CASACIÓN Nº 4902 – 2019 LIMA
Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO El recurso deviene en infundado conforme al artículo 397  del Código Procesal Civil, al no configurarse ninguno de los  agravios que sustentan las infracciones normativas que se  denuncian, no advirtiéndose, tampoco, la transgresión del  derecho al debido proceso del recurrente, ni los de defensa,  contradicción y a probar, cumpliéndose con la exigencia de  motivación de resoluciones previsto en el artículo 139° inciso  5 de la Constitución Política del Estado. Lima, veintiocho de junio de dos mil veintidós.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA LA REPÚBLICA: vista la causa número  cuatro mil novecientos dos - dos mil diecinueve, en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación  con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO  Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de  casación interpuesto por el demandado ABENGOA Perú  S.A., a fojas mil ciento doce, contra la sentencia de vista de  fecha quince de mayo de dos mil diecinueve de fojas mil  ochenta y nueve, que confirmó la sentencia apelada de  fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, de fojas mil  cuatro, que declaró fundada la demanda; en consecuencia,  dispone que la empresa demandada cumpla con pagar a la  demandante la suma de S/ 297,654.02 soles, más intereses  legales que serán liquidados en ejecución de sentencia. II.  ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito de fecha  doce de febrero de dos mil dieciocho1, la Compañía  Especializada en Ingeniería Tecnológica SRL – COINTEC -,  interpuso demanda dirigiéndola contra ABENGOA Perú SA.,  solicitando como pretensión que, la emplazada cumpla con  pagarle la suma de S/ 297,654.02, suma de dinero expresada  en dieciséis facturas que anexas al acto postulatorio,  emitidas a su favor y que no fueron canceladas en su  oportunidad por la citada emplazada. Asimismo, requiere el  pago de los intereses legales y financieros acumulados; con  costas y costos del proceso. Refiere que con fecha treinta de  marzo de dos mil doce celebró con la emplazada contrato de  arrendamiento vehicular por el que se comprometieron a  ceder en uso un vehículo de transporte de carga a ser  utilizado por la demandada en la obra que debía ejecutarse  a lo largo de las líneas de transmisión que recorren las  ciudades de Chilca, Cañete, Ica, Nazca, Marcona, Arequipa,  Montalvo, contrato que, originalmente, tuvo una duración de  cinco meses con vencimiento original al treinta de agosto de  dos mil doce, prorrogado hasta el treinta de setiembre de  dos mil trece según las adendas suscritas entre las partes  (fojas doce, quince y dieciocho). Indica que, paralelamente,  con fecha veinte de marzo de dos mil doce, suscribieron un  contrato de suministro por el que la actora asumió el  compromiso de dotar agregados debidamente autorizados  por Abengoa Perú SA, acuerdo que tuvo duración hasta el  treinta de setiembre de dos mil doce. En ese contexto, indica  que al haber cumplido con las prestaciones a su cargo,  emitieron las facturas que acompañan a la presentedemanda,  sin  que  la  emplazada  cumpla  con  las  contraprestaciones a las que estaba obligada, precisando  que también acompañan las notas de pedido y planillas de  valoración en los que se detallan las servicios y suministros  (alquileres de grúas, tractores, camionetas, fabricación de  estructuras metálicas, etc). Argumenta que también  acompañan  documentación  con  la  que  demuestran  compromisos con terceros para el cumplimiento de los  contratos con Abengoa, los que fueron cancelados por la  recurrente. Alega que, la emplazada para sustraerse de sus  obligaciones, formuló denuncia penal contra la actora,  siendo archivada como se advierte de la resolución de fojas  seiscientos cuarenta y ocho, advirtiéndose de ésta que, en  dicha instrucción aquélla reconoció haber mantenido las  citadas relaciones contractuales con la demandante. Arguye  que mediante cartas notariales de fecha trece de diciembre  de dos mil crece y nueve de enero de dos mil catorce,  requirieron el pago de la obligación materia de demanda, sin  resultados satisfactorios. Invoca como fundamentos de  derecho los artículos 1219° y 1220° del Código Civil; y, I del  Título Preliminar, 424° y 425° del Código Procesal Civil. 2.  