad. Por lo que se  cumplen con los requisitos del artículo 2014º del Código Civil.  Respecto del requisito de la buena fe, ella consistiría en que  la codemandada conocía de la inexactitud del registro, es  decir, conocía o hubiera tenido posibilidad de conocer,  razonable y extra registralmente de que la propiedad del  predio no era exclusiva de Alfredo Samán Sánchez, sino  también de la demandante Lucía Aida Paredes Muñoz; sin  embargo, ello no ha sido probado por la demandante, por lo  que en tal supuesto prevalece la fe pública registral,  publicitada en el asiento de inscripción C0003 de la partida  registral 21000646; y en cuanto a la nulidad de la escritura  pública del catorce de noviembre de dos mil doce, la  demandante no ha probado la nulidad de la citada Escritura  Pública otorgada por Sonia Delmira Valencia Torres en favor  de María Luisa Cabrera Valencia (sub adquirente), en tanto,  dicha persona adquiere el predio en el año dos mil doce de  persona que en el Registro aparecía con facultades para  otorgarlo según se verifica del asiento C0005 de la partida  registral 21000646 del Registro de Predios de Cañete.  Asimismo, del medio probatorio ofrecido por la parte  demandante referido al Informe de SUNAT sobre las  declaraciones juradas de María Luisa Cabrera Valencia, el  mismo que obra a folios ciento sesenta y ocho, en el cual se  indica que si bien no registra declaraciones de impuesto a la  renta, sin embargo, ello no implica que sea omisa pues hay  casos exceptuados, se entiende por monto de ingresos, de su  presentación. Del mismo modo, la misma demandante ha  señalado que María Luisa Cabrera Valencia es egresada de  chef del Le Cordon Bleu, es decir, tiene actividad u ocupación  que le solventa ingresos, siendo que la demandante no ha  acreditado la simulación absoluta que afirma, ya que ella se  sustentó solamente en el informe de SUNAT el que como  hemos visto, no ha sido desacreditado. NOVENO.- Examinada  la resolución impugnada, se advierte que, la Sala Revisora, al  concluir respecto del principio de la buena fe registral que  prevé el artículo 2014° del Código Civil, que la demandante  no ha probado que la codemandada Sonia Delmira Valencia  Torres conocía de la inexactitud del registro, es decir, conocía  o hubiera tenido posibilidad de conocer, razonable y extra  registralmente de que la propiedad del predio no era exclusiva  de Alfredo Samán Sánchez, sino también de la demandante  Lucía Aida Paredes Muñoz, por lo que en tal supuesto  prevalece la fe pública registral, publicitada en el asiento de  inscripción C0003 de la partida registral 21000646; no ha  motivado en forma razonada, el citado extremo demandado,  desvirtuando la buena fe de la parte codemandada, por lo que  se vulnera el debido proceso de la parte recurrente, al no  expedirse una sentencia debidamente motivada. DÉCIMO.-  En cuanto al principio de la buena fe prevista por el artículo  2014° del Código Civil, se debe tener en cuenta que si bien  los Registros Públicos protege a los terceros adquirentes  quienes confiados en la exactitud y certeza que brindan las  inscripciones registrales en nuestro medio realizan la  adquisición de bienes inmuebles garantizando así que la  adquisición resulte válida y permanezca como tal aun cuando  posteriormente se anule, rescinda o resuelva el título de su  otorgante por virtud de causas que no consten en los  Registros Públicos, sin embargo este Principio no tiene  carácter absoluto, no pudiendo ser de aplicación automática a  todas las adquisiciones realizadas a personas que en el  registro aparecen con facultades suficientes para disponer delas mismas, puesto que el segundo párrafo del artículo 2014°  del Código Civil ha previsto expresamente que: “La buena fe  del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la  inexactitud del registro”, por tanto, queda claro que la Ley ha  establecido que la presunción de buena fe registral constituye  una presunción iuris tantum, ya que la buena fe subsiste  mientras las circunstancias que rodean a la celebración del  acto y su inscripción en los Registros Públicos hagan presumir  que el adquirente obró de buena fe desconociendo la  inexactitud de los datos que aparecen en el registro. DÉCIMO  PRIMERO.