CASACIÓN N° 7245-2021 LAMBAYEQUE
Materia: PROCESO ESPECIAL Los argumentos invocados en el recurso de casación, no  logran desvirtuar los fundamentos establecidos en la sentencia  de vista; toda vez que, no se advierte que el pronunciamientoemitido por la Sala Superior infrinja en modo alguno el inciso  2 del artículo 2, artículo 23, e inciso 1 del artículo 26 de la  Constitución Política del Estado, los artículos 42 y 43 de la  Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ni la Casación Nº  1381-2005 Cono Norte – Lima, por lo que se advierte que la  Sala Superior ha resuelto conforme a Ley; razón por la cual,  debe desestimarse el recurso. Lima, veintiséis de abril de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA; la causa en audiencia  pública de la fecha; y, luego de verificada la votación con  arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA  DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto  por el demandante Ambrosio Sandoval Tejada, de fecha  veinte de enero de dos mil veintiuno, obrante a fojas ciento  veintiuno, contra la sentencia de vista, de fecha veinticuatro  de noviembre de dos veinte, obrante a fojas ciento trece, que  revocó la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete  de enero de dos mil veinte, obrante a fojas noventa y dos, que  declaró fundada en parte la demanda y reformándola  declararon infundada la misma; en el proceso contencioso  administrativo  seguido  por  el  recurrente  contra  la  Municipalidad Provincial de Chiclayo. II. CAUSALES DE  CASACIÓN Mediante resolución de fecha dieciocho de  octubre de dos mil veintiuno, obrante a fojas cincuenta y  nueve del cuaderno de casación, la Tercera Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia de la República declaró procedente el recurso de  casación interpuesto, por las causales de: i) infracción  normativa del inciso 2 del artículo 2, artículo 23, e inciso  1 del artículo 26 de la Constitución Política del Estado y  del artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo; ii) infracción normativa del artículo 43 d) de la  Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; iii) infracción  normativa de la Casación Nº 1381-2005 Cono Norte -  Lima; iv) infracción normativa por motivación defectuosa  y de forma excepcional por la causal de infracción normativa  de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú. III. ANTECEDENTES 1. Demanda A través  del escrito obrante a fojas veinticuatro, el demandante  Ambrosio Sandoval Tejada, interpuso demanda contra la  Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fin de que se  declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N°  670-2016-MPCH/A, de fecha diecisiete de mayo de dos mil  dieciséis, que declaró infundado su recurso de apelación  interpuesto  contra  la  Resolución  de  Gerencia  Nº  229-2016-MPCH-GRR.HH, de fecha diez de marzo de dos mil  dieciséis, sobre la solicitud de otorgamiento del bono de  setenta con 00/100 soles (S/ 70.00) en su planilla y boleta de  pago a partir del mes de enero de dos mil nueve; en  consecuencia, se ordene el pago del bono de incremento de  setenta con 00/100 soles (S/ 70.00) a partir del mes de enero  de dos mil nueve hasta la fecha en que se produjo su cese,  treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; más el pago de  devengados e intereses legales. 2. Sentencia de primera  instancia Por medio de la sentencia de fecha veintisiete de  enero de dos mil veinte, obrante a fojas noventa y dos, el  Noveno Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia  de Lambayeque, declaró fundada en parte la demanda, por  considerar que, el actor si se encontraba afiliado al Sindicato  de Obreros, tal como se aprecia de sus boletas de pago  obrante a fojas treinta y ocho y treinta y nueve, por lo que  corresponde que la entidad emplazada disponga el pago del  Bono de Incremento de setenta con 00/100 soles (S/ 70.00) a  partir del mes de enero de dos mil nueve, por ese año  presupuestal, esto en razón a que conforme a la Casación N°  13119 – 2016 – Lambayeque, que estableció: “Conforme al  artículo 43 inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley de  Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto Supremo N°  010-2003-TR, el Convenio Colectivo tiene como plazo de  vigencia el que fijan las partes (en este caso, lo fijaron en 1  año), y solo en caso de falta de plazo expreso en el convenio,  la Ley suple dicho vacío estableciendo este en un año, ello  tiene sustento en la medida que los actos de negociación  colectiva deben desarrollarse dentro de los márgenes de las  leyes anuales de presupuesto respectivas”; siendo de  destacar, además, que el mencionado acuerdo colectivo  indica “Durante el año 2009”, deviniendo fundada en parte la  demanda. 