CASACIÓN Nº 4914-2018 LIMA
Sumilla:  Debido  a  que  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional recaída en la STC N° 00452-2012-AA/TC  emitió pronunciamiento sobre un asunto similar al fondo de  la presente controversia, esta Sala Suprema, considera su  calidad de cosa juzgada constitucional, no puede resolver en  sentido distinto a lo establecido en la referida sentencia. Lima, primero de junio de dos mil veintidós VISTA: La causa número cuatro mil novecientos catorce,  guion dos mil dieciocho, guion LIMA; en audiencia pública de  la fecha, y luego de efectuada la votación con arreglo,  interviniendo como ponente el señor juez supremo, Bermejo  Ríos, con la adhesión de los señores jueces supremos:  Aranda Rodríguez, Wong Abad y Dávila Broncano; y, con el  voto en discordia del señor juez supremo Cartolin Pastor,  con la adhesión del señor juez supremo Bustamante  Zegarra, se emite la siguiente Sentencia: I. MATERIA DEL  RECURSO Se trata del recurso de casación, de fecha trece  de octubre de dos mil diecisiete, interpuesto por la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria - Sunat (fojas trescientos cinco  del cuaderno de apelación), contra la sentencia de vista, de  fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas  doscientos uno del cuaderno de apelación), que confirma la  sentencia apelada (fojas setecientos ochenta y cinco), que  declaro fundada la demanda (interpuesta por Comercial del  Acero Sociedad Anónima - Comasa), en consecuencia, nula  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00320-A-2007. II.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO  PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN Mediante la  resolución de fecha siete de junio de dos mil dieciocho (fojas  trescientos once del cuadernillo de casación) se declaró  procedente el recurso interpuesto por la Sunat, respecto de  las siguientes infracciones normativas: a) Infracción  normativa de los artículos 6, 47, 49 y 52 del Decreto  Legislativo Nº 809 - Ley General de Aduanas, y de los  artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización y  Funciones de la Sunat, aprobado por el Decreto Supremo  N.R 115-2002-PCM (hoy Resolución de SuperintendenciaNº 122-2014/SUNAT, de fecha treinta de abril de dos mil  catorce) Alega que la infracción en la que incurrió la Sala  Superior está referida a la no aplicación de las normas que  permiten el ejercicio de la potestad aduanera y que le  conceden a la Administración las facultades de fiscalización,  clasificación y de aplicación de aranceles, previstas en la  Ley General de Aduana, el Código Tributario, el Arancel de  Aduana, el Reglamento de Organización y Funciones de la  Sunat, el Procedimiento General de Importación y el  Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico. Señala  que los argumentos de la segunda instancia afectan y  agravian la normatividad vigente aplicable, sobre todo el  artículo 6 del Decreto Legislativo N.°809- Ley General de  Aduanas, sustituido por el artículo 2 del Decreto Legislativo  N.“ 951, respecto al ejercicio de la potestad aduanera de la  Sunat. sobre acciones de control de las mercancías  arribadas a territorio nacional sometidas a régimen  aduanero, sobre el reconocimiento y verificación de la  mercancía para su calificación y el correcto pago de los  aranceles; de otro lado, según afectan los artículos 47, 49 y  52 del Decreto Legislativo Nº 809, referidos a la obligatoriedad  que el tráfico de mercancías provenientes del extranjero y  que ingresen a territorio nacional se hacen ante la Aduana  con el sometimiento al régimen aduanero correspondiente,  pasando necesariamente por el trámite de despacho  aduanero previo a su nacionalización. Es así que concluye  que el pronunciamiento que declaró fundada la demanda  infringe los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización  y Funciones de la Sunat, aprobado por el Decreto Supremo  Nº 115-2002-PCM, vigentes en su oportunidad, hoy  Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, de  fecha treinta de abril de dos mil catorce y modificatorias, al  soslayar las funciones y atribuciones de la Sunat, de aplicar,  fiscalizar y recaudar aranceles, en cuanto al obligado control  del tráfico de mercancías dentro del territorio nacional para  la correcta clasificación de mercancías conforme a las  disposiciones  procedimentales  establecidas.  Además,  sostiene que en la sentencia recurrida se inaplicaron las  Normas Técnicas de Clasificación de metales ASTM E-415  para determinar la clasificación arancelaria del producto  acero aleado con boro, desconociéndose que Aduanas solo  verifica la composición química de los productos sujetos a  clasificación arancelaria cuando llega el producto al país  conforme  al  campo  de  acción  de  sus  facultades  fiscalizadoras, hecho que solo es posible con la aplicación  del método de análisis aludido. b) Infracción normativa por  interpretación incorrecta de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC Señala que el Tribunal  Constitucional, en el Expediente Nº 000452-2012-PA/TC, de  fecha dieciocho de julio de dos mil doce, determinó que el  método de análisis del producto no es el más adecuado e  idóneo para comprobar el porcentaje de boro (0.0008%)  presente en los productos importados de acero, por lo que  su utilización por parte de la Administración Tributaria habría  sido arbitraria y lesiva del principio de interdicción de la  arbitrariedad. Sobre el particular, sostiene que el agravio  incurrido por la segunda instancia consistió en la  interpretación incorrecta de la sentencia emitida por el  Tribunal  Constitucional,  apartándose  del  precedente  constitucional, puesto que con la resolución de fecha  veinticinco de setiembre de dos mil doce, respecto de la  solicitud de nulidad sobre la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional  manifestó en su sexto considerando lo siguiente: “(...) lo  resuelto en la presente causa no puede ni debe ser tomado  en consideración por actuales o futuros actores en procesos  constitucionales, ni como doctrina jurisprudencial (...), ni  menos como precedente vinculante (...)” es decir, el mismo  Tribunal Constitucional circunscribió lo resuelto al caso  específico y no le dio el carácter de precedente vinculante  para otras causas y otros actores, por lo que no cabría tomar  como referencia para el presente caso lo resuelto por este  en la causa de amparo, bajo situación de contener un  pronunciamiento inmotivado en este extremo. De esa  manera, afirma que se reconoce la regla independencia de  los jueces de la República para la resolución de controversias  planteadas, en armonía con lo previsto por el artículo 16 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  III. ANTECEDENTES A fin de contextualizar el análisis y  respuesta judicial a las causales de casación declaradas  procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno  dar cuenta de los antecedentes del proceso: 3.1. A nivel  administrativo a) Declaración Única de Aduanas (DUA)  Nº 118-2004-10-118100-01-5-00 (fojas once) La agencia de  aduanas Transoceanic Sociedad Anónima (en adelante  “Transoceanic”), en representación de su comitente  Comercial del Acero Sociedad Anónima (en adelante  “Comasa”), mediante la precitada DUA numerada eldiecisiete de septiembre de dos mil cuatro, en siete series (1  a 7), seleccionada a canal de control rojo, solicitó a consumo  un lote de novecientos ochenta punto setecientos uno  toneladas métricas (980.701 tm) de planchas de acero  laminadas en caliente aleadas con boro originarias de  Ucrania, amparado en la Factura Comercial Nº 11040638781,  de fecha veintiuno de agosto de dos mil cuatro. Se indicó  como subpartida nacional de cada serie las siguientes: -  Serie  1:  planchas  de  acero,  Subpartida  Nacional  72085.200OO - Serie 2: planchas de acero. Subpartida  Nacional 7208520000 - Serie 3: planchas de acero,  Subpartida Nacional 72085120000 - Serie 4: planchas de  acero, Subpartida Nacional 7208511000 - Serie 5:  planchas de acero. Subpartida Nacional 7208511000 - Serie  6: planchas de acero. Subpartida Nacional 7208511000 -  Serie 7: planchas de acero, Subpartida Nacional  7208511000 b) Con fecha diecisiete de septiembre de dos  mil cuatro (fojas diecinueve del expediente administrativo),  Transoceanic, en representación de Comasa, impugnó la  Liquidación de Tributos (Formato C) de la DUA N.’’ 118- 2004-10- 118100-01-5-00 señalando que la mercancía  consistente en planchas de acero aleadas con boro, se  encuentran  clasificadas  en  la  Subpartida  Nacional  7225.40.00.00, por lo que le correspondería obtener una  diferencia en los derechos de aduana y demás tributos. c)  Resolución Directoral Nº 118 015/2004-000602, de fecha  veintidós de diciembre de dos mil cuatro, (fojas cuarenta y  dos del expediente administrativo) Resolvió lo siguiente: i)  Declarar fundada en parte la reclamación presentada por la  agencia de aduana Transoceanic, en representación de  Comasa, contra la Liquidación de Tributos (Formato C) de la  DUA N.” 118-2004-10-118100-01-5-00, en el extremo que  corresponde modificar la partida arancelaria consignada en  las series 1, 2, 5 y 6; e infundada en el extremo que no  corresponde modificar la partida arancelaria consignada en  las series 3, 4 y 7; ii) ejecutar la Carta Fianza Nº  DOOOO-668507 emitida por el Banco de Crédito por el  monto ascendente a veinticinco mil trescientos noventa y  ocho dólares americanos ($ 25,398.00); iii) sancionar a  Comasa por la infracción contenida en el numeral 10 del  inciso d) del artículo 103 de la Ley General de Aduanas,  aprobada por Decreto Legislativo N.°809, con una multa  ascendente a un décimo de la unidad impositiva tributaria  (0.1 UIT), de acuerdo con el numeral 1.4 de la Tabla de  Infracciones y Sanciones, aprobada por el Decreto Supremo  Nº 122-96-EF y modificatorias; entre otros. d) Recurso de  apelación (fojas trescientos veintitrés) Con fecha cuatro de  febrero de dos mil cinco Comasa interpuso recurso de  apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal en la  Resolución Nº 03750-A-2005, de fecha dieciséis de junio de  dos mil cinco (fojas trescientos treinta y cuatro), por la cual  dispuso  declarar  nula  la  Resolución  Directoral  Nº  118015/2004-000602. e) Resolución Directoral Nº 118  3D1000/2006-0000962, de fecha quince de marzo de dos mil  seis, resolvió lo siguiente: En atención a la decisión del  referido órgano, la Autoridad Aduanera dispuso: i) Anular la  Liquidación de Cobranza Nº 2711-2005, en ejecución de la  Resolución Nº 03750-A-2005; ii) declarar fundada en parte  la  reclamación  interpuesta  por  Transoceanic,  en  representación de Comasa contra la liquidación de tributos  de la DUA N.” 118-2004-10-118100, en cuanto a la  procedencia de la modificación de la subpartida nacional  declarada en el casillero 7.19 de las series 1.2, 5 y 6 de  dicha declaración por la Subpartida Nacional 7225.40.00.00;  e infundada en cuanto a la variación de la referida subpartida  arancelaria de la series 3, 4 y 7; iii) modificar el casillero 7.19  de las series 1, 2, 5 y 6 de la DUA N° 118-2004-10-118100  registrando en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera -  Sigad la subpartida nacional 7225.40.00.00 y reliquidar  dicha declaración; iv) modificar el casillero 7.19 de la serie 3  de la DUA Nº 118-2004-10-118100 registrando en el Sigad la  subpartida nacional 7225.50.00.00; v) ejecutar la Carta  Fianza Nº DOOO-788340 emitida por el Banco de Crédito  del Perú en garantía de la deuda tributaria aduanera  impugnada, hasta por la suma de diecinueve mil ochenta y  siete con 00/100 dólares americanos ($ 19,087.00) más los  intereses moratorios correspondientes. f) Recurso de  apelación Consecuentemente, por el escrito de fecha siete  de abril de dos mil seis3, Comasa interpuso recurso de  apelación  contra  la  Resolución  Directoral  Nº  118  3D1000/2006-000096 respecto del segundo extremo en  cuanto declaró infundado su recurso de reclamación referido  a las series 4 y 7 de la DUA Nº 118-2004-10-118100. g)  Resolución Nº 00320-A-2007 El Tribunal Fiscal, mediante  la Resolución Nº 00320-A-20074 de fecha dieciséis de enero  de dos mil siete, confirmo la impugnada. 3.2. A nivel  jurisdiccional a) Demanda Comasa, con fecha once de  mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatro, interpusodemanda contencioso administrativa contra el Tribunal  Fiscal y la Sunat, planteando como pretensión que se  revoque la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00320-A-2007 y  se deje sin efecto la Resolución Directoral Nº 118  3D1000/2005-000096. Sostuvo que las Normas Técnicas  ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales  según sus siglas en inglés) son normas técnicas elaboradas  por la Organización ASTM Internacional, que establecen  estándares técnicos para materiales, productos, sistemas y  servicios. Refirió que la Norma ASTM A751-95 adoptada en  el año noventa y cinco establece la Norma Técnica para los  Métodos de Pruebas, Prácticas y Terminología Estándares  para el Análisis Químico de Productos de Acero, existiendo  dos tipos de análisis químicos; a) Análisis de fundición o  de colada (también llamado de cuchara), el cual aplica a  los análisis Químicos representativos de la colada del acero  analizando una muestra de prueba, de preferencia obtenida  durante el vaciado del acero, para los elementos designados  en la especificación, realizándose cuando el producto se  encuentra aún en elaboración, esto es, en estado líquido y,  por tanto, con una composición homogénea que permite  tener mayor exactitud en cuanto a la composición química  del producto; b) análisis de producto, chequeo o  verificación, que es el análisis químico del producto  semiacabado o acabado, usualmente con la finalidad de  determinar la conformidad con las exigencias de la  especificación, y que se realiza una vez que el producto ya  está terminado, en el caso del acero, solidificado. Al  respecto, anotó que en el proceso de solidificación la  composición del acero aleado no es homogénea por un  fenómeno llamado segregación, el cual obliga a que, al  analizar un producto terminado, haya más tolerancia en el  rango de la composición del producto. Señaló que diversos  expertos en la materia han elaborado informes con relación  a la idoneidad de los análisis de los productos a efectos de  determinar la composición química de un acero aleado. Así,  expuso que del informe técnico elaborado por el ingeniero  Roberto Lazarte Gomero, jefe del laboratorio de materiales  de la Pontificia Universidad Católica del Perú, resulta claro  que un análisis químico realizado al momento de la colada  del acero tendrá resultados más exactos que aquel realizado  sobre el producto terminado, debido al fenómeno de la  segregación antes explicado. Es por ello, según afirmo  Comasa, que los productores de aceros solicitan a terceros  independientes  al  proceso  productivo  que  realicen  inspecciones, a fin de certificar la composición y calidad de  sus productos, los que vienen acompañados de los  documentos de inspección requeridos por el comprador (en  este caso, el importador) y entregados por el fabricante  (exportador) para los productos metálicos, y que se rigen por  las Normas Técnicas Internacionales aplicables. En tal  sentido, indicó que un producto que es importado al Perú  acompañado por el correspondiente certificado de inspección  (que contiene la composición química del producto y la  referencia a la Norma Técnica utilizada en la producción y la  inspección del producto) ya ha tenido un análisis químico  realizado al amparo de una norma técnica internacional,  más aun si se realizó durante el proceso productivo, por lo  que al tratarse de un análisis de la colada, se tiene un  resultado más cercano a la verdadera composición del acero  aleado. Anotó que en el caso de que la Administración  Tributaria desee verificar la composición química de  mercancía importada, debe ceñirse a las normas técnicas  utilizadas por el productor para la elaboración del producto a  efectos de obtener un resultado veraz; sin embargo, en el  caso de autos, al efectuarse el análisis químico para  determinar la composición de la mercancía importada, la  Autoridad Aduanera utilizó el