CASACIÓN Nº 6655-2021 AREQUIPA
SUMILLA: Para tener derecho a la bonificación otorgada  por el Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU, es  necesario cumplir con tres requisitos: a) Tener la condición  de pensionista, bajo el régimen previsional del Decreto Ley  Nº 19990 o el Decreto Ley Nº 20530; b) que el monto de la  pensión no sea mayor de un mil y 00/100 soles (S/ 1,000.00);  y, c) Haberse inscrito dentro de los plazos fijados, esto es, del  23 de julio al 19 de noviembre de 1998, y del 29 de febrero al  27 de junio de 2000. Requisitos cumplidos por la demandante  al momento de su otorgamiento; lo que no puede serle  suprimido con posterioridad al ser considerada la Bonificación  Fonahpu parte de la pensión a partir de la dación de la Ley Nº  27617; por lo que corresponde su restitución. Lima, diecisiete de mayo de dos mil veintidós TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. – VISTA, la causa; en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por  los señores Jueces Supremos: Torres Vega, Araujo  Sánchez, Gómez Carbajal, Tejeda Zavala y Mamani  Coaquira; y, luego de verificada la votación con arreglo a la  ley, emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL  RECURSO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación interpuesto por la demandante Julia  Gloria Garate Pérez, mediante escrito de fecha 10 de marzo  de 20201, contra la Sentencia de Vista de fecha 24 de enero  de 20202, que confirmó la sentencia de primera instancia de  fecha 30 de abril de 20193, que declaró infundada la  demanda, sobre restitución o restablecimiento del pago del  Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, sin el pagode costas ni costos; en el proceso contencioso administrativo  seguido por Julia Gloria Garate Pérez contra la Oficina de  Normalización Previsional – ONP. II. CAUSALES DE  PROCEDENCIA Por resolución de fecha 01 de setiembre de  2021, se declaró procedente el recurso de casación  interpuesto por el demandante, por las causales de: i)  infracción normativa del artículo 2 numeral 2.1 de la Ley  Nº 27617 y el artículo único de la Ley Nº 28110; e ii)  infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139  de la Constitución Política del Estado. ANTECEDENTES  Demanda Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de  20184, la demandante Julia Gloria Garate Pérez, solicita se  ordene la ONP a que cumpla con restituir y/o restablecer el  pago del Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU por  tener la calidad de pensionable, con retroactividad desde la  vulneración de su derecho – abril de 2015 en adelante, en  concordancia con lo establecido en el Decreto de Urgencia  Nº 034-98 que crea el FONAHPU y su reglamento el Decreto  Supremo Nº 082-98-EF. Sentencia de primera instancia  Mediante sentencia de primera instancia de fecha 30 de abril  de 20195, el Juez de la causa, declaró infundada la  demanda, en consecuencia, infundada la solicitud de  restablecimiento de pago del Fondo Nacional de Ahorro  Público – FONAHPU. Se señaló como fundamento  básicamente que si bien el beneficio del FONAHPU fue  primigeniamente otorgado a la ahora demandante, ello se  debió a que el monto de su pensión de cesantía era inferior  al tope máximo fijado por el Decreto de Urgencia Nº 034-98  y su reglamento; sin embargo, dicha situación fáctica, se  presume, se vio modificada con el reajuste (actualización),  que implicó que la pensión de cesantía de la accionante se  incrementara en la suma de mil trescientos setenta y nueve  con 32/100 nuevos soles (S/. 1,379.32), tal como se aprecia  de las boletas de pago, de fojas 9 a 13; es decir, que la  (actualizada) pensión definitiva de cesantía nivelable de la  accionante ascendió en un monto superior a los un mil con  00/100 nuevos soles (S/1,000.00), consecuentemente ya no  se encontraba dentro del supuesto normativo previsto por el  artículo 1 y artículo 6, inciso b), del Decreto de Urgencia Nº  034-98 y Decreto Supremo Nº 082-98-EF, respectivamente,  para ser beneficiario del FONAHPU. Sentencia de segunda  instancia Por su parte, mediante Sentencia de Vista de  fecha 24 de enero de 2020, la segunda Sala Civil de la Corte  Superior de Justicia de Arequipa, confirmó la sentencia de  primera instancia que declaró infundada la demanda. Se  señaló como fundamento básicamente que la bonificación  que otorga el FONAHPU no puede ser restituida a quienes  perciban una pensión superior a un mil y 00/100 nuevos  soles (S/ 1,000) y estando a que la pensión de la demandante  fue incrementada como se aprecia de las boletas de pago a  folios once a trece; se determina que la demandante no