CASACIÓN Nº 7903-2019 LIMA
Sumilla: La interpretación de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario —que prohíbe crear tributos,  establecer sanciones, conceder exoneraciones, o extender  las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos  de los señalados en la ley, en vía de interpretación— supone  observar los siguientes requisitos:a) La interpretación de esta disposición normativa debe  efectuarse en concordancia con el principio constitucional  de reserva de la ley desarrollado por la norma IV del título  preliminar del Código Tributario y por el propio Tribunal  Constitucional, en cuanto la potestad de crear tributos,  sanciones o la extensión de disposiciones tributarias es una  atribución que debe ser ejercida por el Poder Legislativo  (directamente o mediante delegación) y no por el Poder  Judicial a través de una actividad interpretativa. b) Esta disposición normativa prohibitiva reduce la actividad  interpretativa del órgano jurisdiccional a efectos de proscribir  aquellas técnicas que permitan la creación de tributos en vía  de interpretación. En esta medida, se proscriben algunas  técnicas para construir normas implícitas, como el argumento  a contrario, la analogía, el argumento a fortiori. c) Debemos asumir también, aun cuando no esté directamente  vinculado al proceso o al acto de la interpretación de una  disposición normativa, que a través de la idea de la creación  judicial del derecho en los casos de conflictos normativos  y/o de lagunas normativas, no pueden crearse tributos,  establecer sanciones, conceder exoneraciones o extender las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley. Lima, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTOS Los recursos  extraordinarios de casación interpuestos por la parte  demandante Terpel Aviación del Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada (antes Exxonmobil Aviación Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada), del cinco de  febrero de dos mil diecinueve (folios 587-621 del Expediente  Judicial Electrónico Nº 05401-2018-0-1801-JR-CA-20); por  el codemandado Tribunal Fiscal (mediante el Procurador  Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas), del trece de febrero de  dos  mil  diecinueve  (folios  672-689);  y  por  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria - SUNAT (mediante su Procuraduría Pública), del  catorce de febrero de dos mil diecinueve (folios 691-731),  contra la sentencia de vista emitida por la Sétima Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número  veintiuno, del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve  (folios 561-585), que confirmó la sentencia apelada,  mediante resolución número once, del once de setiembre  de dos mil dieciocho (folios 331-352), que declaró fundada  en parte la demanda. II. ANTECEDENTES Demanda 1. El  veintidós de mayo de dos mil dieciocho, Terpel Aviación Del  Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada (antes  Exxonmobil Aviación Perú Sociedad de Responsabilidad  Limitada) interpuso demanda contencioso administrativa  (folios 94-122). Señala las siguientes pretensiones:  Pretensión principal: Se declare la nulidad de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02465-10-2018, de las  Resoluciones de Intendencia de números 015-014- 0013535, 015-014-13536, 012-180-0012530/SUNAT y 012- 180-0012562/SUNAT, que declararon improcedentes las  solicitudes de devolución de los pagos realizados en virtud  de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a  marzo y mayo a diciembre de dos mil trece; así como la  nulidad de las multas emitidas por el numeral 1 del artículo  178 del Código Tributario, relativas a los pagos a cuenta  del impuesto a la renta de enero a diciembre de dos mil  trece, por su abierta contravención a la ley, en especial por  el desconocimiento del precedente vinculante recaído en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima. Primera  pretensión accesoria a la pretensión principal: De  ampararse  la  pretensión  principal,  se  emita  un  pronunciamiento de plena jurisdicción mediante el cual se  declare aplicable al caso el precedente vinculante recaído  en la Sentencia de Casación Nº 4302-2013-Lima. Segunda  pretensión accesoria a la pretensión principal: De  ampararse la pretensión principal y su primera pretensión  accesoria, se ordene a la autoridad tributaria o a cualquier  funcionario de esta que devuelva, de ser el caso, todos los  montos pagados en virtud de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de dos mil trece y sus multas asociadas.  2. Los argumentos de la demanda son los siguientes: a)  Señala que el Tribunal Fiscal vulneró el principio de  legalidad al desconocer que no correspondía que la  demandante pague intereses moratorios derivados de una  modificación del coeficiente acaecida con posterioridad al  momento en que la demandante cumplió con la obligación  de abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta delejercicio dos mil trece. En consecuencia, le era aplicable lo  establecido en el precedente vinculante recaído en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima y, por tanto,  eran procedentes las devoluciones solicitadas. b) La  resolución del Tribunal Fiscal vulneró la norma VIII del  Código Tributario al pretender extender el supuesto  establecido en el literal a del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta así como lo contenido en la norma VIII  del título preliminar del Código Tributario, la cual impide  crear obligaciones tributarias ampliando los supuestos  normativos. c) Advierte que los intereses solo se generan si  el contribuyente no cumple con la obligación de abonar  mensualmente los pagos a cuenta del impuesto a la renta y  dentro de los plazos previstos en la ley conforme prescribe  el artículo 34 del Código Tributario. Contestación de la  demanda 3. El quince de junio de dos mil dieciocho, el  codemandado Tribunal Fiscal (mediante el Procurador  Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas), absuelve la demanda  (folios 228-238), solicitando que se declare improcedente  en consideración a los siguientes argumentos: a) Señala  que, verificado que los pagos solicitados en devolución  fueron imputados a las omisiones referenciales por los  pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a marzo y  mayo a diciembre de dos mil trece, así como las multas por  la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del  artículo 178 del Código Tributario correspondiente al  ejercicio dos mil trece, no califican como indebidos y, en  consecuencia, no procede la devolución solicitada de los  montos pagados por concepto de multas. b) Señala que no  debe aplicarse al caso de autos la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013-Lima dado que los hechos que motivaron la  emisión de la sentencia no son los mismos hechos  acontecidos en el caso de autos. En consecuencia, debe  existir  un  apartamiento  del  precedente  vinculante  establecido en dicha sentencia, dado que además de existir  diferencias respecto al de autos, se vulnera el principio de  capacidad contributiva y el deber de contribuir. 4. La  SUNAT (mediante su Procuraduría Pública), en calidad de  codemandada, contesta la demanda el doce de junio de  dos mil dieciocho (folios 149-167), solicitando que se  declare infundada en todos sus extremos en consideración  a los siguientes fundamentos: a) Refiere que el caso de  autos no es un caso similar al que fue materia de la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima. En el presente  caso, la omisión de los pagos a cuenta del impuesto a la  renta del ejercicio dos mil catorce se determinó mediante  un procedimiento de fiscalización de los ejercicios dos mil  once, dos mil doce y dos mil trece. Por el contrario, en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima las omisiones  de los pagos a cuenta se identificaron a consecuencia de  una declaración rectificatoria del contribuyente de forma  voluntaria, sin que mediara el proceso de fiscalización y en  el que se modificó el factor del coeficiente. Por tanto, no  resulta aplicable al presente caso la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013-Lima por no ser un caso similar. b) Refiere  que la solicitud de devolución de todos los montos pagados  correspondientes a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta, en el supuesto de que se considere aplicable el  precedente vinculante recaído en la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013-Lima, resulta improcedente, en tanto además  de no ser un caso similar al resuelto en el precedente  vinculante de la casación, el procedimiento de devolución  es un procedimiento administrativo no contencioso que  tiene su propio marco normativo, en el cual corresponde  analizar la existencia de un pago indebido o en exceso.  Sentencia de primera instancia 5. El Vigésimo Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, a través de su sentencia  contenida en la resolución número once, del once de  setiembre de dos mil dieciocho (folios 331-352), declara  fundada en parte la demanda y, en consecuencia, declara  la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02465- 10-2018, que confirma la Resolución de Intendencia Nº  150140013536, y declara infundada la demanda en el  extremo correspondiente a la solicitud de devolución  correspondiente a los pagos indebidos. 6. La sentencia de  primera instancia sustentó su fallo señalando lo siguiente:  a) Refiere que es aplicable el precedente vinculante  contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013- Lima, en tanto la demandante cumplió con la obligación de  abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta en la  oportunidad prevista por inciso a) del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta y cumpliendo con lo regulado en el  artículo 34 del Código Tributario. En consecuencia, no son  aplicables al caso de autos los intereses moratorios, pero  no para procedencia de la solicitud de devolución porconcepto de pago indebido y/o en exceso de multas. b)  Precisa que el caso de autos es similar a los supuestos  fácticos que se observan en la Sentencia de Casación Nº  4392-2013-Lima, dado que en ambos se ha producido la  rectificación del coeficiente para calcular el pago a cuenta.  Además, la demandante cumplió con su obligación de  abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta en el  momento establecido por el literal a del artículo 85 de la  Ley del Impuesto a la Renta y cumplió con lo dispuesto en  el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, en tanto dichas normas sancionan con la  aplicación de un interés moratorio por el no pago  oportunidad de los pagos a cuenta y posteriormente, la  Administración  Tributaria  como  consecuencia  del  procedimiento de fiscalización modificó el coeficiente.  Sentencia de vista 7. La Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante sentencia de vista contenida en  la resolución número veintiuno, del veinticuatro de enero  de dos mil diecinueve (folios 561-585), confirmó la  sentencia de primera instancia, contenida en la resolución  número once, del once de setiembre de dos mil dieciocho  (331-352), que declaró fundada en parte la demanda y en  consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  02465-10-2018, que confirma la Resolución de Intendencia  Nº 0150140013536. 8. Los argumentos de la sentencia de  vista son los siguientes: a) Advierte de forma preliminar en  la sumilla de la sentencia de vista que: […] no corresponde  la aplicación del criterio establecido como precedente  vinculante en la Casación N° 4392-2013-LIMA, a fin de  dilucidar si los pagos abonadas por concepto de multa por  la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del  TUO del Código Tributario devienen en pagos indebidos,  en tanto dicha Casación está referida a la aplicación de  intereses moratorias por omisión referencial de los pagos a  cuenta y no a la aplicación de sanciones por incurrir en la  infracción prevista en el numeral 1 de! artículo 178 del TUO  del Código Tributario. b) Alega que la demandante, al  momento del abono de los pagos a cuenta, utilizó como  referencia para el cálculo de coeficiente la existente  declaración de impuesto a la renta del ejercicio anterior, es  decir, lo contenido en la declaración jurada del impuesto a  la renta de los ejercicios dos mil once y dos mil doce  constituyendo y produciendo efectos para la determinación  de los pagos a cuenta del ejercicio dos mil trece. Así,  cumplió con el cálculo de la cuota conforme a lo establecido  en el literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta y, al haberse efectuado el pago oportuno de la  misma, no resultan aplicables en el caso los intereses  moratorios previstos en el artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario. c) Sobre la solicitud de  devolución de los pagos realizados, advierte que no  corresponde aplicar lo contenido en el precedente  vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013-Lima, a fin de dilucidar si los pagos abonados por  concepto de multa por la infracción tipificada en el numeral  1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario deviene en pagos indebidos. Es decir, dicho  precedente vinculante no estableció criterios relacionados  a las sanciones de multa que pudieran originarse como  producto de la modificación del coeficiente producido con  posterioridad al vencimiento de la declaración jurada anual,  que sirvió de base para determinar dicho coeficiente.  Causales declaradas procedentes 9. Mediante resolución  casatoria del tres de julio de dos mil diecinueve, se declaró  procedente el recurso de casación presentado por Terpel  Aviación Del Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada  (antes Exxonmobil Aviación del Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada), por las siguientes causales: a)  Infracción normativa procesal por la interpretación errónea  del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta b)  Infracción normativa por inaplicación de la norma IV del  título preliminar del Código Tributario c) Infracción  normativa por inaplicación de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario d) Infracción normativa por  inaplicación del precedente vinculante contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima e) Infracción  normativa por interpretación errónea del numeral 1 del  artículo 178 del Código Tributario f) Infracción normativa  por vulneración del principio de tipicidad 10. Asimismo,  mediante resolución casatoria del tres de julio de dos mil  diecinueve, se declaró procedente el recurso de casación  presentado por el Procurador Público Adjunto a cargo de  los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, respecto  de las siguientes causales: a) Infracción normativa por  interpretación errónea del numeral a del artículo 85 delTexto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y  del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario b) Infracción normativa por contravención de las  normas del debido proceso, dispuesto en el numeral 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 11.  Mediante resolución casatoria del tres de julio de dos mil  diecinueve, se declaró procedente el recurso de casación  presentado por la SUNAT por las siguientes causales: a)  Infracción normativa por arbitrariedad manifiesta en la que  incurre la sentencia de segundo grado, en agravio de su  derecho fundamental a la debida motivación y debido  proceso b) Infracción normativa por aplicación errónea del  artículo 37 de la Ley Nº 27584, en agravio del principio de  legalidad c) Infracción normativa por interpretación errónea  del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario y del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta III. CONSIDERANDOS Los fines del recurso de  casación 12. Debemos establecer, en principio, que la  finalidad del recurso extraordinario de casación es la  adecuada aplicación del derecho objetivo y la uniformidad  de la jurisprudencia nacional establecida por la Corte  Suprema de Justicia, de acuerdo a lo prescrito por el  artículo 141 de la Constitución Política de 1993 y el artículo  384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1  de la Ley Nº 29364. En este sentido, debemos establecer  que,  en  un  Estado  constitucional,  esta  finalidad  nomofiláctica del recurso de casación debe traducirse en la  función que ostentan las Salas Supremas, como órganos  de vértice, para establecer y fijar la interpretación de las  disposiciones normativas en base a buenas razones. Como  refiere Taruffo1, se puede colegir que es vital en la  corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad  de los criterios sobre los cuales se funda la interpretación  de las disposiciones normativas, que deben ser seguidas  por todos los jueces de la República. El precedente 13.  Siguiendo a Taruffo2, debemos señalar que la función del  precedente en nuestro ordenamiento está vinculada a la  realización de principios constitucionales, tales como el de  igualdad y previsibilidad de la decisión o seguridad jurídica.  14. En este sentido, el Tribunal Constitucional, convertido  en una suerte de legislador positivo, dentro de lo prescrito  por el Código Procesal Constitucional3 ha venido  configurando el precedente constitucional como una regla  jurídica. Así, refiere: “El precedente es una regla jurídica  expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal  Constitucional decide establecer como regla general; y,  que, por ende, deviene en parámetro normativo para la  resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga”4.  3. Asimismo, el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la  Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011- 2019-JUS, ha prescrito que la Sala Constitucional y Social  de la Corte Suprema puede establecer principios  jurisprudenciales que constituyen precedente vinculante.  