CASACIÓN Nº 5399-2018 LIMA NORTE
Materia: Suspensión de Patria Potestad El recurso de casación deviene en fundado; ya que, ha sido  evidente que se configura la causal prevista en el inciso f) del  artículo 75° del Código de los Niños y Adolescentes, siendo  que, la negación del cumplimiento de la prestación alimentaria  por parte de uno de los padres implica la vulneración de uno de  los deberes fundamentales del ejercicio de la patria potestad  conforme a lo regulado en el artículo 6° de la Constitución  Política del Estado y el artículo 74° del citado Código. En ese  sentido, se advierte que la actora sí cumplió con demostrar  el requerimiento sobre el cumplimiento de la obligación  alimentaria con la instauración del proceso de alimentos  contra el demandado, en el cual se fijó una pensión cuyo  pago viene omitiendo; razón por la que, ante su renuencia a  cumplirla, se instauró el proceso penal en su contra. Lima, veintidós de julio de dos mil veintidós La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de  Justicia de la República: Vista la causa número 5399- 2018, en discordia, en audiencia pública virtual ante el juez  supremo dirimente Ruidías Farfán con cuyo voto se forma  resolución, y el voto dejado debidamente firmado por el  juez supremo Távara Córdova que obra en autos y queforma parte de esta resolución de conformidad con el  artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal;  se emite la siguiente sentencia 1. RECURSO DE  CASACIÓN Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación interpuesto a folios cuatrocientos  setenta y dos por la demandante Nancy Salcedo Godoy,  contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de marzo  de dos mil diecisiete, obrante a folios trescientos veintitrés,  que revoca la sentencia apelada de fecha treinta de marzo  de dos mil dieciséis, obrante a folios ciento setenta y cinco,  que declaró fundada la demanda de suspensión de patria  potestad; y reformándola, la declaró infundada. 2.  CAUSALES DEL RECURSO Mediante resolución de fecha  cinco de marzo de dos mil diecinueve, obrante a folios  treinta y siete del cuaderno formado por esta Sala Suprema,  se declaró procedente el recurso por las siguientes  infracciones normativas: a) Infracción normativa del  artículo 75°, inciso f), del Código de los Niños y  Adolescentes, así como el artículo 6° de la Constitución  Política del Estado. Sostiene que el precitado artículo 75°  inciso f) prevé que se suspenderá la patria potestad al  padre o a la madre que se niegue a prestar los alimentos a  los hijos; entendiéndose los alimentos como lo necesario  para cubrir el sustento, habitación, vestido, asistencia  médica, educación y recreación al menor, teniéndose en  cuenta la negativa del demandado a proporcionar los  alimentos a la menor hija de ambos de manera injustificada;  dicha disposición tiene su fundamento en que a través de  los alimentos se pretende proteger el derecho fundamental  a la vida de una persona que se encuentra en estado de  necesidad, procurándose los medios necesarios para su  conversión, evitándose de dicha forma poner en peligro la  vida,  salud,  educación,  vivienda  y  recreación  del  alimentista. Asimismo, el artículo 6° de la Constitución  Política, norma de mayor rango jerárquico, indica  taxativamente que es deber y derecho de los padres  alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como los  hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. b)  Infracción normativa de los incisos 3, 5 y 14 del artículo  139° de la Constitución Política del Perú, artículo I del  Título Preliminar, 122° incisos 3 y 4, y artículos 179° y  188° del Código Procesal Civil. Señala que no se han  valorado los medios probatorios debidamente, los cuales  acreditan la negativa injustificada de la prestación de los  alimentos por parte del demandado a favor de su menor  hija, entendiéndose los alimentos como lo necesario para  cubrir el sustento, habitación, vestido, asistencia médica,  educación y recreación al menor. Añade que no se aplicó el  artículo 418° del Código Civil, que señala que por la patria  potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar  de la persona y bienes de sus hijos, y en su caso, ella tiene  la tenencia de su menor hija y el demandado incumplió con  sus obligaciones alimentarias que como padre le  concernían y tampoco tiene ningún tipo de acercamiento  con la menor, por lo que debió confirmarse la sentencia  apelada, más aun si en aras de la garantía del interés  superior del niño, quienes no cumplen sus responsabilidades  como padres o con sus actuaciones se hacen indignos de  ejercer la representación de sus hijos, deben cesar  temporalmente o definitivamente con la titularidad de las  facultades que la ley le otorga. Argumenta que la Sala  Superior infringió el debido proceso al omitir valorar las  pruebas instrumentales presentadas, donde se puede  verificar que el demandado ha incumplido con la pensión  alimenticia de su menor hija, como se comprueba con el  proceso penal seguido contra el demandado por omisión  de asistencia familiar, colisionando el artículo 197° del  Código Procesal Civil, que regula la valoración de la  prueba, tanto más si en el caso de autos no solo se acreditó  el incumplimiento de la obligación alimenticia con un  proceso civil, sino también con el proceso penal por omisión  de  asistencia  familiar;  además  de  no  valorarse  adecuadamente el Informe Social Nº 2014-EM-PJCNL-AS- FNL en la cual la asistenta social indicó que la menor se  encuentra bajo la protección de la madre, y que el  demandado no participa en los gastos de su hija y que  existe un proceso de alimentos incumplidos, además que la  menor  desconoce  a  su  padre  biológico.  