ha  sufrido una desmejora económica en lo percibido, razón por  la cual no se advierte que se haya incurrido en la infracción  del artículo Único de la Ley N° 28110. III. ANÁLISIS  Delimitación de la controversia En atención a lo  precedentemente expuesto, y en concordancia con las  causales por las que ha sido admitido el recurso de casación,  corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde  la restitución al actor de la bonificación del Fondo Nacional  de Ahorro Público (FONAHPU), creado por Decreto de  Urgencia Nº 034-98 y su Reglamento aprobado por Decreto  Supremo Nº 082-98-EF. IV. CONSIDERANDO: PRIMERO:  En principio, corresponde mencionar que la función  nomofiláctica del recurso de casación garantiza que los  Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar  el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo,  evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas  materiales y procesales, procurando, conforme menciona el  artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación  del derecho objetivo al caso concreto. SEGUNDO: La  infracción normativa constituye un vicio de derecho en que  incurre el juzgador en una resolución; determinando que el  caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de  casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo  decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la  infracción normativa como la afectación a las normas  jurídicas en que incurre la Sala Superior de Justicia al emitir  una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a  que la parte que se considere afectada pueda interponer el  recurso de casación. Desarrollo de la causal procesal  admitida TERCERO: En cuanto a la infracción normativa  del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política  del Perú, cabe señalar que, el debido proceso es un principio  y derecho de la función jurisdiccional, cuya función es velar  por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las  garantías constitucionales que lo integran, dando a toda  persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la  tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de unprocedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable  y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de  producir prueba y obtener una sentencia debidamente  motivada. En efecto, el debido proceso es un derecho  complejo, desde que está conformado por un conjunto de  derechos esenciales que impiden que la libertad y los  derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el  Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como  señala la doctrina: “(…) por su naturaleza misma, se trata de  un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez  está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras,  característica del Tribunal o instancias de decisión, al  procedimiento que debe seguirse y a sus principios  orientadores, y a las garantías con que debe contar la  defensa”6. En ese sentido, constituye una garantía  constitucional que asegura que, en la tramitación de un  proceso,  se  respeten  unos  determinados  requisitos  mínimos7. En general, se considera que tales requisitos8  abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii)  Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional  (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho  a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi)  Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a  todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a  ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales,  creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder  Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de  igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos  con arreglo a las normas comunes de competencia  preestablecidas. CUARTO: Asimismo, uno de los contenidos  del debido proceso, es el derecho a obtener una resolución  fundada en derecho, esto es, una respuesta razonada,  motivada  y  congruente  de  parte  de  los  órganos  jurisdiccionales9, en las que los Jueces expliciten en forma  suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de  los elementos fácticos y jurídicos que las determinaron,  garantizándose con ello que el justiciable pueda comprobar  que la solución del caso concreto viene dada por una  valoración racional de la fundamentación fáctica de lo  actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas  pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados,  por lo que en ese entendido es posible afirmar que una  resolución que carezca de motivación suficiente no solo  infringe normas