- La Exposición de Motivos Oficial del Código Civil  ha previsto que “la buena fe que se exige a una persona a  efectos de constituirse en tercero registral es la de ignorar la  existencia de inexactitud en lo publicado por el registro. En  otros términos, si en verdad existen razones de nulidad,  rescisión o resolución, que no aparecen en el registro, ellas  deben además ser desconocidas por quien pretende  ampararse en el citado principio”. DÉCIMO SEGUNDO.- En el  caso de autos, se advierte que la Sala Superior, no ha  analizado en forma debida si la codemandada conocía la  inexactitud del registro, conforme a los términos antes  descritos, esto es, valorando en forma conjunta los medios  probatorios que obran en autos, conforme lo dispone el  artículo 188° del Código Procesal Civil, que señala que los  medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos  expuestos por las partes (…), puesto que en el expediente se  advierte de la prueba aportada, que el codemandado Alfredo  Samán Sánchez estaría en posesión del bien materia de litis,  con posterioridad a las transferencias; siendo la primera de  fecha veintiuno de setiembre de dos mil nueve celebrado  entre el codemandado Alfredo Samán Sánchez en su calidad  de vendedor a favor de su codemandada Sonia Delmira  Valencia Torres en calidad de compradora; y la segunda de  fecha catorce de noviembre de dos mil doce, celebrado entre  la codemandada Sonia Delmira Valencia Torres en su calidad  de vendedora a favor de su hija la codemandada María Luisa  Cabrera Valencia en calidad de compradora, conforme se  tiene: 1) del escrito de contestación de demanda de fecha  veintisiete de octubre de dos mil catorce, que obra a folios  cuarenta y siete, el demandado Alfredo Samán Sánchez  señala como su domicilio real, Pasaje Mariscal Cáceres  número ciento sesenta y cinco, San Vicente de Cañete; 2) la  carta notarial de fecha dieciséis de noviembre de dos mil  doce, remitida por Alfredo Samán Sánchez que obra a folios  noventa y ocho, señala como domicilio el jirón Mariscal  Cáceres número ciento sesenta y cinco, San Vicente –  Cañete, dirigida a Sonia Delmira Valencia Torres, con domicilio  en avenida Mariscal Benavides número seiscientos cuarenta  y dos, distrito de San Vicente de Cañete; 3) carta notarial de  fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, remitida por  Sonia Valencia Torres que obra a folios ciento once, señalando  como su domicilio, avenida Mariscal Benavides número  seiscientos treinta y ocho, San Vicente – Cañete, dirigida a  Alfredo Samán Sánchez, domicilio de la indicada Sonia  Valencia Torres, que difiere del inmueble que habría adquirido;  4) solicitud de garantías personales solicitada por Alfredo  Samán Sánchez de fecha trece de marzo de dos mil catorce,  que obra a folios ciento noventa y uno, en donde indica como  domicilio de dicha persona Pasaje Mariscal Cáceres número  ciento sesenta y cinco, San Vicente de Cañete; 5) la Carpeta  Fiscal número 40-2014, resolución número dos de fecha  dieciocho de marzo de dos mil catorce que obra a folios ciento  ochenta y nueve en donde se señala que Alfredo Samán  Sánchez refirió que en el año dos mil nueve vendió un  inmueble ubicado en el pasaje Cáceres número ciento  sesenta y cinco distrito de San Vicente, pero sin recibir  ninguna suma dineraria a cambio, comprometiéndose en  forma verbal la compradora a cancelarle posteriormente, no  habiendo cumplido con lo acordado, por lo que le fue a  reclamar a Sonia Delmira Valencia Torres el día quince de  enero de dos mil catorce. DÉCIMO TERCERO.- Asimismo, se  observa en cuanto a la causal de nulidad por simulación  absoluta, prevista en el inciso 5 del artículo 219° del Código  Civil, que la Sala Superior en la sentencia de vista impugnada,  ha señalado que la demandante no ha acreditado la  simulación absoluta que afirma, concluyendo que: a) Si bien  en las declaraciones juradas de María Luisa Cabrera Valencia,  que obran a folios ciento sesenta y ocho, se indica que no  registra declaraciones de impuesto a la renta, sin embargo,  ello no implica que sea omisa pues hay casos exceptuados; y  b) María Luisa Cabrera Valencia es egresada de chef del Le  Cordon Bleu, tiene actividad u ocupación que le solventa  ingreso; sin embargo, la Sala Revisora, no ha cumplido con  analizar en forma debida si la codemandada María Luisa  Cabrera Valencia al comprar el bien inmueble materia de litis  a su madre Sonia Delmira Valencia Torres, contaba con  solvencia económica para cancelar la suma de diez mil  dólares ($ 10,000.00), no habiendo determinado de dondeprovino el dinero, conforme