CASACIÓN Nº 5762-2018 DEL SANTA
Materia: Prescripción adquisitiva de dominio La sentencia de vista sí ha aplicado la presunción del artículo  915 del Código Civil, señalando que debe estar corroborada  con otros indicios que permitan concluir que ha existido una  posesión pública del actor, que no exime al demandante  de toda prueba, sino de facilitarle dicha actividad, y que no  basta con ser mero poseedor, sino que se requiere que su  comportamiento sea como propietario (animus domini),  elemento subjetivo que no forma parte de dicha presunción,  de manera que el artículo bajo comentario no exime al  demandante de acreditar dicho elemento subjetivo para  adquirir el bien por prescripción adquisitiva. Lima, veintiséis de julio de dos mil veintidós LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número  cinco mil setecientos sesenta y dos, en audiencia pública  llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo  a ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a  conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación  interpuesto por el sucesor procesal del demandante, Miguel  Ángel Peralta Merino1, de fecha 04 de octubre de 2018;  contra la sentencia de vista, contenida en la resolución  número 69, de fecha 21 de agosto de 20182, que confirmó la  sentencia de primera instancia, contenida en la resolución  número 57, de fecha 08 de agosto de 20173, que declara  infundada la demanda interpuesta por Manuel Santiago  Peralta Hurtado, contra la Empresa Nacional de Edificaciones  en Liquidación- ENACE, sobre prescripción adquisitiva de  dominio. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito,  de fecha de ingreso 26 de octubre de 20074, y su subsanación,  de fecha de ingreso 19 de noviembre de 20075, Manuel  Peralta Hurtado interpone demanda de prescripción  adquisitiva respecto del inmueble ubicado en el Programa de  Vivienda Primera Etapa Unid. U-1 Núcleo Urbano Buenos  Aires, manzana L, lote 17, del distrito de Nuevo Chimbote,  provincia del Santa, Ancash, inscrito en la partida Nº  PO9055962 del Registro de la Propiedad Inmueble de la  Oficina Registral de Chimbote. Fundamentos de la  demanda: - El demandante sostiene que posee el inmueble  sub litis desde que le fue entregada por el anterior propietario,  Juan Manuel Daymovich Napán, el 22 de junio de 1992,  según la séptima cláusula del contrato de esa fecha, donde  ha construido una casa de material noble con un área techada  de 73 m2, que habita de forma ininterrumpida, pública y  pacífica a título de propietario desde hace más de 15 años. -  Acredita la propiedad de la casa habitación conforme a la  declaración de fábrica, de febrero de 1997, efectuada por elarquitecto Mario Bojorquez Gonzáles que adjunta a la  memoria descriptiva, los planos de ubicación y perimétrico  debidamente visados por la Municipalidad Distrital de Nuevo  Chimbote. 2. Contestación a la demanda - La demandada,  Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación-ENACE  en Liquidación, alega que conforme se acredita con la partida  Nº P09055962 del Registro de la Propiedad Inmueble de  Chimbote, es propietaria del inmueble materia de conflicto. -  Sostiene que en el año 2007 hubo un proceso de reivindicación  sobre el referido inmueble en el expediente Nº 504-2007 por  lo que en mérito del artículo 953 del Código Civil se configuró  la interrupción del termino de prescripción por dejar de ser  pacífica la posesión, que para probar acompaña el Informe Nº  140-2007-ENACE-JL/SPJC, la Carta Notarial Nº 449-2007-JL- ENACE y el Informe Nº 077-2005-ENACE (CAA). 3.  Sentencia de primera instancia 1) El juez por sentencia  contenida en la resolución número 45, de fecha 31 de agosto  de 20156, declaró: Fundada la demanda interpuesta por  Manuel Santiago Peralta Merino, contra ENACE, sobre  prescripción adquisitiva de dominio, en consecuencia, declara  propietario del inmueble ubicado en el Programa de Vivienda  Primera Etapa Unid. U-1 Núcleo Urbano Buenos Aires,  manzana L, lote 17 del distrito de Nuevo Chimbote, provincia  del Santa, Ancash, inscrito en la Partida Nº PO9055962 del  Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de  Chimbote, a los sucesores procesales del demandante con  Miguel Ángel Peralta Merino y su esposa Blanca Edelmira  Uceda Quezada, cancélese el asiento registral nombre de la  demandada e inscríbase en el Registro Público de derecho de  propiedad de los sucesores. Sin costas, ni costos del proceso,  cúrsese los partes judiciales a los Registros Públicos de la  ciudad de Chimbote. 2) Por sentencia de vista contenida en la  resolución número 52, de fecha 07 de julio de 20167, la  Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa,  declara nula la sentencia emitida por el Juzgado en la  resolución número 45, de fecha 31 de agosto de 20158 y  dispone que el A quo proceda a ordenar la publicación de los  edictos, recabe el expediente de reivindicación y luego el  dictamen fiscal antes de emitir sentencia. 