legales, sino también principios de nivel  constitucional. Es así que, el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales, bajo el marco del contenido  constitucional garantiza la delimitación de otros supuestos  que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional: a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta  de motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la  motivación externa: justificación de las premisas, d)  Motivación insuficiente, e) Motivación sustancialmente  incongruente y f) Motivaciones cualificadas; recogidos en la  sentencia del Expediente Nº 00728-2008-HC. QUINTO: De  los actuados se verifica que la Sala Superior ha empleado  en forma suficiente los fundamentos que le han servido de  base para desestimar la demanda, respetando el derecho al  debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las  partes, cumpliendo con el deber de motivación de las  resoluciones judiciales, al contener una argumentación  formalmente correcta y completa desde el punto de vista  lógico; asimismo, se aprecia que en el presente caso la Sala  emite pronunciamiento motivado, al referirse que del material  probatorio (boletas de pago), se evidencia un aumento en el  monto pensionario de la demandante mayor a un mil y  00/100 nuevos soles (S/. 1,000.00), por ende, al ya no  cumplir con uno de los requisitos, no se le puede seguir  otorgando el beneficio FONAHPU, así mismo, da una  argumentación razonada del porque no se incurrió en  infracción del artículo único de la Ley Nº 28110;  consideraciones por las cuales, la causal denunciada  deviene en infundada. Desarrollo de la causal material  admitida SEXTO: En cuanto a la infracción normativa del  artículo 2 inciso 2.1 de la Ley Nº 27617 y artículo único  de la Ley Nº 28110; es preciso señalar los antecedentes y el  marco normativo de la bonificación del FONAHPU. 6.1 La  Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del  Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la Inversión  Privada de las Empresas del Estado, publicado el 27 de  setiembre de 1991, estableció que los recursos que seobtuvieran como consecuencia del proceso de promoción de  la inversión privada, constituirían ingresos del Tesoro  Público; recursos que debían destinarse al desarrollo de  programas orientados a la erradicación de la pobreza. Se  expide luego el Decreto Legislativo Nº 817, Ley del Régimen  Previsional a cargo del Estado, que creó el Fondo  Consolidado de Reservas Previsionales (FCR); con el fin de  adoptar  medidas  extraordinarias  para  mejorar  las  prestaciones previsionales a cargo del FCR y para permitir  que los sectores sociales de bajos ingresos, participaran de  los beneficios del proceso de promoción de la inversión  privada. 6.2 Dentro de este marco, el Poder Ejecutivo  mediante Decreto de Urgencia Nº 034-98, promulgado el  22 de julio de 1998, creó el Fondo Nacional de Ahorro  Público – FONAHPU, buscando mejorar los ingresos de los  pensionistas. Así el artículo 1 estableció: “Créase el Fondo  Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), cuya rentabilidad  será destinada a otorgar bonificaciones a los pensionistas  comprendidos en los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y  a los de las instituciones públicas del Gobierno Central  cuyas pensiones totales mensuales no sean mayores de S/.  1,000.00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles)”. La norma señalaba,  además, que esta bonificación no forma parte de la pensión  correspondiente,  no tiene  naturaleza  pensionaria  ni  remunerativa; asimismo que la participación de los  pensionistas en el beneficio proveniente del FONAHPU es  de carácter voluntario y se formalizará mediante su  inscripción, dentro de los ciento veinte (120) días de  promulgada la presente norma. 6.3 Por Decreto Supremo  Nº 082-98-EF se aprobó el Reglamento del Fondo Nacional  de Ahorro Público (FONAHPU), que extendió la bonificación  para los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530,  estableciendo además las condiciones requeridas para  percibir la solicitada bonificación, reiterando que la  participación de los pensionistas en este beneficio es de  carácter voluntario y se formaliza mediante inscripción. El  artículo 6 del Reglamento, estableció los requisitos para ser  beneficiario de las bonificaciones que otorga el FONAHPU:  “a) Ser pensionista de invalidez, jubilación, viudez, orfandad  o ascendientes pertenecientes al régimen del Decreto Ley  Nº 19990, o del Decreto Ley Nº 20530 de las instituciones  públicas del Gobierno Central cuyas pensiones son cubiertas  con recursos provenientes del Tesoro Público; b) Que el  monto bruto de la suma total de las pensiones que perciba  mensualmente por cualquiera de los regímenes antes  mencionados, e independientemente de la entidad pagadora,  no sea superior a Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00); y c)  Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la  norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el  procedimiento establecido por la ONP”. 