Esta disposición normativa establece, además, los  supuestos de apartamiento y la necesidad de fundamentar  las razones de este apartamiento, tal como ocurre en el  sistema anglosajón a través del distinguishing: Artículo 36.-  Principios jurisprudenciales. Cuando la Sala Constitucional  y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones  principio  jurisprudencial  en  materia  contencioso  administrativa, constituyen precedente vinculante. Los  órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido  en el precedente vinculante, siempre que se presenten  circunstancias particulares en el caso que conocen y que  motiven debidamente las razones por las cuales se apartan  del precedente. 15. En este contexto, debemos manifestar  que no es ajeno el hecho de que el precedente genere  tensiones y problemas propios de las importaciones de  instituciones jurídicas. Así, por ejemplo, se han generado  conflictos vinculados a la antinomia entre el precedente y la  ley, a las formas de aplicación o inaplicación de los  precedentes, conflictos de coherencia entre los mismos de  precedentes, la vinculación de los jueces con el precedente,  conflictos entre jerarquías de precedentes, entre otros. 16.  Dentro de un escenario de justificación de las decisiones  judiciales, debemos establecer que la ratio decidendi o las  razones esenciales que justifican un precedente, cuando  están razonablemente motivadas, además de contribuir  con los principios de igualdad y seguridad jurídica, alivian  la carga argumentativa que le corresponde al juez al  motivar su decisión. 17. Corresponde señalar también, al  igual que las disposiciones normativas construidas a través  del lenguaje, que los precedentes no están exentos de  ambigüedad y vaguedad o indeterminación, por lo que, en  algunos supuestos, requieren también de un esfuerzo  interpretativo adicional. 18. En el escenario descrito  anteriormente, la Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema, emitió el precedente  vinculante en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013- Lima: QUINTO: Precedente vinculante 5.1. En la presente  sentencia casatoria para resolver el caso de autos, se han  desarrollado reglas jurídicas que deben establecerse como  reglas generales sirviendo de parámetro normativo para  casos similares futuros, en tanto contribuirá a la seguridad  jurídica, a ordenar y uniformizar la jurisprudencia, en temas  de  derecho  tributario,  evitando  pronunciamientos  contradictorios debido a diferentes interpretaciones de las  disposiciones tributarias; atribuyendo el artículo 37 del  T.U.O. de la Ley 27584 a la Sala Constitucional y Social de  la Corte Suprema fijar en sus resoluciones precedentes  vinculantes en materia contenciosa administrativa. 5.2. Por  lo que conforme a los fundamentos del considerando 3.5 se  establecen  las  siguientes  reglas  con  carácter  de  precedentes vinculantes: 5.2.1  La Norma VIII del  Título Preliminar del Código Tributario no descarta la  aplicación de la analogía tampoco la interpretación  extensiva ni restrictiva, admitidas en el derecho para cierto  tipo de normas; sino que el uso se encuentra limitado por la  prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada,  resultando para ello muy importante que el Juez seleccione  el método adecuado al tipo de disposición tributaria a  interpretar. 5.2.2 No resultan pertinentes la interpretación  extensiva ni la restrictiva para interpretar disposiciones que  restringen derechos, ni para normas que establecen  obligaciones como el caso de los pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta previstos en el numeral a) del artículo  85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta, y para los  casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el  artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario. 19. En este  sentido, ni el texto que la Sala Suprema estableció como  precedente ni la ratio decidendi de la resolución casatoria  permiten interpretar la exoneración o la improcedencia del  pago de intereses moratorios en los supuestos de pagos a  cuenta cuyo coeficiente ha sido variado por posteriores  observaciones de la autoridad tributaria. 20. Debemos  señalar que, a nuestro juicio, que la ratio decidendi de la  sentencia casatoria está vinculada no precisamente a la  solución del caso concreto, sino a la interpretación de las  normas tributarias que restringen derechos o que  establecen  obligaciones.  La  interpretación  de  las  disposiciones de carácter tributario 21. La norma VIII del  título preliminar del Código Tributario, sobre la interpretación  de las disposiciones tributarias, refiere lo siguiente5: a)  Para la aplicación de las disposiciones tributarias, se  pueden utilizar todos los métodos de interpretación  admitidos por el derecho. b) Mediante la interpretación, no  pueden  crearse  tributos,  establecerse  sanciones,  concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones  tributarias a personas o supuestos distintos de los  señalados en la ley. 22. Esta Sala Suprema, dentro de las  variadas concepciones sobre la interpretación, debe  remarcar que para Guastini6 la palabra “interpretación”  remite algunas veces a la atribución de significado a un  texto normativo y otras veces a la calificación jurídica de un  caso concreto (calificación que luego da fundamento a la  solución o a la propuesta de solución de una controversia  específica). 23. En el primer caso, en un escenario de  ambigüedad y vaguedad, interpretar significa atribuir un  sentido a un texto o disposición normativa cuyo resultado  es precisamente la formulación de una norma, como  refieren Tarello y Guastini7. Dicho de otro modo, una norma  es el resultado de la interpretación de los textos o  disposiciones normativas8. Señala Guastini9 al respecto:  Podemos  llamar  “disposición”  a  todo  enunciado  perteneciente a una fuente del derecho y reservar el  nombre de “norma para designar el contenido de sentido  de la disposición, su significado, que es una variable  dependiente de la interpretación En este sentido, la  disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa  y la norma su resultado […] La norma es una disposición  interpretada […]” 24. En este mismo sentido, debemos  señalar también —de acuerdo con Tarello— que con la  palabra “interpretación” nos referimos algunas veces a una  actividad (o a un proceso), y otras al resultado o producto  de tal actividad10. 25. En nuestro ordenamiento no existe  una referencia expresa sobre lo que debemos asumir por  interpretación ni acerca de los métodos de interpretación  que deben ser utilizados en el proceso interpretativo. Se  suele mencionar a los clásicos métodos de interpretación  desarrollados por Savigny: literal, histórico, teleológico- finalista, sistemático11. No obstante, debemos señalar que  este catálogo no constituye un enunciado numerus clausus,  sino un espacio abierto en el que pueden incluirse otros  métodos o criterios o técnicas de interpretación12. 26. No  obstante, en un Estado constitucional, estos métodos,técnicas o criterios de interpretación de las disposiciones  normativas o leyes, deben necesariamente sujetarse entre  otros a la Constitución Política y al respeto de los principios  y derechos fundamentales13. 27. Debemos señalar que la  comprensión inmediata de un texto normativo no siempre  es posible debido a la naturaleza propia del lenguaje (las  leyes se construyen con una lenguaje usualmente  prescriptivo). Esto ocurre, por ejemplo, cuando se requiere  de la comprensión del título preliminar del Código Tributario,  que prohíbe crear tributos, establecer sanciones, conceder  exoneraciones, extender las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley,  en vía de interpretación. 28. Entiende esta Sala Suprema  que este dispositivo del título preliminar, prima facie, no  puede ser comprendido de un modo inmediato (mediante la  interpretación literal) por las siguientes razones: a) En  general, todas las disposiciones normativas, lejos de la  idea clásica del in claris non fit interpretatio, requieren ser  interpretadas14. b) Entiende esta Sala Suprema que la  puerta de ingreso al proceso interpretativo de una  disposición normativa es la interpretación literal o  gramatical. En esta medida, este criterio de interpretación  puede suponer una forma de “comprensión inmediata” del  texto normativo extraído de la literalidad de la disposición  normativa. A nuestro juicio, esta comprensión inmediata del  texto normativo derivado de una interpretación literal no  debe ofrecer mayores conflictos y debe ser razonablemente  pacífica entre los operadores jurídicos. c) En este  escenario, la disposición normativa que “prohíbe crear  tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones,  extender las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley, en vía de  interpretación”, no necesariamente es de fácil comprensión,  sobre todo si asumimos los escenarios en los que tiene que  ser interpretada y aplicada. d) En suma, considerando los  problemas propios del lenguaje con el que se construyen  las disposiciones normativas (vaguedad, ambigüedad,  etc.), y los consiguientes límites de la interpretación literal  en la interpretación de la disposición normativa, se  requieren de las denominadas interpretaciones correctoras.  29. Al respecto, refiere Guastini15 la existencia de dos tipos  fundamentales de interpretación: la interpretación literal o  declarativa y la interpretación que puede llamarse  correctora. Ambos conceptos —continúa Guastini— son  mutuamente  excluyentes  (no  puede  haber  una  interpretación que sea al mismo tiempo literal y correctora)  y conjuntamente exhaustivos (no puede haber una  interpretación que no sea ni literal ni correctora). Estos  conceptos son lógicamente interdependientes, puesto que  la interpretación correctora (interpretación secundaria) se  define por oposición a la literal (interpretación primaria). 30.  De esta manera, debemos asumir, aun cuando puedan  existir disposiciones legales que no presenten mayores  dificultades en su comprensión inmediata o interpretación,  existen otras cuya interpretación literal puede derivar en  diversos sentidos. En estos supuestos en que no es posible  una “comprensión inmediata” de un texto normativo, es  necesario acudir a una interpretación correctora y, en  consecuencia, al uso de los métodos o criterios de  interpretación y a las técnicas de reducción de vaguedad,  para establecer el significado que debe otorgársele a una  disposición normativa. 31. La doctrina admite dos tesis de  reducción de la vaguedad de las disposiciones normativas:  la tesis de la analogía y la tesis de la diferencia16. De esta  manera, en aquellos casos en que en la interpretación de  una disposición normativa no exista un sentido univoco, en  el que no haya consenso o este sea problemático, resulta  necesario acudir a estas técnicas de reducción de  vaguedad. 32. En este escenario, la interpretación de la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario —que  prohíbe crear tributos, establecer sanciones, conceder  exoneraciones, o extender las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley,  en vía de interpretación—, supone observar los siguientes  requisitos: a) La interpretación de esta disposición  normativa debe efectuarse en concordancia con el principio  constitucional de reserva de la ley desarrollado por la  norma IV del título preliminar del Código Tributario17 y por el  propio Tribunal Constitucional18, en cuanto la potestad de  crear tributos, sanciones o la extensión de disposiciones  tributarias es una atribución que debe ejercer el Poder  Legislativo (directamente o mediante delegación) y no el  Poder Judicial a través de una actividad interpretativa. b)  Está disposición normativa prohibitiva reduce la actividad  interpretativa del órgano jurisdiccional a efectos de que  proscribir aquellas técnicas que permitan la creación de  tributos en vía de interpretación. En esta medida, se  proscriben algunas técnicas para construir normasimplícitas, como el argumento a contrario, la analogía, el  argumento a fortiori19. c) Debemos asumir también —aun  cuando no esté directamente vinculado al proceso o al acto  de la interpretación de una disposición normativa— que a  través de la idea de la creación judicial del derecho en los  casos de conflictos normativos y/o de lagunas normativas20,  no pueden crearse tributos, establecer sanciones, conceder  exoneraciones, o extender las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley.  33. En suma, en los supuestos en que se ponga en cuestión  la “comprensión inmediata” de disposiciones normativas de  carácter tributario que disponga la creación, exoneración  de tributos, establecimiento de sanciones, y extensión de  las disposiciones tributarias a personas o supuestos  distintos de los señalados en la ley, corresponde proscribir  las técnicas de creación de normas a través de la  interpretación (técnicas para construir normas implícitas,  como el argumento a contrario, la analogía21, el argumento  a fortiori), o las generadas por lagunas normativas22y  conflictos normativos, en cuanto vulneran el principio  constitucional de reserva de ley y la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario. 34. Esta afirmación, no  obstante, no prohíbe ni proscribe el uso del resto de los  métodos,  criterios  de  interpretación  y  argumentos  interpretativos aceptados en nuestro sistema jurídico. Los  pagos a cuenta y los intereses moratorios 35. En el caso,  en consideración al principio de reserva de ley y a la  interpretación de las normas tributarias vinculadas a la  prohibición de la creación de tributos en vía de  interpretación, entiende esta Sala Suprema que el conflicto  está vinculado a establecer si los artículos 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta y 34 del Código Tributario, pueden ser  interpretados en el sentido de que el contribuyente está en  la obligación de pagar o no los intereses moratorios, luego  de la variación posterior de los coeficientes de los pagos a  cuenta por observación de la administración tributaria o por  rectificación del propio contribuyente. Para estos efectos,  debemos  señalar  lo  prescrito  por  las  siguientes  disposiciones normativas: Ley del Impuesto a la Renta  Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan rentas de  tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta  del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda  por el ejercicio gravable dentro de los plazos previstos por  el Código Tributario, el monto que resulte mayor de  comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo  a lo siguiente: a) La cuota que resulte de aplicar a los  ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante  de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente  al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos  netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta  de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente  determinado sobre la base del impuesto calculado e  ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al  anterior. De no existir impuesto calculado en el ejercicio  anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior,  los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta  las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo  establecido en el literal siguiente. b) La cuota que resulte  de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los  ingresos netos obtenidos en el mismo mes […] Para efecto  de lo dispuesto en este artículo se consideran ingresos  netos el total de los ingresos gravables de la tercera  categoría  devengados  en  cada  mes,  menos  las  devoluciones,  bonificaciones,  descuentos  y  demás  conceptos de naturaleza similar que respondan a la  costumbre de la plaza, e impuesto calculado al importe  determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer  párrafo 55 de esta ley. Código Tributario Artículo 34.-  Cálculo en los intereses en los anticipos y pagos a cuenta  El interés moratorio correspondiente a los anticipos y  pagos a cuenta no pagados oportunamente, se aplicará  hasta el vencimiento o determinación de la obligación  principal. A partir de ese momento, los intereses  devengados constituirán la nueva base para el cálculo del  interés moratorio. 36. En el proceso de interpretación de  estos dispositivos, tal como señalamos anteriormente,  deben proscribirse las técnicas de creación de normas a  través de la interpretación (a través del argumento a  contrario, la analogía, el argumento a fortiori) o las  generadas por lagunas normativas y conflictos normativos  por cuanto vulneran el principio constitucional de reserva  de ley y de la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario. 37. De esta manera, debemos señalar que no  existen conflictos sobre la interpretación de la obligación de  los pagos a cuenta y los intereses moratorios sobre la  siguiente interpretación: a) Los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría deben abonar con  carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que endefinitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro  de los plazos previstos por el Código Tributario. b) El no  pago de los pagos a cuenta dentro del plazo previsto por el  Código Tributario genera intereses moratorios. 38. No  obstante, debemos reiterar que el conflicto tiene origen en  los casos en que, debido a la fiscalización realizada por la  administración tributaria o a la rectificación realizada por el  propio contribuyente, se han detectado pagos menores en  el impuesto a la renta de ejercicios anteriores que inciden  en el coeficiente de los pagos a cuenta. 