CASACIÓN Nº 7442-2021 DEL SANTA
Materia: Para gozar del pago de la bonificación de  Fonahpu, dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 034-98,  el solicitante debe acreditar el cumplimiento copulativo de  los requisitos establecidos y dispuestos por el artículo 6 de  su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 082-98- EF. Única y exclusivamente se tendrá por salvado el último  de ellos, referido a la inscripción del beneficiario en los  plazos habilitados, cuando la imposibilidad de inscribirse  no le sea atribuible al requirente, sino sea de cargo de la  Administración pensionaria. Lima, diecinueve de abril de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA la causa en audiencia  pública de la fecha; integrada por las señoras Juezas  Supremas Torres Vega, Araujo Sánchez, Gómez Carbajal,  Tejeda Zavala y el señor Juez Supremo Mamani Coaquira;  luego de verificada la votación con arreglo a ley, con el voto en  minoría de la señora Jueza Suprema Torres Vega, emite la  siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación de fecha treinta y uno  de julio de dos mil veinte1, interpuesto por la demandada,  Oficina de Normalización Previsional - ONP, contra la  sentencia de vista de fecha treinta y uno de enero de dos mil  veinte2, que confirmó la sentencia de primera de fecha  veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, que declaró  fundada en parte la demanda interpuesta por Demetrio  Alejandro Esquivel Obando, en consecuencia, nulas las  resoluciones fictas denegatorias y ordenó a la demandada  que otorgue la bonificación del Fonahpu a partir del uno de  mayo de dos mil tres, más devengados e intereses legales. II.  ANTECEDENTES 1. Demanda El veintisiete de agosto de  dos mil diecinueve Demetrio Alejandro Esquivel Obando  interpuso demanda contencioso administrativa3 dirigida contra  la ONP, formulando las siguiente pretensiones: 1) se declare  la nulidad de las resoluciones fictas denegatorias de su  pedido de bonificación de Fonahpu y su recurso de apelación;  2) se le inscriba en Fonahpu; 3) se le pague dicha bonificación;  y 4) se le paguen los intereses legales. Fundamentó su pedido  en el cumplimiento de los requisitos para el concesorio del  beneficio de Fonahpu conforme a lo establecido en el artículo  2 de la Ley Nº 27617. Además, indicó que, al ser pensionable,  le corresponde dicho pago por constituir un derecho adquirido.  2. Contestación La Oficina de Normalización Previsional,  mediante el escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos  mil diecinueve4, contestó la demanda, solicitando que se  declare infundada, luego de negarla y contradecirla en todos  sus extremos. Precisó que el demandante no cumple los  requisitos para percibir la bonificación del Fonahpu porque no  se inscribió dentro de los plazos establecidos; y que la pensión  fue otorgada por la Resolución Nº 000083428-2003-ONP/DC/ DL 19990 desde el uno de mayo de dos mil tres. 3. Sentencia  de primera instancia El Cuarto Juzgado Laboral Contencioso  Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Santa  emitió la sentencia de primera instancia5, por la cual declaró  fundada en parte la demanda. El juez sustentó su decisión  en que al demandante no le resulta exigible el cumplimiento  del tercer requisito, referido a la inscripción, en tanto a la  fecha de ambos momentos, todavía laboraba; sin embargo,  su carácter pensionable, en virtud de la Ley Nº 27617, lebeneficia. 4. Apelación La demandada, mediante el escrito  de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve6, apeló  la sentencia de primera instancia, reiterando la falta de  cumplimiento del tercer requisito para gozar del beneficio de  Fonahpu. 5. Sentencia de vista La Sala Laboral Transitoria  de la Corte Superior de Justicia del Santa, mediante la  sentencia de vista, confirmó la sentencia de primera  instancia, decisión que sustentó en que, conforme a lo  desarrollado por la Corte Suprema, no es exigible el requisito  en cuestión dado que su incumplimiento no le resulta atribuible  al pensionista. 6. Auto calificatorio del recurso de casación  Mediante la resolución de fecha veintidós de septiembre de  dos mil veintiuno, esta Sala Suprema declaró procedente el  recurso de casación por las causales de infracción normativa  de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política  e infracción normativa del inciso 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº  27617 y el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 028-2002- EF.  III. MATERIA JURÍDICA DEL DEBATE En el presente caso  corresponde determinar si la Sala Superior, al confirmar la  decisión de otorgar la bonificación de Fonahpu pretendida por  el accionante, vulneró los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, el incisos 2.1 del artículo 2 de  la Ley Nº 27617 y el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 028- 2002- EF. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA  Fines de la casación y del proceso contencioso  administrativo PRIMERO: En principio, debemos recordar  que el recurso de casación nace como un medio de  impugnación extraordinario cuya finalidad objetiva es  garantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho,  así como uniformizar la jurisprudencia nacional7. No obstante,  a razón de la evolución de los derechos fundamentales, del  derecho al debido proceso en sus vertientes formal y  sustantiva8, y de la tutela jurisdiccional efectiva9, se extiende  la finalidad de este recurso extraordinario hacia la búsqueda  de la concreción de la justicia en los derechos subjetivos de  los ciudadanos. De cara a la concretización de lo antedicho,  por mandato constitucional se ha delegado a la Corte  Suprema, como órgano integrante de un Estado Constitucional  de Derecho10, ejercer el control casatorio de las decisiones  jurisdiccionales11, habida cuenta de que es el fin supremo la  defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad12.  