CASACIÓN Nº 7952-2021 SULLANA
sumilla: La instancia superior de mérito ha vulnerado  el derecho a la debida motivación y el debido proceso, al  haberse verificado la insuficiente motivación utilizada para  justificar el otorgamiento del reintegro por concepto de  bonificación transitoria para homologación durante un periodo  en el que no percibía dicho concepto. Lima, veintiocho de abril de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA la causa; en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores  Jueces Supremos: Torres Vega, Araujo Sánchez, Gómez  Carbajal, Tejeda Zavala y Mamani Coaquira; y, luego de  verificada la votación con arreglo a la ley, emite la siguiente  sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN Viene a conocimiento  de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por  la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura  mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 20201, contra  la sentencia de vista de fecha 30 de setiembre de 20202, que  confirmó la sentencia apelada de fecha 22 de marzo de  20193, que declaró fundada en parte la demanda, en  consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones ficta que  denegaron su solicitud y recurso de apelación; además,  ordeno a la entidad demandada que cumpla con emitir nueva  resolución reintegrando y pagando la Bonificación Transitoria  para Homologación a partir del 01 de Agosto de 1991 hasta el  25 de noviembre de 2012, conforme a ley y mientras haya  permanecido dentro de la Ley Nº 24029, modificatoria por Ley  Nº 25212; y no haya ingresado a los presupuestos  establecidos en la Ley Nº 29944 que deroga las normas antes  citadas; así como el reintegro de los montos devengados e  intereses legales; en el proceso seguido por Augusto Farias  Rodríguez contra la Dirección Regional de Educación de  Piura y otros, sobre bonificación transitoria para homologación.  2. CAUSAL DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 03  de noviembre de 2021, se declaró procedente el recurso de  casación presentado por la Procuraduría Pública del  Gobierno Regional de Piura, por la causal de Infracción  normativa del Decreto Supremo Nº 154-91-EF, y de forma  excepcional por la causal de Infracción normativa de los  incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú. 3. CONSIDERANDO PRIMERO: En principio,  corresponde mencionar que la función nomofiláctica del  recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos  sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano  jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo  de afectación a normas jurídicas materiales y procesales,  procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código  Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto. De la pretensión de la demandada  SEGUNDO: El demandante Augusto Farias Rodríguez  interpone demanda contenciosa administrativa4, solicitando  que se declare la nulidad de la resolución ficta de fecha 28 de  diciembre de 2018, que declara infundado el recurso de  apelación interpuesto contra la resolución ficta de fecha 26 de  octubre de 2018 sobre reintegro de la bonificación transitoria  por homologación; asimismo, se le otorgue el pago del  reintegro de la bonificación transitoria por homologación  retroactivamente desde el 01 de agosto de 1991 hasta el 26  de noviembre de 2012; más el pago de intereses legales  Pronunciamiento de las instancias de mérito TERCERO:  El Juez del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de la  Corte Superior de Justicia de Sullana, mediante sentencia de  fecha 22 de marzo de 20195, resolvió declarar fundada en  parte la demanda, en consecuencia, declaró la nulidad de las  resoluciones fictas que denegaron su solicitud y recurso de  apelación; y, ordena el reintegro y pago de la Bonificación  Transitoria para Homologación a partir del 1 de Agosto de  1991 hasta el 25 de Noviembre de 2012; e infundada la  pretensión materia de litis por el periodo que va desde el 26  de Noviembre de 2012 en adelante. Fundamenta el fallo de la  sentencia, en que el Decreto Supremo Nº 154-91- EF debe  ser interpretado como un incremento y no como un reajuste,  con lo cual el recurrente debió seguir percibiendo el monto  ascendiente a trece con 65/100 nuevos soles (S/13.65),  cantidad que debió ser incrementada a las sumas de veintiún  con 25/100 nuevos soles (S/21.25), veintidós con 25/100  soles (S/. 22.25), veintiocho con 85/100 soles (S/.28.85) y  treinta con 30/100 soles (S/.30.30), ya verificadas en su  percepción en los medios probatorios consistentes en las  boletas de pago, por cuanto ostentó el Cargo de Profesor de  Aula y Director en cada oportunidad. CUARTO: Por su parte,  el Colegiado Superior de la Sala Laboral Transitoria de la  Corte Superior de Justicia de Sullana, mediante Sentencia deVista de fecha 30 de setiembre de 20206, confirmó la  sentencia; por considerar que, hasta antes de la publicación  del Decreto Supremo Nº 154-91-EF, de fecha 13 de julio de  1991, al accionante se le abonaba el importe establecido por  el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, monto que ascendía a  la suma de trece con 65/100 nuevos soles (S/13.65);  asimismo, dicho monto aumentó a veintiún con 25/100 nuevos  soles (S/21.25), veintidós con 25/100 soles (S/. 22.25),  veintiocho con 85/100 soles (S/.28.85) y treinta con 30/100  soles (S/.30.30), sin tenerse en cuenta que de acuerdo a lo  estipulado sobre la Transitoria para la Homologación, estos  montos debieron ser sumados, dentro del proceso de  Homologación de remuneraciones. Delimitación de la  controversia QUINTO: En atención a lo precedentemente  expuesto, y en concordancia con las causales por la cual ha  sido admitido el recurso de casación, corresponde a esta Sala  Suprema determinar en principio, si el pronunciamiento de la  Sala Superior ha infringido o no el derecho al debido proceso  de las partes, y el deber de motivación de las resoluciones  judiciales; posteriormente, verificar si le asiste o no el derecho  demandado. Desarrollo de la causal procesal admitida  SEXTO: En cuanto a la infracción normativa del artículo  139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado,  cabe señalar que, el debido proceso es un principio y derecho  de la función jurisdiccional, cuya función es velar por el  respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las  garantías constitucionales que lo integran, dando a toda  persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la  tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un  procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable  y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de  producir prueba y obtener una sentencia debidamente  motivada. En