39. De esta  manera, antes de continuar con la interpretación de las  disposiciones  señaladas  anteriormente,  debemos  establecer el concepto de pago en nuestro ordenamiento  jurídico: Texto Único Ordenado del Código Tributario  Artículo 29. El pago se efectuará en la forma que señala la  Ley, o en su defecto, el Reglamento, y a la falta de éstos, la  Resolución de la Administración Tributaria. […] Código  Civil Artículo 1220.- Noción de pago: Se entiende efectuado  el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la  prestación. 40. Asimismo, sobre el pago, como refiere  Diez-Picazo y Gullón23, debe ser entendido como toda  realización de la prestación debida (entrega de suma de  dinero, de cosas específicas, realización de servicios o  adopción de simples omisiones). El pago es un  comportamiento del deudor que se ajusta al programa o  proyecto de prestación establecido en el acto de  constitución de la relación obligatoria.24 En el caso, el pago  está vinculado a la obligación tributaria; es decir, a la  entrega de dinero vinculada en cumplimiento de la  prestación tributaria en el plazo establecido 41. En el caso,  el conflicto no está precisamente vinculado al pago que  debe efectuarse en consideración a las observaciones  posteriores de la administración tributaria o a la rectificación  por el propio contribuyente, sino al consiguiente pago de  los intereses moratorios derivado de la modificación del  coeficiente en los pagos a cuenta. Es decir, se trata de  determinar si el contribuyente, como consecuencia de las  observaciones de la autoridad tributaria en los casos de  pagos a cuenta, además de pagar la deuda tributaria  determinada por ella, debe también pagar los intereses  moratorios por el no pago oportuno o por haber efectuado  el pago con base en un coeficiente erróneo. 42. Esta Sala  Suprema, sin acudir a técnicas interpretativas que permiten  construir normas implícitas (como el argumento a contrario,  la analogía, el argumento a fortiori), o las generadas por  lagunas normativas, proscritas por nuestro ordenamiento,  interpretando el artículo 34 del Código Tributario, considera  que en el caso corresponde efectuar el pago del interés  moratorio por las siguientes razones: a) El artículo 34 del  Código Tributario establece que el pago del interés  moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta  no  pagados  oportunamente,  se  aplicará  hasta  el  vencimiento o determinación de la obligación principal.  Prima facie, la interpretación literal de esta disposición  normativa no genera mayores conflictos. En todo caso,  siguiendo a Guastini, es una interpretación de comprensión  inmediata, que no ha sido puesta en cuestión por las  partes. b) Asimismo, en los supuestos en que la  administración tributaria, por una fiscalización (o por la  actuación del propio contribuyente), plantea observaciones  y determina montos mayores que inciden en el impuesto a  la renta de ejercicios anteriores y, ellas son aceptadas y/o,  siendo impugnadas, no son razonablemente levantadas  por el contribuyente en sede administrativa o jurisdiccional,  en esos supuestos el contribuyente tiene la obligación de  pagar el monto determinado por la autoridad administrativa.  c) Estos nuevos montos, como señalamos, modifican los  coeficientes establecidos para los pagos a cuenta y, en  consecuencia, modifican también los pagos a cuenta  realizados por el contribuyente. d) En este contexto,  asumiendo una interpretación literal del Código Tributario,  debe entenderse que la prestación debida en los pagos a  cuenta, al ser objeto de modificación, fueron realizados  fuera del plazo prescrito por el artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta que prescribe: “Los contribuyentes  que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con  carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en  definitiva les corresponda por el ejercicio gravable dentro  de los plazos previstos por el Código Tributario”25(énfasis  nuestro). e) En todo caso, no resulta coherente ni razonable  interpretar que el pago a cuenta efectuado con base en  coeficientes erróneos por el contribuyente, pueda ser  considerado como un pago o la prestación debida, dentro  del plazo previsto por el Código Tributario, en la medida  que fue un pago menor al que le correspondía. f) En suma,  no habiendo cumplido el contribuyente con el pago de la  prestación debido en la fecha señalada para el cumplimiento  de tal obligación, los “pagos a cuenta” efectuado por elobligado con base en coeficientes erróneos, no pueden ser  considerados  como  pagos  oportunos  para  efectos  tributarios. g) Como consecuencia del razonamiento  anterior y de la interpretación sistemática que venimos  efectuando, corresponde interpretar y aplicar literalmente  el artículo 34 del Código Tributario en el caso: “El interés  moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta  no pagados oportunamente, se aplicará hasta el  vencimiento o determinación de la obligación principal”  (énfasis nuestro). 43. Finalmente, como argumentos que  inciden en la obligación del pago de intereses moratorias  como consecuencia de la modificación de los coeficientes  en los pagos a cuenta, esta Sala Suprema debe señalar lo  siguiente: a) En consideración al principio de reserva de ley  y a lo desarrollado en el título preliminar del Código  Tributario, que prohíbe conceder exoneraciones a través  de interpretaciones, debe advertir esta Sala Suprema que  no  existe  disposición  normativa  que  exonere  al  contribuyente del pago del interés moratorio. b) Asimismo,  desde una interpretación consecuencialista, esta Sala  Suprema debe asumir que una interpretación que permita  asumir una exoneración o inexistencia del pago de  intereses moratorios para quienes ha incurrido en error en  sus pagos a cuenta, puede implicar un efecto negativo en  los contribuyentes que sí han cumplido sus obligaciones  tributarias de pagos a cuenta, sin error alguno y sin  observación en los coeficientes. c) Asimismo, como  argumento obiter dicta, debemos señalar que aun cuando  el contribuyente afirme que el pago a cuenta se efectuó  observando los coeficientes establecidos por la disposición  normativas —en consideración a que los mismos fueron  modificados posteriormente como consecuencia de la  observación  de  la  administración  tributaria  o  por  rectificación del propio contribuyente—, ello no lo libera de  la idea del error y de las consecuencias que esto acarrea  en sedes administrativa y tributaria. En este sentido, salvo  que el contribuyente haya levantado las observaciones  administrativa o judicialmente, debemos establecer que el  error en el que incurrió el contribuyente no puede generar  derechos, tal como señala la doctrina administrativa y el  propio Tribunal Constitucional26. d) Finalmente, como  argumento adicional, considera esta Sala Suprema que  debe ser de aplicación la doctrina de los actos propios27 y  concluye que no es razonable que el contribuyente obtenga  beneficios ocasionados por su error o negligencia28. De  esta manera, con excepción de los supuestos en que la  observación sea levantada, lo que ciertamente supondría  una actuación correcta y diligente del contribuyente  (situación que inclusive puede efectuarse a través del  proceso contencioso administrativo), el contribuyente no  puede beneficiarse de su error o negligencia. IV. ANÁLISIS  DE LAS CAUSALES DECLARADAS PROCEDENTES  Recurso de casación interpuesto por Terpel Aviación Del  Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada (antes  Exxonmobil Aviación Perú Sociedad de Responsabilidad  Limitada) Primera infracción normativa 44. Infracción  normativa por interpretación errónea del artículo 85 de la  Ley del Impuesto a la Renta 45. La disposición normativa  cuya infracción se alega establece lo siguiente: Ley del  Impuesto a la Renta Artículo 85.- Los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría abonarán con  carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en  definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro  de los plazos previstos por el Código Tributario, cuotas  mensuales que determinarán con arreglo a alguno de los  siguientes sistemas: a) Fijando la cuota sobre la base de  aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el  coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto  calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior  entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. Los  pagos a cuenta por los períodos de enero y febrero se  fijarán utilizando el coeficiente determinado en base al  impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al  ejercicio precedente al anterior. En este caso, de no existir  impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior se  aplicará el método previsto en el inciso b) de este artículo.  En base a los resultados que arroje el balance del primer  semestre del ejercicio gravable, los contribuyentes podrán  modificar el coeficiente a que se refiere el primer párrafo de  este inciso. Dicho coeficiente será de aplicación para la  determinación de los futuros pagos a cuenta. b) Aquéllos  que inicien sus actividades en el ejercicio efectuarán sus  pagos a cuenta fijando la cuota en el dos por ciento (2%) de  los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. También  deberán acogerse a este sistema quienes no hubieran  obtenido renta imponible en el ejercicio anterior. Para  efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran  ingresos netos el total de ingresos gravables, de la terceracategoría,  devengados  en  cada  mes  menos  las  devoluciones,  bonificaciones,  descuentos  y  demás  conceptos de naturaleza similar que respondan a la  costumbre de la plaza; el impuesto calculado el importe  determinado de acuerdo al Artículo 55 de esta ley. 46. Los  argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Sostiene  que la Sala Superior interpretó erróneamente el precitado  artículo, el cual señala que para determinar los pagos a  cuenta del impuesto a la renta los contribuyentes deberán  aplicar sobre los ingresos netos devengados en cada mes  el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto a  la renta calculado correspondiente al ejercicio gravable  anterior, entre el total de los ingresos netos del mismo  ejercicio, y por ello no es posible imponer sanciones por  modificaciones posteriores del citado coeficiente producto  de  una  declaración  jurada  rectificatoria  y/o  una  redeterminación de la autoridad tributaria b) Aunado a lo  anterior, señala que se trata de una regla estimatoria que  tiene como propósito aproximar el impuesto a la renta que  resultaría al cierre del ejercicio gravable corriente a partir  de la experiencia de margen de utilidad del negocio en el  ejercicio que se toma como referencia y que parte del  presupuesto de que dicho margen, en principio, no debería  sufrir variaciones significativas de un ejercicio a otro. c)  Agrega que, para establecer el coeficiente en cada  oportunidad en que el contribuyente liquida sus pagos a  cuenta, se toma la cifra del “impuesto calculado” que el  contribuyente tiene como cierta en ese momento. Esta cifra  normalmente viene dada por el impuesto a la renta que  figura en la autodeterminación del contribuyente reflejada  en la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio  gravable anterior y precedente al anterior y, por excepción,  podría haber sido modificada por una declaración jurada  rectificatoria presentada por el propio contribuyente o por la  redeterminación realizada por la administración tributaria.  Precisa que, si con posterioridad a esa fecha se produce  una modificación del impuesto a la renta de referencia, este  cambio ya no debería afectar el pago a cuenta debidamente  cuantificado a partir de los datos existentes al momento de  liquidarse el mismo; esto es, teniendo presente que el  literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta  alude al “impuesto calculado” como dato referencial para  lograr el objetivo de estimación esperado. d) Finalmente,  advierte que no se puede pretender que el contribuyente  esté supeditado a que en algún momento en el futuro se  corrija o ajuste la cifra, ya sea por acto del contribuyente o  por acto de la administración tributaria, para llegar a un  impuesto a la renta firme, por llamarlo de alguna manera.  En ese sentido, afirma que no resultaría procedente el  pago de multas cuando el contribuyente ha declarado los  pagos a cuenta de conformidad con lo establecido en el  artículo 85 de la Ley del impuesto a la Renta, esto es,  teniendo en cuenta el “impuesto calculado” que se tiene  como cierto al momento de liquidar y pagar esta obligación  tributaria, más aún si se considera que el contribuyente no  tiene manera de saber que en el futuro el impuesto utilizado  para obtener el coeficiente de los pagos a cuenta sería  modificado; por lo que, admitir lo contrario, como lo ha  hecho la Sala Superior, significa sancionar a un  contribuyente que no solo ha cumplido con sus obligaciones  tributarias, sino que lo ha hecho con arreglo a ley. 47. En el  caso, la recurrente denuncia que la Sala Superior ha  interpretado erróneamente lo contenido en el artículo 85 de  la Ley del Impuesto a la Renta y la ha sancionado con el  pago de multas vinculadas a los pagos a cuenta pese a  que la recurrente ha cumplido con la regla estimatoria que  señala el mencionado dispositivo normativo. 48. En  principio, esta Sala Suprema ha establecido que, en la  interpretación de este dispositivo normativo, corresponde  proscribir las técnicas de creación de normas a través de la  interpretación (a través del argumento a contrario, la  analogía o el argumento a fortiori) o las generadas por  lagunas normativas y conflictos normativos, en cuanto  vulneran el principio constitucional de reserva de ley y son  contrarias a lo dispuesto por la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario. 49. En este contexto,  debemos señalar que son aplicables al caso los  fundamentos veinticuatro a treinta de la presente  resolución, en los que se establece la interpretación del  referido dispositivo normativo. 50. De esta manera,  considerando que el obligado ha proporcionado información  falsa o inexacta que derivó en un incumplimiento de  obligación de pagos a cuenta en la fecha establecida, ha  incurrido en la infracción tributaria prevista en el inciso 1  del artículo 176 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, por lo que esta causal debe ser declarada  infundada. Segunda infracción normativa 51. Infracción  normativa por la inaplicación de la norma IV del títulopreliminar del Código Tributario 52. La disposición  normativa señala lo siguiente: Código Tributario NORMA  IV.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD- RESERVA DE LA LEY  Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de  delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir  tributos; señalar el hecho generador de la obligación  tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor  tributario; el deudor tributario y el agente de retención o  percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo  10º; b) Conceder exoneraciones y otros beneficios  tributarios; c) Normar los procedimientos jurisdiccionales,  así como los administrativos en cuanto a derechos o  garantías del deudor tributario; d) Definir las infracciones y  establecer sanciones; e) Establecer privilegios, preferencias  y garantías para la deuda tributaria; y, f) Normar formas de  extinción de la obligación tributaria distintas a las  establecidas en este Código. Los Gobiernos Locales,  mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir  sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o  exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites  que señala la Ley. Mediante Decreto Supremo refrendado  por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas  arancelarias. Por Decreto Supremo refrendado por el  Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y  Finanzas, se fija la cuantía de las tasas. 53. Los argumentos  de la recurrente vinculados a esta infracción normativa son  los siguientes: a) Señala que la Sala Superior ha negado la  devolución de las multas al considerar que los pagos a  cuenta deben ser calculados con base en el impuesto  redeterminado y no con base en el “impuesto calculado”,  como expresamente lo indica el literal a del artículo 85 de  la Ley del Impuesto a la Renta. b) Ha venido sosteniendo  en la etapa administrativa y aun en su demanda, que el  literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta  indica que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del  impuesto a la renta se obtiene con base en el “impuesto  calculado” del ejercicio anterior y precedente al anterior.  Por tal motivo, cualquier otra base de cálculo de dicho  coeficiente resulta contrario a ley. No obstante lo anterior,  en el presente caso la Sala Superior negó la devolución a  la recurrente de las multas relativas a los pagos a cuenta  del impuesto a la renta de dos mil trece, al considerar que  no le era aplicable lo dispuesto en la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013-Lima y al no tener en cuenta lo señalado en  el literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta  (criterio totalmente contrario a lo que resolvió respecto de  la generación de intereses moratorios asociados a pagos a  cuenta), sin tener en consideración que dichas multas se  generaron por las omisiones referenciales calculadas sobre  la base de considerar como base de cálculo el tributo  redeterminado en el ejercicio anterior y precedente al  anterior. 54. En este contexto, esta Sala Suprema,  cumpliendo su función nomofiláctica, en los argumentos  veinticuatro a treinta y uno ha señalado la interpretación  que corresponde a los artículos 85 de la Ley del Impuesto  a la Renta y 33 del Código Tributario. 