SEGUNDO: En esta oportunidad, corresponde a esta Sala  Suprema ejercer el control casatorio en un proceso  contencioso administrativo que, a la vez, tiene sus propias  finalidades abstractas preestablecidas por el legislador  ordinario: i) el control jurídico que realiza el Poder Judicial  sobre las actuaciones de la Administración pública sujetas al  derecho administrativo; y ii) la efectiva tutela jurisdiccional de  los derechos e intereses de los administrados en su relación  con la Administración13. Del debido proceso y la motivación  de las resoluciones judiciales TERCERO: El debido  proceso, garantía de rango constitucional, funge a su vez  como continente de otros derechos y garantías tanto  procesales como sustantivas. Así, toda apreciación no  ajustada a ley ni a derecho puede ser invocada para advertir  la contravención de la preceptiva garantía, de cara a lograr su  real efectivización. El Tribunal Constitucional14 ha precisado lo  siguiente: “(…) el derecho al debido proceso supone el  cumplimiento de las diferentes garantías y normas de orden  público que deben aplicarse a todos los procesos o  procedimientos, a fin de que las personas estén en  condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante  cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su  contenido presenta dos expresiones: la formal y la  sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas  que lo integran tienen que ver con formalidades estatuidas,  tales como las que establecen el procedimiento preestablecido,  el derecho de defensa y la motivación, etcétera. En las de  carácter sustantiva o, estas están básicamente relacionadas  con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que  toda decisión judicial debe suponer. A través de esto último se  garantiza el derecho que tienen las partes en un proceso o  procedimiento a que la resolución se sustente en la  interpretación y aplicación adecuada de las disposiciones  vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la  solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella  contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales  normas”  (énfasis  agregado). Así,  solamente  con  el  cumplimiento irrestricto y real de las garantías procesales que  le contienen se tendrá por respetado el debido proceso en el  caso sometido a análisis del órgano jerárquicamente superior.  CUARTO: En lo concerniente al derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional  estableció que “(…) importa pues que los órganos judiciales  expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan  a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo  demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechosdebidamente acreditados en el trámite del proceso”15. A mayor  abundamiento, el Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha  establecido “(…) que el derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a  la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones  judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho  de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el  ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”16.  QUINTO: En esa línea de desarrollo cabe precisar que el  derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva  constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, los cuales  comprenden a su vez, el deber de los jueces de observar los  derechos procesales de las partes y el derecho de los  justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante  su pedido de tutela en cualquiera etapa del proceso discurrido.  De ahí que dichos principios se encuentren ligados a la  exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales,  prevista en el inciso 5 del referido artículo constitucional, esto  es, que los jueces y tribunales expliciten en forma suficiente  las razones de sus fallos, con mención expresa de los  elementos fácticos y jurídicos que los determinaron. Por  consiguiente, la contravención de las normas que garantizan  el derecho a un debido proceso se da cuando en el desarrollo  del mismo no se han respetado los derechos procesales de  las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento,  la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano  jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en  forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad  vigente y de los principios procesales. Criterio jurisdiccional  sobre la imposibilidad de inscripción al Fonahpu SEXTO:  Conviene señalar inicialmente que el Fondo Nacional de  Ahorro Público - Fonahpu se creó por el Decreto de Urgencia  Nº 034-98, publicado el veintidós de julio de mil novecientos  noventa y ocho, que dispuso lo siguiente: “Artículo 1.- Créase  el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), cuya  rentabilidad será destinada a otorgar bonificaciones a los  pensionistas comprendidos en los regímenes del Decreto Ley  Nº 19990 y a los de las instituciones públicas del Gobierno  Central cuyas pensiones totales mensuales no sean mayores  de S/. 1,000.00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles). El Reglamento  establecerá la forma de calcular la bonificación, las  incompatibilidades para su percepción y las demás  condiciones requeridas para percibirla. (…) La participación  de los pensionistas en el beneficio proveniente del FONAHPU  es de carácter voluntario y se formalizará mediante su  inscripción, dentro de los ciento veinte (120) días de  promulgada  la  presente  norma  (…)”. Asimismo,  su  Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-98- EF, desarrolló los requisitos que la ley le delegó, del siguiente  modo: “Artículo 6.- Beneficiarios Para ser beneficiario de las  bonificaciones que otorga el FONAHPU se requiere: a) Ser  pensionista de invalidez, jubilación, viudez, orfandad o  ascendientes pertenecientes al régimen del Decreto Ley Nº  19990, o del Decreto Ley Nº 20530 de las instituciones  públicas del Gobierno Central cuyas pensiones son cubiertas  con recursos provenientes del Tesoro Público. b) Que el  monto bruto de la suma total de las pensiones que perciba  mensualmente por cualquiera de los regímenes antes  mencionados, e independientemente de la entidad pagadora,  no sea superior a Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00); y, c)  Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la  norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el  procedimiento establecido por la ONP”. Finalmente, por el  Decreto de Urgencia Nº 009-2000, publicado el veintiocho de  febrero de dos mil, se prorrogó por única vez el plazo de  inscripción: “Articulo 1.