CASACIÓN N° 7350-2021 AREQUIPA
Materia: PROCESO ESPECIAL La ausencia del requisito de “percibir una pensión que  no supere los mil con 00/100 soles (S/ 1000.00) para  la percepción de la bonificación FONAHPU”, no puede  soslayarse invocándose el hecho que el actor dejó ce cumplir  los requisitos para la percepción de este beneficio; toda vez  que con ello se infringe lo establecido en el artículo 2 numeral  2.1 de la Ley N° 27617, publicada el uno de enero de dos mil  dos, que estableció el carácter pensionable de este beneficio  para todos aquellos afiliados que a la fecha de su publicación  ya lo venían percibiendo; por tanto, la suspensión de su pago  implica una vulneración directa a lo establecido en la Ley N°  28110, que prohíbe los descuentos, retenciones y recortes a  las pensiones definitivas. Lima, veintiocho de abril de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA; en audiencia pública de  la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se emite la  siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del  recurso de casación interpuesto por el demandante Benjamín  Hermenegildo Núñez Corrales, de fecha cuatro de enero de  dos mil veintiuno, obrante a fojas ciento veintiséis, contra la  sentencia de vista, de fecha treinta de noviembre de dos mil  veinte, obrante a fojas ciento dieciséis, que confirmó la  sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de marzo  de dos mil diecinueve, obrante a fojas sesenta y uno, que  declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso  administrativo, seguido por el recurrente contra la Oficina de  Normalización Previsional – ONP, sobre restitución de pago  del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU). II.  CAUSALES DE PROCEDENCIA Mediante resolución de  fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno, obrante a fojas  sesenta y seis del cuaderno de casación, la Tercera Sala de  Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte  Suprema de Justicia de la República declaró procedente el  recurso de casación interpuesto, por las causales de: i)  infracción normativa de la Ley Nº 28110; y ii) vulneración  del principio de garantía del debido proceso. III.  ANTECEDENTES 1. Demanda A través del escrito obrante a  fojas catorce, el demandante Benjamín Hermenegildo Núñez  Corrales,  interpuso  demanda  contra  la  Oficina  de  Normalización Previsional – ONP, a fin de que se ordene a la  administración pública la realización de una actuación a la que  se encuentra obligada por mandato de la ley, esto es que sedisponga que la emplazada, cumpla con lo dispuesto en el  artículo l del Decreto Supremo N° 082-98-EF y artículo 1 de la  Ley N° 28110; es decir, restituya y/o restablezca el pago del  Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, por tener la  calidad de pensionable, con retroactividad desde la vulneración  de su derecho, octubre de dos mil catorce en adelante, en  concordancia con lo establecido en el Decreto de Urgencia N°  034-98 que crea el FONAHPU y su reglamento el Decreto  Supremo N° 082-98-EF. 2. Sentencia de primera instancia  Por medio de la sentencia de fecha veintinueve de marzo de  dos mil diecinueve, obrante a fojas sesenta y uno, el Undécimo  Juzgado de Trabajo con Competencia en Procesos Contencioso  Administrativo en Materia Laboral y Previsional de la Corte  Superior de Justicia de Arequipa, declaró infundada la  demanda, por considerar que, la bonificación otorgada al actor  no forma parte integrante de la estructura pensionaria de la  pensión de cesantía que percibe bajo el régimen del Decreto  Ley N° 20530. Por tanto, el actuar de la entidad demandada,  consistente en dejar sin efecto el otorgamiento de derecho a la  bonificación FONAHPU, que no tiene naturaleza pensionaria,  fue en estricto cumplimiento de la normativa legal contenida en  el artículo 1 y artículo 6, inciso b), del Decreto de Urgencia N°  034-98 y Decreto Supremo N° 082-98-EF, respectivamente,  concordado con la facultad otorgada por el numeral 1.16 del  artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 (hoy numeral  1.16 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N°  27444 Ley de Procedimiento Administrativo General);  consecuentemente, dicha actuación no contraviene la  prohibición contenida en el artículo único de la Ley N° 28110, el  cual tiene por finalidad -únicamente- prohibir a la Oficina de  Normalización Previsional de efectuar recortes y descuentos u  otras medidas similares derivadas de pagos en exceso, a las  prestaciones económicas definitivas (naturaleza pensionable),  luego de transcurrido un año a partir de su otorgamiento, salvo  por mandato judicial o con autorización del pensionista. Por  último, cabe precisar que “…la alegación de poseer derechos  adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos  conforme a ley, toda vez que el error no genera derechos…”  (Fundamento 8 de la STC 1254-2004-PA/TC). Por ello, lo  alegado por el actor en este sentido carece de asidero legal. 