55. En este sentido,  la ausencia de cumplimiento de la obligación tributaria  derivada de aplicar tasas o coeficientes distintos a los que  corresponden, implica la existencia de una infracción y la  consiguiente aplicación de la sanción pecuniaria, tal como  prescribe el inciso 1 del artículo 178 del Código Tributario29.  56. Por estas consideración y al no haberse acreditado la  vulneración de la norma IV del Código Tributario, debe  declararse infundada la presente causal. Tercera infracción  normativa 57. Infracción normativa por la inaplicación de la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario 58. La  disposición  normativa  señala  lo  siguiente:  Código  Tributario Norma VIII.- INTERPRETACIÓN DE NORMAS  TRIBUTARIAS Derecho. En vía de interpretación no podrá  crearse tributos, establecerse sanciones, concederse  exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias  a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley.  Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el  presente párrafo. 59. Los argumentos de la recurrente son  los siguientes: a) Advierte que, en el presente caso, se ha  vulnerado lo dispuesto por la norma VIII del título preliminar  del Código Tributario, toda vez que, contradictoriamente,  se pretende extender el supuesto del literal a del artículo 85  de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual se refiere a que  el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a  la renta se debe calcular con base en el “impuesto  calculado” del ejercicio anterior, y no con base en el  impuesto redeterminado en un momento posterior a la  liquidación de dicho impuesto. b) Aduce que la norma VIII  del título preliminar del Código Tributario indica lo siguiente:  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los  métodos de interpretación admitidos por el Derecho. En vía  de interpretación no podrá crearse tributos, establecersesanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos  de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no  afecta lo señalado en el presente párrafo. En ese sentido,  afirma que, de la norma expuesta, es claro que el propio  Código Tributario prohíbe la interpretación extensiva de las  normas tributarias, las mismas que solo pueden ser  interpretadas de acuerdo a lo indicado de forma expresa en  ellas. c) Aunado a lo anterior, señala que ello no ocurrió en  el presente caso, toda vez que vía interpretación extensiva  del literal a del artículo 85 de la Ley del impuesto a la  Renta, la administración tributaria pretende que el  coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de dos mil trece se calcule con base en un tributo del  ejercicio anterior, redeterminado en un momento posterior  a la fecha de liquidación del mismo, y no con base en el  “tributo calculado”, como lo señala de forma expresa la  norma antes citada. 60. En el caso, la recurrente señala  que se vulneraría la norma VIII prevista en el título  preliminar del Código Tributario, dado que se estaría  extendiendo vía interpretación el supuesto contenido en el  literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta  vinculado a la solicitud de devolución de las multas relativas  a los pagos a cuenta del ejercicio dos mil trece, que fueron  indebidamente pagadas por la comisión de la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código  Tributario. 61. Esta Sala Suprema, en los fundamentos diez  a veintidós, expuso cómo se debe interpretar la norma VIII  del título preliminar del Código Tributario y, en esta  perspectiva, en los fundamentos veintitrés a treinta, efectuó  la interpretación del artículo 85 del Código Tributario. 62.  De esta manera, la interpretación de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario prohíbe crear tributos,  establecer sanciones, conceder exoneraciones, o extender  las disposiciones tributarias a personas o supuestos  distintos de los señalados en la ley, en vía de interpretación,  debe considerar lo siguiente: a) La interpretación de esta  disposición normativa debe efectuarse en concordancia  con el principio constitucional de reserva de la ley30.  Debemos señalar que la potestad de crear tributos,  sanciones o la extensión de disposiciones tributarias es  una atribución que le corresponde ejercer el Poder  Legislativo (directamente o mediante delegación) y no al  Poder Judicial a través de la interpretación de una  disposición normativa. b) Esta disposición normativa  reduce la actividad interpretativa del órgano jurisdiccional a  efectos de proscribir aquellas técnicas que permitan la  creación de tributos en vía de interpretación. En esta  medida, se proscriben algunas técnicas para construir  normas implícitas, como el argumento a contrario, la  analogía, el argumento a fortiori. 63. En el caso, sin  embargo, considerando los fundamentos diez a veinte de la  presente resolución, debemos establecer que no se ha  vulnerado la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario, por lo que se declara infundada esta causal.  Cuarta infracción normativa 64. Infracción normativa por la  inaplicación del precedente vinculante contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima. 65. Los  argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Sostiene  que, en el considerando décimo octavo de la sentencia de  vista, la Sala Superior indica que el precedente vinculante  recogido en la mencionada sentencia, que establece que  no se puede interpretar de manera extensiva la obligación  referida a los pagos a cuenta prevista en el literal a del  artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta ni la aplicación  de intereses moratorios regulados en el artículo 34 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, no implica que  se hayan establecido criterios con relación a las sanciones  de multa que pudieran originarse como producto de la  modificación del coeficiente producido con posterioridad al  vencimiento de la declaración jurada anual que sirvió de  base para determinar dicho coeficiente, en tanto que la  mencionada sentencia no ha analizado si el contribuyente  incurrió o no en la infracción prevista en el numeral 1 del  artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  devienen en pagos indebidos. b) Aduce que el superior  jerárquico debe notar que la posición expuesta por la  demandante hasta este punto encuentra sustento en el  citado precedente vinculante, recogido en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013-Lima, el mismo que en la página  veintiuno indica claramente lo siguiente: […] en el caso  específico de los abonos con carácter de pago a cuenta del  impuesto a la renta, la ley ha establecido el ejercicio  gravable anterior como un elemento para el coeficiente de  cálculo de la cuota mensual, estando indesligablemente  vinculado a la cuota la declaración o rectificatoria del  ejercicio anterior existente al momento del cálculo y pago.  c) Señala que, de igual forma, en la página veintidós de lacitada sentencia de casación, la Corte Suprema indica que:  […] en estricto las normas sancionan con la aplicación de  intereses moratorios cuando los pagos a cuenta —fijados  conforme al procedimiento de cálculo previsto en el  numeral a del artículo 85 citado— no se realicen  oportunamente —esto es, mensualmente y en los plazos  legales—, significando que los pagos que deben cumplirse  son aquellos que establecidos conforme a la base y  elementos de cálculo existentes en la oportunidad del  abono, independientemente o no si hubiera una rectificación  posterior al momento que corresponda efectuarlos, empero  si la rectificación se realiza antes del plazo del abono,  indefectiblemente modificará el coeficiente de cálculo y la  cuota a abonar, no así cuando la rectificación es posterior  incluso a la determinación del impuesto definitivo. d)  Agrega que la citada sentencia ha indicado claramente que  el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a  la renta se determina con base en el impuesto calculado al  momento del abono; por tanto, resulta evidente que no  sería pertinente el pago ni de intereses moratorios y/o  sanciones por una modificación realizada con posterioridad  al momento del cumplimiento de la misma, situación que  destaca la mencionada sentencia y que pone en evidencia  el propio literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta, razón por la cual ir en contra de lo indicado en ella  implicaría una abierta vulneración del principio de legalidad,  tal como lo ha expuesto a lo largo de la presente demanda.  66. Esta Sala Suprema, en los considerandos dos a nueve,  ha desarrollado la aplicación del precedente en nuestro  ordenamiento y ha citado textualmente el texto del  precedente emitido en la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013-Lima. 67. En este sentido, ni el texto que la Sala  Suprema estableció como precedente ni la ratio decidendi  de  la  resolución  casatoria  permiten  interpretar  la  exoneración o la improcedencia del pago de intereses  moratorios en los supuestos de pagos a cuenta cuyo  coeficiente ha sido variado por posteriores observaciones  de la autoridad tributaria. Debemos señalar, a nuestro  juicio, que la ratio decidendi de la sentencia casatoria está  vinculada, no precisamente a la solución del caso concreto;  sino a la interpretación de las normas tributarias que  restringen derechos o que establecen obligaciones. 68. Por  estas  razones  y  considerando  además  que  el  cuestionamiento concreto de la recurrente está vinculado a  las sanciones (sobre las que no se pronuncia el precedente),  debemos declarar infundada la causal denunciada. Quinta  infracción  normativa  69.  Infracción  normativa  por  interpretación errónea del numeral 1 del artículo 178 del  Código Tributario 70. La disposición normativa señala lo  siguiente: Código Tributario, modificado por el Decreto  legislativo  N°  953  Artículo  178.-  INFRACCIONES  RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Constituyen infracciones  relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones  tributarias: 1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o  remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio  y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o  aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los  que les corresponde en la determinación de los pagos a  cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir  circunstancias en las declaraciones, que influyan en la  determinación de la obligación tributaria; y/o que generen  aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o  créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la  obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u  otros valores similares. 71. Los argumentos de la recurrente  son los siguientes: a) Sostiene que la conducta atribuida a  la recurrente no se encuentra tipificada en el numeral 1 del  artículo 178 del Código Tributario, debido a que no cuenta  con un requisito indispensable del tipo de infracción: el dolo  o intención. Sobre el particular, en el considerando décimo  noveno de la sentencia de vista, la Sala Superior indicó  que, en materia tributaria, el artículo 165 del Código  Tributario establece que las infracciones se determinan de  forma objetiva, y que, habiéndose determinado nuevos  coeficientes de los pagos a cuenta del impuesto a la renta  del dos mil trece se debe concluir que sí se ha incurrido en  la infracción tipificada en el numeral 1 del precitado artículo  178. b) Al respecto, indica que si bien el Código Tributario  acoge un sistema para la determinación de la infracción de  tipo objetivo (artículo 165 del Código Tributario), también lo  es que dicho criterio de determinación ha sido rechazado  por reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional,  como la sentencia recaída en el Expediente Nº 003-2005- PI/TC, debido a que atenta, entre otros, contra el principio  de culpabilidad. 72. En consideración al principio de  legalidad, debemos establecer que las infracciones  tributarias, entre otras, están prescritas en los artículos 172a 178 del Código Tributario. En este sentido, la vulneración  a estas obligaciones formales y sustanciales constituyen  infracciones que deben ser sancionadas con penas  pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de  vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de  profesionales independientes y suspensión de licencias,  permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas  por entidades del Estado para el desempeño de actividades  o servicios públicos […], como señala el artículo 165 del  Código Tributario. 73. En este contexto, siguiendo a la  doctrina tributaria, debemos señalar que una infracción  tributaria puede ser definida en el siguiente sentido. Héctor  B. Villegas31, refiere que una infracción es la “la violación  de las normas jurídicas que establecen las obligaciones  tributarias sustanciales y formales”. Fernando Sainz de  Bujanda32, la define como “el incumplimiento de una  obligación material, esto es, cuyo objeto consista en  realizar una prestación pecuniaria de índole tributaria,  como el incumplimiento de un deber formal de  colaboración con los órganos gestores del tributo”  (énfasis nuestro). La Corte Constitucional de Colombia, en  la Sentencia C-160/98, señala en este sentido que la  infracción  tributaria  comprende:  […]  tanto  el  desconocimiento de normas que regulan el deber de  tributar (obligaciones tributarias sustanciales), como el de  todas aquellas que si bien no desarrollan directamente este  deber, sí señalan cargas que facilitan la función fiscal de la  administración (obligaciones tributarias formales). Son  obligaciones accesorias o secundarias a la de carácter  sustancial, y pueden consistir en obligaciones de dar, hacer  o no hacer. Parte fundamental del funcionamiento del  Estado, depende de la existencia de recursos para financiar  los proyectos y gastos que le permitan cumplir con sus  funciones y fines. Por ello, la importancia del deber que  consagra el artículo 95, numeral 9º de la Constitución,  según el cual “es deber de las personas y de los ciudadanos  contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del  Estado dentro de los conceptos de equidad y justicia”.  Deber de colaboración que no está circunscrito a la  observancia de la obligación tributaria de carácter  sustancial, sino que abarca las accesorias que de ella se  desprenden, y que complementan y facilitan la actividad  fiscal de la administración. Un ejemplo claro de una  obligación accesoria, es el que contempla la norma  parcialmente acusada, en relación con las informaciones y  pruebas que deben presentar determinadas personas,  contribuyentes o no, y que le permiten a la administración  el cruce y confrontación de los datos suministrados por  ellos u otros contribuyentes, a efectos de consolidar la  información  tributaria,  necesaria  para  el  adecuado  cumplimiento de su labor recaudadora, y que, a su vez, le  permite detectar las irregularidades en que pueden estar  incurriendo los diferentes contribuyentes. 74. En este  contexto, proscribiendo cualquier actuación arbitraria de la  administración tributaria, nuestro ordenamiento señala que  la infracción debe ser determinada en forma objetiva. Así,  el artículo 165 del Código Tributario regula la determinación  de la infracción: Artículo 165.- DETERMINACIÓN DE LA  INFRACCIÓN, TIPOS DE SANCIONES Y AGENTES  FISCALIZADORES […] La infracción será determinada en  forma objetiva y sancionada administrativamente con  penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento  temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento  u oficina de profesionales independientes y suspensión de  licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes  otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de  actividades o servicios públicos […]. 75. En el caso,  observa esta Sala Suprema que en el considerando  Vigésimo de la sentencia de vista, la infracción impuesta de  forma objetiva por la administración tributaria se encuentra  vinculada a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de  enero a diciembre de dos mil trece, dado que en el marco  de un procedimiento de fiscalización respecto a las  obligaciones tributarias por los pagos a cuenta del impuesto  a la renta, la administración tributaria determinó que en los  periodos de enero a diciembre de dos mil trece correspondía  aplicar el coeficiente 0.0368 para enero y febrero, y el  coeficiente 0.0321 para marzo a diciembre. También añade  la SUNAT que la recurrente presentó el veintinueve de  diciembre de dos mil quince declaraciones rectificatorias de  los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos  enero a diciembre de dos mil trece, con las que aceptó los  reparos y modificó el coeficiente aplicable a los pagos a  cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre de dos  mil trece conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta, cuya interpretación se ha  desarrollado ampliamente en la presente resolución. 76. Es  así que, habiéndose acreditado en el presente caso lacomisión de la infracción —respecto a no incluir en las  declaraciones  ingresos  y/o  remuneraciones  y/o  retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados  y/o tributos retenidos o percibidos, así como aplicar tasas,  o porcentajes o coeficientes distintos a los que corresponde  en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, que  influyan en la determinación de la obligación— corresponde  el pago de las multas impuestas, el que no califica como  pago indebido y/o en exceso. 77. Por estas consideraciones,  corresponde declarar infundada esta causal. Sexta  infracción normativa 78. Infracción normativa por la  vulneración del principio de tipicidad 79. La disposición  normativa cuya infracción se alega señala lo siguiente: Ley  Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo  General  Artículo  230.-  Principios  de  la  potestad  sancionadora administrativa […] 4. Tipicidad.