3.  CONSIDERANDOS PRIMERO.- En el caso de autos  corresponde precisar que por causal de casación se  entiende al motivo que la ley establece para la procedencia  del recurso, pues, éste debe sustentarse en las causales  previamente señaladas en la ley; es decir, podrá  interponerse por infracción a la ley o por quebrantamiento  de la forma, considerándose entre los primeros, la violación  en el fallo de congruencia entre lo decidido y las  pretensiones formuladas por las partes; mientras que enlos segundos, las infracciones en el procedimiento. En tal  sentido, si bien todas las causales suponen una violación  de la ley, también lo es que esta puede darse en la forma o  en el fondo; y, habiéndose declarado procedente las  denuncias casatorias por causales procesales, corresponde  hacer un análisis para verificar la existencia de algún vicio  que amerite su nulidad porque de configurarse éste, ya no  cabría pronunciamiento sobre la otra causal casatoria.  SEGUNDO.- La recurrente al desarrollar su recurso,  denuncia como errores in procedendo, la infracción  normativa de los artículos 139° incisos 3, 5 y 14 de la  Constitución Política del Estado; I del Título Preliminar;  122° incisos 3 y 4, 179°, 188° y 197° del Código Procesal  Civil. Señalando que no se valoraron los medios probatorios  con sujeción a lo previsto en la ley de la materia, pues, en  autos está demostrada la negativa injustificada de la  prestación de los alimentos1 por parte del demandado a  favor de su menor hija como se comprueba de los procesos,  penal y civil, seguidos en su contra por omisión de  asistencia familiar e incumplimiento de la obligación  alimenticia. Refiere que tampoco se valoró adecuadamente  el informe social Nº 2014-EM-PJCNL-AS-FNL en el que se  determinó que la menor se encuentra bajo la protección de  la recurrente y que el emplazado no participa en los gastos  de aquélla, desconociendo que éste es su padre biológico.  Añade que no se aplicó el artículo 418° del Código Civil, ya  que en el proceso se demostró que la recurrente ejerce la  tenencia de la menor, en tanto que, el demandado no solo  incumplió con sus obligaciones alimentarias que como  padre le conciernen, sino que, no tiene ningún tipo de  acercamiento con ella. Por estas razones considera que  debió confirmarse la sentencia apelada, más, si en aras del  principio de interés superior del niño, quienes no cumplen  sus responsabilidades como padres o con sus actuaciones  se hacen indignos de ejercer la representación de sus  hijos, deben cesar temporal o definitivamente la titularidad  de aquéllos derechos inherentes a la condición de padres.  TERCERO.- Al respecto, es del caso indicar que la  observancia del debido proceso no solo tiene relevancia en  el ámbito del interés particular correspondiente a las partes  involucradas en la litis, sino que también juega un papel  esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su  conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable  motivación de las relaciones constituye una de las garantías  del proceso judicial, directamente vinculada con la  vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se  hace posible conocer y controlar las razones por las cuales  el juez ha decidido una controversia en un sentido  determinado; implicando, en este sentido, un elemento  limitativo de los supuestos de arbitrariedad. CUARTO.-  Ahora bien a fin de determinar si un pronunciamiento  específico ha cumplido con el deber de motivación,  conviene recordar que, según lo ha sostenido esta Sala  Suprema, “el cumplimiento de este deber no se satisface  con la sola expresión escrita de las razones internas o  psicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la  controversia de un modo determinado, sin importar cuáles  sean estás; sino que, por el contrario, exige necesariamente  la existencia de una exposición clara y coherente en la  sentencia que no solo explique, sino que justifique  lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas y  demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a  las normas jurídicas aplicables al caso”2. QUINTO.- En este  contexto, el control de la discrecionalidad del juez y de la  arbitrariedad en que podría incurrir, se realiza a través de la  motivación de sus resoluciones, las que deben estar  justificadas en atención a las pretensiones de las partes y  conforme al ordenamiento jurídico vigente; así, “la  justificación de una decisión supone poner de manifiesto  las razones o argumentos que hacen aceptable la misma.  (…) implica hacer patentes las razones por las que la  decisión es aceptable desde la óptica del ordenamiento”3.  De no emitirse una resolución debidamente motivada, se  infringe lo dispuesto en el artículo 139° inciso 5 de la de la  Carta Magna, en concordancia con el artículo 12° de la Ley  Orgánica del Poder y el artículo 122° del Código Procesal  Civil. SEXTO.- De otro lado, la Corte Suprema de Justicia  estableció en cuanto al derecho a probar que es un  elemento del debido proceso que posibilita a cualquier  sujeto procesal a utilizar los medios probatorios que  resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de  fundamentos a su pretensión. En tal sentido, debe  entenderse que el juez se encuentra en la obligación de  atender y analizar un hecho alegado por alguna de las  partes ya sea en la demanda, en la contestación o en el  escrito donde se ofrezcan nuevos medios probatorios,  siempre que estos cumplan con los requisitos para su  admisión”4. SÉPTIMO.