CASACION 5878 - 2017 PUNO
Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Sumilla: En sede casatoria, no corresponde realizar un nuevo  examen crítico de los medios probatorios y el aspecto fáctico  del proceso; pues solo es factible tratándose de la infracción  de las reglas que regulan la actividad probatoria y cuando la  decisión es arbitraria o absurda. Lima, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. - LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa número  cinco mil ochocientos setenta y ocho del dos mil diecisiete, en  Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha y producida la  votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I.  ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación interpuesto por la parte demandada  Municipalidad Provincial de Puno, mediante escrito de  fojas ciento cuatro, así como el recurso de casación  interpuesto por el demandante Gabriel Pérez Ruelas,  mediante escrito de fojas ochenta y uno, contra la sentencia  de vista, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, que  confirmó en parte la sentencia apelada de fojas mil  novecientos veinticinco, de fecha treinta y uno de marzo de  dos mil dieciséis, que declaró fundada en parte la demanda;  en el proceso seguido por Gabriel Pérez Ruelas y otros contra  la Municipalidad Provincial de Puno y otros, sobre  indemnización por Daños y Perjuicios. II. ANTECEDENTES:  1. DE LA DEMANDA: Por escrito de fojas ochenta y tres,  Victoria Maquera Nina, Victa Ceferina Ñaupa De Mamani,  Norberto Huacoto Veliz, Gabriel Perez Ruelas, María Tito  Charaja, Felipa Nidia Chije Mamani, Flavio Clemente Mamani  Pando, German Domingo Cabrera Ticona Y Lorenza Trujillo  Anco, interponen demanda solicitando la indemnización de  daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil  extracontractual y que, los demandados cumplan con pagar  en forma solidaria la suma de setenta y cinco mil dólares  americanos a favor de cada uno de los actores por concepto  de indemnización del daño moral y material causado con la  muerte de cada uno de sus menores hijos en el derrumbamiento  culposo de la Academia Preuniversitaria “Nueva G” de esta  ciudad Puno. Sustentando que: 1. El día 19 de abril de 2002,  siendo aproximadamente las 10:30 am, cuando sus menores  hijos, asistían al normal dictado de clases en la Academia pre- universitaria “NUEVA G”, que funcionaba en el inmueble sito  en jirón Santiago Giraldo Nº 252 - Puno, de propiedad de Juan  Mamani Salas, se produjo el derrumbamiento del citado  inmueble, causando la muerte de éstos. Por lo que indican los  demandantes que, los demandados propietarios de la  Academia pre-universitaria Nueva Generación-”NUEVA G”  son civilmente responsables por no haber actuado con la  negligencia ordinaria para la contratación del local donde  funcionaba la citada academia y por haber incurrido en  negligencia inexcusable al hacer funcionar una academia  preuniversitaria en un inmueble que según la evaluación  practicada por el Colegio de Ingenieros de Puno, resulta  absolutamente inadecuado para el funcionamiento de una  institución educativa, por ser antiguo y estar construido en  adobe y cuyo tercer piso de material noble se apoyaba sobre  pisos de adobe 2. El demandado Juan Mamani Salas  (propietario del inmueble) es civilmente responsable por  haber alquilado su inmueble con fines educacionales, pese a  que no era un local apto para ello, además por haber  construido un tercer piso sobre pisos de adobe, contraviniendo  lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcciones  que prevé que las construcciones en adobe se limitarán a un  solo piso; 3. El demandado Juan José Noriega Mamani,  propietario del inmueble colindante, es civilmente responsable  por haber ejecutado una construcción de manera negligente  ordenando cavar zanjas en la parte que colinda con el  inmueble siniestrado sin tomar las precauciones del caso; 4.  Mario Gallegos Montesinos (ex Director Regional de  Educación), es civilmente responsable al actuar con grave  negligencia al omitir su deber de supervisión y control del  funcionamiento de todas las instituciones educativas de la  región, y en particular de los Centros Educativos que no  tienen autorización de funcionamiento, como era el caso de la  Academia pre-universitaria “NUEVA G”, la cual venía  funcionando en un local que no cumplía con los criterios  pedagógicos previstos por el Ministerio de Educación, y se  hace más evidente su responsabilidad cuando el Informe de  auditoría hace notar que la citada academia contaba con una  autorización de funcionamiento temporal sin tener en cuenta  las condiciones precarias del inmueble y sin ninguna  evaluación técnica previa; la demandada Dirección Regional  de Educación tiene responsabilidad vicaria, porque el daño se  produjo por la omisión culpable del ex Director Regional deEducación respecto del control y supervisión de la academia  señalada, en el ejercicio de sus funciones, y por haber  otorgado la autorización de funcionamiento temporal que  ostentaba la academia 5. El demandado Julián Salas  Portocarrero ex alcalde de la Municipalidad Provincial de  Puno, es civilmente responsable, por cuanto de manera  culposa nunca dispuso la verificación de las condiciones de  los servicios educativos en la ciudad de Puno, incluida la  Academia pre-universitaria “NUEVA G”, incumpliendo sus  funciones; la Municipalidad Provincial de Puno tiene  responsabilidad vicaria, por cuanto el daño se produjo por la  omisión culpable del ex Alcalde respecto de la verificación de  las condiciones de seguridad y mantenimiento de los locales  escolares y el estado de funcionamiento de los servicios  educativos de la ciudad de Puno, incluida la aludida academia.  