CASACIÓN Nº 7698-2020 LIMA
Sumilla: La Sociedad Francesa de Beneficencia se encuentra  inafecta al pago del impuesto a la renta por mandato expreso  previsto en el inciso d) del artículo 18 del Texto Único Ordenado  de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece: “No son  sujetos pasivos del impuesto: […] d) Las entidades de auxilio  mutuo”; lo que se encuentra acreditado con la inscripción en  el Registro de Instituciones Privadas e Internacionales de  Carácter Asistencial y de Auxilio del Ministerio de Salud. Lima, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA La causa número  siete mil seiscientos noventa y ocho guion dos mil veinte, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la  participación de los señores Jueces Supremos González  Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del  Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, producida la  votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1.1.  Materia del recurso Se trata del recurso de casación  interpuesto por la parte demandada el Procurador Adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía  y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, del  veintinueve de enero de dos mil veinte (foja quinientos  setenta y nueve del cuaderno principal), y de la Sociedad  Francesa de Beneficencia, del treinta de enero de dos mil  veinte (foja seiscientos cincuenta y dos del cuaderno  principal), contra la sentencia de vista emitida por la Sétima  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima —en adelante, Sala  Superior—, del seis de enero de dos mil veinte (foja  quinientos cuarenta y tres del cuaderno principal), que  revocó la sentencia apelada y, reformándola, la declaró  fundada. 1.2. Fundamentos de los recursos 1.2.1. El  recurso de casación del Tribunal Fiscal fue declarado  procedente por resolución del ocho de septiembre de dos mil  veinte, solamente por la siguiente causal: a) Infracción  normativa por inaplicación del artículo 18 literal d) de la  Ley del Impuesto a la Renta. Señala que la Sala Superior  desconoce los efectos de la Resolución Ministerial Nº 0001- 82-SA/DGSS, de fecha trece de enero de mil novecientos  ochenta y dos, mediante la cual se admitió su inscripción en  el “Registro de Instituciones Privadas Nacionales e  Internacionales de carácter Asistencial y de Auxilio”, la  misma que ya ha sido materia de valoración en otrosprocesos, y acredita fehacientemente la condición de  entidad de auxilio mutuo; pero ello en el caso de autos,  simplemente ha sido ignorado. En ese sentido, se advierte  que la Sala de mérito incurre en la inaplicación de la  inafectación prevista en el artículo 18 literal d) de la Ley del  Impuesto a la Renta, a pesar de que, conforme ha señalado  el Tribunal Fiscal, y reiterados pronunciamientos de la Corte  Suprema, la codemandada tiene la condición de ser una  entidad de auxilio mutuo, por lo que, se encuentra inmersa  dentro de lo regulado en la mencionada norma. 1.2.2. El  recurso de casación de la Sociedad Francesa de  Beneficencia fue declarado procedente por resolución del  ocho de septiembre de dos mil veinte, por las siguientes  causales: a) Infracción normativa del artículo 139  numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado y  el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La  Sala Superior al omitir las referencias correspondientes de la  legislación comparada y la doctrina sobre la que fundamentó  su definición de entidades de auxilio mutuo, vulnera su  derecho a la defensa y causa un grave perjuicio a sus  derechos fundamentales. Asimismo, la sentencia de vista  para demostrarles que las entidades de auxilio mutuo  inafectas al impuesto a la renta únicamente pueden realizar  operaciones exclusivamente con sus asociados aportantes,  y no así con terceros, lista un conjunto de entidades de  auxilio mutuo que supuestamente cumplirían con esta  condición y que, al parecer, estarían calificadas como tal por  el Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, omite  gravemente indicar cómo es que dicha entidad del Estado  las califica, esto es, si es a través de una resolución, con la  inscripción en un registro especial o simplemente con una  designación virtual. Por otro lado, indica que se vulnera el  artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Estado,  pues el Colegiado Superior parte de dos fundamentos  contrapuestos para amparar su fallo en lo referente a la  condición de entidad afecta al impuesto a la renta: i. las  entidades de auxilio mutuo inafectas al impuesto a la renta  sólo pueden efectuar exclusivamente operaciones con sus  asociados aportantes, por lo que, no pueden realizar  operaciones con terceros; y, II. las entidades de auxilio  mutuo afectas con el impuesto a la renta son aquellas que  tengan como actividad principal actividades onerosas con  terceros. De ello se aprecia que el ad quem sustenta su fallo  en dos posturas totalmente contradictorias, pues esta seria  una entidad afecta a dicho tributo por haber operado una  sola vez con un tercero ajeno (se pierde la exclusividad con  los asociados) o porque la actividad principal son las  operaciones onerosas; por lo tanto, se ha vulnerado su  derecho a la motivación de las sentencias. b) Infracción  normativa del artículo 139 numeral 14 de la Constitución  Política del Estado y el artículo 1 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584, Decreto Supremo Nº 013- 2008-JUS. La resolución impugnada genera indefensión al  haberse agregado un punto controvertido nuevo que nunca  fue expuesto durante el proceso judicial, referido a que la  nota característica de las entidades de auxilio mutuo es que  “(…) las prestaciones otorgadas por la institución sean  dirigidas exclusivamente a sus miembros en virtud de  aportaciones efectuadas a un fondo común”, concluyéndose  que la entidad no se encuentra en la hipótesis de incidencia  de inafectación prevista en el literal d) del artículo 18 de la  Ley del Impuesto a la Renta. A su vez, indica que a pesar de  que la Sunat había delimitado durante todo el proceso  judicial su posición reconociendo que las entidades de  auxilio mutuo sí podían efectuar operaciones con terceros  (aunque equivocadamente estableciendo un límite o  aparente porcentaje que no tiene base legal) el Colegiado  emite criterio respecto a una controversia diferente a la  alegada por las partes, señalando que las entidades de  auxilio mutuo inafectas al impuesto a la renta solo pueden  operar con sus asociados aportantes; argumento sobre el  cual no ha podido ahondar en su defensa jurídica, ya que no  existía controversia respecto a determinar si las entidades  de auxilio mutuo se encontraban habilitadas a efectuar  operaciones con terceros. c) Infracción normativa del  artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal  Civil. La Sala de mérito concluye que la Sociedad Francesa  de Beneficencia no califica como una entidad de auxilio  mutuo bajo el equivocado concepto de que los únicos  beneficiados de los servicios que presta su institución deben  ser sus asociados, estando impedidos que afiliados y  terceros en general puedan recibir prestaciones médico- hospitalarias; por lo que no puede ser calificada como  entidad de auxilio mutuo, pero si como una asociación  establecida conforme al literal d) del artículo 19 de la Ley del  Impuesto a la Renta u otro tipo de asociación. Sin embargo,  la Sala no analiza si bajo dicha lógica la Sociedad