CASACIÓN Nº 05714-2020 LIMA
Sumilla: La sentencia de vista adolece de nulidad cuando  omite resolver y fundamentar conforme a las razones que  el derecho suministra, vulnerando con ello el derecho  fundamental a la debida motivación de las resoluciones  judiciales. Lima, veintiséis de julio de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. - VISTOS La causa número  cinco mil setecientos catorce guion dos mil veinte, Lima, en  Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por  los señores Jueces Supremos González Aguilar (Presidente),  Rueda Fernández, Bustamante del Castillo, Barra Pineda y  Dávila Broncano, luego de verificada la votación de acuerdo  a ley, emite la siguiente sentencia: I. Asunto Viene a  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos  judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito del  veinte de enero de dos mil veinte (fojas setecientos treinta a  setecientos cuarenta y cinco del expediente principal),  contra la sentencia de vista emitida con resolución número  treinta y cinco, del dos de diciembre de dos mil diecinueve  (fojas setecientos nueve a setecientos veinticinco del  expediente  principal),  emitida  por  la  Sétima  Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia  emitida en primera instancia, mediante resolución numero  treinta, del veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas  quinientos setenta y ocho a seiscientos treinta y siete del  expediente principal) y reformándola, declara fundada la  demanda; en consecuencia nula la RTF Nº 10835-2-2015,  del seis de noviembre de dos mil quince y nulas las  Resoluciones  de  Determinación  de  números  240119500018821-2014/ESCE,  240119600018064-2014/ ESCE,  240119700018065-2014/ESCE,  240119500005667-2015/ESCE,  240119600005669-2015/ ESCE y 240119700005670-2015/ESCE, emitidas por el  Sedapal por concepto de tarifa por uso de agua subterránea  correspondiente a noviembre de dos mil catorce y abril de  dos mil quince. I.1. Antecedentes I.1.1 Demanda El  veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (fojas noventa y  ocho a ciento diez del expediente principal), Asociación  Casuarinas de Monterrico interpone demanda solicitando la  nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10835-2-2015,  del seis de noviembre de dos mil quince, y que  pronunciándose sobre el fondo del asunto, se declare la  nulidad de las Resoluciones de Determinación de números  240119500018821-2014/ESCE,  240119600018064-2014/ ESCE, 240119700018065-2014/ESCE, 240119500005667-2015/ESCE,  240119600005669-2015/ESCE  y  240119700005670-2015/ESCE, emitidas por Sedapal, sobre  cobro de tarifa de uso de agua subterránea de los meses de  noviembre de dos mil catorce y abril de dos mil quince .  Fundamentos: el cobro de la tarifa es inconstitucional y  contraviene el principio de reserva de ley, pues dicha especie  tributaria no está prevista en ninguna ley vigente. Además,  sus elementos esenciales se encuentran regulados en un  decreto supremo. Añade que Sedapal no ha tomado en  cuenta que el propio Tribunal Constitucional ha declarado la  inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 148 y de su  reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, que regularon  el cobro de la tarifa mediante las sentencias del Tribunal  Constitucional recaídas en los Expedientes Nº 4899-2007-PA/ TC y Nº 1837-2009-PA/TC, en que se señaló que el Decreto  Legislativo Nº 148 así como su Reglamento, aprobado por el  D.S. Nº 008-82-VI transgreden el principio constitucional de  reserva de ley tributaria. Por tanto, solicita se emita  pronunciamiento de plena jurisdicción, se declare la nulidad  de la resolución del Tribunal Fiscal impugnada y las  resoluciones de determinación. I.1.2 Sentencia de primera  instancia El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, por sentencia emitida mediante resolución número  treinta, del veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas  quinientos setenta y ocho a seiscientos treinta y siete del  expediente principal), declaró infundada la demanda,  sosteniendo esencialmente que: El Decreto Legislativo Nº  148 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, que  regulan el tributo “tarifa por uso de agua subterránea”, así  como la Ley Nº 23230 vulneran el Principio de Reserva de  Ley al regular un tributo que incumple los parámetros de  dicho principio, ya que la Constitución de mil novecientos  setenta y nueve no reguló la reserva de ley relativa.  Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 148 no cumple con  desarrollar los elementos esenciales del tributo sino que los  delegó en su Reglamento incumpliendo con ello lo  establecido en el artículo 139 de la Constitución de mil  novecientos setenta y nueve y evidenciando que dicho  decreto legislativo incumple con el principio de idoneidad  para mantener su vigencia. El Tribunal Fiscal no se encuentra  facultado para inaplicar el Decreto Legislativo 148 y su  Reglamento a partir de la vigencia de la sentencia vinculante  contenida en el expediente Nº 4293-2012-AA/TC, la cual,  proscribe el control difuso administrativo y prima sobre lo  establecido en el artículo 102 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario. De analizar la constitucionalidad del  Decreto Legislativo 148 y su Reglamento, el Tribunal Fiscal  estaría realizando control difuso, lo que recalca el juzgado le  está prohibido en mérito a la referida sentencia vinculante.  La RTF N° 10835-2-2015 no incurre en vicio de nulidad ya  que la norma que sustenta las resoluciones de determinación  emitidas  por  Sedapal,  no  han  sido  declaradas  inconstitucionales sea con efectos restringidos o con efectos  erga omnes, por tanto, Sedapal se encuentra en la obligación  de acatar las normas, siendo que su acto administrativo  goza de la presunción de validez, conforme a la Ley Nº  27444. No corresponde que en la presente controversia se  declare la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 148 y su  reglamento, pese a que el juzgado considera que las normas  en cuestión son inconstitucionales, debido a que la  pretensión del accionante es la nulidad del acto administrativo  y no la ineficacia del mismo, lo que constituye responsabilidad  del accionante. Por consiguiente, se declara infundada la  demanda. I.1.3 Sentencia de vista Mediante resolución  número treinta y cinco de fecha dos de diciembre de dos mil  diecinueve (fojas setecientos nueve a setecientos veinticinco  del expediente principal), se emite la sentencia de vista que  revoca la sentencia apelada, emitida mediante resolución  número treinta, del veintiocho de junio de dos mil diecinueve,  y, reformándola, se declara fundada la demanda, en  consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  10835-2-2015 del 06/11/2015 y nulas las Resoluciones de  Determinación de números 240119500018821-2014/ESCE,  240119600018064-2014/ESCE,  240119700018065-2014/ ESCE,  240119500005667-2015/ESCE,  240119600005669-2015/ESCE y 240119700005670-2015/ ESCE, emitidas por Sedapal por concepto de tarifa por uso  de agua subterránea correspondiente a noviembre de dos  mil catorce y abril de dos mil quince. Fundamentos: Se  señala en el quinto considerando de la sentencia de vista  que con anterioridad el colegiado