método del análisis del  producto, el cual no sería válido, dado que la composición  del acero nunca es homogénea por el fenómeno de la  segregación, resultando ser el más apropiado el análisis de  la colada o de cuchara. b) Sentencia de primera instancia  Mediante la sentencia contenida en la resolución numero  treinta, de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce5, la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, que  en este caso actúa como primera instancia, declaró fundada  la demanda, en consecuencia, nula la Resolución Nº 00320- A-2007. La Sala Superior argumentó que resulta lo mismo  analizar una muestra del producto terminado, que hacerlo  sobre una muestra del producto en fundición, pues como  bien se explica en el informe que obra en autos, el estado  líquido en que este se encuentra hace que su composición  química se presente en forma homogénea y se mantenga su  rápida solidificación, lo que reduce significativamente la  segregación de los componentes y permite que su análisis  químico a través de los procedimientos convencionales,  arroje valores cercanos a los valores medios de loselementos presentes en el acero. Sostuvo que por la forma  en que se obtiene la muestra en cuchara, es evidente que su  resultado no puede ser igual al obtenido de una muestra del  producto terminado, en tanto este registra una segregación  mayor, debido a que su solidificación fue más lenta y no es  posible saber si la muestra obtenida corresponde donde tal  fenómeno ha permitido la mayor concentración de un  elemento químico. Asimismo, afirmo que no cambia la  situación que en el análisis del producto se emplee el  espectrofotómetro, que es un instrumento que sirve para  derretir y homogenizar solo una parte de la superficie de la  muestra tomada del producto final, pues su resultado  dependerá fundamentalmente de si la muestra corresponde  a una parte del producto con mayor o menor concentración  de boro. Manifestó que resulta relevante señalar que de la  propia Norma ASTM E-415 aparece que ella es aplicada en  los casos de acero de baja aleación, por lo que los  procedimientos de la cuchara y de la colada solo serán  efectivos en la medida que el producto presente una  concentración de boro menor al 0.0007%, no siendo  apropiados para aceros con concentración superior, es  decir, con el 0.0008% que son los clasificados en la  Subpartida Nacional 7225.40.00. Señaló que el examen  sobre  los  métodos  aplicables  para  determinar  la  concentración de boro en el acero aleado conduce a la  conclusión de que el análisis del producto terminado no  otorga certeza sobre ese hecho y, consiguientemente, que la  resolución expedida por el Tribunal Fiscal adolece de vicio  de nulidad. c) Sentencia de segunda instancia Ante el  recurso de apelación interpuesto por la Sunat6 el once de  septiembre de dos mil catorce, la Sala Civil Transitoria de la  Corte Suprema de Justicia de la República, con voto en  mayoría, emitió la sentencia de vista de fecha veintisiete de  junio de dos mil diecisiete7, confirmando la sentencia  apelada que declaró fundada la demanda. Refirió que el  Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC, que guarda estrecha  relación con el tema controvertido en autos, declaró fundada  la demanda de amparo propuesta por Comasa, al considerar  que se acreditó la violación del principio de interdicción de la  arbitrariedad, así como de los derechos al debido  procedimiento y a la propiedad privada de esta empresa, por  lo que declaro nulas las resoluciones de la Administración  Tributaria y los demás actos administrativos en los que se  haya utilizado el método de producto; ordenó a la Sunat lo  siguiente: a) Abstenerse de realizar a la demandada  nuevamente la verificación del porcentaje de boro con el que  cuenta el acero a través del método del producto; b) devolver  a Comasa los pagos efectuados en exceso por aranceles en  los procedimientos administrativos relacionados con la  importación del producto con los intereses respectivos, así  como, el abono de los costos del proceso; c) abstenerse de  cobrarle o ejecutarle a Comasa cualquier título valor que  garantice el pago de los aranceles incorrectamente  clasificados; d) no utilizar el método de análisis del producto,  sino el método de análisis de la colada o de la cuchara, en el  Procedimiento “Reconocimiento Físico-Extracción y Análisis  de Muestras” para comprobar que el producto importado de  acero es aleado con boro; y dispuso remitir copia certificada  de la sentencia a los órganos jurisdiccionales. En ese  sentido, concluyó que atendiendo a lo expuesto por el  Tribunal Constitucional, el método de análisis del producto  no resulta ser el más apropiado para verificar el  reconocimiento físico, ya que cuando se produce la  solidificación del acero se presenta el fenómeno metalúrgico  de la segregación de los elementos que componen el acero,  que determina que los elementos presentes (en el caso  concreto acero y boro) no se distribuyan de manera  homogénea en el estado sólido, de manera que habrán  zonas con mayor cantidad de un elemento y otras que  contengan menos cantidad del mismo. CONSIDERANDO  PRIMERO: MARCO NORMATIVO 1.1. La Constitución, en  su artículo 139 inciso 2, establece que ninguna autoridad  puede avocarse a causas pendientes ante el órgano  jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han  pasado  en  autoridad  de  cosa  juzgada,  ni  cortar  procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar  su ejecución”. 1.2. El inciso 3, del artículo 139 de la Carta  Magna garantiza la tutela jurisdiccional efectiva. 1.3. El  artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal  Constitucional estipula que los jueces interpretan y aplican  las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos  según los preceptos y principios constitucionales, conforme  a la interpretación de los mismos que resulte de las  resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 1.4. El  tercer párrafo del artículo 4 del Código Procesal  Constitucional prescribe que se entiende por tutela procesalefectiva aquella situación jurídica de persona en la que se  respeten, de modo enunciativo sus derechos a la actuación  adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones  judiciales. 1.5. La Primera Disposición General de la Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional señala que los Jueces  y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con  rango de ley y los reglamentos respectivos según los  preceptos y principios constitucionales, conforme a la  interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones  dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de  procesos, bajo responsabilidad. 1.6. El artículo 6 del Texto  Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado  por Decreto Legislativo NR 809, señala que el control  aduanero de las mercancías es una función asignada a la  Aduana, y en tal sentido el artículo 47 del Decreto Legislativo  NR 809 indica que “El tráfico de mercancías por las Aduanas  de la Republica será objeto de los regímenes, operaciones y  destinos aduaneros especiales o de excepción señalados en  este Título (…)” 1.7. El numeral 1 del literal A - VI del  Procedimiento INTA-PE.00.03-Procedimiento Específico:  Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras  (versión 2), señala que el “reconocimiento físico de las  mercancías” es la acción por la cual el Especialista u Oficial  de Aduanas en los casos que corresponde, verifica que la  mercancía presentada a su reconocimiento coincida con lo  consignado en la Declaración, y su documentación  complementaria en cuanto a su naturaleza, especie o  calidad, valor, cantidad, peso, medida o volumen, de acuerdo  a la mercancía, comprobando su clasificación arancelaria,  tratamiento tributario aplicable, prohibiciones, restricciones  o excepciones a que pudiera estar afecta y autorizaciones  exigibles para el régimen, operación o destino aduanero al  que se encuentra solicitada. Para ello, el Especialista u  Oficial de Aduanas, debe seleccionar los bultos o la parte de  la carga de la cual se extraerá la muestra, disponiendo la  extracción de estas. 1.8. El artículo 15 inciso m) del Decreto  Supremo N° 115-2002-PCM que aprueba el Reglamento de  Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional  de Administración Tributaria, señala que esta entidad  desarrolla y aplica sistemas de verificación y control de  calidad, cantidad, especie, clase y valor de las mercancías,  a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura  arancelaria y los derechos que le son aplicables; pues, es el  régimen aduanero que permite el ingreso legal de  mercancías provenientes del exterior, para ser destinadas al  consumo; y en tal sentido, las mercancías extranjeras se  consideraran nacionalizadas cuando haya sido concedido el  levante, momento en que culmina el despacho de  importación, tal como lo expresa el artículo 52 del mismo del  Decreto Supremo N” 115-2002-PCM. De igual forma, debe  tenerse en consideración que el artículo 4 del Decreto  Supremo  Nº  011-2005-EF  establece:  “Ninguna  otra  autoridad, organismo ni institución del Estado podrá ejercer  funciones de determinación de la deuda tributaria,  recaudación y fiscalización que conforme a la ley son  privativas de Sunat”. 1.9. La norma ASTM E-415 utilizada  por la Intendencia Nacional Aduanas para clasificar la  mercancía. SEGUNDO: CONSIDERACIONES PREVIAS  2.1. Cabe precisar que procedimiento administrativo tiene  por finalidad la emisión de un acto que otorgue o deniegue  un derecho solicitado por el administrado o, en el caso del  procedimiento sancionador, la aplicación de sanciones por la  comisión de una infracción; procedimiento que debe cumplir  con las formalidades necesarias que exige la ley para que el  acto emitido sea válido, el mismo que también debe contener  la motivación y fundamentación del funcionario o entidad  competente, por los cuales se decide otorgar o denegar el  derecho solicitado, o aplicar la sanción correspondiente a la  infracción cometida. A raíz de ello, nace el proceso  contencioso administrativo, cuya finalidad se encuentra  destinada a revisar, en sede judicial, los actos que se emiten  en dicho procedimiento administrativo, ya sea porque se  omitieron las formalidades establecidas o porque la decisión  del funcionario no se encuentra ajustada a derecho. 2.2. Las  sentencias del fuero constitucional no son ajenas a la  concepción de tutela jurisdiccional. La ejecución de  resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de  efectividad de la tutela judicial y garantiza que lo decidido  sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un  pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable,  implique ser una repuesta a su pretensión. TERCERO:  SENTENCIA RECAIDA EN EL EXPEDIENTE 00452-2012- PA/TC 3.1. Antes de analizar de las causales denunciadas,  resulta necesario tener en consideración que COMASA, de  manera previa, interpuso una demanda de amparo  solicitando como pretensiones principales que: i) se declare  inconstitucional el método de análisis del producto utilizado  por la Administración Tributaria para determinar si losproductos importados de acero se encuentran aleados con  boro; ii) se le devuelva los montos de aranceles ejecutados  o retenidos como consecuencia de la aplicación del método  cuestionado respectivos intereses, así como que se ordene  la abstención de cualquier intento de cobrar una suma  vinculada a los hechos de la demanda; y iii) se declare la  sustracción de la materia de todos los procesos contenciosos  administrativos que inicio para impugnar los actos  administrativos que le imponían el pago de un arancel  incorrecto por la aplicación arbitraria del método cuestionado.  3.2. Asimismo, como pretensión accesoria solicito que se le  ordene a la Administración Tributaria que declare de oficio la  nulidad de todos los procedimientos administrativos en los  que utilizó el método cuestionado. 3.3. En dicho proceso, el  Tribunal Constitucional (452-2012-PA/TC) considero lo  siguiente: “11. (...) el método más adecuado e idóneo que  debe utilizar la Administración Tributaria para realizar el  objetivo citado del Procedimiento “Reconocimiento Físico –  Extracción y Análisis de Muestras” en los productos  importados de acero es el del análisis de la colada o de  cuchara; es decir, debe utilizar y aplicar las Normas Técnicas  ASTMA 36/A 36M y ASTM A 6/A 6M, parlas siguientes  razones: a. Cuando se produce la solidificación del acero, es  decir, cuando se pasa del estado líquido al estado sólido, se  presenta el fenómeno metalúrgico de la segregación de los  elementos que componen el acero. Este fenómeno es  característico de las aleaciones metálicas y origina que los  elementos presentes no se distribuyan de manera  homogénea en el estado sólido, es decir, habrán zonas con  mayor cantidad de un elemento y otras zonas que contengan  menor cantidad del mismo. b. El método toma una pequeña  muestra de acero líquido de composición homogénea (por  estar en constante agitación), que se solidifica rápidamente  para reducir al mínimo el fenómeno de la segregación,  lográndose obtener un resultado más representativo de la  composición del acero, es decir, se obtienen valores muy  cercanos a los valores medios de los elementos que están  presentes en el acero. c. Realizar un análisis del producto  podría llevar a un error en la determinación del porcentaje de  los elementos constitutivos del acero, por cuanto este  método se realiza sobre pequeñas muestras extraídas del  producto terminado (barras, bocinas, perfiles, planchas,  etc.), obteniéndose resultados que están afectados por el  fenómeno de la segregación del acero, es decir, se obtienen  valores que pueden estar alejados de los valores medios de  los elementos que están presentes en el acero. Un aspecto  importante a tener en consideración es que la segregación  del acero se da en mayor grado en elementos grandes y  cuando la velocidad de solidificación es más lenta, lo que  confirma la idoneidad del análisis de la colada o cuchara, la  misma que se realiza sobre pequeñas muestras solidificadas  rápidamente (Véase Informe Técnico MAT-OCT- 869/05)”.  3.4. Dicha fundamentación lo llevo a concluir que: “(...) el  método más adecuado e idóneo para comprobar el  porcentaje de boro presente en los productos importados de  acero y poder concluir que estos se encuentran aleados con  boro es el de la colada o de cuchara, previsto en las Normas  técnicas ASTM A 36/A 36MyASTMA 6/A 6M. En tal sentido,  la Administración Tributaria deberá tener presente el numeral  7.1 de la Norma Técnica ASTM A 6/A 6M, que precisa que el  análisis de colada (momento del proceso productivo) lo  realiza el fabricante y por cada colada, oportunidad en la que  se determinara el porcentaje de carbono, manganeso,  fosforo, azufre y cualquier otro elemento que se especifica o  restringe en la especificación aplicable.” (subrayado  agregado) 3.5. Igualmente, el acotado tribunal considero  también que: ”(...) no puede ordenar la sustracción de la  materia de los procesos contenciosos administrativos  iniciados por la Sociedad demandante, por no ser acorde  con el artículo 139.2 de la Constitución. No obstante ello,  debe remitirse copia de la presente sentencia a los procesos  contenciosos  administrativos,  para  que  los  órganos  jurisdiccionales al momento de resolver, tengan presente  que por mandato del tercer párrafo del artículo VI del TP del  CPConst. y de la Primera Disposición General de la Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional, no pueden fallar en  contra de los fundamentos supra pues ello afectaría la  cosa juzgada constitucional.” (subrayado y resaltado  agregado). 3.6. Con base a ello, el Tribunal Constitucional  en la sentencia de fecha dieciocho de julio de dos mil doce,  declaro fundada la demanda de amparo interpuesta por  COMASA: y, en consecuencia: “NULAS las resoluciones de  la Administración Tributaria y los demás actos administrativos,  donde se hayan utilizado el método o análisis del producto”  Ordenando, además: “(...) que se remita copia certificada de  la sentencia de autos a los órganos jurisdiccionales  señalados en el fundamento 23. Supra, a fin de que estos  actúen de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafodel artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y en la  Primera Disposición General de la Lev Orgánica del Tribunal  Constitucional al momento de resolver los procesos  contenciosos administrativos iniciados por la sociedad  demandante”. 