lo ha denunciado la parte  demandante, para lo cual correspondía hacer uso de todos  los medios previstos por la norma procesal, como es el  artículo 194° del Código Procesal Civil, si del expediente se  aprecia: 1) del testimonio de la Escritura Pública de  compraventa de fecha catorce de noviembre de dos mil doce  que es materia de nulidad, en el inserto declaración jurada de  conocimiento del cliente María Luisa Cabrera Valencia (…)  -se señala- I) Profesión u ocupación: Chef Profesional -  Independiente (…) Origen de los fondos bienes u otros activos  involucrados en la transacción (especifique) Apoyo de tíos del  extranjero e ingresos profesionales; 2) del oficio Nº  3473-2015-SUNAT/6E71000 de fecha siete de agosto de dos  mil quince, expedido por el Gerente de Reclamaciones de la  Intendencia Lima, que obra a folios ciento sesenta y ocho,  señala que María Luisa Cabrera Valencia, se encuentra  inscrita  como  contribuyente  según  Comprobante  de  Información Registrada (CIR) y no registra presentación de  declaración jurada anual y/o mensual de Impuesto a la Renta  alguna. DÉCIMO CUARTO.- Estando a lo señalado, la Sala  Superior deberá determinar si la codemandada Sonia Delmira  Valencia Torre actuó conociendo las discrepancias respecto a  la información que brindaba el registro y si la codemandada  María Luisa Cabrera Valencia contaba con solvencia  económica para comprar el inmueble materia de litis conforme  se ha señalado precedentemente; por lo que con la facultad  que le otorga el artículo 194° del Código Procesal Civil,  referida a la prueba de oficio, tiene la posibilidad de ejercitar  este poder probatorio e incorporar adicionales medios de  prueba que les pueda solucionar el conflicto con mayor  acercamiento a la verdad de los hechos; asimismo, el Décimo  Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la  República, ha establecido reglas con carácter de precedente  judicial vinculante de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 400° del Código Procesal Civil para problemas  relevantes relacionados con los alcances, procedimiento y  criterio para el adecuado ejercicio de la prueba de oficio y su  valoración probatoria, siendo que en la regla undécima, se  dispone que: “En los procesos en los que se tramitan  pretensiones de naturaleza personal, en caso de insuficiencia  probatoria el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas  que le permitan determinar la verdad de los hechos materia  de controversia”. DÉCIMO QUINTO.- En consecuencia, la  sentencia materia de casación debe ser anulada, declarando  fundado el recurso de casación y ordenando que la Sala  Superior emita nuevo fallo, previo cumplimiento a lo señalado  en  la  presente  resolución.  4.  DECISIÓN:  Por  las  consideraciones expuestas y de conformidad con lo  establecido en el numeral 3 del artículo 396° del Código  Procesal Civil: 4.1. Declararon FUNDADO el recurso de  casación interpuesto por Lucía Aida Paredes Muñoz a folios  doscientos noventa y dos; en consecuencia, CASARON la  sentencia de vista de fecha nueve de mayo de dos mil  dieciocho, que obra a folios doscientos setenta, emitida por la  Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete. 4.2.  ORDENARON que la Sala revisora emita nueva resolución  conforme a lo señalado en los considerandos que anteceden.  4.3. DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el  diario oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos  por Lucía Aida Paredes Muñoz contra Alfredo Samán Sánchez  y otros, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron.  Intervino como ponente la señora Jueza Suprema Aranda  Rodríguez.-  SS.  ARANDA  RODRÍGUEZ,  SALAZAR  LIZÁRRAGA, ECHEVARRÍA GAVIRIA, RUIDÍAS FARFÁN.  LA SECRETARIA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE QUE  SUSCRIBE,  CERTIFICA:  QUE  LA  SEÑORA  JUEZA  SUPREMA ARANDA RODRÍGUEZ, NO VUELVE A FIRMAR  LA PRESENTE RESOLUCION, POR NO ENCONTRARSE  EN FUNCIONES, HABIENDO DEJADO SU VOTO FIRMADO  CON FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL  VEINTIUNO A FOLIOS SESENTA Y TRES DEL CUADERNO  DE CASACIÓN. EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES  SUPREMOS TÁVARA CÓRDOVA Y CALDERÓN PUERTAS,  ES COMO SIGUE: La motivación no significa la exteriorización  del camino mental seguido por el juez, sino que exista una  justificación racional de lo que se decide. Se trata de una  justificación racional que es, a