3.  Sentencia de vista Mediante sentencia de vista de fecha  treinta de noviembre de dos mil veinte, obrante a fojas ciento  dieciséis, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia  de Arequipa, confirmó la sentencia de primera instancia que  declaró infundada la demanda, por considerar que, de la  Resolución Directoral N° 104, se advierte que el actor es  jubilado pensionista del Decreto Ley N° 20530, a partir del dos  de mayo de mil novecientos noventa y uno, y conforme a la  constancia de pagos de fojas doce percibió la bonificación  FONAHPU desde el año de mil novecientos noventa y nueve al  dos mil catorce. Sin embargo, de las boletas de pago  correspondientes a los meses de marzo a mayo del dos mil  dieciocho se observa que el monto bruto de su pensión  mensual supera los mil soles mensuales. En este sentido, se  valora que el demandante no cumple con su carga de probar  que desde el año dos mil quince cumpla con el requisito  establecido en el literal b) del artículo 6 del Decreto Supremo  N° 082-98-EF para ser beneficiario de las bonificación que  otorga el FONAHPU pretendida, esto es, percibir su pensión  mensual en un monto bruto que no supere los mil nuevos soles.  IV. ANÁLISIS Delimitación de la controversia En atención a  lo precedentemente expuesto y en concordancia con las  causales por las cuales ha sido admitido el recurso de casación  interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso  gira alrededor de determinar si corresponde ordenar que se  reponga al actor la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro  Público (FONAHPU), creado por Decreto de Urgencia N° 034- 98 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082- 98-EF. CONSIDERANDO: PRIMERO: La Corte Suprema de  Justicia de la República, como órgano de casación ostenta  atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución  Política del Perú, desarrolladas en el artículo 2 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por  Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan  la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la  función casatoria que desempeña en la revisión de casos.  SEGUNDO: La infracción normativa constituye un vicio de  derecho en que incurre el juzgador en una resolución;  determinando que el caso sea pasible de ser examinado por  medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por  conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede  conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las  normas jurídicas en que incurre la Sala Superior de Justicia al  emitir una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a  que la parte que se considere afectada pueda interponer el  recurso de casación. TERCERO: Asimismo, la infracción  normativa, subsume las causales que fueron contempladas  anteriormente en el Código Procesal Civil en su artículo 386,relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e  inaplicación de una norma de derecho material, pero además  incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.  Dentro del contexto, corresponde en primer término, por  cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la causal de  naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su efecto,  carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las demás.  CUARTO: Es derecho fundamental del ciudadano, el obtener  de la administración pública decisiones congruentes y  coherentes; así como, es obligación del Poder Judicial efectuar  el respectivo control jurídico conforme a lo señalado  anteriormente; por lo que, es posible afirmar que la existencia  de una vulneración de los principios del debido proceso en  detrimento de los derechos del demandante, mereciendo un  pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema dirigido a  tutelarlos. QUINTO: Al haberse declarado procedente las  denuncias sustentadas en vicios de forma y de derecho,  corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez  que, de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la  tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de  sentido emitir pronunciamiento respecto de las causales  materiales;  caso  contrario,  se  procederá  a  emitir  pronunciamiento sobre la causal material, con el consiguiente  efecto revocatorio. Análisis SEXTO: Respecto a la causal de:  i) vulneración del principio de garantía del debido proceso,  es preciso señalar, que conforme se encuentra establecido en  el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, el debido proceso formal constituye una garantía  constitucional que, en la tramitación de un proceso, asegura se  respeten unos determinados requisitos mínimos1. Tales  requisitos, que han sido objeto de discusión2, en