3.7. Al respecto, cabe mencionar que en la  lista de procesos iniciados por Comasa, a la que se hace  referencia en el fundamento 23 de la sentencia emitida por  el Tribunal Constitucional, se encuentra comprendido el  Expediente N° 744- 2007 seguido ante la Tercera Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte  Superior de Justicia de Lima, el cual corresponde al presente  caso. 3.8. En tal sentido, al haberse emitido un  pronunciamiento  definitivo  y  firme  por  el  Tribunal  Constitucional, que tiene la calidad de cosa juzgada  constitucional (conforme lo señala el propio tribunal) y que  dicta un mandato dirigido a los órganos jurisdiccionales que  resuelvan  los  procesos  contenciosos  administrativos  detallados en el fundamento 23 de la sentencia del Tribunal  Constitucional (en el cual se encuentra el presente caso), a  fin de que no resuelvan en sentido contrario a lo que se  establece en la citada sentencia; el criterio asumido por el  acotado tribunal vincula al presente proceso y debe ser  considerado. 3.9. Precisamente, el carácter de cosa juzgada  constitucional del criterio establecido en la sentencia N**  452-2012-AA/TC lo vuelve inmutable, definitivo, indiscutible  y obligatorio para los órganos jurisdiccionales señalados en  el fundamento 23 de la citada sentencia; corno es el presente  caso. 3.10. En consecuencia, el criterio asumido en la citada  sentencia por el Tribunal Constitucional debe ser considerado  por este Tribunal Supremo, ello en mérito de la calidad de  cosa juzgada constitucional atribuida y del mandato que  contiene. 3.11. Asimismo, se debe precisar que el  cumplimiento de una sentencia que tiene el carácter de cosa  juzgada constitucional tiene relación con el derecho a la  ejecución de sentencias y resoluciones, el cual forma parte  del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y cuyo  reconocimiento se encuentra contenido en el inciso 2 del  artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y  garantiza que las sentencias se ejecuten en sus propios  términos. Es en dicho sentido, que el derecho a la efectividad  de las resoluciones garantiza que lo decidido en una  sentencia se cumpla. 3.12. Por tanto, teniendo en  consideración que el Tribunal Constitucional en la Sentencia  N° 00452-2012-AA/TC ha emitido pronunciamiento sobre  controversia que cumple con la Triple Identidad (partes,  hechos y derecho) respecto de la presente, que goza de la  calidad de cosa juzgada constitucional y que contiene un  mandato expreso para su aplicación; en atención al carácter  vinculante y de inmutabilidad que le son inherentes, esta  Sala Suprema no puede resolver en sentido distinto a lo  establecido en la referida sentencia; por tanto, deben  tenerse presente las consideraciones expuestas en la  misma, reproducidas en los considerandos sexto y sétimo  de la presente. CUARTO: SOBRE LAS INFRACCIONES  DENUNCIADAS En relación a las causales denunciadas por  la Sunat se debe señalar que atendiendo al carácter de cosa  juzgada constitucional establecido para la Sentencia del  Tribunal Constitucional Nº 00452-2012-AA/TC, no resulta  factible -en el presente caso- asumir un criterio diferente al  establecido por el Tribunal Constitucional en la citada  sentencia; por lo tanto, no se aprecia que la instancia de  mérito haya incurrido .en infracción del artículo 6 del Decreto  Legislativo Nº 809- Ley General de Aduanas, sustituido por  el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 951; artículo 47, 49 y  52 del Decreto Legislativo Nº 809 - Ley General de Aduanas,  y los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización y  Funciones de la Sunat, aprobado por el Decreto Supremo Nº  115-2002-PCM; así como de las Normas técnicas de  Clasificación  de  metales  ASTM  E-415;  deviniendo  infundadas las causales denunciadas. DECISIÓN Por los  fundamentos expuestos, declararon INFUNDADO el recurso  de casación, de fecha once de octubre de dos mil diecisiete,  interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas  y de Administración Tributaria-Sunat (fojas trescientos  cinco). En consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte  Suprema de Justicia de la República, de fecha veintisiete de  junio de dos mil diecisiete (fojas doscientos uno), que  confirma la sentencia apelada (fojas setecientos ochenta y  cinco), que declaró fundada la demanda; y, DISPUSIERON  la publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano, conforme a ley; en los seguidos por Comercial del  Acero  Sociedad  Anónima  -  Comasa  contra  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria - Sunat y otro, sobre nulidad de acto administrativo;  Notifíquese por secretaria y devuélvanse los actuados. Juez  Supremo: Bermejo Ríos. SS.SS. ARANDA RODRIGUEZ,  WONG ABAD, BERMEJO RÍOS, DÁVILA BRONCANO. LASECRETARÍA DE LA QUINTA SALA DE DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el voto suscrito por los señores Jueces  Supremos Aranda Rodríguez, Wong Abad y Bermejo Ríos  fue dejado oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo  establecido en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de  la Ley Orgánica del Poder Judicial, agregándose el referido  voto suscrito a la presente resolución. EL VOTO EN  DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO CARTOLIN  PASTOR, CON LA ADHESIÓN DEL SEÑOR JUEZ  SUPREMO BUSTAMANTE ZEGARRA, ES COMO SIGUE:  I. MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación de fecha trece de  octubre de dos mil diecisiete8, interpuesto por la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria - Sunat contra la sentencia de  vista de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete9, que  dispuso confirmar la sentencia de primera instancia de fecha  veintidós de agosto de dos mil catorce10, que declaró  fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 00320-A-2007: en el proceso seguido  por Comercial del Acero Sociedad Anónima contra el  Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas  Administración  Tributaria.  II.  ANTECEDENTES  DEL  PROCESO: 2.1. De lo actuado en la vía administrativa Se  aprecia del expediente administrativo lo siguiente: 1)  Mediante la Declaración Única de Aduanas (DUA) Nº 118- 2004-10-118100-01-5-0011, numerada el diecisiete de  septiembre de dos mil cuatro, en siete series (1 a 7),  seleccionada a canal de control rojo, la agencia de aduanas  Transoceanic  Sociedad  Anónima  (en  adelante  “Transoceanic”), en representación de su comitente  Comercial del Acero Sociedad Anónima (en adelante  “Comasa”), solicito a consumo un lote de novecientos  ochenta punto setecientos un toneladas métricas (980.701  tm) de planchas de acero laminadas en caliente aleadas con  boro originarias de Ucrania, amparado en la Factura  Comercial Nº 110406387812, de fecha veintiuno de agosto de  dos mil cuatro. Se indicó como subpartida nacional de cada  serie las siguientes: • Serie 1: planchas de acero. Subpartida  Nacional 7208520000 • Serie 2: planchas de acero,  Subpartida Nacional 7208520000 • Serie 3: planchas de  acero, Subpartida Nacional 72085120000 • Serie 4:  planchas de acero, Subpartida Nacional 7208511000 •  Serie 5: planchas de acero, Subpartida Nacional 7208511000  • Serie 6: planchas de acero, Subpartida Nacional  7208511000 • Serie 7: planchas de acero, Subpartida  Nacional 7208511000 2) A través del escrito de fecha  diecisiete de septiembre de dos mil cuatro13, Transoceanic,  en representación de Comasa, impugno la Liquidación de  Tributos (Formato C) de la DUA Nº 118-2004-10-118100-01- 5-00 señalando que la mercancía consistente en planchas  de acero aleadas con boro se encuentran clasificadas en la  Subpartida  Nacional  7225.40.00.00,  por  lo  que  le  correspondería obtener una diferencia en los derechos de  aduana y demás tributos. 3) Por la Resolución Directoral  Nº 118 015/2004-00060214, de fecha veintidós de diciembre  de dos mil cuatro, se resolvió lo siguiente; a) Declarar  fundada en parte la reclamación presentada por la agencia  de aduana Transoceanic, en representación de Comasa,  contra la Liquidación de Tributos (Formato C) de la DUA N.”  118-2004-10-118100-01-5-00,  en  el  extremo  que  corresponde modificar la partida arancelaria consignada en  las series 1, 2, 5 y 6; e infundada en el extremo que no  corresponde modificar la partida arancelaria consignada en  las series 3, 4 y 7; b) ejecutar la Carta Fianza Nº  DOOOO-668507 emitida por el Banco de Crédito por el  monto ascendente a veinticinco mil trescientos noventa y  ocho dólares americanos ($ 25,398.00); c) sancionar a  Comasa por la infracción contenida en el numeral 10 del  inciso d) del artículo 103 de la Ley General de Aduanas,  aprobada por Decreto Legislativo Nº 809, con una multa  ascendente a un décimo de la unidad Impositiva tributaria  (0.1 UIT), de acuerdo con el numeral 1.4 de la Tabla de  Infracciones y Sanciones, aprobada por el Decreto Supremo  Nº 122-96-EF y modificatorias; entre otros. 4) Ante ello, con  fecha cuatro de febrero de dos mil cinco Comasa interpuso  recurso de apelación15, el cual fue atendido por el Tribunal  Fiscal en la Resolución N.R 03750-A-2005, de fecha  dieciséis de junio de dos mil cinco16, por la cual dispuso  declarar nula la Resolución Directoral N.“ 118 015/2004- 000602. 5) En atención a la decisión del referido órgano, la  Autoridad Aduanera emitió la Resolución Directoral N.R  118 3D1000/2006-00009617 de fecha quince de marzo de  dos mil seis, y resolvió lo siguiente: a) Anular la Liquidación  de Cobranza Nº 2711-2005, en ejecución de la Resolución  Nº 03750-A-2005: b) declarar fundada en parte lareclamación interpuesta por Transoceanic, en representación  de Comasa contra la liquidación de tributos de la DUA Nº  118-2004-10-118100, en cuanto a la procedencia de la  modificación de la subpartida nacional declarada en el  casillero 7.19 de las series 1. 2. 5 y 6 de dicha declaración  por la Subpartida Nacional 7225.40.00.00; e infundada en  cuanto a la variación de la referida subpartida arancelaria de  la series 3. 4 y 7; c) modificar el casillero 7.19 de las series  1. 2, 5 y 6 de la DUA Nº 118-2004-10-118100 registrando en  el Sistema Integrado de Gestión Aduanera – Sigad la  subpartida nacional 7225.40.00.00 y reliquidar dicha  declaración; d) modificar el casillero 7,19 de la serie 3 de la  DUA N.R 118-2004-10-118100 registrando en el Siqad la  subpartida nacional 7225.50.00.00; e) ejecutar la Carta  Fianza Nº DOOO-788340 emitida por el Banco de Crédito  del Perú en garantía de la deuda tributaria aduanera  impugnada, hasta por la suma de diecinueve mil ochenta y  siete con 00/100 dólares americanos ($ 19,087.00) más los  intereses  moratorios  correspondientes.  6)  Consecuentemente, por el escrito de fecha siete de abril de  dos mil seis18, Comasa interpuso recurso de apelación  contra la Resolución Directoral Nº 118 3D1000/2006-000096  respecto del segundo extremo en cuanto declaró infundado  su recurso de reclamación referido a las series 4 y 7 de la  DUA Nº 118-2004-10-118100; sin embargo, el Tribunal  Fiscal, mediante la Resolución Nº 00320-A-200719, de fecha  dieciséis de enero de dos mil siete, decidió confirmar la  impugnada. 2.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto  de la pretensión demandada De la revisión de autos se  observa que a través del escrito de fecha once de mayo de  dos mil diecisiete20, Comasa interpuso demanda contenciosa  administrativa contra el Tribunal Fiscal y la Sunat. Planteando  como pretensión que se revoque la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 00320-A-2007 y se deje sin efecto la Resolución  Directoral N.R 118 3D1000/2005-000096. Señalo como  parte de sus argumentos que las Normas técnicas ASTM  (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales según sus  siglas en inglés) son normas técnicas elaboradas por la  organización  ASTM  Internacional,  que  establecen  estándares técnicos para materiales, productos, sistemas y  servicios. Refirió que la Norma ASTM A751-95 adoptada en  el ano noventa y cinco establece la Norma Técnica para los  Métodos de Pruebas, Prácticas y Terminología estándares  para el Análisis Químico de Productos de Acero, existiendo  dos tipos de análisis químicos: a) Análisis de fundición o  de colada (también llamado de cuchara), el cual aplica a  los análisis químicos representativos de la colada de! acero  analizando una muestra de prueba, de preferencia obtenida  durante el vaciado del acero, para los elementos designados  en la especificación, realizándose cuando el producto se  encuentra aún en elaboración, esto es, en estado líquido y,  por tanto, con una composición homogénea que permite  tener mayor exactitud en cuanto a la composición química  del producto; b) análisis de producto, chequeo o  verificación, que es el análisis químico del producto  semiacabado o acabado, usualmente con la finalidad de  determinar la conformidad con las exigencias de la  especificación, y que se realiza una vez que el producto ya  está terminado, en el caso del acero, solidificado. Al  respecto, anotó que en el proceso de solidificación la  composición del acero aleado no es homogénea por un  fenómeno llamado segregación, el cual obliga a que al  analizar un producto terminado, haya más tolerancia en el  rango de la composición del producto. Señaló que diversos  expertos en la materia han elaborado informes con relación  a la idoneidad de los análisis de los productos a efectos de  determinar la composición química de un acero aleado. Así,  expuso que del informe técnico elaborado por el ingeniero  Roberto Lazarte Gomero, jefe del laboratorio de materiales  de la Pontificia Universidad Católica del Perú, resulta claro  que un análisis químico realizado al momento de la colada  del acero tendrá resultados más exactos que aquel realizado  sobre el producto terminado, debido al fenómeno de la  segregación antes explicado. Es por ello, según afirmó, que  los productores de aceros solicitan a terceros independientes  al proceso productivo que realicen inspecciones, a fin de  certificar la composición y calidad de sus productos, los que  vienen acompañados de los documentos de inspección  requeridos por el comprador (en este caso, el importador) y  entregados por el fabricante (exportador) para los productos  metálicos, y que se rigen por las Normas técnicas  internacionales aplicables. En tal sentido, indico que un  producto que es importado al Perú acompañado por el  correspondiente certificado de inspección (que contiene la  composición química del producto y la referencia a la Norma  Técnica utilizada en la producción y la inspección del  producto) ya ha tenido un análisis químico realizado al  amparo de una norma técnica internacional, más aun si serealizó durante el proceso productivo, por lo que al tratarse  de un análisis de la colada, se tiene, un resultado más  cercano a la verdadera composición del acero-afeado. Anoto  que en el caso de que la Administración Tributaria desee  verificar la composición química de una mercancía  importada, debe ceñirse a las normas técnicas utilizadas por  el productor para la elaboración del producto a efecto de  obtener un resultado veraz, sin embargo, en el caso de  autos, al efectuarse el análisis químico para determinar la  composición de la mercancía importada, la Autoridad  Aduanera utilizo el método del análisis del producto, el cual  no sería válido, dado que la composición del acero nunca es  homogénea por el fenómeno de la segregación, resultando  ser el más apropiado el aria lisis de la colada o de cuchara.  