CASACIÓN Nº 5545-2019 LIMA
Materia: OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA SUMILLA: Emitir pronunciamiento en consulta, respecto  de fallos que no están contemplados en el Artículo 408 del  Código Procesal Civil constituye afectación al debido proceso;  que ocasiona nulidad de lo actuado e insubsistencia de la  elevación. Lima, tres de marzo de dos mil veintidós. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  cinco mil quinientos cuarenta y cinco del dos mil diecinueve,  en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la  votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I.  ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación interpuesto por el demandante MARINO  QUEZADA CARDOZO; contra la sentencia de vista, de fecha  veinte de agosto de dos mil diecinueve, que desaprobó la  sentencia de primera instancia de fecha seis de diciembre de  dos mil dieciocho, que declaró fundada la demanda seguida  por Marino Quezada Cardozo y otra contra InmobiliariaPopular S.R.L, sobre otorgamiento de escritura pública. II.  ANTECEDENTES: 1. DE LA DEMANDA: Mediante escrito  de fojas ochenta y seis, Marino Quezada Cardozo y Rosa Luz  Huerta Chagua de Quezada, interponen demanda de  otorgamiento de escritura pública de: a) Independización  correspondiente al Lote 3 de la Manzana D, de la Urbanización  Sol de Naranjal, Distrito de San Martín de Porres con un área  de 160 m2 (en adelante, el inmueble), adquirido mediante  escritura pública de compraventa de fecha veinte de diciembre  de mil novecientos noventa y nueve de la demandada por  ante la Notaría Alfonso Cisneros Ferreyros. b) Aclaración de  la escritura pública de compraventa de fecha veinte de  diciembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada por  ante la Notaría Alfonso Cisneros Ferreyros, sobre el Lote 3 de  la Manzana D, de la Urbanización Sol de Naranjal, Distrito de  San Martín de Porres con un área de 160 m2, adquirido de la  demandada, en la que por error involuntario se ha consignado  en la cláusula segunda que dicho inmueble colinda por el  frente con la Calle 3, debiendo ser lo correcto que colinda por  el frente con la Calle 4. Sustenta su pretensión alegando que:  1) por minuta de compraventa de fecha 17 de diciembre de  1999, elevada a escritura pública con fecha 20 de diciembre  de 1999, por ante la notaría del Dr. Alfonso Cisneros Ferreyros,  adquirieron el inmueble de la demandada, el mismo que se  encuentra comprendido dentro de uno de mayor extensión de  propiedad de la demandada, inscrito en la Partida Nº  43784447 del registro de la Propiedad Inmueble de Lima, no  habiendo sido independizado hasta la fecha. 2) Hasta la fecha  la demandada no ha regularizado la independización del  inmueble. 3) En la cláusula segunda de la escritura pública de  compraventa se incurrió en un error involuntario al haberse  consignado que el Lote 3 de la Manzana D, “por el frente  colinda con la Calle 3”, siendo lo correcto “Por el frente colinda  con la Calle 4”, por lo que interponen su demanda. 2.-  CONTESTACIÓN DE DEMANDA: Mediante escrito de fojas  ciento treinta y cuatro, el curador procesal, nombrado a través  de resolución de fojas ciento once contesta la demanda, bajo  los siguientes argumentos: 1) en ninguna de las cláusulas de  la escritura pública se menciona el acuerdo de transferencia  del inmueble, solo en la cláusula segunda se indica que el  mismo se encuentra dentro de un lote matriz; que al momento  de la firma de la escritura pública y hasta la fecha, el inmueble  no existe, y tampoco se ha consignado el número de acciones  y derechos que le correspondería a los demandantes o si es  una compraventa de bien futuro; 2) los demandantes solo  peticionan la independización y rectificación del inmueble,  cuando el lote matriz se subdividía en más lotes, por lo que la  independización debería abarcar a todos ellos cumpliendo las  normas correspondientes 3.- SENTENCIA DE PRIMERA  INSTANCIA1: Mediante sentencia contenida en la resolución  número diez de fojas ciento sesenta y dos, de fecha seis de  diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de la causa ha  declarado fundada la demanda; al considerar que: i) La  demandada es la titular registral del inmueble según puede  verse del asiento 2 c) de la Ficha Nº 303850 correspondiente  a la Partida Electrónica Nº 43784447 del Registro de la  Propiedad Inmueble de Lima; ii) Del testimonio de la escritura  pública de compraventa de fecha 20 de diciembre de 1999,  puede verse que la demandada vende el inmueble a los  demandantes por el precio de S/. 