2. DE LA CONTESTACIÓN: Por escrito ciento cuarenta y  cuatro, El Procurador Público de La Municipalidad  Provincial de Puno contesta la demanda señalando que se  declare infundada la demanda, señalando que los propietarios  de la academia preuniversitaria Nueva Generación no tenían  licencia de funcionamiento de tal establecimiento, motivo por  el que éstos serían los únicos responsables del penoso  siniestro por el que fallecieron los hijos de los demandantes;  también señaló que su obligación de control, cuya omisión se  denuncia en la demanda, nace desde el momento de la  obtención de una licencia de funcionamiento, lo que no ocurrió  en el caso de la academia siniestrada, motivo por el que,  indica, no tiene responsabilidad alguna en los hechos por los  cuales se peticiona una indemnización. Asimismo, la  Procuraduría Publica de tal Municipalidad, mediante el escrito  que obra a fojas quinientos setenta y cinco a quinientos  ochenta, también absolvió el traslado conferido, negando lo  indicado por los accionantes y peticionando se desestime la  demanda incoada. 3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:  Mediante sentencia de primera instancia de fecha treinta y  uno de marzo de dos mil dieciséis, se declaró fundada en  parte la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios;  en consecuencia; se dispuso: que los demandados Walter  Quiñonez Corimanya, Jorge Luis Chumberiza Manso,  Franciso Augusto Mariscal Flores, Miguel Gabriel Quispe  Achata, Pedro Miguel Vasquez Mendoza, Abimael Luna  Laura, Juan Mamani Salas, Dirección Regional De Educación  Puno Defendida Por Su Procurador Publico a cargo del  Gobierno Regional Y Mario Gallegos Montesinos en su  condición de ex Director de la Dirección Regional de  Educación de Puno; paguen en forma solidaria la suma de  cien mil soles, por concepto de daños y perjuicios, a favor de  cada uno de los demandantes: Victoria Maquera Nina, Victa  Ceferina Ñaupa De Mamani, Norberto Huacoto Veliz, Gabriel  Perez Ruelas, María Tito Charaja, Felipa Nidia Chije Mamani,  Flavio Clemente Mamani Pando, German Domingo Cabrera  Ticona Y Lorenza Trujillo Anco, en su condición de sucesores  de sus hijos fallecidos nombrados en la presente sentencia;  infundada la demanda en contra de la Municipalidad  Provincial de Puno defendida por su Procurador Público a  cargo de los asuntos judiciales y Julian Salas Portocarrero en  su condición de ex alcalde de la Municipalidad Provincial de  Puno y Juan Jose Mamani Noriega e infundada la demanda  en el extremo del monto total demandado, por improbada, con  costas y costos del presente proceso, que deberán pagar en  forma solidaria, los demandados condenados al pago de la  indemnización demandada, bajo los siguientes fundamentos:  4. SENTENCIA SE SEGUNDA INSTANCIA: Mediante  sentencia de vista, de fecha cinco de octubre de dos mil  diecisiete, la Sala Superior por tales consideraciones: 1) Declararon NULA la resolución número veintiuno, que se  encuentra a fojas 472 a 474, en el extremo por el que el señor  Juez de la causa declaró rebelde a Miguel Condori Quispe  Achata, 2) confirmaron la resolución número ciento treinta,  que corre a fojas 2064 a 2065, por la que la señora Juez de la  causa resolvió efectivizar el apercibimiento de la resolución  numero ciento veintiocho y rechazó el recurso de apelación  presentado por Lorenza Trujillo Anco, 3) Declararon NULA en  parte la sentencia Nº 051-2016, contenida en la resolución  número ciento veinticinco, de fecha 31 de marzo de 2016, que  se encuentra a fojas 1925 a 1962, únicamente en el extremo  por el que la señora Juez de la causa declaró fundada la  demanda incoada por Victoria Maquera Nina y reconoció en  favor de ésta una indemnización por daños y perjuicios en la  suma de S/. 100,000.00, 4) CONFIRMARON la sentencia  apelada, que se encuentra a fojas 1925 a 1962, en los  extremos por los que la señora Juez de la causa resolvió  declarar infundada la demanda incoada en contra de Juan  José Mamani Noriega y Julián Salas Portocarrero, 5)  REVOCARON en parte la sentencia Nº 051-2016, contenida  en la resolución número ciento veinticinco, que se encuentra  a fojas 1925 a 1962, respecto al extremo por el que la señora  Juez de la causa declaró infundada la demanda incoada encontra  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Puno;  y,  REFORMÁNDOLO tal apartado resolutivo, declaró FUNDADA  la demanda incoada en contra de la indicada Municipalidad,  por ser ésta responsable solidaria del daño denunciado por  los demandantes; consecuentemente, la Municipalidad  Provincial  de  Puno  debe  abonar  solidariamente  (conjuntamente con los demás demandados encontrados  responsables de los daños denunciados) en favor de cada  uno de los demandantes la sumas indemnizatorias  reconocidas, 6) REVOCÓ en parte la sentencia Nº 051-2016,  que se encuentra a fojas 1925 a 1962, en el extremo de la  cantidad reconocida como indemnización por daños y  perjuicios en favor de Felipa Nidia Chije Mamani, Germán  Domingo Cabrera Ticona y María Tito Charaja; y,  REFORMANDOLO  tal  apartado  resolutivo,  INCREMENTARON la indemnización reconocida como daño  moral en favor de Felipa Nidia Chije Mamani, Germán  Domingo Cabrera Ticona y María Tito Charaja a la suma de  S/. 