- Asimismo, en ese orden de ideas,es del caso destacar el principio de valoración conjunta de  los medios probatorios, respecto del cual, el autor Marcelo  Sebastián Midón señala que: “En el caso del derecho a la  prueba, este contenido esencial se integra por las  prerrogativas que posee el litigante a que se admitan,  produzcan y valoren debidamente los medios aportados al  proceso con la finalidad de formar la convicción del órgano  judicial acerca de los hechos articulados como fundamentos  de su pretensión o de defensa. El derecho a la adecuada  valoración de la prueba se exhibe, entonces, como  manifestación  e  ineludible  exigencia  del  derecho  fundamental a probar. Si el poder de probar tiene por  finalidad producir en el Juzgador convicción suficiente  sobre la existencia o inexistencia de los hechos litigiosos,  este se convertiría, alerta Taruffo, en una garantía ilusoria,  en una proclama vacía, si el Magistrado no pondera o toma  en consideración los resultados obtenidos en la actuación  de los medios probatorios […] el derecho de probar se  resiente, y, por consiguiente, también la garantía del debido  proceso, si el Juzgador prescinde de valorar algún medio  probatorio admitido, o lo hace de manera defectuosa  invocando fuentes de las que se extraen las consecuencias  aseveradas  como  fundamento  de  la  sentencia,  o  atribuyendo valor de la prueba a la que no puede tener ese  carácter” 5. OCTAVO.- En esa línea de ideas, de las  conclusiones fácticas del fallo recurrido se aprecia que la  Sala de Vista, absolviendo el grado conforme a la facultad  conferida por artículos 364° y 370° del Código Procesal  Civil, revocó la sentencia de primera Instancia que  declaraba fundada la demanda, y reformándola la declaró  infundada por considerar que en el caso de autos, ´la  causal de negación a prestar alimentos no se configura en  el caso concreto, puesto que si bien se inició un proceso de  alimentos en contra del emplazado, éste ha señalado que  inicialmente incumplió con el pago de la pensión de  alimentos, pero refirió que actualmente está cumpliendo  puntualmente con el pago de dicha pensión, conforme a su  declaración de parte brindada durante la continuación de la  audiencia de pruebas de folios ciento sesenta y ocho´. A  esto agregó el Ad quem que “el hecho que el demandado  haya apelado la sentencia, muestra interés en corregir su  actitud y comportamiento como padre, como se advierte  del segundo párrafo de las conclusiones del informe  psicológico de folios ciento treinta, así como a mantener un  vínculo cercano con la menor hija que actualmente cuenta  con siete años de edad (ver partida de nacimiento de folios  cinco), más aún si como sabemos el disfrute recíproco por  padre e hija, de la compañía del otro, constituye un  elemento fundamental de la vida familiar, incluso si la  relación de los padres se ha roto previamente”, sustentando  su decisión en lo establecido en los artículos 3°, 5°, 9° y 18°  de la Convención de los Derechos del Niño. NOVENO.-  Siendo así, respecto de la denuncia referida a la infracción  normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139º de la  Constitución Política del Estado así como del artículo 122°  incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, con incidencia en la  motivación; se advierte que, la Sala Revisora esgrimió una  serie de razones que sustentan su decisión, siendo  manifiesto que el fallo recurrido no transgrede ningún  derecho de contenido constitucional6 ni infringe las normas  denunciadas, como tampoco, se advierte infracción al  principio de congruencia procesal o el incumplimiento de  alguna formalidad prevista del Código adjetivo; debiendo  indicarse que se cumplió con la exigencia constitucional de  motivación de las resoluciones. Por tanto, es forzoso  concluir que la resolución recurrida no adolece de ningún  vicio en la motivación que la haga pasible de nulidad  (inexistencia  de  motivación,  motivación  aparente,  motivación incongruente o insuficiente7), pues, expresa los  fundamentos que sostienen el criterio jurisdiccional  adoptado por el Ad quem en la citada sentencia, a lo que se  agrega que la valoración del acervo probatorio por parte de  las instancias de mérito es acorde a las disposiciones de  los artículos 188° y 197° de Código Adjetivo, pues expresa  las razones suficientes que la llevan a establecer que la  acción de suspensión de patria potestad, sustentada en la  causal del inciso f del artículo 75° del Código de los Niños  y Adolescentes no satisface los requisitos que la ley exige  para su procedencia, como resultado, se entiende de los  hechos probados en el proceso en virtud al análisis de la  base fáctica y el caudal probatorio del proceso, conforme  se ha indicado precedentemente; debiendo precisarse que,  a pesar de dejarse establecido que la recurrida expresa los  fundamentos que sustentan el criterio jurisdiccional  adoptado por el Ad quem, se disiente de la argumentación  y conclusión expuesta en dicha sentencia, más tal  disentimiento será analizado bajo la causal in iudicando.  Por consiguiente, la denuncia por vicio in procedendo quese invoca en el recurso de casación, deviene en infundada.  DÉCIMO.