- Sólo  constituyen conductas sancionables administrativamente  las infracciones previstas expresamente en normas con  rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir  interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones  reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar  aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar  sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a  las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley  permita tipificar por vía reglamentaria. 80. Los argumentos  de la recurrente son los siguientes: a) La recurrente señala  que no es cierto que haya incurrido en la citada infracción  en la medida que la conducta no refleja una declaración de  cifras y/o datos falsos, sino tan solo una divergencia con lo  que la autoridad tributaria considera que debe ser la  determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de dos mil trece. Agrega que reviste especial interés  tener en cuenta que uno de los principios constitucionales  relevantes  en  materia  de  derecho  administrativo  sancionador es el principio de tipicidad, el cual ha sido  recogido en el numeral 4 del artículo 230 de la Ley Nº  27444. 81. Sobre el principio de tipicidad, el Tribunal  Constitucional señala en el fundamento diez de la sentencia  recaída en el Expediente Nº 05487-2013-PA/TC lo  siguiente: […] El principio de tipicidad solo exige que se  defina la conducta que la ley considera como falta, de  modo que lo considerado como antijurídico, o lo que es lo  mismo, la precisión de sus alcances, puede complementarse  a través de los reglamentos respectivos [ Cf. STC 2050- 2002-AA/TC, Fund. N°9]. La garantía de este principio no  puede ser exacerbada en ningún contexto al punto de  requerir un nivel de precisión absoluta en la previsión de  aquellas conductas consideradas como faltas o conductas  prohibidas, ni siquiera en el ámbito del derecho sancionados  penal o administrativo. 82. En el caso se le atribuye a la  recurrente la infracción contenida en el inciso 1 del artículo  178 del Código Tributario, que prescribe: Artículo 178.-  INFRACCIONES  RELACIONADAS  CON  EL  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento  de las obligaciones tributarias: 1. No incluir en las  declaraciones ingresos, rentas, patrimonio, actos gravados  o tributos retenidos o percibidos, o declarar cifras o datos  falsos u omitir circunstancias que influyan en la  determinación de la obligación tributaria 83. En el caso,  observa esta Sala Suprema que la recurrente incluyó en su  declaración información que no correspondía a la realidad  de los hechos. En este sentido, la propia recurrente, el  veintinueve de diciembre de dos mil quince, presentó  declaraciones rectificatorias de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de los periodos enero a diciembre de  dos mil trece aceptando los reparos efectuados por la  administración tributaria. 84. En esa línea, al haberse  acreditado la comisión de la infracción prevista en el  numeral 1 del artículo 178 del Código Tributaria, vinculado  a lo contenido en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta, corresponde declarar infundada esta causal.  Recurso de casación interpuesto por el Tribunal Fiscal  Primera infracción normativa 85. Infracción normativa por  la interpretación errónea del numeral a del artículo 85 del  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y  del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, que sancionan con la aplicación de un interés  moratorio por el no abono de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta 86. Las disposiciones normativas cuya  infracción se alega señalan lo siguiente: Ley del Impuesto  a la Renta Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan  rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago  a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les  corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos  previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales que  determinarán con arreglo a alguno de los siguientes  sistemas: a) Fijando la cuota sobre la base de aplicar a losingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente  resultante de dividir el monto del impuesto calculado  correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total  de los ingresos netos del mismo ejercicio. Los pagos a  cuenta por los períodos de enero y febrero se fijarán  utilizando el coeficiente determinado en base al impuesto  calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio  Página 83 precedente al anterior. En este caso, de no  existir impuesto calculado en el ejercicio precedente al  anterior se aplicará el método previsto en el inciso b) de  este artículo. En base a los resultados que arroje el balance  del  primer  semestre  del  ejercicio  gravable,  los  contribuyentes podrán modificar el coeficiente a que se  refiere el primer párrafo de este inciso. Dicho coeficiente  será de aplicación para la determinación de los futuros  pagos a cuenta. 87. Los argumentos de la recurrente son  los siguientes: a) Sostiene que, de lo expuesto en el artículo  85 de la Ley del Impuesto a la Renta, puede inferirse  claramente que: i) la determinación del sistema de pagos a  cuenta se realiza en función de si en el ejercicio anterior el  contribuyente tiene renta imponible, y ii) el sistema de  pagos a cuenta es aplicable a todo el ejercicio gravable.  Según la impugnante, no debe perderse de vista que el  procedimiento para determinar el pago a cuenta mensual  con base en el sistema de coeficiente hace referencia al  “impuesto calculado”, el mismo que no podría ser entendido  como aquel monto determinado de forma incorrecta, puesto  que resulta ser una obligación formal de los contribuyentes  el incluir en las declaraciones juradas datos que sean  reales. b) Señala que la disposición normativa alegada no  establece que para determinar el coeficiente hay que  remitirse a la declaración jurada “original” que corresponde  al ejercicio gravable anterior, en que se encuentran los  siguientes datos: i) ingreso neto total del ejercicio gravable  y ii) impuesto a la renta calculado en el citado ejercicio.  Entonces, ¿A qué ingreso neto total e impuesto a la renta  calculado del ejercicio gravable se refiere el inciso a del  artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta? obviamente,  este dispositivo legal apunta al ingreso neto total del año e  impuesto a la renta calculado que resultan de la  determinación que debe ser practicada conforme a la  Constitución Política y por supuesto a derecho. c) Refiere  que se debe prestar atención a lo dispuesto por el primer  párrafo del artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, que establece que la declaración tributaria  “podrá” constituir la base para la determinación de la  obligación del pago a cuenta. En ese sentido, manifiesta  que resulta claro que los datos contenidos en la declaración  jurada original no son definitivos; por ejemplo, consignar en  la declaración jurada del impuesto a la renta del dos mil  trece que el ingreso neto total es noventa no es definitivo,  pues siempre existe la posibilidad para corregir los datos  consignados. d) Advierte que esta corrección puede ser  llevada a cabo por el propio administrado mediante la  rectificación o puede ser efectuada por la administración  mediante un procedimiento de fiscalización. Por tanto,  luego de producida la rectificatoria (variación) de los datos  consignados en la declaración jurada referida a los  ejercicios dos mil once y dos mil doce, donde ahora se  señala,  por  ejemplo,  que  el  ingreso  neto  total  correspondiente es cien y no noventa, se tiene que  proceder con el recálculo del coeficiente y por consiguiente  el recálculo de los montos relacionados con los pagos a  cuenta de los periodos tributarios de enero a marzo y mayo  a diciembre de dos mil trece para restablecer el imperio de  la Constitución Política en la parte que se refiere al principio  de capacidad contributiva. Agrega que, cuando la norma  señala impuesto calculado y total de ingresos netos en el  inciso a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta,  se debe entender “el impuesto calculado y el total de  ingresos netos determinados de manera correcta”. Caso  contrario, la norma tributaria estaría permitiendo calcular  un impuesto incorrecto, es decir, un impuesto que no le  corresponde al contribuyente, sin tomar en cuenta que las  declaraciones determinativas son declaraciones juradas. e)  En consecuencia, afirma que la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 2465-10-2018 ha sido emitida con arreglo a ley  sin vulnerar el principio alguno, al interpretar de manera  correcta el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y  el artículo 34 del Código Tributario. En concepto de este  recurrente, sería la Sala Superior la que realiza una  interpretación errónea del numeral a del artículo 85 del  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y  del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario. 88. Debemos señalar que en los fundamentos  veintitrés a treinta, nos pronunciamos respecto a la  interpretación de los artículos 85 de la Ley de la Ley del  Impuesto a la Renta y 34 del Código Tributario. 89. Enconsideración a los argumentos señalados, debemos  establecer que el órgano jurisdiccional en la sentencia de  vista efectúo una errónea interpretación de las disposiciones  normativas en cuestión, por lo que debemos declarar  fundada la causal denunciada por la recurrente. Segunda  infracción normativa 90. Infracción normativa por la  contravención de las normas del debido proceso:  vulneración de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139  de la Constitución Política del Estado, además de no  efectuar el apartamiento de la Casación Nº 4392-2013, al  aplicarse el principio de nemo auditur propiam turpitudinem  allegans, recogido por el Tribunal Constitucional en la  sentencia recaída en el Expediente Nº 00394-2013-PA/TC.  91. La disposición normativa cuya infracción se alega  señala lo siguiente: Constitución Política del Perú de  1993 Artículo 139.- PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN  DE JUSTICIA Son principios y derechos de la función  jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan. 92. Los argumentos de la recurrente son los  siguientes: a) Argumenta que, según el adagio nemo  auditur propiam turpitudinem allegans nadie puede alegar a  su favor, su propia torpeza o culpa. El mismo se trata de un  principio general del derecho cuya aplicación y pertinencia  en el Perú ha sido reconocida por el propio Tribunal  Constitucional a través de diversas sentencias, entre ellas,  la recaída en el Expediente Nº 00394-2013-PA/TC. Según  refiere esta sentencia señala que: Si estando obligado a  determinado comportamiento, uno incumple de efectuarlo  en la manera señalada, no puede alegar ese error a efectos  de beneficiarse económicamente de su propia negligencia,  pues ello supondría no solo vulnerar el principio antes  mencionado, sino también incurrir en un supuesto de abuso  de derecho y en uno de enriquecimiento sin causa. b)  Señala  que  amparar  una  conducta  que  favorece  indubitablemente a quien no ha cumplido con liquidar  correctamente ni pagar oportunamente su deuda tributaria,  significaría permitir que la demandante obtenga provecho  de un perjuicio que ella misma ha permitido o provocado.  Sin embargo, afirma que, a pesar de encontrarse  legalmente facultados para efectuar los cobros, tanto el  Juzgado como la Sala Superior se limitan a amparar una  conducta que convierte una actuación errada en un  ejercicio abusivo del derecho pues, en aplicación sin  criterio de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013-LIMA,  consideran que no procede el cobro de dichos intereses.  Es decir que, bajo el criterio de esta casación, están  amparando la conducta negligente del contribuyente, pues  debe recordarse que el mismo está obligado a determinado  comportamiento e incumplió efectuar en la manera  señalada. La empresa no puede alegar ese error a efectos  de beneficiarse económicamente de su propia negligencia,  pues ello supondría no solo vulnerar el principio antes  mencionado, sino también incurrir en un supuesto de abuso  de derecho y en uno de enriquecimiento sin causa. c)  Aunado a lo anterior, alega que, amparar este tipo de  conductas afecta el principio de igualdad, pues, por un  lado, pronunciamientos como este generan el beneficio  económico de no pagar los intereses devengados a  contribuyentes que, en ejercicio abusivo de un derecho  (rectificación de declaración jurada), corrigen los montos  de determinación y pretenden no pagar los intereses,  cuando existen otros contribuyentes que sí efectuaron la  determinación correcta desde la primera declaración jurada  original si se encuentran obligados a pagar. Manifiesta que  en las circunstancias descritas procede un apartamiento de  lo recogido en la sentencia de Casación Nº 4392-2013- Lima, que flagrantemente i) ampara conductas negligentes,  ii) ampara el abuso de derecho, iii) atenta contra el  principio de igualdad, y iv) viola el deber de contribuir. Por  ello, considera que es necesario emitir un pronunciamiento  acorde a los principios que deben primar en un sistema  jurídico que respete todos los derechos y libertades dentro  del margen de justicia e igualdad, y no favorecer a  contribuyentes negligentes que se amparan en “errores” y  afectan a los demás contribuyentes y a la administración  tributaria. 93. Sobre la infracción denunciada, esta Sala  Suprema debe señalar que sobre el deber de motivación,  según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en  la sentencia del caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera  de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, se ha  pronunciado en el siguiente sentido: 77. La Corte ha  señalado que la motivación “es la exteriorización de la  justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.  El deber de motivar las resoluciones es una garantía  vinculada con la correcta administración de justicia, queprotege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por  las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad  de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad  democrática. En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso  Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y  Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No.  193, párr.152. 94. El Tribunal Constitucional en el  fundamento 6 del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  respecto a la debida motivación, ha señalado lo siguiente:  […] Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional  (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad  de precisar que “el derecho a la debida motivación de las  resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas,  expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones […]  deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y  aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente  acreditados en el trámite del proceso. 95. No obstante, en  un  escenario  de  concretización  de  este  derecho  fundamental,  debemos  señalar  que  el  Tribunal  Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC  precisa que el análisis de una determinada resolución  judicial, a efectos de determinar si ha violado o no el  derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, debe realizarse a partir de los propios  fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. De  esta manera, al Juez Supremo no le incumbe el mérito de  la causa, sino el análisis externo de la resolución para  constatar si esta es el resultado de un juicio racional y  objetivo donde el Juez Superior ha puesto en evidencia su  independencia e imparcialidad en la solución de un  determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la  interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades  o inconsistencias en la valoración de los hechos. 96. En el  caso, la sentencia de vista concluyó en confirmar la  sentencia de primera instancia y su corrección, en el  extremo que declara fundada en parte la demanda en lo  referido a la devolución solicitada respecto de los intereses  moratorios correspondientes a los pagos a cuenta del  impuesto a la renta efectuados por los periodos enero a  marzo y mayo a diciembre del dos mil trece, tomando en  consideración lo previsto en el artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario. 97. En este sentido, no se  aprecia la vulneración del deber de motivación, en la  medida que esta causal requiere de denuncias concretas  vinculadas al deber de motivación, como ha señalado el  Tribunal Constitucional. De esta manera, debemos  establecer que, en el caso, la Sala Superior realizó una  interpretación distinta y contraria a la señalada por esta  Sala Suprema; no obstante, dicha interpretación se  encuentra adecuadamente sustentada. En tal sentido, en la  sentencia de vista no es posible advertir la existencia de  una falta de motivación como denuncia el recurrente, por lo  que se debe declarar infundada la causal denunciada.  Recurso de casación interpuesto por la SUNAT Primera  infracción  normativa  98.  