CASACIÓN Nº 6342-2019 LIMA NORTE
Materia: TENENCIA Y CUSTODIA DE MENOR SUMILLA: Este Supremo Tribunal no advierte vulneración  alguna del derecho al debido proceso de la demandada, por  cuanto se encuentra debidamente acreditado en autos que  el Informe Psicológico sí fue notificado a dicha parte, no  habiéndose efectuado observaciones u oposición sobre el  mismo. Lima, veintiuno de junio de dos mil veintidós. - LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número  seis mil trescientos cuarenta y dos del año dos mil diecinueve,  en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la  votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I.  ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación1 interpuesto por la demandada Isolina  Engracia Vilca Sánchez contra la sentencia de vista, contenida  en la resolución número treinta y cuatro, de fecha veintiuno de  agosto de dos mil diecinueve2, que confirmó la sentencia  contenida en la resolución número veintiuno de fecha diez de  octubre de dos mil dieciocho3 que declaró fundada la  demanda. II. ANTECEDENTES: 1.- DE LA DEMANDA4:  Mediante escrito de fecha veinte de enero de dos mil  diecisiete, la parte actora interpone demanda peticionando  que se le otorgue la tenencia de su menor hija Samira Alisson  Coronado Vilca de seis años de edad. Fundamenta su  pretensión principal señalando: - Señala que comenzó a  frecuentar con la demandada y a mantener relaciones íntimas,  aproximadamente en el año 2009, siendo así que en el mes  de mayo del año 2010, la demandada le dio la noticia de su  embarazo, situación que asumió de manera adulta y  responsable. - Es así, que el día 16 de noviembre de 2010,  nació su menor hija Samira Alisson Coronado Vilca, a quien  visitaba desde entonces al salir de su trabajo; sin embargo,  posteriormente la demandada comenzó a poner excusas para  que dejara de visitarla, brindándole un espacio de tiempo  bastante reducido además de tomar luego conocimiento que  a su mencionada hija, le estaban enseñando que el recurrente  no era su padre; dicha situación fue cambiando con el  transcurso del tiempo, ya que su hija empezó a quedarse a  dormir en su casa, comenzó a estudiar en el nido “DíasFelices” ubicado en el distrito de San Miguel y eventualmente  pasó a vivir con él. - Hace presente que, su hija vivió con el  recurrente desde los dos años, a pesar que la demandada  pasaba poco tiempo con su menor hija e iba pocas veces al  nido donde estudiaba, que luego de habérsela entregado el  día 25 de diciembre del año 2015 para que pasaran unos días  juntas, la demandada decidió no devolverla más; no contenta  con ello, de manera unilateral y prepotente, decidió retirar sus  documentos de postulante al colegio Claretiano, probando así  que no se preocupa por su desarrollo, al impedirle la beca a  uno de los colegios de alto nivel académico. - La demandada  sufre de desequilibrio emocional y alteraciones psicológicas  en su conducta, pues en más de una oportunidad le ha  manifestado su intención de quitarse la vida, para lo cual  adjunta a su demanda diversas conversaciones que tuvieron  vía Whatsapp; asimismo, suele ausentarse todos los fines de  semana, sin dar posibilidad de ubicarla, dejando a su menor  hija en custodia de sus abuelos maternos, mientras que el  recurrente, por el contrario, siempre ha cumplido con su  obligación alimentaria y ha atendido a su menor hija,  ayudándola con sus quehaceres, tareas escolares y  brindándole lo mejor de su tiempo. 2.- CONTESTACIÓN DE  DEMANDA:5 La demandada ISOLINA ENGRACIA VILCA  SANCHEZ, mediante escrito de folios 173 a 179, subsanado  a fojas184, contesta la demanda argumentando los siguientes  hechos: - En principio, advierte que la demanda debió ser  declarada improcedente, porque el demandante no ha  cumplido en forma expresa con los requisitos de admisibilidad  y procedencia, al no haber cumplido con adjuntar un acta de  conciliación extrajudicial. - El demandante es una persona  que a la fecha no paga monto alguno por concepto de  manutención de su menor hija; asimismo, tampoco posee un  hogar debidamente constituido, siendo una persona que se  dedica a la crianza de gallos de pelea y en su inmueble,  donde pretende residir con su menor hija, suelen realizarse  continuas reuniones sociales con personas dedicadas al  mismo rubro, libando alcohol hasta altas horas de la  madrugada. - Actualmente, su menor hija se encuentra  cursando estudios satisfactorios en el colegio Pamer  Cajahuamán, ubicado en el distrito de Los Olivos, donde  incluso ocupa el primer puesto; vive a la fecha en el hogar  materno, recibiendo las atenciones, cariños y cuidados que  una menor necesita. - Deja expresa constancia que la  demanda incoada en su contra, es una que se ha tramitado  con la única finalidad de que el demandante busque  sustraerse de las obligaciones alimenticias que mantiene para  con su menor hija, hecho que desde ya es un reproche  inaceptable. 