- En cuanto a las denuncias por vicios in  iudicando, la recurrente acusa la infracción normativa del  artículo 75°, inciso f), del Código de los Niños y  Adolescentes, así como el artículo 6° de la Constitución  Política del Estado, sosteniendo que la primera de las  citadas normas prevé que se suspenderá la patria potestad  al padre o a la madre que se niegue a prestar los alimentos  a los hijos, disposición que tiene su fundamento, en el  hecho claro y objetivo, que a través de los alimentos se  pretende proteger el derecho fundamental a la vida de una  persona que se encuentra en estado de necesidad,  procurándose los medios necesarios para su conversión,  evitándose de esa manera, poner en peligro la vida, salud,  educación, vivienda y recreación del alimentista. Asimismo,  arguye que el artículo 6° de la Constitución Política, indica  taxativamente que es deber y derecho de los padres  alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como los  hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.  DÉCIMO PRIMERO.- En ese contexto, respecto a la  infracción normativa del inciso f) del artículo 75° del Código  de los niños y adolescentes, debe indicarse que dicha  norma recoge como supuesto fáctico para la suspensión  del ejercicio de la patria potestad la negativa del padre o la  madre de prestar alimentos para sus hijos. La negación del  cumplimiento de la prestación alimentaria por parte de uno  de los padres implica la vulneración de uno de los deberes  fundamentales del ejercicio de la patria potestad conforme  a lo regulado en el artículo 6° de la Constitución Política del  Estado y el artículo 74° del citado Código. DÉCIMO  SEGUNDO.- Asimismo, como lo tiene establecido esta  Sala Suprema, “(…) desatender a un hijo en sus  necesidades alimentarias, conforme al concepto que  desarrolla el artículo 92° del Código de los Niños y  Adolescentes, evidencia además un desapego afectivo,  violación al derecho a la vida y desarrollo integral de un hijo  lo que no resulta congruente con las relaciones de  parentesco derivadas del vínculo paterno filial, de allí que  en el ámbito penal se tipifique y sancione como delito la  omisión al cumplimiento de la obligación alimentaria. Para  sancionar a uno de los padres con la suspensión de la  patria potestad debe de existir un requerimiento al  cumplimiento de la obligación alimentaria, esto, es que  necesariamente se debe haber instaurado un proceso de  alimentos contra aquél, en el que se haya fijado una  pensión que se omite o es renuente a cumplir, pues, de lo  contrario, es de suponer que se cumple con dicha  obligación8”. DÉCIMO TERCERO.- En ese entender, la  sentencia de vista deja establecido que en el caso de autos  no se configura la causal prevista en el inciso f) del artículo  756° del Código de los Niños y Adolescentes, para acceder  a la declaración de suspensión de patria potestad del  demandado con relación a la menor hija de las partes  procesales, Samantha Huamán Salcedo, pues, el Ad quem  indicó – ver considerando tercero de dicha resolución -,  que si bien es cierto existe un proceso de alimentos  instaurado en contra del demandado en el que éste,  inicialmente incumplió con la obligación alimentaria,  también es verdad que viene cumpliendo puntualmente con  el pago de dicha pensión, arribando a dicha conclusión  fáctica, únicamente, partir de la declaración de parte  brindada por aquél en la audiencia de pruebas cuya acta  obra a fojas ciento sesenta y ocho. DÉCIMO CUARTO.- Sin  embargo, el Colegiado de Mérito no tuvo en cuenta que de  la base fáctica del proceso, puede advertirse la existencia  de dos procesos instaurados contra el emplazado con  respecto a la obligación alimentaria que debe prestarle a su  menor hija, contando ambas acciones con sentencia firme.  Uno civil en el que se fijó que debe asistirla con una pensión  mensual equivalente a la suma de S/. 400.00 (cuatrocientos  y 00/100 soles); y otro penal, en el que fue condenado por  el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de la  menor, no obrando en autos medio probatorio idóneo o  sucedáneo de éste que demuestre las afirmaciones  vertidas en la citada audiencia en torno al cumplimiento  puntual de la obligación alimentaria a su cargo; por lo que,  al no verificarse esta última circunstancia ni ninguna otra  para acreditarla, es evidente que se configura la causal  prevista en el inciso f) del artículo 75° del citado cuerpo  normativo, más, si la actora cumplió con demostrar el  requerimiento sobre el cumplimiento de la obligación  alimentaria con la instauración del proceso de alimentos  contra aquél, en el que se fijó la aludida pensión cuyo pago  viene omitiendo; razón por la que, ante su renuencia a  cumplirla, se instauró el proceso penal en su contra. Por  tanto, la denuncia por vicios in iudicando deviene en  fundada. 4. DECISIÓN En base a las consideraciones  expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación de loseñalado en el artículo 396 del Código Procesal Civil:  Declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por  la demandante Nancy Salcedo Godoy de nueve de  octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos  setenta y dos; en consecuencia, CASARON la sentencia  de vista de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete,  obrante a fojas trescientos veintitrés; y actuando en sede  de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de  fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas  ciento setenta y cinco que declaró FUNDADA la demanda  de suspensión de patria potestad formulada por la  recurrente contra César Sandino Huamán Castillo, en  consecuencia, suspéndasele del ejercicio de la patria  potestad respecto a su menor hija, Samantha Huamán  Salcedo; DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo  responsabilidad; en los seguidos por Nancy Salcedo Godoy  con César Sandino Huamán Castillo, sobre suspensión de  patria potestad; y los devolvieron. SS. TÁVARA CORDOVA,  CALDERÓN PUERTAS, ECHEVARRÍA GAVIRIA, RUIDÍAS  FARFÁN.  