general se  considera que abarcan los siguientes criterios: (i) derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii)  derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio; (iii) derecho a  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional  (publicidad del debate); (iv) derecho a la prueba; (v) derecho a  ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi) derecho  al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los  sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser  juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados  mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial,  respetuosos con los principios constitucionales de igualdad,  independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a  las normas comunes de competencia preestablecidas.  SÉPTIMO: Asimismo, en cuanto al inciso 5 de la norma  invocada, debe señalarse que la obligación de fundamentar las  sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a  categoría de deber constitucional. En el Perú, el artículo 139  inciso 5, de la Constitución del Estado señala que: “Son  principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las  instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención  expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en  que se sustentan”. Igualmente, el artículo 12 de la Ley Orgánica  del Poder Judicial prescribe: “Todas las resoluciones, con  exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo  responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se  sustenta…”. De otro lado, es ya común mencionar que la  motivación no significa la exteriorización del camino mental  seguido por el juez, pues ello implicaría considerar que no  importa la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria que  ésta pueda ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a  emitir el fallo. Por el contrario, la motivación como mecanismo  democrático de control de los jueces y de control de la justicia  de las decisiones exige que exista una justificación racional de  lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifica la  decisión sino se justifica el mismo juez, ante las partes, primero,  y ante la sociedad después, y se logra el control de la resolución  judicial3. Tal justificación racional es interna y externa. La  primera consiste en verificar que: “el paso de las premisas a la  conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que  interese la validez de las propias premisas. Por su parte, la  justificación externa consiste en controlar la adecuación o  solidez de las premisas4, lo que supone que la(s) norma(s)  contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s)  aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica  sea la expresión de una proposición verdadera5. En esa  perspectiva, la justificación externa exige6: (i) que toda  motivación debe ser congruente, de lo que sigue que no cabe  que sea contradictoria; (ii) que toda motivación debe ser  completa, por lo que deben motivarse todas las opciones; y (iii)  que toda motivación debe ser suficiente, por lo que es necesario  ofrecer las razones jurídicas que avalen la decisión. OCTAVO:  En ese sentido, se aprecia de autos que la Sala Superior ha  empleado en forma suficiente los fundamentos que le han  servido de base para desestimar la demanda, argumentos queno pueden analizarse a través de una causal procesal,  consideraciones por las cuales la presente causal de  vulneración del principio de garantía del debido proceso,  resulta  infundada.  NOVENO:  Habiéndose  declarado  infundada  la  causal  procesal,  corresponde  emitir  pronunciamiento respecto a la causal material por la que se  declaró procedente el recurso; consistente en: ii) infracción  normativa de la Ley Nº 28110; conforme se observa a  continuación: Ley Nº 28110; Ley que prohíbe descuentos,  retenciones, recortes u otras medidas similares a las pensiones  definitivas generadas por derecho propio, derivado e invalidez.  “Artículo Único.- La Oficina de Normalización Previsional  (ONP), así como cualquier otra entidad encargada del  reconocimiento, calificación, administración y pago de derechos  pensionarios, se encuentran prohibidas de efectuar retenciones,  descuentos, recortes u otras medidas similares derivados de  pagos en exceso, a las prestaciones económicas definitivas  generadas por derecho propio, derivado e invalidez luego de  transcurrido un (1) año contado a partir de su otorgamiento. Las  únicas excepciones admisibles serán aquellas que se realicen  por mandato judicial o con la autorización del pensionista.” (El  subrayado es nuestro) DÉCIMO: Previamente a emitir  pronunciamiento, corresponde señalar los antecedentes y el  marco normativo de la bonificación del FONAHPU. 