6.4 Posteriormente,  mediante Decreto de Urgencia Nº 009-2000, promulgado el  28 de febrero de 2000, se estableció un nuevo plazo de  ciento veinte (120) días para la inscripción, que inició el 29  de febrero y venció el 28 de junio de 2000. 6.5 Con fecha 1  de enero de 2002, se publica la Ley N° 27617, que en su  artículo 2º numeral 2.1 señaló: “Autorízase al Poder  Ejecutivo a incorporar, con carácter pensionable, en el SNP,  el importe anual de la bonificación FONAHPU otorgada a los  pensionistas del SNP.”; a su vez el numeral 2.3 precisó:  “Los fondos referidos en el numeral precedente pasarán a  formar parte del activo del FCR - Decreto Ley Nº 19990, son  de carácter intangible y constituirán el respaldo de las  obligaciones previsionales correspondientes al citado  régimen previsional, pudiendo ser solamente destinados al  pago de pensiones en dicho régimen”. (El subrayado es  nuestro). 6.6 Contra esta norma, Ley Nº 27617, que dispone  la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del  Decreto Ley Nº 19990 y modifica el Decreto Ley Nº 20530 y  la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de  Pensiones, se plantearon acciones de inconstitucionalidad  interpuestas por don Basilio Pajuelo Britto y don Carlos  Repetto Grand, en representación de más de 5,000  ciudadanos, con firmas certificadas en cada caso; y por don  Carlos Bedia Benítez, en su condición de Decano del  Colegio de Abogados del Cusco; habiendo el Tribunal  Constitucional  emitido  pronunciamiento  con  carácter  vinculante, en la Sentencia, de fecha 10 de marzo de 2003,  recaída en los expedientes acumulados Nº 005-2002-AI/TC,  006-2002-AI/TC  y  008-2002-AI/TC10,  estableciendo,  respecto al artículo 2 de la Ley Nº 27617 que: “(…) el artículo  2° bajo análisis contiene 5 disposiciones claramente  diferenciadas, como se aprecia a continuación: 2.1 autoriza  al Poder Ejecutivo a incorporar, con carácter pensionario en  el SNP, el importe anual de la bonificación FONAHPU  otorgada a los pensionistas del SNP; (…) 6.1 Así, el Estado,  al incorporar con el carácter de pensionaria la  bonificación del FONAHPU, está concediendo un  beneficio adicional no previsto en la normatividadprevisional original, pues la bonificación anotada no  constituye un derecho adquirido (justamente por no  tener el carácter de previsional), mientras que, a partir  de la dación de la norma impugnada, en aplicación del  artículo 2.1 de la Ley N° 27617, tal bonificación debe ser  considerada como parte de la pensión, y pasar a formar  parte de dicho derecho adquirido (por la naturaleza  previsional ahora reconocida). 6.7 Del mismo modo, se  advierte que en la parte resolutiva11 de la referida resolución,  al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad en  el extremo referido al artículo 2 de la Ley Nº 27617, se  dispuso, entre otros, la incorporación del fundamento 6.1,  citado precedentemente, al fallo de la sentencia, y señalando  el deber de los poderes del Estado de aplicar la norma  impugnada, conforme se ha expuesto, bajo responsabilidad.  6.8 Por tanto, en la Ley Nº 27617 artículo 2, numeral 2.1, se  señala expresamente que el concepto a incorporarse es el  importe anual de la bonificación FONAHPU otorgada a los  pensionistas del SNP; que se refiere a aquellas personas  que ya tienen el carácter de pensionistas, y que ya venían  gozando de dicha bonificación, conforme se desprende del  texto de la norma. Análisis del caso SÉPTIMO: En el caso  de autos, se observa que la actora Julia Gloria Gárate  Pérez, solicita que se ordene a la Oficina de Normalización  Previsional, cumpla con restituir y/o restablecer el pago del  Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU por tener la  calidad de pensionable, con retroactividad desde la  vulneración de su derecho – abril de 2015 en adelante, en  concordancia con lo establecido en el Decreto de Urgencia  Nº 034-98 que crea el FONAHPU y su reglamento el Decreto  Supremo Nº 082-98-EF. OCTAVO: Ahora bien, para tener  derecho a la bonificación otorgada por el Fondo Nacional  de Ahorro Público - FONAHPU, es necesario cumplir con  tres requisitos: a) Tener la condición de pensionista, bajo el  régimen previsional del Decreto Ley Nº 