la vez, interna y externa. La  primera consiste en verificar que: “el paso de las premisas a  la conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que  interese la validez de las propias premisas. Por su parte, la  justificación externa consiste en controlar la adecuación o  solidez de las premisas, lo que supone que la(s) norma(s)  contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s)  aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa  fáctica sea la expresión de una proposición verdadera. Lima,  veinticinco de marzo de dos mil veintiuno VISTA: la causa  número cuatro mil setecientos sesenta y seis de dos mil  dieciocho, en audiencia pública virtual llevada a cabo en lafecha: I. MATERIA DEL RECURSO Es materia del presente  recurso de casación la resolución de vista, de fecha 9 de  mayo de 20183, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior  de Justicia de Cañete, que confirmó la sentencia apelada, de  fecha 3 de octubre de 20174, que declaró infundada la  demanda interpuesta por Lucia Aida Paredes Muñoz, sobre  nulidad de acto jurídico. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El  presente proceso se inicia con motivo de la demanda de fecha  22 de julio de 20145, interpuesta por Lucía Aida Paredes  Muñoz, contra Alfredo Samán Sánchez y otros; en donde se  solicita como: i) pretensión principal: la nulidad del acto  jurídico contenido en: 1) escritura pública de compraventa, de  fecha 21 de setiembre de 2009, celebrado entre el demandado,  Alfredo Samán Sánchez, en su calidad de vendedor a favor  de su codemandada, Sonia Delmira Valencia Torres, en  calidad de compradora; y, 2) escritura pública de compraventa,  de fecha 14 de noviembre de 2012, celebrado entre la  demandada, Sonia Delmira Valencia Torres, en su calidad de  vendedora a favor de su hija la codemandada, María Luisa  Cabrera Valencia, en calidad de compradora; objeto de  transferencia el inmueble ubicado en el pasaje Mariscal  Cáceres Nº 165-San Vicente de Cañete, y por tanto su  invalidez por falta de manifestación de voluntad, simulación  absoluta, finalidad ilícita y ser contrarios al orden público y las  buenas costumbres; ii) primera pretensión accesoria: la  nulidad de los asientos registrales y la cancelación de las  inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble de la  Oficina Registral de Cañete; iii) segunda pretensión  accesoria: reivindicación del inmueble ubicado en el pasaje  Mariscal Cáceres Nº 165, San Vicente de Cañete; a fin de que  le restituya en su condición de legítima propietaria frente a la  posesión ejercida por las demandadas, Sonia Delmira  Valencia Torres y María Luisa Cabrera Valencia, en su  condición de no propietaria; y, iv) tercera pretensión  accesoria: la indemnización por daños y perjuicios por  responsabilidad  extracontractual  devenido  del  fraude,  comprendiendo el daño material a la persona y el daño moral,  fijado en la suma de S/ 50,000.00 (cincuenta mil soles) que  deberán pagar los demandados en forma solidaria. Señala  como fundamento de su demanda, que el 6 de setiembre de  1985, contrajo matrimonio civil con el codemandado, Alfredo  Samán Sánchez, por ante la Municipalidad Provincial de Lima  Metropolitana, bajo el régimen de la sociedad de gananciales,  y, que por desavenencias conyugales se encuentra separada  de su cónyuge, residiendo la recurrente en la ciudad de Lima  en compañía de sus 2 hijos habidos dentro del matrimonio,  Amanilé Lucía y Alfredo Martín Samán Paredes y el  demandado reside en Cañete por motivos de trabajo, siendo  los fines de semana que estrictamente retornaba al hogar  familiar; empero, a fines del 2010, el retorno al hogar se hizo  más distanciado, descuidado el apoyo moral y afectuoso  hacia los hijos, por lo que, a mediados del año 2012, se  produce las desavenencias conyugales con la consiguiente  separación. Asimismo, señala que el codemandado Samán  Sánchez reside en la ciudad de San Vicente de Cañete, lugar  de su nacimiento, y en el año 2008 adquiere en compraventa  de su anterior propietaria, Nancy Josefina Limaymanta  Bastida, el inmueble ubicado en el pasaje Mariscal Cáceres  Nº 165-San Vicente de Cañete, por la suma de USD 15,000.00  (quince mil dólares americanos), de un área de 56.00 m2, por  lo que, forma parte de la sociedad de gananciales al haber  sido adquirido durante la vigencia del matrimonio. Refiere  que, Sonia Delmira Valencia Torres, quien es de