CASACIÓN Nº 5171-2019 TUMBES
MATERIA: REPOSICIÓN Lima, catorce de julio de dos mil veintiuno. VISTOS;  y,  CONSIDERANDO:  PRIMERO.-  Es  de  conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de  casación interpuesto por el Ministerio de Agricultura y Riego,  a fojas ciento noventa y seis, contra la sentencia de vista  contenida en la Resolución número 8, de fecha tres de  diciembre de dos mil dieciocho, de fojas ciento sesenta y seis,  emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior  de Justicia de Tumbes, que confirmó la sentencia apelada,  Resolución número 4, de fecha veinte de setiembre de dos mil  dieciocho, de fojas ciento catorce, que declaró fundada en  parte la demanda sobre Reposición, de fojas cincuenta y  cuatro, subsanada a fojas sesenta y ocho, en consecuencia,  declaró la existencia de un vínculo laboral entre la demandada  y el demandante Nick Rojas Prescott, bajo el Régimen Laboral  de la Actividad Privada del Decreto Legislativo número 728, a  plazo indeterminado en el periodo: tres de noviembre de dos  mil dieciséis al uno de junio de dos mil dieciocho, por  desnaturalización de los contratos de locación de servicios,  con costos y sin costas del proceso; fijó por concepto de  honorarios profesionales del abogado de la parte demandante,  ordenando a la demandada cumpla con pagar la suma de mil  quinientos soles (S/1,500.00) por dicho concepto, más el  cinco por ciento de ese monto a favor del Colegio de Abogados  de Tumbes, que equivale a la suma de setenta y cinco soles  (S/75.00), debiendo abonarse en ejecución de sentencia, y  sin costas procesales, con lo demás que contiene; medio  impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia  deben ser verificados, de conformidad con los artículos 35 y  36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.  SEGUNDO.- El acto de calificación del recurso de casación,  conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley  Procesal de Trabajo, concordante con el artículo 387 del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364,  comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de  los requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) La  naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se  impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala  Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al  proceso; b) Los recaudos especiales del recurso: si el recurso  de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia  de la República, debe acompañar copia de la cédula de  notificación de la resolución impugnada y de la expedida en  primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el  abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su  autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante  el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c)  La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo  de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la  resolución que se impugna, más el término de la distancia  cuando corresponda; y, d) El control de pago de la tasa  judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al  tiempo de la interposición del recurso. TERCERO.- En el  presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos  de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone  contra la sentencia de vista contenida en la Resolución  número 8, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, de  fojas ciento sesenta y seis, emitida por la Sala Laboral  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, no  requiriendo adjuntar los recaudos adicionales, en tanto se  interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la  resolución impugnada, como consta del cargo a fojas ciento  ochenta, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista  se notificó al casante el cuatro de diciembre de dos mil  dieciocho, según acta de fojas ciento setenta y nueve, y el  recurso se interpuso el dieciocho de diciembre de dos mil  dieciocho. Finalmente, se observa que la parte impugnante no  adjunta el arancel correspondiente, pues es una entidad del  Estado, encontrándose exonerada de dicho pago, de  conformidad con el inciso G del artículo 24 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. CUARTO.-  El recurso de casación es un medio impugnatorioextraordinario, eminentemente formal y que procede solo por  las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la  Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) La  infracción normativa; o, ii) El apartamiento de los precedentes  vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte  Suprema de Justicia de la República. QUINTO.- Asimismo, la  parte recurrente no debe haber consentido previamente la  resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuera  confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir  con claridad y precisión la infracción normativa o el  apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia;  demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la  decisión impugnada; y señalar si su pedido casatorio es  anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos  en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497,  Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEXTO.- En tal contexto,  corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de  procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la  Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: a) En relación a  los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el  inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, pues, se advierte que  el casante no consintió la decisión que le fue adversa en  primera instancia; y, b) En cuanto a la descripción con claridad  y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del  precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo  36, se tiene que el impugnante denuncia las siguientes  causales: 1) Infracción normativa material de los artículos  17641 y 17652 del Código Civil. Alega que el actor prestó  servicios para el Proyecto Especial Binacional Puyango  Tumbes, encontrándose el demandado facultado para  contratar personal únicamente mediante la modalidad de  contratos de locación de servicios, los mismos que fueron  suscritos voluntariamente por el demandante, y mediante los  cuales este, sin estar subordinado, se limitó a la prestación de  determinados servicios, a cambio de una prestación y por un  tiempo determinado, contrato que se encuentra enmarcado  en el ámbito del derecho civil y no del derecho laboral, por lo  que debió tenerse en cuenta lo previsto en los artículos  denunciados, no obstante ello, el ad quem ha ordenado el  reconocimiento del vínculo laboral con el accionante desde el  inicio de la relación contractual a plazo indeterminado sujeto  al régimen de la actividad privada, incurriéndose de esta  manera en la infracción de las normas invocadas; 2)  Infracción normativa procesal de los artículos 139 incisos  3 y 53 de la Constitución Política del Estado; 124 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 50  inciso 65, y 122 inciso 36 del Código Procesal Civil. Precisa  los siguientes vicios procesales: i) El ad quem no ha valorado  de manera adecuada los medios probatorios aportados por su  parte, los cuales fueron manifestados en su recurso de  apelación, incurriéndose en vicio de incongruencia omisiva o  ex silentio que acarrea la nulidad insalvable de la sentencia  de vista; y, ii) En clara afectación del principio de motivación  de las resoluciones judiciales y del derecho del debido  proceso, la Sala Superior no ha señalado cuáles son los  medios de prueba que demuestran la continuidad en los  servicios del accionante, más aún que en términos generales  simplemente ha establecido la existencia de pruebas que  demuestran que la relación laboral ha sido continua, sin  explicar a cabalidad cuales son, y que le permitieron arribar a  tal conclusión; 3) Infracción normativa material del artículo  57 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. Refiere  que, la Sala de mérito ha amparado un derecho sin tener en  cuenta que para acceder a un puesto público, sobre todo los  de naturaleza técnica o profesional cuando las plazas existen,  tal ingreso debe ser efectuado necesariamente a través de  concursos públicos y no mediante procesos judiciales, en los  que no se puede determinar si, en primer lugar, existe una  plaza a la cual se podría haber incorporado al actor, y  principalmente si este cumplía con los requisitos necesarios  para desempeñar dicha labor, y de esta forma permitir que el  Estado cuente con profesionales idóneos; y, 4) Apartamiento  del precedente del Tribunal Constitucional contenido en  la Sentencia número 05057-2013-PA/TC - Caso Huatuco.  Señala que, el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta lo  expresado en los fundamentos tercero y cuarto del voto  singular derivado del Expediente número 06178-20111-PA/ TC, tampoco los fundamentos octavo, noveno y décimo del  voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli derivado del  Expediente  número  01154-2011-PA/TC,  posturas  jurisprudenciales asumidas en el precedente del Tribunal  Constitucional invocado. En ese orden de exposición, alega  que, en el campo del empleo público no cabe la aplicación  mecánica del concepto de desnaturalización, pues a  diferencia de las empresas particulares en las que sus  accionistas velan por sus legítimos intereses, el Estado que  es la gran empresa de todos los peruanos, muchas veces  termina  siendo  superado  por  intereses  subalternos,perjudicándose abiertamente a la sociedad en su conjunto, y  en especial a las personas que a pesar de estar debidamente  cualificadas y tener vocación de servicio no logran ingresar al  sector público, entonces, para el reconocimiento del vínculo  indeterminado tratándose de entidades públicas, como es el  presente caso, es preciso que el ingreso a estas sea a través  de concurso público, conforme a las consideraciones de los  magistrados del Tribunal Constitucional, siendo que en esta  controversia no se dan ninguno de los supuestos antes  referidos, toda vez que el actor no ha acreditado haber  ingresado a través de concurso público, lo cual no ha sido  desvirtuado o cuestionado en la audiencia de juzgamiento,  tampoco existe reconocimiento de vínculo laboral de  naturaleza indeterminada por parte de la emplazada a través  de un acto administrativo, no pudiendo aplicarse de manera  supletoria el artículo 4 del Decreto Supremo número 003-97- TR, pues la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, es una  norma especial que regula entre otros aspectos el acceso a la  función pública frente a aquel decreto que es una norma  general. SÉTIMO.