130,000.00; de modo que, los demandados encontrados  responsables  del  daño  denunciado  deben  abonar  solidariamente en favor de Felipa Nidia Chije Mamani,  Germán Domingo Cabrera Ticona y María Tito Charaja la  suma de S/. 130,000.00 (ciento treinta mil con 00/100 nuevos  soles), como indemnización por daños y perjuicios. 7)  REVOCARON en parte la sentencia Nº 051-2016, contenida  en la resolución número ciento veinticinco, de fecha 31 de  marzo de 2016, que se encuentra a fojas 1925 a 1962, en el  extremo por el que la señora Juez de la causa declaró fundada  la pretensión de indemnización por daño material o patrimonial  incoada por Felipa Nidia Chije Mamani, Germán Domingo  Cabrera Ticona y María Tito Charaja; y, REFORMANDO tal  extremo, declararon INFUNDADA en parte la demanda  incoada, respecto a la pretensión de indemnización por daño  patrimonial  o  material  formulada  por  los  indicados  demandantes; Bajo los siguientes fundamentos: i) La  sentencia apelada ha quedado consentida en diversos  extremos, como son: a) la responsabilidad por el daño  ocasionado por Walter Quiñonez Ccorimanya, Jorge Luis  Chumberiza Manzo, Francisco Augusto Mariscal Flores,  Miguel Gabriel Quispe Achata, Pedro. Miguel Vásquez  Mendoza y Abimael Luna Laura, en su actuar como socios de  la Academia pre-universitaria NUEVA G, al no haber sido  cuestionado este extremo; b) la responsabilidad de Juan  Mamani Salas, dueño del inmueble donde funcionaba la  citada academia, por no haberse cuestionado este extremo;  c) la responsabilidad de Mario Gallegos Montesinos y de la  Dirección Regional de Educación de Puno, por no haber sido  objeto  de  cuestionamiento  alguno3;  d)  las  sumas  indemnizatorias reconocidas a favor de Victa Ceferina Ñaupa  de Mamani, Norberto Huacoto Veliz, Flavio Clemente Mamani  Pando, Lorenza Trujillo Anco y Gabriel Pérez Ruelas, debido  a que tales demandantes no cuestionaron las cantidades que  se les reconoció como indemnización por daños y perjuicios,  por lo que tales extremos de la sentencia apelada quedaron  consentidos. ii) Únicamente fueron impugnados los extremos  de la sentencia apelada relacionada a la cantidad reconocida  como indemnización por daños y perjuicios a favor de Felipa  Nidia Chije Mamani, Germán Domingo Cabrera Ticona y  María Tito Charaja, así como el extremo por el que se declaró  Infundada la demanda contra de la Municipalidad Provincial  de Puno, Julián Salas Portocarrero y Juan José Mamani  Noriega. iii) Respecto a la responsabilidad de Juan José  Mamani Noriega (propietario del inmueble colindante) en  autos, no se ha acreditado fehacientemente que la conducta  atribuida al demandado haya sido la determinante para que el  inmueble siniestrado se derrumbe y con ello se genere el  daño denunciado por los demandantes, toda vez que el  Informe Técnico de fojas 506/510, ratificado a fojas 516,  concluye que no se acreditó fehacientemente que las zanjas  realizadas hayan sido el factor determinante para que el  inmueble siniestrado cayera, y si bien el Informe Nº  01-2002-CT-CIP-CDP (prueba citada por los apelantes)  obrante en el expediente penal a fojas 268/272, concluye que  los trabajos realizados en la propiedad del demandado  aparentemente contribuyeron en la disminución de la  resistencia del inmueble siniestrado; sin embargo, también  establece que para concretar tal afirmación debe definirse  cuánto tiempo estuvo abierta la zanja adyacente, es decir, la  conclusión estaba sujeta a una evaluación, examen que  aparentemente no se realizó; más aún si los trabajos  realizados en el predio del demandado contaban con la  licencia de construcción correspondiente. iv) Respecto a la  responsabilidad atribuida a la Municipalidad Provincial de  Puno, la Sala considera que debe revocarse dicho extremo de  la sentencia apelada y reformándola, se ampare la demanda  contra el citado municipio, por cuanto indica, se ha acreditado  la concurrencia de los elementos de la responsabilidad de la  Administración, esto es: a) el daño causado: en este caso eldaño moral se acreditó con el fallecimiento de los hijos de los  demandantes, b) la antijuricidad, toda vez que el actuar de la  Municipalidad resulta antijurídico al incumplir los deberes que  la Ley Nº 23853 establece, es decir, por no cumplir sus  funciones de supervisión y control del inmueble siniestrado y  del funcionamiento de la Academia, y así evaluar si ésta  contaba con la infraestructura adecuada para brindar atención  al público según los artículos 65° y 67° de la Ley Nº 23853 -  Ley Orgánica de Municipalidades, funciones que debían ser  ejercidas de forma razonable, oportuna y eficaz; c) relación de  causalidad, por cuanto el actuar omisivo de la Municipalidad  de no cumplir con sus funciones de supervisión y control de la  infraestructura siniestrada y del funcionamiento de la  academia, a pesar de tener conocimiento del funcionamiento  ilegal de esta, resultó determinante para la generación del  daño denunciado, pues el fallecimiento de los