Contestación Mediante escrito presentado con fecha  veintidós de junio de dos mil dieciséis2, la demandada  ABENGOA Perú SA, contestó la demanda en los siguientes  términos: Señala que suscribió con el Estado Peruano –  Ministerio de Energía, un contrato con fecha veintidós de  julio de dos mil diez para el diseño, financiamiento,  construcción, operación y mantenimiento de la línea de  transmisión eléctrica en 500kv que unió las subestaciones  de Chilca, Ocoña, Marcona y Montalvo. Indica que al concluir  el Proyecto advirtieron una serie de irregularidades en las  que estaban involucrados trabajadores, de la recurrente,  asignados a la obra, los que valiéndose de su designación  en puesto claves, se habrían coludido con la finalidad de  obtener un provecho económico indebido en perjuicio de  aquélla. Alega que dichos trabajadores habrían aparentado  el cumplimiento de procedimientos internos para favorecer a  empresas vinculadas a ellos y terceras, siendo una de ellas,  la ahora demandante, como proveedora casi exclusiva de  ABENGOA, prestando servicios de alquiler de vehículos,  servicios de construcción, despacho de suministros, etc., en  la zona de Chilca a Chincha. Arguye que los montos y  servicios señalados por la accionante, son operaciones  fantasmas que nunca llegaron a realizarse; por lo que, no se  le puede exigir el pago de prestaciones que jamás se  ejecutaron. En efecto precisa que de las facturas que,  supuestamente, acreditarían la obligación impaga, puede  advertirse que en ninguna de ellas se consigna el número de  placa del vehículo con el que se habría prestado el servicio,  existiendo una doble facturación en las que se acompañan a  fojas cuatrocientos sesenta y cuatrocientos setenta y uno  que no han sido detalladas, a lo que se agrega que se  acompañan facturas emitidas por terceros con los que  habría contratado la accionante para satisfacer los  requerimientos  de ABENGOA,  incluso  transferencias  realizadas a éstos al Banco de la Nación y Banco de Crédito  del Perú; sin embargo, aquéllos estarían vinculadas a la  actora. En ese contexto, afirma que como puede advertirse  de la partida registral de la actora, anexa a la demanda, fue  constituida el cuatro de junio de dos mil diez, ubicando su  domicilio en Jirón San Martín Nº 285, Dpto. Nº 402,  Magdalena, teniendo como socios a: a) Edith Sonia Esteban  Ingaroca; y b) Yanina Lino Cotera (ambas titulares de 50%  de participaciones cada una), siendo la primera de las  nombradas, además, gerente general de aquélla, esposa de  Johnny Paul Bullón Torrejón, quien se desempeñaba como  Jefe de Obra del Proyecto; en tanto que, la segunda de las  indicadas socias, es conviviente del hermano de Johnny  Paul Bullón Torrejón cuyo nombre es José Carlos y es dueño  del inmueble donde funciona la demandante como se  advierte de fojas setecientos cincuenta y cinco. Sobre lo  expuesto en el párrafo precedente, indica que Johnny Paul  Bullón Torrejón laboró en Abengoa de enero de dos mil cinco  a julio de dos mil trece, siendo jefe de la obra y responsable  de las todas las contrataciones implicadas en ésta,  precisando que los vehículos arrendados a la actora no eran  de propiedad de aquél sino de terceros invitados por Pedro  Manuel Alva Flores quien laboraba como administrador del  proyecto y exigía que todas las contratas debían hacerse a  través de COEINTEC, previo pago del 10% de la facturación.  Aduce que dicho administrador además se encargaba de ser  el intermediario de la contratación de maquinarias y  vehículos logrando que la actora fuera la beneficiaria,  manifestando que, en la contratación de bienes y servicios  con la accionante no se cumplió con el procedimiento  previsto en el Manual de la recurrente, cuyo ejemplar  acompaña a fojas setecientos noventa y dos. Con tales  antecedentes, expone que no niega la existencia ni lacelebración de los contratos; empero, refiere que existió un  conflicto de intereses al momento de contratar con la actora  tanto más si no se cumplieron los procedimientos internos,  conforme al citado manual, para el pago a proveedores de  bienes, servicios, materiales y suministros. Menciona que  los contratos contienen un fraude a la ley, por la colusión  entre  los  trabajadores  de  ABENGOA  denunciados  penalmente con terceros vinculados a la empresa  demandante, pues, tales contrataciones se realizaron,  únicamente, con el ánimo de beneficiarse los involucrados.  