3) El Ministerio  Público emite dictamen9 indicando que es de la opinión que se  declare fundada la demanda interpuesta por Manuel Santiago  Peralta Hurtado, contra ENACE, sobre prescripción adquisitiva  de dominio. 4) El Juzgado por sentencia contenida en la  resolución número 59, de fecha 08 de agosto de 201710 falla  declarando infundada la demanda interpuesta por Manuel  Santiago Peralta Hurtado, contra ENACE, bajo los siguientes  argumentos: - Aparte de los documentos obrantes de folios 03  a 10, 12, 18 a 20 y 21, no existe otro documento que acredite  una posesión constante y continuada desde febrero de 1997,  hasta la interposición de la demanda (26 de octubre de 2007)  por cuanto la constancia notarial de certificación domiciliaria,  de fecha 12 de septiembre de 2007 (folio 14), fue expedida  días antes de la interposición de la presente demanda. - En el  expediente Nº 00504-2007-0-2506-JM-CI-01 obra la “ficha de  inspección ocular”, de fecha 05 de septiembre, se consigna  que en el inmueble sub litis se encuentra como posesionario  por 14 años, don Miguel Peralta Merino, sin la presencia del  demandante en dicho acto. De modo que, por tales actos y  hechos valorados en su conjunto, se llega a determinar que  es don Miguel Peralta Merino y no el demandante Manuel  Santiago Peralta Hurtado quien se encontraba en posesión  del predio, lo que es corroborado con el contrato de cesión de  derechos, de fecha 20 de febrero de 2009, donde el  demandante cede sus derechos sobre el inmueble materia de  litigio a don Miguel Peralta Merino. - Si bien la parte  demandante acredita documentalmente su posesión desde  1992 a 1997, no prueba que haya poseído en fecha posterior  de 1997 al año 2007, como aduce en su demanda. - Si bien el  demandante, a fojas 14, presenta la constancia notarial de  certificación domiciliaria, de fecha 12 de septiembre de 2007,  donde se consigna que el notario fue recibido por una persona  empleada del hogar quien dijo que el actor vive ahí más de 12  años, este documento al ser cotejado y confrontado con las  demás pruebas, se concluye que carece de eficacia probatoria  para acreditar la pretensión del actor, porque es un documento  de parte, se contradice con lo expuesto por don Miguel Peralta  Merino en la ficha de inspección ocular y ha sido adjuntado  con intencionalidad evidente a la demanda según la emisión  cronológica de ambos. - Las declaraciones testimoniales no  generan convicción pues no existe medio probatorios que las  corroboren, respecto a los años posteriores al año 1997, esto  es durante los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,  2004, 2005 y 2006, como se aduce en la demanda. 4.  Recurso de apelación Por escrito, de fecha de ingreso 08 de  septiembre de 201711, el sucesor procesal del demandante,  Miguel Ángel Peralta Merino, interpone recurso de apelación,  contra la sentencia, que declara infundada la demanda, bajo  los siguientes argumentos: - Antes de interponer la demandasu parte ya había adquirido el derecho de propiedad por  prescripción y sólo acudió al juez para que emita sentencia  declarativa. - El hecho que ENACE haya interpuesto demanda  de reivindicación contra Miguel Peralta Merino y no, contra el  posesionario Manuel Peralta Hurtado, no tiene importancia,  porque a la fecha de interposición de la demanda éste último  ya tenía ganado su derecho prescrito, además dicha demanda  fue dirigida contra un tercero y fue declarado en abandono sin  actuarse prueba alguna. - No existe medio probatorio que  pueda establecer que perdió la posesión a partir de 1997, y el  juez no ha tomado en cuenta que el artículo 915 del Código  Civil establece que si el poseedor actual prueba haber  poseído en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. -  Se indica erróneamente que lo actuado en el proceso de  reivindicación Nº 0504-2007, corrobora que no existe prueba  de la posesión del demandante desde 1997 y el juez de forma  equivocada considera que es una prueba de la posesión de  persona distinta al demandante en este proceso, cuando fue  ofrecido por ENACE en el citado expediente, el cual no fue  admitido, ni actuado como medio probatorio y en el cual se  declaró el abandono. - El juez pretende desconocer que la  posesión del bien está acreditada a favor del demandante  hasta el 12 de septiembre de 2007, con la constancia notarial  de certificación domiciliaria de esa fecha a pesar de que ha  sido otorgado por un notario público y no ha sido objeto de  tacha y de oposición. Igualmente, la ficha de inspección  ocular obra en el expediente Nº 0504-2007 que cayó en  abandono. 