agraviados era  evitable si la municipalidad hubiera cumplido oportuna y  eficazmente sus funciones; d) Que, en cuanto al factor de  atribución este no fue analizado porque la responsabilidad de  la municipal es de tipo objetivo. Razones por las que concluye  la Sala, que la Municipalidad demandada resulta responsable  en forma solidaria por los hechos dañosos denunciados. v)  Respecto a la responsabilidad de Julián Salas Portocarrero  (ex Alcalde), la Sala señala que al haberse acreditado que la  Municipalidad tiene responsabilidad directa e inmediata,  queda  descartada  una  responsabilidad  subsidiaria  o  compartida entre el servidor y/o funcionario público con la  entidad pública hallada responsable, pues el artículo 238.1 de  la Ley Nº 27444 imposibilita la existencia de responsabilidad  indirecta, es por ello que el demandado Julián Salas  Portocarrero (ex Alcalde) no resulta responsable de los  hechos dañosos, por lo que confirma la sentencia apelada  que declaró infundada la demanda contra el mencionado  demandado. No obstante, ello, la municipalidad puede repetir  judicialmente el pago por la indemnización, a los funcionarios  y servidores públicos que hayan incurrido en la responsabilidad  atribuida a la entidad. vi) En cuanto al incremento de la  indemnización en favor de Felipa Nidia Chije Mamani, Germán  Domingo Cabrera Ticona y María Tito Charaja, la cantidad  reconocida como indemnización por daños y perjuicios no  resulta adecuada, atendiendo a la naturaleza del daño  ocasionado y las circunstancias en que éste se dio, más aun  si el hecho ocurrió cuando los adolescentes fallecidos se  encontraban estudiando en una institución que debió  brindarles el servicio contratado en condiciones que  garanticen sus derechos a la vida, salud e integridad física;  por ello la Sala incrementó el monto en la suma de S/. 130,000  Soles que debe otorgarse a los demandantes antes  mencionados. Agrega que, al existir extremos consentidos de  la sentencia apelada, como es el caso de la cantidad  reconocida como indemnización por daño emergente en favor  de Victa Ceferina Ñaupa de Mamani, Norberto Huacoto Veliz,  Flavio Clemente Mamani Pando, Lorenza Trujillo Anco y  Gabriel Pérez Ruelas, estos no pueden ser modificados, es  decir, no pueden ser aumentados o reducidos, por lo que  únicamente la Sala revocó la sentencia en lo referido a Felipa  Nidia Chije Mamani, Germán Domingo Cabrera Ticona y  María Tito Charaja, incrementando el quatum de la  indemnización. RECURSO DE CASACIÓN: Esta Suprema  Sala, mediante resolución de fecha veintiuno de enero de dos  mil diecinueve, ha declarado procedente el recurso de  casación presentado por la parte demandada Municipalidad  Provincial de Puno, por las causales de: Infracción normativa  de los artículos 1969 del Código Civil y 12 literal d) de la  Ley número 23384.- Sustenta que, se infringió dicha norma,  pues no se ha analizado que la entidad recurrente no es el  ente rector en materia educativa, y por ende no tenía la  obligación legal de autorizar el funcionamiento de la Academia  Preuniversitaria, cuyo local de funcionamiento se derrumbó; y  por tanto, no es responsable de los daños ocasionados por  dicho derrumbe; ya que la ley señala, que quien ejerce una  permanente y adecuada supervisión de los centros educativos  es el Estado a través del Ministerio de Educación. Indica que,  en cuanto al daño no es responsable; pues, jamás autorizó la  licencia de funcionamiento para dicha academia. Señala que,  en cuanto a la antijuridicidad, la Municipalidad recurrente no  era quien debía supervisar el funcionamiento del centro  preuniversitario, sino que de acuerdo con el artículo 12 literal  d) de la Ley número 23384 (vigente al momento del hecho) es  de responsabilidad del Ministerio de Educación. Precisa que  la citada Municipalidad no es quien da la licencia de  funcionamiento de los centros y programas educativos; por  ello, si se está declarando responsable a la Municipalidad  recurrente por una falta de fiscalización, también sería  responsable la Fiscalía de Prevención del delito e INDECI por  no verificar los temas de Defensa Civil. Finalmente, precisa  que su pedido es revocatorio, a fin de que se declare  infundada la demanda en su contra. Por resolución de fechaveintiuno de enero de dos mil diecinueve, que obra a folios  ciento cuarenta y cuatro del cuadernillo de casación, se ha  estimado procedente el recurso de casación interpuesto por el  demandante Gabriel Pérez Ruelas, por infracción normativa  procesal, consistente en: Infracción normativa de los  artículos III segundo párrafo, V segundo, tercer y cuarto  párrafo y VII del Título Preliminar del Código Procesal  Civil, 1969 y 1970 del Código Civil, y 2 incisos 1 y 2 de la  Constitución Política del Perú.