efecto, el debido proceso es un derecho  complejo, desde que está conformado por un conjunto de  derechos esenciales que impiden que la libertad y los  derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el  Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como  señala la doctrina: “(…) por su naturaleza misma, se trata de  un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez  está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras, característica  del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que  debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías  con que debe contar la defensa”7. En ese sentido, constituye  una garantía constitucional que asegura que, en la tramitación  de un proceso, se respeten unos determinados requisitos  mínimos8. En general, se considera que tales requisitos9  abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii)  Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional  (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho  a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi)  Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a  todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a  ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados  mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial,  respetuosos con los principios constitucionales de igualdad,  independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo  a las normas comunes de competencia preestablecidas.  Asimismo, uno de los contenidos del debido proceso, es el  derecho a obtener una resolución fundada en derecho, esto  es, una respuesta razonada, motivada y congruente de parte  de los órganos jurisdiccionales10, en las que los Jueces  expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con  mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que las  determinaron, garantizándose con ello que el justiciable  pueda comprobar que la solución del caso concreto viene  dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica  de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas  pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por  lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución  que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas  legales, sino también principios de nivel constitucional. Es así  que, el derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza  la delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados  por el Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o  motivación aparente, b) Falta de motivación interna del  razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa:  justificación de las premisas, d) Motivación insuficiente, e)  Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones  cualificadas; recogidos en la sentencia del Expediente Nº00728-2008-HC. Solución al caso concreto SEPTIMO: Se  aprecia de la lectura de las sentencias emitidas por las  instancias de mérito que, en ambas se ha dispuesto el  reintegro y pago de la Bonificación Transitoria para  Homologación a partir del 01 de Agosto de 1991 hasta el 25  de Noviembre de 2012, justificando dicho límite temporal para  el otorgamiento del reintegro de la bonificación transitoria  para homologación, en que dicho concepto no puede ser  otorgado luego de la vigencia de la Ley Nº 29944, toda vez  que, éste dejó de formar parte de la remuneración a partir de  la vigencia de dicha norma. No obstante, se aprecia de las  boletas de pago11 correspondiente al mes de noviembre de  2009, octubre de 2010, setiembre de 2011, y setiembre de  2012, que el demandante dejó de percibir el concepto de  Bonificación Transitoria para Homologación, asimismo que  percibía una remuneración integra mensual, siendo además  que en dichos periodos se encontraba al amparo del régimen  laboral de la Ley Nº 29062 - Ley que modifica la ley del  profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, lo  que no ha sido materia de análisis por parte de las instancias  de mérito, al disponer el otorgamiento del reintegro de la  bonificación reclamada durante un periodo en que el  demandante no percibía dicho concepto; situación que no ha  sido correctamente evaluada por la Sala Superior, deviniendo  en insuficiente la motivación utilizada para justificar la  resolución que es materia de impugnación. OCTAVO:  Conclusión. En consecuencia, el vicio precedentemente  advertido acarrea la invalidez insubsanable de la sentencia de  vista al vulnerar el principio de motivación de las resoluciones  judiciales y con ello la garantía del debido proceso, cuya  observancia es expresamente impuesta, por los incisos 3) y 5)  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, de modo  que corresponde ordenar el A quem emita nueva resolución  de acuerdo a ley, debidamente motivada teniendo en cuenta  las consideraciones de la presente resolución, careciendo de  objeto emitir pronunciamiento sobre la causal material  denunciada. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y en  aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil:  Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por  la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura  mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 2020, en  consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 30 de  septiembre de 2020; y, ORDENARON a la Sala Superior  emita nuevo pronunciamiento, conforme a lo señalado en esta  ejecutoria suprema. DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme  a ley; en el proceso seguido por Augusto Farías Rodríguez,  contra la Dirección Regional de Educación de Piura, sobre  bonificación transitoria para homologación. Notifíquese por  Secretaría; y, devolvieron los actuados. Interviene como  ponente la señora Juez Suprema: Araujo Sánchez. SS.  TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL,  TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. 1  Obrante a foja 130 del expediente principal. 2  Obrante a foja 116 del expediente principal. 3  Obrante a foja 83 del expediente principal. 4  Obrante a foja 34 del expediente principal. 5  Obrante a foja 83 del expediente principal. 6  Obrante a foja 116 del expediente principal. 7  Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios  Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17. 8  CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 9  Por ejemplo, Bernardis, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana,  que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación  y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía  procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414. 10  Fundamento 6 de la STC Nº 00686-2007-PA/TC 11  Obrante a fojas 30/33 del expediente principal. C-2136195-415