superior, mediante  sentencia de vista emitida con resolución número veinticinco,  del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas quinientos  cuarenta y tres a quinientos cuarenta y nueve del expediente  principal), declaró nula la sentencia de primera instancia,  emitida con resolución número catorce, del veintiséis de juliode dos mil diecisiete (fojas trescientos sesenta a trescientos  setenta y cinco del expediente principal), ordenando que se  emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no  siendo atendible que se señale en la recurrida que se debió  demandar la ineficacia de las resoluciones impugnadas, al  no existir conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la  incoada. En el considerando sexto, el colegiado superior  advierte que al emitir la nueva sentencia apelada, el a quo  no ha dado cumplimiento con lo ordenado por dicho  colegiado, por cuanto, si bien en su parte resolutiva declara  infundada la demanda, señala que en la parte considerativa  insiste en su razonamiento dirigido a sostener que lo que  correspondía plantear por la demandante era una pretensión  de ineficacia y no de nulidad, sin tener en cuenta que en la  demanda se ha planteado una pretensión de plena  jurisdicción, por lo que en concordancia con lo establecido  en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27584, que dispone que la acción contencioso administrativa  tiene por finalidad la efectiva tutela de los derechos e  intereses de los administrados, se procede a emitir  pronunciamiento  de  fondo  a  fin  de  no  postergar  indefinidamente la resolución del caso. En el considerando  décimo de la sentencia de vista, el colegiado superior señala  que el Tribunal Fiscal no estaba habilitado a emitir un fallo  inhibitorio sobre la base de lo señalado en la sentencia Nº  04293-2012-PA7TC, que dejó sin efecto el control difuso  administrativo autorizado por la Sentencia Nº 3741-2004- AA/TC, toda vez que con relación a las normas cuestionadas  por la demandante (Decreto Legislativo Nº 148 y su  reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 008-82- VI), el Tribunal Constitucional en las sentencias N.os  4899-2007-AA/TC y 1837-2009-AA/TC estableció: En  conclusión,  la  inconstitucionalidad  de  la  Tarifa  es  incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales  del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la alícuota,  entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo Nº  008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En este sentido,  habiéndose establecido que la infracción del principio de  reserva de ley se produce desde la expedición del Decreto  Legislativo N° 148, es menester concluir que la pretensión  de los derechos constitucionales de los actores debe  retrotraerse a la fecha de inicio de su vulneración. Asimismo,  declaró inaplicables las normas cuestionadas y dispuso que  Sedapal se encuentra impedido de realizar actos o medidas  tendientes a efectivizar el cumplimiento de la obligación,  entre otros. En el considerando décimo primero, el colegiado  superior concluye que la demandante no peticionó una  cuestión de inconstitucionalidad vía control difuso de las  normas cuestionadas por ella, sino la aplicación de los  criterios esbozados por el Tribunal Constitucional en las  sentencias Nº 4899-2007-AA/TC y Nº 1837-2009-AA/TC, a  fin de que la entidad demandada no proceda con el cobro de  la tarifa de agua subterránea debido a que las resoluciones  de determinación se sustentan en normas inconstitucionales  que vulneran el principio de reserva de ley, por lo que el  colegiado sostiene que se procede a estimar los agravios de  la demandante. En los considerandos décimo quinto y  décimo sexto, se señala que la Ley Nº 23230 no autorizó  expresamente al Poder Ejecutivo para crear tributos y que  este, pese a ello, emitió el Decreto Legislativo Nº 148 sobre  cobro de tarifa de agua subterránea —norma que incumplió  con precisar los elementos esenciales del tributo, los cuales  son establecidos con su reglamento, el Decreto Supremo Nº  008-82-VI—, con lo cual se vulnera el principio de reserva de  ley, al delegarse la regulación de los elementos esenciales  del tributo a la norma reglamentaria, conforme lo ha  establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº  1837-2009-PA/TC. En esa línea, el colegiado superior, en el  considerando décimo sétimo, concluye que estando a que la  demandante tiene como pretensión de plena jurisdicción la  nulidad de las resoluciones de determinación emitidas por  Sedapal, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea  de los meses de noviembre de dos mil catorce y abril de dos  mil quince, y atendiendo a que dichas resoluciones se  sustentan en normas que vulneran el principio de reserva de  ley, las mismas no se ajustan a ley, por ende, concluye que  la tarifa de agua subterránea es inconstitucional; por tanto,  las resoluciones de determinación emitidas por Sedapal  resultan nulas y la sentencia de primera instancia debe  revocarse. Finalmente, señala que lo establecido en la  Casación Nº 3071-2016-Lima no resulta aplicable a la  presente controversia, ya que las resoluciones de  determinación no pueden subsanarse o integrarse a  posteriori con la aplicación de otras normas con el propósito  de conservar su validez, lo que adicionalmente vulneraría el  principio de legalidad. En cuanto a la Casación Nº 11961- 2014-Lima, si bien señala que la obligación de pago de la  retribución económica por el uso de agua se encuentrasustentada en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento,  en concordancia con la Ley Orgánica de Recursos Naturales,  sin embargo el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 148  señala que la tarifa de uso de agua es un recurso tributario,  siendo que el Tribunal Fiscal tiene competencia para resolver  apelaciones en segunda instancia con arreglo al Código  Tributario, lo que permite concluir según el colegiado que la  tarifa tiene naturaleza tributaria y no de retribución  económica, lo que ha sido también considerado en las  sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas. I.2  Recurso de casación Por escrito del veinte de enero de dos  mil veinte (fojas setecientos treinta a setecientos cuarenta y  cinco del expediente principal), el Procurador Público  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  interpone recurso de casación contra la sentencia de vista,  que revoca la sentencia apelada, que declaró infundada la  demanda, y, reformándola, la declara fundada, formulando  las  siguientes  causales:  i.  Infracción  Normativa:  Inaplicación de la Primera Disposición Final De La Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional al no haber  aplicado la sentencia recaída en el expediente Nº  04293-2012-AA de dieciocho de marzo de dos mil  catorce, que prohíbe el control difuso administrativo.  