- Sustentando que la  sentencia de vista infringe los artículos III segundo párrafo, V  segundo, tercer y cuarto párrafo y VII del Título Preliminar del  Código Procesal Civil, ya que contiene una motivación  divergente, dado que por un lado se considera que el informe  técnico de fojas quinientos seis, el expediente penal y otros  informes  no  acreditan  responsabilidad  de  algunos  demandados, debiendo agregarse que José Mamani Noriega  contaba con licencia de construcción; así como, respecto al  Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Julián  Salas Portocarrero, asumiría responsabilidad la citada  Municipalidad y no él; precisa que se hace diferencia tratando  de favorecer a alguna de las partes y a otras no; incluso,  aumentando el monto de indemnización para algunos  denunciantes, y para otros no, pudiendo haberse incrementado  el monto de los demandantes por estar acreditado el daño  moral y personal, conforme a lo previsto en los artículos 1969  y 1970 del Código Civil. Indica que lo resuelto vulnera los  derechos fundamentales a la vida y a la igualdad, previstos en  el artículo 2 incisos 1 y 2 de la Constitución Política del Perú;  pues, no se ha valorado la vida de las víctimas, se ha  demostrado la discriminación sin la debida fundamentación,  con la consideración y participación de las partes del proceso,  así como en la determinación del monto de la indemnización  para uno en la suma de ciento treinta mil soles (S/130,000.00),  y para otros en la suma de cien mil soles (S/100,000.00);  además de la gran demora en el trámite del proceso. Indica  que no se ha tomado en cuenta que muchas de las víctimas  son de procedencia rural, lo que tampoco se ha tomado en  cuenta para resolver la presente litis, sin valorar que los  padres se han sacrificado para solventar los estudios de sus  hijos, para que terminen siendo víctimas del hecho que motiva  este proceso. III. MATERIA JURIDICA DEL DEBATE:  Determinar si en el presente caso, se ha cumplido con el  deber de motivación de las resoluciones judiciales; y  descartado ello determinar si se han infringido las normas  materiales denunciadas. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA  SALA SUPREMA: PRIMERO.- El recurso extraordinario de  casación es eminentemente formal y excepcional, que solo  puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no  fácticas o de revaloración probatoria, permite ejercer el control  de las decisiones jurisdiccionales, así como, determinar si en  dichas decisiones se ha infringido o no las normas que  garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los  principios que lo integran, es por esa razón, que el artículo  384° del Código Procesal Civil establece que el recurso de  casación tiene como fines i) la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.  SEGUNDO.- Según se ha precisado precedentemente, los  recursos de casación objeto de pronunciamiento han sido  declarados procedentes tanto en razón a infracciones  normativas de carácter material (in iudicando) como a  infracciones normativas de carácter procesal (in procedendo).  En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in  procedendo, este Colegiado emitirá pronunciamiento, en  primer término, sobre estas denuncias, pues resulta evidente  que de estimarse alguna de ellas, carecería de objeto  pronunciarse sobre las causales restantes, al encontrarse  perjudicada la validez de los actos procesales. TERCERO.-  Estando a que se ha declarado procedente el recurso de  casación por causal de infracción normativa de los artículos  III, V y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil,  y que se alega una presunta afectación a la motivación de  las resoluciones e indebida valoración de las pruebas;  los cuales están íntimamente relacionados al derecho al  debido proceso contemplado en el 139 incisos 3 de la  Constitución Política del Estado; corresponde precisar que,  “El derecho al debido proceso supone el cumplimiento de  las diferentes garantías y normas de orden público que deben  aplicarse a todos los procesos o procedimientos, a fin de que  las  personas  estén  en  condiciones  de  defender  adecuadamente sus derechos ante cualquier acto estatal o  privado que pueda afectarlos. Su contenido presenta dos  expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter  formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver  con formalidades estatuidas, tales como las que establecen el  procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la  motivación, etcétera. En las de carácter sustantiva o, estas  están básicamente relacionadas con los estándares derazonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial  debe suponer. A través de esto último se garantiza el derecho  que tienen las partes en un proceso o procedimiento a que la  resolución se sustente en la interpretación y aplicación  adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y pertinentes  del orden jurídico para la solución razonable del caso, de  modo que la decisión en ella contenida sea una conclusión  coherente y razonable de tales normas”1.(Énfasis agregado)  CUARTO.