3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6:  Declara FUNDADA la demanda, en consecuencia: FÍJESE  un régimen de visitas para que la demandada visite a su hija  de la siguiente manera: 1) Los padres deberán recibir  previamente orientación respecto de la forma en que se  relacionarán con su hija, en vista de la influencia negativa y  perjudicial que presentaría la menor, generada por su  progenitora, conforme a las conclusiones del Informe  Descriptivo 240-18, por lo que, además, debe restablecerse la  adecuada y eficaz relación paterno - filial con su progenitor. 2)  La madre visitará a su hija los días sábados y/o domingos  desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde ,  tiempo en el cuál la demandada podrá externarla del hogar  paterno, debiendo retornarla a hora exacta, visitas que  incluyen la comunicación vía telefónica con la menor en  horarios adecuados a su edad y actividades que desarrolla,  debiendo por ahora el demandante y entorno familiar dar las  facilidades necesarias para que se cumpla el régimen de  visitas ordenado, para que así la menor pueda interrelacionarse  con su madre sin presión alguna de los familiares paternos,  visitas que deben realizarse con el respeto mutuo del entorno  familiar dela menor, bajo apercibimiento de ley. Dejando a  salvo el derecho de los progenitores, de fijar un régimen más  apropiado a sus posibilidades y disponibilidad. Sustento: -  Analizado los actuados, conforme a lo declarado por los  progenitores y por la propia menor de quien se pretende la  tenencia, no obstante haber convivido con su progenitor por  tres años, sin señalar haber sido víctima de maltrato alguno  por su parte y que ha convivido por un tiempo mucho menor  con su progenitora, llama la atención que durante la tercera  sesión de la audiencia, se le haya percibido temerosa hacia la  idea de dejar de vivir con su madre, al punto de entrar a la  audiencia con los ojos llorosos, mientras decía que no quería  alejarse de su madre quien, pese a sus siete años de edad,  debe acompañarla al colegio para que se calme y acusó a su  padre de tomarle fotos para “que su mamá no moleste”,  cuando solo se le preguntó si sabía el motivo por el cual había  asistido al juzgado, siendo inexplicable el rechazo que  presenta ante su progenitor. - El hecho anteriormente  señalado, se corrobora con las conclusiones del Informe  Descriptivo 240-18 (fs. 455 a 459), el cual determina que síexiste indicios de indicadores compatibles con una alineación  parental; por lo que se puede concluir que la menor se halla  influenciada por su madre, lo que impide que pueda tener una  adecuada a relación con su progenitor, pese a que este ha  mostrado sus esfuerzos por volver a tener un vínculo con su  hija; ello se corrobora con los distintos aspectos acotados en  dicho informe, como son: Se aprecia a la menor en la primera  sesión evasiva, indiferente, insegura, con hostilidad hacia el  padre, si bien no responde al inicio, pero se va menguando al  finalizar la sesión, desde responder con la cabeza, al contacto  visual, pasó a la conculcación verbal, hasta que se llegó a un  acercamiento físico (abrazos), observándose a la menor con  mayor seguridad y lazó cálido hacia la figura paterna. En la  figura 2, hay un enlace de conexión, en que “la niña debe  llegar a la meta”, siendo el padre que lo dibuja y la menor  enfoca su atención hacia ese lado del dibujo, expresando el  vínculo con el padre, como si fuera un puente de comunicación  de la menor hacia el padre y su necesidad de interactuar. Por  lo cual hay deseos de vinculación de la menor con el padre,  pero se siente limitada y bloqueada posiblemente por  circunstancia que ha vivenciado, se observa la interrupción de  la madre al momento en que el padre conversa o interactúa  con la menor, y mantiene una posición rígida, hostil e  indiferente. La menor muestra una lealtad y apoyo hacia la  madre, si bien por momento mira y atiende al padre, pero la  madre trata de llamar la atención de la menor a través de los  juegos. La menor en la segunda sesión se muestra indiferente,  evasiva, no mira al padre, no responde ante el saludo, ni a las  conversaciones del padre, pese a que se logró un vínculo en  la primera sesión