4,200.00 (CUATRO MIL  DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). Iii) De lo  declarado por las partes en la cláusula tercera de la referida  escritura pública, puede verse que los demandantes han  cancelado la integridad del precio del inmueble materia de la  venta. iv) La curadora procesal señala que en ninguna de las  cláusulas de la escritura pública se menciona el acuerdo de  transferencia del inmueble, solo en la cláusula segunda se  indica que el mismo se encuentra dentro de un lote matriz. Al  respecto, conforme al artículo 169 del Código Civil “Las  cláusulas de los contratos se interpretan las unas por medio  de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que  resulte del conjunto de todas”. Una lectura del conjunto de  todas las cláusulas de la escritura pública nos llevará a la  inevitable conclusión de que las partes celebraron un contrato  de compraventa sobre el inmueble, por lo que dicho argumento  no resulta atendible. v) La curadora procesal señala que al  momento de la firma de la escritura pública y hasta la fecha,  el inmueble no existe. Sin embargo, de la Declaración Jurada  de Autoevalúo 2016 (PU y HR) respecto, se advierte que el  inmueble existe, por lo que dicho argumento tampoco resulta  atendible. vi) La curadora procesal señala que tampoco se ha  consignado el número de acciones y derechos que le  correspondería a los demandantes o si es una compraventa  de bien futuro. Teniendo en cuenta que el contrato de  compraventa celebrado entre las partes no es sobre acciones  y derechos ni sobre un bien futuro, dicho argumento de  defensa tampoco resulta atendible. vii) La curadora procesal  señala  que  los  demandantes  solo  peticionan  laindependización y rectificación del inmueble, cuando el lote  matriz se subdividía en más lotes, por lo que la independización  debería abarcar a todos ellos cumpliendo las normas  correspondientes. Teniendo en cuenta que los demandantes  sólo son propietarios del inmueble, su interés para obrar no  alcanza a los demás lotes, por lo que dicho argumento de  defensa tampoco resulta atendible. viii) Teniendo en cuenta  que el inmueble se encuentra dentro de uno de mayor  extensión, conforme a las cláusulas primera y segunda de la  escritura pública de compraventa y a la Partida Electrónica Nº  43784447 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, y  que conforme al artículo 1549 del Código Civil “Es obligación  esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la  propiedad del bien”, resulta evidente que la demandada se  encuentra obligada a otorgar a los demandantes la escritura  pública de independización. ix) En la cláusula segunda de la  escritura pública de compraventa se ha incurrido en error  material al señalarse que “Por el frente colindante con la Calle  3 con un área de 8.00 ml”, siendo lo correcto “Por el frente  colindante con la Calle 4 con un área de 8.00 ml”, tal como  puede verse de los planos de ubicación, independización y el  Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Nº  0642-2015-SGOP-GDU/MDSMP. x) la demanda se encuentra  obligada a otorgar a los demandantes la escritura pública de  aclaración, conforme al artículo 48 del Decreto Legislativo del  Notariado Nº 1049. 4.- DE LA CONSULTA: La sentencia de  primera instancia, en su parte resolutiva ordenó: “ii) De no ser  apelada la presente sentencia, elévese en CONSULTA al  superior colegiado, de conformidad con el artículo 408 inciso  2 del Código Procesal Civil” Por lo que, no habiéndose  interpuesto recurso de apelación elevó en consulta los autos.  5.- SENTENCIA DE VISTA:2 La Sala de mérito desaprueba  la sentencia de primera instancia bajo los siguientes  fundamentos: i) Los demandantes no adjuntan medio  probatorio alguno que acredite un acuerdo de independización  ni aclaración de la Escritura Pública del 20 de diciembre de  1999, de manera que, se advierte que en autos no existe  recaudado con la presente demanda, el medio probatorio que  acredite la existencia de acuerdos que requieran ser  formalizados mediante el Otorgamiento de Escritura Pública,  en los términos del artículo 1412º del Código Civil. ii) No  habiéndose acreditado acto jurídico alguno que deba ser  formalizado, pues no hay medio de prueba que acredite la  existencia de un acuerdo de independización del inmueble  sub litis del predio mayor, así como tampoco existe prueba del  acuerdo de aclaración de linderos, motivo por el cual,  corresponde desaprobar la sentencia elevada en consulta.  