Argumenta, que si bien no es posible negar la existencia de  contratos celebrados entre las partes, dichos acuerdos  adolecen de vicios que impiden la producción de sus efectos,  deviniendo, por tanto en nulos, dado a que afectan normas  de orden público, han sido simulados y tienen una finalidad  ilícita; además de no haberse seguido los procedimientos  para la realización de los pedidos y la emisión de las  facturas, como la no consignación de las placas de los  vehículos que realizaron el servicio y la falta de las guías de  remisión en los suministros correspondientes, entre otros. 3.  Sentencia de Primera Instancia Por resolución de fecha  veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Vigésimo  Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte  Superior de Lima, declaró fundada la demanda, en  consecuencia, ordenó que la emplazada pague la suma de  (S/ 297,654.02) más los intereses legales que serán  liquidados en ejecución de sentencia con costas y costos del  proceso. Mediante contrato de arrendamiento vehicular de  fecha treinta de mayo de dos mil doce, la demandante, en  condición de arrendadora, se obligó a ceder temporalmente  a la empresa la demandada, en condición de arrendataria, el  uso del vehículo tractor agrícola Marca John Deere, para  que sea utilizado por ésta en trabajos propios de la obra que  debía ejecutar a lo largo de la las ciudades de Chilca,  Cañete, Ica, Nazca, Marcona, Arequipa, Ocoña, Montalvo,  entre otras; obligándose Abengoa Perú S.A, a pagarle una  retribución de S/ 300 soles diarios por cada unidad vehicular  - dos unidades-, que no incluían el costo del conductor/ operador, así como los viáticos, hospedaje y traslados de  dichos conductores, así como el costo del combustible. En la  cláusula tercera de dicho acuerdo contractual se estableció  que el plazo del contrato era de cinco meses, siendo la fecha  de inicio el treinta y uno de marzo de dos mil doce, y, de  término el treinta de agosto de ese mismo año; conviniendo  que las partes podrían prorrogarlo por otros periodos  mediante adendas que formaron parte integrante del  contrato, siendo la primera del treinta de junio de dos mil  doce, en tanto que la segunda fue del veintinueve de  diciembre de dos mil doce, modificándose los anexos 01 y  02 del contrato principal e incrementándose las unidades, lo  que determinó que se ampliara de manera referencial el  monto del contrato, en un adicional de S/ 105,600.00 soles,  quedando vigente todas las demás cláusulas que no se  opongan a lo pactado en las referidas adendas. La primera  de dichas adendas fue suscrita en representación de la  demandada, por su Gerente General, Agustín Nerguizian de  Freitas, mientras que la segunda la suscribió Oscar Antonio  Adrianzén Morales y Víctor Hugo Anglas Luna, según  poderes inscritos en la Partida número 00381616 del  Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de  Lima, tal como se hace referencia en dichos documentos. Es  de señalarse, que a fojas dieciocho obra el instrumento  denominado tercera adenda de contrato de arrendamiento  vehicular, en cuya cláusula segunda se acuerda prorrogar el  contrato principal por tres meses, desde el primero de julio  de dos mil trece al treinta de setiembre de dos mil trece,  modificándose los anexos 01 y 02 del contrato principal para  incrementar el tipo de unidades y el monto del contrato, en  un adicional de S/ 36,800.00 soles; empero este documento  no aparece ser firmada por ningún representante de la  empresa demandada, lo que no quiere decir que por ello no  corresponda a la demandante recibir retribución si ha  prestado servicio de transporte y suministro de agregados  durante el periodo que se menciona en dicha adenda,  correspondiendo, en todo caso a la demandante acreditar el  servicio y que la demandada lo haya recibido sin objeción.  Por otro lado, entre las partes suscribieron un contrato de  suministro con fecha veinte de abril de dos mil doce,  mediante el cual, la demandante en calidad de proveedora,  se comprometió por su cuenta y riesgo al suministro de  agregados, debidamente autorizados por la empresa  demandada en las zonas de Chilca a Chincha donde se  ejecutó el Proyecto LT 500 KV Chilca – Montalvo,  comprometiéndose esta última a otorgar una retribución,  según términos del anexo 01, declarando ambas partes su  voluntad de mantener vigentes e inalterables las condiciones  comerciales y demás estipulaciones contenidas por el plazo  de vigencia que se inicia el veinte de abril de dos mil doce yconcluye el treinta de setiembre de dos mil doce. Dicho  acuerdo contractual fue