19990 o el Decreto  Ley Nº 20530; b) Que el monto de la pensión no sea mayor  de un mil con 00/100 soles (S/ 1,000.00); y, c) Haberse  inscrito dentro de los plazos fijados, esto es, del 23 de julio  al 19 de noviembre de 1998, y del 29 de febrero al 27 de  junio de 2000, por lo que la omisión de la inscripción, excluye  al pensionista de su goce. NOVENO: En el presente caso,  se advierte que la demandante cumplió con tales requisitos;  pues obra en los actuados la Resolución Directoral Nº 0154,  de fecha 6 de febrero de 1987 (folios 7), en la que se advierte  que la demandante es jubilada - pensionista del Decreto Ley  Nº 20530 a partir del 10 de febrero de 1987 y conforme a la  constancia de pagos obrante a folios 8 y 9, se acredita que  la demandada reconoció a favor de la demandante la  Bonificación Fonahpu; la misma que le fue pagada de forma  regular en la suma de trescientos veinte con 00/100 nuevos  soles (S/ 320.00). DÉCIMO: Dicha bonificación FONAHPU,  primigeniamente le fue otorgada debido a que el monto de  su pensión de cesantía era inferior al tope máximo fijado por  el Decreto de Urgencia Nº 034-98 y su reglamento; sin  embargo, le fue suspendida porque fue modificado el monto  de su pensión de cesantía, al incrementarse a la suma de un  mil trescientos setenta y nueve con 32/100 (S/ 1,379.32), tal  como se aprecia de las boletas de pago, de fojas 11 a 13;  esto debido que (actualizada) su pensión definitiva de  cesantía nivelable ascendió en un monto superior a los un  mil con 00/100 soles (S/ 1,000.00); razón por la que fue  suspendida dicha bonificación, al considerar que ya no se  encontraba dentro del supuesto normativo previsto por el  artículo 1 y artículo 6, inciso b), del Decreto de Urgencia Nº  034-98 y Decreto Supremo Nº 082-98-EF, respectivamente,  para ser beneficiario del FONAHPU. DÉCIMO PRIMERO:  Sin embargo, no se consideró que dicho requisito para  otorgamiento de la bonificación Fonahpu, es un requisito  que debe cumplirse junto a los otros dos al momento de la  calificación para su otorgamiento; requisitos que cumplió la  demandante, razón por la cual se le vino otorgando dicha  bonificación. Asimismo, se debió tomar en consideración  que con fecha 1 de enero de 2002, se publicó la Ley Nº  27617, que en su artículo 2 numeral 2.1 autorizó al Poder  Ejecutivo a incorporar, con carácter pensionable, en el  Sistema Nacional de Pensiones, el importe anual de la  bonificación FONAHPU otorgada a los pensionistas del  Sistema Nacional de Pensiones; a su vez el numeral 2.3  precisó que los fondos referidos en el numeral precedente  pasarán a formar parte del activo del FCR - Decreto Ley Nº  19990, y que son de carácter intangible y constituirán el  respaldo de las obligaciones previsionales correspondientes  al citado régimen previsional, pudiendo ser solamente  destinados al pago de pensiones en dicho régimen. DÉCIMO  SEGUNDO: Es así que, tal como ya fue indicado, el Tribunal  Constitucional con carácter vinculante, en la Sentencia de  fecha 10 de marzo de 2003, recaída en los expedientes  acumulados Nº 005-2002-AI/TC, 006-2002-AI/TC y 008-2002-AI/TC12, estableció, respecto al artículo 2 de la Ley N°  27617, que el Estado, al incorporar con el carácter de  pensionaria la bonificación del FONAHPU, está concediendo  un beneficio adicional no previsto en la normatividad  previsional original, pues la bonificación anotada no  constituye un derecho adquirido (justamente por no tener el  carácter de previsional), mientras que, a partir de la dación  de la norma impugnada, en aplicación del artículo 2.1 de  la Ley N° 27617, tal bonificación debe ser considerada  como parte de la pensión, y pasar a formar parte de  dicho derecho adquirido (por la naturaleza previsional  ahora reconocida). DECIMO TERCERO: Por tanto, al  incorporar con el carácter de pensionaria la bonificación del  FONAHPU, a partir de la dación de la Ley Nº 27617, tal  bonificación es considerada como parte de la pensión y pasa  a formar parte de dicho derecho adquirido por su naturaleza  previsional reconocida. Siendo así, habiendo formado la  Bonificación Fonahpu parte de la pensión de la demandante,  y habiendo sido incorporado a su patrimonio, no correspondía  la suspensión en su otorgamiento. DÉCIMO CUARTO:  Aunado a lo anterior, el 23 de noviembre del 2003 se publicó  en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 28110, misma que  en su artículo único prescribió que “La Oficina de  Normalización Previsional (ONP), así como cualquier otra  entidad  encargada  del  reconocimiento,  calificación,  administración y pago de derechos pensionarios, se  encuentran prohibidas de efectuar