y además muestra ansiedad de separación  hacia la madre al momento en que la madre se retira de la  oficina. Se observa a la menor que lagrimea, empieza a  respirar más rápido, tiembla, y pregunta insistentemente que  se va hacer, continuando siendo evasiva ante los estímulos  de juego del padre, mirando la puerta, esperando a que  vuelva la madre. El padre se muestra atento y trata de llegar  a la menor a través del juego. En la segunda sesión no se  logró la interacción padre e hija, pese a que la menor acepto  un abrazo del padre, pero limitó su espontaneidad”. -  Asimismo, no se pasa por alto el comportamiento que ha  demostrado la demandada durante el proceso, toda vez que  pese a lo ordenado en autos, ignorando el derecho prioritario  de su menor hija de relacionarse con su padre, en el Informe  de Régimen de Visitas 118-18 (fojas 411 a 413), se ha  consignado que, durante el mes de febrero, únicamente el  señor Coronado Vera Sandro Andrés, ha venido a las fechas  programadas para el cumplimiento de su régimen de visitas,  es decir desde el primero de febrero hasta el primero de  marzo de 2018. Mientras que la señora Vilca Sánchez Isolina  Engracia no se ha apersonado a ninguna sesión de régimen  de visitas ni ha traído consigo a la menor Samira Allison  Coronado Vilca, por lo cual no se ha podido llevar a cabo la  supervisión de Régimen de visitas en ninguna de las sesiones  programadas, inasistencias que, además, no han sido  justificadas. Siendo así, estando a que el demandante tiene  las condiciones sociales, económicas y psicológicas para  ejercer la tenencia de su hija, y teniendo en cuenta que esto  no solo es lo más beneficioso, sino que además indispensable,  en atención a las conclusiones del informe psicológico de la  menor, en las que se concluye que no incluye a su padre  dentro de su esquema de familia, siendo la razón la influencia  negativa que ha sido generada por su progenitora, es que se  debe ordenar que sea el padre quien ejerza la tenencia de su  hija, de tal modo que pueda restablecerse la relación paterno  filial que debe existir entre ambos, asegurando un acertado y  sostenido desarrollo emocional de la aludida niña; para lo  cual, ambos progenitores deben evitar las conductas dirigidas  a desbordar conflictos mayores y afectación al normal  desenvolvimiento de su hija. 4.- APELACIÓN PROMOVIDA  POR EL DEMANDANTE:7 Por escrito de fecha primero de  febrero de dos mil diecinueve, la demandada interpuso  recurso de apelación contra la sentencia, argumentado, en  síntesis, lo siguiente: - Nunca pudo revisar el informe  psicológico que le fue notificado el 1 de octubre de 2018 por  resolución 18, debido a que cuando acudió al juzgado, los  actuados habían sido remitidos al Ministerio Público. Ello le  impidió contradecir u observar el contenido y las conclusiones  del Informe 240-2018-PSI-CSJLN-N-PJ-GB, vulnerándose su  derecho al contradictorio e incurriéndose en nulidad  insalvable. - Cuando tuvo oportunidad, cuestionó dicho  informe debido a que a) El demandante estuvo en la oficina  de la psicóloga antes y después de las entrevistas, lo que  denota una actuación parcializada; b) La psicóloga permitió  que el demandante le entregue un regalo a su hija y ante sus  reclamos la psicóloga le llamó la atención en forma airada,  refiriendo que no podía decir cosas delante de la niña; c) No  se detalla la técnica utilizada para llegar a la conclusión ni se  observa que se hayan aplicado pruebas psicológicas. Loexpuesto conlleva que sea necesaria otra evaluación y por  otro profesional. 5.- SENTENCIA DE VISTA8: CONFIRMARON  la sentencia apelada. Fundamentos: - Ante el deseo de la  niña, podría considerarse que sería mejor que continúe  viviendo al lado de la madre; sin embargo, en el proceso se ha  demostrado que la madre no le está permitiendo formarse un  juicio propio, acorde a su realidad. Ello se debe a la conducta  obstruccionista de la madre en la relación padre-hija, lo que  ha ocasionado que el padre y la niña no se relacionen durante  todo el año 2017, recién se vieron a fines del año 2018. - Se  aprecia que la madre ha impedido que padre e hija se  relacionen por casi dos años, tiempo excesivamente  prolongado, teniendo en cuenta los pocos años de vida que  tiene la niña, a una edad en que los niños refuerzan sus  vínculos afectivos, además que se ha encontrado en la niña  indicadores de alienación parental por parte de la madre,  situación que implica una seria afectación a los derechos de  la niña, pues el obstaculizar la comunicación y relación con su  padre, afecta su dignidad, su integridad, su