suscrito, en representación de la  empresa demandada, por su Gerente General Agustín  Nerguizian de Freitas. De acuerdo a los argumentos de  defensa de la demandada, ésta cuestiona la participación  del Jefe de Proyecto de la obra a cargo de su representada,  ingeniero Johnny Paul Bullón Torrejón, en la relación  contractual objeto de pretensión, debido a que éste se  encontraba casado con una de las socias de la empresa  demandante, Edith Sonia Esteban Ingaroca, y por cuanto su  hermano mantenía una relación convivencial con la gerente  general de dicha empresa, Yanina Lino Cotera, quien según  se advierte suscribe los contratos principales así como las  adendas del contrato de arrendamiento vehicular. Sin  embargo, según se aprecia de los contratos principales  antes citados y de la primera adenda, los mismos son  suscritos por el Gerente General de la demandada Agustín  Nerguizian de Freitas, siendo suscrito la segunda adenda en  representación de la empresa demandada Abengoa Perú  S.A., por Oscar Antonio Adrianzén Morales y Víctor Hugo  Anglas Luna, quienes según se aprecia de los citados  instrumentos contractuales contaban con poderes inscritos  para ello; consecuentemente, no se evidencia la participación  de la persona que se indica en la emisión de los contratos de  servicios y adendas correspondientes. En todo caso, la  demandada no ha acreditado que haya existido una colusión  entre las personas que se señala para defraudar a Abengoa  Perú S.A., suscribiendo contratos fraudulentos con el ánimo  de apropiarse de su patrimonio, pues, no existe sentencia  penal debidamente ejecutoriada que así lo haya establecido;  debiendo, concluir que el hecho de que un trabajador de su  representada esté casado con una accionista de la  demandante no significa que no se haya cumplido con el  servicio brindado según términos de los contratos y adendas.  De igual modo se cuestiona los contratos, por cuanto, al ser  éstos según la emplazada, fraudulentos, adolecen de vicios  o defectos sustanciales que los afectan de nulidad, siendo  contrarios a las leyes que interesan al orden público,  simulados con el ánimo de obtener provecho, ya que tienen  como fin ilícito, el de defraudar a la demandada. No obstante  lo expuesto, tales argumentos escapan a lo que es materia  de pretensión no estando considerados como puntos  controvertidos para la decisión; en tal caso, la nulidad del  acto jurídico que se invoca como defensa de la pretensión,  corresponde hacerse valer en causa distinta y en vía más  lata que la presente. Por consiguiente, no habiendo la  demandada acreditado mediante sentencia consentida o  ejecutoriada que los contratos sub materia adolecen de  nulidad, los contratos y adendas sub materia mantienen  plena validez para acreditar el vínculo contractual entre  demandante y demandada. Por otro lado, del contenido de  la instrumental que corre a fojas veintiocho a seiscientos  cincuenta y cuatro, se evidencian fotocopias de hojas de  pedido de diversa numeración emitidos por la empresa  Abengoa para la empresa Coeintec, mediante la cual le  requería los servicios especificados en los citados  instrumentos, además de los partes diarios de vehículos de  placas que se indican correspondientes a diversos meses de  transportes alquilados por la demandante y suscritos por los  representantes de la demandada, con los que se demuestran  los servicios brindados por la accionante, así como las  valorizaciones elaboradas por la demandada por concepto  de alquiler de vehículos del proveedor Coeintec, según  números de pedidos que se acompaña suscritos por los  citados representantes, se evidencia lo pactado en el  referido contrato principal. Se acredita igualmente con  diversas facturas presentadas, el alquiler que efectuó la  demandante de los vehículos a diversos proveedores para  ponerlos a disposición de la demandada, así como de  materiales de construcción para esta última, como también  el pago de detracciones al Banco de la Nación con los que  se prueban los citados servicios, evidenciándose, asimismo,  que la actora cursó a la demandada diversas cartas  notariales requiriéndoles el pago de las facturas puestas a  cobro, las que no fueron pagadas en su oportunidad.  Estando a lo expuesto, no se aprecia en autos que la  emplazada haya dado respuesta a las comunicaciones,  objetando lo requerido, pues, debe tenerse en cuenta que la  demandada no ha negado que no haya cumplido con el pago  de las facturas puestas a cobro; medios probatorios todos  éstos que permiten concluir que la pretensión que se  demanda resulta amparable. 