Fundamenta que: En la Sentencia recaída en el Expediente  N° 04293-2012-AA, el Tribunal Constitucional llegó a la  conclusión de que el precedente contenido en el expediente  N° 03741-2012 -AA/TC desnaturalizaba una competencia  otorgada por la Constitución al extender su ejercicio a  quienes no están incursos en la función jurisdiccional y que,  conforme a la Constitución, carecen de competencia para  ejercer control difuso de constitucionalidad. En ese sentido,  señala que la Sala Superior no tuvo en cuenta que el propio  Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el  Expediente  N°  04293-2012-AA  estableció  que  no  corresponde que los Tribunales Administrativos efectúen  control difuso, porque ello desnaturaliza una competencia  otorgada por la Constitución al órgano jurisdiccional. Del  mismo modo, la parte recurrente sostiene que en el presente  caso la materia controvertida en sede administrativa estuvo  orientada a verificar la constitucionalidad del Decreto  Legislativo N° 148, del Decreto Supremo N° 008-82-VI y  demás normas relacionadas a dicho tributo, por lo que el  Tribunal Fiscal, al no estar facultado a ejercer el control de  constitucionalidad de las normas, resolvió desestimar la  apelación administrativa de la contribuyente Asociación  Casuarinas de Monterrico. En este sentido; sostiene que la  Sala Superior ha inaplicado la Primera Disposición Final de  la Ley N° 28301 al haber inaplicado la mencionada sentencia  recaída en el Expediente N° 04293-2012-AA, dado que el  Tribunal Fiscal no puede resolver en contra de la  interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en la  sentencia referida que dejó sin efecto el precedente  vinculante contenido en la sentencia recaída en el expediente  N° 03741-2004-PA/TC, conforme a lo cual, se autorizaba a  todo Tribunal u órgano colegiado de la Administración  Pública a inaplicar una disposición infra constitucional  cuando considere que ella vulnera manifiestamente la  Constitución, sea por la forma o por el fondo y que ahora se  encuentra proscrito. ii. Infracción normativa: transgresión  del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución por  contravenir las normas que regulan el debido proceso.  La parte recurrente sostiene que la Sala Superior ha  incurrido en indebida motivación, conforme a lo establecido  en los considerandos décimo primero y décimo sexto de la  sentencia de vista, señalando que la Sala, al momento de  resolver, realiza el control difuso de las normas en razón a  que el órgano jurisdiccional sí está facultado para ejercer tal  control, sin embargo, no ha tenido en cuenta que los  Tribunales Administrativos, en este caso el Tribunal Fiscal,  está prohibido de ejercer el control difuso a partir de la  sentencia recaída en el expediente N° 04293-2012-PA/TC,  que dejó sin efecto el precedente vinculante contenido en la  sentencia N° 03741-2004-PA/TC. Agrega, que: “(…) si se  tiene en cuenta que lo que fue materia de controversia en  sede  administrativa  estuvo  orientada  a  verificar  la  constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148, del D.S.  N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a dicho tributo  – como así se señala expresamente en la Sentencia de  Vista- RESULTA EVIDENTE QUE EL TRIBUNAL FISCAL AL  NO ESTAR FACULTADO A EJERCER EL CONTROL DE  CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS RESOLVIÓ  DESESTIMAR LAS APELACIONES DE PURO DERECHO  INTERPUESTO POR LA ACCIONANTE CONTRA LAS  RESOLUCIONES  EMITIDAS  POR  SEDAPAL.”  Adicionalmente, sostiene que la sentencia de vista no señala  las razones por las cuales considera que la aplicación de la  sentencia del Tribunal Constitucional recaída en losexpedientes N° 4899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, en  que se señaló que el Decreto Legislativo N° 148 así como su  Reglamento, aprobado por el D.S. N° 008-82-VI transgreden  el principio constitucional de Reserva de Ley Tributaria, no  es control difuso. Asimismo, precisa que el Tribunal Fiscal se  encuentra impedido de analizar la constitucionalidad o no de  las normas precitadas, toda vez que en la sentencia recaída  en el expediente N° 04293-2012-PA/TC se ha eliminado la  posibilidad de que el Tribunal Fiscal realice control difuso, en  consecuencia, la Sala Superior ha motivado indebidamente  la sentencia impugnada toda vez que la RTF N° 010835-2  -2015 ha sido motivada de forma adecuada y suficiente, por  lo que no es nula y resulta totalmente válida. iii. Causal  Excepcional de infracción normativa del inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución, por existir elementos  relevantes que ameritan su revisión. I.3 Auto calificatorio  Mediante auto calificatorio del recurso del veinte de julio de  dos mil veinte, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y  Social Transitoria de la Corte Suprema (fojas doscientos  sesenta y seis a doscientos setenta y siete del cuaderno de  casación), declaró procedente el recurso de casación  interpuesto por el Procurador Público Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  en representación del Tribunal Fiscal. II. CONSIDERANDO  Primero: Delimitación del petitorio 1.1 El presente caso  se vincula con el cobro por el uso del agua subterránea. En  sede administrativa no fueron estimadas las pretensiones de  la empresa de apelación contra las resoluciones de  determinación y en sede judicial, en segunda instancia, fue  declarada fundada la demanda, por lo que el Tribunal Fiscal  presentó recurso de casación por las siguientes causales de  infracción normativa: i. Infracción normativa: inaplicación de  la Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional al no haber aplicado la sentencia recaída en  el Expediente Nº 04293-2012-AA, del dieciocho de marzo de  dos mil catorce, que prohíbe el control difuso administrativo  ii. Infracción normativa: transgresión del inciso 5 del artículo  139 de la Constitución por contravenir las normas que  regulan el debido proceso iii. Asimismo, el colegiado  supremo  estimó  declarar  procedente  como  causal  excepcional la infracción al inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución sobre vulneración al debido proceso. 1.2  Resulta pertinente iniciar con absolver la denuncia procesal  examinando si la sentencia impugnada ha infringido el  derecho a la motivación protegido en el inciso 5 del artículo  139 de la Constitución, y si ha infringido el derecho al debido  proceso, debido a que constituye el paso previo para  determinar la validez de la sentencia impugnada, pues, de  establecerse la referida infracción, la consecuencia será la  nulidad de la sentencia de vista, en cuyo caso carecerá de  objeto emitir pronunciamiento sobre las causales de normas  materiales. Segundo: Sobre el derecho fundamental a la  motivación 2.1 El derecho fundamental a la debida  motivación de las resoluciones judiciales se encuentra  reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la  Constitución1. También encuentra amparo en los tratados  internacionales sobre derechos humanos: está incluido  como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención  Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este  derecho fundamental es uno de los derechos que conforman  el derecho fundamental al debido proceso2, el cual se  encuentra, a su vez, reconocido en el numeral 3 del artículo  139 de la Constitución y cuenta con desarrollo legal en los  incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil con la  exigencia que las sentencias contengan los fundamentos de  hecho y derecho que sustenten la decisión judicial, con la  expresión clara y precisa