- El artículo 138 de la Constitución Política del  Estado, impone una exigencia social de que la comunidad  sienta como un valor jurídico, denominado, fundamentación o  motivación de la sentencia; el mismo que se encuentra  consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución  Política del Estado concordante con el artículo 12 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e  incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal  Civil. Dicha garantía constitucional, asegura la publicidad de  las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar  sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la  colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces,  quienes de este modo no pueden ampararse en imprecisiones  subjetivas ni decir las causas a capricho, sino que están  obligados a enunciar las pruebas en que sostienen sus juicios  y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, la falta de  motivación no puede consistir, simplemente, en que el  juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo  determina a decidir la controversia, sino también en no  ponderar los elementos introducidos en el proceso de acuerdo  con el sistema legal, es decir, no justificar suficientemente la  parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla. Sobre el  particular, el Tribunal Constitucional señala que “el derecho a  la debida motivación de las resoluciones judiciales es una  garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y  garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren  justificados en el mero capricho de los magistrados, sino en  datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los  que se deriven del caso” 2 QUINTO.- Por su parte, el “principio  de congruencia procesal”, se encuentra íntimamente  relacionado con el principio de iura novit curia, se encuentra  regulado en el segundo párrafo del artículo VII del Título  Preliminar del Código Procesal Civil, concordante con los  artículos 50 inciso 6) y 112 inciso 4) del mismo Código  Adjetivo; según el cual en toda resolución judicial debe existir:  1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente  resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones  (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la  parte  resolutiva  (congruencia  interna);  en  suma,  la  congruencia en sede procesal, es el “(...) principio normativo  que delimita el contenido de las resoluciones Judiciales que  deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las  peticiones formuladas por las partes (...) para que exista  Identidad Jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (...)” 3;  de donde los jueces tienen el deber de motivar sus  resoluciones, como garantía de un debido proceso; no están  obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a  indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los  puntos de la controversia fijados por las partes, respetando  así el principio de congruencia. SEXTO.- El derecho a probar  se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la  tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba  el derecho a obtener una resolución razonable, motivada y  fundada en derecho, además de congruente con las  pretensiones deducidas por las partes en el interior del  proceso; como también con el derecho de defensa del que es  realmente inseparable. Como refiere Taruffo, “El fenómeno de  la prueba de los hechos y el de la motivación de la sentencia  mantienen una relación muy estrecha, casi de implicación  recíproca, en el marco de una concepción racionalista de la  decisión judicial.”4 La forma de saber cómo se hizo la  valoración de la prueba por el Juez la encontramos en la  motivación, ya que en esta última encontramos las razones  objetivas que sustentan la decisión desde el plano fáctico, de  ahí la estrecha relación entre prueba y motivación. Así, el  contenido esencial del derecho a probar se respeta siempre  que una vez admitidos y actuados los medios de prueba, sean  valoradas por los órganos judiciales de forma racional y  conforme a las reglas de la lógica, de la ciencia, máximas de  experiencia y de acuerdo al criterio de libre valoración. Y  aunque el derecho a probar no tiene regulación constitucional  (es un derecho fundamental de naturaleza implícita), el  legislador ha optado por imponer al Juez la obligación de  valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de  prueba, en los términos que señala el artículo 197 del Código  Procesal Civil; dado que, las pruebas están mezcladas  formando una secuencia integral; por ello, es responsabilidad  del Juzgador reconstruir los hechos en base a los medios  probatorios valorándolos en primer orden de forma individual  y luego de forma conjunta, establecer si la afirmación delhecho expresado por las partes es verdadero o es falso.  Sobre el particular, Michele Taruffo señala que: “la función  principal de la prueba es ofrecer al juzgador información fiable  acerca de la verdad de los hechos en litigio. En realidad, al  comienzo de un proceso, los hechos se presentan en formas  de enunciados fácticos caracterizados por un estatus  epistémico de incertidumbre. Así, en cierto sentido, decidir  sobre los hechos significa resolver esa incertidumbre y  determinar, a partir de los medios prueba presentados, si se  ha probado la verdad o falsedad de esos enunciados (…)”5  SEPTIMO.