4. Apelación3 Por escrito  presentado con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho,  Abengoa S.A., interpuso apelación contra la sentencia de  primera instancia, denunciando como agravios principales,  los siguientes: - Refiere que el A quo no aplicó el artículo  220° del Código Civil referido a la nulidad absoluta,  limitándose a señalar que el análisis, sobre la validez de loscontratos no formó parte de la pretensión procesal propuesta,  lo que implica cubrir con un manto de legalidad contratos  ilícitos que atentan contra las normas que garantizan la  convivencia pacífica (normas imperativas, que interesan al  orden público, moral y buenas costumbres). - Indica que, si  bien es cierto, Johnny Paul Bullón Torrejón, no intervino en  la celebración de los contratos a nombre de Abengoa SA,  también es verdad que se dedicaba a revisar las  valorizaciones de los proveedores, así como comprobar la  documentación que sustentaban éstas, evidenciando ello  que, sus argumentos de defensa no fueron considerados,  habiéndose tergiversados. - Afirma que sólo se valoraron los  medios probatorios de la actora, más no de la apelante,  quien cuestionó el procedimiento interno para la emisión de  facturas. 5. Sentencia de vista Mediante resolución de  fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, la Segunda  Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó  la sentencia de primera instancia, que declaró fundada la  demanda. Señala que, en el caso de autos la fuente de la  obligación surge del contrato de arrendamiento vehicular y  sus adendas, así como del contrato de suministro. Dicha  obligación se encuentra respaldada con las dieciséis  facturas acompañadas sustentadas con: hojas de pedidos,  órdenes de compra, copia de parte diario de vehículos  emitidos por la demandada, copia de valorizaciones y copia  de seguro y póliza de vehículos; además, con las cartas  notariales que acreditan que la actora requirió el pago de lo  adeudado sin respuesta satisfactoria. La emplazada no  aportó medio probatorio que permita vislumbrar el pago de la  obligación puesta a cobro, por lo que, los agravios de la  apelación carecen de todo sustento. 6. Recurso de  casación Esta Suprema Sala, mediante resolución de fecha  veintitrés de junio de dos mil veinte4, declaró procedente el  recurso de casación interpuesto por la demandada  ABENGOA Perú SA, por la infracción normativa del  artículo 139° incisos 3 y 14 de la Constitución Política  del Estado. 1.- Argumenta que la sentencia recurrida  infringe sus derechos constitucionales de defensa, a probar,  y de contradicción al haber convalidado en forma arbitraria e  inmotivada la decisión del A quo de rechazar los medios  probatorios ofrecidos al absolver el traslado de la demanda,  lo que originó que no pudiera desvirtuar los argumentos que  sustentaron la pretensión de la actora. 2.- Agrega que tales  medios probatorios guardaban directa relación con los  puntos controvertidos, cumpliendo con las exigencias del  artículo 220° del Código Procesal Civil, en el caso de las  declaraciones y del artículo 262° de dicho cuerpo normativo,  respecto a las pericias. 3.- Finalmente arguye que la  admisión y valoración de dichas pruebas resultaban  pertinentes para resolver la controversia más si con ellas  pretendía acreditar que la accionante no contaba con  patrimonio suficiente para prestarle los servicios cuyo cobro  exige en la presente vía, lo que determinaría que los  acuerdos celebrados entre las partes se realizaron de forma  fraudulenta. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE Estando  a los fundamentos del recurso interpuesto, el debate  casatorio se centra en determinar si los Jueces Superiores al  emitir la recurrida han transgredido las normas cuya  infracción normativa se denuncia. IV. FUNDAMENTOS DE  ESTA SALA SUPREMA CONSIDERANDO: PRIMERO.- Es  menester precisar que el recurso de casación es un medio  de impugnación extraordinario que permite ejercer el control  de las decisiones jurisdiccionales, con la finalidad de  garantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la  Corte Suprema de Justicia; así como, determinar si en  dichas decisiones se ha infringido o no las normas que  garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los  principios que lo regulan. SEGUNDO.