CASACIÓN Nº 4906-2019 AREQUIPA
MATERIA: PETICIÓN DE HERENCIA Lima, diez de junio de dos mil veinte. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Viene a  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por la demandada JUDITH PRUDENCIA  VIUDA DE TORRES, contra la sentencia de vista contenida  en la resolución número diecisiete de fecha treinta y uno de  mayo de dos mil diecinueve, que confirma la sentencia de  primera instancia contenida en la resolución número doce  de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, que declara  fundada en parte la demanda de petición de herencia;  recurso de casación cuyos requisitos de admisibilidad y  procedencia deben ser verificados de conformidad con la  modificatoria establecida en la Ley número 29364.  SEGUNDO. En tal sentido, verificados los requisitos de  admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, se  tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos,  esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala  Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte  Superior de Justicia de Arequipa, como órgano de segundo  grado, pone fin al proceso; II) Se ha presentado ante la  misma Sala Superior que expidió la resolución impugnada;  IIl) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de  notificados con la resolución impugnada, conforme al cargo  de notificación; y, IV) Ha cumplido con adjuntar arancel  judicial correspondiente. TERCERO. Respecto al requisito  de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364,  se advierte que cumple este presupuesto, conforme al  escrito de apelación. CUARTO. En el presente caso, la  controversia gira en torno a la demanda de petición deherencia interpuesta por Sheyla Margarita Torres Vega  contra Judith Prudencia Arista de Torres y otros a efecto de  que se la incluya como heredera de la sucesión intestada  respecto de Alberto Manuel Torres García, fallecido el  veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. QUINTO. Para  establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en  los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil,  es necesario que la parte recurrente señale en qué  consisten las infracciones normativas denunciadas o el  apartamiento inmotivado del precedente judicial. En el  presente recurso de casación se denuncia: 1. Infracción  normativa de carácter procesal al numeral 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú  concordante con el artículo I del Título Preliminar del  Código Procesal Civil y al artículo 197 del Código  Procesal Civil. Refiere que, el principio de la unidad de la  prueba regula la norma. Ese principio señala que la prueba  se aprecia en su conjunto, pues la certeza no se obtiene  con una evaluación aislada y fragmentaria, tomadas una  por otra, sino aprehendiendo en su totalidad. Las pruebas  que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como  débiles o imprecisas pueden complementarse entre sí, de  tal modo que unidas lleven al ánimo del juez, la convicción  acerca de la existencia de los hechos discutidos en la litis.  Manifiesta que, bajo ese principio y en aplicación de la  normal procesal, solicitó la actuación de una prueba  extemporánea, esta consistía en una pericia grafotécnica  que  debía  realizarse  sobre  el  documento  público  denominado “partida de nacimiento” la cual fue adjuntada  por la actora al momento de interponer su demanda. Sin  embargo, no existió pronunciamiento alguno sobre su  pretensión. Indica que, si bien es cierto el ofrecimiento de  ese medio de prueba se efectúo luego de contesta la  demanda, empero eso no es óbice para dejar de emitir  pronunciamiento máxime si se solicitó su actuación de  oficio tal como prevé el artículo 194 del Código Procesal  Civil, toda vez que la nueva expresión del dispositivo a  través del llamado principio de aportación, señala que las  partes tienen el monopolio de aportar al proceso elementos  tácticos de sus pretensiones, los hechos y los medios de  prueba, pero esto último no es exclusividad de las partes.  El juez no se limita a juzgar, sino que se convierte en un  verdadero gestor del proceso, dotado de grandes poderes  discrecionales, orientados no solo a garantizar el derecho  de las partes sino principalmente a valores e intereses de  la sociedad. Indica que, los operadores de justicia han  inobservado la norma contenida en el artículo 197 del  Código Procesal Civil, pues la finalidad de este no debe ser  escapar a ninguna actividad probatoria que pretendan las  partes en litigio, máxime si bien el interés social prevalece  por sobre el interés particular, aquél no puede alcanzarse  sino cuando éste último es satisfecho. Sostiene que, se ha  inobservado el artículo I del Título Preliminar del Código  Procesal Civil, en cuanto lo no resuelto por el a quo y el ad  quem vulnera la actividad probatoria que debe realizar los  operadores de justicia, todo con el ánimo de resolver la litis  en justicia y en paz social, aunado al hecho de resolver  lejos del debate surgido por la resolución del a quo, esta  pretensión no fue resuelta de manera congruente con su  medio impugnatorio, desviando por tanto el tema central a  tratar, lo cual reitera fue objeto de pronunciamiento por el  Juez Especializado en lo