identidad y su  libre desarrollo y bienestar, pues la está haciendo crecer con  temores irracionales. - La afectación de los derechos de los  niños por la conducta obstruccionista realizada por alguno de  los padres al no permitir el contacto con el otro, y por la  desacreditación que se realiza respecto del otro padre,  también ha sido reconocida en la jurisprudencia nacional,  Casación 2067-2010 Tenencia-Lima8; Casación 5008-2013  Régimen de Visitas-Lima, y Casación 3767-2015- Tenencia- Cusco. Y legislativamente se ha previsto en el artículo 84° del  CNA que, en cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el  otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice  el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto  con el otro progenitor, lo que refuerza la decisión adoptada  por el juez de primera instancia que compartimos. Ello es así  porque el interés superior de la niña a tener una vida sana,  debe ser una consideración primordial. - El padre adjuntó en  esta instancia la resolución 12, emitida por el 13 Juzgado de  familia (fs. 667-673) sobre medidas de protección a favor de  la niña, en relación a la denuncia presentada por la madre  contra el padre. En dicha resolución se declaró no ha lugar a  dictar medidas de protección por presunto maltrato psicológico  y sexual por parte del padre. Y se dispuso otorgar medidas de  protección a favor de la niña, por presunta comisión de  maltrato físico y psicológico, negligencia por parte de la  madre. - Alega la demandada que no tuvo la oportunidad de  cuestionar el Informe Descriptivo 240-2018-PSI-CSJLN-N-PJ- GB, por no haberlo tenido a la vista, ya que cuando acudió a  revisar el expediente, éste se encontraba en fiscalía. Esta  afirmación carece de sustento, pues revisado el sistema  judicial se verifica que con fecha 1 de octubre de 2018 ella fue  notificada con dicho informe, así consta en la notificación  electrónica en la que se dejó constancia que se le notificó con  la resolución 18 de 18 de septiembre de 2018, a fs. 1 y con el  escrito de 14 de septiembre de 2018 a fs. 6. Este último  escrito de 14 de septiembre de 2018, de 6 fojas (fs.454-459),  es el que precisamente corresponde al Informe Descriptivo  240-2018-PSI-CSJLN-N-PJ-GB, por lo que la demandada sí  tuvo acceso al mismo desde el 1 de octubre de 2018 y tuvo la  oportunidad de cuestionarlo antes que se emita la sentencia  de fecha 10 de octubre de 2018, motivo por el que este  agravio debe ser desestimado. También alega que existiría  parcialización de la psicóloga que realizó el informe; sin  embargo, no justifica esta afirmación, apreciándose que en el  informe de fs. 546, elaborado por otra psicóloga se llegaron a  conclusiones similares. 6.- RECURSO DE CASACIÓN9: La  Suprema Sala mediante resolución de fecha doce de agosto  de dos mil veinte declaró procedente el recurso de casación  interpuesto por la parte demandada, por las causales: a)  Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139º  de la Constitución Política del Perú; y, b) Infracción del  principio del interés superior del niño al haber sido  expuestas las referidas infracciones con claridad y precisión,  señalándose además la incidencia de ella en la decisión  impugnada. III. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA:  PRIMERO.- Es menester precisar que el recurso de casación  es un medio de impugnación extraordinario que permite  ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, con la  finalidad de garantizar la correcta aplicación e interpretación  del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia  nacional de la Corte Suprema de Justicia; así como,  determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no las  normas que garantizan el debido proceso, traducido en el  respeto de los principios que lo regulan. SEGUNDO.- Para  sustentar su recurso de casación, la recurrente, denuncia y  alega, en estricto, que las sentencias de mérito se han  expedido sin verificar la existencia de nulidades insalvables  que fueron advertidas por la defensa y el propio Ministerio  Público, vulnerando el derecho al debido proceso, tutela  jurisdiccional efectiva, derecho a la defensa y sobre todo elderecho al contradictorio. El medio probatorio fundamental  para resolver la controversia (Informe psicológico Nº  240-2018-PSI-CSJLN-N-PJ-GB) nunca fue notificado a la  recurrente a fin que pueda formular el contradictorio; por el  contrario, apenas fue recibido por el juez de primera instancia  fue remitido -sin conceder traslado a las partes- al Ministerio  Público, hecho que pese a las múltiples