profesión  abogada, redactó y autorizó la minuta que dio origen al  documento de escritura pública, quien a su vez omitió  consignar maliciosamente el real estado civil de su  codemandado Samán Sánchez, no obstante que conocía que  la persona con la cual contrataba era un cónyuge sujeto al  régimen de sociedad de gananciales por lo que se vulnera el  artículo 315° del Código Civil, siendo el acto nulo por falta de  manifestación de voluntad, por disponer de un bien social a  título personal por parte de su cónyuge, por ende se ha  incurrido en la causal de nulidad, estipulado por el artículo  219°, inciso 1, del Código Civil, interviniendo el codemandado  en el negocio jurídico con estado civil de soltero; asimismo,  refiere que el monto tratado era inferior a su precio real y que  con el codemandado hay una gran diferencia de nivel cultural  y de edad, siendo un pensionista adulto mayor. Además,  señala que la codemandada abogada, Sonia Delmira Valencia  Torres, transfirió en compraventa la propiedad a su hija María  Luisa Cabrera Valencia, por ante notario público, aparentando  celebrar una compraventa con su hija, en realidad este acto  no ha producido los efectos de transferir la propiedad del bien  ni de pagar el precio, pues, la codemandada, María Luisa  Cabrera Valencia, cuenta con tan solo 23 años de edad y  recientemente en el año 2012 ha egresado de la Escuela  Superior para Chefs Le Cordon Bleu, por lo que, esta se  encuentra en la imposibilidad económica para adquirir lapropiedad, siendo el objeto de la simulación el engaño a un  tercero, por lo que estos actos jurídicos adolecen de nulidad  conforme lo estipula el inciso 5, del artículo 219° del Código  Civil; que la codemandada, María Luisa Cabrera Valencia, en  su condición de nueva contribuyente no ha cumplido con  asumir el pago del impuesto predial. Finalmente, señala que  al declararse invalidado el contrato de compraventa en su  integridad, procede la restitución del bien en su condición de  legitima propietaria frente a poseedores de mala fe y sin título,  hechos que constituyen perjuicios contra la recurrente tanto  moral como material, pues, se pretende un apoderamiento de  la propiedad en forma dolosa existiendo una relación de  causalidad entre el hecho realizado y los daños causados,  cuales son mantenerse en la propiedad, están en posesión en  forma gratuita por más de 3 años, perdiendo aproximadamente  la suma de S/ 50,000.00 (cincuenta mil soles), que como  arrendamiento se dejó de percibir durante 3 años que tuvo en  posesión la demandada Valencia Torres y su hija María Luisa  Cabrera Valencia, así como los daños morales que afectan a  su persona y salud y a sus hijos quienes se encuentran en la  edad difícil de la juventud. 2. Sentencia de primera instancia  El juez del Primer Juzgado Especializado Civil de la Corte  Superior de Justicia de Cañete, por sentencia de fecha 3 de  octubre de 2017, declaró infundada la demanda, considerando  que de la partida Nº 21000646 del Registro de Predios de la  Oficina Registral de Cañete, se tiene que el vendedor- demandado, Alfredo Samán Sánchez adquirió el bien objeto  de transferencia, en condición de soltero, mediante escritura  pública, de fecha 6 setiembre de 2006, confirmada por  acuerdo conciliatorio de fecha 30 de marzo de 2008,  adquisición que ha sido posterior a la celebración del  matrimonio y a título oneroso. En cuanto al acto jurídico  contenido en la escritura pública del 21 de setiembre de 2009,  y, por más que, puedan configurarse también estas causales  de nulidad ultimas invocadas, que por cierto, vicia a los actos  jurídicos cuestionados en su estructura y forma, estas no  surtirían efecto alguno ni afectarían el derecho del comprador  adquiriente de buena fe, quien confía en la información  existente en el registro, salvo que se pruebe que ha obrado de  mala fe o que conocía la inexactitud del registro, conforme lo  establece el artículo 2014° del Código Civil; y en cuanto a la  protección jurídica de la buena fe registral, de los antecedentes  registrales se tiene que el demandado, Alfredo Samán  Sánchez, adquirió el bien mediante escritura pública, de fecha  4 de setiembre de 2006 y acuerdo conciliatorio del 30 de  marzo de 2008, dejando constancia que adquiría la propiedad  en calidad de soltero y registralmente aparecía como único  titular del bien, información que se tiene por cierto conforme lo  dispone el artículo 