de lo que decide u ordena respecto  de los puntos controvertidos; asimismo el artículo 12 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial  establece con carácter obligatorio que las resoluciones  judiciales deben estar motivadas bajo responsabilidad con  expresión de los fundamentos en que se sustentan. El  derecho a la motivación ha sido objeto de interpretación por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante  para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Final  Transitoria de la Constitución Política del Estado), que  establece que es un derecho que permite verificar la  materialización del derecho a ser oído y que la argumentación  de un fallo demuestra que los alegatos y pruebas han sido  debidamente tomados en cuenta, analizados y resueltos3,  que es un derecho a ser juzgado por las razones que el  derecho suministra: […] la motivación es la exteriorización  de la justificación razonada que permite llegar a una  conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una  garantía vinculada con la correcta administración de justicia,  que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por  las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidadde las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad  democrática […]. 2.2 Como se tiene detallado en la parte  expositiva de esta ejecutoria, el Tribunal Fiscal sustenta la  infracción normativa en que la sentencia de vista habría  incurrido en vicios de motivación y en indebida motivación  en los considerandos décimo primero y décimo sexto de la  sentencia de vista. Sustenta que la sentencia impugnada  realiza el control difuso de normas al momento de resolver,  a lo que, como órgano jurisdiccional, sí está facultado, sin  embargo, al momento de resolver no ha tenido en cuenta  que los tribunales administrativos están prohibidos de  ejercer el control difuso a partir de la sentencia recaída en el  expediente Nº 04293-2012-PA/TC, que dejó sin efecto el  precedente vinculante contenido en la Sentencia Nº 03741- 2004-PA/TC.  Expresa  falta  de  congruencia  en  el  pronunciamiento de la sentencia de vista, al señalar que el  Tribunal Fiscal debió aplicar los criterios de la jurisprudencia  del Tribunal Constitucional, lo que no implica ejercer el  control difuso, y que la demandante no peticionó cuestión de  inconstitucionalidad; anotando el recurrente que no obstante  ello, fue materia controvertida en sede administrativa la que  estuvo orientada a verificar la constitucionalidad del Decreto  legislativo Nº 148, del Decreto Supremo Nº 008-82-VI y  demás normas relacionadas a dicho tributo. Denuncia que la  sentencia de vista no señala las razones por las cuales  considera que la aplicación de las sentencias del Tribunal  Constitucional recaídas en los expedientes Nº 4899-2007-PA/ TC y Nº 1837-2009-PA/TC, en las que se señaló que el  Decreto Legislativo Nº 148 así como su reglamento,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, transgreden  el principio constitucional de reserva de ley tributaria, no  sería control difuso. En consecuencia, la Sala Superior ha  motivado indebidamente la sentencia. 2.3 En esa línea, para  establecer si la sentencia de vista ha incurrido en infracción  del derecho constitucional y convencional de motivación de  las resoluciones judiciales, corresponde acudir a los propios  fundamentos de la sentencia, resolución número treinta y  cinco, del dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas  setecientos nueve a setecientos veinticinco del expediente  principal). 2.3.1. En el considerando primero, efectúa  referencias  sobre  la  ley  del  proceso  contencioso  administrativo, aplicación supletoria de normas del Código  Procesal Civil, en atención a la competencia de la juez  superior limitada a resolver sobre los agravios de apelación.  En el considerando segundo, se señalan las pretensiones de  la demanda. En el considerando tercero, se delimita la  controversia; esta radica en establecer: i) si el Tribunal  Fiscal debió emitir pronunciamiento de fondo en el  procedimiento contencioso tributario, según lo previsto por el  artículo 102 del Texto Único Ordenado del Código Tributario;  ii) si el Decreto Legislativo Nº 148 y su reglamento, los  cuales dan sustento legal a las resoluciones de determinación  emitidas, resultan inconstitucionales y deben inaplicarse al  presente caso. En el considerando cuarto, se exponen los  antecedentes administrativos, esto es, los hechos y actos  administrativos que dieron lugar a que con la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 10835-2-2015, el colegiado administrativo  declarase improcedentes las apelaciones de puro derecho  contra las Resoluciones de Determinación de números  240119500018821-2014/ESCE,  240119600018064-2014/ ESCE,  240119700018065-2014/ESCE,  240119500005667-2015/ESCE,  240119600005669-2015/ ESCE y 240119700005670-2015/ESCE, emitidas por  Sedapal sobre cobro de tarifa de uso de agua subterránea,  de los meses de noviembre de dos mil catorce y abril de dos  mil quince. 2.3.2 En el quinto considerando, señala que, con  anterioridad, el colegiado superior, mediante sentencia de  vista emitida con resolución número veinticinco, del veintiséis  de marzo del dos mil dieciocho (fojas quinientos cuarenta y  tres a quinientos cuarenta y nueve del expediente principal),  declaró nula la sentencia de primera instancia emitida con  resolución número catorce, del veintiséis de julio de dos mil  diecisiete (fojas trescientos sesenta a trescientos setenta y  cinco del expediente principal), ordenando que se emita  pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no siendo  atendible que se señale en la recurrida que se debió  demandar la ineficacia de las resoluciones impugnadas, al  no existir conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la  incoada. En el considerando sexto, el colegiado superior  advierte que al emitir la nueva sentencia apelada, el A quo  no ha dado cumplimiento a lo ordenado por dicho colegiado,  por cuanto si bien en su parte resolutiva declara infundada la  demanda, señala que en la parte considerativa insiste en su  razonamiento dirigido a sostener que lo que correspondía  plantear por la demandante era una pretensión de ineficacia  y no de nulidad, sin tener en cuenta que en la demanda se  ha planteado una pretensión de plena jurisdicción, por lo que  en concordancia con lo establecido en el artículo 10 delTexto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que dispone que  la acción contencioso administrativa tiene por finalidad la  efectiva tutela de los derechos e intereses de los  administrados, se procede a emitir pronunciamiento de  fondo a fin de no postergar indefinidamente la resolución del  caso. 2.3.3 En el considerando décimo de la sentencia de  vista, el colegiado superior señala que el Tribunal Fiscal no  estaba habilitado a emitir un fallo inhibitorio sobre la base de  lo señalado en la sentencia Nº 04293-2012-PA7TC, que dejó  sin efecto el control difuso administrativo autorizado por la  sentencia Nº 3741-2004-AA/TC, toda vez que con relación a  las normas cuestionadas por la demandante (Decreto  Legislativo Nº 148 y su reglamento aprobado con el Decreto  Supremo Nº 008-82-VI), el Tribunal Constitucional en las  sentencias Nº 4899-2007-AA/TC y Nº 1837-2009-AA/TC,  estableció: En conclusión, la inconstitucionalidad de la Tarifa  es incuestionable, al constatarse que los elementos  esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y  la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto  Supremo N° 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En  este sentido, habiéndose establecido que la infracción del  principio de reserva de ley se produce desde la expedición  del Decreto Legislativo N° 148, es menester concluir que la  pretensión de los derechos constitucionales de los actores  debe retrotraerse a la fecha de inicio de su vulneración.  