Cabe indicar que, en el presente proceso se encuentra  garantizado el derecho de defensa de las partes, incluso de la  parte demandada, quien fue debidamente notificado mediante  edictos, habiéndosele designado curador procesal mediante  resolución de folios ciento once, número 03, de fecha tres de  agosto del dos mil diecisiete, habiendo ejercitado el derecho  de defensa conforme a ley; por ello y teniéndose en  consideración que el A-quo ha valorado todos los medios de  prueba aportados en autos con sujeción a lo dispuesto por el  artículo 197º del Código Procesal Civil, la resolución-sentencia  materia de consulta debe desaprobarse. 6.-  RECURSO DE CASACIÓN: Esta Suprema Sala, mediante  resolución de fecha treinta de setiembre de dos mil veinte, se  declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el  demandante Marino Quezada Cardozo, por las causales de:  1) La infracción normativa procesal de los artículos 139  incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, IX del  Título Preliminar y 408 inciso 2 del Código Procesal Civil,  modificado por el artículo 4 del Decreto Legislativo  número 1384.-Precisa el casante que, la Sala Superior ha  omitido aplicar el artículo 408 inciso 2 del Código adjetivo, por  cuanto la sentencia de vista que desaprobó la sentencia de  primera instancia deviene en nula, al haber sido emitida con  manifiesta improcedencia, toda vez que no está regulada para  la procedencia de la consulta una resolución sobre  otorgamiento de escritura pública, transgrediéndose a su vez  el principio de vinculación y formalidad, el derecho  fundamental del debido proceso, y el derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales. En ese sentido, precisa que, el  principio de congruencia procesal, denominado principio de  vinculación y formalidad se plasma en el artículo IX del Título  Preliminar del Código Procesal citado, y su sentido  interpretativo se orienta a que las formas procesales deben  ser observadas en el proceso, salvo permiso en contrario. 2)  De manera excepcional por infracción normativa del  Artículo 1412 del Código Civil. III. MATERIA JURÍDICA  DEL DEBATE: Es necesario establecer si la instancia de  mérito ha afectado el derecho al debido proceso, al desaprobar  la apelada que declaró fundada la demanda; descartado ello,  determinar si se ha infringido el Artículo 1412 del Código Civil.  IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: PRIMERO.-El recurso extraordinario de casación es eminentemente  formal y excepcional, que solo puede fundarse en cuestiones  eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración  probatoria, permite ejercer el control de las decisiones  jurisdiccionales, así como, determinar si en dichas decisiones  se ha infringido o no las normas que garantizan el debido  proceso, traducido en el respeto de los principios que lo  integran, es por esa razón, que el artículo 384° del Código  Procesal Civil establece que el recurso de casación tiene  como fines i) la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO.- Estando a que  la causal admitida, Estando a lo precisado en el rubro “Materia  jurídica en debate”, corresponde precisar que “El derecho al  debido proceso supone el cumplimiento de las diferentes  garantías y normas de orden público que deben aplicarse a  todos los procesos o procedimientos, a fin de que las personas  estén en condiciones de defender adecuadamente sus  derechos ante cualquier acto estatal o privado que pueda  afectarlos. Su contenido presenta dos expresiones: la formal  y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y  reglas que lo integran tienen que ver con formalidades  estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento  preestablecido, el derecho de defensa y la motivación,  etcétera. En las de carácter sustantiva o, estas están  básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad  y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A  través de esto último se garantiza el derecho que tienen las  partes en un proceso o procedimiento a que la resolución se  sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las  disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico  para la solución razonable del caso, de modo que la decisión  en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable  de  tales  normas”3.(Énfasis  agregado).  TERCERO.-  Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por  las causales de infracción normativa de carácter procesal y  material, y el apartamiento inmotivado del precedente judicial,  corresponde en primer lugar emitir pronunciamiento sobre la  infracción normativa procesal por su efecto nulificante.  