2012° del Código Civil, por lo que queda  descartado que la demandada compradora, Sonia Valencia  Torres, haya estado en posibilidad de conocer que el bien era  social o de conocer que su vendedor era casado con la  demandante, más aún si de la ficha del RENIEC aparece  como soltero. Tampoco se han suscitado hechos notorios y  probados que generen indicio razonable acerca de que el  demandado-vendedor era casado y que el inmueble era un  bien social; por el contrario existe indicio razonable que el  demandado, Samán Sánchez, estaba separado de hecho con  la demandante, al momento que adquiere el bien, por ello, es  que adquiere el bien arrogándose la condición de soltero, de  lo contrario, no hubiese negado a su cónyuge, separación de  hecho que alcanza sustento en lo sostenido por la propia  demandante cuando refiere que residía en la ciudad de Lima  y que el demandado por motivo de trabajo residía en Cañete,  esto quiere decir, que la demandante no ha residido en el bien  en litigio y que desconocía de la compra que hizo su cónyuge,  circunstancia que han permitido que, la demandada- compradora antes nombrada desconozca del estado civil de  sus vendedor y de la condición legal del bien en litigio.  Asimismo, la misma protección legal le alcanza a su  codemandada, María Luisa Cabrera Valencia (última  adquirente) en el acto jurídico de compra venta efectuado por  escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2012, ya que al  adquirir el bien en litigio, su vendedora aparecía como titular  del bien objeto de transferencia, 3. Sentencia de la Sala  Superior Posteriormente, la Sala Civil de la Corte Superior de  Justicia de Cañete, confirmó la resolución apelada, que  declaró infundada la demanda, considerando sobre la nulidad  de la escritura pública de fecha 21 de setiembre de 2009, que  está acreditado que Alfredo Samán Sánchez y Lucía Aida  Paredes Muñoz contrajeron matrimonio el 6 de setiembre de  1985, según acta de matrimonio, siendo que por presunción  legal juris tamtum contenida en el artículo 295º del Código  Civil, les corresponde el régimen de sociedad de gananciales.  La legitimidad para manifestar la voluntad de disponer del  predio inscrito en la partida registral Nº 21000646 (página 68)  del Registro de Predios de la Oficina Registral de Cañete, le  corresponde al codemandado, Alfredo Samán Sánchez, quienadquirió a título oneroso (compraventa), de persona que en el  registro aparecía con legitimidad para disponer, inscribió su  derecho de propiedad. Por lo que se cumplen con los  requisitos del artículo 2014º del Código Civil. Respecto del  requisito de la buena fe, ella consistiría en que la codemandada  conocía de la inexactitud del registro, es decir, conocía o  hubiera tenido posibilidad de conocer, razonable y extra  registralmente de que la propiedad del predio no era exclusiva  de Alfredo Samán Sánchez, sino también de la demandante  Lucía Aida Paredes Muñoz; sin embargo, ello no ha sido  probado por la demandante, por lo que en tal supuesto  prevalece la fe pública registral, publicitada en el asiento de  inscripción C0003 de la partida registral Nº 21000646; y en  cuanto a la nulidad de la escritura pública, de fecha 14 de  noviembre de 2012, la demandante no ha probado la nulidad  de la citada escritura pública otorgada por Sonia Delmira  Valencia Torres en favor de María Luisa Cabrera Valencia  (sub adquirente), en tanto, dicha persona adquiere el predio  en el año 2012 de persona que en el registro aparecía con  facultades para otorgarlo según se verifica del asiento C0005  de la partida registral Nº 21000646 del Registro de Predios de  Cañete. Asimismo, del medio probatorio ofrecido por la parte  demandante referido al Informe de SUNAT sobre las  declaraciones juradas de María Luisa Cabrera Valencia, el  mismo que obra a página 168, en el cual se indica que si bien  no registra declaraciones de impuesto a la renta, sin embargo,  ello no implica que sea omisa pues hay casos exceptuados,  se entiende por monto de ingresos, de su presentación. Del  mismo modo, la misma demandante ha señalado que María  Luisa Cabrera Valencia es egresada de chef del Le Cordon  Bleu, es decir, tiene actividad u ocupación que le solventa  ingresos, siendo que la demandante no ha acreditado la  simulación absoluta que afirma, ya que ella se sustentó  solamente en el informe de SUNAT el que como hemos visto,  no ha sido desacreditado. III. FUNDAMENTOS