2) Fundamentos de la sentencia de primera instancia  Mediante la sentencia contenida en la resolución numero  treinta, de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce21 la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, que  en este caso actúa como primera instancia, declaro fundada  la demanda, en consecuencia, nula la Resolución Nº 00320- A-2007. La Sala Superior argumento que resulta lo mismo  analizar una muestra del producto terminado, que hacerlo  sobre una muestra del producto en fundición, pues como  bien se explica el informe que obra en autos, el estado  líquido en que este se encuentra hace que su composición  química se presente en forma homogénea y se mantenga  con su rápida solidificación, lo que reduce significativamente  la segregación de los componentes y permite que su análisis  químico a través de los procedimientos convencionales,  arroje valores muy cercanos a los valores medios de los  elementos presentes en el acero. Sostuvo que por la forma  en que se obtiene la muestra en cuchara, es evidente que su  resultado no puede ser igual al obtenido de una muestra del  producto terminado, en tanto este registra una segregación  mayor debido a que su solidificación fue más lenta y no es  posible saber si la muestra obtenida corresponde a una zona  donde tal fenómeno ha permitido la mayor concentración de  un elemento químico. Asimismo, afirmo que no cambia la  situación que en el análisis del producto se emplee el  espectrofotómetro, que es un instrumento que sirve para  derretir y homogenizar solo una parte de la superficie de la  muestra tomada del producto final, pues su resultado  dependerá fundamentalmente de si la muestra corresponde  a una parte del producto con mayor o menor concentración  de boro. Manifestó que resulta relevante señalar que de la  propia Norma ASTM E-415 aparece que ella es aplicada en  los casos de acero de baja aleación procedimientos de la  cuchara y de la colada solo serán efectivos en la medida que  el producto presente una concentración de boro menor al  0.0007% siendo apropiados para aceros con concentración  superior, es decir, con el 0.0008% que son los clasificados  en la Subpartida Nacional 7225.40.00. Señaló que el  examen sobre los métodos aplicables para determinar la  concentración de boro en el acero aleado conduce a la  conclusión de que el análisis del producto terminado no  otorga certeza sobre ese hecho y, consiguientemente, que la  resolución expedida por el Tribunal Fiscal adolece de vicio  de nulidad. 3) Fundamentos de la sentencia de vista Ante  el recurso de apelación interpuesto por la Sunat22 el once de  septiembre de dos mil catorce, la Sala Civil Transitoria de la  Corte Suprema de Justicia de la Republica, con voto en  mayoría, emitió la sentencia de vista de fecha veintisiete de  junio de dos mil diecisiete23, confirmando la sentencia  apelada que declaro fundada la demanda. Refirió que el  Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC, que guarda estrecha  relación con el tema controvertido en autos, declaro fundada  la demanda de amparo propuesta por Comasa, al considerar  que se acredito la violación del principio de interdicción de la  arbitrariedad, así como de los derechos al debido  procedimiento y a la propiedad privada de esta empresa, por  lo que declaro nulas las resoluciones de la Administración  Tributaria y los demás actos administrativos en los que se  haya utilizado el método de producto; ordeno a la Sunat lo  siguiente: a) Abstenerse de leatizar a la demandada  nuevamente la verificación del porcentaje de boro con el que  cuenta el acero a través del método del producto; b) devolver  a Comasa los pagos efectuados en exceso por aranceles en  los procedimientos administrativos relacionados con la  importación del producto con los intereses respectivos, así  corno, el abono de los costos del proceso; c) abstenerse de  cobrarle o ejecutarle a Comasa cualquier título valor que  garantice el pago de los aranceles incorrectamente  clasificados; d) no utilizar el método de análisis del producto,  sino el método de análisis de la colada o de la cuchara, en el  Procedimiento “Reconocimiento Físico-Extracción y Análisis  de Muestras” para comprobar que el producto importado deacero es aleado con boro; y dispuso remitir copia certificada  de la sentencia a los órganos jurisdiccionales. En ese  sentido, concluyo que atendiendo a lo expuesto por el  Tribunal Constitucional, el método de análisis del producto  no resulta ser el más apropiado para verificar el  reconocimiento físico, ya que cuando se produce la  solidificación del aceros se presenta el fenómeno metalúrgico  de la segregación de los elementos que componen el acero,  que determina que los elementos presentes (en el caso  concreto acero y boro) no se distribuyan de manera  homogénea en el estado sólido, de manera que habrán  zonas con mayor cantidad de un elemento y otras que  contengan menos cantidad del mismo. III. RECURSO DE  CASACION: Mediante la resolución de fecha siete de junio  de dos mil dieciocho24 se declaró procedente el recurso  interpuesto por la Sunat, respecto de las siguientes  infracciones normativas: c) Infracción normativa de los  artículos 6, 47, 49 y 52 del Decreto Legislativo N.°809 -  Ley General de Aduanas, y de los artículos 14 y 15 del  Reglamento de Organización y Funciones de la Sunat,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM (hoy  Resolución de Superintendencia N.°122-2014/SUNAT, de  fecha treinta de abril de dos mil catorce) Alega que la  infracción-en la que incurrió la Sala superior está referida a  la no aplicación de las normas que permiten el ejercicio de la  potestad aduanera y que le conceden a la Administración las  facultades de fiscalización, clasificación y de aplicación de  aranceles, previstas en la Ley General de Aduana, el Código  Tributario, el Arancel de Aduana, el Reglamento de  Organización y Funciones de la Sunat, el Procedimiento  General de Importación y el Procedimiento Específico de  Reconocimiento Físico. Señala que los argumentos de la  segunda instancia afectan y agravian la normatividad vigente  aplicable, sobre todo el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº  809 - Ley General de Aduanas, sustituido por el artículo 2 del  Decreto Legislativo N.” 951, respecto al ejercicio de la  potestad aduanera de la Sunat, sobre acciones de control de  las mercancías arribadas a territorio nacional sometidas a  régimen aduanero, sobre el reconocimiento y verificación de  la mercancía para su calificación y el correcto pago de los  aranceles; de otro lado, según asevera, afectan los artículos  47, 49 y 52 del Decreto Legislativo N.“ 809, referidos a la  obligatoriedad que el tráfico de mercancías provenientes del  extranjero y que ingresen a territorio nacional se hacen ante  la Aduana con el sometimiento al régimen aduanero  correspondiente, pasando necesariamente por el trámite de  despacho aduanero previo a su nacionalización. Es así que  concluye que el pronunciamiento que declaro fundada la  demanda infringe los artículos 14 y 15 del Reglamento de  Organización y Funciones de la Sunat, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, vigentes en su  oportunidad, hoy Resolución de Superintendencia Nº 122- 2014/SUNAT, de fecha treinta de abril de dos mil catorce y  modificatorias, al soslayar las funciones y atribuciones de la  Sunat, de aplicar, fiscalizar y recaudar aranceles, en cuanto  al obligado control del tráfico de mercancías dentro del  territorio nacional para la correcta clasificación de  mercancías conforme a las disposiciones procedimentales  establecidas. Además, sostiene que en la sentencia recurrida  se inaplicaron las Normas técnicas de Clasificación de  metales ASTM E-415 para determinar la clasificación  arancelaria  del  producto  acero  aleado  con  boro,  desconociéndose que Aduanas solo verifica la Composición  química de los productos sujetos a clasificación arancelaria  cuando llega el producto al país conforme al campo de  acción de sus facultades fiscalizadoras, hecho que solo es  posible con la aplicación del método de análisis aludido. d)  Infracción normativa por interpretación incorrecta de la  sentencia recaída en el Expediente Nº 00452-2012-PA/TC  Señala que el Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº  000452-2012-PA/TC, de fecha dieciocho de julio de dos mil  doce, determinó que el método de análisis del producto no  es el más adecuado e idóneo para comprobar el porcentaje  de boro (0.0008%) presente en los productos importados de  acero, por lo que su utilización por parte de la Administración  Tributaria habría sido arbitraria y lesiva del principio de  interdicción de la arbitrariedad. Sobre el particular, sostiene  que el agravio incurrido por la segunda instancia consistió en  la interpretación incorrecta de la sentencia emitida por el  Tribunal  Constitucional,  apartándose  del  precedente  constitucional, puesto que con la resolución de fecha  veinticinco de setiembre de dos mil doce, respecto de la  solicitud de nulidad sobre la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional  manifestó en su sexto considerando lo siguiente:”(...) lo  resuelto en la presente causa no puede ni debe ser tomado  en consideración por actuales o futuros actores en procesos  constitucionales, ni como doctrina jurisprudencial (...), nimenos como precedente vinculante es decir, el mismo  Tribunal Constitucional circunscribió lo resuelto al caso  específico y no le dio el carácter de precedente vinculante  para otras causas y otros actores, por lo que no cabría tomar  como referencia para el presente caso lo resuelto por este  en la causa de amparo, bajo situación de contener un  pronunciamiento inmotivado en este extremo. De esa  manera, afirma que se reconoce la regla independencia de  los jueces de la Republica para la resolución de controversias  planteadas, en armonía con lo previsto por el artículo 16 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  IV. CONSIDERACIONES: PRIMERO: Del recurso de  casación 1.1. El recurso de casación tiene como fines  esenciales la correcta aplicación e Interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la  Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 384 del  Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de infracción  normativa, según Rafael de Pina: “El recurso de casación ha  de fundarse en motivos previamente señalados en la ley.  Puede  interponerse  por  infracción  de  ley  o  por  quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por  infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes  que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de  la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las  partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la  casación por quebrantamiento de forma afectan [...] a  infracciones en el procedimiento”25. En ese sentido, se  entiende que la causal de infracción normativa supone una  violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en  el fondo26. 1.3. De acuerdo con ello, el recurso de casación  es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya  concesión y presupuestos de admisión y procedencia están  vinculados a los “fines esenciales” para los cuales se ha  previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación del  derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia, como se ha anotado;  siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país  tienen efectos multiplicadores y, a su vez, permiten la  estabilidad jurídica y el desarrollo de la nación, de allí la  importancia de sus decisiones. 1.4. A su vez, corresponde  mencionar, de manera preliminar, que la función nomofiláctica  del recurso de casación garantiza que los Tribunales  Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto  del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así  cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y  procesales, y procurando su adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión  fáctica asentada en sede judicial Al respecto, resulta  conveniente precisar que en sede casatoria no se evalúan  pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido  discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se  procede a señalar la situación táctica que ha quedado  sentada durante el proceso: 1) Con fecha diecisiete de  septiembre de dos mil cuatro, la agencia de aduanas  Transoceanic, en representación de su comitente Comasa,  numero la Declaración Única de Aduanas Nº 118-2004-10- 118100-01-5-00, seleccionada aleatoriamente a canal rojo,  solicitando a consumo un lote de novecientos ochenta punto  setecientos un toneladas métricas (980.701 tm) de planchas  de acero laminadas en caliente aleadas con boro, originarias  de Ucrania, amparado en la Factura Comercial N.”  1104063878. En esta sede se declaró como subpartida  nacional de las series materia de controversia, entre otras,  las siguientes: Serie 4: planchas de acero, subpartida  nacional 7208511000 Serie 7: planchas de acero, subpartida  nacional 7208511000 2) La autoridad aduanera efectuó el  análisis químico de los productos de importados, a través del  Laboratorio Central de la Aduana, empleando para tal efecto  la Norma Técnica ASTM E-415 (análisis del producto), con la  finalidad de determinar el nivel de aleación del boro, y como  resultado se determinó que las mercancías de la serie 4 y 7  de la DUA Nº 118-2004-118100 tienen un nivel de boro en el  acero por debajo del 0.0008%27. 3) Como consecuencia del  análisis químico de las mercancías correspondientes a las  series 4 y 7, la Autoridad Aduanera dispuso que la  Subpartidas Nacionales correctas eran las siguientes: -  Serie 4: Subpartida Nacional declarada: 7208511000 (12%  arancel de aduanas Subpartida Nacional Referencial;  7208511000, según boletín químico, en tanto tiene un  contenido de boro de 0.0005% La administrada impugno los  derechos de aduana para un cambio de Subpartida Nacional  declarada a la siguiente 7225.40.00.00 (4% de arancel de  aduanas)28. - Serie 7: Subpartida Nacional declarada  7208511000 (12% arancel de aduanas) Subpartida Nacional  referencial: 7208511000. Según boletín químico, en tanto  tiene un contenido de boro de 0.0004% La administrada  impugno los derechos de aduana para un cambio subpartida  nacional a la siguiente 7225.40.00.00 (4% de arancel deaduanas)29. TERCERO: Cuestión en debate Habiéndose  delimitado la situación fáctica asentada en el proceso,  corresponde señalar que la cuestión controvertida en el  presente caso consiste en determinar si el método de  análisis de producto utilizado por la Autoridad Aduanera  para calcular el porcentaje del elemento boro en la  composición del acero de baja aleación en productos  terminados, para los efectos de clasificar la partida  arancelaria, era el idóneo; o si, por el contrario, debió utilizar  el método de análisis de la colada o de cuchara.  CUARTO: Respecto de la infracción por interpretación  incorrecta de la sentencia recaída en el Expediente Nº  00452-2012-PA/TC  4.1.  La  Administración  Tributaria  argumento que la Sala Suprema que actuó segunda  instancia interpretó incorrectamente la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente N.R 00452-2012- PA/TC, pues en el fundamento sexto de esta Resolución se  expuso que lo decidido en dicha no puede ni debe ser  tomado en consideración por actuales o futuros actores en  procesos constitucionales, ni como doctrina jurisprudencial  ni como precedente vinculante; con ello, según refiere, el  propio Tribunal Constitucional circunscribió lo resuelto al  caso específico y no le dio el carácter de precedente  vinculante para otras causas y otros actores, por lo que no  cabría tomar como referencia lo resuelto por este en la  causa de amparo, para el presente caso. 4.2. Atendiendo a  lo expuesto por la Sunat con relación a la calidad y efectos  de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC y la incidencia en lo  resuelto por la Sala Suprema que actuó como órgano de  segunda instancia, se procederá a abordar los temas  referentes a la independencia judicial, el proceso de amparo,  la cosa juzgada, el precedente vinculante, la jurisprudencia  constitucional y el estado de cosas inconstitucional, a fin de  poder determinar si la misma era vinculante o no para la  Sala Civil Suprema que resolvió la presente causa, o si en su  caso, podía apartarse de la misma a fin de determinar con  mayor  profundidad  si  la  Subpartida  Nacional  que  correspondía a los productos importados por Comercial del  Acero, a través de la DUA N.R 118-2004-10-118100-01-5- 00, era correcta. 