CASACIÓN Nº 5408-2019 LIMA
Materia: Desalojo Las Salas Superiores tienen la posibilidad de ejercitar el poder  probatorio, incorporando medios de prueba que permitan  solucionar el conflicto, de conformidad con el artículo 194 del  Código Procesal Civil. Lima, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia  de la República: vista la causa número cinco mil cuatrocientos  ocho – dos mil diecinueve, en audiencia pública llevada a  cabo en la fecha con los jueces supremos Aranda Rodríguez,  Salazar Lizárraga, Cunya Celi, Calderón Puertas y Echevarría  Gaviria; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la  siguiente sentencia: I. ASUNTO En el presente proceso de  desalojo el demandante Christian Iván Salazar Lui Lam  Interpone recurso de casación a fojas trescientos cuarenta y  nueve, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de  setiembre de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos  diecisiete, que resolvió Revocar la sentencia contenida en la  Resolución número quince, de fecha veintisiete de noviembrede dos mil dieciocho (fojas doscientos sesenta), que declaró  Fundada la demanda de fojas veintiséis al treinta y seis, en  consecuencia ordena que la demandada, Amanda Ríos  Arévalo, cumpla con desocupar y restituir en el plazo de seis  días, la posesión del inmueble sito en avenida República  Dominicana número 207 (Tienda 1º piso), del distrito de Jesús  María a favor del demandante Christian Iván Salazar Lui Lam,  con costas y costos; y Reformándola declara Infundada la  demanda  de  desalojo  por  ocupación  precaria.  II.  ANTECEDENTES 2.1. Demanda El dos de junio de dos mil  dieciséis, mediante escrito obrante a fojas veintiséis,  Christian Iván Salazar Lui Lam interpuso demanda de  desalojo; fin que Amanda Ríos Arévalo cumpla con desocupar  y restituir el inmueble ubicado en avenida República  Dominicana número 207 (Tienda – primer piso), del distrito de  Jesús María; argumentando que: - Con fecha quince de  noviembre de dos mil once, mediante adjudicación vía remate  judicial, adquirió el inmueble materia de litis, que fuera de  propiedad de Santiago Manuel Ventura Márquez y de María  Amelia Solís Ramírez, el cual fue materia de embargo en  forma de inscripción por parte de Paul Anthony Thorndike  Piedra, habiéndosele adjudicado en propiedad el tres de  enero de dos mil doce, disponiendo se notifique a la parte  ejecutada y/o ocupantes del inmueble que han sido notificados  con el mandato de ejecución para que cumplan con hacer  entrega del inmueble, quedando consentido el Auto de  Adjudicación y Transferencia del bien inmueble, con fecha  seis de marzo de dos mil doce; y que al no haber sido  notificado a los ocupantes del inmueble objeto de litis con el  mandato de ejecución, estos no pudieron ser susceptibles de  lanzamiento, viéndose frustrado hasta en dos oportunidades;  posteriormente, con fecha dieciséis de julio de dos mil quince,  se procedió al lanzamiento de los demandados. -  Posteriormente, Amanda Ríos Arévalo se apersona a dicho  proceso solicitando se le admita como litisconsorte necesario  de la parte demandada, alegando ser propietaria y  posesionaria del bien objeto de litis, así como la nulidad de  todo lo actuado y que se declare inejecutable la etapa de  ejecución; pedido que no fue aceptado; - En la actualidad la  demandada viene ocupando el inmueble objeto de litis, de  manera precaria no teniendo justo título, ni vínculo contractual  con el demandante sin pagar renta. 2.2. Contestación de la  demanda y Reconvención Mediante escrito obrante a fojas  ciento uno, la demandada Amanda Ríos Arévalo contestó la  demanda negándola en todos sus extremos, argumentando  que: - Manifiesta no tener la condición de precaria, sino que  es propietaria del inmueble objeto de litis desde mil  novecientos noventa, en razón de haberlo adquirido de su  anterior propietario Santiago Ventura Márquez, mediante  contrato de compra venta celebrado con fecha dieciocho de  octubre de mil novecientos noventa, no existió cláusula de  retención de propiedad. - Agrega que en el referido contrato  de compra-venta se pactó la obligación del vendedor que a  fines del mes de noviembre de mil novecientos noventa se  elevaría el