Francesa  de Beneficencia podría calificar como una entidad exoneradadel impuesto a la renta. d) Infracción normativa por  aplicación indebida del artículo 18 literal d) de la Ley del  Impuesto a la Renta. A través de una lectura comparativa  del citado artículo se observa que la postura adoptada por el  Colegiado Superior para el caso de las entidades de auxilio  mutuo es ilegal, puesto que establece una condición que no  exige la norma, esto es, que las prestaciones otorgadas por  las entidades de auxilio mutuo sean dirigidas exclusivamente  a sus asociados en virtud de sus aportaciones. El Colegiado  Superior aplica indebidamente la norma material denunciada,  basándose en conceptos, doctrina y legislación comparada  respecto a los cuales no ha realizado una debida referencia  y bajo los cuales se ha establecido de manera ilegal, como  requisito para que un sujeto califique como entidad de auxilio  mutuo, que sus actividades sean realizadas exclusivamente  entre sus asociados aportantes, pese a que la norma  tributaria no establece condicionante alguno. e) Infracción  normativa del artículo 2 numeral 13 de la Constitución  Política del Estado y el artículo 80 del Código Civil. El  que actualmente su institución esté organizada como una  entidad de auxilio mutuo reconocida por el Ministerio de  Salud, no le impide que en su condición de asociación civil  tenga libertad para realizar operaciones que ayuden al  desarrollo de su objeto. Negar esto no solo sería ilegal, sino  también irrazonable e inconstitucional, pues se estaría  haciendo diferenciaciones donde la ley no las establece. El  mandato de una finalidad no lucrativa no imposibilita que la  asociación civil pueda realizar actividades económicas con  terceros ajenos, dado que, el ordenamiento jurídico no  establece limitación alguna a las sociedades civiles para que  en aras del cumplimiento de sus fines no lucrativos puedan  realizar operaciones onerosas con terceros, siempre y  cuando los excedentes que contenga sean utilizados para  sus fines o la implementación de su funcionamiento. f)  Infracción normativa del artículo 9 de la Ley Nº 27444. En  mérito a dicha norma se debe presumir la validez de los  actos administrativos, sin embargo, la Sala Superior  desconoce su calidad de entidad de auxilio mutuo,  válidamente otorgada por el Registro de Instituciones  Privadas e Internacionales de Carácter Asistencial y de  Auxilio, lo que resulta totalmente ilegal. En tal sentido, al ser  los Oficios Nº 1050-DG-DEPS-DISA.V.LC-2006, Nº 0117- 2008-DG/DEPS/DISA.V.LC, Nº 100-2011-DGSP/MINSA, Nº  423-2012-DG/DEPS/DISA.V.LC  y  Nº  4683-2012-DG- DEPROMS/DPVSYPCS-DISA.V.LC,  documentos  que  ratifican que su entidad se encuentra inscrita en el Registro  de Instituciones Privadas e Internacionales de Carácter  Asistencial y de Auxilio, que constituyen actos administrativos  emitidos válidamente por el Ministerio de Salud, son  considerados documentos públicos cuya validez y eficacia  tuvieron que ser tomados en cuenta por el Colegiado al  momento de resolver el recurso de apelación, más aún si el  Oficio Nº 1050-DG-DEPS-DISA.V.LC-2006 expresamente  reconoce que ha cumplido con sus actividades de auxilio  mutuo. g) Infracción normativa por aplicación indebida  de la Norma VIII del Título Preliminar del Código  Tributario. El Colegiado Superior considera que la Sociedad  Francesa de Beneficencia es en realidad una asociación civil  con fines asistenciales, exonerada del impuesto a la renta  (literal b del artículo 19 de la UR), y no una entidad de auxilio  mutuo inafecta (literal e del artículo 18 de la LIR). Sin  embargo, pese a esta consideración, contradictoriamente  concluye, bajo la aplicación del criterio de la realidad  económica recogido en el artículo VIII (ahora Norma XVI) del  Título Preliminar del Código Tributario, que su entidad se  encuentra sujeta a los artículos 1 y 3 de la Ley del Impuesto  a la Renta, toda vez que realiza operaciones onerosas con  terceros ajenos, comportándose en la realidad como una  clínica particular. No obstante, la citada Norma VIII resulta  aplicable en aquellos casos en que los contribuyentes  ocultan los hechos imponibles que realizan, presentando  una realidad simulada, lo cual no ha ocurrido en el presente  caso, pues no existe acto o realidad oculta; no siendo  suficiente la simple comparación con clínicas particulares  del mercado solo por el hecho de realizar operaciones con  terceros, cuando ello no es prohibido por la norma. h)  Infracción normativa por aplicación indebida de los  artículos 1 y 3 de la Ley del Impuesto a la Renta. Antes de  aplicar directamente las referidas normas, la Sala Superior  debió evaluar si en virtud del principio de realidad económica,  la Sociedad Francesa de Beneficencia califica como una  entidad exonerada del impuesto a la renta; análisis que no  realizó a pesar de contar con todos los medios probatorios e  información concerniente. 1.3. Antecedentes 1.3.1. Vía  administrativa Con fecha veinte de marzo de dos mil  catorce, se notificó a la contribuyente la Carta Nº  140011430310-01/SUNAT y los Requerimientos de números  0121140000237, 0122140002342 y 0122150000166, através de los cuales la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) inició el  procedimiento de fiscalización del cumplimiento de las  obligaciones tributarias respecto del impuesto a la renta del  ejercicio gravable dos mil diez. Posteriormente, el treinta de  abril de dos mil quince, se notificó a la contribuyente la Carta  Nº 150023489162-01 SUNAT y el Requerimiento Nº  0222150006873. Seguidamente, el tres de agosto de dos mil  quince, la SUNAT notificó a la contribuyente las Resoluciones  de Determinación Nº 024-003-0288137 a Nº 024-003- 0288149, giradas por el impuesto a la renta del ejercicio  gravable de dos mil diez. Vinculadas a estas, fueron emitidas  las Resoluciones de Multa Nº 024-002-0224986 a Nº 024- 002-0224998 por la infracción tipificada en el numeral 1 del  artículo 178 del Código Tributario. Ante ello, el treinta y uno  de agosto de dos mil quince, la contribuyente interpuso  recurso de reclamación. En atención a ello, la administración  emitió la Resolución de Intendencia Nº 0260140133157/ SUNAT, del treinta de noviembre de dos mil quince, que  declaró infundada la misma. Seguidamente, el ocho de  enero de dos mil dieciséis, la contribuyente presentó recurso  de apelación contra la Resolución de Intendencia Nº  0260140133157/SUNAT, el cual fue resuelto por el Tribunal  Fiscal mediante su Resolución Nº 05189-4-2017, del  dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que resolvió revocar  la Resolución de Intendencia Nº 0260140133157/SUNAT,  del treinta de noviembre de dos mil quince, y dejar sin efecto  las Resoluciones de Determinación Nº 024-003-0288137 a  Nº 024-003-0288149 y las Resoluciones de Multa Nº 024- 002-0224986 a Nº 024-002-0224998. 