4.3. La independencia judicial La  independencia judicial constituye un principio de orden  constitucional que tiene por objeto garantizar la plena  libertad de los jueces y vocales en el ejercicio de la función  jurisdiccional30. Nuestra Constitución Política la consagra en  el inciso 2 de su artículo 139, bajo el siguiente texto:  “Principios de la Administración de Justicia Artículo  139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  [...] 2. La independencia en el ejercicio de la función  jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas  pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el  ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto  resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada,  ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias  ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el  derecho de gracia ni la facultad de investigación del  Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en  el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional  alguno”. Este principio encuentra expresión legal en el  artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N.R 017- 93-JUS, cuyo tenor es el que se detalla: “Carácter  vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la  administración de justicia. Artículo 4. Toda persona y  autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las  decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas  de autoridad judicial competente, en sus propios términos,  sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir  sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad  civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna  autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de  la organización jerárquica del Poder Judicial, puede  avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el  órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto  resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni  modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar  procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política,  administrativa, civil y penal que la ley determine en cada  caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia”. La  independencia judicial tiene reconocimiento, a su vez, en la  Convención Americana sobre Derechos Humanos31en cuyo  artículo 8.1 se dispone que toda persona tiene derecho a ser  oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo  razonable, por un juez o tribunal competente, independiente  e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la  sustanciación de cualquier acusación penal formulada  contra ella, o para la determinación de sus derechos y  obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos32 reconoce también en su artículo 14 que  toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente, y con  las  debidas  garantías  por  un  tribunal  competente,  independiente e imparcial, establecido por la ley, en la  sustanciación de cualquier acusación de carácter penal  formulada contra ella o para la determinación de sus  derechos u obligaciones de carácter civil. La independencia  de los tribunales corresponde al principio básico de que toda  persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales ordinarios  con arreglo a los procedimientos legales establecidos; por lo  tanto, la independencia de la judicatura, como órgano, es  fundamento esencial de la justicia que debe impartir el  Estado, así como la independencia personal de los jueces  es indispensable para asegurar su imparcialidad y hacer  posible que puedan ejercer sus funciones con autonomía y  sin presiones y ambas (independencia de la judicatura e  independencia de los jueces) garantizan el derecho al  debido proceso de toda persona sometida a juicio de  cualquier naturaleza33. La Corte Interamericana de Derechos  Humanos ha desarrollado este principio en su producción  Jurisprudencial, como en la sentencia del Caso San Miguel  Sosa y otras contra Venezuela, de fecha ocho de febrero de  dos mil dieciocho, en la que expuso lo siguiente: “207. El  objetivo de la garantía de independencia de los jueces  radica en evitar que el sistema judicial y sus integrantes se  vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de  su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o  incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen  funciones de revisión o apelación. Además, la garantía de la  independencia judicial abarca la garantía contra presiones  externas, de tal forma que el Estado debe abstenerse de  realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus  integrantes, es decir, con relación a la persona del juez  especifico, debe prevenir dichas injerencias y debe investigar  y sancionar a quienes las cometan”. Tal como lo expone la  mencionada  instancia  internacional,  el  principio  de  independencia judicial implica evitar que los jueces se vean  sometidos a injerencias externas cuando resuelvan causas  sometidas a su competencia. En esa línea, se reconoce que  los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose  en los hechos y en consonancia con el derecho, sin  restricciones ni influencias o intromisiones indebidas  cualesquiera sectores o por cualquier motivo34. Como se  evidencia, el concepto de independencia judicial es  proclamado tanto a nivel nacional como internacional como  un principio fundamental de la administración de justicia, con  cuya observancia se busca garantizar la aprobación de  decisiones jurisdiccionales imparciales y justas, al velar por  que los jueces resuelvan las causas sometidas a su  conocimiento en el marco de la ley y en función a los hechos  que se fijen en el proceso, evitando que cualquier persona o  grupo de personas puedan interferir en esta labor. 4.4. El  proceso de amparo El proceso constitucional de amparo se  encuentra normado en el inciso 2 del artículo 200 de la  Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:  “Acciones de Garantía Constitucional Artículo 200.- Son  garantías constitucionales: [...] 2. La Acción de Amparo, que  procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier  autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los  demás derechos reconocidos por la Constitución, con  excepción de los señalados en el inciso siguiente. No  procede contra normas legales ni contra Resoluciones  Judiciales emanadas de procedimiento regular”. De acuerdo  con el citado texto constitucional, el proceso de amparo es  concebido. Como una garantía constitucional destinada a  proteger los derechos constitucionales de las personas que  sean distintos al de libertad individual, protegida por el  habeas corpus, y a los protegidos por el habeas data. El  Tribunal Constitucional ha señalado que el proceso de  amparo tiene una doble naturaleza, pues por un lado  persigue no solo la tutela subjetiva de los derechos  fundamentales de las personas, sino también comprende la  tutela objetiva de la Constitución, dado que la protección de  los derechos fundamentales no solo es de interés para el  titular de un determinado derecho, sino también para el  propio Estado y para la colectividad en general35. El objeto  de este proceso constitucional -es decir, la pretensión  procesal consiste en la petición dirigida a un órgano  jurisdiccional en la que se invoca como sustento la violación  o amenaza de violación de un derecho fundamental -distinto  a la libertad individual y a los derechos protegidos por el  habeas data- cometida por una autoridad, funcionario o  persona36. Cabe señalar que la pretensión de amparo es  fundamentalmente una de condena, pues persigue una  declaración judicial que debe ponerse en práctica obligando  al emplazado a que haga, deshaga, no haga o entregue algo  al afectado; es decir, lo que se pide al órgano jurisdiccionales una declaración de la que se arranque el derecho a  obtener una prestación del demandado37. En cuanto al  contenido de la sentencia en el proceso de amparo, en el  artículo 17 del Código Procesal Constitucional se refiere que  sin  importar  en  sentido  adoptado  -estimatorio  o  desestimatorio- esta deberá contener como mínimo: a) La  identificación del demandante; b) la identificación de la  autoridad, funcionario o persona de quien provenga la  amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una  norma legal o un acto administrativo; c) la determinación  precisa del derecho vulnerado, o la consideración de que el  mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la  determinación  de  la  obligación  incumplida:  d)  la  fundamentación que conduce a la decisión adoptada;, y e) la  decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato  concreto dispuesto. Aunado a ello, en caso la demanda de  amparo sea declarada fundada, en el artículo 55 del mismo  texto legal se prevé que estas sentencias contengan - según  corresponda- la identificación del derecho constitucional  vulnerado; la declaración de nulidad, restitución o  restablecimiento de los derechos constitucionales; asa como  el orden y la definición precisa de la conducta a cumplir por  parte del demandado. Finalmente, los efectos personales de  la sentencia de amparo se expresan en dos modalidades38:  1) El efecto general o erga omnes, a través de dos tipos de  fallos: vía precedente vinculante, y mediante la declaratoria  del estado de cosas inconstitucionales, con efecto más allá  de las partes; y 2) el carácter concreto o Inter partes. Por lo  tanto, el proceso de amparo tiene como objeto la protección  de los demás derechos constitucionales reconocidos en la  Constitución Política distintos a la libertad individual y a los  protegidos por el habeas data, y se dirige contra cualquier  autoridad, funcionario o persona que los vulnere o amenace.  Asimismo, la protección que eventualmente pueda otorgarse  mediante  una  sentencia  estimatoria  se  dirigirá  exclusivamente contra la parte demandada, salvo que se  apruebe con efectos generales o erga omnes, modalidad  que se presentará cuando la sentencia apruebe un  precedente vinculante o se declare un estado de cosas  inconstitucionales. 4.5. La cosa juzgada En el inciso 2 del  artículo 139 de la Constitución Política del Estado se recoge  la figura de la cosa juzgada, el que cuenta con desarrollo  legal en el artículo 123 del Código Procesal Civil, cuyo  tenores el siguiente: “Cosa Juzgada.- Artículo 123.- Una  resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 1.  No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los  ya resueltos: o 2. Las partes renuncian expresamente a  interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los  plazos sin formularlos. La cosa juzgada solo alcanza a las  partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin  embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos  dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos  derechos dependen los de las partes, si hubieran sido  citados con la demanda. La resolución que adquiere la  autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de Id  dispuesto en los Artículos 178 y 407”. La cosa juzgada  puede calificarse como la autoridad y eficacia de una  sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de  impugnación que permitan modificarla; en ese sentido,  constituye la calidad o el atributo propio del fallo que emana  de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter  definitivo39. Esta figura procesal tiene como fundamento la  seguridad jurídica al dar estabilidad a las resoluciones  judiciales, tanto en lo concerniente al derecho material como  al procesal. De acuerdo con el marco normativo citado, son  características de las resoluciones judiciales que adquieren  la calidad de cosa juzgada la inimpugnabilidad, la  inmutabilidad y la coercitividad, ello con la finalidad de que el  órgano jurisdiccional no emita sentencias contradictorias, y  que se respeten los pronunciamientos que solucionaron las  causas por los jueces anteriores, evitando sean dejadas sin  efecto o desnaturalizadas. El Tribunal Constitucional ha  expresado, en reiterada jurisprudencia, que mediante el  derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la  autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo  justiciable, en primer lugar, a que resoluciones que hayan  puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas a  través de medios impugnatorios, ya sea porque estos han  sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para  impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las  resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda  ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros  poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos  órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se  dictó40. Por otra parte, en el caso específico de los procesos  constitucionales, la figura de la cosa juzgada es abordada en  el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, con el  siguiente tenor: “Articulo 6.- Cosa Juzgada En los procesosconstitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada  la decisión final que se pronuncie sobre el fondo”. De  acuerdo con la citada disposición, en este tipo de procesos  solo adquieren calidad de cosa juzgada las decisiones  finales que se pronuncian sobre el fondo de la controversia,  es decir, aquellos pronunciamientos que sean estimatorios o  desestimatorios, mas no otros que, aun poniendo fin al  proceso, no hayan resuelto el tema de fondo planteado por  el demandante presuntamente afectado. 4.6. Sobre el  precedente vinculante y la jurisprudencia constitucional  El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal  Constitucional, aprobado por la Ley Nº 28237, establece lo  siguiente: “Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación  Constitucional Cuando exista incompatibilidad entre una  norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez  debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para  resolver la controversia y no sea posible obtener una  interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no  pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad  haya sido confirmada en un proceso de inconstitucional o en  un proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y  aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los  reglamentos  según  los  preceptos  y  principios  constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos  que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal  Constitucional”. Por su parte, el artículo Vll de la referida ley  tiene el tenor que se detalla: “Artículo VIl.- Precedente Las  sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la  autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante  cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo  de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional  resuelva apartándose del precedente, debe expresar los  fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la  sentencia y las razones por las cuales se aparta del  precedente”. Adicionalmente, en la Primera Disposición  Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,  aprobada por la Ley N.” 28301, se estipula lo siguiente:  “PRIMERA.