- Concédase un plazo extraordinario  de ciento veinte días (120), computado a partir de la vigencia  de la presente norma, para efectuar un nuevo proceso de  inscripción para los pensionistas que no se encuentren  inscritos en el FONAHPU siempre que cumplan con los  requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 034-98 y  su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 082-98- EF”. El cuerpo normativo en comento determinó clara y  específicamente los intervalos de tiempo entre los cuales  aquellos pensionistas que deseaban inscribirse puedan  acceder al beneficio de la bonificación del Fonahpu.  SÉPTIMO: Nuestro desarrollo jurisprudencial ha emanado  distintos supuestos en los que es posible advertir excepciones  al preceptivo último requisito (de la inscripción voluntaria), por  lo que corresponde pasar a enunciarlos. - Casación Nº 8789- 2009-La Libertad, del trece de junio de dos mil doce. “Octavo:  Mediante Resolución N° 07912-2001-ONP/DC de fecha  veintidós de agosto del dos mil uno (…) la emplazada otorga  al demandante pensión de jubilación adelantada, a partir del  uno de febrero del dos mil, siendo esta fecha anterior al  vencimiento del segundo plazo de concedido señalado en el  considerando precedente, equivalente a S/. 807.56, motivopor el cual, a la fecha en que se vencieron los plazos para  solicitar el beneficio del FONAHPU, el demandante aún no  era pensionista, viéndose así imposibilitado a inscribirse con  anterioridad, derecho que no le puede ser recortado, al tener  éste la calidad de pensionable, conforme al artículo 2.1 de la  Ley N° 7617 (…) lo cual significaría que su no reconocimiento  atenta contra el derecho fundamental que tiene toda persona  a la Seguridad Social, garantizado en el artículo 10° de la  Constitución Política del Perú; por tanto le corresponde al  demandante percibir la bonificación de FONAHPU, desde el  día siguiente en que cumplió con los requisitos para tener la  condición de pensionista (uno de febrero del dos mil),  reconociéndosele el pago de devengados e intereses legales  que correspondan (…)”. - Casación Nº 11714-2014-La  Libertad, del trece de octubre de dos mil quince. “Octavo.-  (…) si bien es cierto a la fecha de la citada Resolución  Administrativa en que se reconoció su derecho a la pensión,  ya no existía proceso de inscripción abierto, ni norma legal  que autorice o permita la inscripción de nuevos pensionistas  al FONAHPU, viéndose así imposibilitado a inscribirse con  anterioridad, empero la pensión de jubilación adelantada le  fue reconocida a partir del 05 de agosto de 1999, cuando se  encontraba vigente el Decreto de Urgencia N° 009-2000-EF  que concede un plazo extraordinario de ciento veinte días  (120), computado a partir de su publicación, para efectuar un  nuevo proceso de inscripción para los pensionistas que no se  encuentren inscritos en el FONAHPU siempre que cumplan  con los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia N°  034-98 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°  082-98-EF, plazo que venció el 28 de junio del año 2000;  considerando además que el actor alegó en su demanda que  la imposibilidad de la inscripción se debió a la demora de la  entidad demandada en expedir la resolución de reconocimiento  de pensión; lo que se encuentra corroborado por la Oficina de  Normalización Previsional en la contestación (…)” (énfasis  añadido). - Casación Nº 1032-2015-Lima, del veinticuatro de  mayo de dos mil dieciséis. “Noveno.- (…) mediante Resolución  Directoral N° 0561-91-AG/OGA.OPER de fecha 16 de mayo  de 1991, percibió pensión previsional de cesantía a partir del  01 de mayo de 1991, derecho que fue suspendido por  Resolución Ministerial N° 00425-92-AG de fecha 01 de julio  de 1992, sin embargo, por mandato judicial se expidió la  Resolución Directoral N° 0498-2002-AG-OGA-OPER, que  resuelve reanudar el pago de la pensión provisional de  cesantía a favor del demandante, en vía de regularización, a  partir del 01 de septiembre de 1992, motivo por el cual  desde el 01 de septiembre de 1992 hasta el octubre de 2002,  se encontraba imposibilitado de inscribirse voluntariamente  en el Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, en  tanto, de forma arbitraria la administración suspendió un  derecho que había obtenido administrativamente mediante  una decisión que tenía la calidad de cosa decidida,  consiguientemente en este caso, no resulta exigible al actor el  requisito contenido en el artículo 6° inciso c) del Decreto  Supremo N° 082-98-EF, consideraciones por las cuales  corresponde ordenar su inscripción en el citado Fondo”  (énfasis añadido). - Casación Nº 8895-217-La Libertad, del  cuatro de abril de dos mil diecinueve. “OCTAVO. (…) mediante  Resolución Nº 03706-2001-ONP/DC del 28 de marzo de  2001, se le otorgó la pensión de jubilación a partir del 03 de  febrero de 2000, sin embargo se tiene de la Hoja de  Liquidación a fojas emitida por la demandada se advierte que  la fecha de solicitud para el otorgamiento de la pensión de  jubilación fue el cuatro de febrero de 2000 y la fecha de la  Resolución que le otorga la pensión es 28 de marzo de 2001;  motivo por el cual en dicho periodo se encontraba  imposibilitado de inscribirse voluntariamente en el Fondo  Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, en tanto la demora  de la entidad demandada no puede ser trasladada al  recurrente en perjuicio de un derecho que le asistía, en  consecuencia no resultaba exigible al actor el requisito  contenido en el artículo 6.° inciso c del Decreto Supremo Nº  082-98-EF, consideraciones por las cuales corresponde  ordenar su inscripción en el citado Fondo” (énfasis añadido).  