10.1 La  Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del  Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la Inversión  Privada de las Empresas del Estado, publicado el veintisiete de  septiembre de mil novecientos noventa y uno, estableció que  los recursos que se obtuvieran como consecuencia del proceso  de promoción de la inversión privada, constituirían ingresos del  tesoro público; recursos que debían destinarse al desarrollo de  programas orientados a la erradicación de la pobreza. Se  expide luego el Decreto Legislativo Nº 817, Ley del Régimen  Previsional a cargo del Estado, que creó el Fondo Consolidado  de Reservas Previsionales (FCR); con el fin de adoptar  medidas extraordinarias para mejorar las prestaciones  previsionales a cargo del FCR y para permitir que los sectores  sociales de bajos ingresos, participaran de los beneficios del  proceso de promoción de la inversión privada. 10.2 Dentro de  este marco, el Poder Ejecutivo mediante Decreto de Urgencia  N° 034-98, promulgado el veintidós de julio de mil novecientos  noventa y ocho, creó el Fondo Nacional de Ahorro Público –  FONAHPU, buscando mejorar los ingresos de los pensionistas.  Así el artículo 1 estableció: “Créase el Fondo Nacional de  Ahorro Público (FONAHPU), cuya rentabilidad será destinada  a otorgar bonificaciones a los pensionistas comprendidos en  los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y a los de las  instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones  totales mensuales no sean mayores de S/. 1,000.00 (Mil y  00/100 Nuevos Soles)”. La norma señalaba, además, que esta  bonificación no forma parte de la pensión correspondiente, no  tiene naturaleza pensionaria ni remunerativa; asimismo, que la  participación de los pensionistas en el beneficio proveniente del  FONAHPU es de carácter voluntario y se formalizará mediante  su inscripción, dentro de los ciento veinte (120) días de  promulgada la presente norma. 10.3 Por Decreto Supremo N°  082-98-EF se aprobó el Reglamento del Fondo Nacional de  Ahorro Público (FONAHPU), que extendió la bonificación para  los pensionistas del Decreto Ley N° 20530, estableciendo  además las condiciones requeridas para percibir la solicitada  bonificación, reiterando que la participación de los pensionistas  en este beneficio es de carácter voluntario y se formaliza  mediante inscripción. El artículo 6 del Reglamento, estableció  los requisitos para ser beneficiario de las bonificaciones que  otorga el FONAHPU: “a) Ser pensionista de invalidez,  jubilación, viudez, orfandad o ascendientes pertenecientes al  régimen del Decreto Ley Nº 19990, o del Decreto Ley Nº 20530  de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas  pensiones son cubiertas con recursos provenientes del Tesoro  Público; b) Que el monto bruto de la suma total de las pensiones  que perciba mensualmente por cualquiera de los regímenes  antes mencionados, e independientemente de la entidad  pagadora, no sea superior a Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00);  y c) Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la  norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el  procedimiento establecido por la ONP”. 10.4 Posteriormente,  mediante Decreto de Urgencia N° 009-2000, promulgado el  veintiocho de febrero de dos mil, se estableció un nuevo plazo  de ciento veinte (120) días para la inscripción, que inició el  veintinueve de febrero y venció el veintiocho de junio de dos  mil. El plazo de inscripción voluntaria para el acceso al beneficio  de FONAHPU, fue reiterado por la Quinta Disposición  Complementaria Transitoria del Reglamento Unificado de las  Normas legales que regulan el Sistema Nacional de Pensiones  – SNP, aprobado por el Decreto Supremo N° 354-2020-EF.  10.5 Con fecha uno de enero de dos mil dos, se publica la Ley  N° 27617, que en su artículo 2 numeral 2.1 señaló: “Autorizase  al Poder Ejecutivo a incorporar, con carácter pensionable, en elSNP, el importe anual de la bonificación FONAHPU otorgada a  los pensionistas del SNP.”; a su vez el numeral 2.3 precisó:  “Los fondos referidos en el numeral precedente pasarán a  formar parte del activo del FCR - Decreto Ley Nº 19990, son de  carácter intangible y constituirán el respaldo de las obligaciones  previsionales correspondientes al citado régimen previsional,  pudiendo ser solamente destinados al pago de pensiones en  dicho régimen”. (El subrayado es nuestro). 