LA  SECRETARIA  DE  LA  SALA  CIVIL  PERMANENTE QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE EL  SEÑOR JUEZ SUPREMO TÁVARA CÓRDOVA, NO  VUELVE A FIRMAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN, AL  HABER CESADO EN SU CARGO, HABIENDO DEJADO  SU VOTO FIRMADO A FOLIOS SETENTA DEL CUADERNO  DE CASACIÓN. EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA  JUEZA SUPREMA PONENTE ARANDA RODRÍGUEZ  DEJADO EN AUTOS DEBIDAMENTE FIRMADO, Y DEL  JUEZ SUPREMO SALAZAR LIZÁRRAGA, ES COMO  SIGUE: CONSIDERANDOS PRIMERO: Es oportuno  señalar que el recurso de casación tiene por fines  esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia, conforme contempla el  artículo 384° del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1° de la Ley Nº 29364. Al respecto, Guach comenta  que (…) la casación debe asegurar la función nomofiláctica  con una interpretación uniforme de las normas jurídicas. La  finalidad de la casación es, a través de la tutela del derecho  en el caso concreto, extraer una interpretación uniforme de  la norma jurídica con valor general garantizando la eficacia  de la uniformidad de la jurisprudencia en el ordenamiento  jurídico. Esta finalidad es realizable solo a partir de la  función nomofiláctica”9. Así pues, constituye finalidad del  recurso de casación identificar y eliminar los errores de  derecho que contiene la sentencia impugnada y que  invalida la solución jurídica del caso concreto, basados en  los motivos del recurso propuesto por la parte que provoca  la intervención de la Corte de Casación; por tanto, debe  quedar claro que el control que realiza la Casación es  sobre el derecho y no sobre los hechos, las pruebas o su  valoración. SEGUNDO: Ahora bien, en el caso particular,  esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de  casación interpuesto, por las causales de infracción  normativa procesal y material, teniendo en cuenta ello,  conforme dispone el artículo 396° del Código Procesal  Civil, modificado por la Ley Nº 29364, cuando se declara  fundado el recurso por la infracción de la norma procesal  que produjo la afectación del derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante,  se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que  emita una nueva decisión, mientras que, si se declara  fundado el recurso por la infracción de una norma de  derecho material, la Sala Suprema actuando en sede de  instancia deberá resolver el conflicto según su naturaleza.  Es por ello, que la revisión de las causales por las que ha  sido declarado procedente el recurso de casación debe  comenzar por el análisis de la alegación referida a la  vulneración de las normas procesales. TERCERO:  Respecto a la causal casatoria de naturaleza procesal, ha  sido declarada procedente el recurso, por la infracción  normativa del artículo 139° incisos 3, 5 y 14, de la  Constitución Política del Perú. Cabe mencionar que el  acotado artículo establece lo siguiente: “Principios de la  Administración de Justicia Artículo 139.- Son principios y  derechos de la función jurisdiccional: […] 3. La observancia  del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna  persona  puede  ser  desviada  de  la  jurisdicción  predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto de los previamente establecido, ni juzgada por  órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones  especiales  creadas  al  efecto,  cualquiera  sea  su  denominación. […] 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la  ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan. 14. El principio de no ser privado del derechode defensa en ningún estado del proceso (…)” (Énfasis  agregado por esta Sala) CUARTO: Sobre el derecho  constitucional al debido proceso, el Tribunal Constitucional  ha señalado, reiteradamente, que el artículo 139° inciso 3  de la Constitución establece como derecho de todo  justiciable y principio de la función jurisdiccional la  observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de  lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos  dimensiones: una formal, procesal o procedimental, y otra  de carácter sustantivo o material. En la primera de las  mencionadas está concebido como un derecho continente  que abarca diversas garantías y reglas (las cuales a su vez  son derechos parte de un gran derecho con una estructura  compuesta o compleja) que garantizan un estándar de  participación justa o debida durante la secuela o desarrollo  de todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial,  administrativo, corporativo particular o de cualquier otra  índole). En la segunda de sus dimensiones exige que los  pronunciamientos o resoluciones con los que se pone  término a todo tipo de proceso respondan a un referente  mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con  sujeción a su respeto por los derechos y valores  constitucionales.10 Asimismo, Landa Arroyo comenta que el  debido proceso es un derecho humano abierto de  naturaleza procesal y alcances generales que busca  resolver de forma justa las controversias que se presentan  ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho  “continente” pues comprende una serie de garantías  formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito  constitucionalmente protegido de manera autónoma, de  modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera  de los derechos que consagra, y no uno de manera  específica11. En ese sentido, el debido proceso comprende  un repertorio de derechos que forman parte de su contenido  constitucionalmente protegido, entre ellos, el derecho al  procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el  derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la  motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de  prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas,  etc.; por tanto, la inobservancia de cualquiera de estas  reglas convierte al proceso en irregular, legitimando con  ello la necesidad de ejercer labores de control por parte de  esta Corte Suprema. QUINTO: Sobre el derecho a la  debida  motivación  de  las  resoluciones  judiciales,  consagrado constitucionalmente a través del artículo 139°  inciso 5 de la Constitución Política, importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones  objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.  