En ese sentido y conforme a los reiterados pronunciamientos  posteriores emitidos por la Corte Suprema, advertimos que sí  resulta válida la excepcionalidad a la regla del antedicho  requisito reglamentario, la cual permitirá inadvertir la  preceptiva inscripción siempre y cuando las causas que  motivaron la omisión no sean atribuibles al pensionista, sino  sean de cargo de la Administración previsional. OCTAVO: En  esa línea de razonamiento, estos preceptos guardan absoluta  coherencia con la voluntad legislativa de los años mil  novecientos noventa y ocho (en que se emitió el Decreto de  Urgencia Nº 034-98) y dos mil (cuando se emitió el Decreto de  Urgencia Nº 009-2000), época en la cual la bonificación del  Fonahpu no tenía naturaleza remunerativa ni pensionaria y  entre sus características principales estaba la de servoluntaria, de percepción anual, sujeta a plazo de caducidad  y no integrante de la estructura pensionaria. Asimismo,  también coincide con la voluntad del legislador del año dos mil  dos, fecha en la que mediante Ley Nº 27617 cambia  totalmente algunas de sus características al autorizar al Poder  Ejecutivo que el importe percibido de forma anual por  concepto de bonificación del Fonahpu sea incorporado con  carácter pensionable al Sistema Nacional de Pensiones; lo  que se encuentra taxativamente establecido en su artículo 2,  inciso 2.117. Es decir, ya no se iba a otorgar la bonificación en  un solo monto una vez al año, sino que sería dividido y  cancelado mes a mes con la pensión previsional que  corresponda a cada pensionista que ya venía percibiendo la  mencionada bonificación. A tal efecto es preciso hacer notar  que en el año dos mil dos, con la emisión de la mencionada  Ley Nº 27617, no se concedió un nuevo plazo extraordinario  de inscripción al Fonahpu, sino que únicamente se cambiaron  sus características, pasando a ser pensionable, con la  finalidad de redistribuir su forma de pago para que sea  cancelado mensualmente. Solo de ese modo pueden  validarse las precisiones realizadas mediante el Decreto  Supremo Nº 028-2002-EF18, en el cual se estableció lo  siguiente: “Artículo 2.- Incorporación del concepto  “Bonificación FONAHPU” en las pensiones del SNP. El  importe de S/. 640,00, que anualmente se entrega a los  pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 19990  beneficiarios de la Bonificación FONAHPU, se incorpora, a  partir de la vigencia de la Ley Nº 27617, como parte de la  pensión, constituyendo un concepto pensionable denominado  Bonificación FONAHPU. La referida Bonificación FONAHPU  se pagará mensualmente a razón de S/. 45,71. (…)” Ello, a su  vez, guarda absoluta coherencia con lo establecido en la  parte final del artículo 3 del mismo cuerpo normativo, que  estable que el artículo 2 de la Ley Nº 27617 no es aplicable a  los pensionistas que no se hayan inscrito en los procesos de  inscripción al Fonahpu. Del caso concreto NOVENO: De  autos advertimos que la demandada acusa un indebido  reconocimiento judicial de la bonificación del Fonahpu, por  parte de la Sala Superior. De la revisión formal de los  argumentos expresados por las instancias de mérito, los  cuales importan analizar si la estructura lógica narrativa de lo  sentenciado es adecuado, en virtud de las alegadas  infracciones al artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución,  advertimos que la Sala Superior expresó argumentos  suficientes para estimar la demanda, porque indicó razones  tanto jurídicas como fácticas de cara a otorgar el derecho  demandado. Así, expresó textualmente lo siguiente: “8. De lo  anterior se evidencia que por mandato de ley expresa es  obligatorio cumplir los requisitos para acceder al beneficio  proveniente del FONAHPU; por lo que se procederá a evaluar  el cumplimiento de cada uno de los requisitos (…) c)  Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la  norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el  procedimiento establecido por la ONP”: De la revisión de los  medios probatorios, se tiene que el demandante no ha  acreditado haberse inscrito a efectos de percibir dicho  beneficio, por lo que se tendría por no cumplido este requisito;  sin embargo, es de tener en cuenta que la Primera Sala de  Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte  Suprema de Justicia de la República, en la Casación N°  11345-2015-LA LIBERTAD, de fecha 04 de octubre de 2016;  señala: [“Octavo.- Conclusión: En este contexto se aprecia  que para poder gozar a la bonificación otorgada por el Fondo  Nacional de Ahorro Público, creado por Decreto de Urgencia  N° 034-98, es necesario cumplir los siguientes requisitos: (…)  y, c) Inscribirse voluntariamente dentro del plazo fijado por la  norma (…), por lo que la omisión de la inscripción, excluye al  pensionista de su goce; sin embargo si el pensionista se  encontraba impedido de ejercer su derecho de inscripción, no  resulta exigible el cumplimiento del tercer presupuesto,  criterio que ha sido adoptado por esta Sala Suprema en la  Casación N° 6070-2009-LA LIBERTAD del 05 de octubre de  2011, Casación N° 8789- 2009-LA LIBERTAD del 13 de junio  de 2012, Casación N° 4567-2010- DEL SANTA de fecha 09 de  enero de 2013; entre otras, y que han fijado una línea  jurisprudencial de estricta observancia por todos los Órganos  Jurisdiccionales”. “Noveno.- Solución del caso concreto: En el  caso de autos, conforme lo han determinado las instancias de  mérito el actor Pedro Roberto Cortez Zelada mediante  Resolución N° 0000052484-2005-ONP/D C/DL 19990 de  fecha 14 de junio de 2005, a fojas 2, se le otorgó pensión de  jubilación adelantada por la suma de S/ 857.36 soles, a partir  del 01 de abril de 2005, incluido el incremento por su cónyuge,  motivo por el cual se encontraba imposibilitado de inscribirse  voluntariamente en el Fondo Nacional de Ahorro Público- FONAHPU, en tanto, a dicha fecha tenía la condición de  servidor en actividad, consiguientemente en este caso, no le  resultaba exigible el requisito contenido en el artículo 6oinciso c) del Decreto Supremo N° 082-98-EF, y el artículo 1o  del Decreto de Urgencia N° 009-2000, consideraciones por  las cuales corresponde ordenar el pago de la bonificación  peticionada, en tanto a partir de la vigencia de la Ley N°  27617, adquirió el carácter pensionable, formando parte del  Sistema Nacional de Pensiones conforme lo señala el Decreto  Supremo N° 028-2002-EF”. (Énfasis Agregado)], lo cual  resulta aplicable al caso de autos, toda vez que, el demandante  recién percibió su pensión mediante resolución de fecha 27  de octubre del 2003, es decir, a la fecha de las inscripciones,  se encontraba imposibilitado de inscribirse en el FONAHPU,  lo cual aunado a lo establecido en la Ley 27617, vigente  desde el 01.01.2002, que precisa que dicho beneficio tiene  carácter pensionable, se tiene que el actor debe gozar  también de esta