Asimismo,  mediante  dichas  sentencias,  se  declaró  inaplicables para la demandante las normas cuestionadas y  se dispuso que Sedapal se encuentra impedido de realizar  actos o medidas tendientes a efectivizar el cumplimiento de  la obligación, entre otros. 2.3.4 En el considerando décimo  primero, el colegiado superior concluye que la demandante  no peticionó una cuestión de inconstitucionalidad vía control  difuso de las normas cuestionadas por ella, sino la aplicación  de los criterios esbozados por el Tribunal Constitucional en  las sentencias Nº 4899-2007-AA/TC y Nº 1837-2009-AA/TC,  a fin de que la entidad demandada no proceda con el cobro  de la tarifa de agua subterránea, debido a que las  resoluciones de determinación se sustentan en normas  inconstitucionales que vulneran el principio de reserva de  ley, por lo que el colegiado sostiene que se procede a  estimar los agravios de la demandante. 2.3.5. En los  considerandos décimo quinto y décimo sexto, señala que la  Ley Nº 23230 no autorizó expresamente al Poder Ejecutivo  para crear tributos. Pese a ello, emitió el Decreto Legislativo  Nº 148, sobre cobro de tarifa de agua subterránea, norma  que incumplió al precisar los elementos esenciales del  tributo, los cuales fueron establecidos con su reglamento, el  Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De esta forma, vulneró el  principio de reserva de ley, al delegar la regulación de los  elementos esenciales del tributo a la norma reglamentaria,  conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la  Sentencia Nº 1837-2009-PA/TC. 2.3.6 En el considerando  décimo sétimo, concluye que, estando a que la demandante  tiene como pretensión de plena jurisdicción la nulidad de las  resoluciones de determinación emitidas por Sedapal, que  exigen el pago de la tarifa de agua subterránea de los meses  de noviembre del año dos mil catorce y abril del año dos mil  quince, y atendiendo a que dichas resoluciones se sustentan  en normas que vulneran el principio de reserva de ley, las  mismas no se ajustan a ley, por ende, concluye que la tarifa  de agua subterránea es inconstitucional, por tanto, las  resoluciones de determinación emitidas por Sedapal resultan  nulas y la sentencia de primera instancia debe revocarse.  2.3.7 En el considerando décimo noveno señala que: La  aplicación de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento,  en coherencia con la Ley Orgánica de Recursos Naturales, y  demás normativa invocada en la Casación Nº 3071-2016- Lima, no resulta aplicable pues conlleva subsanar  actuaciones de la administración pública que vulneran  normas constitucionales; en este sentido, las disposiciones  (normas legales) consignadas en las citadas Resoluciones  de Determinación no pueden subsanarse o integrarse a  posteriori con la aplicación de otras normas con el propósito  de justificar su validez, pues ello no se condice con lo  dispuesto por el artículo 148 de la Constitución […]. 2.4  Examinados los sustentos de la sentencia de vista, se  advierten deficiencias de motivación que vulneran el derecho  fundamental, según se pasa a detallar. 2.4.1 La demanda  contencioso administrativa indica que se interpone contra la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10835-2-2015, y expresa  como pretensión que se anule la referida resolución  administrativa, lo cual se adecúa a lo señalado en el inciso 1  del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 275844  en su objetivo de que se declare la nulidad del referido acto  administrativo, y cuenta con sustento en la norma del artículo  148 de la Constitución, que prevé que las resoluciones  administrativas que causan estado son susceptibles de  impugnación mediante la acción contencioso administrativa.Es importante anotar, pues, de acuerdo a la presunción de  validez de los actos administrativos, para la declaración de  nulidad por la autoridad jurisdiccional, se debe sustentar en  vicio que cause la nulidad, significando que requiere que se  examine y determine motivadamente, además del supuesto  vicio, la causalidad entre este y la consecuencia de nulidad  que resulte del contenido del acto administrativo y/o  procedimiento, ello en concordancia a las normas de los  artículos 5, 9 y 10 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27444 y del inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal  Civil, en compatibilidad con el inciso 5 del artículo 139 de la  Constitución. Sin embargo, la sentencia de vista no cumple  con realizar el examen antes anotado ni determina la  relación de causalidad y consecuencia de nulidad,  limitándose a referir en su considerando décimo respecto a  la pretensión de nulidad que se justificaría en que el Tribunal  Fiscal debió emitir pronunciamiento de fondo y aplicar los  criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en las  sentencias Nº 4899-2007-AA/TC y Nº 1837-2009-AA/TC  sustentándose en lo establecido por la primera disposición  final de la ley orgánica del Tribunal Constitucional,  disposición legal que refiere sin identificar la norma que  extrae y que vincule al tribunal administrativo. 2.4.2  Asimismo, se advierte, de lo detallado en el considerando  2.3.4 de esta sentencia, que los argumentos medulares de la  sentencia de vista no se encuentran referidos a la resolución  del Tribunal Fiscal, sino al análisis de las normas legales y  de las resoluciones de determinación; además de contener  pronunciamiento  contradictorio,  al  señalar  que  la  demandante no peticionó una cuestión de inconstitucionalidad  vía control difuso sino la aplicación de los criterios de las  referidas sentencias; sin embargo, para resolver el caso y  estimar la demanda, el colegiado superior anota que inaplica  la normatividad de la Ley de Recursos Hídricos y Ley  Orgánica de Recursos Naturales. 2.4.3 Asimismo, la  sentencia de vista deja incontestados los agravios de la  apelante referidos a que el Tribunal Fiscal al resolver debe  observar el artículo 102 del Código Tributario, que establece  que el colegiado administrativo está obligado a emitir  pronunciamiento con arreglo a la norma de mayor jerarquía  que regule los hechos que han sido sometidos a su  conocimiento, lo que no ha sido desarrollado por la sentencia  de vista. Anótese que la recurrida declara la nulidad de la  Resolución de Tribunal Fiscal N:° 10835-2-2015 sobre la  base de las sentencias Nº 4899-2007-AA/TC y Nº  1837-2009-AA/TC, emitidas por el Tribunal Constitucional,  sin embargo, no advierte que las anotadas sentencias se  han emitido con relación a normas anteriores vigentes a la  fecha de cobro de los casos que resuelven y que, conforme  al principio de temporalidad, debe cuidar y atender las  normas que resulten aplicables al presente caso, toda vez  que el cobro de la tarifa de aguas subterráneas materia de  autos corresponde a los periodos de dos mil catorce y dos  mil quince en que estaban en vigencia otras normas legales  e infra legales, y las precitadas sentencias del Tribunal  Constitucional fueron emitidas con anterioridad a los  periodos de la presente controversia. 