advertencias que  realizó, se emitió sentencia sin respetar los derechos  constitucionales de la recurrente. Así, se tiene entonces que  el único medio probatorio que es perjudicial y contradictorio a  todos los que se actuaron en el proceso (Informe psicológico  Nº 240-2018-PSI-CSJLN-N-PJ-GB) y que ha sido decisivo  para fundar la demanda, es uno que nunca le fue notificado  con la formalidad debida, impidiendo que la recurrente pueda  realizar el contradictorio, resultando claro y evidente que todo  lo actuado posteriormente debe ser declarado nulo y  revocarse los actuados al momento en que se produjo el vicio  que afectó la tramitación natural del proceso. Asimismo, Los  medios probatorios actuados en el proceso, analizados de  manera copulativa (exceptuando el Informe psicológico Nº 2  40-2018-PSI-CSJLN-NPJ-GB que nunca le fue notificado)  demuestran en forma clara y contundente que la tenencia de  la menor debe estar a cargo de la recurrente; máxime cuando  el padre alega no tener ingresos suficientes para mantenerla  (en el proceso de alimentos, Expediente Nº 657-2017), y  cuando el demandado es autor del delito contra la libertad  sexual en agravio de la menor. TERCERO.- En el caso de  autos, se ha declarado la procedencia del recurso de casación  por las infracciones normativas de carácter procesal y material  denunciadas; corresponde, por tanto, efectuar el análisis en  primer término de la causal procesal, pues de verificarse que  con ella se ha producido la afectación del derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante,  corresponderá casar la resolución impugnada y proceder  conforme al artículo 396 del Código Procesal Civil, para  efectos de su subsanación por las instancias de mérito, caso  en el cual carecería de sentido emitir pronunciamiento  respecto a la causal material. CUARTO.- En relación a la  infracción procesal anotada, el artículo 139 inciso 3 de la  Constitución Política del Estado consagra como principio  rector dentro del ejercicio de la función jurisdiccional, la  observancia del debido proceso, el cual, conforme a la  interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  exige  fundamentalmente que todo proceso sea desarrollado de tal  forma que su tramitación garantice a las personas involucradas  en  él,  las  condiciones  necesarias  para  defender  adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos  u obligaciones sujetos a consideración. Tal es así que la  vigencia de este principio ha sido motivo de desarrollo por  parte de nuestro legislador en diversas normas con rango de  ley, que imponen al Juzgador el deber de actuar en respeto a  la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, dejando en  claro el derecho de las personas a un proceso que se  desarrolle con estas garantías. QUINTO.- Sobre el derecho a  la prueba, constituye un derecho complejo, que se encuentra  compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios  probatorios que consideren necesarios, a que estos sean  admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la  producción o conservación de la prueba a partir de la  actuación anticipada de los medios probatorios y que estos  sean valorados de manera adecuada y con la motivación  debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la  sentencia. Interesa en esta ocasión referirnos al principio de  la debida valoración de los medios probatorios actuados,  pues si el derecho a probar, como lo establece el artículo 188  del Código Procesal Civil, tiene por finalidad producir en la  mente del Juzgador el convencimiento sobre la existencia o  inexistencia de los hechos afirmados por las partes, esto es,  se convertiría en una garantía únicamente declarativa o  ilusoria si el juzgador no apreciara adecuada y razonablemente  el material probatorio, dando lugar a una sentencia irregular o  arbitraria. En efecto, las pruebas que sustentan la pretensión  y la oposición de las partes tienen su correlativo en el deber  del Juez de merituar de manera conjunta la carga probatoria  aportada, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 197 del  Código Adjetivo. SEXTO.- En cuanto a la motivación de las  resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos  Humanos en el Caso Flor Freire vs. Ecuador, Fundamento  182, ha desarrollado el derecho a una resolución motivada  como garantía implícita contenida en el artículo 8.1 de la  Convención Americana de Derechos Humanos, de la  siguiente manera: “182. La motivación es la exteriorización de  la justificación razonada que permite llegar a una conclusión.  