bonificación, por lo que corresponde  confirmar la venida en grado”. En ese sentido, reiteramos que  la instancia revisora expresó razones jurídicas y materiales  que le llevaron a convencerse de que al accionante le  corresponde el derecho pretendido. Por lo tanto, no  observamos vicio alguno que importe estimar las infracciones  procesales  declaradas  procedentes  respecto  del  cuestionamiento formal del debido proceso y la motivación de  las resoluciones judiciales. NOVENO: De otro lado, en lo que  corresponde al análisis de fondo, aperturado por la invocación  de infracción de normas sustantivas, consideramos que lo  resuelto por la instancia de mérito no se ajusta a derecho, en  tanto y en cuanto, y específicamente a lo que atañe a la Sala  Superior, resolvieron contrario a lo establecido por el Tribunal  Constitucional –en la STC Nº 00314-2012-PA/TC– y la Corte  Suprema –en la Casación Nº 1032-2015-Lima–, que  precisaron que es necesario cumplir con los tres requisitos,  con la salvedad de que el pensionista no haya podido ejercer  su derecho de inscripción por responsabilidad atribuible a la  Administración. Este último supuesto, para el caso de autos,  no ocurre porque conforme se desprende de la Resolución Nº  0000083428-2003-ONP/DC/DL 19990, accedió a su pensión  a partir del uno de mayo de dos mil tres, luego de acreditar  haber cesado labores el treinta de abril de dos mil tres.  Consecuentemente, el razonamiento jurídico de la Sala  Superior no resulta correcto pues consideró que la inscripción  no era obligatoria para el demandante, dado que gozó  posteriormente de pensión; sin advertir que se trata de un  beneficio anterior (dispuesto por Decreto de Urgencia Nº 034- 98), en cuyo caso cada beneficiario debía inscribirse  previamente en los dos momentos establecidos en las normas  pertinentes (años 1998 y 2000), y de no haber podido hacerlo  en los periodos indicados, no le correspondería la bonificación  en cuestión a menos que acredite que la imposibilidad no le  era atribuible al solicitante, sino a la Administración  pensionaria. DÉCIMO: El análisis de ambas instancias  recurridas es errado pues no reflejan el desarrollo  jurisprudencial emitido en los sendos pronunciamientos  expresados por la Corte Suprema, tanto para otorgar  excepcionalmente la bonificación pretendida, como para  denegar la solicitud cuando el accionante no acredita en  modo alguno que la imposibilidad de la inscripción le fuera  atribuida a la Administración pensionaria, y que han sido  expresados en la líneas precedentes. Así las cosas, la  recurrente ONP sí logra demostrar que la Sala Superior  infringió las normativas sustantivas contenidas en el inciso 2.1  del artículo 2 de la Ley Nº 27617 y el artículo 3 del Decreto  Supremo Nº 028-2002- EF, en tanto y en cuanto resolvió que  correspondía otorgarle un beneficio a quien no cumple  copulativamente con los tres requisitos exigidos y tampoco  demuestra encontrarse válidamente excluido de probar el  tercero de ellos, referido a la inscripción. DÉCIMO PRIMERO:  En consecuencia, corresponde que este Supremo Tribunal  ampare el recurso de casación, case la sentencia de vista;  actuando en sede de instancia, revoque la sentencia apelada  y, reformándola, desestime la demanda en todos sus  extremos. V. DECISIÓN Por estas consideraciones y en  estricta aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil,  declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha treinta  y uno de julio de dos mil veinte, interpuesto por la demandada,  Oficina de Normalización Previsional; en consecuencia,  CASARON la sentencia de vista de fecha treinta y uno de  enero de dos mil veinte; actuando en sede de instancia,  REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintiocho de  octubre de dos mil diecinueve, que declaró fundada en parte  la demanda; y, REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA  la demanda en todos sus extremos; en el proceso seguido por  Demetrio Alejandro Esquivel Obando contra la entidad  recurrente, sobre pago de bonificación del Fonahpu.  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y devolvieron  los autos. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema  Tejeda  Zavala.  SS.  ARAUJO  SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. ELVOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA  TORRES VEGA ES COMO SIGUE: 1. RECURSO DE  CASACIÓN Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación interpuesto por la parte demandada  Oficina de Normalización Previsional – ONP, mediante  escrito de fecha 31 de julio de 2020, obrante a fojas 146,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución Nº 09,  de fecha 31 de enero de 2020, obrante a fojas 112, que  confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la  resolución Nº 05, de fecha 28 de octubre de 2019, obrante a  fojas 78, que declaró fundada en parte la demanda; sobre el  pago de bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público –  Fonahpu.  2.  CAUSALES  DEL  RECURSO  Mediante  resolución de fecha 22 de septiembre de 2021, obrante a  fojas 76 del cuaderno de casación, la presente Sala Suprema  declaró procedente el recurso de casación presentado por la  Oficina de Normalización Previsional – ONP, por las  causales de infracción normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, del  numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº 27617, y del artículo  3 del Decreto Supremo Nº 028-2002-EF. 3. CONSIDERANDO  PRIMERO: La infracción normativa constituye un vicio de  derecho en que incurre el juzgador en una resolución;  determinando que el caso sea pasible de ser examinado por  medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por  conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede  conceptualizar la infracción normativa como la afectación a  las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir  una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a que  la parte que se considere afectada pueda interponer el  recurso de casación. SEGUNDO: La Corte Suprema de  Justicia de la República, como órgano de casación ostenta  atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución  Política del Estado, desarrolladas en el artículo 2 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones  que sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el  ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión  de casos. TERCERO: A través del escrito de fecha 27 de  agosto de 2019, obrante a fojas 35, Demetrio Alejandro  Esquivel  Obando,  interpuso  demanda  contencioso  administrativa  contra  la  Oficina  de  Normalización  Previsional (en adelante, ONP), solicitando se declare la  nulidad de las resoluciones ficas que deniegan la solicitud y  recurso de apelación del actor y, como consecuencia, se  inscriba en el Fonahpu y se ordene el pago de dicha  bonificación, a partir del momento en que estuvo vigente el  beneficio peticionado; más el pago de los intereses legales.  