CASACIÓN Nº 5715-2019 LIMA
MATERIA: DIVISIÓN Y PARTICIÓN Lima, diez de agosto de dos mil veinte. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a  conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación  interpuesto por el demandado Alfredo Dante Valdez  Rodríguez Paiva obrante a fojas doscientos ochenta y dos,  contra la sentencia de vista contenida en la Resolución  número cuatro, de fecha cinco de setiembre de dos mil  diecinueve, obrante a fojas doscientos sesenta, expedida  por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de  Lima, la cual confirma la sentencia de primera instancia  contenida en la Resolución número diez, de fecha veintiséis  de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró fundada enparte la demanda, ordenando la división y partición de  catorce inmuebles, e improcedente respecto a otros tres  inmuebles; para cuyo efecto debe procederse a calificar los  requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los  artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados  por la Ley número 29364. SEGUNDO.- El recurso de  casación es formal puesto que normativamente se han  previsto requisitos de admisibilidad y de procedencia que  deben ser satisfechos, señalando las causales que pueden  invocarse (infracción normativa que incida directamente  sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el  apartamiento  inmotivado  del  precedente  judicial)1,  exigiéndose una fundamentación clara y precisa de la  causal respectiva, que se demuestre la incidencia directa  de la infracción sobre la decisión impugnada y que se  indique el pedido casatorio2; en vía de casación no se  pueden volver a valorar las pruebas actuadas en el proceso  conforme a las cuales las instancias de mérito han  considerado  acreditado  un  hecho,  puesto  que  la  revaloración probatoria no resulta acorde con los fines de  la casación plasmados en el artículo 384 del Código  Procesal Civil, sino que este recurso versa sobre cuestiones  de iure o de derecho, con exclusión de las de hecho y de lo  que se estima probado. TERCERO.- Se verifica que el  recurso de casación cumple con los requisitos para su  admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código  Procesal Civil, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra  la sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de  la Corte Superior de Justicia de Lima, que como órgano  jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; ii)  Ante la instancia que emitió la sentencia de vista que se  impugna; iii) El recurso de casación ha sido interpuesto de  manera oportuna, toda vez que habiéndose notificado a la  parte recurrente mediante cédula física el día dieciséis de  setiembre de dos mil diecinueve, obrante a foja doscientos  sesenta y nueve, interpone este medio impugnatorio el día  veinticinco de setiembre del mismo año, obrante a fojas  doscientos ochenta y dos; y, iv) La parte impugnante  cumplió con acompañar el arancel judicial correspondiente  a la interposición del recurso de casación, obrante a foja  doscientos ochenta. CUARTO.- Al evaluar los requisitos de  procedencia contenidos en el artículo 388 del Código  Procesal Civil, se verifica que la parte recurrente cumple  con el requisito previsto en el inciso 1, toda vez que apeló  la sentencia de primera instancia que ha sido confirmada  en segunda instancia. En cuanto al requisito señalado en el  inciso 4 se desprende que el pedido casatorio es anulatorio  y revocatorio. QUINTO.- En el recurso de casación se  invocan las dos causales previstas en el artículo 386 del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364,  esto es, la infracción normativa que incide directamente  sobre la decisión contenida en la resolución impugnada así  como el apartamiento inmotivado del precedente judicial;  así pues se denuncia: 1. Infracción normativa del inciso  24 literal a) del artículo 2, incisos 3 y 5 del artículo 139  de la Constitución Política del Perú; artículo 12 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial; artículos 140 y 141 del  Código Civil; artículo 427; e, inciso 8 del artículo 486  del Código Procesal Civil; se sostiene al respecto lo  siguiente: i) Que, en el octavo considerando de la sentencia  de vista se ha señalado que mediante Resolución número  cinco del nueve de marzo de dos mil dieciocho sólo se  había admitido a trámite la demanda en cuanto a las  pretensiones de división y partición, pero no la pretensión  de adjudicación, y que dicha decisión no fue impugnada;  consideración que colisiona no solo con el verdadero  sentido de la resolución, con el más elemental de los  raciocinios y también con lo dispuesto en el artículo 427 del  Código Procesal Civil, cuando realmente se había admitido  la demanda en todos sus extremos; ii) Que, si se hubiera  negado el trámite de la pretensión de adjudicación, así se  hubiera tenido que resolver de manera expresa y no  tácitamente; iii) Que, la demanda planteada pretendía que  el