retenciones, descuentos,  recortes u otras medidas similares derivados de pagos en  exceso, a las prestaciones económicas definitivas generadas  por derecho propio, derivado e invalidez luego de transcurrido  un (1) año contado a partir de su otorgamiento. Las únicas  excepciones admisibles serán aquellas que se realicen  por mandato judicial o con la autorización del  pensionista”. Por tanto, en aplicación de dicha norma  tampoco correspondía realizar suspensión alguna, al no  contar la demandada con mandato judicial o autorización de  la pensionista para la suspensión de la Bonificación  Fonahpu. DÉCIMO QUINTO: En consecuencia, la sentencia  de vista incurre en la causal de infracción normativa del  artículo 2 numeral 2.1 de la Ley Nº 27617 y artículo único  de la Ley Nº 28110, siendo aplicable el artículo 396 del  Código Procesal Civil para declarar fundado el recurso de  casación y actuando en sede de instancia revocar la apelada  que declara fundada en parte la demanda, y reformándola se  declara infundada. V. DECISIÓN Por estas consideraciones, y  en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil:  Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por  la parte demandante Julia Gloria Garate Pérez, mediante  escrito de fecha 10 de marzo de 2020, contra la Sentencia de  Vista de fecha 24 de enero de 2020; en consecuencia,  CASARON la Sentencia de Vista, y actuando en sede de  instancia REVOCARON la Sentencia de primera instancia de  fecha 30 de abril de 2019, que declaró infundada la demanda,  REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA y ordenaron a la  entidad demandada que en un plazo de quince (15) días,  cumpla con emitir un Acto Administrativo en el que restituya  y/o restablecer el pago del Fondo Nacional de Ahorro Público  - FONAHPU por tener la calidad de pensionable, con  retroactividad desde la vulneración de su derecho, en  concordancia con lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº  034-98 que crea el FONAHPU y su reglamento el Decreto  Supremo Nº 082-98-EF; mas el pago de los devengados e  intereses legales simples; sin costas ni costos. DISPUSIERON  la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario  Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso  administrativo seguido por la demandante Julia Gloria  Garate Pérez contra la Oficina de Normalización  Previsional - ONP, sobre restitución de bonificación otorgada  por el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU).  Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema:  Araujo Sánchez; y, los devolvieron. SS. TORRES VEGA,  ARAUJO SANCHEZ, GOMEZ CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA,  MAMANI COAQUIRA. 1  Obrante de foja 102 del expediente principal. 2  Obrante de foja 90 del expediente principal. 3  Obrante de foja 43 del expediente principal. 4  Obrante de foja 14 del expediente principal. 5  Obrante de foja 43 del expediente principal. 6  Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios  Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17. 7  CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 8  Por ejemplo, Bernardis, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana,  que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación  y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía  procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414.9  Fundamento 6 de la STC N° 00686-2007-PA/TC 10  https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00005-2002-AI%2000006-2002-AI%20 00008-2002-AI.pdf 11  “Falla: Declarando FUNDADA en parte, la demanda presentada por don Carlos  Repetto Grand y más de 5,000 ciudadanos en contra de la Ley Nº 27617; en  consecuencia, inconstitucional la disposición contenida en el numeral 6.l. del  artículo 6 de la Ley Nº 27617; e INFUNDADA dicha demanda en sus demás  pretensiones, así como las otras demandas materia de la presente sentencia.  Dispone la incorporación de los Fundamentos 2.2., 6.1, 17 Y 18 al Fallo de la  presente sentencia, debiendo los poderes del Estado, a tenor del artículo 35 de la  Ley Nº 26436, Orgánica del Tribunal Constitucional, aplicar la norma impugnada,  conforme se ha expuesto, bajo responsabilidad; esto también obliga, con mayor  razón, a la administración y a los órganos de la administración de justicia, en este  último caso, conforme a la Primera Disposición General de la Ley Nº 26435 ; del  mismo modo, dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial  El Peruano y la devolución de los actuados. 12  https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00005-2002-AI%2000006-2002-AI%20 00008-2002-AI.pdf C-2136195-297