Civil, afectado gravemente sus  derechos. Manifiesta que, la facultad probatoria de oficio no  es exclusiva de los jueces de primera instancia, sino de  todos los magistrados en general. En tal sentido, se  advierte en algunos pronunciamientos judiciales la  tendencia a declarar la nulidad de las sentencias por  prueba diminuta (reprobando al juez de primera instancia,  no haber hecho uso de la facultad de oficio) disponiendo al  juez las ejecute bajo un listado, en el que se detalla el  medio a realizar y lo que se debe buscar. SEXTO. Previo a  la verificación de los requisitos de procedencia, debe  indicarse lo siguiente: 1. La casación es el recurso  extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria  anule resoluciones que ponen fin al proceso y que  contienen vicios de derecho que interesan al orden público  subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley  concede a las partes después de haberse cumplido con el  principio de la doble instancia. Se trata de un recurso  porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los  agravios”1 y resulta extraordinario por estar limitados los  motivos para su interposición, “por ser limitadas las  resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2  y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio  denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar el íntegro  de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una  jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios  de hecho (salvo los casos que tengan que ver con larelación procesal, los errores in procedendo o el control de  la logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia  judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción  normativa hace referencia a las equivocaciones que  pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la  correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben  describirse con claridad y precisión4, debiéndose señalar  que cuando se indica que debe demostrarse la incidencia  directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que  hace es señalar que el impugnante tiene que establecer  una relación de correspondencia entre los fundamentos de  la resolución que rebate y las infracciones que menciona.  Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta al  momento de analizar el recurso. SÉTIMO. Del examen de  la argumentación expuesta en el considerando quinto de la  presente resolución, se advierte que el recurso no cumple  con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo  388 del Código Procesal Civil, pues no se describen con  claridad y precisión las infracciones normativas o el  apartamiento del precedente judicial, ni se ha demostrado  la incidencia directa de tales infracciones sobre la decisión  impugnada. En efecto: 1. Respecto a la Infracción normativa  de carácter procesal al numeral 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú concordante con el artículo I  del Título Preliminar del Código Procesal Civil y al artículo  197 del Código Procesal Civil. El artículo 139 inciso 3 de la  Constitución Política del Perú, consagra como como  principio rector de la función jurisdiccional, dentro de  nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido  proceso. Derecho recogido e interpretado reiteradamente  por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el  mismo que supone la exigencia fundamentalmente a que  todo proceso o procedimiento sea desarrollado de forma tal  que, su tramitación garantice a las personas involucradas  en  él,  las  condiciones  necesarias  para  defender  adecuadamente y dentro de un plazo razonable los  derechos  u  obligaciones  sujetos  a  consideración5.  Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado lo  siguiente, respecto al núcleo duro de dicho derecho -  principio: “(…) su contenido constitucionalmente protegido  comprende una serie de garantías, formales y materiales,  de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que  el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso  una persona, se realice y concluya con el necesario respeto  y protección de todos los derechos que en él puedan  encontrarse comprendidos.” (sentencia número 7289- 2005-AA/TC, fundamento jurídico 5). Asimismo, el inciso 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú,  establece que constituye un principio - derecho de la  función jurisdiccional; “5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan”. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha  señalado en sus reiterada jurisprudencia, que uno de los  componentes esenciales del derecho al debido proceso, es  el derecho de obtener de los órganos judiciales una  respuesta razonada, motivada y congruente con las  pretensiones oportunamente deducidas por las partes en  cualquier clase de procesos. El artículo 197 del Código  Procesal Civil establece; todos los medios probatorios son  valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su  apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo  serán  expresadas  las  valoraciones  esenciales  y  determinantes que sustentan su decisión. Sin embargo,  revisada la sentencia de vista recurrida se advierte que no  existe vulneración a los artículos denunciados; toda vez,  que se verifica que se