5. Sentencia de vista La Sala Superior por  sentencia de vista, contenida en la resolución número 69, de  fecha 21 de agosto de 201812, confirmó la sentencia de  primera instancia, contenida en la resolución número 57, de  fecha 08 de agosto de 2017, que declara infundada la  demanda interpuesta por Manuel Santiago Peralta Hurtado,  contra ENACE, formulando los siguientes fundamentos: - Los  documentos adjuntados por el demandante son insuficientes  para acreditar la posesión de manera continua y pública por  más de 10 años que alega. - Las declaraciones testimoniales  no están corroboradas de manera objetiva con otros medios  de prueba. - Los medios probatorios analizados y valorados,  no evidencian que el demandante por más de 15 años haya  poseído el bien y que haya efectuado actos notorios,  concluyentes e inequívocos que impliquen posesión contra  ENACE, susceptibles de ser conocibles por el propietario con  derecho inscrito, además con la finalidad de dotar de  publicidad al ejercicio de posesión que alega. - Sobre la  aplicación del artículo 915 del Código Civil, según el cual si el  poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se  presume que poseyó en el tiempo intermedio, esta presunción  admite prueba en contrario, de modo que debe estar  corroborada con indicios que permitan concluir que ha existido  además una posesión pública, pues dicha presunción no trata  de eximir de toda prueba al demandante sino de facilitarle  dicha actividad, pues no basta con ser mero poseedor sino  que debe comportarse como propietario (animus domini)  elemento subjetivo que no forma parte de la presunción  descrita el cual no se ha acreditado en autos (desde 1992, y  por más de quince años). III. RECURSO DE CASACIÓN Esta  Sala Suprema, mediante resolución, de fecha 16 de julio de  2019, ha declarado procedente el recurso de casación  interpuesto por el sucesor procesal del demandante, Miguel  Ángel Peralta Merino, por la causal de Infracción normativa  de carácter procesal del artículo 139, incisos 3 y 5, de la  Constitución Política del Perú, concordante con los artículos  VII del Título Preliminar y 197 del Código Procesal Civil; y por  la causal de infracción normativa de carácter material de los  artículos 896, 915 y 950 del Código Civil. IV. ASUNTO  JURÍDICO EN DEBATE En este caso particular, la cuestión  jurídica en debate consiste en determinar si la sentencia de  vista ha incurrido en la infracción normativa de carácter  procesal por motivación aparente y no valorar los medios  probatorios en forma conjunta y con apreciación razonada  conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil y la  infracción normativa de naturaleza material, al no haberse  tomado en cuenta el artículo 915 del Código Civil, que  establece que si el poseedor prueba haber poseído  anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo  intermedio, dado que el recurrente alega que con los medios  probatorios aportados ha demostrado la posesión como  propietario del inmueble objeto de litis. FUNDAMENTOS DE  ESTA SALA SUPREMA PRIMERO: El Recurso de Casación  tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo  precisa el artículo 384 del Código Procesal Civil. En materia  de casación es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el procedo  regular, teniendo en consideración que éste supone elcumplimiento de los principios y garantías que regulan el  proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.  SEGUNDO: Por causal de Casación se entiende el motivo  que la ley establece para la procedencia del Recurso13,  debiendo sustentarse el mismo en aquellas previamente  señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por  infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se  consideran motivos de casación por infracción de la ley, la  violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse el caso,  así como la falta de congruencia de lo decidido con las  pretensiones formuladas por las partes y la falta de  competencia. Los motivos de quebrantamiento de la forma  aluden a infracciones en el proceso14, por lo que en tal sentido  si bien todas las causales suponen una violación de la ley,  también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el  fondo. TERCERO: En los casos en que se haya declarado  procedente un recurso de casación por causales de infracción  normativa material y procesal, en primer término, debe  dilucidarse las relativas a la infracción normativa procesal, de  conformidad con el inciso 4, del artículo 388 del Código  Procesal Civil –modificado por Ley Nº 29364- el cual establece  que si el recurso de casación contuviera ambos pedidos  (anulatorio o revocatorio) como subordinado, ello en atención  a su efecto nulificante. CUARTO: La infracción procesal se  configura cuando en el desarrollo de la causa no se han  respetado los derechos procesales de las partes, se han  soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano judicial deja de  motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en  evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los  principios procesales o fundamentales. QUINTO: El debido  proceso formal constituye una garantía constitucional que  asegura que en la tramitación de una causa se respeten  determinados requisitos mínimos que, en