- Los Jueces y Tribunales Interpretan y aplican  las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos  respectivos según los preceptos y principios constitucionales,  conforme a la interpretación de los mismos que resulte de  las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en  todo tipo de procesos, bajo responsabilidad”. En principio,  de acuerdo con lo expuesto por el profesor Landa Arroyo, el  precedente vinculante está referido a un caso concreto, que  por su trascendencia servirá para establecer reglas jurídicas  abstractas y generales que serán de aplicación obligatoria  para casos iguales en el futuro; de ahí que, según refiere, la  vinculación establecida por el precedente alcance no solo a  los demás poderes del Estado sino también a los particulares,  pues lo que se establece en el caso que sienta precedente  deberá aplicarse para casos idénticos41. Para reconocer si  nos encontramos frente a una sentencia que constituya  precedente vinculante, el tenor del citado artículo Vll del  Título Preliminar del Código Procesal Constitucional  establece que esta condición la adquieren aquellas  sentencias expedidas por Tribunal Constitucional que así lo  hayan expresado y, para tales efectos, dicho órgano deberá  indicar el extremo de la misma que tendrá efectos  normativos, vale decir, la regla con carácter general y  abstracto que regirá en nuestro ordenamiento jurídico. Por  otro lado, respecto de la jurisprudencia constitucional, el  profesor  García  Toma  manifiesta  que  tiene  como  característica común con el precedente constitucional, el  tener efecto vinculante, no obstante, este último ejerce  potestad reguladora de alcance general a partir de su sola  emisión, no necesitando, por tanto, la reiteración uniforme  de su efecto normativo; así, conforme expone, en la praxis  se exige la existencia de tres o más jurisprudencias en el  mismo sentido para alcanzar efecto vinculante42. De manera  similar se expresa el profesor Landa Arroyo, quien refiere  que a diferencia del precedente vinculante, que tiene efectos  normativos, en la se requiere una pluralidad de sentencias  constitucionales orientadas en el mismo sentido interpretativo  de un derecho fundamental o de una norma, para que sea  exigible su cumplimiento, cuyo sentido vinculante estará  dirigido a los jueces, es decir, goza de efectos interpretativos  específicamente para la judicatura ordinaria o especializada43.  4.7. El estado de cosas inconstitucional El estado de  cosas inconstitucional es una técnica acogida por el Tribunal  Constitucional -utilizada por vez primera en la sentencia de  fecha de fecha seis de abril de dos mil cuatro, recaída en el  Expediente Nº 2579-2003-HD/TC-, que tiene como finalidad,  en un proceso constitucional de la libertad, se efectúe un  requerimiento especifico o genérico a uno o varios órganos  públicos a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen  o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria  de derechos fundamentales, que repercuta en la esferasubjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el  cual se origina la declaración44. Por consiguiente, a través de  esta medida, el Tribunal Constitucional busca extender los  alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos  casos en los que de la realización de un acto u omisión se  hubiese derivado o generado una violación generalizada de  derechos fundamentales de distintas personas. Esta técnica  se fundamenta en el Estado Social, Democrático y  Constitucional de Derecho, en tanto en este la protección de  la dimensión objetiva de los derechos fundamentales cobra  el mismo valor que la protección de su dimensión subjetiva;  en efecto, la naturaleza normativa de la Constitución y su  ubicación en el vértice de la pirámide jerárquica, imponen a  todos los organismos y autoridades públicas, la creación y  aplicación de cuantos mecanismos y herramientas se  disponga para garantizar el fin supremo, vale decir, la  realización de la persona a través de la protección de sus  derechos fundamentales45 Asimismo, la anotada técnica se  fundamenta en el principio de dignidad de la persona  humana, el principio de igualdad y el derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva46, y ha sido acogida en diversa  jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la emitida  en, los Expedientes Nº 6089-2006-AA/TC, 6626-2006-AA/ TC o 3426-2008-HC, entre otros. 4.8. Respecto de los  alcances de la sentencia recaída en el Expediente Nº  00452-2012-PA/TC La Sala de Merito resolvió el presente  caso de acuerdo al criterio aprobado por el Tribunal  Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº  00452- 2012-PA/TC, de fecha dieciocho de julio de dos mil  doce, posición que asumió atendiendo -según expuso-al  tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código  Procesal Constitucional, el cual establece que los jueces  interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley  y los reglamentos según los preceptos y principios  constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos  que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal  Constitucional. En principio, se observa que la referida  sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional surge de la  demanda de amparo que el dieciocho de abril de dos mil  once Comasa interpuso contra la Sunat y el Tribunal Fiscal;  vale decir, se trata de una sentencia dictada en favor de  quien ahora -en este proceso contencioso administrativo-  tiene también la calidad de demandante, por lo que la  controversia en esta sede casatoria se centra en determinar  si la aprobación de dicha ejecutoria constitucional debía  variar en la decisión adoptada por la Sala Civil de la Corte  Suprema en la sentencia de vista recurrida. Para dar  respuesta a esta interrogante, resulta necesario dejar  constancia de algunos hechos vinculados con ambos  procesos -de amparo y contencioso administrativo-,  relacionados, sobre todo, con los momentos en que Comasa  ejerció su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en  ambas vías, las pretensiones que planteo en cada una de  ellas, y que resolvió exactamente el Tribunal Constitucional  en la sentencia de amparo mencionada: 1) El once de mayo  de dos mil siete, modificada con fecha dieciocho de  mayo de dos mil siete. Comasa interpuso demanda  contencioso administrativa contra la Sunat y el Tribunal  Fiscal, en la que planteo la corno pretensión principal que se  revoque la Resolución N.R 00320-A-2007, emitida por el  Tribunal Fiscal con fecha diecisiete de enero de dos mil  siete, y se deje sin efecto la Resolución Directoral N.“ 118- 3D1000/2005-000096 emitida por la Intendencia de Aduana  Marítima del Callao. 2) El ocho de abril de dos mil once.  Comasa interpuso una demanda de amparo contra la  Sunat y el Tribunal Fiscal, en la que planteo las siguientes  pretensiones: a) Primera pretensión principal: Se declare  inconstitucional  el  procedimiento  administrativo  de  verificación denominado “análisis de producto”, realizado  por la Sunat sobre productos de acero aleado con boro, que  ingresen al país; en consecuencia, se ordene la nulidad e  invalidez de la prueba y, como tal, nulos e inválidos todos  aquellos actos que se sustenten en dicha prueba. b)  Pretensión accesoria a la primera pretensión principal: Se  ordene a la Sunat la declaración de oficio de nulidad de  todos los procedimientos administrativos seguidos contra  Comasa a raíz de la inconstitucional utilización del  mencionado método de análisis de producto; para tal efecto,  se debía declarar la nulidad de oficio de, entre otros, la  Resolución N.“ 320-A-2007. c) Segunda pretensión principal:  Se ordene la devolución de los montos Inconstitucionalmente  ejecutados o retenidos a Comasa, así como la cesación y  nulidad de cualquier .intento de ejecución, por parte de la  Sunat, de cualquier suma vinculada a estos hechos, los que  sustentan en función a cada procedimiento administrativo  iniciado por la Sunat, haciendo referencia a, entre otros, la  Resolución N.R 320-A-2007. d) Pretensión accesoria a la  secunda pretensión principal: Se ordene el pago de losintereses correspondientes al momento en que la autoridad  aduanera devuelva a Comasa los impuestos aduaneros  inconstitucionalmente cobrados, haciendo indicación a la  deuda reconocida mediante la Resolución Nº 320-A-2007. e)  Tercera pretensión principal: Se declare la sustracción de la  materia de todos los procesos judiciales iniciados por  Comasa y que tienen como objetivo la impugnación o nulidad  de actos administrativos que determinaron que Comasa  debía pagar al Estado un arancel incorrecto, haciendo  mención a veintidós (22) procesos judiciales, entre los  cuales se encontraba el seguido bajo Expediente Nº 744- 2007 -numeración con la que identifico inicialmente el  presente proceso ante las instancias de mérito-. 3) El  dieciocho de julio de dos mil doce, el Tribunal  Constitucional emitió sentencia respecto del referido proceso  de amparo entablado por Comasa el ocho de abril de dos mil  once, bajo el Expediente N.R 00452-2012-PA/TC, en la cual  resolvió declarar fundada la demanda de Comasa por  vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad,  así como de los derechos al debido procedimiento  administrativo y a la propiedad privada de la demandante, en  tanto determino que resultaba razonable que el método más  adecuado e idóneo para comprobar el porcentaje de boro  presente en los productos importados de acero y poder  concluir que estos se encuentran aleados con boro, era el de  la colada o de cuchara, y no el utilizado por la Sunat, el de  análisis del producto. En dicho pronunciamiento, el órgano  constitucional aprobó, de manera particular, los siguientes  mandatos: ≪ 1. Declarar FUNDADA la demanda, por  haberse acreditado la violación del principio de interdicción  de la arbitrariedad, así como de los derechos al debido  procedimiento administrativo .y a la propiedad privada de la  sociedad demandante; en consecuencia: d) NULAS las  resoluciones de la Administración Tributaria y los demás  actos administrativos, donde se hayan utilizado el método o  análisis del producto; b) La Superintendencia Nacional de  Administración Tributaria debe abstenerse de realizarle a la  demandante nuevamente la verificación del porcentaje de  boro con que cuenta el acero a través del método del  producto. c) La Superintendencia Nacional de Administración  Tributaria debe devolver a Comercial del Acero S.A. los  pagos efectuados en exceso por aranceles, en los  procedimientos  administrativos  relacionados  con  la  importación de productos de acero aleados con boro y la  aplicación del método de análisis del producto, con los  intereses respectivos; así como el abono de los costos del  proceso. d) La Superintendencia Nacional de Administración  Tributaria debe abstenerse de cobrarle o ejecutarle a  Comercial del Acero S.A. cualquier título valor que garantice  el pago de los aranceles incorrectamente clasificados. 2.  ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Administración  Tributaria que, en lo sucesivo, en el Procedimiento  “Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras”  para comprobar que el producto importado de acero es  aleado con boro no utilice el método de análisis del producto,  sino el método de análisis de la colada o de cuchara. 3.  ORDENAR que se remita copia certificada de la sentencia  de autos a los órganos jurisdiccionales señalados en el  fundamento 23, supra, a fin de que estos actúen de  conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo  VI del Título Preliminar del CPConst. y en la Primera  Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional al momento de resolver los procesos  contenciosos administrativos iniciados por la sociedad  demandante≪. De acuerdo con lo expuesto esta Sala  Suprema verifica que Comasa entabló primigeniamente  -once de mayo de dos mil siete- una demanda contencioso  administrativa contra la Sunat y el Tribunal Fiscal con el fin  de obtener en la vía ordinaria la declaración de nulidad de la  Resolución  Nº  00320-A-2007,  y  después  de  aproximadamente tres años y diez meses -el ocho de abril  de dos mil once- recurrió a la vía constitucional para  solicitar que se declare también la nulidad de la misma  resolución administrativa y, consecuentemente, se ordene la  sustracción de la materia del primer proceso judicial, en el  entendido de que la instancia constitucional tenia injerencia  en dicho proceso judicial iniciado previamente por esta  parte. De lo anotado se tiene que Comasa decidió recurrir de  manera originaria a la vía ordinaria -antes de la presentación  del proceso de amparo-, para determinar la legalidad de la  Resolución Nº 00320-A-2007, otorgando competencia a los  jueces de la especialidad contencioso administrativa para  dilucidar dicha discusión, la que no podía ser conocida luego  por ninguna autoridad o funcionario distinto a- los jueces que  tramitaron  dicha  causa,  en  virtud  al  principio  de  independencia judicial reseñado anteriormente, salvo que se  hubiera producido en un momento posterior algún supuesto  de conclusión anticipada del proceso sin pronunciamientosobre el fondo -desistimiento, abandono u otro-, que en el  caso de autos no ocurrió. El Tribunal Constitucional, versado  en  los  alcances  de  la  garantía  constitucional  de  independencia judicial, emitió sentencia estimatoria en el  proceso de amparo instaurado por Comasa, pero cuidando  de no interferir con la labor jurisdiccional de los jueces  ordinarios que venían conociendo sobre la legalidad de las  distintas resoluciones administrativas mencionadas por  Comasa en su demanda -como la Resolución Nº 00320-A- 2007- lo que se pone en evidencia al analizar el fallo de la  sentencia emitida bajo el Expediente Nº 00452-2012-PA/TC.  En efecto, en dicha ejecutoria, el Tribunal Constitucional no  solo no amparo la pretensión de Comasa -tercera pretensión  principal- por la que exigía la sustracción de la materia en los  procesos contencioso administrativos en los que se venían  conociendo la legalidad de la postura asumida por las  entidades demandadas respecto de la aplicación del método  técnico para determinar la correcta partida arancelaria del  acero de baja aleación en productos terminados, sino que  tampoco declaro expresamente la nulidad de la resoluciones  administrativas indicadas por la demandante -entre ellas, la  Resolución Nº 01701-A-2009-, aun cuando fue solicitado en  su escrito de demanda de amparo -pretensión accesoria a la  primera pretensión principal-. Por lo tanto, si bien el Tribunal  Constitucional estimo las dos primeras pretensiones  principales de la demanda de amparo de Comasa (referidas  a que se declare la inconstitucionalidad del procedimiento  administrativo  verificatorio  denominado  “análisis  de  producto” realizado por la Sunat y se ordene la devolución  de los montos que, por este motivo, se hayan ejecutado o  retenido en perjuicio de esta parte), no acogió las  pretensiones accesorias vinculadas con ellas, ni mucho  menos la tercera pretensión principal (sobre sustracción de  la materia de los procesos contencioso administrativos en  trámite). En su lugar, en el punto tercero de la parte resolutiva  de la mencionada ejecutoria, el Tribunal Constitucional  ordenó remitir copia certificada de la misma a los órganos  jurisdiccionales que conocían de los veintidós (22) procesos  contencioso administrativos iniciados por Comasa, para que  estos actúen de conformidad con el artículo VI del Título  Preliminar del Código Procesal Constitucional y la Primera  Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional, al momento de resolverlos. En este sentido,  se pone en evidencia que los jueces especializados en lo  contencioso administrativo no se encontraban ante los  efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional que, en  calidad de cosa juzgada, declarase expresamente la nulidad  de las resoluciones administrativas cuya legalidad debían  revisar -a pesar de que Comasa lo planteo en su demanda  constitucional-, ni se les impedía continuar con el trámite de  las causas pendientes de resolver, para así emitir un  pronunciamiento  de  fondo  según  las  pretensiones  planteadas por la demandante en la vía ordinaria;  observándose, de esta manera, el respeto a la independencia  de los jueces en la labor que desempeñaban. Por otro lado,  los efectos Inter partes de la sentencia del Tribunal  Constitucional a favor de Comasa, como cosa juzgada, se  fijaron al declararse la nulidad y sin efecto todas aquellas  resoluciones emitidas por la Administración Tributaria y  demás actos administrativos donde se hayan utilizado el  método o análisis del producto, así como la devolución de  los pagos efectuados en exceso por aranceles en aquellos  casos relacionados con la importación de productos de  acero aleados con boro, mandatos que recayeron  directamente sobre las entidades demandadas en el proceso  de amparo -Sunat y Tribunal Fiscal-, que impiden alegar que  se haya dejado sin protección los derechos constitucionales  amparados por dicho órgano jurisdiccional a favor de la  demandante. Ahora bien, en este punto corresponde analizar  si la Sala Superior debió tomar en cuenta la sentencia del  Expediente Nº 00452-2012-PA/TC como jurisprudencia con  efectos generales o erga omnes; vale decir, será necesario  analizar si la