La falta de motivación no consiste, simplemente, en que el  juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo  determina a decidir la controversia, sino también en no  ponderar los elementos introducidos en el proceso de  acuerdo con el sistema legal, es decir, no justificar  suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de  legitimarla, pues se debe recordar que ésta será válida si  es expresa, clara, legítima, lógica y congruente. Aquí es  conveniente destacar que esta garantía constitucional  también ha sido acogida a nivel legal, a través del artículo  122° incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, modificado por  la Ley número 27524, así como en el artículo 12° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  normas que establecen que las resoluciones judiciales  deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre  los que versa la resolución con las consideraciones, en  orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con  la cita de la norma o normas aplicables en cada punto,  según el mérito de lo actuado. SEXTO: Para resolver la  casación en particular, es necesario traer a colación, de  manera sucinta, los hechos acontecidos en el caso  concreto, sin que ello implique un control de los hechos o  de la valoración de la prueba. Mediante demanda obrante a  folios cuarenta y cuatro, la recurrente Nancy Salcedo  Godoy solicitó la suspensión del ejercicio de la patria  potestad respecto de César Sandino Huamán Castillo, en  su calidad de padre biológico de la menor de tres años,  cuyas iniciales son SHS. Entre las preces de su demanda,  señaló que producto de la relación de enamorados que  sostuvo con el demandado nació la menor antes  mencionada. Expresó que desde la etapa de gestación y  posterior nacimiento de la niña, el emplazado no le ha  prestado apoyo moral ni económico, por el contrario, se  mostró evasivo, despreocupado e indiferente. Según la  recurrente, tuvo que trabajar incluso hasta días antes del  parto, mientras que el demandado pese a ser joven, soltero  y sin carga familiar, injustificadamente se niega a cumplir  con la pensión alimenticia; por ello, ante la falta de acuerdo  extrajudicial, la actora interpuso demanda de alimentosante Poder Judicial, originando el Expediente Nº 4618- 2011, en el que se dictó la sentencia de fecha veintidós de  julio de dos mil once, que declaró fundada en parte la  demanda de alimentos y ordenó el pago de cuatrocientos  cincuenta soles; sin embargo, pese a existir dicha sentencia  el demandado no cumple con la orden judicial, pues solo  realiza algunos depósitos y lo hace de forma esporádica. El  Juez de primer grado, mediante sentencia del treinta de  marzo de dos mil dieciséis, obrante a folios ciento setenta  y cinco, declaró fundada la demanda de suspensión de la  patria potestad del demandado César Sandino Huamán  Castillo respecto de su menor hija, bajo el fundamento de  que la causal de suspensión de la patria potestad  contemplada en el artículo 75° inciso f) del Código de los  Niños y Adolescentes se encuentra acreditada con los  informes emitidos por el equipo multidisciplinario, que  concluyen que la demandante se identifica como madre,  tanto como proveedora, protectora, busca el respaldo y  soporte familiar; mientras que el demandado no cuenta con  recursos personales para defender su posición, asumiendo  una actitud expectante pero pasiva; identificándose más  como hijo que como padre de familia; asimismo, se  encuentra acreditado que el emplazado no participó en los  gastos de su menor hija, lo cual se encuentra corroborado  con su propio reconocimiento al actuar la declaración de  parte en la continuación de la audiencia única de folios  ciento sesenta y seis, en la cual refirió que no visita ni se  comunica con su menor hija desde hace más de cuatro  años y medio; por otro lado, también se encuentra  demostrado que la menor no reconoce a su padre biológico,  ni este forma parte del esquema familiar y que es feliz  viviendo al lado de su mamá, por tanto, el juez concluye  que el demandado ha incumplido con su rol de padre  biológico al no haber justificado de modo alguno su  negativa a cumplir con la obligaciones alimenticias en favor  de su menor hija; más aún si existe un proceso judicial por  omisión a la asistencia familiar (Expediente Nº 03479- 2015); agregando a ello que, debe tenerse en cuenta la  conducta procesal del demandado quien tiene la condición  de rebelde. Apelada dicha decisión, la Sala Superior,  mediante sentencia del veintisiete de marzo de dos mil  diecisiete, obrante a folios trescientos veintitrés, revocó la  apelada y reformándola declaró infundada la demanda;  sustentando la decisión en que la causal de negación a  prestar alimentos no se configura en el caso concreto,  puesto que si bien se inició un proceso de alimentos en  contra del emplazado, éste ha señalado que inicialmente  incumplió con el