10.6 Contra esta  norma, Ley N° 27617, que dispone la reestructuración del  Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley N° 19990 y  modifica el Decreto Ley N° 20530 y la Ley del Sistema Privado  de Administración de Fondos de Pensiones, se plantearon  acciones de inconstitucionalidad interpuestas por don Basilio  Pajuelo Britto y don Carlos Repetto Grand, en representación  de más de 5,000 ciudadanos, con firmas certificadas en cada  caso; y por don Carlos Bedia Benítez, en su condición de  Decano del Colegio de Abogados del Cusco; habiendo el  Tribunal Constitucional emitido pronunciamiento con efectos  vinculantes, en la sentencia, de fecha diez de marzo de dos mil  tres, recaída en los expedientes acumulados N° 005-2002-AI/ TC, 006-2002-AI/TC y 008-2002-AI/TC7, estableciendo,  respecto al artículo 2 de la Ley N° 27617 que: “(…) el artículo 2  bajo análisis contiene 5 disposiciones claramente diferenciadas,  como se aprecia a continuación: 2.1 autoriza al Poder Ejecutivo  a incorporar, con carácter pensionario en el SNP, el importe  anual de la bonificación FONAHPU otorgada a los pensionistas  del SNP; (…) 6.1 Así, el Estado, al incorporar con el carácter de  pensionaria la bonificación del FONAHPU, está concediendo  un beneficio adicional no previsto en la normatividad previsional  original, pues la bonificación anotada no constituye un derecho  adquirido (justamente por no tener el carácter de previsional),  mientras que, a partir de la dación de la norma impugnada, en  aplicación del artículo 2.1 de la Ley N° 27617, tal bonificación  debe ser considerada como parte de la pensión, y pasar a  formar parte de dicho derecho adquirido (por la naturaleza  previsional ahora reconocida). 10.7 Del mismo modo, se  advierte que en la parte resolutiva8 de la referida resolución, al  declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad en el  extremo referido al artículo 2 de la Ley N° 27617, se dispuso,  entre otros, la incorporación del fundamento 6.1, citado  precedentemente, al fallo de la sentencia, y señalando el deber  de los poderes del Estado de aplicar la norma impugnada,  conforme se ha expuesto, bajo responsabilidad. 10.8 Debe  tenerse presente que en la Ley N° 27617, artículo 2, numeral  2.1, se señala expresamente que el concepto a incorporarse es  el importe anual de la bonificación FONAHPU otorgada a los  pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones – SNP; no  dice que se otorgará, sino que se refiere a aquellas personas  que ya tienen la condición de pensionistas, y que ya venían  gozando de dicha bonificación, conforme se desprende del  texto de la norma. 10.9 Posteriormente, con fecha dieciocho de  febrero de dos mil dos, se promulga el Decreto Supremo N°  028-2002-EF, que precisa disposiciones referidas a los  alcances y formas de pago de la bonificación FONAHPU y  establece montos de pensión mínima mensual dispuesta por la  Ley Nº 27655; que en su artículo 3 establece: “Las solicitudes  de beneficio de la Bonificación FONAHPU que se encuentren  pendientes de calificación continuarán siendo resueltos por el  FONAHPU. El artículo 2 de la Ley Nº 27617 no es aplicable a  los pensionistas que no se hayan inscrito en los procesos de  inscripción  al  FONAHPU”.  DÉCIMO  PRIMERO:  Adicionalmente, respecto a la excepcionalidad en la exigencia  del plazo de inscripción, se debe tener presente el criterio  adoptado por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída  en el expediente N° 2808-2003-AA/TC, que establece: “De otro  lado, sobre la bonificación Fonahpu del año 1998 que se  reclama, el Decreto de Urgencia N° 034-98 y el Decreto  Supremo N° 092-98-EF, normas de creación y reglamentos  respectivamente, estos señalan los requisitos que se deben  cumplir para acceder a la pensión, para lo cual, evidentemente,  primero se debe tener la condición de pensionista,  situación que el actor no acredita porque solicita la  pensión recién el doce de marzo de dos mil dos, resultando  improcedente en este extremo su pretensión.” (El resaltado  es nuestro). Asimismo, en la sentencia expedida en el  expediente N° 000314-2012-PA/TC, en la que sostiene: “Según  la Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial  No 1982-2007-GPEJ-GG-PJ de fecha diecisiete de diciembre  de dos mil siete (f. 6), el actor es beneficiario del régimen  pensionario del Decreto Ley 20530; mediante dicha resolución  se le otorga una pensión ascendente a setecientos noventa y  cinco con 75/100 soles (S/.795.75), por lo que cumpliría con los  requisitos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 6 del  reglamento; sin embargo, no sucede lo mismo en cuanto al  cumplimiento del requisito previsto en el inciso e), pues  conforme se evidencia de los documentos que corren de fojas  dos a cinco, el actor formalizó su inscripción el veintiuno de  mayo de dos mil diez (f. 2), cuando de conformidad con elartículo 1 del Decreto de Urgencia 009-2000, de fecha  veintiocho de febrero de dos mil, el plazo para la inscripción  venció el veintiocho de junio de dos mil; en consecuencia, al  no haber manifestado el actor su voluntad oportunamente,  la demanda debe ser desestimada.” (El resaltado es nuestro).  