1.3.2. Demanda El  veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja once del  cuaderno  principal),  la  SUNAT  presentó  demanda  contencioso-administrativa  en la cual solicitó, como  pretensión principal, la nulidad de la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 05189-4-2017, del dieciséis de junio de dos mil  diecisiete, que dispuso revocar la Resolución de Intendencia  Nº 0260140133157/SUNAT, del treinta de noviembre de dos  mil dieciséis, y dejar sin efecto las Resoluciones de  Determinación Nº 024-003-0288137 a Nº 024-003-0288149  y las Resoluciones de Multa Nº 024-002-0224986 a Nº 024- 002-0224998. Asimismo, como pretensión accesoria, solicitó  que se ordene a dicho colegiado administrativo que emita  nueva resolución pronunciándose sobre el fondo de los  reparos efectuados por la administración tributaria y, en su  oportunidad, confirme la validez de la Resolución de  Intendencia Nº 0260140133157/SUNAT y los prenotados  valores. Indica que mediante Carta de Presentación Nº  140011430310-01 comunicó a la Sociedad Francesa de  Beneficencia el inicio de un procedimiento de fiscalización  respecto del impuesto a la renta del ejercicio dos mil diez, al  amparo del artículo 62 del Código Tributario. En el  procedimiento de fiscalización, le requirió que sustentara por  escrito de acuerdo a la normatividad vigente por qué no  había gravado con el impuesto a la renta las operaciones  realizadas en el ejercicio dos mil diez, respecto a las  prestaciones de servicio médico-hospitalario a los afiliados a  programas y por atenciones directas, entre otros ingresos, a  pesar de que aquellos se encontraban gravados con el  referido tributo. Asimismo, se le solicitó que explicara por  qué no había incluido en la determinación de dicho impuesto  los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de  salud en el país, los que eran prestados a título oneroso y  eran similares a los de carácter comercial y calificaban como  renta de tercera categoría. Manifiesta que, como resultado  de dicha fiscalización, la SUNAT concluyó que la Sociedad  Francesa de Beneficencia no se encontraba inafecta al  impuesto a la renta, dado que, si bien es cierto tiene la  nominación de entidad de auxilio mutuo, no menos verdad  es que los servicios de salud que brinda son prestados a sus  socios y a terceros a través de diversos programas de salud,  esto es, no constituye una organización que presta ayuda o  asistencia en forma recíproca a sus asociados. En tal  sentido, se determinaron reparos a la base imponible de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos de  enero a diciembre de dos mil diez y reparos a la base  imponible del impuesto a la renta por el ejercicio dos mil  diez. 1.3.3. Sentencia de primera instancia El Vigésimo  Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera  de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada  la  demanda  argumentando  lo  siguiente:  DÉCIMO  SEGUNDO.- […] ha quedado demostrado que los ingresos  de la codemandada no son generados como producto de  algún tipo de actividad empresarial o lucrativa (renta de  tercera categoría) puesto que sus actividades son de  carácter asistencial y de auxilio mutuo. Siendo ello así, la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 05189-4-2017 del dieciséis  de junio de dos mil diecisiete, que revocó la Resolución deIntendencia Nº 0260140133157/SUNAT del treinta de  noviembre de dos mil quince, que declaró infundada la  reclamación  formulada  contra  la  Resolución  de  Determinación N° 024-003-0288137 emitida por el impuesto  a la Renta del ejercicio dos mil diez, las Resoluciones de  Determinación N° 024-003-0288137 a 024-003-0288149  emitidas por el Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil diez  y, las Resoluciones de Multa Nº 024-002-0224986 a 024- 002-0224998 emitidas por la infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178º del TUO del Código Tributario,  no incurre en la causal de nulidad prevista y sancionada  por el numeral 1 del artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del  Procedimiento Administrativo General, razón por la que  corresponde  declarar  infundada  la  demanda.  1.3.4.  Sentencia de vista La Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió  revocar la sentencia y, reformándola, declaró fundada la  demanda, decisión adoptada a mérito a los siguientes  argumentos: Sexto: […] se tiene que independientemente  de lo previsto en su Estatuto u otro instrumento de índole  formal, es de constatarse que la Sociedad Francesa de  Beneficencia tiene como actividad principal la prestación de  servicios médico-hospitalarios a terceros de manera  onerosa, actuando en los hechos como cualquier clínica  particular del mercado; por tanto, le es de aplicación el  artículo 1 º de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece  que tal tributo grava las rentas que provienen del capital,  trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, así  como el artículo 3 de dicha normativa, que señala que se  considera renta gravada de las empresas, a cualquier  ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros,  máxime si no existiendo supuesto de inafectación aplicable  a la codemandada, se advierte con claridad que la actividad  central que realiza es de naturaleza empresarial. Tal  afirmación se corrobora con la información que consta en el  Anexo  01-A  del  Resultado  del  Requerimiento  Nº  0222150006873 (folios 533 del Tomo II del expediente  administrativo), en la que se manifiesta que en el ejercicio  2010 los ingresos de la Sociedad Francesa de Beneficencia  ascendieron a S/ 107’ 707, 120.00, siendo que el monto  ejecutado en su Programa Anual de Beneficencia fue de S/  1’ 572, 614.73, lo que demuestra que el monto dinerario  destinado a fines benéficos es porcentualmente poco  significativo con relación a los ingresos totales. Nótese  además que los conceptos involucrados en este último  monto corresponden a actividades de carácter benéfico y/o  de asistencia social, lo que ratifica que la Sociedad Francesa  de Beneficencia no realiza actos característicos de una  entidad de auxilio mutuo, sino acciones benéficas y  asistenciales, supuesto que está contemplado en la Ley del  Impuesto a la Renta, en todo caso, como un caso de  exoneración (artículo 19-b) pero no de inafectación. En este  punto conviene subrayar que si bien las entidades de auxilio  mutuo carecen de definición legal en nuestro ordenamiento  jurídico, no por ello puede desconocerse que su  denominación y naturaleza provienen de una larga y pacífica  tradición en materia de personas jurídicas sin fines de lucro,  entre las cuales se incluyen las fundaciones, las asociaciones  civiles y las propias entidades de auxilio mutuo que, como se  ha mencionado anteriormente, se originan de manera  específica en el denominado movimiento mutualista. De  modo que no tiene sustento considerar a una asociación civil  como entidad de auxilio mutuo por la sola circunstancia de  realizar actividades benéficas y/o de asistencia social, pues  éstas últimas se vinculan con supuestos de exoneración del  impuesto, distintos al caso de inafectación de la primera, lo  cual además vulneraría el segundo párrafo del artículo VIII  del Título Preliminar del Código Tributario que prohíbe vía  interpretación concederse exoneraciones a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley. II.  