pago de la pensión de alimentos, pero  refirió que actualmente está cumpliendo puntualmente con  el pago de dicha pensión, conforme la declaración de parte  del demandado brindada durante la continuación de la  audiencia de pruebas de folios ciento sesenta y ocho;  además, considera que el hecho mismo que el demandado  haya apelado la sentencia, muestra interés en corregir su  actitud y comportamiento como padre, como se advierte  del segundo párrafo de las conclusiones del informe  psicológico de folios ciento treinta; agrega a ello que el  artículo 9° de la Convención de los Derechos del Niño,  advierte que el niño que está separado de uno o de ambos  padres tiene derecho a mantener relaciones personales y  contacto directo con ambos padres, de modo regular, salvo  si ello es contrario a su interés, artículo que se interpreta de  modo conjunto con el artículo 3° de dicha Convención que  subraya el compromiso de los Estados en la protección y  cuidado que sean necesarios para el niño, teniendo en  cuenta los derechos y deberes de sus padres; así también  con el artículo 5° que asigna a los padres el deber y la  responsabilidad de impartir la dirección y orientación  apropiadas para el ejercicio de los derechos de sus hijos y  con el artículo 18° que vuelve acentuar que ambos padres  tienen obligaciones comunes en la que respecto a la  crianza y el desarrollo del niño. SÉTIMO: Es importante  resaltar que es posible el control casatorio de la motivación  de la sentencia impugnada cuando ésta no presenta una  argumentación que exprese razonablemente la justificación  interna y externa de la decisión. La debida motivación de  las resoluciones judiciales no constituye un tema extraño  para la casación. Al respecto, el tratadista italiano Taruffo  ha comentado que “(…) se puede observar que el control  de la motivación no está, de por sí, en contraste con la  función de la Corte de Casación como supremo juez de la  legitimidad. El deber de motivar constituye un elemento  esencial de la “ideología legal y racional” de la función  judicial u de la decisión que inspira a la mayor parte de los  ordenamientos modernos (…)”12 OCTAVO: En ese sentido,  el máximo intérprete de la Constitución ha precisado que el  contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la  debida motivación queda delimitado, entre otros, en lossiguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o  motivación aparente. b) Falta de motivación interna del  razonamiento, que se presenta en una doble dimensión;  por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a  partir de las premisas que establece previamente el Juez  en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia  narrativa, que a la postre se presenta como un discurso  absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo  coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se  trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional  de la debida motivación mediante el control de los  argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o  tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección  lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en  la motivación externa; justificación de las premisas, que se  presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no  han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez  fáctica o jurídica. d) La motivación insuficiente, referida  básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a  las razones de hecho o de derecho indispensables para  asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien,  como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar  respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la  insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo  resultará relevante desde una perspectiva constitucional si  es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de  fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en  sustancia  se  está  decidiendo.  e)  La  motivación  sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela  judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida  motivación de las sentencias obliga a los órganos judiciales  a resolver las pretensiones de las partes de manera  congruente con los términos en que vengan planteadas, sin  cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan  modificación o alteración del debate procesal (incongruencia  activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca  tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su  control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento  total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas  las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del  debate  judicial  generando  indefensión,  constituye  vulneración del derecho a la tutela judicial y también del  derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia  omisiva).13 NOVENO: Ahora bien, del examen minucioso  realizado a la resolución recurrida en casación, esto es, la  sentencia de vista del veintisiete de marzo de dos mil  diecisiete, se advierte que la Sala Superior al emitir la  decisión  que  revoca  la  apelada,  se  sustenta  fundamentalmente, en la declaración del demandado  vertida en la audiencia única de folios ciento sesenta y  ocho, quien afirma que está cumpliendo con su obligación  alimentaria a favor de la menor de edad, además el hecho  de que la parte demandada ha apelado la sentencia de  primer grado; no obstante, dicha afirmación no ha sido  confrontada con algún medio probatorio obrante en autos  que acredite fehacientemente dicho cumplimiento; más aún  si en este