general, se  considera que comprenden los siguientes criterios: a) Derecho  a ser oportunamente informado del proceso, a efectos de  otorgar un tiempo razonable para preparar la defensa; b)  Derecho a ser juzgado por un Juez imparcial, esto es que no  tenga interés en un determinado resultado de la Litis bajo su  dirección; c) Derecho a la tramitación oral de la causa y a la  defensa de un profesional (publicidad del debate); d) Derecho  a la prueba; e) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito  de lo actuado; y, f) Derecho al Juez legal. Aquel derecho  continente es fundamental y asiste a todos los sujetos que  plantean pretensiones ante los órganos resolutivos de  conflictos. SEXTO: De esta forma el derecho al debido  proceso, consagrado en el inciso 3, del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú15, comprende a su vez, entre  otros derechos de los ya señalados en el considerando  precedente, el de obtener una resolución fundada en derecho,  mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma  suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de  los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron,  dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el  inciso 3, del artículo 122 del Código Procesal Civil16 y del  artículo 12 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial. Además, la exigencia de motivación suficiente  prevista en el inciso 5, del artículo 139 de la Carta  Fundamental17, garantiza que el justiciable puede comprobar  que la solución del caso concreto viene dada por una  valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado  y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no  de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese  entendido es posible afirmar que una resolución que carezca  de motivación suficiente no sólo infringe normas legales, sino  también principios de nivel constitucional. SÉPTIMO:  Ingresando al análisis de las infracciones procesales  admitidas referidas a la normativa de los incisos 3 y 5, del  artículo 139 de la Constitución Política, el recurrente alega  que el Ad quem ha incurrido en motivación aparente al  argumentar que no existe otro documento que acredite una  posesión constante y continuada desde febrero de 1997  hasta la interposición de la demanda y que no se han valorado  los medios probatorios en forma conjunta y con apreciación  razonada, conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil  y que no se ha valorado la inspección judicial practicada con  fecha 22 de enero de 2015, con la que se acredita que se le  ha encontrado en posesión del bien materia de prescripción.  Sobre ello cabe indicar que, la Sala Superior ha emitido una  sentencia que se encuentra debidamente motivada, desde  que justifica las razones que la han llevado a confirmar la  decisión del A quo, al emitir una sentencia desestimatoria,  sustentando los fundamentos de hecho y de derecho en  atención a los agravios denunciados en el recurso de  apelación, de forma que se ha resuelto de manera congruente,  no existiendo vicios de motivación, tal como se desprende de  los siguientes fundamentos contenido en la sentencia devista: “10. Los documentos antes descritos por sí solos  resultan insuficientes para acreditar que el demandante  durante más de diez años ha ejercido posesión de manera  continua (es decir ejercicio permanente de la posesión, con la  eventualidad y excepcionalidad previsto en el artículo 904,  920 y 953 del Código Civil) y pública (que la posesión se  demuestre y no opere en forma clandestina, es decir que la  posesión sea conocido por todos), sobre el bien sub litis,  conforme se ha desarrollado en el considerando décimo de la  presente, pues las documentales: Constancia de Certificación  domiciliaria de fecha 12 de setiembre de 2007, copia  certificada de denuncia policial, de fecha 14 de setiembre del  2007, obrante a folios 14 a 15 de autos, respectivamente,  constituyen documentos de fecha coetánea a la interposición  de la demanda y no así de años anteriores; además su  contenido responde a declaraciones unilaterales efectuadas  por la propia parte demandante que evidentemente tendrían  que estar acorde con su interés. (…) 12. En cuanto a la  valoración de las testimoniales, debemos señalar que su  valoración debe ser efectuada con cautela, pues se tratan de  testigos  ofrecidos  por  la  parte  demandante  quien  implícitamente busca ser beneficiada con sus declaraciones;  esto es, conforme refiere TARUFFO, Michele, la declaración  testifical acerca de ciertos hechos tiene que ser valorado  críticamente por el Juez desde una doble perspectiva. Por un  lado, tiene que analizarse la calidad informativa de la  declaración sobre la base de su coherencia interna,  proximidad de los hechos y corroboración objetiva a través de  otros medios de prueba; y, por otro, a partir de la credibilidad  personal que pueda merecer el testigo y que está supeditada  a una serie de hechos, ya sea para aceptar su declaración o  para descartarla (3). En este sentido se tiene que el testigo  Joaquín Burnes Galindo, conforme a su testimonial rendida a  folios 394 de autos, refiere conocer al demandante como  poseedor del bien sub litis, debido a que en el año 1992 y  1993 trabajó en la construcción de dicho bien; sin embargo, la  información brindada no tiende a demostrar la posesión  continua por los más de quince años que se alega en autos,  sino una circunstancia acaecida en el año 1992 y 1993.  