CONSIDERANDOS Primero: De esta manera, atendiendo a  los fundamentos del recurso de casación respecto de la  sentencia de vista, corresponde a esta Sala Suprema  analizar las infracciones normativas denunciadas en forma  integral y determinar si corresponde anular o revocar la  resolución recurrida. A propósito de ello, corresponde  mencionar, de manera preliminar, que la finalidad del recurso  de casación es la adecuada aplicación del derecho objetivo  al caso concreto sometido al conocimiento de los órganos  jurisdiccionales, así como garantizar la uniformidad de la  jurisprudencia nacional emitida por la Corte Suprema de  Justicia de la República, tal y conforme se prescribe en el  artículo 3841 del Código Procesal Civil2. Al respecto, la  Casación Nº 3157-2013/Lima3, menciona lo siguiente: La  casación constituye un medio impugnatorio extraordinario,  concedido al justiciable a fin de que pueda solicitar al  máximo órgano de justicia el examen de la decisión dictadapor los jueces de mérito. Se dice que es extraordinario, pues  la Ley lo admite excepcionalmente, esto es, al agotarse la  impugnación ordinaria a fin de satisfacer finalidades  limitadas como observar la correcta aplicación del derecho  objetivo al caso concreto, es decir, la Corte de Casación solo  puede pronunciarse sobre los errores de derecho, más no  respecto de los hechos y las pruebas […] Segundo: La  controversia gira en torno a establecer si la demandada  Sociedad Francesa de Beneficencia es una entidad de  auxilio mutuo que se encuentra inafecta al pago del impuesto  a la renta de tercera categoría por haberse constituido como  asociación civil sin fines de lucro que realiza actividades  económicas gravables. Análisis de las causales Tercero:  Corresponde emitir pronunciamiento con relación a las  infracciones descritas en los literales a, b, c, d, e, f, g y h del  numeral 1.2.2 del recurso de casación interpuesto por la  Sociedad Francesa de Beneficencia, las cuales deben ser  analizadas de forma conjunta, ya que se encuentran  directamente relacionadas con un mismo aspecto: la debida  motivación y la inaplicación de diversas normativas que  señalarían que dicha institución sí está comprendida dentro  de los supuestos invocados para la exoneración de los  impuestos a la renta del ejercicio dos mil diez. A fin de  analizar las referidas causales, es necesario citar la  normativa invocada por la recurrente: Constitución Política  del Estado Artículo 2.- Derechos fundamentales de la  persona Toda persona tiene derecho: […] 13. A asociarse y  a constituir fundaciones y diversas formas de organización  jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con  arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución  administrativa. Artículo 139.- Principios de la Administración  de Justicia Son principios y derechos de la función  jurisdiccional: […] 3. La observancia del debido proceso y la  tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada  de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni  juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por  comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su  denominación. 5. La motivación escrita de las resoluciones  judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de  mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. […] 14. El  principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún  estado del proceso. Toda persona será informada  inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su  detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con  un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde  que es citada o detenida por cualquier autoridad. […] Ley  Orgánica del Poder Judicial Artículo 12.- Todas las  resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son  motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los  fundamentos en que se sustentan, pudiendo estos  reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia,  al absolver el grado. […] Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo Artículo 1.- Finalidad La acción contencioso  administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución  Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder  Judicial de las actuaciones de la administración pública  sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los  derechos e intereses de los administrados. Para los efectos  de esta Ley, la acción contencioso administrativa se  denominará proceso contencioso administrativo. […] Código  Civil Artículo 80.- Noción La asociación es una organización  estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que  a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo.  Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  Artículo 9.- Presunción de validez Todo acto administrativo  se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea  declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional,  según corresponda. Código Tributario NORMA VIII:  INTERPRETACION DE NORMAS TRIBUTARIAS […] En vía  de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse  sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley. Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo Nº 179-2004- EF) Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava: a) Las rentas  que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación  conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales  aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible  de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital.  c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos  por esta Ley. d) Las rentas imputadas, incluyendo las de  goce o disfrute, establecidas por esta Ley. Están incluidas  dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes:  1) Las regalías. 2) Los resultados de la enajenación de: (i)  Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización olotización. (ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen  de propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o  edificados, total o parcialmente, para efectos de la  enajenación. 3) Los resultados de la venta, cambio o  disposición habitual de bienes. […] Artículo 18.- No son  sujetos pasivos del impuesto: […] d) Las entidades de auxilio  mutuo. Debemos considerar que uno de los pilares de la  actividad recaudadora del Estado se sustenta en el principio  constitucional denominado “deber de contribuir”, estipulado  en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, el  cual precisa que: “Todos los peruanos tienen el deber de  honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así  como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el  ordenamiento jurídico de la Nación”. Al respecto, el  fundamento jurídico 156 de la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 000050-2004-AI/ TC, indica que: En efecto, es preciso dejar a un lado la  errónea tesis conforme a la cual la Administración Pública se  encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas por  las entidades de gobierno, sin poder cuestionar su  constitucionalidad. El artículo 38° de la Constitución es  meridianamente claro al señalar que todos los peruanos (la  Administración incluida desde luego) tienen el deber de  respetarla y defenderla. Sobre el derecho a la libertad de  asociación, la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº  1027-2004-AA/TC, de fecha veinte de mayo de dos mil  cuatro y publicada el diecinueve de julio de dos mil cuatro,  en el segundo y tercer fundamento, establece lo siguiente: 2.  En efecto, así como la persona humana tiene derecho de  desarrollar libremente su actividad individual para alcanzar  los medios que se ha propuesto, tiene también el atributo de  unirse con algunos o muchos de sus semejantes para  satisfacer los intereses comunes de carácter político,  económico, religioso, gremial, deportivo o de cualquier otra  índole que determinen sus conductas en mutua interferencia  subjetiva. Entre los principales principios que sustentan el  reconocimiento y goce de este derecho se reconoce a los  tres siguientes: a) El principio de autonomía de la voluntad  Esta pauta basilar plantea que la noción y pertenencia o no  pertenencia a una asociación se sustentan en la  determinación personal. b) El principio de autoorganización  El cual permite encauzar el cumplimiento de los fines y  demás  actividades  derivadas  de  la  Constitución  y  funcionamiento de una asociación de la manera más  conveniente a los intereses de las personas adscritas a ella.  