CASACIÓN Nº 4830-2018 LIMA ESTE
MATERIA: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA SUMILLA.- Se configura la ocupación precaria cuando se  posee sin título alguno, esto es, sin la presencia y acreditación  de ningún acto o hecho que justifique el disfrute del derecho  a poseer. Lima, trece de diciembre de dos mil diecinueve. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  cuatro mil ochocientos treinta - dos mil dieciocho, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha; luego de  verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente  sentencia. I. RECURSO DE CASACION: Se trata del  recurso de casación interpuesto por Alis Elizabeth Cerna  Sánchez obrante a fojas 215, contra la sentencia de vista  contenida en la Resolución número cuatro, de fecha  catorce de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 198,  expedida por la Sala Civil Descentralizada Transitoria de la  Corte Superior de Justicia de Lima Este, que revocó la  Resolución número nueve, de fecha diecisiete de noviembre  de dos mil diecisiete, obrante a fojas 143 que declaró  infundada la demanda; reformándola la declaró fundada;  en consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla  con desocupar el inmueble ubicado en la urbanización  Santa Rosita, tercera etapa, manzana "N", lotes números  23 y 24, distrito de Ate. II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:  Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha uno de  abril de dos mil diecinueve, obrante fojas 27 del cuadernillo  de casación, ha declarado procedente el recurso de  casación por las siguientes causales: i) Infracción  normativa del inciso 2 del artículos 902 y artículo 911  del Código Civil; señalando que la Sala Superior alega  equivocadamente que la recurrente no ha logrado acreditar  con título alguno que justifique la posesión que ostenta  sobre el predio sub litis; sin embargo, dicha afirmación se  desvirtúa con el mérito de lo estipulado en la cláusula  sétima (entrega del bien) del simulado contrato de  compraventa de fecha veinticinco de abril de dos mil  quince, celebrado por René Orlando Susano Tiburcio  (padre de mis menores hijos) con Mauro Ceferino Susano  Medina y Saturnina Dula Tiburcio Bustamante de Susano;  ii) Apartamiento inmotivado del precedente judicial:  Casación  número  2195-2011-UCAYALI;  sostiene  básicamente que la sentencia de vista desconoce la  jurisprudencia establecida en el Cuarto Pleno Casatorio  Civil, específicamente la parte considerativa C-2 del  ocupante precario en sede nacional apartado 51; iii) En  aplicación del artículo 392-A del Código Procesal Civil se  declara la procedencia excepcional de los incisos 3 y 5 del  artículos 139 de la Constitución Política del Perú y  artículo 1365 del Código Civil. III. CONSIDERANDO:  PRIMERO.- Saturnina Dula Tiburcio Bustamante de  Susano y Mauro Ceferino Susano Medina interponen  demanda obrante a fojas 34, subsanada a fojas 47,  mediante la cual solicitan que el órgano jurisdiccional  ordene la restitución del bien inmueble de su propiedad,  ubicado en la urbanización Santa Rosita, tercera etapa,  manzana "N", lotes números 23 y 24, Distrito de Ate Vitarte,  provincia y departamento de Lima de un área de doscientos  cuarenta metros cuadrados (240.00m2), inscrito en el  Asiento C00003 de la Partida Registral número 12181810  del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, refiriendo  principalmente que la demandada Alis Elizabeth Cerna  Sánchez y su familia (dos hijos menores de edad) vienen  ocupando el referido inmueble de manera precaria sin  tener contrato ni documento alguno que autorice la  posesión y sin pagar renta alguna; sostiene que la  demandada es cónyuge de René Orlando Susano Tiburcio  quien a su vez es hijo de los demandantes, quien junto con  la demandada adquirieron el inmueble sub materia en el  año dos mil ocho, teniendo la condición de bien social; sin  embargo, dicha situación legal varió el cinco de febrero dedos mil once, fecha en que ambos cónyuges procedieron a  sustituir el régimen de sociedad de gananciales por el de  separación de patrimonio, en virtud del cual ambas partes  acordaron que el citado inmueble pasaría a ser propiedad  exclusiva del citado cónyuge siéndole en efecto adjudicado  el citado bien como parte de la separación de patrimonios,  encontrándose inscrita dicha sustitución de régimen  patrimonial en registros públicos; finalmente, sostienen que  en el mes de julio de dos mil once, su hijo, René Orlando  Susano Tiburcio en calidad de titular exclusivo del predio  procede a transferir a los demandantes el inmueble sublitis  mediante contrato de compraventa de fecha dieciocho de  julio de dos mil once, siendo elevado a escritura pública,  encontrándose además inscrito en registros públicos.  