De igual manera, en la sentencia expedida recientemente en el  expediente N° 01133-2019-PA/TC9, el Tribunal Constitucional  sostiene que: “6. El plazo establecido para la inscripción  voluntaria en el Fonahpu se fijó en ciento veinte (120) días  contados desde el veintitrés de julio de mil novecientos  noventa y ocho, conforme a lo establecido en su reglamento  aprobado por el Decreto Supremo 082-98-EF; en consecuencia,  el plazo venció el veintidós de noviembre de mil  novecientos noventa y ocho. 7. No obstante, mediante el  Decreto de Urgencia 009-2000, de fecha veintiocho de febrero  de dos mil, se habilitó un segundo plazo de ciento veinte  (120) días, que venció el treinta de junio de dos mil. 8. En el  presente caso, el demandante ha presentado la solicitud de  otorgamiento de la bonificación Fonahpu de fecha diez de  noviembre de dos mil diecisiete (f.5); es decir, cuando el plazo  para la inscripción ya estaba cerrado.” (El resaltado es nuestro).  DÉCIMO SEGUNDO: De lo expuesto se tiene que para tener  derecho a la bonificación otorgada por el Fondo Nacional de  Ahorro Público - FONAHPU, es necesario cumplir con tres  requisitos: a) tener la condición de pensionista, bajo el régimen  previsional del Decreto Ley N° 19990 o el Decreto Ley N°  20530; b) el monto de la pensión no sea mayor de mil con  00/100 soles (S/ 1,000.00); y, c) haberse inscrito dentro de los  plazos fijados, esto es, del veintitrés de julio al diecinueve de  noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y del veintinueve  de febrero al veintisiete de junio de dos mil, por lo que la  omisión de la inscripción, excluye al pensionista de su goce; sin  embargo si el pensionista se encontraba impedido de ejercer  su derecho de inscripción en los plazos establecidos, por  causas “atribuibles a la Administración”, no resulta exigible el  cumplimiento del tercer presupuesto. DÉCIMO TERCERO: En  el caso de autos, se observa que el demandante Benjamín  Hermenegildo Núñez Corrales, tiene la condición de docente  cesante, en el régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530,  y que la fecha de su cese se produjo el uno de enero de mil  novecientos noventa y nueve, conforme se observa de las  boletas de pago obrantes a fojas diez y once. Asimismo,  conforme se observa de la Constancia de Pagos obrante a  fojas doce, el actor estuvo percibiendo el pago de la bonificación  otorgada por el Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU,  desde el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve,  siendo la fecha del último pago de este beneficio fue el catorce  de abril de dos mil catorce; por lo cual solicita la restitución de  dicho beneficio desde el mes de octubre del año dos mil catorce  en adelante; del mismo modo, se observa que las instancias de  mérito declararon infundada la demanda; por considerar que la  bonificación del FONAHPU es una bonificación adicional que  no forma parte integrante de la estructura pensionaria del  recurrente, y que, como consecuencia de la actualización del  monto de pensión de cesantía, la pensión del actor se  incrementó y llegó a superar los mil con 00/100 soles  (S/1000.00), hecho que evidencia la pérdida de su finalidad,  motivo por el cual consideraron correcto el descuento efectuado  por la entidad demandada. DÉCIMO CUARTO: En este orden  de ideas, y conforme al marco normativo desarrollado  precedentemente, es de señalar que la ausencia del requisito  de “percibir una pensión que no supere los mil con 00/100 soles  (S/1000.00) para la percepción de la bonificación FONAHPU”,  no puede soslayarse invocándose el hecho que el actor dejó de  cumplir los requisitos para la percepción de este beneficio; toda  vez que, con ello se infringe lo establecido en el artículo 2  numeral 2.1 de la Ley N° 2761710, publicada el uno de enero  de dos mil dos, que estableció el carácter pensionable de este  beneficio para todos aquellos afiliados que a la fecha de su  publicación ya lo venían percibiendo; es decir, que si bien la  Ley N° 27617 otorga carácter pensionable a la referida  bonificación FONAHPU, tal carácter es únicamente respecto  de la bonificación ya otorgada a los “pensionistas” y no a  aquellos quienes aún no tenían la condición de “pensionista” a  la fecha de entrada en vigencia de la citada norma; conforme a  lo descrito en el segundo párrafo del considerando décimo  segundo de la presente resolución, el ámbito de aplicación  del texto legal glosado está referido, en estricto, a los  “pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones del  Decreto Ley N° 19990 que ya perciben la bonificación  FONAHPU”, esto es, que su ámbito de aplicación no está  abierto a todos los pensionistas. En el presente caso, como se  ha señalado, el demandante obtuvo la calidad de pensionista  bajo el ámbito del Decreto Ley N° 20530, desde el año mil  novecientos noventa y nueve, por lo cual se le otorgó la pensión  de jubilación que viene percibiendo, asimismo, se advierte que  vino percibiendo bonificación otorgada por el Fondo Nacional  de Ahorro Público – FONAHPU, desde el doce de marzo de milnovecientos noventa y nueve hasta el catorce de abril de dos  mil catorce; es decir, que percibía dicho beneficio desde antes  del uno de enero de dos mil dos, fecha en que entró en vigencia  la Ley N° 27617, que otorga el carácter pensionable a dicho  beneficio, norma que se encuentra plenamente vigente y que  no sufrió ninguna modificación en este extremo; por tanto, lo  resuelto por las instancias de mérito resulta contrario a derecho.  