contrato a escritura pública; sin embargo, al ser  requerido el vendedor Santiago Ventura Márquez el  cumplimiento de su obligación de otorgar la escritura pública,  ante su negativa es que optó por suspender el cumplimiento  de su prestación a su cargo, esto es el pago de las últimas  letras de cambio, ante lo cual el anterior propietario promovió  un proceso de obligación de dar suma de dinero en su contra;  por lo que el contrato de compraventa celebrado en el año  mil novecientos noventa, siempre estuvo vigente, y jamás  fue declarado nulo; señalando además, que el anterior  propietario nunca informó que el bien objeto de litis,  embargado y luego rematado para el pago de una supuesta  deuda, ya no era de su propiedad. . 2.3. Sentencia de  Primera Instancia El veintisiete de noviembre de dos mil  dieciocho, mediante resolución número quince, obrante a  fojas doscientos sesenta, el Décimo Noveno Juzgado Civil de  la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la  demanda de fojas veintiséis al treinta y seis, en consecuencia  ordenó que la demandada, Amanda Ríos Arévalo, cumpla con  desocupar y restituir en el plazo de seis días, la posesión del  inmueble sito en avenida República Dominicana número 207  (Tienda – primer piso), del distrito de Jesús María, a favor del  demandante Christian Iván Salazar Lui Lam, señalando que:  - Debe tenerse en cuenta, respecto al derecho de propiedad  de la demandada que dice ostentar, el mismo la sustenta en  el contrato de compraventa de fecha dieciocho de octubre de  mil novecientos noventa, fojas cincuenta, sin embargo,  aparece que el inmueble que adquiere es uno distinto al que  es objeto de demanda; no obstante ello, ha presentado  documentación con el cual pretende acreditar que el inmueble  es el mismo que es objeto de demanda, sin embargo, los  documentos presentados no constituyen títulos de propiedad.  Por tanto, no ha ofrecido medio probatorio acreditando que se  trate del mismo inmueble. - Que, en ese sentido, si bien lademandada ha planteado una pretensión, que se declare  tener mejor derecho de propiedad que el actual propietario del  inmueble, su derecho es expectaticio, aún no declarado,  sobre todo que en este tipo de procesos, de desalojo, sólo se  resuelve lo relativo a la posesión del inmueble, más no sobre  su propiedad, lo cual, como se ha dicho, aún no ha acreditado  tener la demandada, correspondiéndole, en todo caso, hacer  valer su derecho en la vía y forma correspondiente, tal como  aparece estar haciéndolo. - Que, siendo ello así, no  habiéndose aún declarado que la demandada tenga derecho  de propiedad sobre el inmueble materia de litis, no puede  afirmarse que tenga título para poseerlo, por lo que la  demanda debe ser amparada. 2.4. Recurso de Apelación  Mediante escrito de fojas doscientos setenta y uno, la  demandada Amanda Ríos Arévalo, apeló la citada sentencia,  argumentando que: a) El juez no ha tenido en cuenta que la  correcta interpretación del artículo 911 del Código Civil es que  la precariedad no se determina únicamente con la carencia de  título de propiedad, arrendamiento u otro semejante, sino que  debe ser entendida como la ausencia absoluta de cualquier  circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien. b) El  Juez no ha tomado en consideración que no tiene la condición  de ocupante precaria porque su posesión se ejerce en virtud  a un título que no ha fenecido y que consiste en el hecho o  circunstancia que en el año mil novecientos noventa adquirió  el derecho de propiedad del transferente Santiago Ventura  Márquez. 2.5. Resolución de Segunda Instancia El cuatro  de setiembre de dos mil diecinueve, la Tercera Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de Lima, emitió la resolución de  vista de fojas trescientos diecisiete, mediante la cual Revoca  la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil  dieciocho (fojas doscientos sesenta), que declaró fundada la  demanda de fojas veintiséis, y en consecuencia ordenó que la  demandada, Amanda Ríos Arévalo, cumpla con desocupar y  restituir en el plazo de seis días, la posesión del inmueble a  favor del demandante Christian Iván Salazar Lui Lam, con  costas y costos; y Reformándola declara infundada la  demanda de desalojo por ocupación precaria; bajo los  siguientes argumentos: - Se observa que el demandante ha  acreditado tener la propiedad y dominio registral del inmueble;  toda vez que lo adquirió de mediante adjudicación judicial.  