En ese sentido, el estatuto de la asociación debe contener  los objetivos a alcanzarse conjuntamente, los mecanismos  de ingreso y egreso, la distribución de cargos y  responsabilidades, las medidas de sanción, etc. c) El  principio de fin altruista Enuncia que los objetivos que  permitan aunar voluntades en una misma dirección se  caracterizan por el desapego a la obtención de ventajas o  beneficios económicos. En ese sentido, la finalidad  asociativa no puede sustentarse en la expectativa de  obtención de ganancias, rentas, dividendos o cualquier otra  forma de acrecentamiento patrimonial de sus integrantes.  Para tal efecto, se acredita la presunción de utilidad en torno  al objetivo que nuclea la organización asociativa. […] 3.  Ahora bien, la prescripción de una finalidad lucrativa no  impide que la asociación pueda realizar actividades  económicas; ello en la medida en que, posteriormente, no se  produzcan actos de reparto directo o indirecto entre los  miembros de la asociación. En consecuencia, dicho principio  no riñe con políticas de obtención de ingresos económicos  destinados a la consecución del fin asociativo. […]. Cuarto:  Para efectos de resolver el presente caso, esta Sala  Suprema considera pertinente incluir en el análisis las  disposiciones citadas a continuación: Es pertinente tener en  consideración el artículo 16 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos4, el cual establece: Artículo 16.  Libertad de Asociación 1. Todas las personas tienen derecho  a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos,  políticos,  económicos,  laborales,  sociales,  culturales,  deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal  derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas  por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática,  en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del  orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas  o los derechos y libertades de los demás. [...] De igual  manera, lo estipulado en el numeral 13 del artículo 2 de la  Constitución Política del Perú es: Toda persona tiene  derecho: […] 13. A asociarse y a constituir fundaciones y  diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro,  sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser  disueltas por resolución administrativa. […] El artículo 38 de  la Constitución Política del Estado establece lo siguiente:  Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de  proteger los intereses nacionales, así como de respetar,cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico  de la Nación. Asimismo, el artículo 74 de la Constitución  Política señala que: Los tributos se crean, modifican o  derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente  por ley o decreto legislativo en caso de delegación de  facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan  mediante decreto supremo. […] Quinto: Ahora bien, en lo  que respecta a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, corresponde partir de lo establecido por el Tribunal  Constitucional con relación a la debida motivación, como  aspecto contenido dentro de la figura del debido proceso,  conforme lo ha desarrollado en su sentencia del Expediente  Nº 01230-2002-HC/TC: 11. Uno de los contenidos del  derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los  órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y  congruente con las pretensiones oportunamente deducidas  por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia  de que las decisiones judiciales sean motivadas en  proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la  Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera  sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso  mental que los ha llevado a decidir una controversia,  asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar  justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero  también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del  derecho de defensa de los justiciables. La Constitución no  garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo  que su contenido esencial se respeta siempre que exista  fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo  resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación  de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se  presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco  garantiza que, de manera pormenorizada, todas las  alegaciones que las partes puedan formular dentro del  proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y  detallado. En materia penal, el derecho en referencia  garantiza que la decisión expresada en el fallo sea  consecuencia de una deducción razonable de los hechos del  caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas  en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que  el  razonamiento  empleado  guarde  relación  y  sea  proporcionado y congruente con el problema que al juez  penal corresponde resolver. A fin de analizar lo alegado por  la recurrente, es necesario citar lo establecido por la Sala  Superior sobre el punto en cuestión: Quinto: Como ha  quedado establecido la Sociedad Francesa de Beneficencia,  de acuerdo a las actividades que realiza, no es una entidad  de auxilio mutuo, siendo además que su inscripción en el  Registro  de  Instituciones  Privadas  Nacionales  e  Internacionales de carácter Asistencial y de Auxilio, tampoco  acredita dicha condición pues la normativa que sustenta tal  Registro no regula a las entidades de auxilio mutuo. […]  Sexto: […] es de constatarse que la Sociedad Francesa de  Beneficencia tiene como actividad principal la prestación de  servicios médico-hospitalarios a terceros de manera  onerosa, actuando en los hechos como cualquier clínica  particular del mercado; por tanto, le es de aplicación el  artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece  que tal tributo grava las rentas que provienen del capital,  trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, así  como el artículo 3º de dicha normativa, que señala que se  considera renta gravada de las empresas, a cualquier  ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros,  máxime si no existiendo supuesto de inafectación aplicable  a la codemandada, se advierte con claridad que la actividad  central que realiza es de naturaleza empresarial. […] De  modo que no tiene sustento considerar a una asociación civil  como entidad de auxilio mutuo por la sola circunstancia de  realizar actividades benéficas y/o de asistencia social, pues  éstas últimas se vinculan con supuestos de exoneración del  impuesto, distintos al caso de inafectación de la primera, lo  cual además vulneraría el segundo párrafo del artículo VIII  del Título Preliminar del Código Tributario que prohíbe vía  interpretación concederse exoneraciones a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley. Al respecto,  uno de los principales componentes del derecho al debido  proceso se encuentra constituido por el denominado derecho  a la motivación, consagrado