Infracción  normativa  por  arbitrariedad manifiesta en la que incurre la sentencia de  segundo grado, en agravio de su derecho fundamental a la  debida motivación y debido proceso 99. Los argumentos de  la recurrente en torno a esta infracción son los siguientes:  a) Señala que, para la Sala Superior, la fundamentación  fáctica del presente proceso es idéntica a la fundamentación  fáctica que se discutió en la Sentencia de Casación Nº  4392-2013-Lima y que, a criterio de la Sala Superior, lo  dispuesto en el artículo 34 del Código Tributario y el inciso  a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta implica  que no se apliquen los intereses moratorios cuando existe  el pago oportuno de los pagos a cuenta, no importando si  dicho pago es un monto incorrecto (pago parcial o  defectuoso) y que la Sala Superior señala que la casación  del proceso EGASA-4392-2013-LIMA se aplica a todos los  procesos en que el demandante cuestione el pago de  intereses moratorios devenidos del pago parcial de los  pagos a cuenta, así este haya sido determinado producto  de una fiscalización. b) Sostiene que respecto a la  semejanza en la fundamentación fáctica, esta no ha sido  correctamente analizada por el Juez Superior, dado que, tal  y como ha señalado desde la contestación de la demanda  y el recurso de apelación, en la Sentencia de Casación Nº  4392-2013-Lima, si bien se discutió si corresponde el cobro  de los intereses de pagos a cuenta del impuesto a la renta,  los hechos que originaron tal controversia devenían del  cuestionamiento de órdenes de pago que la administración  emitió como producto de la rectificación que hizo el  demandante sin ninguna inducción al pago, derivado de  una fiscalización iniciada por la administración tributaria. c)  Agrega que el colegiado supremo señaló que al no existir  fiscalización alguna por parte de la administración respectode la determinación correcta de los pagos a cuenta no  existe exigibilidad de los pagos a cuenta del impuesto a la  renta, siendo que con el pago y la rectificación de los pagos  a cuenta que realizó el contribuyente se cumplió con la  oportunidad del pago al no existir fiscalización alguna por  parte de la administración. Sin embargo, afirma que todo lo  contrario ocurre en el caso de autos, pues en la presente  controversia los hechos que la han originado son como  producto de la fiscalización efectuada por la administración  tributaria respecto de los ejercicios dos mil once y dos mil  doce y, como consecuencia de ello, se emitió las  Resoluciones de Determinación Nº 0120030041434 y Nº  0120030065353, notificadas el veintitrés de octubre de dos  mil trece y nueve de diciembre de dos mil quince,  respectivamente, contra las cuales la recurrente no  interpuso recurso contencioso tributario, encontrándose  firmes las mencionadas resoluciones de determinación.  Agrega  que,  considerando  lo  determinado  en  las  fiscalizaciones de dos mil once y dos mil doce, se inicia el  procedimiento de fiscalización respecto de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta correspondiente a los  periodos de enero a diciembre de dos mil trece. Como  resultado, se emitieron las Resoluciones de Determinación  Nº 0120030069133 a Nº 0120030069144, las cuales luego  de haber sido impugnadas en sede administrativa y haber  sido confirmadas por el Tribunal Fiscal, se encuentran  cuestionadas en sede judicial ante el Vigésimo Juzgado  Contencioso Administrativo, seguido con Expediente  Judicial Nº 15491-2017, el cual se encuentra a la fecha con  resultado favorable en segunda instancia. Finalmente,  considera que correspondía pagar los intereses moratorios  en conformidad con el artículo 34 del Código Tributario. Por  consiguiente, estos pagos no devienen en indebidos,  criterio claramente dilucidado en la Sentencia de Casación  Nº 5048-2012 y su aclaratoria. 100. En principio, sobre el  deber de motivación, esta Sala Suprema ya se ha  pronunciado al respecto en los considerandos precedentes  de la presente resolución. Destaquemos lo señalado por la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso  Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso  Administrativo”) vs. Venezuela que refiere lo siguiente: 77.  La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización  de la justificación razonada que permite llegar a una  conclusión”. […] 101. En el caso, así como lo desarrollado  en la anterior causal de infracción normativa —en el  extremo referido a los intereses moratorios derivados de  los pagos a cuenta— la Sala Superior realizó una  interpretación distinta y contraria a la señalada por esta  Sala Suprema y respecto a lo contenido en lo dispuesto en  el artículo 34 del Código Tributario y el inciso a del artículo  85 de la Ley del Impuesto a la Renta. No obstante, dicha  interpretación sí se encuentra adecuadamente sustentada.  Por lo tanto, no se advierte una falta de motivación. 102. En  tal sentido, al no haber incurrido la sentencia de vista en  una falta de motivación, como denuncia la recurrente,  corresponde declarar infundada la causal denunciada.  Segunda infracción normativa 103. Infracción normativa  por aplicación errónea de la sentencia de Casación Nº  4293-2013-LIMA, vulnerando el artículo 37 de la Ley Nº  27584, en la que se incurre en la sentencia de segundo  grado 104. La disposición normativa cuya infracción se  alega señala lo siguiente: Ley Nº 27584 Artículo 37.-  Principios jurisprudenciales. Cuando la Sala Constitucional  y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones  principios  jurisprudenciales  en  materia  contencioso  administrativa, constituyen precedente vinculante. Los  órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido  en el precedente vinculante, siempre que se presenten  circunstancias particulares en el caso que conocen y que  motiven debidamente las razones por las cuales se apartan  del precedente. 105. Los argumentos de la recurrente en  torno a esta infracción normativa son los siguientes: a)  Argumenta que la Sala Superior establece en el décimo  primer considerando que existe semejanza entre la base  fáctica que sustenta el presente caso y la que motivó la  emisión del precedente vinculante contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima. Por tanto,  corresponde aplicar al presente caso las reglas que  constituyen precedentes vinculantes en dicha casación,  criterio compartido por el a quo en la recurrida en virtud a lo  dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº 27584. Sin embargo,  dicho criterio a consideración es errado, ello en atención a  lo que el mismo Juez Superior ha afirmado en la sentencia  de vista respecto a la aplicación del precedente vinculante.  b) Advierte que el Juez Superior ha resaltado que los  precedentes vinculantes se aplican a procesos en que la  materia en controversia sea similar o idéntico, salvo que  exista distingo, que es justamente lo que sucede en el casode autos y que el propio Juez Supremo lo ha establecido en  la Sentencia de Casación Nº 5048-2012. Agrega a ello que  el artículo 37 de la Ley Nº 27584 no señala que la aplicación  de los precedentes tengan que ser aplicados de manera  indiscriminada, sino que este regula que los precedentes  se aplican para supuestos de hecho similares o idénticos,  con lo cual el Juez tiene la obligación de analizar si los  hechos que originaron la controversia son los mismos  fundamentos fácticos que originaron la emisión del  precedente vinculante para que se aplique. 106. Esta Sala  Suprema, en los puntos desarrollados en los párrafos  precedentes, ha señalado las consideraciones que  corresponden a un precedente en nuestro ordenamiento, a  diferencia de los precedentes en el common law. 107. En  principio, para efectos de determinar la vulneración del  artículo 37 de la Ley Nº 27584, debemos señalar que la  disposición normativa debe ser interpretada como la  potestad de la Sala Constitucional y Social de la Corte  Suprema para fijar en sus resoluciones principios  jurisprudenciales en materia contencioso administrativa,  los mismos que constituyen precedente vinculante. 108. No  obstante, en el caso, los argumentos de la recurrente no  cuestionan propiamente esta potestad de la Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema, sino la  interpretación que realiza el órgano jurisdiccional de la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima, emitida por la  Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la  Corte Suprema, la misma que fija doctrina jurisprudencial  vinculante, tal como se señala en el análisis preliminar de  la presente resolución. En todo caso, no acredita la  vulneración al artículo 37 de la Ley Nº 27584, referido a los  principios jurisprudenciales. Por estas consideraciones, la  causal debe ser declarada infundada. Tercera infracción  normativa 109. Infracción normativa por la interpretación  errónea del artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario y el artículo 85 de la Ley del Impuesto a  la Renta 110. Las disposiciones normativas cuya infracción  se alega señalan lo siguiente: Código Tributario Artículo  34.- CÁLCULO DE INTERESES EN LOS ANTICIPOS Y  PAGOS A CUENTA El interés moratorio correspondiente a  los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente,  se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la  obligación principal. A partir de ese momento, los intereses  devengados constituirán la nueva base para el cálculo del  interés moratorio. Lo dispuesto en el presente artículo es  aplicable incluso cuando, con posterioridad al vencimiento  o determinación de la obligación principal, se hubiese  modificado la base de cálculo del pago a cuenta o el  coeficiente aplicable o el sistema utilizado para su  determinación, por efecto de la presentación de una  declaración jurada rectificatoria o de la determinación  efectuada sobre base cierta por la Administración Ley del  Impuesto a la Renta Artículo 85.- Los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría abonarán con  carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en  definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro  de los plazos previstos por el Código Tributario, cuotas  mensuales que determinarán con arreglo a alguno de los  siguientes sistemas: a) Fijando la cuota sobre la base de  aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el  coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto  calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior  entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. Los  pagos a cuenta por los períodos de enero y febrero se  fijarán utilizando el coeficiente determinado en base al  impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al  ejercicio Página 83 precedente al anterior. En este caso, de  no existir impuesto calculado en el ejercicio precedente al  anterior se aplicará el método previsto en el inciso b) de  este artículo. En base a los resultados que arroje el balance  del  primer  semestre  del  ejercicio  gravable,  los  contribuyentes podrán modificar el coeficiente a que se  refiere el primer párrafo de este inciso. Dicho coeficiente  será de aplicación para la determinación de los futuros  pagos a cuenta. b) Aquéllos que inicien sus actividades en  el ejercicio efectuarán sus pagos a cuenta fijando la cuota  en el dos por ciento (2%) de los ingresos netos obtenidos  en el mismo mes. También deberán acogerse a este  sistema quienes no hubieran obtenido renta imponible en el  ejercicio anterior. Para efecto de lo dispuesto en este  artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos  gravables, de la tercera categoría, devengados en cada  mes menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y  demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la  costumbre de la plaza; el impuesto calculado el importe  determinado de acuerdo al Artículo 55 de esta ley 111. Los  argumentos de la recurrente son los siguientes: a)  Argumenta que la interpretación literal y sistemática delartículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y de lo  dispuesto en el artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario determina que el no pago correcto de los  pagos a cuenta genera el pago de intereses moratorios.  Precisa que dicho pago es un pago debido de acuerdo a  ley, hecho que no ha considerado la sentencia de vista.  Alega que el colegiado superior no ha analizado de manera  correcta la base legal para el caso concreto, con lo cual se  ha incurrido en un error en la interpretación de la norma  que dispone la obligación de pagar intereses moratorios y,  cuando no se paga ni declara el monto correcto por pagos  a cuenta, corresponde el pago de intereses, como lo  disponen el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y  el artículo 34 del Código Tributario. 112. En el caso de  autos, asumiendo los criterios de interpretación literal y  sistemática, y lo contenido en el principio de reserva de ley,  que  deben  observarse  para  la  interpretación  de  disposiciones normativas de carácter tributario, así como lo  señalado en los fundamentos 10 a 30 de la presente  resolución, debemos establecer la existencia de una  errónea interpretación por parte del órgano jurisdiccional  en la sentencia recurrida. 113. Por estas consideraciones,  debemos  declarar  fundada  la  causal  denunciada.  DECISIÓN Por tales consideraciones y de conformidad con  lo regulado en los artículos 396 y 397 del Código Procesal  Civil, DECLARARON: INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por Terpel Aviación Del Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada (antes Exxonmobil Aviación Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada), presentado el  cinco de febrero de dos mil diecinueve (folios 587-621 del  Expediente Judicial Electrónico Nº 05401-2018-0-1801-JR- CA-20); FUNDADO el recurso de casación interpuesto por  el Tribunal Fiscal (mediante el Procurador Público Adjunto  a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas), presentado el trece de febrero de  dos mil diecinueve (folios 672-689); y FUNDADO el recurso  de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria (mediante su  Procuraduría Pública), presentado el catorce de febrero de  dos mil diecinueve (folios 691-731). En consecuencia,  CASARON la sentencia de vista emitida por la Sétima Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, contenida en la resolución  número veintiuno, del veinticuatro de enero de dos mil  diecinueve (folios 561-585), que resolvió lo siguiente:  CONFIRMARON la sentencia de fecha once de setiembre  de dos mil dieciocho, obrante de fojas 331 a 352 EO,  corregida mediante resolución de fecha veinte de setiembre  de dos mil ocho, obrante a fojas 447 y 448 EA, en el  extremo que declara fundada en parte la demanda. […] Y,  actuando  en  sede  de  instancia,  DECLARARON  INFUNDADA en todos sus extremos la demanda  presentada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho por  Terpel Aviación Del Perú Sociedad de Responsabilidad  Limitada (antes Exxonmobil Aviación Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada), contra la Resolución del  Tribunal  Fiscal  Nº  02465-10-2018.  Por  último,  ORDENARON la publicación de la presente resolución en  el diario oficial El Peruano bajo responsabilidad, en los  seguidos por Terpel Aviación Del Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada (antes Exxonmobil Aviación Perú  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada)  contra  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso  administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse  los actuados. Interviene como ponente el señor Juez  Supremo Bustamante del Castillo S. SS. GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA BRONCANO. EL  VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA  RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: Al amparo del  artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, la suscrita se encuentra de acuerdo con  el sentido de la decisión de la ponencia; precisando los  siguientes fundamentos: I. VISTOS: Los recursos de  casación interpuestos por Terpel Aviación Del Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada (antes Exxonmobil  Aviación Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada),  Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, Superintendencia Nacional de Aduanas y  Administración Tributaria – SUNAT, contra la sentencia de  vista contenida en la resolución número veintiuno del  veinticuatro de enero del dos mil diecinueve que confirmó  la sentencia apelada, que declaró fundada en parte la  demanda. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Delimitación  del objeto de pronunciamiento 1.1 Es necesario precisarque en el presente caso es objeto de pronunciamiento los  recursos de casación formulados por la demandante y las  dos entidades emplazadas contra la sentencia de segunda  instancia que resolvió declarando fundada en parte la  demanda. En el presente caso, la demanda es de nulidad  de la RTF N° 02465-10-2018, de las Resoluciones de  Intendencia números 015-014-0013535, No. 015-014- 13536, 012-180-0012530/SUNAT y 012-180-0012562/ SUNAT, que declararon improcedentes las solicitudes de  devolución de los pagos realizados en virtud de los Pagos  a Cuenta del Impuesto a la Renta de enero a marzo y mayo  a diciembre de 2013; así como las multas emitidas por el  numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. La  sentencia de vista declara fundada la demanda bajo el  argumento principal de que no resulta aplicable los  intereses moratorios previstos en el artículo 34 del Código  Tributario al haberse efectuado el pago oportuno de los  pagos a cuenta, supuesto que no se habría dado debido  que la recurrente declaró y pago cumpliendo lo dispuesto  en el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta. Sobre la devolución de los pagos realizados en  relación de la multa, sustenta que no corresponde aplicar el  precedente vinculante N° 4392-2013 Lima, al no haber  establecido criterios relacionados con las sanciones de  multa. Lo señalado nos lleva a identificar que en presente  caso el tema de la demanda, lo debatido en las instancias  de mérito y lo resuelto en segunda instancia está referido a  las pretensiones de devolución por pagos indebidos y/o en  exceso por concepto de intereses moratorios y multa  vinculadas a los pagos a cuenta del Impuesto a Renta. 