2.4.4 Ciertamente, no  se observa que la recurrida contenga algún análisis  desarrollando e identificando la normativa vigente en los  periodos materia de cobro en este caso sobre la regulación  del cobro de la tarifa sub litis, que de acuerdo a los términos  de la demanda se refieren a periodos de dos mil catorce y  dos mil quince referidos a tres suministros de agua: 2401195- 9, 2401196-7 y 24011957-5. 2.4.5 La sentencia apelada  señala en considerando décimo noveno que: “ (..) la  aplicación de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento,  en coherencia con la Ley Orgánica de Recursos Naturales, y  demás normativa invocada en la Casación Nº 3071-2016- Lima, no resulta aplicable pues conllevar subsanar  actuaciones de la administración pública que vulneran  normas constitucionales”; Sin embargo, no expone el  sustento jurídico de sus afirmaciones. Además, decidiendo  inaplicar normas legales e infra legales, no cumple con  expresar la argumentación y la aplicación del test de  ponderación que justifique el control difuso e inaplicación de  las citadas disposiciones legales e infra legales y solo para  fines constitucionales. Pues, de conformidad a las normas  constitucionales de los artículos 103 y 109, la Constitución  reafirma el carácter vinculante de las normas legales e infra  legales, las que son obligatorias para todos —gobernantes y  gobernados, autoridades y administrados—, además que las  normas gozan de presunción de validez y deben aplicarse  con relación a los casos y supuestos que regulan. En tal  sentido, quien cuestione la validez de las normas legales y  las inaplica, debe motivar conforme a lo previsto en el  artículo 138 de la Constitución. 2.5 Quedando establecido  que la sentencia de vista, al resolver, ha vulnerado uno de  los contenidos de la motivación, de resolver conforme a lasrazones que el derecho suministra, como ha interpretado la  Corte Interamericana de Derechos Humanos con carácter  vinculante5, que la garantía vinculada con la correcta  administración de justicia (que por cierto, encauza la función  constitucional del Poder Judicial), protege el derecho de los  ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho  suministra6. En consecuencia, de lo desarrollado, se  determina que la sentencia de vista ha incurrido en infracción  del derecho fundamental a la motivación protegido en el  inciso 5 del artículo 139 de la Constitución y en las normas  convencionales antes citadas, por tanto, corresponde  estimar la causal denunciada. Tercero: Sobre la causal  excepcional referida a la infracción normativa del inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución 3.1 Es importante señalar que  el artículo 139 de la Constitución, establece los principios de  la función jurisdiccional y además acoge la protección de  derechos fundamentales de carácter procesal, como sucede  con el derecho al debido proceso contemplado en el inciso  tercero, resultando que su observancia es obligatoria,  constituyendo el debido proceso una garantía para los  justiciables y el juez el primer garante de los derechos  fundamentales. 3.2 Es necesario relevar que el Debido  Proceso es un derecho fundamental que goza de  reconocimiento en el artículo 8 de la Convención Americana  de Derechos Humanos, y se concibe como un derecho  complejo que implica a su vez un conjunto de manifestaciones  que pueden ser entendidas también como derechos7. Es  definido por su finalidad en el proceso y las garantías que  brinda en la materialización de otros derechos en el proceso,  como el derecho de defensa, de motivación, de impugnación,  entre otros. La doctrina formula su definición con base en la  interpretación de las sentencias de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos: El proceso “es un medio para  asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de  una controversia”, a lo cual contribuyen “el conjunto de actos  de diversas características generalmente reunidos bajo el  concepto de debido proceso legal”. En este sentido, dichos  actos “sirven para proteger, asegurar o hacer valer la  titularidad o el ejercicio de un derecho” y son “condiciones  que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de  aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo  consideración judicial”.8 Asimismo, es necesario anotar que  el derecho al debido proceso también comprende en su  contenido esencial el derecho a la pluralidad de instancia  protegido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución,  habiendo señalado el Tribunal Constitucional, supremo  interprete de la Constitución, en relación al contenido del  derecho a la Pluralidad de la Instancia9, que cuando se  ejerce  los  recursos  impugnatorios,  éste  derecho  constitucional garantiza que lo resuelto por el juez pueda ser  revisado por un órgano superior: [Se trata de un derecho  fundamental que] “tiene por objeto garantizar que las  personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso  judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un  órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de  la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los  medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del  plazo  legal”  (cfr.  Resoluciones  03261-2005-PA/TC,  fundamento 3; 05108-2008-PA/TC, fundamento 5; 05415- 2008-PA/TC, fundamento 6; y Sentencia 00607-2009- PA/ TC, fundamento 51). 3.3 Conforme se ha explicado en el  considerando 2.4.3 de la presente ejecutoria, la sentencia de  vista deja incontestados los agravios de la apelante referidos  a que el Tribunal Fiscal al resolver debe observar el artículo  102 del Código Tributario, que establece que el colegiado  administrativo está obligado a emitir pronunciamiento con  arreglo a la norma de mayor jerarquía que regule los hechos  que han sido sometidos a su conocimiento, lo que no ha sido  desarrollado por la sentencia de vista, dicha omisión de  pronunciamiento afecta la validez de la decisión judicial, al  ser tales aspectos relevantes para determinar si ésta se  ajusta a lo que tienen previsto las normas constitucionales y  legales. 3.4 Efectuando el control del debido proceso, se  determina que la sentencia de vista ha vulnerado el derecho  al debido proceso de la entidad recurrente (Tribunal Fiscal)  al no haber absuelto los agravios de apelación, que por  cierto constituyen el petitorio de segunda instancia, e  inexorablemente vinculan al juez superior a pronunciarse al  respecto. 