- En ese contexto,  analizando la denuncia por vicios in procedendo, debe  indicarse, en primer término, que “El derecho al debido  proceso supone el cumplimiento de las diferentes garantías  y normas de orden público que deben aplicarse a todos los  procesos o procedimientos, a fin de que las personas estén  en condiciones de defender adecuadamente sus derechos  ante cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos.  Su contenido presenta dos expresiones: la formal y la  sustantiva. En las de carácter formal, los principios y  reglas que lo integran tienen que ver con formalidades  estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento  preestablecido, el derecho de defensa y la motivación de las  resoluciones, etcétera. En las de carácter sustantiva o  material, éstas están básicamente relacionadas con los  estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda  decisión judicial debe suponer. A través de esto último se  garantiza el derecho que tienen las partes en un proceso o  procedimiento a que la resolución se sustente en la  interpretación y aplicación adecuada de las disposicionesvigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la  solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella  contenida sea una conclusión coherente y razonable de  tales normas”5. (Énfasis agregado) TERCERO.- De otro  lado, en cuanto al derecho de defensa previsto en el inciso  14 del artículo 139° de la Carta Política, es de indicarse que  “ 3. En virtud de dicho derecho se garantiza que los  justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones,  cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal,  laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El  contenido esencial del derecho de defensa queda afectado  cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las  partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos  judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y  eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.  4. Así, son parte importante del derecho a la defensa ciertos  principios, el derecho a participar del contradictorio; a ofrecer  medios probatorios; a obtener resoluciones judiciales debida  y suficientemente fundamentadas que permitan un ejercicio  eficaz del derecho a la pluralidad de instancias; a ser  asesorado por abogado de su elección, entre otros”6.  Asimismo, ha precisado que el derecho a no quedar en  estado de indefensión, se conculca cuando los titulares de  derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer  esos medios produce un estado de indefensión que atenta  contra el contenido constitucionalmente protegido del  derecho, sino que es constitucionalmente cuando se genera  una indebida y arbitraria actuación del órgano jurisdiccional  en cualquier manifestación”7. CUARTO.- En ese orden es  pertinente traer a colación que “15. Existe un derecho  constitucional a probar, aunque no autónomo, que se  encuentra orientado por los fines propios de la observancia  o tutela. del derecho al debido proceso. Constituye un  derecho básico de los justiciable; de producir la prueba  relacionada con los hechos que configuran su pretensión o  su defensa~ Según este derecho, las partes o un tercero  legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho  a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar  los hechos que configuran su pretensión o defensa. Así, por  ejemplo, el artículo 188º del Código Procesal Civil establece  que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los  hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez  respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus  decisiones. Se trata de un derecho complejo que está  compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que  se consideren necesarios, a que estos sean admitidos,  adecuadamente actuados, que se asegure la producción o  conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada  de los medios probatorios y que estos sean valorados de  manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de  darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La  valoración de la prueba debe estar debidamente motivada  por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda  comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente  realizado”8. QUINTO.