por el inciso 5 del artículo 139  de la Constitución Política del Estado, por el cual se garantiza  a las partes involucradas en la controversia el acceso a una  respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente  sustentada en argumentos que justifiquen lógica y  razonablemente —con base en los hechos acreditados en el  proceso y al derecho aplicable al caso— la decisión  adoptada. La Sala Superior ha motivado y justificado su  decisión concluyendo que la Sociedad Francesa de  Beneficencia no realiza actos característicos de una entidad  de auxilio mutuo, sino de acciones benéficas y asistenciales,lo que supondría que estamos ante una exoneración, hecho  contemplado en el numeral b del artículo 19 de la Ley del  Impuesto a la Renta. En ese sentido, no corresponde  considerar a una asociación civil como una entidad de auxilio  mutuo por el solo hecho de realizar actividades benéficas y/o  asistencia social, y una asociación civil se vincula a  supuestos de exoneración al impuesto, distinto al caso de  inafectación. Sexto: Es necesario citar lo estipulado en el  artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta: Artículo 1.- El Impuesto a la Renta grava: a) Las  rentas que provengan del capital, del trabajo y de la  aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como  tales aquellas que provengan de una fuente durable y  susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias  de capital. c) Otros ingresos que provengan de terceros,  establecidos por esta Ley. d) Las rentas imputadas,  incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley.  Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a),  las siguientes: 1) Las regalías. 2) Los resultados de la  enajenación de: (i) Terrenos rústicos o urbanos por el  sistema de urbanización o lotización. (ii) Inmuebles,  comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal,  cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o  parcialmente, para efectos de la enajenación. 3) Los  resultados de la venta, cambio o disposición habitual de  bienes. De acuerdo con la disposición citada, existen dos  escenarios en los que un sujeto se constituye como  contribuyente. El primero es cuando desarrolla actividad  empresarial, y el segundo, cuando, a pesar de no realizar  dicho tipo de actividad, sí realiza de forma habitual las  operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación  del impuesto. Es decir, el impuesto a la renta está orientado  a gravar en general las rentas o beneficios económicos que  perciben las personas naturales o jurídicas provenientes del  capital, del trabajo, o de ambos, según la categorización  correspondiente. Ahora bien, de los desarrollos conceptuales  en torno al impuesto a la renta, se ha asimilado a la empresa  como el producto del capital y el trabajo, y la han establecido  como fuente productora de rentas. Así, resulta ilustrativo lo  indicado por García Mullín5, quien sostiene que: En un  mayor grado de amplitud conceptual, pero siempre  manteniéndose dentro del criterio de la renta producto, se ha  postulado el principio de la empresa como fuente. Dicho de  otro modo, se sostiene que la fuente productora de las  rentas no es la aplicación conjunta de capital y trabajo, sino  la empresa que resulta de esa aplicación. Aquello ha sido  plasmado en la normativa del impuesto a la renta, como se  aprecia en el literal a del artículo 1 de la Ley del Impuesto a  la Renta, donde se contempla que: “El Impuesto a la Renta  grava […] a) Las rentas que provengan del capital, del  trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores,  entendiéndose como tales aquellas que provengan de una  fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos”.  A partir de lo expuesto, se concluye que la empresa es el  resultado de la aplicación conjunta de capital y trabajo, y las  actividades que de ella se derivan serían las actividades  empresariales, las cuales producen rentas de tercera  categoría. En tal sentido, corresponde mencionar que el  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta  regula dos exenciones tributarias: la inafectación y la  exoneración, mediante las cuales, por mandato de la ley,  una persona natural o jurídica queda exenta del pago del  impuesto, lo que no limita que deba de cumplir con los  requisitos legales establecidos en la misma ley u otras  normas jurídicas. La inafectación está regulada en el artículo  18 de la Ley del Impuesto a la Renta mientras la exoneración  está regulada en el artículo 19 de la misma ley. De las  definiciones encontradas sobre inafectación y exoneración,  se tiene lo fundamentado por el Tribunal Constitucional en  su Sentencia Nº 06403-2006-PA/TC, de fecha quince de  noviembre de dos mil siete, publicada el uno de setiembre  de dos mil ocho, cuyo fundamento 23 establece lo siguiente:  […] En ese sentido, es preciso recordar que dentro de las  exenciones tributarias, las más comunes son la Exoneración  y la inafectación. a. Exoneración: En este caso, tal como lo  ha señalado el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 559-4-97,  “[…] el término “exoneración” se refiere a que, no obstante  que la hipótesis de incidencia prevista legalmente se  verifica en la realidad, es decir, que se produce el hecho  imponible, éste por efectos de una norma legal no da  lugar al nacimiento de la obligación tributaria, por  razones de carácter objetivo o subjetivo”. […] b.  Inafectación: La inafectación implica la no sujeción de un  determinado hecho a cargas tributarias. En ese sentido,  jamás nació el hecho imponible, ni nunca ocurrió en el plano  factico la hipótesis de incidencia. En la Resolución del  Tribunal Fiscal a la que hacemos referencia en el literal  anterior, se señaló respecto a ese tema lo siguiente: “[…] la“inafectación” se refiere a una situación que no ha sido  comprendida dentro del campo de aplicación del tributo,  es decir, que está fuera porque no corresponde a la  descripción legal hipotética y abstracta del hecho  concreto […]” […] De ello, se concluye que ambas son  exenciones tributarias dispuestas por la ley, con la  particularidad de que la inafectación es aquella exención  surgida cuando el hecho fáctico no encuadra o no está  comprendido en el supuesto de hecho de la ley como hecho  generador del tributo, lo que implica que no existe una  obligación tributaria, toda vez que el hecho está excluido de  la hipótesis de incidencia tributaria dispuesta en la ley  porque la misma lo dispuso así; mientras que la exoneración  es aquella exención tributaria en la que el hecho fáctico es  un hecho imponible porque encuadra o está comprendido en  el supuesto de hecho de la ley como hecho generador del  tributo, sin embargo, a pesar que no está excluido de la  hipótesis de incidencia tributaria dispuesta en la ley, la  misma la sustrae del supuesto de hecho por un tiempo  determinado, que puede ser prorrogable por mandato de la  ley, de tal manera que no da lugar a la existencia de una  obligación tributaria. Séptimo: La entidad de auxilio mutuo  se encuentra inafecta al impuesto a la renta El inciso d del  artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta menciona que: “No son sujetos pasivos del  impuesto: […] d) Las entidades de auxilio mutuo”. Asimismo,  el artículo 80 del Código Civil establece: “La asociación es  una organización estable de personas naturales o jurídicas,  o de ambas, que a través de una actividad común persigue  un fin no