3.5 En tal sentido, esta Sala Suprema observa que  la sentencia de vista al dejar incontestados los agravios y  petitorio del apelante Tribunal Fiscal vulnera con ello el  derecho constitucional al debido proceso, a la motivación de  las resoluciones judiciales, al principio de Juez y derecho, y  derecho a la instancia plural, por lo que resulta fundado el  recurso de casación, y en consecuencia, la sentencia  recurrida deviene en nula, debiendo la Sala Superior emitir  nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y en breve término,  cautelando el derecho al plazo razonable. III. DECISIÓN Portales consideraciones, DECLARARON FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el Procurador Público  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  mediante escrito del veinte de enero de dos mil veinte. En  consecuencia, DECLARARON NULA la sentencia de vista  contenida en la resolución número treinta y cinco, del dos de  diciembre de dos mil diecinueve, expedida por la Sétima  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, y, renovando el acto  procesal, DISPUSIERON que la Sala Superior emita nueva  sentencia de vista con arreglo al derecho fundamental a la  motivación de las decisiones judiciales, en los seguidos por  Asociación Casuarinas de Monterrico contra el Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal),  sobre acción contencioso administrativa. Por último,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en  el diario oficial El Peruano conforme a ley. Notifíquese por  Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como  ponente la señora Jueza Suprema Rueda Fernández. SS.  SS.  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO.  VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA  DAFNE DANA BARRA PINEDA La señora Jueza Suprema  Provisional que suscribe, emite su voto en discordia en la  presente causa venida a la Corte Suprema en Casación,  expresando que no comparto el fallo de la sentencia  casatoria y discrepo respetuosamente de los fundamentos  esgrimidos  respecto  de  las  infracciones  normativas  denunciadas por la recurrente, sobre la base de los  siguientes fundamentos que a continuación expongo: I.  VISTOS. El recurso de casación interpuestos por el  Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, mediante escrito de veinte de enero de dos  mil veinte (foja doscientos cincuenta y dos del EJE), contra  la sentencia de vista emitida con resolución número treinta y  cinco de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve,  emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que  revoca la sentencia emitida en primera instancia y  reformándola, declara fundada la demanda; en consecuencia,  nula la RTF Nº 10835-2-2015 del 06/11/2015 y nulas las  Resoluciones de Determinación Nº 240119500018821-2014/ ESCE, 240119600018064-2014/ESCE, 240119600018065- 2014/ESCE,  240119500005667-2015/ESCE,  240119600005669-2015/ESCE y 240119600005670-2015/ ESCE, emitidas por Sedapal por concepto de Tarifa por Uso  de Agua Subterránea correspondiente a noviembre de 2014  y abril de 2015. II. CONSIDERANDO: PRIMERO:  Delimitación del objeto de pronunciamiento 1.1 E s  objeto de pronunciamiento el recurso de casación presentado  por el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos  judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en  representación del Tribunal Fiscal declarado procedente  mediante auto de fecha veinte de julio de dos mil veinte, por  las siguientes causales: a) Inaplicación de la Primera  Disposición Final De La Ley Orgánica Del Tribunal  Constitucional al no haber aplicado la sentencia recaída en  el expediente Nº 04293-2012-AA de 18 de marzo de 2014,  que prohíbe el control difuso administrativo. b) Transgresión  del inciso 5 del artículo 139 de la constitución por contravenir  las normas que regulan el debido proceso. SEGUNDO:  ANÁLISIS DE LAS CAUSALES 2.1.- Inaplicación de la  Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del  Tribunal Constitucional al no haber aplicado la Sentencia  del Tribunal Constitucional contenida en el Expediente  N° 04293-2012-PA/TC de fecha dieciocho de marzo de  dos mil catorce, que prohíbe el Control Difuso  Administrativo. Con relación a la primera infracción  normativa, consistente en la inaplicación de la primera  disposición  final  de  la  Ley  Orgánica  del Tribunal  Constitucional, ella se basa en que la Sala Superior habría  ignorado lo establecido en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 04293-2012-PA/TC del órgano colegiado  constitucional,  la  cual  prohíbe  que  los  tribunales  administrativos efectúen control difuso, ya que aquello  desnaturaliza una competencia otorgada por la Constitución  Política del Estado únicamente a los órganos jurisdiccionales.  La inaplicación de la primera disposición final de la Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional se desprendería de la  declaración de nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 10835-2-2015, dispuesta por la Sala Superior por cuanto  el tribunal administrativo no siguió el criterio del Tribunal  Constitucional referido a la inconstitucionalidad del cobro dela tarifa de aguas subterráneas por vulnerar el principio de  reserva de ley tributaria. Ante ello, el órgano administrativo  alega que no podía ejercer el control difuso de  constitucionalidad, es decir, se debía abstener del desarrollo  interpretativo y ponderativo complejo que ello implica, en  tanto dicha función recae únicamente en los órganos  jurisdiccionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya  había emitido pronunciamiento respecto a dicha materia,  ejerciendo su rol de órgano de control de la Constitución que  le otorga el artículo 201 de la Carta Magna, en el sentido de  que el concepto aludido calificaba a la tarifa por uso de agua  subterránea como tributo del tipo tasa-derecho y, por ende,  ajustándonos a los parámetros constitucionales aplicables a  los ejercicios analizados, su cobro no era acorde con el  principio de reserva de ley tributario y, ergo, era  inconstitucional. Aquello no implica el ejercicio del control  difuso de constitucionalidad; Por lo tanto, corresponde  declarar infundado, en este extremo, el recurso de casación  interpuesto por el Tribunal Fiscal. 2.2.- Transgresión del  inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú, que garantizan el debido proceso mediante la  motivación de la decisión judicial. Con relación a la  segunda infracción normativa, el recurrente señala que la  Sala Superior transgredió el numeral 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, al no señalar las razones  por las que la aplicación del criterio contenido en las  sentencias de los Expedientes Nº 04899-2007-PA/TC y Nº  01837-2009-PA/TC no constituye el ejercicio del control  difuso de constitucionalidad. Respecto de ello, es necesario  tener en cuenta, en primer lugar, que el artículo 139 de la  Constitución Política del Estado consagra como principio  rector de la función jurisdiccional la observancia del debido  proceso, el cual, conforme a la interpretación que  reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo  proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que  su tramitación garantice a las personas involucradas en él  las condiciones necesarias para defender adecuadamente y  dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones  sujetos a consideración. Uno de los principales componentes  del derecho al debido proceso se encuentra constituido por  el denominado derecho a la motivación, consagrado por el  numeral 5 del