Fundamentó su pretensión señalando que mediante la  Resolución Nº 0000083428-2003-ONP/DC/DL 19990, de  fecha 27 de octubre de 2003, se le otorgó pensión de  jubilación minera, por la suma de S/ 415.00 soles, a partir del  01 de mayo de 2003. Señala que solicitó el reconocimiento  del Fonahpu; sin embargo, dichas peticiones no fueron  atendidos dentro del plazo legal por lo que interpuso su  recurso de apelación ficta, la cual tampoco fue resuelta por la  entidad emplazada, por lo que dio por agotado en vía  administrativa. Asimismo, indica que reúne los requisitos para  el otorgamiento del beneficio solicitado. CUARTO: Por medio  de la sentencia de fecha 28 de octubre de 2019, obrante a  fojas 78, el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo  Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia  Del Santa, declaró fundada en parte la demanda, por  considerar que el beneficio solicitado tiene naturaleza de  pensionable, y que el Decreto de Urgencia N° 034-98, fue  publicado el 22 de julio de 1998; por ende, el pago de  devengados en el presente caso de la bonificación del  FONAHPU corresponde a partir del 01 de septiembre de  2010, ello en razón que a partir de dicha fecha tiene la calidad  de pensionista, conforme es de verse de la resolución N°  0000083428-2003-ONP/DC/DL 19990, obrante a fojas 03 y  04; por tanto, corresponde declarar fundada en parte la  demanda respecto a que el pago de la bonificación del  FONAHPU sea a partir del desde el momento en que estuvo  vigente la norma. QUINTO: Mediante sentencia de vista de  fecha 31 de enero de 2020, obrante a fojas 112, la Sala  Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de  Sullana, confirmó la sentencia de primera instancia en el  extremo que declaró fundada en parte la demanda, por  considerar que, el actor cumple con los tres requisitos  concurrentes para el otorgamiento de la bonificación  solicitada; es decir, es pensionista bajo los alcances del  Decreto Ley N° 19990, su pensión es menor de S/ 1,000.00  soles y su inscripción no le era exigible conforme se ha dejado  indicado en el considerando supra; consecuentemente, al  haber sido amparado la pretensión principal corresponde  otorgar el pago de devengados e intereses legales aplicando  la tasa de intereses fijado por el Banco Central de Reserva delPerú con las limitaciones del artículo 1249 del Código Civil.  SEXTO: Debe precisarse que el debate casatorio consiste en  determinar si la Sala Superior, al emitir pronunciamiento,  observó los principios de debido proceso, tutela jurisdiccional  y motivación de resoluciones; asimismo, si corresponde  otorgar al demandante el concepto denominado bonificación  del Fondo Nacional de Ahorro Público – Fonahpu, creado por  Decreto de Urgencia Nº 034-98 y su Reglamento, aprobado  por Decreto Supremo Nº 082-98-EF. Infracción normativa de  los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, del numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº 27617, y del  artículo 3 del Decreto Supremo Nº 028-2002-EF. SÉPTIMO:  Respecto a la causal procesal de infracción normativa de  los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, es preciso señalar, que el debido proceso  formal constituye una garantía constitucional que, en la  tramitación de un proceso, asegura se respeten unos  determinados requisitos mínimos19. Tales requisitos, que han  sido objeto de discusión20, en general se considera que  abarcan los siguientes criterios: (i) derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii)  derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio; (iii) derecho a  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional  (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) derecho  a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi)  derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a  todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a  ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados  mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial,  respetuosos con los principios constitucionales de igualdad,  independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo  a las normas comunes de competencia preestablecidas.  OCTAVO: Asimismo, en cuanto al inciso 5 de la norma  invocada, debe señalarse que la obligación de fundamentar  las sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a  categoría de deber constitucional. En el Perú, el artículo 139  inciso 5, de la Constitución del Estado señala que: “Son  principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las  instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención  expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en  que se sustentan”. Igualmente, el artículo 12 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las resoluciones,  con exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo  responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se  sustenta…”. De otro lado, es ya común mencionar que la  motivación no significa la exteriorización del camino mental  seguido por el juez, pues ello implicaría considerar que no  importa la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria que  ésta pueda ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a  emitir el fallo. Por el contrario, la motivación como mecanismo  democrático de control de los jueces y de control de la justicia  de las decisiones exige que exista una justificación racional  de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifica la  decisión sino se justifica el mismo juez, ante las partes,  primero, y ante la sociedad