- Conforme a lo expuesto en el rubro  antecedentes de la presente resolución, las instancias de  mérito dejaron establecido que la actora acreditó los  extremos de su pretensión – lo que denota el cumplimiento  del deber procesal que le impuso el artículo 196° del Código  Procesal Civil -, más si la recurrente no la desvirtuó, total o  parcialmente, con medio probatorio pertinente o sucedáneo  de éste, pues, sus alegaciones no tuvieron el correlato que  exige la citada norma con las pruebas que presentó en  respaldo de aquéllas. En efecto, de la base fáctica del  proceso y del acervo probatorio de éste, puede advertirse,  en primer término, que la actividad probatoria de la  demandante, tuvo como finalidad lo siguiente: 1.- Demostrar  los vínculos contractuales que originaron la obligación  puesta a cobro – contrato de arrendamiento vehicular de  fecha treinta de marzo de dos mil doce y sus adendas; y,  contrato de suministro de fecha veinte de abril del citado año  y su única adenda-; 2.- La prestación de los servicios en la  forma convenida en cada contrato según lo estipulado por  las partes; 3.- El origen de la obligación materia de la  pretensión de la actora; su configuración; el requerimiento  previo de cobro antes de recurrir al órgano jurisdiccional y el  estado impago de aquélla, circunstancias que acreditó  conforme se verificó en autos, sin que la recurrente las  desvirtuara. Es más, la impugnante reconoció los términos  previstos en los aludidos acuerdos contractuales, esto es,  las estipulaciones de cada uno de ellos, la prestación de los  servicios que nacieron de éstos e incluso el pago de la  contraprestación a su cargo, la que según manifestó,  correspondía a un monto menor, y, no al pretendido por la  actora. En cuanto a los contratos y adendas, alegó que éstos  fueron suscritos por personas que no contaban con  facultades para vincular contractualmente a la accionante  con la recurrente; empero, dicha situación no fue acreditada,desestimándose los argumentos en este extremo al no  haberse ofrecido prueba idónea que los demuestre.  Respecto a la prestación de servicios, manifestó que la  accionante fue favorecida por ex trabajadores de la  impugnante, sustentando sus afirmaciones, entre otras, en  las relaciones personales que existieron entre alguno de  ellos, incluso con un familiar de éste y las accionistas de  aquélla, denunciando adicionalmente, un incumplimiento a  sus procedimientos internos para la contratación de los  referidos servicios. Sobre esto último, es del caso indicar  que, si bien es cierto se ofreció material probatorio para  acreditar tales alegaciones, también es verdad que de la  compulsa y la valoración probatoria que efectuaran las  instancias de mérito sobre aquél, no se determinaron las  anomalías esgrimidas en torno a la contratación de los  referidos servicios, puesto que, éstos tuvieron como fuente  legal los aludidos contratos de arrendamiento vehicular y  suministro cuya validez no fue cuestionada, siendo inocua la  fundamentación esgrimida en este extremo de la pretensión  procesal, al no enervarlo. Sobre el requerimiento previo a la  interposición de la presente demanda, éste se encuentra  acreditado, pese a la negación de la recurrente; y en cuanto  al monto de la obligación puesta a cobro, los cuestionamientos  sobre ésta tampoco tuvieron correlato con las pruebas que  se presentaron para desvirtuarla. SEXTO.- Entonces, de lo  expuesto,  es  forzoso  concluir  lo  siguiente:  a)  El  reconocimiento efectuado por la recurrente, respecto a los  citados contratos, su contenido y la prestación de los  servicios derivados de éstos, tiene la condición de  declaración asimilada conforme al artículo 221° del Código  adjetivo, tanto más si no solo se realizó en los presentes  autos, sino también en la investigación preliminar que se le  siguiera a la actora y otros9, a consecuencia de una denuncia  formulada por aquélla que concluyó con pronunciamientos  del veintidós de abril de dos mil dieciséis y tres de abril de  dos mil dieciocho expedidos por la Segunda Sala Penal para  Reos Libres de la Corte de Lima que dispusieron “no ha  lugar abrir instrucción contra los denunciados…”; b) Por  consiguiente, el rechazo de los medios probatorios que la  impugnante ofreciera en su escrito de absolución de  demanda (declaraciones testimoniales, declaración de parte  de quien fuera apoderado de la actora; pericia contable y de  parte; exhibición de las tarjetas de propiedad de los vehículos  con los que se prestaron los servicios; y, la remisión del  oficio a la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte de  