DÉCIMO QUINTO: En este sentido, corresponde al  demandante continuar percibiendo la bonificación FONAHPU;  toda vez que, la suspensión de su pago implica una vulneración  directa a lo establecido en la Ley N° 28110, que prohíbe los  descuentos, retenciones y recortes a las pensiones definitivas,  motivo por el cual, esta Sala Suprema considera que al  expedirse la sentencia impugnada se ha incurrido en la causal  de infracción normativa de la Ley N° 28110, por lo que debe  declararse fundado el recurso de casación. V. DECISIÓN Por  estas consideraciones, y en aplicación del artículo 396 del  Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la Benjamín Hermenegildo Núñez  Corrales, de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno,  obrante a fojas ciento veintiséis; en consecuencia, CASARON  la sentencia de vista de fecha treinta de noviembre de dos mil  veinte, obrante a fojas ciento dieciséis; y actuando en sede de  instancia REVOCARON la sentencia apelada, veintinueve de  marzo de dos mil diecinueve, obrante a fojas sesenta y uno,  que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA;  declararon FUNDADA la misma, ordenando que la demandada  emita nueva resolución administrativa restituyendo al actor la  bonificación FONAHPU, y otorgando el reintegro de dicho  beneficio desde el mes de octubre de dos mil catorce hasta la  fecha de su efectivo pago. DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a  ley; en los seguidos por el recurrente contra la Oficina de  Normalización Previsional – ONP, sobre proceso contencioso  administrativo; notifíquese por Secretaría y devolvieron los  actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema  Gómez Carbajal. S.S. TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ,  GÓMEZ CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. 1  CAROCCA Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 2  Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia  norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los  requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis  Marcelo. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima  1995, pps. 392-414. 3  IGARTUA Salaverría, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”.  Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, pp. 19 a 22. 4  ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las  decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com. 5  MORESO, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del  Derecho. Madrid: Marcial Pons Editores, Pág. 184. 6  IGARTUA Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 26. 7  https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00005-2002-AI%2000006-2002-AI%20 00008-2002-AI.pdf 8  “Falla: Declarando FUNDADA en parte, la demanda presentada por don Carlos  Repetto Grand y más de 5,000 ciudadanos en contra de la Ley N.o 27617; en  consecuencia, inconstitucional la disposición contenida en el numeral 6.l. del artículo 6  de la Ley N.o 27617; e INFUNDADA dicha demanda en sus demás pretensiones, así  como las otras demandas materia de la presente sentencia. Dispone la incorporación  de los Fundamentos 2.2., 6.1, 17 y 18 al Fallo de la presente sentencia, debiendo  los poderes del Estado, a tenor del artículo 35 de la Ley N.o 26436, Orgánica del  Tribunal Constitucional, aplicar la norma impugnada, conforme se ha expuesto, bajo  responsabilidad; esto también obliga, con mayor razón, a la administración y a los  órganos de la administración de justicia, en este último caso, conforme a la Primera  Disposición General de la Ley N.o 26435 ; del mismo modo, dispone la notificación a  las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 9  https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/01133-2019-AA%20Interlocutoria.pdf 10  “Autorizase al Poder Ejecutivo a incorporar, con carácter pensionable, en el  SNP, el importe anual de la bonificación FONAHPU otorgada a los pensionistas  del SNP.”; a su vez el numeral 2.3 precisó: “Los fondos referidos en el numeral  precedente pasarán a formar parte del activo del FCR - Decreto Ley Nº 19990, son  de carácter intangible y constituirán el respaldo de las obligaciones previsionales  correspondientes al citado régimen previsional, pudiendo ser solamente destinados  al pago de pensiones en dicho régimen”. C-2136195-54