- Las causales casatorias desarrolladas en  el considerando que precede, devienen en improcedentes,  por cuanto lo pretendido por el casante es forzar a este  Supremo Tribunal a una revaloración de la situación fáctica  establecida en sede de instancia y de las pruebas aportadas  al proceso -valoración que fue efectuada de forma conjunta y  razonada por los órganos jurisdiccionales en la instancia-, lo  que no se condice con los fines del recurso extraordinario de  casación, en tanto que esta Corte vela por el interés de la  sociedad, de allí que a través de sus decisiones, se van  delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida;  además de redefinir el sentido interpretativo de la norma para  el caso en concreto, a fin de asegurar a las partes una  solución, no solo conforme a derecho, sino justa. OCTAVO.-  Los órganos jurisdiccionales en las instancias han precisado  que, en aplicación del principio de primacía de la realidad se  encuentra acreditada la desnaturalización de los contratos de  trabajo celebrados entre las partes, conforme a lo previsto en  el inciso d) del artículo 77 del Texto Único Ordenado del  Decreto Legislativo número 728, aprobado por el Decreto  Supremo número 003-97-TR, desde el inicio de la prestación  del servicio, esto es desde el tres de noviembre de dos mil  dieciséis hasta el uno de junio de dos mil dieciocho,  reconociéndose la existencia de un contrato de trabajo a  plazo indeterminado por desempeñarse el accionante como  abogado del ministerio demandado, bajo el régimen laboral  de la actividad privada. En ese orden de análisis, ha  determinado el ad quem que, si bien es cierto el contrato de  locación de servicios suscrito por el accionante y los recibos  por honorarios refieren a una relación contractual de índole  civil, también es verdad que el servicio prestado por el actor  de asesoría en temas de contrataciones y gestión pública en  la Dirección Ejecutiva del PEBPT, en aplicación del principio  de primacía de la realidad citado, y del contenido de los  contratos en referencia, se advierte que sus labores eran de  naturaleza permanente y no eventual. Y, respecto a la  reposición peticionada en la demanda, el ad quem ha  concluido que, siendo el demandante de nivel profesional  (abogado), corresponde la aplicación del precedente  vinculante del Tribunal Constitucional contenido en la  Sentencia número 05057-2013-PA/TC - Caso Huatuco, toda  vez que en su fundamento once se consigna expresamente  los regímenes pero sin ánimo taxativo, es decir, no se está  ante supuestos cerrados de la carrera administrativa, por  tanto, dado que el demandante no ha acreditado en autos que  haya ingresado por concurso público de méritos y tampoco ha  precisado y menos ha acreditado que la reposición se refiera  a una plaza concreta, presupuestada y vacante, habiéndose  limitado a peticionar reposición como abogado de la Oficina  de Asesoría Jurídica, lo que no es congruente con lo señalado  en el folio treinta y cuatro – vuelta, del Manual Operativo del  ministerio demandado, donde se señala que en la Oficina de  Asesoría Jurídica sólo existen dos plazas de especialistas  legales, sin que se haya determinado en autos que una de  esas plazas sea en la que ha sido contratado el accionante,  conforme a derecho, por lo cual se confirma de esta manera  la decisión arribada en primera instancia, en todos sus  extremos. Por estas consideraciones, en aplicación de lo  dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley 29497,  Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon IMPROCEDENTE  el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de  Agricultura y Riego, a fojas ciento noventa y seis, contra la  sentencia de vista contenida en la Resolución número 8, de  fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, de fojas ciento  sesenta y seis, emitida por la Sala Laboral Permanente de la  Corte Superior de Justicia de Tumbes; DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El  Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Nick  Rojas Prescott contra el Ministerio de Agricultura y Riego,sobre Reposición y otros; y los devolvieron. Ponente Señor  Lévano Vergara, Juez Supremo.- S.S. CABELLO MATAMALA,  VERA LAZO, AYVAR ROLDÁN, AMPUDIA HERRERA,  LÉVANO VERGARA 1  Artículo 1764.- Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar  subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un  trabajo determinado, a cambio de una retribución. 2  Artículo 1765.- Pueden ser materia del contrato toda clase de servicios materiales  e intelectuales. 3  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(…)  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley,  ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada  por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al  efecto, cualquiera sea su denominación. (…)  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan.(…) 4  Artículo 12.- Motivación de resoluciones.  Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,  bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.  Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia  que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 5  Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso: (…)  6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los  principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.  El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera  promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede  ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo  considera indispensable. 6  Artículo 122.- Las resoluciones contienen: (…)  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; (…) 7  Artículo 5.- Acceso al empleo público El acceso al empleo público se realiza  mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos  y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades. C-2136199-289