3. Sentencia de vista Mediante sentencia de vista  de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, obrante  a fojas ciento trece, la Tercera Sala Laboral de la Corte  Superior de Justicia de Lambayeque, revocó la sentencia de  primera instancia y reformándola declaró infundada la  demanda, por considerar que, la negociación colectiva con el  Gobierno Local se efectuó bilateralmente y conforme a lasnormas legales presupuestales, válido para el año dos mil  nueve; sin embargo, de la revisión del expediente  administrativo se observa que el actor en el año dos mil nueve  no estuvo sindicalizado, conforme sus boletas de enero y  diciembre de dos mil nueve; es decir, no cumple con el  requisito establecido en el Acta Final de la Comisión Paritaria  Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para el  año dos mil nueve, del veintisiete de octubre de dos mil ocho  y la Resolución de Alcaldía N° 937-2008-GPCH/A, de fecha  veintisiete de octubre de dos mil ocho, cuyo cumplimento se  pretende en este proceso; por lo tanto, no le corresponde los  derechos laborales e incremento remunerativo contenido en  la sentencia de primera instancia, precisando que se realizó  una valoración incorrecta de las boletas obrantes a fojas  treinta y ocho, y treinta y nueve que corresponden al año dos  mil dieciséis y no al año dos mil nueve, por lo que en virtud al  artículo 32 del T.U.O. Ley PCA; la demanda deviene en  infundada. IV. ANÁLISIS PRIMERO: La Corte Suprema de  Justicia de la República, como órgano de casación ostenta  atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución  Política del Perú, desarrolladas en el artículo 2 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones  que sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el  ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión  de casos. SEGUNDO: La infracción normativa constituye un  vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución,  determinando que el caso sea pasible de ser examinado por  medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por  conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede  conceptualizar la infracción normativa como la afectación a  las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior de  Justicia al emitir una resolución que pone fin al proceso,  dando apertura a que la parte que se considere afectada  pueda interponer el recurso de casación. TERCERO:  Asimismo, la infracción normativa, subsume las causales que  fueron contempladas anteriormente en el Código Procesal  Civil en su artículo 386, relativas a interpretación errónea,  aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho  material e, incluso, se incluyen otro tipo de normas como son  las de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en  primer término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento  sobre la causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada  ésta, por su efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento  sobre las demás. CUARTO: Es derecho fundamental del  ciudadano, el obtener de la administración pública decisiones  congruentes y coherentes, así como es obligación del Poder  Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo  señalado anteriormente. Por ello, es posible afirmar que la  existencia de una vulneración de los principios del debido  proceso en detrimento de los derechos del demandante,  mereciendo un pronunciamiento por parte de esta Sala  Suprema dirigido a tutelarlos. Delimitación de la controversia  QUINTO: Estando a lo señalado, y en concordancia con las  causales por las que fue admitido el recurso de casación: i)  infracción normativa del inciso 2 del artículo 2, artículo  23, e inciso 1 del artículo 26 de la Constitución Política del  Estado y del artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas  de Trabajo; ii) infracción normativa del artículo 43 d) de la  Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; iii) infracción  normativa de la Casación Nº 1381-2005 Cono Norte –  Lima; iv) infracción normativa por motivación defectuosa;  y de forma excepcional por la causal de: infracción normativa  de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú; concierne a esta Sala Suprema examinar,  en primer lugar, la causal de naturaleza procesal, con el  consiguiente efecto anulatorio en caso fuese declarada  fundada; caso contrario, se procederá a emitir pronunciamiento  sobre las causales de naturaleza material; determinando así  si la Sala Superior infringió o no las normas citadas, al revocar  la sentencia apelada que declaraba fundada en parte la  demanda y reformándola declaró infundada la misma. Análisis  SEXTO: Respecto a la causal excepcional de: i) Infracción  normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú; y a la causal de: iv)  Infracción Normativa por motivación defectuosa, sobre el  particular debe señalarse que el debido proceso formal  constituye una garantía constitucional que, en la tramitación  de un proceso, asegura se respeten unos determinados  requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de  discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes  criterios: (i) derecho a ser oportunamente informado del  proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para  preparar la defensa); (ii) derecho a ser juzgado por un juez  imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado  del juicio; (iii) derecho a tramitación oral de la causa y a la  defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv)  derecho a la prueba; (v) derecho a ser juzgado sobre la basedel mérito del proceso; y, (vi) derecho al juez legal. Derecho  fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a  plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos  órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica,  pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los  principios constitucionales de igualdad, independencia y  sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas  comunes de competencia preestablecidas. SÉPTIMO:  Asimismo, en cuanto al inciso 5 de la norma invocada, debe  señalarse que la obligación de fundamentar las sentencias  propias del derecho moderno se ha elevado a categoría de  deber constitucional. En el Perú, el artículo 139 inciso 5, de la  Constitución del Estado señala que: “Son principios y  derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación  escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa  de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan”. Igualmente, el artículo 12 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial prescribe: “Todas las resoluciones, con  exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo  responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se  sustenta…”. De otro lado, es ya común mencionar que la  motivación no significa la exteriorización del camino mental  seguido por el juez, pues ello implicaría considerar que no  importa la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria que  ésta pueda ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a  emitir el fallo. Por el contrario, la motivación como mecanismo  democrático de control de los jueces y de control de la justicia  de las decisiones exige que exista una justificación racional  de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifica la  decisión sino se justifica el mismo juez, ante las partes,  primero, y ante la sociedad después, y se logra el control de  la resolución judicial3. Tal justificación racional es interna y  externa. La primera consiste en verificar que: “el paso de las  premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente-  válido” sin que interese la validez de las propias premisas. Por  su parte, la justificación externa consiste en controlar la  adecuación o solidez de las premisas4, lo que supone que  la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n)  norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la  premisa fáctica sea la expresión de una proposición  verdadera5. En esa perspectiva, la justificación externa exige6:  (i) que toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue  que no cabe que sea contradictoria; (ii) que toda motivación  debe ser completa, por lo que deben motivarse todas las  opciones; y (iii) que toda motivación debe ser suficiente, por  lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que avalen la  decisión. OCTAVO: En ese sentido, se aprecia de autos que  la Sala Superior ha empleado en forma suficiente los  fundamentos que le han servido de base para desestimar la  demanda, argumentos que no pueden analizarse a través de  una causal procesal, consideraciones por las cuales las  causales de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú y la causal  de infracción normativa por motivación defectuosa,  resultan infundadas. NOVENO: Habiéndose declarado  infundada  la  causal  procesal,  corresponde  emitir  pronunciamiento respecto a las causales materiales por las  que se declaró procedente el recurso; consistentes en: i)  infracción normativa del inciso 2 del artículo 2, artículo  23, e inciso 1 del artículo 26 de la Constitución Política del  Estado y del artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas  de Trabajo; ii) infracción normativa del artículo 43 d) de la  Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; iii) infracción  normativa de la Casación Nº 1381-2005 Cono Norte –  Lima; conforme se observa a continuación: Constitución  Política del Perú: “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado  por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,  condición económica o de cualquiera otra índole. (…) Artículo  23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de  atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente  a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El  Estado promueve condiciones para el progreso social y  económico, en especial mediante políticas de fomento del  empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna  relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos  constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del  trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución  o sin su libre consentimiento. (…) Artículo 26.