después, y se logra el control de  la resolución judicial21. Tal justificación racional es interna y  externa. La primera consiste en verificar que: “el paso de las  premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente-  válido” sin que interese la validez de las propias premisas. Por  su parte, la justificación externa consiste en controlar la  adecuación o solidez de las premisas22, lo que supone que  la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n)  norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la  premisa fáctica sea la expresión de una proposición  verdadera23. En esa perspectiva, la justificación externa  exige24: (i) que toda motivación debe ser congruente, de lo  que sigue que no cabe que sea contradictoria; (ii) que toda  motivación debe ser completa, por lo que deben motivarse  todas las opciones; y (iii) que toda motivación debe ser  suficiente, por lo que es necesario ofrecer las razones  jurídicas que avalen la decisión. NOVENO: En ese sentido, no  se aprecia de autos la existencia de ningún vicio de invalidez  insubsanable durante el trámite del proceso, que atente las  garantías procesales constitucionales; asimismo, la Sala  Superior ha empleado en forma suficiente los fundamentos  que le han servido de base para estimar la demanda,  argumentos que no pueden analizarse a través de una causal  procesal, consideraciones por la cual la causal de infracción  normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, resulta infundada. DÉCIMO:  Habiéndose declarado infundada la causal procesal,  corresponde emitir pronunciamiento respecto a la causal  material por la que se declaró procedente el recurso;  consistente en infracción normativa del numeral 2.1 del  artículo 2 de la Ley Nº 27617, y del artículo 3 del DecretoSupremo Nº 028-2002-EF. DÉCIMO PRIMERO: Mediante el  artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 034-98, vigente desde  el 23 de julio de 1998, se dispuso la creación del Fondo  Nacional de Ahorro Público (Fonahpu), cuya rentabilidad fue  destinada a otorgar bonificaciones a los pensionistas  comprendidos en los regímenes del Decreto Ley Nº 19990 y a  los de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas  pensiones totales mensuales no sean mayores de S/ 1,000.00  soles, precisando en su tercer párrafo que la participación de  los pensionistas es de carácter voluntario y se formalizará  mediante su inscripción, dentro de los 120 días de promulgada  la norma. DÉCIMO SEGUNDO: Por Decreto Supremo Nº  082-98-EF se aprobó el Reglamento del Fondo Nacional de  Ahorro Público (FONAHPU), extendiendo la bonificación para  los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530, estableciendo  además las condiciones requeridas para percibir la solicitada  bonificación,  señalando  que  la  participación  de  los  pensionistas en este beneficio es de carácter voluntario y se  formalizará mediante su inscripción. Es así que el artículo 6  del Decreto Supremo Nº 082-98, dispuso que: “Para ser  beneficiario de las bonificaciones que otorga el FONAHPU se  requiere: a) Ser pensionista de invalidez, jubilación, viudez,  orfandad o ascendientes pertenecientes al régimen del  Decreto Ley Nº 19990, o del Decreto Ley Nº 20530, de las  instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones  son cubiertas con recursos provenientes del Tesoro Público;  b) Que el monto bruto de la suma total de las pensiones que  perciba mensualmente por cualquiera de los regímenes antes  mencionados, e independientemente de la entidad pagadora,  no sea superior a Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00); y c)  Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la  norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el  procedimiento establecido por la ONP”. Posteriormente,  mediante Decreto de Urgencia Nº 009-2000, promulgado el  28 de febrero de 2000, se estableció un nuevo plazo de 120  días para la inscripción, que inició el 29 de febrero y venció el  28 de junio de 2000. DÉCIMO TERCERO: Es así que, de  acuerdo al Decreto Supremo Nº 082-98-EF (Reglamento del  Fonahpu) es requisito necesario para ser beneficiario de la  bonificación Fonhapu inscribirse voluntariamente, y a la fecha  se han realizado dos procesos de inscripción (1998 y 2000),  los mismos que fueron establecidos a través de los Decretos  de Urgencia Nº 034-98 y 009-2000, siendo que el último plazo  venció el 28 de junio de 2000. DÉCIMO CUARTO: El artículo  2 numeral 2.1 de la Ley Nº 27617, publicada el 1 de enero de  2002, señaló: “Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar, con  carácter pensionable, en el SNP, el importe anual de la  bonificación FONAHPU otorgada a los pensionistas del SNP.”;  a su vez su numeral 2.3 precisó: “Los fondos referidos en el  numeral precedente pasarán a formar parte del activo del  FCR - Decreto Ley Nº 19990, son de carácter intangible y  constituirán el respaldo de las obligaciones previsionales  correspondientes al citado régimen previsional, pudiendo ser  solamente destinados al pago de pensiones en dicho  régimen”. DÉCIMO QUINTO: En este contexto, se aprecia  que, para poder gozar de la bonificación otorgada por el  Fondo Nacional de Ahorro Público, creado por Decreto de  Urgencia Nº 034-98, es necesario cumplir los siguientes  requisitos: a) Tener la condición de pensionista, bajo el  régimen previsional del Decreto Ley Nº 19990 o el Decreto  Ley Nº 20530. b) Que el monto de la pensión no sea mayor de  S/. 1,000.00 soles. c) Inscribirse voluntariamente dentro del  plazo fijado por la norma, esto es, desde el 23 de julio al 19 de  noviembre de 1998 y desde el 29 de febrero al 27 de junio de  2000, por lo que la omisión de la inscripción, excluye al  pensionista de su goce; sin embargo, si el pensionista se  encontraba impedido de ejercer su derecho de inscripción, no  resulta exigible el cumplimiento del tercer presupuesto,  criterio que ha sido adoptado por la Corte Suprema en las  Casaciones Nº 6070-2009-La Libertad del 05 de octubre de  2011, Nº 8789-2009-La Libertad del 13 de junio de 2012, Nº  4567-2010- Del Santa de fecha 09 de enero de 2013, Nº  15809-2014-La Libertad del 31 de marzo de 2016, Nº 365- 2016-La Libertad del 12 de octubre de 2017, entre otras, y  que han fijado una línea jurisprudencial de estricta observancia  por todos los Órganos Jurisdiccionales de la República.  