postura adoptada por el Tribunal Constitucional  no solo debía ser respetada por quienes formaron parte del  proceso constitucional, sino también si resultaba vinculante  y  exigible  a  terceros  -incluyendo  a  los  órganos  jurisdiccionales- en función a los alcances que dicho órgano  constitucional haya plasmado en la sentencia. Al respecto,  se aprecia que dicha ejecutoria no aprueba un precedente  vinculante en los términos expresados en el artículo Vll del  Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, toda  vez que no ha sido expresamente aprobada de esta forma  por el Tribunal Constitucional y, en ese sentido, no otorga a  ninguno de sus enunciados carácter normativo. Asimismo,  tampoco aplica la figura del estado de cosas inconstitucional,  pues no hace mención a ella en el desarrollo del caso ni en  la parte resolutiva de la sentencia. En cuanto al concepto de  jurisprudencia constitucional vinculante previsto en elartículo VI del Título Preliminar del Código Procesal  Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo  expuesto previamente, el órgano constitucional estimo las  dos primeras pretensiones principales planteadas por  Comasa en su demanda de amparo y ordenó ciertas  medidas para salvaguardar sus derechos constitucionales  lesionados; pero, en cuanto a la tercera pretensión principal,  no hubo un pronunciamiento que acogiera el pedido de  Comasa, sino que se estableció lo siguiente en el tercer  punto de su parte resolutiva, invocando la aplicación de los  indicados dispositivos normativos: “ORDENAR que se  remita copla certificada de la sentencia de autos a los  órganos jurisdiccionales señalados en el fundamento  23, supra, a fin de que estos actúen de conformidad con  lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo VI del Título  Preliminar del CPConst. y en la Primera Disposición  General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al  momento  de  resolver  los  procesos  contencioso  administrativos iniciados por la sociedad demandante”  (resaltado añadido). Sobre este pronunciamiento, en el  fundamento 23 de la ejecutoria, el Tribunal Constitucional  refirió que no podía ordenar la sustracción de la materia de  los veintidós (22) procesos contencioso administrativos  iniciados por Comasa vinculados con este tema, por no ser  acorde con el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución  Política; por ello, dispuso que se remitan copias de esta  sentencia a los correspondientes expedientes con el objeto  de que los jueces la tengan presente al momento de resolver,  entre los que se hizo mención al Expediente Nº 744-2007  -número de origen de la presente causa-. Sin perjuicio de  ello, a través de la resolución de fecha veinticinco de  septiembre de dos mil doce, emitida posteriormente en el  mismo proceso de amparo, el intérprete constitucional  atendió las solicitudes de aclaración presentadas por la  Sunat y el Tribunal Fiscal contra la mencionada sentencia y  expuso lo siguiente en el punto 6 de su parte considerativa:  “[...] lo resuelto en la presente causa no puede ni debe  ser tomado en consideración por actuales o futuros  actores en procesos constitucionales, ni como doctrina  jurisprudencial (tercer párrafo del artículo VI del TP del  CPConst.) ni obvio, menos -porque no cabría ni se dan las  características de ley- como precedente vinculante (artículo  Vll del TP del CPConst.)” (énfasis añadido). Tal como se  evidencia  del  citado  texto  aclaratorio,  el  Tribunal  Constitucional resto los efectos de una jurisprudencia  constitucional vinculante a la sentencia que dictó en el  Expediente N.R 00452-2012-PA/TC, con lo cual el criterio  interpretativo que asumió en ella no sería exigible de cara a  los jueces que conocen los mencionados procesos  contencioso administrativos; esto es, si bien en estos se  discute cual sería el método adecuado para comprobar el  porcentaje de boro presente en los productos importados de  acero, la posición del Tribunal Constitucional seria referencial  mas no obligatoria. Aunado a ello, el Tribunal Constitucional  incluso  dispuso  restringir  los  alcances  del  criterio  interpretativo asumido en dicha ejecutoria, dejando, a su  vez, establecido que las partes en dicho proceso  constitucional -Comasa, el Tribunal Fiscal y la Sunat-  tampoco podrían utilizarlo para que se tome en consideración  en otros procesos constitucionales, con lo cual también  impidió que la parte vencedora, Comasa, se vea igualmente  favorecida con sus efectos en otras causas. Por lo expuesto,  a criterio de quien suscribe, en merito a lo señalado por el  Tribunal Constitucional en la resolución aclaratoria de la  sentencia recaída en el Expediente Nº 00452-2012-PA/TC,  jurisprudencia constitucional tenga efectos vinculantes  sobre los jueces de los procesos contencioso administrativos  como el presente, en el que se debatió la legalidad de lo  resuelto por el Tribunal Fiscal y la Sunat que consideraron  que el método aplicable en casos como el descrito debe ser  el de análisis de producto. Cabe agregar que la mencionada  sentencia tampoco califica como jurisprudencia constitucional  vinculante según las mencionadas nociones reconocidas  sobre esta figura, pues no nos encontramos ante varias  ejecutorias que aborden un mismo sentido interpretativo  sobre un derecho constitucional, sino ante un caso aislado  que, a su vez, ha sido descalificado por el Tribunal  Constitucional para que sea tomado en cuenta por otros  jueces que conozcan de esta misma materia. Es preciso  reiterar que en el mencionado fundamento 23 de la sentencia  del Expediente N.R 00452-2012-PA/TC, el propio interprete  constitucional hizo mención al principio de independencia  judicial previsto en el inciso 2 del artículo 139 de la  Constitución Política, el que garantiza que los jueces  resuelvan las causas sujetos únicamente al imperio de la ley  y la Constitución, sin que puedan mediar sobre ellos  intromisiones o se adopten medidas injustificadas que lesresten legitimidad al momento de dilucidar una controversia.  Siendo ello así, si bien el Tribunal Constitucional, a través de  la sentencia recaída en el Expediente N.R 00452-2012-PA/ TC, asumía en su texto sin aclarar que la posición recogida  en ella debía ser utilizada por los jueces especializados en lo  contencioso administrativo para resolver determinados  procesos en trámite con el objeto de imponer un criterio  interpretativo -el que no tenía efectos generales al no  constituir  precedente  vinculante  o  jurisprudencia  constitucional vinculante, ni establecía un estado de cosas  inconstitucional-, luego aclaró esta cuestión y señaló que no  contaba con tales efectos oponibles a los demás-órganos  jurisdiccionales. En ese sentido, tenemos que la Sala Civil  Transitoria de la Corte Suprema vulneró la cosa juzgada al  haber aplicado la postura asumida por el Tribunal  Constitucional en el Expediente Nº 00452-2012-PA/TC,  teniéndola como criterio vinculante para efectos de  determinar el porcentaje de boro en atención a los métodos  de la colada o de análisis del producto, sin detenerse a  considerar la resolución aclaratoria, que especificaba sus  efectos solo para ese caso, y no para que se tome en  consideración en otros procesos, como sería la presente  controversia. En ese sentido, corresponde declarar fundado  el recurso de casación interpuesto por la Sunat por indebida  aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída  en el Expediente Nº 00452-2012-PA/TC. QUINTO: Sobre la  infracción normativa de los artículos 6, 47, 49 y 52 del  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 809 -  Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo  Nº 129-2004-EF y los artículos 14 y 15 del Reglamento de  Organización y Funciones de la Sunat, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM 5.1. La recurrente  señala como argumentos, en este extremo, que la infracción  en la que incurrió la Sala de Merito está referida a la no  aplicación de las normas que permiten el ejercicio de la  potestad aduanera y que conceden a la Administración las  facultades de fiscalización, clasificación y de aplicación de  aranceles, previstas en la Ley General de Aduanas, el  Código Tributario, el Arancel de Aduanas , el Reglamento de  Organización y Funciones de la Sunat, el Procedimiento  General de Importación y el Procedimiento Específico de  Reconocimiento Físico. 5.2. En ese contexto, tenemos que  en torno a la potestad aduanera que ejerce Aduanas, el  artículo 6 de la Texto Único Ordenado de la Ley General de  Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N.R 129-2004- EF, aplicable al presente caso en cazón de temporalidad,  establece lo siguiente: “Articulo 6.- Potestad aduanera es el  conjunto de facultades y atribuciones que tiene la SUNAT  para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida  de personas, mercancías y medios de transporte, hacia  y desde el territorio aduanero, así como para aplicar y  hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que  regulan el ordenamiento jurídico aduanero […]” (énfasis  agregado) A su vez, los artículos 47 y 49 de la norma antes  referida tienen el tenor que se detalla: “Articulo 47.- El tráfico  de mercancías por las Aduanas de la Republica será objeto  de los regímenes, operaciones y destinos aduaneros  especiales o de excepción señalados en este Título. Las  mercancías sujetas a Convenios y Tratados Internacionales  se rigen por lo dispuesto en ellos. [...] Artículo 49.- La SUNAT,  señalará los porcentajes de reconocimiento físico  aleatorio de las mercancías sujetas a los regímenes,  operaciones y destinos aduaneros, así como los lugares  en los que podrá efectuarse. La regla general aplicable a  dichos porcentajes de reconocimiento será de cinco por  ciento (5%). pudiendo la SUNAT aplicar porcentajes  mayores, el que en ningún caso deberá exceder del quince  por ciento (15%), salvo el caso de las aduanas de provincia  porcentaje  será  aprobado  por  Resolución  de  Superintendencia conforme a los criterios que establezca el  reglamento. [...]” (resaltado añadido). Por su parte, en el  artículo 52 del mismo cuerpo normativo se estipula sobre la  importación lo siguiente: “Articulo 52.- Es el régimen  aduanero que permite el ingreso legal de mercancías  provenientes del exterior, para ser destinadas al  consumo. [...]” (énfasis agregado). De Igual manera, el  artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM,  aplicable al presente caso en razón de temporalidad, tiene el  tenor que se detalla: “Articulo 14.- La Superintendencia  Nacional de Administración Tributaria con las facultades y  prerrogativas que le son propias en su calidad de  administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad: [...]  c) Administrar y controlar el tráfico internacional de  mercancías dentro del territorio aduanero y recaudar los  tributos aplicables conforme a ley. d) Facilitar las actividades  aduaneras de comercio exterior, así inspeccionar el tráfico  internacional de personas y medios de como transportey desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir  la comisión de delitos aduaneros [...]” (resaltado añadido).  Mientras que en el artículo 15 de la referida norma se  determina lo siguiente; “Articulo 15.- Son fundones y  atribuciones  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Administración Tributaria: [...] j) Controlar y fiscalizar el  tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y  naturaleza a nivel nacional [...] (énfasis agregado). 5.3. La  descripción normativa antes mencionada respecto a la  capacidad y facultad que ostenta las Aduanas engloba lo  que se denomina la potestad aduanera; en torno a esto,  Fernando Cosío Jara manifiesta lo siguiente: “El control  aduanero no está limitado a las operaciones de carácter  comercial de determinada envergadura, como señala el  mexicano Rohde ‘la soberanía aduanera se ejerce sobre los  hechos y actos que intentan traspasar el territorio del país  introduciendo o extrayendo cosas y medios de transporte sin  considerar si esos hechos están dentro o fuera del comercio”,  por ello el control aduanero se extiende al intercambio  fronterizo o de pacotilla, al de envíos postales y al  contrabando”47 5.4. Así, de lo descrito se advierte que la  Autoridad Aduanera, a través de su potestad aduanera, se  encuentra facultada a regular el ingreso y salida de  mercancías dentro del territorio aduanero; y como parte de  esta facultad de regulación, encontramos, entre otras, a la  acción de fiscalización y control de mercancías, que  comprende el reconocimiento físico de las mismas. En  relación con este último, del Glosario de Términos Aduaneros  establecido en el Texto Único .Ordenado de la Ley General  de Aduanas se entiende por reconocimiento físico de  mercancías a la operación que consiste en verificar lo  declarado, mediante una o varias de las siguientes  actuaciones:  reconocer  las  mercancías,  verificar  su  naturaleza y valor, establecer su peso o medida. En los  casos en que corresponda, la Autoridad Aduanera podrá  verificar que las mercancías presentadas a su reconocimiento  coincidan con lo consignado en la declaración y su  documentación complementaria en cuanto a su naturaleza,  especie o calidad, valor, cantidad, peso, medida o volumen  de acuerdo a la mercancía, comprobando su clasificación  arancelaria, tratamiento tributario aplicable, prohibiciones,  restricciones o excepciones que pudiera estar afecta y  autorizaciones exigibles para el régimen, operación o  destino aduanero al que se encuentra solicitada. Asimismo,  en el numeral 1 del literal B de la sección VI del Procedimiento  Específico de Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis  de Muestras INTAPE.00.03 (versión 2) se señala lo siguiente:  “1. [...] El Laboratorio Central de ADUANAS, es el encargado  de efectuar el análisis de las muestras extraídas durante el  reconocimiento físico, las correspondientes a los Pedidos de  Clasificación Arancelaria de la INTA y las provenientes de  acciones de Fiscalización de la INFA” De ello debe  entenderse que la Autoridad Aduanera se encuentra  facultada, durante el reconocimiento físico de las mercancías,  a extraer muestras para su respectivo análisis, cuya finalidad  podría estar orientada a determinar la naturaleza y  composición de la mercancía, ya sea como consecuencia de  la presentación de solicitudes de clasificación arancelaria de  la INTA o de las provenientes de acciones de control de la  INFA. De igual manera, como parte de sus acciones de  fiscalización y control, la Autoridad Aduanera podrá analizar  si la subpartida nacional declarada por el importador al  momento de efectuar su declaración es la correcta, para lo  cual realizará el procedimiento de clasificación arancelaria,  el que contiene dos acciones claramente identificables: la  primera referida al estudio merceológico, el cual recoge las  características, descripción y propiedades de las mercancías,  describiéndolo lo más detalladamente posible; y la segunda  etapa referida a la clasificación arancelaria propiamente  dicha, para cuyo efecto debe partirse de las conclusiones del  estudio merceológico y ubicar la mercancía en cuestión  dentro del Arancel de Aduanas. 5.5. Sobre el método para  determinar el porcentaje del elemento boro en la  composición del acero de baja aleación en productos  terminados En el literal f) de la Nota 1 del Capítulo 72 del  Arancel de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº  2039-2001-EF48, norma vigente al momento de los hechos,  se señala que cuando el acero presenta un componente  de boro igual o mayor a 0.0008% se considera acero  aleado. Así, de la revisión de! expediente administrativo se  advierte que la empresa Comasa declaro la importación de  planchas de acero laminado en caliente con boro, utilizando  la calidad ASTM A 36 (método de análisis de la colada), las  cuales fueron signadas bajo las subpartidas nacionales  siguientes: Serie 1: planchas de acero, subpartida nacional  7208520000 Serie 2: planchas de acero, subpartida nacional  7208520000 Serie 3: planchas de acero, subpartida nacional  7208512000 Serle 4: planchas de acero, subpartidanacional 7208511000 Serie 5: planchas de acero, subpartida  nacional 7208511000 Serie 6: planchas de acero, subpartida  nacional 7208511000 Serie 7: planchas de acero,  subpartida nacional 7208511000 Por lo que correspondía  pagar por todas ellas el doce por ciento (12%) del Arancel de  Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 239-2001-EF.  