Por otro lado, la demandada alega que no es poseedora  precaria sino en calidad de propietaria, desde el año mil  novecientos noventa, al haberlo adquirido de su anterior  propietario Santiago Ventura Márquez, mediante contrato de  compraventa de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos  noventa. - La Resolución del trece de setiembre de dos mil  uno (fojas sesenta y nueve), emitida en el Expediente número  8438-97, mediante la que se ordenó trabar embargo en forma  de retención hasta por la suma de US$ 14,000.00 (catorce mil  dólares americanos) sobre las rentas que percibe la  demandada Amanda Ríos Arévalo sobre el inmueble ubicado  en la avenida República Dominicana número 207, distrito de  Jesús María, nombrándose como retenedor al inquilino Jorge  Bustamante Solórzano. Asimismo, mediante resolución de  fecha veintiocho de junio de dos mil dos (fojas setenta), se  ordenó trabar embargo en forma de depósito hasta por la  suma de US$ 14,000.00 (catorce mil dólares americanos)  sobre el inmueble de propiedad de la demandada Amanda  Ríos Arévalo ubicado en la avenida República Dominicana  número 207, distrito de Jesús María, al considerar que esta  ostenta la titularidad del inmueble y que no obra  registrado. - Se advierte que el inmueble materia del contrato  de compraventa de fecha dieciocho de octubre de mil  novecientos noventa (fojas cincuenta), consignado como  “General Garzón Nº 1275, Jesús María, ubicado en el primer  piso, el cual esta signado con el número 101 (Tienda  Número 101 Galerías Garzón)” es hoy en día República  Dominicana Nº 207, distrito de Jesús María (inmueble que  ahora es materia del presente proceso de desalojo). -  Asimismo, se advierte que dicho contrato de compraventa  de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa  (fojas cincuenta), continúa vigente y válido, tanto es así  que en el expediente número 14976-99, sobre Tercería de  Propiedad, se emitió sentencia de fecha doce de noviembre  de dos mil uno (fojas setenta y uno), declarando fundada la  demanda de tercería de propiedad interpuesta por  Amanda Ríos Arévalo, en consecuencia, que se levante el  embargo que recaía sobre el inmueble ubicado en República  Dominicana  número  207,  distrito  de  Jesús  María,  sustentándose en que esta había acreditado ser la titular  del inmueble con dicho documento. - En ese sentido, se  colige que la titularidad del inmueble alegado por la  demandada  Amanda  Ríos  Arévalo  se  encuentra  acreditado a efecto de decidir el presente proceso de  desalojo, por lo que tiene un título de posesión que puede ser  opuesto al demandante. Debiéndose precisar que el título de  propiedad de la demandada es válido y vigente hasta quese emita pronunciamiento sobre el fondo con calidad de  cosa juzgada en el proceso de mejor derecho de  propiedad, seguido por las mismas partes. - Por tal razón,  aun cuando la parte demandante tenga derecho propiedad  inscrito en la partida registral del inmueble objeto del  proceso, se advierte que la parte demandada cuenta con  un título para poseerlo, lo que genera un efecto de  protección frente al accionante. Por consiguiente, no  corresponde amparar la pretensión de Desalojo. III.  RECURSO DE CASACIÓN El dieciocho de setiembre de dos  mil diecinueve, el demandante Cristian Iván Salazar Lui Lam,  mediante escrito de fojas trescientos cuarenta y nueve,  interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista,  siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal  mediante la resolución de dieciocho de mayo de dos mil  veinte, por las siguientes infracciones: a) Infracción  normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución  Política; refiere que la resolución impugnada contiene una  anomalía  de  razonamiento  judicial  decisorio,  existe  contravención de las normas que garantizan el derecho a un  debido proceso y falta de motivación en la decisión emitida. b)  Infracción normativa de los artículos 2016 y 2022 del  Código Civil; alega