exponen los motivos en que el  Colegiado fundamenta su decisión, justificado en la  existencia de los elementos, actos sustentados, medios de  prueba que han sido valorados y expuestos en la recurrida;  de manera que se cumple la protección y la exigencia  constitucional que radica en que los justiciables tengan la  garantía de que al defenderse lo hagan adecuadamente sin  que exista ningún acto que pueda afectarlos; aunado a ello,  también es preciso mencionar que dentro de los derechos  que forman parte del contenido constitucionalmente  protegido del derecho al debido proceso se tiene, entre  ellos, al derecho al procedimiento establecido, derecho a la  defensa, derecho a la pluralidad de instancias, derecho a la  motivación de las resoluciones, derechos a los medios de  prueba, derecho a un proceso sin dilaciones indebida,  etcétera, derechos de los cuales, no se le ha privado a la  parte recurrente. Lo que denuncia la impugnante, en el  escrito que contiene el recurso de casación, es que se  realice de oficio, una prueba extemporánea, consistente en  una pericia grafotécnica al documento público denominada  partida de nacimiento, lo que ya ha sido materia depronunciamiento por la Sala Superior en su punto 3.4 al  establecer que: “al respecto, la apelante no ofreció en su  oportunidad la pericia como medio de prueba para acreditar  su alegación ya que quien alega un hecho debe probarlo  conforme el artículo 196 del Código Procesal Civil y si bien  mediante escrito de alegatos finales previo a emitir  sentencia la codemandada solicitó que de oficio se  practique una pericia sobre la partida de nacimiento de la  demandante, no era el mecanismo procesal para su  ofrecimiento porque la prueba extemporánea debe cumplir  ciertos requisitos para su admisibilidad y procedencia los  cuales se encuentran establecidos en el artículo 429 del  Código Procesal Civil; asimismo, la prueba de oficio es una  facultad del Juez, que aplicará en forma excepcional  cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes  sean insuficientes para formar convicción, lo que no ha  ocurrido en el caso concreto”; criterio que comparte el  Colegiado Supremo, pues la primera característica esencial  del medio de prueba de oficio, dada su excepcionalidad, es  que es una facultad del Juez, y no una obligación. Por lo  que, se advierte que no existe infracción normativa a los  referidos artículos toda vez que las instancias de mérito  han dado respuesta y se han pronunciado sobre lo hoy  denunciado por la recurrente, por lo que siendo así lo  pretendido no es atendible en esta Corte Suprema, pues  esta sede casatoria no constituye una instancia más en la  que se revalore las pruebas aportadas en el proceso,  habida cuenta que una de las finalidades del recurso de  casación es la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto, conforme lo establecido por el Tribunal  Constitucional peruano en el fundamento quinto segundo  párrafo de la sentencia recaída en el Expediente número  02039- 2007-PA/TC dictada el treinta de noviembre del año  dos mil nueve y publicada en el Diario Oficial “El Peruano”  el nueve de marzo del año dos mil diez, en el sentido de  que la casación se erige en algunos casos como un  mecanismo de defensa de la legalidad, por medio del cual  se asegura la sujeción de los jueces a la ley en la impartición  de justicia y por esa vía se mantiene el efecto vinculante  del derecho objetivo, debiendo desestimarse ésta infracción  que se denuncia. OCTAVO. En cuanto a la exigencia  contenida en el inciso 4 del referido artículo 388, se advierte  que la parte recurrente pretende un efecto anulatorio y  revocatorio; sin embargo, ello no es suficiente para atender  el recurso materia de calificación, toda vez que los  requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son  concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código  Procesal Civil. Por las razones expuestas, y en aplicación  de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil,  modificado por la Ley número 29364; declararon:  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por  demandada JUDITH PRUDENCIA VIUDA DE TORRES,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número diecisiete de fecha treinta y uno de mayo de dos  mil diecinueve; DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo  responsabilidad; en los seguidos por Sheyla Margarita  Torres Vega contra Judith Prudencia Arista de Torres y  otros, sobre petición de herencia y otros; y los devolvieron.  Ponente Señor Ruidías Farfán, Juez Supremo. – S.S.  ROMERO  DÍAZ,  CABELLO  MATAMALA,  AMPUDIA  HERRERA, LÉVANO VERGARA, RUIDÍAS FARFÁN 1  GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires,  1992, pág. 742. 2  GUZMÁN FLUJÁ, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia,  1996, pág. 15. 3  CALAMANDREI, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América.  Buenos Aires, 1959, pág. 55. 4  “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia  es afirmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el  que debe resolverse la cuestión suscitada”. MONTERO AROCA, Juan – FLORS  MATÍES, José. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág.  414. 5  Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párrafo 28. C-2136199-200