Lima), efectuada a través de la resolución número siete de  fecha treinta uno de marzo de dos mil diecisiete, se  encuentra arreglada a ley dada la impertinencia de las  citadas pruebas a la controversia, resultando ello acorde con  lo establecido por el artículo 190° del citado cuerpo  normativo. Dicha resolución fue confirmada por la Sala de  Vista como se advierte de considerando cuarto de la  recurrida, lo que no puede ser variado ni ser materia de  análisis por tratarse un extremo no recurrible en casación  conforme al artículo 387° inciso 1 del citado Código; y c) En  vista de lo expuesto en el acápite precedente, no se advierte  infracción alguna de los artículos 220° y 262 del Código  Procesal Civil, careciendo de veracidad las alegaciones  contenidas en el punto 3) de las denuncias al no guardar  correspondencia con la base fáctica del proceso. SEPTIMO.-  Siendo ello así, es del caso precisar que este Supremo  Tribunal comparte los argumentos esgrimidos por la Sala  Superior en la sentencia de vista para amparar la demanda,  por lo siguiente: a) La valoración del acervo probatorio  efectuada, es acorde con las disposiciones de los artículos  188°, 196° y 197° del Código Procesal Civil, así como con lo  parameros establecidos por el Tribunal Constitucional en la  citada sentencia, estableciéndose a partir de la compulsa de  la documentación acompañada por la actora, que resulta  suficiente para acreditar los extremos de la pretensión  incoada, tanto más si el contenido de cada prueba, no fue  desvirtuado; consecuentemente, se cumplió con las  exigencias establecidas en las citadas normas; b) Existe  pronunciamiento acorde al mérito de lo actuado, conforme a  las pretensiones propuestas por cada sujeto procesal, en  consecuencia, es evidente que el fallo recurrido no infringe  las normas denunciadas ni contraviene las normas que  garantizan el derecho a un debido proceso; sin que se  verifique infracción al principio de congruencia procesal, ni a  los citados derechos constitucionales - defensa, a probar y  contradicción -, como tampoco el incumplimiento de alguna  formalidad prevista en el Código Procesal Civil; y c)  Asimismo, se ha cumplido con la exigencia constitucional de  motivación de las resoluciones, al expresar la impugnada los  fundamentos  que  sustentan  la  decisión  adoptada;  advirtiéndose suficiente argumentación objetiva y razonable  acorde a lo que es materia de controversia, compartiendo  este Supremo Tribunal la fundamentación y conclusiónexpuesta en la resolución impugnada. Por tanto, el recurso  de casación deviene en infundado. OCTAVO.- Finalmente,  de acuerdo a lo antes expuesto, este Tribunal Supremo  considera que se ha dado cumplimiento al artículo III del  Título Preliminar del Código Procesal Civil, en tanto se ha  resuelto el conflicto de intereses entre las partes de acuerdo  a ley y justicia. V. DECISIÓN: Por tales consideraciones, y  en aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil:  declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha  once de julio de dos mil diecinueve, interpuesto por  ABENGOA Perú S.A., en consecuencia NO CASARON la  sentencia de vista contenida en la resolución número seis de  fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, expedida por la  Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en  el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos  por Compañía Especializada en Ingeniería y Tecnología  S.R.L. sobre obligación de dar suma de dinero; y los  devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema  Señora Echevarría Gaviria. S.S. SALAZAR LIZÁRRAGA,  CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, ECHEVARRÍA  GAVIRIA, RUÍDIAS FARFÁN. 1  Ver fojas 658. 2  Ver fojas 812. 3  Ver fojas 1032. 4  Ver fojas 105 del cuaderno de casación. 5  EXP. Nº 02467-2012-PA/TC 6  Expediente Nº 7811 – 2006 – PHC/TC. Caso Rubén Galván Borja. del 20.09.2006. 7  Expediente Nº 0582 – 2006 – PA/TC; Expediente Nº 5175 – 2007 – HC/TC;  Expediente Nº 05159 – 2011 – PA/TC del 10.08.2012 8  Expediente Nº 6712 – 2005 – HC/TC. Caso Magaly Jesús Medina Guerra y Ney  Guerrero Orellana de fecha 17.10.2005. 9  Por los delitos de contra el patrimonio – fraude en la administración de personas  jurídicas y contra la fe pública – falsedad genérica y defraudación. concluyendo por  autos de fecha 22 de abril de 2016 y 03 de abril de 2108 expedido por la Segunda  Sala Penal para Reos Libres de la Corte de Lima. C-2136197-236