- Ahora bien, el recurrente Pérez Ruelas, cuestiona  la motivación de la sentencia impugnada por absolver de  responsabilidad a José Mamani Noriega y a Julián Salas  Portocarrero; sin embargo, ello carece de asidero en tanto  que la decisión adoptada se encuentra adecuadamente  fundamentada, pues establece la relación de hecho en base a  su apreciación probatoria, interpreta y aplica las normas que  considera pertinentes; llegando a la conclusión que; a) no se  ha probado plenamente la responsabilidad del demandado  Juan José Mamani Noriega, en tanto que, si bien el Informe  Técnico Nº 01-2002-CT-CIP-CDP señaló que los trabajos  realizados en la propiedad del aludido demandado,  aparentemente contribuyeron a en la disminución de la  resistencia del inmueble siniestrado; sin embargo, para  concretar tal afirmación era necesario determinar el tiempo  que estuvo abierta la zanja adyacente, examen que no se  realizó; además que de los informes técnicos de fojas  quinientos seis y de fojas ochocientos cincuenta y siete del  expediente penal 114-2002, coinciden en indicar que los  trabajos en el terreno del demandado Juan José Mamani  Noriega no fue el factor determinante en el derrumbe y que la  infraestructura de la academia no se encontraba en  condiciones de soportar las sobrecargas de las mismas. b) En  lo que respecta al demandado alcalde Julián Salas  Portocarrero, la Municipalidad Provincial de Puno tiene  responsabilidad mentar una responsabilidad solidaria o  compartida entre el servidor y/o funcionario público con la  entidad pública encontrada responsable, pues el artículo  238.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General  imposibilita la existencia de responsabilidad indirecta; por lo  que el mencionado demandado no es responsable de los  hechos que sustentan la demanda, por el solo hecho de haber  tenido la condición de Alcalde al momento de los hechos; lo  que no significa que una vez pagada la indemnización por  parte del Municipalidad, ésta repita judicialmente contra el  aludido ex acalde, al amparo de la Novena Disposición Final  de la Ley Nº 27785 que regula la responsabilidad civil de los  servidores y funcionarios públicos. Por lo que no se advierte  trasgresión alguna al principio de debida motivación de las  sentencias, no se afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho  a probar en cualquiera de sus vertientes. Es decir, su  pronunciamiento se ha ceñido estrictamente a lo aportado,  mostrado y debatido en el proceso; en consecuencia, dicho  fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la  motivación, pues se ha cumplido con precisar el por qué y  debido a qué se ha llegado a la conclusión final; en  consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha arribado  no puede ser causal para cuestionar la motivación OCTAVO.-  El demandado recurrente Gabriel Perez Ruelas, también  cuestiona motivación de la sentencia recurrida, invocando  que existe diferencia en la fijación del monto indemnizatorio  entre uno y otro demandante, pues a algunos se les otorgó  ciento treinta mil soles y a otros cien mil soles, sin justificar el  porqué de dichas diferencias. Sin embargo dicho argumento  carece de asidero jurídico, en tanto como se ha referido en el  quinto consideración, el Juez no puede ir más allá de lo  invocado por las partes, ni pronunciarse sobre extremos  consentidos por las partes; tal como ha procedido la Sala  Superior en tanto resolvió los auto con sujeción a los agravios  que sustentaron el recurso de apelación del recurrente Pérez  Ruelas, quien al formularlo no impugnó el monto fijado por  concepto de indemnización a su favor; de allí que la Sala de  mérito no tenía porqué justificar la diferencia de los montos  asignados a los co demandantes; por lo que las alegaciones  referidas a un trato desigual carecen de asidero. En  consecuencia, la infracción normativa procesal consignada  debe ser desestimada. NOVENO.- Habiéndose desestimado  la  infracción  normativa  procesal,  corresponde  emitir  pronunciamiento respecto a las infracciones normativas  materiales; donde la parte demandante denuncia la infracción  del artículo 1969 del Código Civil según el cual: “Aquel que  por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a  indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa  corresponde a su autor.” Y del artículo 1970 del Código Civil,  que establece que; “Aquel que, mediante un bien riesgoso o  peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o  peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo.”  Se tiene que el demandante expone argumentos relacionadosla responsabilidad de algunos demandados y del ex alcalde  Julián Salas Portocarrero; invocando la acreditación de la  responsabilidad de los demandados; sin embargo no cumple  con precisar de qué manera se habría infringido las referidas  normas ni cuáles serían los medios de prueba que no fueron  valorados y que determinaría la responsabilidad de los  demandados que alude, limitándose a citar de manera  genérica informes sin indicar con claridad y precisión de qué  manera no fueron valorados y cómo determinarían el cambio  del fallo. Exponiendo argumentos que en fondo pretenden el  reexamen probatorio, que como ya se ha señalado en  reiterada jurisprudencia es ajeno al extraordinario recurso de  casación. Por lo que dicha causal también debe ser  desestimada; tanto más que como se ha analizado al emitir  pronunciamiento respecto de las infracciones normativas  procesales, no se evidencia alguna infracción a las reglas de  la motivación y debida valoración de la prueba. DÉCIMO.- La  Municipalidad Provincial de Puno denunció la infracción  normativa del Artículo 12 literal d) de la Ley 23384, según el  cual “Es responsabilidad del Estado que se ejercerá  fundamentalmente a través del Ministerio de Educación: d)  Ejercitar permanente y adecuada supervisión de todos los  centros y programas educativos para asegurar la calidad de la  educación y la observancia de la Ley”. La entidad recurrente  alega que no está dentro de sus funciones la autorización de  funcionamiento y la supervisión de los centros pre  universitarios; sino que le correspondería al Ministerio de  Educación, acorde a la norma cuya infracción denuncia, y  que, por tanto, no sería responsable de la indemnización que  se le demanda. UNDÉCIMO.