lucrativo”. La entidad de auxilio mutuo no es un  sujeto pasivo del impuesto a la renta (no es contribuyente y  por tanto está inafecto al impuesto a la renta), como se  desprende de las normas citadas. Asimismo, es pertinente  señalar que el derecho a la libertad de asociación reconocida  en el inciso 13 del artículo 2 de la Constitución Política del  Estado, consiste en el derecho de desarrollar libremente el  atributo de asociarse con sus semejantes para satisfacer  intereses afines de carácter político, económico, religioso,  gremial, deportivo o de cualquier otra índole sustentado en  el principio de autonomía de la voluntad, el principio de la  auto organización y el principio de fin altruista. No obstante,  eso no limita que la asociación así constituida pueda realizar  actividades económicas, ello en la medida en que no se  produzcan actos de reparto directo o indirecto entre los  miembros de la asociación y que dichos ingresos sean  destinados al auxilio mutuo o a cualquier finalidad no  lucrativa dispuesta en su estatuto. En el presente caso, se  cuestiona la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05189-4- 2017, del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que dispuso  revocar la Resolución de Intendencia Nº 0260140133157/ SUNAT, del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que  declaró infundada la reclamación interpuesta contra las  resoluciones de determinación giradas por el impuesto a la  renta del ejercicio dos mil diez y los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de enero a diciembre de dos mil diez, así  como las resoluciones de multa giradas por la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código  Tributario, con lo cual se dejó sin efecto los valores, al  haberse establecido que la Sociedad Francesa de  Beneficencia es una entidad de auxilio mutuo y, por lo tanto,  se encuentra inafecta al impuesto a la renta. Octavo: En el  presente caso, la Sociedad Francesa de Beneficencia  califica como entidad de auxilio mutuo y asistencia social,  como se ha establecido en su propio estatuto6, el cual  citamos a continuación: Artículo 1: La Sociedad Francesa de  Beneficencia (SFB) es una Entidad de Auxilio Mutuo y  Asistencia Social, constituida bajo la forma de una Asociación  de carácter civil y sin fines de lucro […]. Artículo 3: La  Sociedad Francesa de Beneficencia tiene por objeto principal  procurar servicios asistenciales y de salud accesibles a la  población peruana, de forma gratuita o a través de  aportaciones que estén al alcance de las grandes mayorías  en el ámbito de la actividad médico hospitalaria, así como  los ciudadanos franceses y sus descendientes […]. Artículo  6: La ayuda, asistencia y servicios que se refiere el artículo  3 consistirán principalmente: a) Proporcionar asistencia  médico – hospitalaria de beneficencia en los Centros  Hospitalarios y Clínicas de su propiedad o en cualquier otra  institución de salud que requiera casos especiales […], b)  Prestar servicios médicos hospitalarios a través de sistemas,  programas, planes o cualquier otro mecanismo […], c)  Proporcionar ayuda económica o material de acuerdo a las  normas y procedimientos vigentes […]. Artículo 93: Siendo la  Sociedad Francesa de Beneficencia una Asociación de  Auxilio Mutuo y de Asistencia Social que no persigue fines  de lucro, los beneficios que se obtengan por cualquier  concepto se dedicarán exclusivamente al sostenimiento y  mejoramiento de su infraestructura, de sus serviciosasistenciales, y de su acción de ayuda y socorro en general.  En ese sentido, la Sociedad ha sido constituida como una  entidad de auxilio mutuo cuyo objeto es procurar servicios  asistenciales y de salud accesibles a la población peruana,  de forma gratuita o a través de aportaciones que estén al  alcance de las grandes mayorías en el ámbito de la actividad  médico-hospitalaria, así como a los ciudadanos franceses y  sus descendientes en caso de probada necesidad. También  podrá ser promotora de actividades de tipo socioeconómico  a fin de generar recursos necesarios, que serán destinados  a la consecución de sus objetivos; lo cual está corroborado  por la Resolución Ministerial Nº 0001-82-SA/DGSS, de fecha  trece de enero de mil novecientos ochenta y dos, y Oficio Nº  099-2011-DGPS/MINSA, del veintiocho de febrero de dos  mil once, que certifican que la Sociedad Francesa de  Beneficencia cumple con sus actividades de carácter  asistencial y de auxilio. Adicionalmente, debe destacarse  que, mediante resolución ministerial del trece de enero de  mil novecientos ochenta y dos, emitida por el Ministerio de  Salud, se inscribió a la Sociedad Francesa de Beneficencia  en el Registro de Instituciones Privadas Nacionales e  Internacionales de Carácter Asistencial y de Auxilio, con lo  que se le reconoce como una institución de carácter  asistencial. Con lo cual, la entidad calzaría como una entidad  inafecta del impuesto a la renta, de conformidad con el literal  d del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, según el  cual: “No son sujetos pasivos del impuesto […] Las entidades  de auxilio mutuo”. Como consecuencia de que el legislador  ha establecido expresamente que dicha entidad está  inafecta, esta se encuentra fuera del ámbito del impuesto  para todo efecto. Por lo tanto, los ingresos que esta llegara  a generar no calzan dentro de ninguna de las categorías  previstas en el artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta7.  De esta forma, las actividades empresariales que en el  presente caso podría haber realizado la Sociedad Francesa  de Beneficencia, por medio de la Clínica Maisón de Santé,  no calificarían como operaciones gravables con el impuesto  a la renta de tercera categoría, ya que dicha entidad se  encuentra fuera del ámbito gravable del tributo en cuestión  por expreso mandato del legislador. Sobre el particular, la  Sala Superior menciona en el considerando séptimo, lo  siguiente: Séptimo: Así las cosas, resulta irrelevante  verificar si la Sociedad Francesa de Beneficencia distribuye  o no sus ingresos entre sus asociados, pues tal aspecto no  es materia de debate; por el contrario, existe consenso en la  doctrina que las asociaciones civiles están impedidas de  efectuar tal distribución en razón de la ausencia de finalidad  de lucro, lo cual está en concordancia con el artículo 80° del  Código Civil, por lo demás, no existe prueba que ello haya  sucedido en el caso de autos. Asimismo, el impedimento de  distribución de resultados es una prohibición establecida en  el inciso b) del artículo 19° de la Ley del Impuesto a la Renta,  que contempla la exoneración de las rentas de las  fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, siendo que la  controversia en este proceso radica en dilucidar si la  Sociedad Francesa de Beneficencia es una entidad de  auxilio mutuo, y por tanto, inafecta. Son dos cuestiones  distintas. Tampoco corresponde discutir si la Sociedad  Francesa de Beneficencia o en general una asociación civil  sin fines de lucro puede realizar actividades económicas; es  claro que sí puede desarrollar actividades de esa naturaleza  siempre y cuando destine los resultados de las mismas a la  consecución de su objeto social, condición que igualmente  se encuentra contemplada en el inciso b) del artículo 19 de  la Ley del Impuesto a la Renta, resultando pertinente reiterar  que el debate se centra en determinar si dicha codemandada  está