1.2  La entidades recurrentes formulan sus recursos de  casación por infracción de normas procesales y sustantivas  confluyendo el sustento medular de las causales materiales  en el sentido de las normas aplicadas, en interpretación  errónea de las normas del numeral a) del artículo 85 del  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y  del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, y en relación al precedente vinculante N° 4392- 2013, sosteniendo la demandante que no corresponde el  pago de intereses moratorios y las emplazadas que si  corresponde el pago por dicho concepto; por lo que  expresamos al respecto los siguientes fundamentos.  SEGUNDO:  Sobre  las  infracciones  normativas  denunciadas 2.1 Respecto a la infracción de normas  procesales no se advierte que la sentencia de vista hubiere  incurrido en infracción, debido que si ha expresado los  fundamentos de la decisión judicial, advirtiendo que su  razonamiento incide en la interpretación que realiza sobre  las normas sustantivas y la aplicación de lo que considera  precedente vinculante respecto de la casación 4392-2013  Lima, que le lleva a concluir la no aplicación de intereses  moratorios; en ese sentido no resultan estimables las  causales procesales y de motivación, lo cual no conlleva la  corrección material de las premisas normativas, pues ello  corresponde examinar al absolver las causales sustantivas.  2.2 Absolviendo las causales sustantivas, es necesario en  este caso realizar algunas precisiones en relación al  precedente judicial vinculante, por su incidencia en las  sentencias de instancia y en los recursos de casación.  Ciertamente, los precedentes de las Salas Supremas  tienen carácter vinculante, lo que cual se ha reiterado en  las sentencias de Casación N° 4392-2013 y N° 21690- 2019, conforme a las normas del primer párrafo del artículo  22 LOPJ33 y del artículo 36 del T.U.O. de la Ley del Proceso  Contencioso Administrativo, Ley 2758434 que establecen  que los principios jurisprudenciales establecidos en las  sentencias de las Salas Supremas constituyen precedentes  de obligatorio cumplimiento para todas las instancias  judiciales. Es medular distinguir entre precedente y la  sentencia que lo contiene, en el sentido de que sólo es  vinculante la parte de la sentencia que contiene el  precedente expresamente establecido, como lo indican las  normas legales arriba citadas que, el carácter vinculante  asiste a los principios jurisprudenciales fijados en la  ejecutoria suprema. 2.3 A efectos de que no quede dudas,  resulta necesario reiterar algunas precisiones sobre los  precedentes de la casación N° 4392-2013 Lima35: - Los  precedentes se han constituido respecto de dos reglas  jurídicas establecidas con carácter vinculante en la parte  resolutiva de la sentencia, referidas a las reglas del  considerando 5.2 de la misma, que se encuentran referidas  a la interpretación de la Norma VIII del T.P. del Código  Tributario sobre reglas de interpretación de las normas  tributarias. - Los precedentes no han excluido ni preferido  en términos generales algún método de interpretación  respecto de normas tributarias, sino en compatibilidad con  la Norma VIII reitera la limitación en la aplicación de  interpretaciones restrictivas o extensivas respecto denormas que restringen derechos o establecen obligaciones.  Denotando la responsabilidad del Juez de seleccionar el  método de interpretación más adecuado al tipo de  disposición a interpretar, entendiendo ello, cuidando de no  incurrir en la prohibición de la Norma VIII. - Los precedentes  no han establecido el sentido interpretativo de las normas  del inciso a) artículo 85 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a  la Renta, ni del artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario,  sino que han establecido como regla, que para la  interpretación de tales disposiciones que imponen  obligaciones, no corresponde utilizar la interpretación  extensiva ni restrictiva, ni analógica. 2.4 En ese orden,  es preciso descartar que el precedente hubiere establecido  que los pagos a cuenta no generan la aplicación de  intereses moratorios, tanto más que la sentencia N° 4392- 2013 al resolver el caso concreto –extremo que no es  precedente vinculante, y más bien es jurisprudencia por la  reiteración en otras ejecutorias-, tiene explicitado que los  abonos con carácter de pagos a cuenta generan  intereses  moratorios  cuando  no  son  abonados  oportunamente en los plazos previstos en la ley (último  párrafo del considerando 3.8). 2.5 En relación a la  interpretación de las disposiciones del inciso a) artículo 85  del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta, y del artículo  34 del T.U.O. del Código Tributario, tiene previsto que  tratándose de disposiciones que imponen obligaciones, no  corresponde utilizar la interpretación extensiva ni restrictiva,  ni analógica. Es necesario destacar que, conforme se tiene  explicado en el obiter dicta de la sentencia casatoria 4392- 2013-Lima,  para  realizar  la  interpretación  de  las  disposiciones legales denunciadas, si bien se acude al  método de interpretación literal, igualmente se utiliza el  método de interpretación sistemática, al ser disposiciones  que forman parte de cuerpos normativos dentro de un  sistema jurídico, por lo que, no es posible prescindir de la  estrategia argumentativa de interpretación sistemática36;  que de acuerdo a la norma del artículo 34 del Código  Tributario, se identifican las normas vinculadas al caso que  establecen la obligación de pago de los intereses a los  pagos a cuenta no realizados oportunamente. La norma  sanciona la conducta de no pagar oportunamente, en ese  sentido, el concepto de intereses a que se refiere es el  previsto en el artículo 33 del mismo código, esto es,  intereses moratorios37; conforme a la norma identificada y a  lo señalado el segundo párrafo del considerando 3.8 de la  casación 4392-2013 Lima, los pagos a cuenta sí están  afectos a la aplicación de intereses moratorios: “pues si  bien no tienen naturaleza de tributo, si son obligaciones de  abono al que la ley le ha atribuido el carácter de pago a  cuenta del impuesto a la renta (conforme al inciso a) del  artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta), y la norma  del artículo 34 del Código Tributario vinculado al caso,  establece que los abonos con carácter de pagos a  cuenta, a cargo de los contribuyentes que perciben  rentas  de  tercera  categoría,  generan  intereses  moratorios cuando no son abonados oportunamente  en los plazos previstos en la ley. Cabe precisar en  relación al supuesto de hecho para la aplicación de los  referidos intereses moratorios, viene a constituir el pago no  oportuno, resultando no solo necesario cumplir con el  momento u oportunidad que se deben efectuar los pagos,  sino además con efectuar el pago, que en interpretación  sistemática con la norma del numeral 1) del artículo 27 del  Código Tributario, la obligación tributaria se extingue  con el pago, y este se produce cuando se ha efectuado  íntegramente la prestación, y conforme lo prevé la norma  del artículo 1220 del Código Civil de aplicación supletoria al  amparo de la Norma III del Código Tributario -que permite  la aplicación de normas distintas a las tributarias, que no se  les opongan ni desnaturalicen, como sucede con la norma  civil citada-; corresponde enfatizar que en el caso de los  pagos a cuenta, la exigencia del pago, se vincula con el  momento oportuno y forma previstas legalmente, y en  forma íntegra, con efecto cancelatorio38. 2.6 En ese  orden de lo antes señalado, y en control de derecho de la  sentencia de vista, se advierte que el décimo primer  considerando contiene el razonamiento angular de la  sentencia de vista el cual reside en una comparación y  determinación de similitudes del caso que está resolviendo  con el caso del precedente, señala que si bien en el caso  del precedente la variación del coeficiente fue a raíz de la  declaración rectificatoria y en este caso se debió por la  fiscalización, considera que no es un distingo sustancial  que justifique apartarse del precedente; advirtiendo de sus  fundamentos  que  considera  erróneamente  que  el  precedente habría determinado el no pago de intereses  moratorios cuando se modifica el coeficiente de la base de  cálculo en forma posterior, lo cual le lleva a establecer yaplicar como premisa normativa de que no es trascendental  si la rectificación posterior se efectuó en forma voluntaria o  a consecuencia de una fiscalización, sino que la aplicación  de intereses moratorios procede cuando los pagos a cuenta  no se realizan oportunamente conforme a la base y  elementos de cálculo existentes en la oportunidad del  abono, y que en el caso concreto después de liquidado el  total del tributo se determinó en el procedimiento de  fiscalización una diferencia en el coeficiente de cálculo. 2.7  Incurriendo la sentencia impugnada en las infracciones  sustantivas, en tanto el precedente vinculante de la  Sentencia casatoria N° 4392-2013 se encuentra referido a  la interpretación de la norma VIII, siendo tales principios  jurisprudenciales fijados en el precedente, los que gozan  de carácter vinculante, asimismo la ejecutoria del  precedente tiene señalada la aplicación de los intereses  moratorios cuando no se paga en forma oportuna y con  arreglo a lo previsto en la normatividad tributaria, lo cual  resulta distinto a los términos y sentido aplicado por la  sentencia recurrida. Reiterando, conforme a lo explicado  en el considerando 2.5 del presente voto, la obligación  tributaria se extingue con el pago, y este se produce  cuando se ha efectuado íntegramente la prestación,  enfatizando que en el caso de los pagos a cuenta, la  exigencia del pago, se vincula con el momento oportuno y  forma previstas legalmente, y en forma íntegra, con efecto  cancelatorio39; en ese orden normativo y aplicado al caso  en que la sentencia tiene señalado que se determinó una  diferencia en cuanto al coeficiente de cálculo, no habiendo  establecido el supuesto de pago oportuno y con efectos  cancelatorios, en consecuencia si genera la aplicación de  intereses moratorios, resultando infundada la demanda. MI  VOTO ES: Declarar FUNDADOS los recursos de casación  formulados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria – Sunat, y el Tribunal Fiscal,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número veintiuno del 24 de enero de 2019, que confirma la  sentencia apelada contenida en la resolución número once  que declara fundada en parte la demanda.- CASAR la  sentencia de vista, y en sede de instancia REVOCAR  declarando infundada la demanda.- Jueza Suprema Rueda  Fernández. RUEDA FERNÁNDEZ. 1  Refiere Taruffo al respecto:  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones)”   Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justica material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva  TARUFFO, Michele (2005). El vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil.  Lima, Palestra Editores; p. 129. 2  Refiere también Taruffo que “no es por nada que en los discursos que se hacen,  […] jamás se habla de igualdad: El valor de la igualdad frente al Derecho se ha  perdido. Se habla de la previsibilidad, de la uniformidad, pero como herramientas  para realizar una reducción de la sobrecarga de trabajo del sistema judicial”.  TARUFFO, Michelle (2012). “El precedente judicial en los sistemas del civil law”.  En Ius et Veritas, Nº 42; pp. 90-91.  https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11991/12559 3  Código Procesal Constitucional  Artículo VI. Precedente vinculante  Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa  juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,  precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica  en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva  apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de  derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del  precedente.  Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se  requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de  cinco magistrados.  En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de  la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes  con el voto conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que lo establece  formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su  efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de  derecho en que se sustenta. 4  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0024-2003-AI/TC del diez de octubre de  dos mil cinco.5  NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS   Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos,  establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la  ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo.   (Modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el 18 de  julio de 2012). 6  Sobre el punto, refiere también Guastini:  Sin embargo, en la literatura se encuentra también un concepto más estricto de  interpretación. Varios autores distinguen la interpretación propiamente dicha,  entendida como solución de dudas sobre el significado, de la (mera) comprensión.  Es decir, según esta definición, se interpreta solo cuando no se comprende, y en  cambio cuando se comprende no se interpreta (“in claris non fit interpretatio”). Cfr.,  e.g., Wróblewski, 1983 y 1989; Marmor, 1992; Diciotti, 1999; Lifante, 1999 y 2010.  Esta manera de ver (comprometida con una teoría ingenua de la interpretación)  suena problemática por varias razones. Entre otras, la siguiente: la comprensión  inmediata de un texto parece ser nada más que una forma de interpretación —la  interpretación prima facie— distinta, en cuanto tal, de otras formas (distinta, en  particular, de la interpretación “all things considered”). Cfr. Diciotti, 1999, cap. IV.  GUASTINI, Riccardo (2015). “Interpretación y construcción jurídica”. En Isonomía  Nº 43; pp. 11-48.  http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf 7  GUASTINI, Riccardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios  Políticos y Constitucionales; p. 26. 8  Esta idea es asumida por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 010-2002-AI/TC.  6.2. La legitimidad de las sentencias interpretativas   34. La existencia de toda esta clase de sentencias del Tribunal Constitucional  es posible sólo si se tiene en cuenta que, entre “disposición” y “norma”, existen  diferencias (Riccardo Guastini, “Disposizione vs. norma”, en Giurisprudenza  Costituzionale, 1989, pág. 3 y ss.). En ese sentido, se debe subrayar que en todo  precepto legal se puede distinguir:   a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un  determinado precepto legal (disposición); y,  b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma).  9  GUASTINI, Riccardo (1999). Estudios sobre la teoría de la interpretación jurídica.  México DF, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; p. 11. 10  Por ejemplo, en enunciados del tipo “Tal disposición es ambigua de modo que  requiere interpretación”, la palabra “interpretación” denota evidentemente una  actividad (podría ser sustituida por el sintagma “actividad interpretativa”). Por  el contrario, en enunciados del tipo “De tal disposición el Tribunal de Casación  hace una interpretación restrictiva”, la misma palabra claramente denota no una  actividad, sino más bien su resultado, es decir, un significado. La “interpretación”  en cuanto actividad es un proceso mental. La “interpretación” en cuanto producto  de tal proceso es más bien un discurso. Las distinciones que siguen se refieren a  la interpretación en cuanto actividad o proceso.  Tarello citado por GUASTINI, “interpretación…” p.11.   http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405- 02182015000200002&lng=es&nrm=iso 11  Así señala el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0 5854-2005-PA/TC:  §4.Principios de interpretación constitucional   12. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse  ‘también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular  estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de  las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo  - subsunción del hecho - consecuencia), exige que los métodos de interpretación  constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa  (literal, teleológico, sistemático e histórico) […] 12  Dentro de las técnicas interpretativas Guastini señala las siguientes:  I. Dos tipos fundamentales de interpretación  II. La interpretación declarativa  1. El argumento del lenguaje común  2. El argumento a contrario como argumento interpretativo  a) El argumento a contrario como argumento productor  b) El argumento a contrario y lagunas del derecho  III. La interpretación correctora en General  La argumentación de la interpretación correctora  La intención del Legislador  IV. La interpretación extensiva  1. El argumento a simili  2. El argumento a fortiori  V. La interpretación restrictiva  El argumento de la disociación  VI. Otras técnicas de interpretación correctora  La interpretación sistemática  La interpretación adecuadora  VII. Interpretación “histórica” e interpretación evolutiva  En GUASTINI, Riccardo (1999). Estudios sobre la interpretación jurídica. Ed.  Universidad Nacional Autónoma de México. 13  La Corte Constitucional Colombiana señala al respecto en la Sentencia C-054/16:  10. La Corte advierte, en este orden de ideas, que los métodos tradicionales de  interpretación son, al menos en su versión original del siglo XIX, funcionales a la  mencionada concepción de la actividad legislativa. Esto es así si se tiene en cuenta  que los mismos están basados en la supremacía de la actividad del legislador y la  mencionada inexistencia de parámetros superiores a la legislación.   