Agregan que no obstante que la demandada tiene pleno  conocimiento de la condición de propietarios que ostentan  los accionantes respecto del inmueble sub materia,  continua haciendo uso y disfrute del predio sin tener  derecho ni título alguno que ampare dicha ocupación pese  a las reiteradas oportunidades en que han solicitado a la  demandada desocupe el predio sublitis, además de la  invitación conciliatoria promovida por su parte sin solución  alguna, por lo que se ve en la necesidad de interponer la  presente demanda de desalojo con la finalidad de solicitar  la restitución del inmueble de su propiedad. SEGUNDO.-  admitida a trámite la demanda mediante la Resolución  número dos, de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete,  obrante a fojas 55 y luego de haber corrido el traslado a la  parte demandada, Alis Elizabeth Cena Sánchez, se  apersona al proceso y mediante escrito de fojas 87,  contesta la demanda señalando sustancialmente tener la  condición de cónyuge de René Orlando Susano Tiburcio  quien es hijo de los demandantes, habiendo ambos  adquirido el predio sub materia en el año dos mil ocho y  acordado con fecha cinco de febrero de dos mil once en  sustituir el régimen de sociedad de gananciales que  mantenían por el de separación de patrimonios bajo la  promesa de su cónyuge de transferir el dominio del citado  predio en anticipo de legitima en favor de sus menores  hijos, agrega que no es cierto que con fecha dieciocho de  julio de dos mil once, su cónyuge haya transferido la  propiedad del inmueble mediante contrato de compraventa  a favor de sus padres los demandantes pues de la lectura  de dicho instrumento público se demuestra que el mismo  se formalizó el veinticinco de abril de dos mil quince; señala  que la posesión que ostenta sobre el referido predio  conjuntamente con sus menores hijos se sustenta en el  contrato de anticipo de legitima de derechos y acciones de  bien inmueble otorgado por su cónyuge a favor de sus dos  menores hijos con fecha cuatro de diciembre de dos mil  once, la misma que fue otorgado por su cónyuge con  antelación a la formalización del contrato de compraventa  de fecha veinticinco de abril de dos mil quince que recaudan  los demandantes en favor de su demanda de desalojo, por  lo que no ostenta la calidad de ocupante precario.  TERCERO.- El Juez del Primero Juzgado Civil de Ate de  la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante la  Resolución número nueve, de fecha diecisiete de noviembre  de dos mil diecisiete, obrante a fojas 143, declaró infundada  la demanda, al haber establecido lo siguiente: i) La  legitimidad activa de los demandantes se acredita con la  compraventa debidamente inscrita en el asiento C00003 de  la Partida número 12181810 que en copia literal obra en  autos, lo que prueba la propiedad de los accionantes sobre  el predio sublitis, consi guien temente tienen el dominio  legítimo del bien y pueden accio nar en la presente causa;  ii) De otro lado, de la minuta de anticipo de legítima de  derechos y acciones del bien inmueble sub materia,  otorgado por el entonces propietario del mismo, René  Orlando Susano Tiburcio a favor de sus menores hijos  Sergio Estefano Susano Cerna y Diego Orlando Susano  Cerna, acredita que dicho documento mantiene su eficacia  al no haber sido materia de tacha; iii) Asimismo, del  contrato de compromiso de compraventa con legalización  notarial de firmas, con fecha cierta del cuatro de febrero de  dos mil once, se verifica que René Orlando Susano  Tiburcio, se compromete a vender el inmueble materia de  litis a favor de la demandada; iv) En consecuencia, se  determina que si bien los demandantes acreditan la  propiedad del inmueble sublitis, la demandada ha justificado  su posesión sobre el mismo, cuya validez no corresponde  ser dilucidado en el presente proceso, en el que solo se  discute la posesión mas no la propiedad; por lo que se  desestima la demanda incoada. CUARTO.