POR LOS  CUALES  SE  HA  DECLARADO  PROCEDENTE  EL  RECURSO Mediante auto calificatorio del recurso, de página  58 del cuadernillo de casación, su fecha 10 de abril de 2019,  se ha declarado procedente el recurso de casación propuesto  por la parte demandante, Lucía Aida Paredes Muñoz, por la  siguiente denuncia: La infracción normativa del artículo  139°, inciso 5, de la Constitución Política del Estado,  artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de los  artículos 50°, inciso 6 y 122°, incisos 3 y 4, del Código  Procesal Civil. Señala que en los considerandos de la  sentencia emitida por el juez se hace alusión si los actos  jurídicos de fechas 21 de setiembre de 2009 y 14 de noviembre  de 2012, adolecen de causal de nulidad prevista en el artículo  219° del Código Civil, si bien es cierto, que se hace una  definición de las causales de nulidad del acto jurídico, no se  motiva suficientemente todas las causales de nulidad  demandadas, solo se motiva por la causal de falta de  manifestación de voluntad, omitiendo motivar sobre la causal  de ser contrario a las leyes que interesan el orden público o de  las buenas costumbres. No se ha expresado si la conducta de  los codemandados ha sido de buena fe al momento de la  celebración del acto jurídico primigenio. IV. FUNDAMENTOS  DE LA DECISIÓN Primero. Materia controvertida Se ha  solicitado la nulidad de dos actos jurídicos celebrados: el  primero, una compraventa celebrada por Alfredo Samán  Sánchez a favor de Sonia Delmira Torres; el segundo, la  transferencia realizada por parte de Sonia Delmira Torres a  favor de María Luisa Cabrera Valencia. El fundamento de la  nulidad es que el señor Alfredo Samán Sánchez estaba  casado con Lucia Aída Paredes Muñoz, que el bien era de la  sociedad de gananciales y que, por tanto, no se podía  disponer unilateralmente del mismo. Tanto la sentencia de  primera instancia como la impugnada han desestimado la  demanda. El recurso de casación se sustenta en vicios  procesales, sustancialmente defectos en la motivación de las  resoluciones judiciales. Segundo. Hechos acreditados Se  encuentra plenamente verificado que en efecto el señor  Alfredo Samán Sánchez estaba casado con Lucía Aída  Paredes Muñoz, desde el 6 de setiembre de 1985 y que las  transferencias fueron realizadas en el 2009 y el 2012,  respectivamente. Asimismo, las fichas registrales indican que  el inmueble se encontraba inscrito a favor del señor Samán  Sánchez, consignándosele como soltero (página 68).  Tercero. Motivación de las resoluciones judiciales 3.1. En  múltiples sentencias, este Tribunal ha señalado que la  constitucionalización del deber de motivar implica que se está  ante una obligatoriedad universalizada e indisponible tanto  para la esfera privada como para la pública, permitiendo a las  partes controlar el significado de la decisión (función  endoprocesal) y posibilitando el control democrático de los  jueces, que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la  sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia  de la misma (función extraprocesal). En las mismasresoluciones judiciales, ha reparado que la motivación no  significa la exteriorización del camino mental seguido por el  juez, sino que exista una justificación racional de lo que se  decide. Se trata de una justificación racional que es, a la vez,  interna y externa. La primera consiste en verificar que: “el  paso de las premisas a la conclusión es lógicamente  -deductivamente- válido” sin que interese la validez de las  propias premisas. Por su parte, la justificación externa  consiste en controlar la adecuación o solidez de las premisas,  lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa  normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento  jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una  proposición verdadera. En esa perspectiva, la justificación  externa exige: i) que toda motivación debe ser congruente, de  lo que sigue que no cabe que sea contradictoria; ii) que toda  motivación debe ser completa, por lo que deben motivarse  todas las opciones; y, iii) que toda motivación debe ser  suficiente, por lo que es necesario ofrecer las razones  jurídicas que avalen la decisión. 