Respecto a la testimonial de Mario Antenor Bohorque  Gonzáles, quien refiere tener grado de amistad con el  demandante y que le consta que el demandante tenía la  posesión porque lo visitaba, su información que brinda no  está corroborada de manera objetiva a través de otros medios  de prueba, circunstancia esta última similar de la que goza la  información brindada por la testigo Irma Florencia Cortez  Roque”. OCTAVO: Se aprecia que la Sala Superior ha  resuelto los agravios invocados en el recurso de apelación  interpuesto por el sucesor procesal del demandante don  Miguel Ángel Peralta Merino y ha desestimado los agravios  formulados y en su conjunto el recurso de apelación, al no  existir fundamentos susceptibles de variar la decisión venida  en grado. NOVENO: Sobre la causal de infracción normativa,  por inaplicación de normas de derecho material, observamos  que la sentencia de vista sí ha aplicado la presunción del  artículo 915 del Código Civil, señalando que debe estar  corroborada con otros indicios que permitan concluir que ha  existido una posesión pública del actor, pues ella, no exime al  demandante de toda prueba sino de facilitarle dicha actividad,  y que no basta con ser mero poseedor, sino que se requiere  que su comportamiento sea como propietario (animus  domini), elemento subjetivo que no forma parte de dicha  presunción, de manera que el artículo bajo comentario no  exime al demandante de acreditar dicho elemento subjetivo  para adquirir el bien por prescripción adquisitiva. Y sobre el  artículo 950 del Código Civil, explica las razones por las que  considera que las pruebas presentadas por el demandante no  acreditan su calidad de propietario por más de 15 años, por lo  que no habría adquirido la propiedad del inmueble sub litis por  prescripción, al no haberla ejercido de forma continua y  pública como propietario. DÉCIMO: Sobre la infracción  normativa de derecho material por inaplicación del artículo  896 del Código Civil el recurrente sostiene que la sentencia de  vista no ha aplicado esta norma de derecho material, al no  haber tomado en cuenta que la inspección judicial, de fecha  22 de enero de 2015, acredita que siempre ha tenido la  posesión física del inmueble sin perturbación e interrupción  alguna, de lo cual se advierte que si bien alega la inaplicación  de una norma de derecho material, sin embargo, su  fundamento discute la valoración de pruebas actuadas al  interior del proceso, lo que no corresponde a la naturaleza del  recurso extraordinario de casación. DÉCIMO PRIMERO: En  ese orden de ideas, esta Sala Suprema no aprecia que se  haya infringido las normas de derecho material y procesal  denunciadas, por tanto, el presente recurso de casación debe  ser desestimado. V. DECISIÓN Por estas consideraciones y  conforme a lo establecido en el artículo 397 del Código  Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso decasación interpuesto por el sucesor procesal del demandante,  Miguel Ángel Peralta Merino, de fecha 04 de octubre de  2018, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista  expedida por la Corte Superior de Justicia del Santa, de fecha  21 de agosto de 2018; DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme  a ley; en los seguidos por Miguel Ángel Peralta Merino, con  ENACE, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los  devolvieron. Interviene como ponente la señorita jueza  suprema  Bustamante  Oyague.  SS.  BUSTAMANTE  OYAGUE,  SALAZAR  LIZÁRRAGA,  CUNYA  CELI,  ECHEVARRÍA GAVIRIA, RUIDIAS FARFÁN. 1  Página 701 2  Página 671 3  Página 569 4  Página 24 5  Página 35 6  Página 408 7  Página 493 8  Página 408 9  Página 546 10  Página 569 11  Página 588 12  Página 671 13  Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda  Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359. 14  De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano  Americanas, México D.F., 1940, página 222. 15  Artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política.- Son principios y derechos de la  función jurisdiccional:  (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 16  Artículo 122, inciso 3, del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen: (…)  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. 17  Artículo 139, inciso 5, de la Constitución.- Son principios y derechos de la función  jurisdiccional:  (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. C-2136197-251