- Apelada que  fuese la misma, la Sala Civil Descentralizada Transitoria  de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante  la Resolución número cuatro, de fecha catorce de mayo de  dos mil dieciocho revocó la sentencia apelada que declaróinfundada la demanda de desalojo y reformándola la  declaró fundada, al establecer esencialmente lo siguiente:  i) Si bien obra en autos el contrato de compromiso de  compraventa con legalización notarial de firmas, con fecha  cierta que data del cuatro de febrero de dos mil once,  mediante el cual, René Orlando Susano Tiburcio se  compromete a vender el inmueble de litis a favor de la  demandada; sin embargo, de un análisis de los autos, se  aprecia que dicho compromiso de compraventa de fojas 80  se refiere a un inmueble distinto al bien sublitis; ii)  Asimismo, si bien la parte demandada alega tener la minuta  de anticipo de legítima de derechos y acciones, otorgada  por su cónyuge René Orlando Susano Tiburcio con fecha  cuatro de diciembre de dos mil once a favor de sus menores  hijos, Sergio Stefano y Diego Orlando Susano Cerna, lo  cierto es que el anticipo de legitima que se acompaña, por  ser un contrato de donación, no se encuentra otorgada por  escritura pública e inscrita en Registros Públicos acorde  con lo establecido en el artículo 1625 del Código Civil, ya  que se trata solo de una minuta de anticipo de legítima de  derechos y acciones, el mismo que no tiene amparo legal,  tanto más cuando la demanda de otorgamiento de escritura  pública incoada por la demandada en representación de  sus menores hijos, fue finalmente desestimada, conforme  obra en los documentos judiciales que obran en autos,  ademas que la propiedad materia de litis, se encuentra  debidamente inscrita en registros públicos, teniendo como  sus  titulares  registrales  a  los  demandantes;  consecuentemente se determina que la demandada no  logra acreditar con título alguno que justifique la posesión  sobre el predio submateria. QUINTO.- En el presente caso,  se ha declarado procedente el recurso de casación por las  causales de infracción de normas de derecho material,  procesal y el apartamiento inmotivado del precedente  judicial; teniendo en cuenta ello, es de advertirse que  conforme lo dispone el artículo 396 del Código Procesal  Civil, cuando se declara fundado el recurso de casación por  la causal de infracción normativa de orden procesal se  debe devolver el proceso a la instancia inferior para que  emita un nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el  recurso por la causal de infracción normativa material, la  Sala Suprema actuando en sede de instancia deberá  resolver el conflicto según su naturaleza. Es por ello, que la  revisión de las causales por las que ha sido declarado  procedente el recurso de casación debe comenzar por el  análisis de la infracción normativa de naturaleza procesal.  SEXTO.- El debido proceso es un principio y derecho de la  función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú, que tiene por  función velar por el respeto irrestricto de los derechos  fundamentales y las garantías constitucionales que lo  integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a  la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus  derechos, a través de un procedimiento regular en el que  se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído,  ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener  una sentencia debidamente motivada. SÉTIMO.- Uno de  los principales componentes del derecho al debido proceso  se encuentra constituido por el denominado derecho a la  motivación, consagrado por el inciso 5 del artículo 139 de  la Carta Magna, por el cual se garantiza a las partes  involucradas en la controversia el acceso a una respuesta  del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada  en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, en  base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho  aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además,  resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones  esgrimidas por aquellas dentro de la controversia.  