CUARTO.- Teniendo en En ese sentido, cabe precisar que el  derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva  constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, los cuales  comprenden a su vez, el deber de los jueces de observar los  derechos procesales de las partes y el derecho de los  justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante  su pedido de tutela en cualquiera etapa del proceso. De ahí  que dichos principios se encuentren ligados a la exigencia de  la motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el  inciso 5 del referido artículo constitucional, esto es, que los  jueces y tribunales expliciten en forma suficiente las razones  de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos  y jurídicos que los determinaron. Por consiguiente, la  contravención de las normas que garantizan el derecho a un  debido proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no  se han respetado los derechos procesales de las partes, se  han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente,  en clara transgresión de la normatividad vigente y de los  principios procesales. QUINTO.- El artículo 138 de la  Constitución Política del Perú, impone una exigencia social de  que la comunidad sienta como un valor jurídico, denominado,  fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que  se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la  Constitución Política del Perú concordante con el artículo 12  del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código  Procesal Civil. Dicha garantía constitucional, asegura la  publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces  para pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los  particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias de  los jueces, quienes de este modo no pueden ampararse en  imprecisiones subjetivas ni decir las causas a capricho, sino  que están obligados a enunciar las pruebas en que sostienen  sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, la falta  de motivación no puede consistir, simplemente, en que el  juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo  determina a decidir la controversia, sino también en no  ponderar los elementos introducidos en el proceso de acuerdo  con el sistema legal, es decir, no justificar suficientemente la  parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla. Sobre el  particular, el Tribunal Constitucional señala que “el derecho a  la debida motivación de las resoluciones judiciales es una  garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y  garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren  justificados en el mero capricho de los magistrados, sino en  datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o losque se deriven del caso” 4 SEXTO.- A su vez, el principio  precedente de motivación de los fallos judiciales tiene como  vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta de motivación y  2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres  agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación  insuficiente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en  ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación  aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no  actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente,  que se presenta cuando vulnera el principio de la razón  suficiente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se  presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios  lógicos y las reglas de la experiencia. SÉPTIMO.- Por su  parte, el “principio de congruencia procesal”, se encuentra  íntimamente relacionado con el principio de iura novit curia, se  encuentra regulado en el segundo párrafo del artículo VII del  Título Preliminar del Código Procesal Civil, concordante con  los artículos 50 inciso 6) y 112 inciso 4) del mismo Código  Adjetivo; según el cual en toda resolución judicial debe existir:  1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente  resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones  (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la  parte  resolutiva  (congruencia  interna);  en  suma,  la  congruencia en sede procesal, es el “(...) principio normativo  que delimita el contenido de las resoluciones Judiciales que  deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las  peticiones formuladas por las partes (...) para que exista  Identidad Jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (...)” 