El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada  a la recta administración de justicia, que le garantiza a los  ciudadanos el derecho a ser juzgados por las razones que el  derecho otorga, a la vez que brinda credibilidad a lasdecisiones judiciales en una sociedad democrática. En virtud  de lo cual las decisiones que adopten los órganos internos de  los Estados que puedan afectar derechos humanos deben de  estar motivadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias.  La motivación de un fallo y de ciertos actos administrativos  debe permitir conocer cuáles son los hechos, motivos y  normas en las que se basó el órgano que lo dictó para tomar  su decisión de modo que se pueda desechar cualquier indicio  de arbitrariedad, a la vez que les demuestra a las partes que  estas han sido oídas en el marco del proceso. Además, debe  mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los  alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido  analizado. Por todo lo anterior, la Corte ha concluido que el  deber de motivación es una de las “debidas garantías”  incluidas en el artículo 8.1. del debido proceso [...]” En el  ámbito interno, el deber de motivar las resoluciones judiciales  se encuentra regulado por el artículo 139 inciso 5 de la  Constitución, garantizando que los Jueces, cualquiera que  sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el  análisis que los ha llevado a decidir una controversia,  asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga  con sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá  motivación adecuada de las resoluciones judiciales, siempre  que la resolución contenga los fundamentos jurídicos y  fácticos que sustentan la decisión, que la motivación responda  estrictamente a la ley y a lo que fluye de los actuados, pero  además  deberá  existir  una  correspondencia  lógica  (congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la  resolución por sí misma exprese una suficiente justificación  de lo que se decide u ordena; así, se entiende que la  motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un  deber para los magistrados. SÉTIMO.- Establecidos los  fundamentos sobre el debido proceso, derecho a la prueba y  motivación de las resoluciones judiciales, corresponde  analizar si la recurrida cumple con ellos. Se aprecia que la  Sala de mérito describe los fundamentos del recurso de  apelación efectuado por la demandada. A continuación, en los  considerandos 4.6 y 4.7 se exponen los antecedentes del  caso de autos. Seguidamente, se efectúa la descripción del  marco jurídico y normativo de lo discutido en el presente caso.  Con posterioridad, se analizan los agravios expuestos por la  impugnante, precisa los medios probatorios obrantes en  autos y esgrime la fundamentación correspondiente para  justificar su decisión, advirtiéndose que los medios probatorios  fueron valorados en forma conjunta, lo que le permitió al ad  quem formar convicción para amparar la demanda, por lo que  se concluye que la sentencia recurrida se encuentra acorde a  los estándares de motivación establecidos por la Corte  Interamericana  de  Derecho  Humanos  y  el Tribunal  Constitucional antes glosados, fundamentos por los cuales  deviene en infundado este extremo del recurso. OCTAVO.-  Aunado a ello, la recurrente denuncia vulneración de su  derecho al debido proceso, por cuanto señala, en concreto,  que el medio probatorio fundamental para resolver la presente  controversia consistente en el Informe psicológico Nº  240-2018-PSI-CSJLN-N-PJ-GB nunca le fue notificado a fin  que pueda formular el contradictorio; por el contrario, apenas  fue recibido por el juez de primera instancia fue remitido al  Ministerio Público sin conceder traslado a las partes, hecho  que, pese a las múltiples advertencias que realizó, se emitió  sentencia sin respetar los derechos constitucionales de la  recurrente. Sin embargo, de la revisión de autos se tiene que  a fojas 462 obra el cargo de entrega de cédulas de notificación  de la que se advierte que la recurrente fue notificada el día  primero de octubre de dos mil dieciocho con la resolución  número dieciocho de fecha dieciocho de setiembre de dos mil  dieciocho (que dispuso agregar a los autos el Informe  Psicológico) más el escrito de fecha catorce de setiembre  del mismo año (de seis fojas), debiendo precisarse que el  único escrito de dicha fecha existente en autos es,  precisamente, el Informe Psicológico Nº 240-28-PSI- CSJLN-PJ y que – conjuntamente con el oficio de su  presentación, contienen seis fojas tal como se señaló en el  detalle de la notificación