- En la relación  laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de  oportunidades sin discriminación. (…)”. Texto Único Ordenado  de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por  Decreto Supremo N° 010-2003-TR: “Artículo 42.- La  convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para  las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en  cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así  como a los trabajadores que se incorporen con posterioridada las empresas comprendidas en la misma, con excepción de  quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos  de confianza. Artículo 43.- La convención colectiva de trabajo  tiene las características siguientes: a) Modifica de pleno  derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los que  incide. Los contratos individuales quedan automáticamente  adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones  contrarias en perjuicio del trabajador. b) Rige desde el día  siguiente al de caducidad de la convención anterior; o, si no la  hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto  las estipulaciones para las que señale plazo distinto que  consistan en obligaciones de hacer o de dar en especie, que  regirán desde la fecha de su suscripción. c) Rige durante el  período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su  duración es de un (1) año. d) Continúa rigiendo mientras no  sea modificada por una convención colectiva posterior, sin  perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas  con carácter permanente o cuando las partes acuerden  expresamente su renovación o prórroga total o parcial. e)  Continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo, en  caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y  otras situaciones similares. f) Debe formalizarse por escrito  en tres (3) ejemplares, uno para cada parte y el tercero para  su presentación a la Autoridad de Trabajo con el objeto de su  registro y archivo”. Casación Nº 1381-2005 Cono Norte –  Lima, en cuyo considerando duodécimo establece: “(…) La  fuerza vinculante de una Convención Colectiva alcanza no  sólo a los trabajadores en nombre de quienes se celebró, así  como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad  a las Empresas comprendidas en la misma, sino también a  quienes les sea aplicable entendiéndose por tales entre otros  supuestos por la textura abierta de tal prescripción a los  trabajadores que comparten objetivamente la misma calidad  profesional y condiciones en el centro de labores con aquellos  en cuyo nombre se concluyó la Convención Colectiva y que  vengan posteriormente a afiliarse al Sindicato que la adoptó”.  DÉCIMO: En el presente caso, se observa que el actor solicita  la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 670-2016/ MPCH/A, de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,  que declaró infundado su recurso de apelación interpuesto  contra la Resolución de Gerencia Nº 229-2016-MPCH-GRR. HH, de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, sobre la  solicitud de otorgamiento del bono de setenta con 00/100  soles (S/ 70.00) en su planilla y boleta de pago a partir del  mes de enero de dos mil nueve; en consecuencia, se ordene  el pago del bono de incremento de setenta con 00/100 soles  (S/ 70.00) a partir del mes de enero de dos mil nueve hasta el  treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, fecha de cese; más  el pago de devengados e intereses legales. DÉCIMO  PRIMERO: En este sentido, se observa que en la sentencia  de vista de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte,  obrante a fojas trece, la Sala Superior revocó la sentencia  emitida en primera instancia, que declaró fundada en parte la  demanda, ordenando que la emplazada emita nueva  resolución administrativa disponiendo el otorgamiento del  Bono de Crecimiento ascendente a setenta con 00/100 soles  (S/ 70.00) durante el año dos mil nueve; y reformándola  declaró infundada la demanda en todos sus extremos, al  considerar que en el presente caso, el beneficio solicitado por  el actor fue adquirido mediante negociación colectiva;  asimismo, que estamos ante Pactos Colectivos que son  plenamente válidos y eficaces, no solo por haber observado  escrupulosamente el procedimiento debido para la celebración  de Convenios Colectivos en el Sector Público; sino que,  además, la negociación colectiva con el Gobierno Local se  efectuó bilateralmente y conforme a las normas legales  presupuestales, válido para el año dos mil nueve; sin  embargo, de la revisión del expediente administrativo se  observa que el demandante en el año dos mil nueve no  estuvo sindicalizado conforme sus boletas de enero y  diciembre del dos mil nueve; es decir, no cumple con el  requisito establecido en el Acta