que el ad quem ha otorgado vigencia y  validez para justificar la posesión del inmueble sub materia, al  contrato de compraventa presentado por la demandada y que  se aduce haberse celebrado el dieciocho de octubre de mil  novecientos noventa, aplicando para el caso sub materia los  efectos de protección que surgen del Cuarto Pleno Casatorio  Civil, en desmedro de lo que se deriva de lo dispuesto por los  artículos citados. Asimismo, se ha fundamentado el derecho  expectaticio de mejor derecho de propiedad aun no declarado  incoado ante la instancia competente (Vigésimo Noveno  Juzgado Civil, expediente 10205-2016) y que por solo este  hecho de haber interpuesto una demanda de mejor derecho  de propiedad, se pretenda considerar esto como un título que  justifique la posesión. La demandada alega un derecho de  propiedad sobre el predio sub materia en mérito a un contrato  que nunca fue inscrito, razón por la que no puede ser  amparado, pues no constituye un título que justifique la  posesión precaria, ya que el supuesto título que ostenta no  genera un efecto de protección frente al título de propiedad  del recurrente y de dominio registral sobre el inmueble. IV.  CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el presente caso, la  cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la Sala  Superior ha incurrido en error al determinar que la parte  demandada ostenta con título para poseer el bien inmueble  en virtud del contrato de compraventa del dieciocho de  octubre de mil novecientos noventa. V. FUNDAMENTOS DE  ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de  casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo señala  el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que,  habiéndose declarado procedente los recursos por causales  de infracción normativa material y procesal, en primer término  debe dilucidarse las relativas a la infracción normativa  procesal, de conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del  Código Procesal Civil -modificado por Ley Nº 29364-, el cual  establece que si el recurso de casación contuviera ambos  pedidos (anulatorio o revocatorio), deberá entenderse el  anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado,  ello en atención a su efecto nulificante. Tercero.- Que, la  infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del  proceso, no se han respetado los derechos procesales de las  partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la  tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente,  en clara transgresión de la normatividad vigente y de los  principios procesales. Cuarto.- Que, el derecho al debido  proceso tiene tres elementos: a) el derecho de acceso a  alguna de las modalidades de justicia institucionalizada  previstas en el ordenamiento jurídico; b) el proceso mismo se  ajuste a una serie de exigencias que favorezcan en la mayor  medida posible a la consecución de una decisión justa; y, c) la  superación plena y oportuna del conflicto con una decisión  justa, a través de la ejecución también plena y oportuna1. La  importancia de este derecho para la protección de los  derechos fundamentales ha dado lugar a que sea considerado  como un principio general del derecho, garantía constitucional  y como un derecho fundamental.2 Quinto.- Que, uno de los  aspectos de éste derecho dentro proceso es el referido a la  prueba, “ello en la medida en que los justiciables están  facultados para presentar todos los medios probatorios  pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano  jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos  planteados son correctos”3. Sexto.- Que, siendo ello así, debe  tenerse presente que el artículo 197 del Código Procesal Civil  prescribe que: “Todos los medios probatorios son valoradospor el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación  razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán  expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que  sustenten su decisión”. En ese sentido, debe entenderse que  el Juez se encuentra en la obligación atender y analizar los  medios probatorios que intentan acreditar un hecho alegado  por alguna de las partes ya sea en la demanda, en la  contestación o en el escrito donde se ofrezcan nuevos medios  probatorios, siempre que éstos cumplan los requisitos para su  admisión; constituyendo la omisión a este precepto una  infracción a la norma que establece la finalidad de los medios  probatorios contenida en el artículo 188 del Código Procesal  Civil. Sétimo.