artículo 139 de la Carta Política, por el cual se  garantiza a las partes involucradas en la controversia el  acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre  adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen  lógica y razonablemente, sobre la base de los hechos  acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la  decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes  con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas  dentro de la controversia. A fin de analizar con mayor  claridad la motivación de la sentencia de vista, es necesario  que nos remitamos nuevamente al párrafo en el cual la Sala  Superior plasma el sustento de su decisión: (…) DECIMO  SEXTO: Empero, el Poder Ejecutivo, excediendo los limites  de la delegación de facultades, emite el Decreto Legislativo  Nº 148, publicado el 12 de junio de 1981, sobre cobro de  tarifa por agua subterránea, siendo que dicha norma  tampoco cumplió con precisar los elementos esenciales del  tributo, los cuales recién son establecidos en su reglamento,  el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, vulnerándose de este  manera el principio de reserva de la Ley, ´pues se ha  producido una delegación absoluta al reglamento sobre la  regulación del tributo, lo que constituye una vulneración  frontal del principio de reserva de Ley, conforme lo ha  señalado el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída  en el expediente Nº 1837-2009-PA/TC (…) de una revisión  de la norma autoritativa (Ley Nº 23230), se aprecia que se  autoriz0o al ejecutivo a que dicte las normas relativas a la  Ley General de Endeudamiento Publico Externo, Legislación  Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de  Cooperativas Nº 15260 entre otras. Por consiguiente, este  tribunal aprecia que la creación de un tributo en cualquiera  de sus especies es una delegación que requiere el máximo  de formalidad. Pues bien, la norma autoritativa debió prever  de manera expresa la facultad otorgada para crear nuevos  tributos ya que este poder no simplemente obedece a un  animo o uso de facultades del legislativo ya que al tratarse  de la intervención en la propiedad de los ciudadanos  usuarios se debe pedir máxima rigurosidad en la regulación.  Asi también resulta oportuno hacer referencia a que la  creación de un tributo como el que nos ocupa debió obedecer  a un estudio y previsión – por lo menos mínima de la política  fiscal del sector economía y no una a una regulación mínima,  escuela y limitada. Por lo señalado, este extremo de la  demanda resulta fundado. Pues bien de la lectura y análisis  de la norma legal Decreto Legislativo Nº 148 y su reglamento,  el decreto supremo Nº 008-82-VI se puede inferir que no secumple siquiera de manera mínima la consigna del principio  de reserva de ley sujetos, el hecho imponible y la alícuota a  la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 (Decreto  Supremo Nº 008-82-VI). Por consiguiente, no se ha  respetado en ninguna medida el principio constitucional  tributario de reserva de ley. Por lo tanto se concluye que la  tarifa de agua subterránea es inconstitucional. (…). Como se  aprecia en el extracto citado de la sentencia de vista, la Sala  Superior, menciona que la naturaleza jurídica de la tarifa por  uso de agua subterránea regula durante el periodo de  noviembre de 2014 y abril de 2015, era tributaria y no una  retribución económica, por ende, si habría motivado el sentido  de su decisión, Por lo tanto, corresponde declarar infundado,  en este extremo, el recurso de casación interpuesto por el  Tribunal Fiscal. Por todo lo expuesto, el recurso de casación  interpuesto por el Procurador Publico Adjunto a cargo de los  asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en  representación del Tribunal Fiscal debe declararse infundado.  DECISIÓN DECLARAR INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por el Procurador Público Adjunto a cargo de los  asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en  representación del Tribunal Fiscal, del veinte de enero de dos  mil veinte (foja doscientos cincuenta y dos). En consecuencia,  NO CASAR la sentencia de vista emitida con resolución  número treinta y cinco de fecha dos de diciembre de dos mil  diecinueve, que revoca la sentencia emitida en primera  instancia y reformándola, declara fundada la demanda; en  consecuencia, nula la RTF Nº 10835-2-2015 del 06/11/2015 y  nulas  las  Resoluciones  de  Determinación  Nº  240119500018821-2014/ESCE,  240119600018064-2014/ ESCE, 240119600018065-2014/ESCE, 240119500005667- 2015/ESCE,  240119600005669-2015/ESCE  y  240119600005670-2015/ESCE, emitidas por Sedapal por  concepto de Tarifa por Uso de Agua Subterránea  correspondiente a noviembre de 2014 y abril de 2015. En lo  seguidos por la Asociación Casuarinas de Monterrico, contra  el Tribunal Fiscal y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado  de Lima – SEDAPAL; DISPUSIERON la publicación del texto  de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano  conforme a ley. Y los devolvieron. SS. BARRA PINEDA. 1  Principios de la Administración de Justicia  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. 2  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del  derecho al debido proceso, consagrado en el numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado como uno de los principios y derechos de la  función jurisdiccional. Exige que en todas las instancias judiciales se cumplan  necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden público que  han sido establecidos, a fin de generar que todas las personas estén en reales  condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así, el  debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su  observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el  acceso a la justicia.  3  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Caso Tristán Donoso  vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo de Reparaciones y Costas”. Sentencia  del veintisiete de enero de dos mil nueve; párr. 153 4  Artículo 5.- Pretensiones En el proceso contencioso administrativo podrán  plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:   1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos. 5  La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece la  interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración  Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales  ratificados por el Perú. El artículo V del Código Procesal Constitucional establece  la interpretación del contenido y alcances de los derechos constitucionales,  conforme a la mencionada declaración, los tratados sobre derechos humanos, las  decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos de los que el  Perú es parte. 6  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Caso Tristán Donoso  vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo de Reparaciones y Costas”. Sentencia  del veintisiete de enero de dos mil nueve; párr. 153. 7  SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina (2012). El derecho al debido proceso en  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima, PUCP;  p. 23. 8  Ibídem, p. 24. 9  https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/03405-2018-HC.pdf C-2136203-7