En efecto, el método sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a  partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal yque guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con el método histórico, pues  este intenta buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes  y trabajos preparatorios. De igual manera, el método teológico o finalista se  basa en la identificación de los objetivos de la legislación, de manera que  resulta justifica una interpretación del precepto legal, cuando ese entendimiento  concuerda con tales propósitos. Por último, el método gramatical es el que está  más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador  soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido  único, que no requiere ser interpretado. […]  En suma, los métodos tradicionales de interpretación están basados en el  reconocimiento del carácter incuestionado de la actividad de producción normativa  a cargo del legislador, fundada a su vez en la titularidad de soberanía que el  adscribe el modelo contractualista clásico de justificación del poder político.  Esta justificación, como es sencillo observar, contrasta con los fundamentos del  constitucionalismo contemporáneo, que impone a la Carta Política y en particular  a los derechos fundamentales, como límite y parámetro obligatorio de la función  legislativa. 14  Refiere Guastini que “la comprensión inmediata de un texto parece ser nada  más que una forma de interpretación —la interpretación prima facie— distinta, en  cuanto tal, de otras formas (distinta, en particular, de la interpretación “all things  considered”).  GUASTINI, “interpretación…”, p. 12. 15  GUASTINI, Riccardo (1999) Estudios sobre la interpretación jurídica. Ed.  Universidad Nacional Autónoma de México; p. 25. 16  Tomemos por ejemplo una disposición que se refiere al supuesto de hecho: “ruina  de edificio”. Tal locución es vaga: es indiscutible que el concepto comprende el  derrumbe total de un inmueble, pero es discutible si se extiende también, por  ejemplo, al derrumbe de un balcón. ¿Cómo reducir la vaguedad y resolver el  problema? Ahora bien, las estrategias fundamentales de reducción de la vaguedad  son dos: la tesis de la analogía (o de la igualdad “sustancial”) y la tesis de la  disociación (o de la diferencia “sustancial”).  (i) Tesis de la analogía. Una primera estrategia de reducción de la vaguedad  consiste en sostener que —a la luz de una supuesta ratio legis (el fin de la norma,  o el resultado que la norma pretendía perseguir)— el derrumbe de un balcón es en  todo análogo, sustancialmente igual, al derrumbe de un edificio. Se puede concluir  que la norma sobre el derrumbe de un edificio se aplica también al caso “derrumbe  de balcón”: “lex minus dixit quam voluit”. Es un ejemplo de interpretación extensiva,  fundada sobre el argumento analógico. Por esta vía, el área de “penumbra” de  la norma se reduce, incluyendo en su ámbito de aplicación la clase de casos  marginales “derrumbe de balcón”.   (ii) Tesis de la diferencia. Una segunda estrategia consiste en sostener, por el  contrario, que derrumbe del edificio y derrumbe del balcón –siempre a la luz de  una supuesta ratio legis– son casos diferentes, sustancialmente distintos. Con la  conclusión que la norma sobre derrumbe de edificio no se aplica al caso “derrumbe  de balcón”. Es un ejemplo de interpretación restrictiva, fundada sobre el argumento  de la disociación (algo muy parecido al distinguishing de los jueces de common law).  De nuevo, por esta vía el área de “penumbra” de la norma se reduce, excluyendo de  su ámbito de aplicación la clase de casos marginales “derrumbe de balcón”.  […]  GUASTINI, “interpretación…”, p. 30   h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . m x / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ arttext&pid=S1405-02182015000200002 17  Código Tributario  NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley  o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar  y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la  base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el  agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo  10; b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los  procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos  o garantías del deudor tributario; d) Definir las infracciones y establecer sanciones;  e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f)  Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas  en este Código. Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear,  modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar  de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. Mediante  Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las  tarifas arancelarias.  18  33. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo  nullum tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el pago  de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo tiene regulado. Este  principio cumple una función de garantía individual al fijar un límite a las posibles  intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos,  y cumple también una función plural, toda vez que se garantiza la democracia  en los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, puesto  que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran  representados todos los sectores de la sociedad.  Así, conforme se establece en el artículo 74° de la Constitución, la reserva de  ley, es ante todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del  Poder Ejecutivo en la imposición de tributos.  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02835-2010-PA/ TC del trece de diciembre de dos mil once. 19  Con la expresión “normas implícitas” me refiero a aquellas normas que no han  sido formuladas por autoridad normativa alguna: normas que no pueden ser  consideradas como significados (plausibles) o como implicaciones lógicas de  ninguna disposición normativa determinada. Por medio de la construcción de  normas implícitas los intérpretes llevan a cabo una actividad legislativa disimulada.  Y esto constituye la parte principal y más importante del trabajo de los juristas.GUASTINI, “interpretación…”, p. 36.  http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf 20  Sobre las lagunas normativas, señala Bulygin   Estamos en condiciones de trazar un balance de las disquisiciones efectuadas.  La separación tajante entre la función del poder legislativo como creador de las  normas generales y el poder judicial como mero aplicador de esas normas resulta  insostenible. No por la crítica de Kelsen, es decir, no porque los jueces dicten  normas individuales que difícilmente puede considerarse como creación del  derecho, sino porque los jueces crean también normas generales. Esto ocurre no  sólo con los acuerdos plenarios de las cámaras de apelación o ciertas sentencias  del tribunal supremo. También los jueces ordinarios se ven obligados a crear  normas generales cuando se enfrentan con casos de lagunas o contradicciones  normativas y también en casos de lagunas axiológicas. (Como hemos visto, esto  último lo admite el mismo Kelsen.) Pero esta creación judicial de las normas  generales difiere en importantes aspectos de la creación legislativa.  […]  La creación judicial del derecho se produce tanto en los casos de lagunas  normativas como en los de conflictos de normas.   BULYGIN, Eugenio (2003). Los jueces ¿Crean derecho?. México, Isonomía Nº 18;  pp. 24-25. 21  Los argumentos analógicos requieren usualmente de la construcción de lagunas  normativas. 22  Se define una “laguna” en uno u otro de los modos siguientes: a) en un sistema  jurídico existe una laguna siempre que un determinado comportamiento no este  deónticamente calificado en modo alguno por una norma jurídica perteneciente al  sistema; o bien b) en un sistema jurídico existe una laguna siempre que para un  determinado supuesto de hecho no este prevista alguna consecuencias jurídica  por una norma perteneciente al Sistema.  Pero, sea cual sea la noción de norma que se prefiera adoptar, se puede estar de  acuerdo en que el sistema presenta una laguna siempre que un caso concreto no  pueda ser resuelto en algún modo sobre la base de normas preexistentes en el  sistema.  GUASTINI, Riccardo (1999). Antinomias y lagunas. México DF, en Jurídica Anuario  del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Nº 29; p. 446.  http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=jurid&n=29 23  DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (1983). Sistema de derecho civil. Volumen  II. Madrid, Tecnos; p. 236. 24  En este mismo sentido, Osterling y Castillo Freire, señala que pago es el  cumplimiento de cualquier obligación de dar, de hacer o de no hacer”  En CASTILLO FREYRE, Mario; OSTERLING PARODI, Felipe (2005). Tratado  de obligaciones. Primera parte. Tomo IV. Lima, Fondo Editorial de la Pontifica  Universidad Católica del Perú; p. 180. 25  Ley del Impuesto a la Renta  Articulo 85.-  […]  a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el  coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente  al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio.  En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el  coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos  correspondientes al ejercicio precedente al anterior.  De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el  ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago  a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido  en el literal siguiente.   b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los  ingresos netos obtenidos en el mismo mes. Los contribuyentes a que se refiere el  primer párrafo del presente artículo podrán optar por efectuar sus pagos a cuenta  mensuales o suspenderlos de acuerdo con lo siguiente:  […] 26  Ver la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 061718-2013-PA/TC, Sentencia del  Pleno 62/2022, entre otros. 27  a) La doctrina de los actos propios y el principio general de la buena fe   Que la norma conforme a la cual «a nadie es lícito venir contra sus propios  actos» tiene su fundamento y raíz en el principio general de Derecho que ordena  proceder de buena fe en la vida jurídica, parece incuestionable, como hace años  puso de manifiesto DIEZ-PICAZO y ha venido corroborando la doctrina posterior,  La buena fe implica un deber de comportamiento, que consiste en la necesidad  de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían preveer.  Como dice una sentencia de 22 de abril de 1967, «la buena fe que debe presidir  el tráfico jurídico en general y la seriedad del procedimiento administrativo,  imponen que la doctrina de los actos propios obliga al demandante a aceptar las  consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos voluntarios  y perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de voluntad  contiene un designio de alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente,  tal como se desprende del texto literal de la declaración, por lo que no es dable  al actor desconocer, ahora, el efecto jurídico que se desprende de aquel acto;  y que, conforme con la doctrina sentada en sentencias de esta Jurisdicción,  como las del Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de noviembre y 27 de diciembre  de 1963 y 19 de diciembre de 1964, no puede prosperar el recurso, cuando el  recurrente se produce contra sus propios actos»  GONZALES PÉREZ, Jesús (1983). Principio general de la buena fe en el derecho  administrativo. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; p. 106.  28  En el caso Riggs vs. Palmer, la Corte Suprema de los EE. UU. se pronunció en  el siguiente sentido: “A nadie se le debe permitir beneficiarse de su propio fraude,  o tomar ventaja de su propio error, fundar cualquier demanda sobre su propia  iniquidad, o adquirir propiedad sobre la base de su propio crimen”. 29  Código TributarioArtículo 178º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE  LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones  tributarias:  1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones  y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o  aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la  determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos  u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de  la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas  tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención  indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.  2. Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en  actividades distintas de las que corresponden.  3. Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la  sustracción a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres,  precintos y demás medios de control; la destrucción o adulteración de los mismos;  la alteración de las características de los bienes; la ocultación, cambio de destino  o falsa indicación de la procedencia de los mismos.  4. No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos.  5. No pagar en la forma o condiciones establecidas por la Administración Tributaria  o utilizar un medio de pago distinto de los señalados en las normas tributarias,  cuando se hubiera eximido de la obligación de presentar declaración jurada.  […]  Artículo 180º.- TIPOS DE SANCIONES  La Administración Tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, las  sanciones consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de vehículos,  cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes  y suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones  vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades  o servicios públicos de acuerdo a las Tablas que, como anexo, forman parte del  presente Código.   [Énfasis nuestro] 30  33. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo  nullum tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el pago  de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo tiene regulado. Este  principio cumple una función de garantía individual al fijar un límite a las posibles  intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos,  y cumple también una función plural, toda vez que se garantiza la democracia  en los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, puesto  que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran  representados todos los sectores de la sociedad.  Así, conforme se establece en el artículo 74° de la Constitución, la reserva de  ley, es ante todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del  Poder Ejecutivo en la imposición de tributos.  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 02835-2010-PA/TC del trece de diciembre  de dos mil once 31  VILLEGAS, Héctor B. (1976). Curso de finanzas y derecho financiero tributario.  Ediciones de Palma, Buenos Aires. 32  SAINZ DE BUJANDA, Fernando (1993). Lecciones de derecho Financiero, décima  edición. Universidad Complutense. Facultad de derecho.  33  T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial  Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.   Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la  República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de  las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio  cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser  invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que  sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que  por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar  adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que  desestiman y de los fundamentos que invocan. 34  Artículo 36.- Principios jurisprudenciales. Cuando la Sala Constitucional y  Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales  en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. Los  órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente  vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que  conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del  precedente. 35  “5.2. Por lo que, conforme a los fundamentos del considerando 3.5 se establecen  las siguientes reglas generales con carácter de precedentes vinculantes:  5.2.1. La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario no descarta la  aplicación de la analogía tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva,  admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se encuentra  limitado por la prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada, resultando  para ello muy importante que el Juez seleccione el método adecuado al tipo de  disposición tributaria a interpretar.  5.2.2. No resultan pertinente la interpretación extensiva ni la restrictiva para  interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para normas que establecen  obligaciones como el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta previstos  en el numeral a) del artículo 85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta, y  para los casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el artículo 34 del  T.U.O. del Código Tributario”. 36  Consideramos que las disposiciones legislativas no son aisladas sino integrantes  de un sistema jurídico, y a su vez forman conjuntos y subconjuntos, adquiriendo  significancia en razón de los mismos, por lo que la técnica argumentativa de  interpretación sistemática siempre debe estar presente, tanto más que nuestro  sistema se organiza y estructura en base y respeto de la primacía de las normasconstitucionales y derechos fundamentales; por otro aspecto, no es incompatible  con la interpretación literal y más bien contribuye a la atribución de significado a los  términos legales utilizados en una disposición legal. 37  “artículo 33.- Interés moratorio  El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29  devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no  podrá exceder del veinte por ciento (20%) por encima de la tasa activa del mercado  promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia  de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior. (….). 38 39 C-2136203-8