- Sobre el particular es necesario  referirnos a la Ley Nº 27853 – Ley Orgánica de Municipalidades,  vigente a la fecha del hecho dañoso, la cual en su artículo 65  inciso 11 establece que “Son funciones de las Municipalidades  en materia de acondicionamiento territorial vivienda y  seguridad colectiva: (…) 11) Reglamentar, otorgar licencias y  controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones  de los inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con  las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y el  Reglamento Provincial respectivo”; mientras que en su  artículo 67 inciso 2 estipula que: “Son funciones de las  municipalidades en materia de defensa y promoción de los  derechos del niño y el adolescente, educación, cultura,  conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes:  (…) 2) Inspeccionar permanentemente la forma en que se  imparte la educación en el área de su jurisdicción e informar,  cuando menos semestralmente, a la autoridad competente  respecto de los centros poblados, áreas marginales y núcleos  rurales carentes de escuelas primarias así como respecto de  la capacidad, seguridad, idoneidad, higiene y mantenimiento  de los locales escolares y de las condiciones de funcionamiento  de los servicios educativos correspondientes” DUODÉCIMO.-  Del análisis de las normas citadas en el considerando que  precede, se advierte que las funciones de las Municipalidades,  en materia de seguridad y educación, sí tienen la función de  reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones,  remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas  urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento  Nacional de Construcciones y el Reglamento Provincial  respectivo; asimismo tienen la función de supervisión pues  deben inspeccionar permanentemente respecto de la  capacidad, seguridad, idoneidad y mantenimiento de los  locales escolares y sus condiciones de funcionamiento. De lo  que se colige que el Artículo 12 literal d) de la Ley 23384 cuya  infracción  denuncia  el  recurrente,  no  la  exime  de  responsabilidad, pues existe norma específica que atribuye  función de supervisión de la infraestructura donde funcionaba  el centro pre universitario. Más aun teniendo en cuenta que la  norma cuya infracción denuncia está referida a la verificación  de la calidad de la educación, por parte del Ministerio de  Educación. De todo lo cual se colige que la infracción  normativa bajo examen debe ser desestimada por infundada.  DÉCIMO TERCERO: La Municipalidad recurrente, sostiene  que se infringe el artículo 1969 del Código Civil por cuanto el  derrumbe se debió a la falta de supervisión del Ministerio de  Educación; sin embargo, acorde a lo determinado en el  considerando que precede se colige que dicha infracción  normativa también deviene en infundada; debiéndose precisar  que las instancias han determinado que la Municipalidad  recurrente no cumplió con su deber de fiscalización y  supervisión, no advirtiéndose infracciones a las reglas de la  valoración. Siendo necesario precisar que el recurso en el  fondo pretende el reexamen probatorio que no es materia de  esta excepcional sede casatoria. Por lo expuesto, se advierte  que los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la  decisión del Colegio Superior en la sentencia de vista, no  incurre en infracción normativa, ni en el apartamiento  inmotivado de precedente judicial, por lo que conforme con lo  previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil,declararon: INFUNDADOS los recursos de casación  interpuestos por la parte demandada La Municipalidad  Provincial de Puno y la parte demandante Gabriel Pérez  Ruelas; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por Victoria Maquera Nina, Victa Ceferina Ñaupa De  Mamani, Norberto Huacoto Veliz, Gabriel Pérez Ruelas, María  Tito Charaja, Felipa Nidia Chije Mamani, Flavio Clemente  Mamani Pando, German Domingo Cabrera Ticona y Lorenza  Trujillo Anco contra Walter Quiñonez Corimanya, Jorge Luis  Chumberiza Manso, Franciso Augusto Mariscal Flores, Miguel  Gabriel Quispe Achata, Pedro Miguel Vasquez Mendoza,  Abimael Luna Laura, Juan Mamani Salas, Dirección Regional  De Educación Puno Defendida Por Su Procurador Publico a  cargo del Gobierno Regional Y Mario Gallegos Montesinos en  su condición de ex Director de la Dirección Regional de  Educación de Puno, sobre indemnización por daños y  perjuicios; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el  señor Juez Supremo Cunya Celi.- SS. ARANDA RODRÍGUEZ,  SALAZAR  LIZÁRRAGA,  CUNYA  CELI,  CALDERÓN  PUERTAS, ECHEVARRÍA GAVIRIA. 1  EXP. Nº 02467-2012-PA/TC 2  Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295- 2007-PHC/TC. 3  Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533. 4  Taruffo Michele, Ibáñez Perfecto y Candau Alfonso. Consideraciones sobre la  prueba judicial. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, Nº 6, p. 17. 5  MICHELE TARUFFO, La Prueba, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.  Madrid 2008. p. 131. C-2136197-253