- Que, sin embargo, como bien se expuso en el  X Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación Nº 1247-2017  Lima Este, desarrollando la prueba de oficio, corresponde a  los jueces evaluar la posibilidad de ejercitar la facultad de  incorporar nuevos elementos de prueba cuando se encuentre  en situaciones en la que existen medios de prueba relevantes  para la solución del caso. Asimismo, en segunda instancia, las  Salas Superiores tienen la posibilidad de ejercitar el poder  probatorio, incorporando medios de prueba que permitan  solucionar el conflicto, de conformidad con el artículo 194 del  Código Procesal Civil. Es en ese sentido que, la sétima regla  establecida es: “El juez podrá evaluar la necesidad de  incorporar de oficio las copias certificadas, físicas o virtuales  de los procesos judiciales o procedimientos administrativos  conexos vinculados con la controversia y con incidencia  directa en el resultado del proceso”. Octavo.- Que, en  consecuencia, siendo ello así, se advierte que la Sala revisora  ha señalado que la demandada tiene titularidad sobre el  inmueble materia de litis, que proviene del contrato de  compraventa de dieciocho de octubre de mil novecientos  noventa, el mismo que continua vigente y válido, tan es así  que el proceso que interpuso sobre tercería de propiedad  contra Hipólito Mejía Valenzuela fue amparado en virtud de  dicho acto jurídico. Sin embargo, la Sala a la vez condiciona  dicho título hasta que se emita pronunciamiento de fondo en  el proceso de mejor derecho de propiedad, recaído en el  expediente número 10205-2016 seguido entre la demandada  Amanda Ríos Arévalo contra Christian Iván Salazar Lui Lam y  otros. Noveno.- Que, por tanto, esta Sala Suprema considera  necesario que, la Sala de mérito, en el ejercicio de sus  facultades, y atendiendo a la relevancia de los actuados  recaídos en el mencionado proceso de mejor derecho de  propiedad e incidencia de ellos en el resultado del presente  proceso, solicite al órgano correspondiente copias certificadas  de lo decidido u otros que considere necesarios para emitir un  pronunciamiento en el presente proceso, los mismos que  serán sometidos al contradictorio en audiencia especial,  previo a la toma de decisión que corresponda. Décimo.- Que,  al haberse acreditado la contravención de las normas que  garantizan el derecho a un debido proceso, la infracción  denunciada merece ser estimada, y disponerse el reenvío de  los autos a la Sala de mérito. VI. DECISIÓN Por tales  consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo  dispuesto en el artículo 396 inciso 3 del Código Procesal Civil,  modificado por la Ley 29364, resuelve: 6.1. Declarar  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Christian  Iván Salazar Lui Lam a fojas trescientos cuarenta y nueve; en  consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha  cuatro de setiembre de dos mil diecinueve, obrante a fojas  trescientos diecisiete, expedida por Tercera Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de Lima. 6.2. ORDENARON que la  Sala Superior de origen emita nuevo fallo teniendo en cuenta  las consideraciones descritas. 6.3. DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano”, bajo responsabilidad; notificándose; en los  seguidos por Christian Iván Salazar Lui Lam, con Amanda  Ríos Arévalo sobre desalojo; y los devolvieron. Intervino como  ponente el señor juez supremo Salazar Lizárraga.- SS.  ARANDA RODRÍGUEZ, SALAZAR LIZÁRRAGA, CUNYA  CELI, CALDERÓN PUERTAS, ECHEVARRIA GAVIRIA. 1  Cfr. Castillo Córdova, Luis. “Debido proceso y tutela jurisdiccional”. En: “La  Constitución Comentada”. Tomo III. Lima: Gaceta, 2013, p. 61-62. 2  Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derechos Fundamentales y Proceso Justo”. Lima:  Ara Editores, 2001, p.218. 3  STC EXP. Nº 01557-2012-PHC/TC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18  de octubre de 2012. C-2136197-244