en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 18 de  la Ley del Impuesto a la Renta. Al respecto, se aprecia del  Estatuto de la sociedad que existen 6 categorías de  asociados: a) asociados honorarios, están exentos del pago  de cuotas sociales; b) asociados transeúntes diplomáticos,  c) asociados transeúntes, d) asociados benefactores, e)  asociados activos y f) asociados activos de mérito. Todos  ellos pagan una aportación y obtienen descuentos —entre  otros beneficios— que les otorga la Sociedad conforme lo  dispone su estatuto, de tal manera que los asociados al  realizar dicho aporte reciben ayuda o beneficios a través de  servicios asistenciales y de salud. Ahora bien, la Sala  Superior fundamenta que las entidades se dedican a la  prestación de servicios de salud tanto a asociados como a  terceros no asociados, no están comprendidas dentro de la  definición de “auxilio mutuo” prevista en el inciso d del  artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta. Sobre el  particular, se debe mencionar que el inciso d del artículo 18  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta  no hace alguna alusión expresa en su texto normativo sobre  tal limitación referida a que las entidades de auxilio mutuo no  pueden ser consideradas como tales si prestan servicios desalud a terceros no asociados; por tanto, es errado afirmar  que una entidad de auxilio mutuo deja de ser tal por prestar  servicios a terceros no asociados. Al respecto, como se ha  establecido en los considerandos precedentes, de lo alegado  por la recurrente, se ha llegado a la conclusión de que la  sociedad es una entidad de auxilio mutuo inafecta al  impuesto a la renta; por tanto, se encuentra excluida de la  hipótesis de incidencia tributaria de conformidad al inciso d  del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta, lo que sí ha sido advertido por el  Tribunal Fiscal, al resolver que la Sociedad es una entidad  de auxilio mutuo. Por todo lo expuesto, corresponde declarar  fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada  Sociedad Francesa de Beneficencia. Noveno: Respecto a la  infracción invocada por el Tribunal Fiscal en el literal a del  punto 1.2.1. de la presente ejecutoria suprema, sostiene el  colegiado administrativo que la Sala de mérito desconoce  los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de la  República, en donde la empresa demandada tiene la  condición de ser una entidad de auxilio mutuo, por lo que se  encuentra inmersa dentro de lo regulado en la mencionada  norma denunciada. Se debe tener en cuenta que la Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  República  ha  emitido  pronunciamiento en varias casaciones, como las de los  números 1166-2014 Lima, 3556-2014 Lima y 12098-2014  Lima, mediante las cuales ha determinado que la Sociedad  es una entidad que se encuentra inafecta al impuesto a la  renta por constituir una entidad de auxilio mutuo, pues el  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las  Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo  Nº 005-99-EF), en el numeral 9.1 del artículo 9 establece  que cuando se alude a aquellos que ejercen la opción sobre  atribución de rentas previstas en las normas que regulan el  impuesto a la renta, se está refiriendo solo a aquellos que  son considerados contribuyentes del impuesto a la renta, y  por ende estarían afectos también al impuesto general a las  ventas. Entonces, el numeral 9.1. es aplicable únicamente  para aquellos que realicen actividad empresarial (siendo o  no empresas propiamente dichas), y que a su vez sean  contribuyentes del impuesto a la renta, supuesto dentro del  cual no encaja la situación de la Sociedad Francesa de  Beneficencia, la cual realiza actividad empresarial, pero  como medio para alcanzar sus fines de auxilio social.  Décimo: Por lo tanto, al advertirse que la instancia de mérito  revocó la sentencia apelada y, reformándola, declaró  fundada la demanda de la SUNAT bajo el criterio de que la  Sociedad Francesa de Beneficencia no es una entidad de  auxilio mutuo, sino de acciones benéficas y asistenciales  (caso de exoneración), hecho contemplado en el literal b del  artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, sin tomar en  cuenta los diversos pronunciamientos por parte de la Corte  Suprema de Justicia de la República así como del Tribunal  Fiscal, corresponde declarar fundado el recurso de casación  interpuesto por el Tribunal Fiscal. III. DECISIÓN Por estas  consideraciones y de conformidad con el artículo 397 del  Código Procesal Civil, DECLARARON FUNDADO el recurso  de casación interpuesto por la parte demandada, el  Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, del veintinueve de enero de dos mil veinte  (foja quinientos setenta y nueve del cuaderno principal), y  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la  demandada Sociedad Francesa de Beneficencia, del treinta  de enero de dos mil veinte (foja seiscientos cincuenta y dos  del cuaderno principal). En consecuencia, CASARON la  sentencia de vista emitida por la Sétima Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, del seis de enero de dos mil veinte (foja  quinientos cuarenta y tres del cuaderno principal), que  revocó la sentencia apelada y, reformándola, declaró  fundada la demanda; y, actuando en sede de instancia,  CONFIRMARON la sentencia apelada, emitida por el  Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo con  Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, contenida en la  resolución ocho, de fecha veintinueve de mayo de dos mil  dieciocho,  que  declaró  infundada  la  demanda;  y  ORDENARON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por  la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración  Tributaria contra la Sociedad Francesa de Beneficencia y el  Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Barra  Pineda. SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO.1  Código Procesal Civil  Artículo 384.- Fines de la casación  El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo  al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia. 2  Publicado en el diario oficial El Peruano el veintidós de abril de novecientos  noventa y tres 3  Publicada en el diario oficial El Peruano el treinta de junio de dos mil dieciséis 4  Llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, acordado y firmado en la Convención  realizada en San José, Costa Rica del siete al veintidós de noviembre de mil  novecientos sesenta y nueve. 5  GARCÍA MULLIN, Roque. Impuesto sobre la renta: Teoría y técnica del impuesto.  Santo Domingo, Instituto de Capacitación Tributaria de la Secretaría de Estado de  Finanzas de República Dominicana, 1980; p. 27. 6  Aprobados el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve en Asamblea  General Extraordinaria; modificados el treinta de marzo de dos mil, el veintiséis de  marzo de dos mil cuatro, y el treinta y uno de marzo de dos mil seis. 7  Artículo 22.- Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se  califican en las siguientes categorías:  a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión  de bienes.  b) Segunda: Rentas del capital no comprendidas en la primera categoría.  c) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas  por la Ley.  d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente.  e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del  trabajo independiente expresamente señaladas por la ley. C-2136204-11