Posteriormente, Comasa solicito la rectificación de la  liquidación de las subpartidas nacionales declaradas sobre  su mercancía, para lo cual la Autoridad Aduanera extrajo  muestras de los productos contenidos en la importación con  la finalidad de analizarlas y determinar su naturaleza,  utilizando el método del análisis del producto (Norma  Técnica ASTM E-415). Del cual resulto la emisión, entre  otros, de los Boletines Químicos N.os118- 2004-01172949  (serie 4) y 118-2004-01173250 (serie 7), en los que se detalló  la composición de la mercancía contenida del modo  siguiente: Serie 4 Acero sin alear Contenido de boro igual a  0.0005% Subpartida Nacional declarada 7208511000  Subpartida Nacional referencial 7208511000 Serie 7 Acero  sin alear Contenido de boro igual a 0.0004% Subpartida  Nacional declarada 7208511000 Subpartida Nacional  referencial 7208511000 En consecuencia, la Autoridad  Aduanera confirmó Subpartida Nacional 7208511000,  asignada inicialmente a las series 7 y 4, cuyo arancel de  aduanas correspondía al doce por ciento (12%) del valor en  aduanas, y no el solicitado por Comasa, correspondiente a  la Subpartida Nacional 7225400000, cuyo arancel es del  cuatro por ciento (4%) del valor en aduanas. 5.6. Respecto  del “análisis de la colada” y del “análisis del producto”  tenemos el Informe Técnico emitido por la Universidad  Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Geológica,  Minera y Metalúrgica51, en el cual se ha señalado que en  método del análisis de la colada el fabricante debe realizar  un análisis década colada, para determinar el porcentaje de  carbono, manganeso, fosforo, azufre y cualquier otro  elemento especificado o restringido para la especificación  aplicable. Este análisis debe hacerse en una probeta de  ensayo, preferentemente, tomada durante el vaciado del  acero líquido (colada), es decir, donde se encuentra el  mineral; asimismo, se ha indicado que el análisis de la  colada debe ser reportado al comprador y estar de acuerdo  a los requerimientos del análisis de la colada, de una  especificación aplicable. A su vez, sobre el método del  análisis del producto, se ha manifestado que el comprador  puede analizar el material acabado representativo de cada  colada, y que las muestras deben estar de acuerdo con la  Norma Técnica ASTM A751; en ese sentido, según se ha  expuesto,  la  composición  química,  de  este  modo  determinada, debe estar de acuerdo a los requerimientos de  la especificación del producto y en conformidad a las  tolerancias del análisis del producto señaladas en la Tabla B.  Así también, tenemos el Informe Técnico MAT-OCT-869/05,  emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú52 con  fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco, en el cual se  ha indicado, respecto del “análisis de la colada”, que este  se realiza en la planta siderúrgica donde se produce el  acero, y que consiste en efectuar el análisis químico en una  muestra tomada del acero en estado líquido; asimismo, con  relación al método de “análisis del producto”, se ha  señalado que este se realiza sobre una muestra extraída del  producto terminado (planchas, perfiles o barras). En ese  sentido, se puede afirmar que el análisis de la colada o de  cuchara (Norma Técnica ASTM A36/A 36M) se efectúa  durante su vaciado, esto es, durante la fabricación del acero,  el cual es realizado en la planta de origen; mientras que el  análisis del producto (Norma Técnica ASTM E-415)  permite analizar el acero en estado sólido, es decir, cuando  el producto está terminado o semiterminado, cuya muestra  podrá ser recabada incluso cuando el producto sea objeto  de reconocimiento físico en un procedimiento de importación  o exportación. En consecuencia, al ser importado el material  de acero a nuestro país, la Autoridad Aduanera puede  recabar muestras del mismo para determinar el porcentaje  de algún elemento contenido en él, y con ello establecer si la  subpartida nacional declarada por el importador es la  correcta; siendo diferente el caso con el método de la colada,  pues este solo se puede realizar en el país de origen. Por lo  tanto, el método del análisis de producto resulta ser un  método idóneo y legalmente valido para determinar el  porcentaje de boro en el acero, pues permite el análisis  químico cuando la mercancía se encuentra en el territorio  aduanero nacional. Siendo así, en el Informe Nº 3342-2005/ SUNAT-3D120, de fecha dieciocho de agosto de dos mil  cinco53, se señaló que de acuerdo al Procedimiento  Especifico INTA-PE.00.03 - Reconocimiento Físico -  Extracción y Análisis de Muestras, versión 2, la toma de  muestras para el análisis químico se realiza en el momento  del reconocimiento físico. Refiere que el Análisis QuímicoASTME415 es un método standard de análisis químico que  cubre la determinación de aleaciones metálicas y elementos  residuales, en aceros de baja aleación, mediante la  espectrometría de emisión óptica al vacío para carbón y  aceros de baja aleación, en muestras de control rutinario,  pruebas de cuchara, hornos eléctricos y productos  terminados. Este método cubre la determinación simultanea  de 20 aleantes y elementos residuales, en los rangos de  concentración enunciados; es usado tanto en laboratorios  de control de calidad de siderúrgicas, fundiciones,  laboratorios privados laboratorios de universidades y  laboratorios de aduanas del mundo, tal es el caso de la  Aduana de Estados Unidos de América. La aplicación de la  norma técnica de análisis químico efectuada en este caso en  el Laboratorio Central de Sunat es para comprobar los  parámetros máximos y mínimos exigidos en la Nota Legal  Cap. 72 (1-f) que menciona cuantitativamente cuando define  un acero aleado o un acero sin alear. Este informe ratifica los  Boletines Químicos N.os118-2004-11729 y 118-2004- 11732,  los cuales establecieron que respecto de la serie 4 y 7,  respectivamente, la subpartida nacional que corresponde a  los productos importados es la 7208511000, en tanto su  composición está por debajo del contenido de boro de  0.0008%, utilizando el método ASTM E-415 (análisis del  producto). Con lo anterior se advierte que Aduanas, al  realizar el reconocimiento físico de las mercancías  importadas por la empresa Comasa, ordeno que se analice  su composición química, utilizando para tal efecto la Norma  Técnica ASTM E-415, ello con el fin de determinar, entre  otros aspectos, si la clasificación arancelaria era la correcta;  y obtuvo finalmente como resultado un porcentaje de boro  menor a 0.0008% (acero no aleado) en las serles 4 y 7, por  lo que resolvió confirmar las subpartidas nacionales  asignadas. Así también, debe señalarse que la Norma ASTM  E-415 cubre la determinación Simultánea de veinte aleantes  y elementos residuales en aceros al carbón y aceros de baja  aleación en los rangos de concentración de boro de 0 -  0.007%, entre otros elementos, con lo cual queda  corroborado que la Norma Técnica ASTM E-415 permite  determinar el porcentaje de boro -entre otros elementos en  un producto de acero. En ese sentido, se concluye que en el  presente caso la Autoridad Aduanera, basada en su potestad  aduanera,  se  encontraba  facultada  a  realizar  el  reconocimiento físico de las mercancías importadas, lo que  comprende la toma de muestras, aplicando el análisis del  producto (Norma Técnica ASTM E-415), pues el mismo  constituye un método idóneo para determinar el porcentaje  de boro en el acero cuando la mercancía se encuentra en  nuestro territorio aduanero. 5.7. Por consiguiente, dado que  la Sala de Merito resolvió que era aplicable el método de  “análisis de la colada” (Norma Técnica ASTM A 36/A 36/M y  ASTM A 6/A 6M) -el cual no puede ser realizado en nuestro  territorio aduanero, sino en el país de origen- y no el método  “análisis del producto” (Norma técnica ASTM E-415) que  realizó Aduanas -el cual permite determinar el porcentaje de  boro en material acero y puede ser efectuado en nuestro  territorio  aduanero-,  vulneró  la  potestad  aduanera  establecida por ley de la cual goza esta entidad, puesto que  desconoció su facultad de analizar la naturaleza de las  mercancías que son objeto del procedimiento de fiscalización  y cuya tramitación está sujeta a su regulación y control.  Debe agregarse que la facultad de fiscalización y control  otorgada por la propia ley a la Autoridad Aduanera, no puede  ser negada bajo acciones que impidan su ejercicio, pues no  solo se pone en riesgo el control que debe realizar en su  condición de ente regulador el comercio exterior, sino  también como garante de la seguridad nacional. Además,  corresponde precisar que la demandante no ha demostrado  que el método de análisis de mercancía contenida en la  Norma Técnica ASTM E-415 arroje resultados falsos; por el  contrario, de los informes técnicos y la normatividad  correspondiente se desprende que ambos métodos resultan  validos; empero, resulta evidente que quien realiza la  clasificación arancelaria es la Aduana y lo hace en el  territorio nacional, por lo que ni el certificado ni la factura de  adquisición de la mercancía adjuntas en el proceso de  importación aportan información sobre las características  merceológicas del producto importado. 5.8. En el presente  caso, la Sala de Mérito no tomo en cuenta la potestad  aduanera de la Sunat al resolver que no era aplicable el  método de análisis del producto, el cual fue utilizado por  Aduanas para realizar el reconocimiento físico de las  mercancías materia de importación. En ese sentido, no  resulta valida la posición asumida por los órganos  jurisdiccionales en cuanto a que el anotado método no es  idóneo para obtener el porcentaje de boro en material acero,  no coincidiendo con la adoptada en la Resolución N.” 00320- A-2007, objeto de impugnación en este proceso; por ende,corresponde declarar fundado el recurso interpuesto por la  Sunat, por vulneración a la potestad aduanera de la cual  goza. V. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados, con  lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en lo  Contencioso Administrativo, y en aplicación de lo establecido  en el artículo 396 del Código Procesal Civil , modificado por  el artículo 1 de la Ley N° 29364: se declare FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat;  en consecuencia, SE CASE la sentencia de vista de fecha  veintisiete de junio de dos mil- diecisiete: y actuando en  sede de instancia. SE REVOQUE la sentencia apelada de  fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, que declaró  fundada la demanda, y REFORMÁNDOLA, se declare  INFUNDADA la demanda: se disponga la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme  a ley. En los seguidos por Comercial del Acero Sociedad  Anónima - Comasa contra la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat y otro, sobre  nulidad de acto administrativo; y se devuelva los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo Cartolin  Pastor. SS.SS. CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE  ZEGARRA. LA SECRETARÍA DE LA QUINTA SALA DE  DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA  DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  REPÚBLICA CERTIFICA que el voto suscrito por los  señores Jueces Supremos Cartolin Pastor y Bustamante  Zegarra fue dejado oportunamente en relatoría, en  cumplimiento a lo establecido en el artículo 149° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  agregándose el referido voto suscrito a la presente  resolución. 1  Obrante a fojas 15 del expediente administrativo. 2  Obrante a fojas 479 del expediente administrativo 3  Obrante a fojas 585 del expediente administrativo 4  Obrante a fojas 628 del expediente administrativo 5  Obrante a fojas 785 del expediente principal 6  Obrante a fojas 832 del expediente principal 7  Obrante a fojas 201 del cuaderno de apelación. 8  Obrante a fojas 305 del cuaderno de apelación. 9  Obrante a fojas 201 del cuaderno de apelación. 10  Obrante a fojas 785 del expediente principal. 11  Obrante a fojas 11 del expediente administrativo. 12  Obrante a fojas 15 del expediente administrativo. 13  Obrante a fojas 19 del expediente administrativo. 14  Obrante a fojas 42 del expediente administrativo 15  Obrante a fojas 323 del expediente administrativo 16  Obrante a fojas 334 del expediente administrativo 17  Obrante a fojas 479 del expediente administrativo 18  Obrante a fojas 585 del expediente administrativo 19  Obrante a fojas 628 del expediente administrativo 20  Obrante a fojas 4 del expediente principal 21  Obrante a fojas 785 del expediente principal. 22  Obrante a fojas 832 del expediente principal. 23  Obrante a fojas 201 del cuaderno de apelación. 24  Obrante a fojas 311 del cuaderno de casación. 25  De Pina, Rafael (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones  Jurídicas Hispano Americana; p.222. 26  Escobar Fornos, Iván (1990).Introducción al proceso. Bogotá, Colombia: Editorial  Temis; p.241. 27  Boletín Químico N° 118-2004-011732, obrante a fojas 23 y 26 del expediente  administrativo. 28  Impugnación de derechos de aduana, obrante a fojas 19 del expediente  administrativo 29  Impugnación de derechos de aduana, obrante a fojas 19 del expediente  administrativo 30  Castañeda ´Portocarrero, Fernando (2007). “Aproximación al régimen jurídico de la  independencia judicial en el Perú”. Foro Jurídico (7); p. 55. Recuperado de http:// revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18456 31  Suscrita por el Perú el 27 de julio de 1977, y ratificada en el 12 de julio de 1978. 32  Suscrito por el Perú el 11 de agosto de 1977, y ratificado por la Décimo Sexta  Disposición General y Transitoria del Título VIII de la Constitución Política del 1979. 33  Abreu Burelli, Alirio. “Independencia judicial (jurisprudencia de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos”. Anuario de Derecho Constitucional  Latinoamericano / 2007; p.643. Recuperado de https//revistas-colaboración. juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/ view/30394. 34  Según el fundamento 197 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de  Derechos Humanos en el Caso López Lone y otros contra Honduras, de fecha 5  de octubre de 2015. 35  Según el fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 0023-2005-PI/TC, de fecha 27 de octubre de 2006. 36  Abad Yupanqui, Samuel Abad (2008). El proceso constitucional de amparo. Lima,  Perú: Gaceta Jurídica; p.105. 37  Abad Yupanqui, ob.cit., p.105. 38  Eto Cruz, Gerardo. ”El proceso constitucional de amparo en la constitución de 1993  y su desarrollo”. Pensamiento Constitucional (18); p.17339  Ledesma Narváez, Marianella (2011). Comentarios al código Procesal Civil.  Análisis artículo por artículo. Tomo I. Lima, Perú: Gaceta Jurídica; p.309. 40  Según el fundamento 38 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en  el Expediente Nº 04587-2004-AA/TC, de fecha 29 de noviembre de 2005. 41  Morales Saravia, Francisco (2017). Los procedentes constitucionales vinculantes  y su aplicación por el TC. Análisis jurisprudencial de la última década. Lima, Perú:  Gaceta Jurídica; p.73. 42  Morales Saravia, Francisco, ob. Cit.,p.61. 43  Morales Saravia, Francisco, ob. Cit., p.61 44  Según el fundamento 19 de la sentencia del tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 2579-2003-HD/TC, de fecha 6 de abril de 2004. 45  Vásquez Armas, Renato. “La técnica de declaración del ´Estado de cosas  inconstitucional´ Fundamentos y análisis de sus aplicación por el Tribunal  Constitucional Peruano”.Ius Et Veritas (41); p.139. 46  Vásquez Armas, ob.cit.,p.134 47  Cosio Jara, Fernando (2014). Tratado de Derecho Aduanero. Lima, Perú: Jurista  Editores; p.378. 48  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 29 de diciembre de 2001. 49  Obrante a fojas 26 del expediente administrativo 50  Obrante a fojas 23 del expediente administrativo 51  Obrante a fojas 88 del expediente administrativo 52  Obrante a fojas 59 del expediente principal. 53  Obrante a fojas 361 del expediente administrativo. C-2136204-9