OCTAVO.- Para efectos de resolver la denuncia procesal  declarada procedente, resulta menester efectuar un  análisis respecto de los fundamentos que han servido de  sustento a la decisión de la Sala Superior impugnada en  casación. El Tribunal de alzada para efectos de revocar la  apelada y declarar fundada la demanda incoada ha  considerado esencialmente que si bien la demandada  respalda su derecho de posesion en una minuta de anticipo  de legitima de derechos y acciones respecto del predio sub  materia, no obstante, la formalidad solemne que establece  el artículo 1625 del Código Civil, exige que dicho acto  jurídico debe efectuarse por escritura pública para que  tenga plena validez, lo que no se aprecia en el presente  caso. NOVENO.- De lo expuesto se desprende que la Sala  Superior ha expresado las razones que, según su parecer,  respaldan la decisión judicial finalmente adoptada,  habiendo para tal efecto merituado los medios probatorios  que han permitido finalmente estimar la demanda; por  consiguiente, no se connota la infracción de la norma  procesal invocada, al no apreciarse contravención a lasnormas del debido proceso ni afectación al principio de  motivación,  debiendo  en  consecuencia  declararse  infundado el recurso de casación por la causal de infracción  normativa procesal declarada procedente; correspondiendo  a continuación examinar la causal por infracción normativa  material declarada procedente. DÉCIMO.- En cuanto a  causal in iudicando, la recurrente denuncia la infracción  normativa material del inciso 2 del artículo 902 y artículo  911 del Código Civil señalando en concreto que la Sala  Superior incurre en error al señalar que la recurrente no  habría logrado acreditar con título alguno la justificación de  su posesión sobre el predio sub materia por cuanto dicha  aseveración se desvirtúa con el merito de la clausula  sétima del contrato de compraventa de fecha veinticinco de  abril de dos mil quince. DÉCIMO PRIMERO.- El inciso 2  artículo 902 del Código Civil establece lo siguiente: “la  tradición también se considera realizada cuando se  transfiere el bien que está en poder de un tercero. En ese  caso, la tradición produce efecto en cuanto al tercero solo  desde que es comunicada por escrito”. La doctrina nacional  comentando sobre este particular sostiene que dicho  presupuesto está referido a la transferencia de propiedad  del bien cuando este se encuentra en posesión de un  tercero. En este caso, habiendo participando del acto  jurídico el vendedor como el comprador, se entenderá  producida la entrega del bien solo desde que le es  comunicada por escrito al tercero poseedor inmediato.1  DÉCIMO SEGUNDO.- En el caso de autos, se advierte que  la recurrente, sobre la base de la causal denunciada en  este extremo pretende alegar la existencia de titulo de  posesión a su favor como consecuencia de lo estipulado en  la clausula sétima del contrato de compraventa de fecha  veinticinco de abril de dos mil quince celebrado entre René  Orlando Susano Tiburcio con los demandantes Mauro  Ceferino Susano Medina y Saturnina Dula Tiburcio  Bustamante de Susano; sin embargo, del análisis de la  citada clausula contractual no se llega a verificar que esta  contenga algún derecho posesorio a favor de la demandada  recurrente respecto del predio sub materia desde que se  trata de un contrato de compraventa donde no ha  intervenido la recurrente como parte contractual, de lo que  se razona por consiguiente que la demandada no acredita  título alguno que justifique su posesión sobre el predio  sublitis, no apreciándose por tanto la infracción del inciso 2  del artículo 902 y artículo 911 del Código Civil, deviniendo  en desestimable la causal denunciada en este apartado.  DÉCIMO TERCERO.- Con la finalidad de absolver la  denuncia por apartamiento inmotivado del precedente  judicial vinculante contenido en el Cuarto Pleno Casatorio  Civil debe tenerse en cuenta que la regla numero 2  establece lo siguiente: “cuando se hace alusión a la  carencia de titulo o al fenecimiento del mismo, no se está  refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título  de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice  a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto  que el derecho en disputa no será la propiedad sino el  derecho a poseer”. DÉCIMO CUARTO.