demandado recurrente, en su calidad de albacea  testamentario, divida, parta y disponga la adjudicación de  la masa hereditaria, a lo cual él se allanó; iv) Que, por otro  lado, la Sala Superior también sostiene en el noveno  considerando de la recurrida, que las normas que regulan  la partición de bienes no prevén la pretendida “adjudicación”  que señalan las partes, sino únicamente la división y  partición; v) Que, en ese sentido, la decisión de la Sala  viola la libertad derivada de la autonomía de la voluntad  para concertar actos jurídicos conforme al artículo 140 del  Código Civil, concepto que tiene una relación directa con la  libertad; vi) Que, en consecuencia, podríamos definir a la  autonomía de la voluntad como aquella libertad que permite  a la persona generar infinidad de relaciones jurídicas, esto  es, crear, conservar, modificar, transmitir o extinguirvínculos jurídicos con otras personas, convirtiéndose el  acto jurídico en un mecanismo normativo de autorregulación  de la conducta de los sujetos respecto a las relaciones  jurídicas ya generadas, soliendo compararse a la autonomía  de la voluntad con la libertad de contratación o la libertad  económica; vii) Que, si bien es cierto la autonomía de la  voluntad implica la libertad para generar derechos, deberes  y obligaciones de diversa índole, ello no significa que sea  de carácter absoluto o ilimitado, sino que existen  limitaciones, encargándose de esta función el orden  público, pero simplemente este no es el caso, ya que el  inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú  señala expresamente que nadie está obligado a hacer lo  que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no  prohíbe y simplemente, ninguna norma prohíbe delegar a  una parte la facultad de decidir que bienes corresponden a  cada uno; viii) Que, insistiendo en el tema que las partes  deciden, de común acuerdo, qué quieren acordar en un  acto jurídico, coincidiendo en la voluntad que sea el  albacea el que disponga la adjudicación de los bienes, las  autoridades no pueden negarse, simplemente porque dicha  pretensión es lícita; ix) Que, la copropiedad puede  extinguirse y dar lugar a títulos de propiedad individuales,  mediante la división, partición y adjudicación, siendo que  este acto lo formaliza el notario a petición de parte, siempre  y cuando todos los copropietarios están de acuerdo, en  caso contrario, deberá recurrirse al Poder Judicial, como  ha sido el caso de las dos partes involucradas; y, x) Que, el  artículo 983 del Código Civil señala que por la partición  acontece la permuta, cediendo cada uno el derecho que  tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen a cambio del  derecho que le ceden en los que se le adjudican, por lo que  sí hay norma en el Código Civil que permita que una de las  partes sea la que haga la adjudicación, y una lectura  integrada y concordada con el artículo 140 del mencionado  texto legal y el inciso 8 del artículo 486 del Código Procesal  Civil traen abajo dicha errónea mención; y, 2. Apartamiento  inmotivado del precedente judicial contenido en el  Segundo Pleno Casatorio Civil, Casación número 2229- 2008 Lambayeque y del Pleno Jurisdiccional Distrital  en Material Procesal Civil realizado en Amazonas los  días seis y veinte de julio de dos mil diecisiete; se indica  que en el referido Pleno Jurisdiccional se estableció que no  es posible establecer otras causales de inadmisibilidad e  improcedencia a las ya establecidas en los artículos 424 y  425 del Código Procesal Civil, y que en el caso de autos se  ha realizado una interpretación írrita del artículo 427 del  Código Procesal Civil, creando una figura de improcedencia  tácita de la demanda. SEXTO.- Conforme al artículo 384  del Código Procesal Civil, el recurso de casación tiene por  fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por  la Corte Suprema de Justicia de la República; de esta  manera, tenemos que el recurso de casación debe limitarse  a cuestiones estrictamente jurídicas referentes al logro  de los fines legalmente establecidos, no permitiéndose una  nueva evaluación de los hechos y de las pruebas actuadas  y evaluadas por las instancias de mérito. SÉTIMO.- El  numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil,  modificado por el artículo 1 de la Ley número 29364,  establece como uno de los requisitos de procedencia del  recurso de casación: «describir con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente  judicial». En tal sentido, si como causal de casación se  alega la “infracción normativa” o el “apartamiento del  precedente judicial” no es suficiente exponer cualquier  alegación, sino que la descripción debe ser clara y precisa  respecto a la norma jurídica supuestamente infringida y al  precedente judicial inobservado. OCTAVO.