Final de la Comisión Paritaria  Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para el  año 2009, del veintisiete de octubre de dos mil ocho y la  Resolución de Alcaldía N° 937-2008-GPCH/A de fecha  veintisiete de octubre de dos mil ocho, cuyo cumplimento se  pretende en este proceso; por lo tanto, no le corresponde los  derechos laborales e incremento remunerativo contenido en  la sentencia de primera instancia, precisando que se realizó  una valoración incorrecta de las boletas obrantes a fojas  treinta y ocho, y treinta y nueve que corresponden al año dos  mil dieciséis y no al año dos mil nueve, por lo que en virtud al  artículo 32 del T.U.O. Ley PCA; la demanda deviene en  infundada. DÉCIMO SEGUNDO: En este orden de ideas, se  advierte de autos que el recurrente efectivamente se  encontraba sindicalizado en el año dos mil dieciséis, y no en  el año dos mil nueve; aspecto que no fue negado por el actor;  tal como se desprende de las boletas de los meses de enerodos mil nueve y enero dos mil diez, que obran en el expediente  administrativo, en las cuales no se observa descuento alguno  por concepto cuota sindical; y teniendo en cuenta que en el  Acta Final de la Comisión Paritaria de Obreros de la  Municipalidad Provincial de Chiclayo, de fecha veintisiete de  octubre de dos mil ocho, obrante a fojas diecinueve del  expediente principal, se observa, en su numeral 1, que: “Los  aumentos adoptados en la negociación colectiva obreros  2009, en lo que respecta a nuevos derechos adquiridos,  entrarán en vigencia a partir del primero de Enero del 2009  con todos sus derechos y beneficios a todos los trabajadores  obreros sindicalizados”; se puede observar que las partes  intervinientes en la negociación colectiva para el año dos mil  nueve, pactaron expresamente la vigencia de los nuevos  derechos adquiridos para todos los trabajadores sindicalizados  en el año dos mil nueve; situación en la que no se encuentra  el actor. DÉCIMO TERCERO: Adicionalmente, se observa  que el recurrente fundamenta su recurso de casación  señalando, entre otros, que no respetó su derecho a la  igualdad ni tampoco la fuerza vinculante de los convenios  colectivos, y que la Sala Superior interpretó erróneamente las  boletas obrantes a fojas treinta y ocho, y treinta y nueve. No  obstante ello, se advierte que dichos argumentos no  desvirtúan lo fundamentado por el Colegiado Superior, pues  conforme se observa de autos, el actor no señaló de manera  precisa en qué consistió tal valoración incorrecta de los  medios probatorios; tampoco cuestionó la validez de lo  pactado en el Acta Final de la Comisión Paritaria de Obreros  de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de fecha veintisiete  de octubre de dos mil ocho, obrante a fojas diecinueve; ni  tampoco señala de manera precisa las razones por las cuales  considera erróneo lo resuelto por la Sala Superior. DÉCIMO  CUARTO: Los argumentos invocados en el recurso de  casación, no logran desvirtuar los fundamentos establecidos  en la sentencia de vista; toda vez que, no se advierte que el  pronunciamiento emitido por la Sala Superior infrinja en modo  alguno el inciso 2 del artículo 2, artículo 23, e inciso 1 del  artículo 26 de la Constitución Política del Estado, los  artículos 42 y 43 d) de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo, ni la Casación Nº 1381-2005 Cono Norte – Lima;  razón por la cual, debe desestimarse el recurso. V. DECISIÓN  Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en  el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto Ambrosio  Sandoval Tejada, de fecha veinte de enero de dos mil  veintiuno, obrante a fojas ciento veintiuno; en consecuencia,  NO CASARON la sentencia de vista, de fecha veinticuatro de  noviembre de dos mil veinte, obrante a fojas ciento trece.  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso  seguido por el recurrente contra la Municipalidad Provincial  de Chiclayo, sobre proceso contencioso administrativo; y  devolvieron los actuados. Interviene como ponente la señora  Jueza Suprema Gómez Carbajal. S.S. TORRES VEGA,  ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA,  MAMANI COAQUIRA. 1  CAROCCA Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 2  Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia  norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los  requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis  Marcelo. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima  1995, pps. 392-414. 3  IGARTUA Salaverría, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”.  Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, pp. 19 a 22. 4  ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las  decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com. 5  MORESO, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del  Derecho. Madrid: Marcial Pons Editores, Pág. 184. 6  IGARTUA Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 26. C-2136195-28