- Ahora bien, el  desarrollo de la doctrina jurisprudencial vinculante antes  señalada se encuentra en el considerando 51 del citado  pleno casatorio que establece que: “Siendo este el  diagnóstico, y aprovechando la oportunidad que se  presenta para resolverse la controversia sometida a  análisis,  este  Colegiado  ha  considerado  que  es  impostergable la necesidad de solucionar estos conflictos  en forma predecible, precisa y oportuna. Por tal motivo,  resulta pertinente efectuar una interpretación del artículo  911 de nuestro Código Civil, otorgándole un contenido que  permita establecer por este alto Tribunal, de una manera  clara y uniforme, la conceptualización de la figura jurídica  del precario, que priorice la efectividad del derecho a la  tutela jurisdiccional. Entendiéndose, dentro de una  concepción general y básica, que cuando dicho artículo en  análisis hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento  del mismo, no se está refiriendo al documento que haga  alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier  acto jurídico o circunstancia que hayan expuesto, tanto la  parte demandante, como la demandada, en el contenido de  los fundamentos fácticos tanto de la pretensión, como de  su contradicción y que le autorice a ejercer el pleno disfrute  del derecho a la posesión; hechos o actos cuya probanza  pueden realizarla, a través de cualquiera de los medios  probatorios que nuestro ordenamiento procesal admite;  entendiéndose que el derecho en disputa no será la  propiedad sino el derecho a poseer”. DÉCIMO QUINTO.-  En el caso de la sentencia de vista, impugnada en casación  se desprende que la Sala Superior ha determinado que la  demandada Alis Elizabeth Cerna Sánchez no acredita título  alguno que justifique su posesión sobre el predio sublitishabida cuenta que la minuta de anticipo de legitima de  derechos y acciones otorgada por René Orlando Susano  Tiburcio a favor de sus menores hijos no cumple con la  formalidad que exige el artículo 1625 del Código Civil en  cuanto señala que la transferencia del bien inmueble debe  efectuarse por escritura pública bajo sanción de nulidad,  requisito de validez que no se verifica en el presente caso,  por lo que dicho documento no constituye un acto jurídico  en los términos que establece el Cuarto Pleno Casatorio  Civil pasible de ser considerado un titulo que justifique su  posesión sobre el referido bien, no apreciándose igualmente  la existencia de alguna circunstancia que la demandada  haya expuesto en el decurso del proceso y que le autorice  a ejercer el derecho a la posesion sobre el referido  inmueble, tanto más, cuando se advierte que la demandada  interpuso una demanda de Otorgamiento de Escritura  Pública respecto del Anticipo de Legitima antes referido, la  cual ha sido desestimada mediante resolucion judicial  firme. En esa línea, se razona que la Sala Superior no se  ha apartado de los lineamientos interpretativos establecidos  en el precitado Pleno Casatorio, por lo que la causal  denunciada  en  este  extremo  deviene  también  en  inamparable. IV. DECISIÓN: En consecuencia, al no  configurarse las causales denunciadas, el recurso de  casación resulta infundado, debiendo procederse conforme  a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil;  por cuyas razones: 4.1. Declararon: INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por Alis Elizabeth Cerna  Sánchez obrante a fojas 215; en consecuencia, NO  CASARON la sentencia de vista contenida en la Resolución  número cuatro, de fecha catorce de mayo de dos mil  dieciocho, obrante a fojas 198, expedida por la Sala Civil  Descentralizada Transitoria de la Corte Superior de Justicia  de Lima Este. 4.2. DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo  responsabilidad; en los seguidos por Mauro Ceferino  Susano Medina y otra contra Alis Elizabeth Cerna Sánchez,  sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron.  Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.- S.S.  ROMERO  DÍAZ,  CABELLO  MATAMALA,  AMPUDIA  HERRERA, LÉVANO VERGARA, RUIDÍAS FARFÁN 1  Código Civil Comentado. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. Páginas 86- 90 C-2136199-197