referida - por lo que se aprecia que  – en efecto – la casacionista sí fue notificada con dicha  instrumental, no advirtiéndose que la emplazada haya  formulado oposición alguna al mismo, tal como lo sostuvo  también la Sala Superior en el fundamento 4.26 de la  sentencia de vista, correspondiendo desestimarse la presente  infracción. NOVENO. - Ahora bien, con relación a las  denuncias efectuadas en las causales materiales, se aprecia  que también sustenta esta, en gran medida, en la falta de  notificación del Informe Psicológico Nº 240-28-PSI-CSJLN- PJ, lo cual ya fue analizado y desvirtuado conforme a los  fundamentos precedentes. Ahora bien, respecto a su  alegación en el sentido de que los medios probatorios  actuados en el proceso, analizados de manera copulativa  (exceptuando el Informe psicológico Nº 240-2018-PSI-CSJLN-NPJ-GB) demuestran en forma clara y contundente  que la tenencia de la menor debe estar a cargo de la  recurrente; máxime cuando el padre alega no tener ingresos  suficientes para mantenerla (en el proceso de alimentos,  Expediente Nº 657-2017), y cuando el demandado es autor  del delito contra la libertad sexual en agravio de la menor, se  debe tener en consideración que el Ad quem en el fundamento  4.23 de la sentencia de vista señaló: “4.23. Es cierto que la  madre adjuntó a su recurso de apelación el dictamen pericial  psicológico forense de la niña (fs. 601-604) en el que se  concluye que la niña, presenta indicadores emocionales de  afectación psicológica y emocional, cognitiva y conductual,  relacionado a hechos de presunto abuso sexual y violencia  familiar; percibe al padre con temor y miedo, lo que la torna  triste, insegura y temerosa. Con tendencia a somatizar. Pero  el padre también adjuntó en esta instancia la resolución 12,  emitida por el 13 Juzgado de familia (fs. 667-673) sobre  medidas de protección a favor de la niña, en relación a la  denuncia presentada por la madre contra el padre. En esta  resolución se declaró no ha lugar a dictar medidas de  protección por presunto maltrato psicológico y sexual por  parte del padre. Y se dispuso otorgar medidas de protección a  favor de la niña, por presunta comisión de maltrato físico y  psicológico, negligencia por parte de la madre. Esta resolución  se sustentó en que según el CML 070612-E-IS la niña  presenta lesiones extragenitales recientes, a pesar que no  vive ni ve al padre por varios años, de lo que presume que es  durante la convivencia con la madre, que la niña podría haber  sido víctima de violencia y por la conducta de la madre de no  permitir que la niña se relacione con el padre.” En tal sentido,  se advierte que la denuncia referida ya fue materia de análisis  por parte de la Sala Superior, aunado a la circunstancia de  que, según lo obrante en autos, los profesionales de la salud  mental – psicólogos y las instancias de mérito han advertido  que la menor en cuestión padecería del síndrome de  alienación parental, debiendo tenerse en consideración lo  dispuesto por el artículo 84º del Código de los Niños y  Adolescentes “(…) En cualquiera de los supuestos, el juez  priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien  mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a  mantener contacto con el otro progenitor.”, y estando a los  antecedentes descritos, se puede advertir con meridiana  claridad que la recurrente no garantiza el ejercicio de dicho  derecho de la menor; percibiéndose, finalmente, que lo  pretendido por la recurrente con su recurso de casación es  una revaloración de los medios probatorios obrantes en  autos, lo cual se encuentra proscrito en sede casatoria, por lo  que corresponde desestimar el recurso de casación. IV.  DECISIÓN: Por estas consideraciones, en aplicación del  segundo párrafo del artículo 397º del Código Procesal Civil;  declararon: a) INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por Isolina Engracia Vilca Sánchez contra la  sentencia de vista, de fecha veintiuno de agosto de dos mil  diecinueve, expedida por la Segunda Sala Civil Permanente  de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. b)  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los  seguidos por Sandro Andrés Coronado Vera, sobre tenencia y  custodia de menor; y los devolvieron. Interviniendo como  ponente el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. SALAZAR  LIZÁRRAGA,  CUNYA  CELI,  CALDERÓN  PUERTAS,  ECHEVARRÍA GAVIRIA, RUIDÍAS FARFÁN. 1  Página 821. 2  Página 775. 3  Página 544. 4  Página 120. 5  Página 173. 6  Página 478. 7  Página 605. 8  Página 504. 9  Página 821. C-2136197-256