5;  de donde los jueces tienen el deber de motivar sus  resoluciones, como garantía de un debido proceso; no están  obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a  indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los  puntos de la controversia fijados por las partes, respetando  así el principio de congruencia. OCTAVO. - Estando a los  fundamentos del recurso que nos ocupa, es pertinente  referirnos a la figura denominada “consulta” regulada en el  Art. 408 del Código Procesal Civil, no tiene la naturaleza de  ser un recurso; sino que, nuestro legislador la ha concebido  como un mecanismo de protección al derecho de defensa de  quien de alguna manera se encuentra en situación de  vulnerabilidad en el proceso. Situaciones reguladas en el  referido artículo, según el cual: “La consulta sólo procede  contra las siguientes resoluciones de primera instancia que no  son apeladas: 1. La que declara la interdicción y el  nombramiento de tutor o curador; 2.- La que declara la  interdicción y el nombramiento de tutor, curador o designación  de apoyo; 3. Aquella en la que el Juez prefiere la norma  constitucional a una legal ordinaria; y, 4. Las demás que la ley  señala. También procede la consulta contra la resolución de  segunda instancia no recurrida en casación en la que se  prefiere la norma constitucional. En este caso es competente  la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.”  NOVENO.- Al respecto Edgar Escobar López señala que “los  recursos y la consulta buscan un mismo resultado, cual es la  revisión de la decisión judicial por el superior para saber si el  derecho fue debidamente interpretado y la ley justamente  aplicada; sin embargo, la consulta, a diferencia de los  recursos, no es un derecho ni una acción de libre arbitrio o  disposición de las partes, sino que es un imperativo del  legislador con carácter obligatorio que ordena al juez sin  petición alguita, que determinadas resoluciones deban ser  revisadas por el superior” 6 DÉCIMO.- Ahora bien, de la  revisión de los autos se advierte que no se cumple con  ninguno de los casos contemplados en el Artículo 408 del  Código Procesal Civil para la elevación en consulta de la  sentencia de primera instancia; ello evidencia un vicio  insubsanable que afecta el debido proceso en sus  manifestaciones del derecho de defensa, en tanto se ha  emitido pronunciamiento contra una sentencia que ha sido  consentida, y respecto de la cual la norma no contempla su  elevación en consulta; por lo que corresponde amparar las  casuales procesales denunciadas por el recurrente y en  aplicación de lo dispuesto por el artículo 171 del Código  Procesal Civil, debe declarase la nulidad de la sentencia de  vista e insubsistente la el ítem “ii” de fallo contenido en la  sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho  obrante a fojas ciento sesenta y dos. V. DECISIÓN: Esta Sala  Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del  Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de  casación interpuesto por el demandante Marino Quezada  Cardozo; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista,  de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, que  desaprobó la sentencia de primera instancia, b) e  INSUBSISTENTE la elevación contenida en el ítem “ii” del  fallo contenido en la sentencia de primera instancia de fecha  seis de diciembre de dos mil dieciocho, que declaró fundada  la demanda. c) DISPUSIERON la publicación de esta  resolución  en  el  Diario  Oficial  “El  Peruano”,  bajoresponsabilidad; en los seguidos por Rosa Luz Huerta  Chagua de Quezada sobre otorgamiento de escritura pública;  y los devolvieron. Por impedimento de la señora Jueza  Suprema Echevarría Gaviria integra esta Sala Suprema el  señor Juez Supremo Bustamante Zegarra. Interviniendo  como ponente el señor Juez Supremo Cunya Celi.- SS.  ARANDA RODRÍGUEZ, SALAZAR LIZÁRRAGA, CUNYA  CELI, CALDERÓN PUERTAS, BUSTAMANTE ZEGARRA. 1  Página 353 2  Página 381 3  EXP. Nº 02467-2012-PA/TC 4  Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295- 2007-PHC/TC. 5  Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533. 6  ESCOBAR LOPEZ, Edgar. “Regulación legal de la consulta en el proceso penal”,  en “: Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, Vol. XIII, Nº 21 y Nº  22, Medellín, 1990, p. 102, citado por San Martín Castro, César. Derecho Procesal  Penal, V. II, Grijley, Lima, 199, p. 774 C-2136197-247