DÉCIMO SEXTO: En el caso de autos, se advierte que  mediante Resolución Nº 0000083428-2003-ONP/DC/DL  19990, de fecha 27 de octubre de 2003, obrante a fojas 03, se  resolvió otorgar pensión de jubilación minera al demandante  Demetrio Alejandro Esquivel Obando, a partir del 01 de  mayo de 2003, por la suma de S/ 415.00 soles; advirtiéndose  que, el accionante cumple con los requisitos a) y b) del artículo  6 del Decreto Supremo N° 082-98-EF, esto es, tener la calidad  de pensionista y que el monto mensual de la pensión no sea  mayor a S/ 1000.00; por lo que, respecto al literal c) de dicho  dispositivo legal, se debe tener presente que, a pesar que en  la fecha que se otorgó pensión de jubilación ya había vencidoel plazo para solicitar el beneficio del Fondo Nacional de  Ahorro Público – Fonahpu, lo cierto es que, se encontraba  imposibilitado de inscribirse, más aún, si dicha bonificación  adquirió la calidad de pensionable, esto, conforme lo dispone  el artículo 2 de la Ley N° 27617; consideraciones por las  cuales corresponde ordenar el pago de la bonificación  peticionada, toda vez que, a partir de la vigencia de la Ley N°  27617, adquirió el carácter pensionable, formando parte del  Sistema Nacional de Pensiones, de acuerdo al Decreto  Supremo Nº 028-2002-EF. DÉCIMO SÉPTIMO: Siendo así,  corresponde al demandante percibir la bonificación Fonahpu  (Fondo Nacional de Ahorro Público), desde el día siguiente en  que cumplió los requisitos para tener la condición de  pensionista, conforme a lo desarrollado por la Sala Superior,  por lo que, la sentencia de vista ha sido emitida con una  adecuada motivación respecto al requisito de inscripción para  ser beneficiario de la bonificación en cuestión. DÉCIMO  OCTAVO: Por ende, al verificar que la sentencia impugnada  no ha incurrido en ninguna de las causales señaladas en el  punto dos, el recurso formulado por la entidad demandada  resulta infundado; correspondiendo a este Supremo Tribunal  proceder conforme a los alcances del artículo 397 del Código  Procesal Civil. 4. DECISIÓN Por las consideraciones  expresadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo  397 del Código Procesal Civil, MI VOTO es porque se declare  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte  demandada Oficina de Normalización Previsional – ONP,  mediante escrito de fecha 31 de julio de 2020, obrante a fojas  146, contra la sentencia de vista contenida en la resolución Nº  09 de fecha 31 de enero de 2020, obrante a fojas 112.  DISPUSIERON la publicación del texto de la presente  sentencia en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en  el proceso contencioso administrativo seguido por Demetrio  Alejandro Esquivel Obando contra la entidad recurrente,  sobre otorgamiento de bonificación del Fondo Nacional de  Ahorro Público (FONAHPU). Interviene la señora Jueza  Suprema: Torres Vega. TORRES VEGA. 1  A fojas 146 del expediente principal. 2  A fojas 112 del expediente principal. 3  A fojas 35 del expediente principal. 4  A fojas 61 del expediente principal. 5  A fojas 78 del expediente principal. 6  A fojas 93 del expediente principal. 7  Así se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico procesal, en el artículo  384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364: “El recurso de  casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de  Justicia”. 8  Ver fundamento 2 de la sentencia del Expediente Nº 2424-2004-AA/TC, de fecha  18 de febrero de 2005, consolidado posteriormente en la jurisprudencia del  Tribunal Constitucional. 9  Orientada originalmente a asegurar el acceso a la justicia y posteriormente  perfeccionada al ser entendida como garantía de la efectiva ejecución de la  decisión obtenida en el proceso judicial. 10  Como toda delegación trae implícito un deber funcional, establecido para el Poder  Judicial en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado: “La potestad de  administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de  sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (…)”. 11  Conforme al artículo 141 de la Constitución Política del Perú, “[corresponde] a la  Corte Suprema fallar en casación (…)”. 12  Así fue establecido el primer mandato del poder constituyente en el artículo 1 de  la Constitución Política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su  dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 13  Así se encuentra regulado en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley  Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS: “La acción  contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política  tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la  administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los  derechos e intereses de los administrados”. 14  Resolución de fecha 1 de diciembre de 2014 emitida en el Expediente Nº 02467- 2012-PA/TC, fundamento 6. 15  Sentencia de fecha 24 de mayo de 2010 emitida en el Expediente Nº 00896-2009- PHC, fundamento 6. 16  Sentencia de fecha 18 de marzo de 2014 emitida en el Expediente Nº 03433-2013- PA/TC, fundamento 4.4.4. 17  “Artículo 2.- Incorporación de la bonificación FONAHPU  2.1 Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar, con carácter pensionable, en el  SNP, el importe anual de la bonificación FONAHPU otorgada a los pensionistas del  SNP”. 18  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de febrero de 2002. 19  CAROCCA Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 20  Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia  norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los  requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis  Marcelo. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima  1995, pps. 392-414.21  IGARTUA Salaverría, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”.  Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, pp. 19 a 22. 22  ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las  decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com. 23  MORESO, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del  Derecho. Madrid: Marcial Pons Editores, Pág. 184. 24  IGARTUA Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 26. C-2136195-307