caso ha quedado acreditada la existencia del  proceso judicial de alimentos Nº 4618-2011, cuyo  incumplimiento derivó en la apertura de dos procesos  penales, por omisión de asistencia familiar (N° 3479-2015 y  Nº 8054-2015); medio probatorio que resulta esencial para  establecer si se configura la causal de suspensión de la  patria  potestad  por  negarse  a  prestar  alimentos,  contemplada por el artículo 75° inciso f del Código de los  Niños y Adolescentes, toda vez que se desconoce el estado  actual de dicho proceso de alimentos. DÉCIMO: En virtud  de lo expuesto hasta aquí, resulta evidente que la  resolución  materia  del  recurso  adolece  de  déficit  motivacional en su modalidad de motivación aparente, el  cual se presenta cuando el juzgador pretende cumplir con  el mandato de motivación, alegando frases que no tienen  validez fáctica ni jurídica y que en realidad no expresa  argumentos acordes respecto a la controversia. Lozano  Bambarén señala que “la fundamentación aparente es  acaso más peligrosa que la defectuosa, porque si bien ésta  puede ser el producto de un error -este es humano-, con  aquella se disfraza u oculta una realidad, pretendiendo  inducir a engaño al lector desprevenido”14; situación que se  presente en este caso, toda vez que la Sala de mérito ha  sustentado su decisión en afirmaciones sin ningún sustento  fáctico o jurídico. DÉCIMO PRIMERO: En tal orden de  ideas, se concluye que, al expedirse la decisión impugnada  en casación se ha infringido uno de los componentes del  derecho al debido proceso, esto es, el derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales contemplado en  el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política y; por  ende, el derecho de defensa de la recurrente, al no haberse  valorado racionalmente los medios probatorios parasustentar correctamente la decisión, conforme exige el  artículo 197° del Código Procesal Civil; defecto que vicia de  nulidad la resolución recurrida de acuerdo con lo dispuesto  en el artículo 171° del Código Procesal Civil; por lo que  carece de objeto pronunciarse respecto de la causal de  infracción normativa de orden material. DECISIÓN En  aplicación del artículo 396°, tercer párrafo, del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, y de  conformidad con el Dictamen Fiscal: NUESTRO VOTO es  porque se declare FUNDADO el recurso de casación  interpuesto a folios cuatrocientos setenta y dos por la  demandante Nancy Salcedo Godoy, por la infracción  normativa de orden procesal del artículo 139 incisos 3, 5 y  14 de la Constitución Política del Estado; en consecuencia,  NULA la sentencia de vista de fecha veintisiete de marzo  de dos mil diecisiete, obrante a folios trescientos veintitrés,  que revocando la sentencia apelada de fecha treinta de  marzo de dos mil dieciséis, obrante a folios ciento setenta  y cinco, declara infundada la demanda; y se ORDENE que  la Sala Superior expida nueva resolución con arreglo a ley  y las consideraciones de la presente decisión; en los  seguidos por Nancy Salcedo Godoy con César Sandino  Huamán Castillo, sobre suspensión de patria potestad. SS.  ARANDA RODRÍGUEZ, SALAZAR LIZÁRRAGA. LA  SECRETARIA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE QUE  SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE LA SEÑORA JUEZA  SUPREMA ARANDA RODRÍGUEZ, NO VUELVE A FIRMAR  EL PRESENTE VOTO, POR NO ENCONTRARSE EN  FUNCIONES, HABIENDO DEJADO SU VOTO FIRMADO  CON FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL  VEINTIUNO A FOLIOS SESENTA Y DOS DEL CUADERNO  DE CASACIÓN. 1  Entendidos conforme al concepto del artículo 472° del Código Civil. 2  Casación Nº 6910 – 2015 de fecha 18 de agosto de 2015. 3  Colomer Hernández, Ignacio. La motivación de las sentencias: sus exigencias  constitucionales y legales. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p.38. 4  Fundamento contenido en el sexto considerando de la sentencia casatoria Nº 647- 2015-Lima. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03 de julio de 2017, p.  95243. 5  TARUFFO, Michelle citado por Marcelo SEBASTIÁN MIDÓN. Derecho Probatorio,  Parte General. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2007. Páginas 167-168. 6  Incluido el derecho de defensa previsto en el inciso 14 del artículo 139° de la  Constitución Política del Estado y el derecho a la tutea jurisdiccional efectiva  estipulado en el inciso 3 de dicho artículo y en el I del Título Preliminar del Código  Procesal Civil. 7  Ver sentencias emitidas en los Expedientes Nº 3943-2006-PA/TC de 11.12.2006,  Nº 728-2008-PHC/TC de 13.10.2008. 8  Sentencia casatoria Nº 731-2012 LAMBAYEQUE del 12 de noviembre de 2013. 9  GUASCH FERNÁNDEZ, Sergi. El hecho y el derecho en la Casación Civil. José  María Bosch Editor. Barcelona, España, 1998, pág. 403. 10  Fundamento jurídico Nº 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00579- 2013-PA/TC del 24 de diciembre de 2014. 11  LANDA ARROYO, César. El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia:  Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del  Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volumen 1. Fondo Editorial  Academia de la Magistratura. Lima, Perú, 2012, pág.16. 12  TARUFFO, Michelle. El Vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil.  Palestra Editores, Lima, 2005, pág. 214. 13  Fundamento Jurídico Nº 4 de la Sentencia número 03943-2006-PA/TC dictada por  el Tribunal Constitucional de fecha 11 de diciembre de 2006. 14  LOZANO BAMBARÉN, Juan Carlos. Criterios rectores para la formulación de  recurso de casación civil. Editora Grijley, Lima, 2005, pág. 287. C-2136197-243