3.2. En cuanto a la  justificación interna, se advierte que el orden lógico propuesto  por la Sala Superior, ha sido el siguiente: i) Como premisa  normativa ha tenido en cuenta el artículo 2014º del Código  Civil, referido a los actos jurídicos celebrados sobre la base de  la fe pública registral; ii) que en autos no se ha acreditado la  existencia de mala fe; antes bien, el Registro Público  informaba que el señor Samán Sánchez era propietario de un  bien en su calidad de soltero; y, iii) La conclusión a la que se  arriba es formalmente lógica con los supuestos enunciados.  3.3. En cuanto a la justificación interna se aprecia que las  premisas utilizadas (fe pública y datos registrales) son las que  corresponden para resolver la presente causa, de forma tal  que tampoco aquí se evidencia anomalía alguna. Cuarto.  Sobre el recurso de casación 7.1. El recurso impugnatorio  expresa que la sentencia impugnada no se ha pronunciado  por la causal de nulidad por ser el acto jurídico contrario a las  leyes que interesan al orden público y por fin ilícito. Asimismo,  señala que no se ha analizado adecuadamente la existencia  de buena o mala fe por parte de la demandada, Sonia Delmira  Valencia Torres. 7.2. Aunque la demanda es imprecisa en  torno a las causales de nulidad invocadas, lo es el  señalamiento de los puntos controvertidos (pues se ignora  qué causales de nulidad son las que se discuten) y la  demandada no cuestionó este extremo al momento de apelar,  debe señalarse lo que sigue: a. Al determinarse que la primera  de las ventas, la realizada por el señor Alfredo Samán  Sánchez a favor de Sonia Valencia Torres está protegida por  la buena fe registral, se está concluyendo además que el acto  jurídico no tiene fin ilícito ni vulnera las normas de orden  público o las buenas costumbres. b. Ello es así porque la  buena fe descarta de inmediato la presencia de esos vicios  estructurales del acto jurídico. c. En esa perspectiva, los datos  que recoge la sentencia impugnada sobre que la demandante  y el señor Samán Sánchez viven en domicilios distintos (ella  en Lima, él en Cañete), tienen desavenencias conyugales,  que en el Registro Público aparecía que el bien era de una  persona soltera y que en los datos de la RENIEC así también  figurara el señor Samán Sánchez (página 75) descartan la  mala fe de la demandada y por extensión que se hubieran  vulnerado las normas denunciadas. d. De otro lado, siendo  válida la primera venta, la segunda transferencia también está  exenta de vicio porque el supuesto de la demanda es la  invalidez de la primera adquisición, lo que descarta también  cualquier problema en torno a la simulación incoada. 7.3. En  lo que se relaciona a la buena fe de la demandada Sonia  Valencia el considerando cuarto de la impugnada en extenso  desarrolla los argumentos de por qué considera su existencia,  siendo que el contenido del recurso se basa en suposiciones  (calidad de abogada de la demandada, supuesta relación  amorosa) o en expresiones de su esposo, quien se ha  allanado a la demanda, o en su propia conducta (haber sabido  de la compra del terreno por parte de su esposo como si fuera  soltero y no haber realizado nada para la rectificación registral  a pesar de su condición de abogada, como se advierte en la  página 231). La mala fe se acredita; aquí no ha ocurrido ello.  7.4. Aunque la demanda fue presentada el 22 de julio del  2014 y a esa fecha aún no se había publicado la sentencia del  VIII Pleno Casatorio Civil, debe indicarse que dicho precedente  vinculante indica que el artículo 315º del Código Civil no  repercute contra el tercero que haya adquirido el bien  siguiendo los requisitos del artículo 2014º del referido cuerpo  legal. Por tales razones, nuestro voto es porque se declare  infundada la casación. V. DECISIÓN Por estos fundamentos y  en aplicación del artículo 397º del Código Procesal Civil,  NUESTRO VOTO es porque se declare: INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por la demandante, Lucia  Aida Paredes Muñoz; en consecuencia, NO SE CASE la  sentencia de vista, de fecha 9 de mayo de 2018; en los  seguidos con Alfredo Samán Sánchez, sobre nulidad de actojurídico; y los devolvieron. SS. TÁVARA CÓRDOVA,  CALDERÓN PUERTAS. LA SECRETARIA DE LA SALA CIVIL  PERMANENTE QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE EL  SEÑOR JUEZ SUPREMO TÁVARA CÓRDOVA, NO VUELVE  A FIRMAR EL PRESENTE VOTO, AL HABER CESADO EN  SU CARGO, HABIENDO DEJADO SU VOTO FIRMADO A  FOLIOS OCHENTA Y DOS DEL CUADERNO DE CASACIÓN. 1  Exp. Nº 01689-2014-AA/TC 2  Exp. N 00728-2008-PHC/TC 3  Pagina 270. 4  Página 200. 5  Página 19. C-2136197-234