- En cuanto al  ítem 1) del quinto considerando de la presente resolución,  tenemos: a) el recurrente no fundamenta con precisión y  claridad la infracción del artículo 2 numeral 24 literal a) de  la Constitución Política del Perú y de los artículos 140 y 141  del Código Civil, pues si bien señala que la Sala Superior  habría violado la libertad derivada de la autonomía de la  voluntad para concertar actos jurídicos conforme al artículo  140 del Código Civil, no identifica algún contrato celebrado  entre las partes u otro acto jurídico civil que esté siendo  desconocido o que se le haya prohibido celebrar;  explicación que se hace necesaria sobre todo si se tiene en  cuenta que la sentencia de vista expresamente reconoce la  posibilidad de que las partes acuerden cómo se deberá  realizar la adjudicación física de sus bienes durante la  etapa de ejecución; b) que, también se ha denunciado la  infracción del artículo 486 inciso 8 del Código Procesal  Civil, según el cual, se tramitan en la vía del proceso  abreviado los asuntos contenciosos que no tengan una vía  procedimental propia, son inapreciables en dinero o hayduda sobre su momento o, por la naturaleza de la pretensión  el juez considere atendible su empleo; observándose del  recurso de casación que no se ha explicado cuál es el  contenido normativo de dicha disposición procesal que  habría sido vulnerado, no advirtiéndose tampoco que el  recurrente esté denunciando que la demanda de división y  partición esté siendo tramitada en una vía procedimental  errónea; c) que, en cuanto a la alegada infracción del  artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú,  referido al deber de motivación debida de las resoluciones  judiciales tenemos que, el demandado recurrente cuestiona  que en la sentencia de vista se haya señalado que el  Código Civil, al regular la división y partición de bienes, no  ha incorporado la figura correspondiente a la “adjudicación”  y que es en la etapa de ejecución en donde las partes  podrán acordar como se debe realizar dicha adjudicación,  en tanto que el impugnante considera que el artículo 983  del Código Civil sí habilita disponer dicha adjudicación,  esto es, no se está denunciando un supuesto de afectación  del deber de motivación sino que este cuestionamiento se  sustenta en la discrepancia con el criterio jurisdiccional  asumido por la Sala Superior al momento de resolver la  controversia; y, d) que, en cuanto a la alegada infracción  del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del  Perú, referido al debido proceso, tenemos que en el recurso  de casación se fundamenta el agravio en los argumentos  analizados precedentemente, respecto a los cuales se  advierte que no satisfacen la exigencia del artículo 388  numeral 2 del Código Procesal Civil, que requieren describir  de manera clara y precisa las infracciones denunciadas.  NOVENO.- En cuanto al ítem 2) del quinto considerando de  la presente resolución tenemos, por un lado, que se invoca  el apartamiento inmotivado del precedente judicial,  Casación número 2229-2008 Lambayeque, en el cual se  estableció precedente respecto al artículo 950 del Código  Civil correspondiente a la prescripción adquisitiva, siendo  que el recurrente no ha brindado explicación alguna  respecto a de qué manera habría sido inobservado dicho  precedente en el caso de autos; y, por otro lado, se invoca  la inobservancia de un Pleno Jurisdiccional Distrital sin  brindar mayor explicación de por qué se asume que el  mismo constituye un precedente judicial, toda vez que de  acuerdo al artículo 400 del Código Procesal Civil, solo tiene  tal calidad el precedente instituido en el pleno casatorio  civil al que son convocados los magistrados supremos  civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe  un precedente judicial. DÉCIMO.- En consecuencia, al  incumplirse la exigencia prevista en el numeral 2 del  artículo 388 del Código Procesal Civil, que requiere  describir con claridad y precisión la infracción normativa y  el apartamiento inmotivado de un precedente judicial, en  aplicación del artículo 392 del mencionado texto normativo,  corresponde declarar la improcedencia del recurso de  casación.  Por  estos  fundamentos,  declararon:  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el  demandado Alfredo Dante Valdez Rodríguez Paiva  obrante a fojas doscientos ochenta y dos, contra la  sentencia de vista contenida en la Resolución número  cuatro, de fecha cinco de setiembre de dos mil diecinueve,  obrante a fojas doscientos sesenta, expedida por la Primera  Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en  el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por Celia Liliam Valdez Rodríguez Paiva contra  Alfredo Dante Valdez Rodríguez Paiva, sobre División y  Partición; y los devolvieron. Ponente Señor Juez Supremo  Romero  Díaz.-  S.S.  ROMERO  DÍAZ,  CABELLO  MATAMALA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA,  RUIDÍAS FARFÁN 1  Artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 de la Ley número  29364. 2  Incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil modificado por el artículo  1 de la Ley número 29364. C-2136199-214