CASACIÓN Nº 8517-2021 SULLANA
Sumilla: La Bonificación por 25 años de servicios  magisteriales, establecida en el artículo 52 de la Ley N°  24029, modificado por la Ley N° 25212, debe ser calculada  sobre la base de la remuneración total o íntegra, más no  sobre la remuneración total permanente. Lima, siete de junio de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa; en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores  Jueces Supremos: Torres Vega, Araujo Sánchez, Gómez  Carbajal, Tejeda Zavala y Mamani Coaquira; y, luego deverificada la votación con arreglo a la ley, emite la siguiente  sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN Viene a conocimiento  de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por  la demandante Flor de María Robles Alameda1, de fecha 29  de diciembre de 2020, contra la sentencia de vista, de fecha  09 de noviembre de 20202, que revocó la sentencia de  primera instancia de fecha 12 de abril de 20193, que declaró  fundada  la  demanda;  y  reformándola  la  declaró  improcedente. II. CAUSAL DEL RECURSO Mediante  resolución de fecha 28 de enero de 2012, se declaró  procedente el recurso de casación de la demandante por las  siguientes causales: i) Infracción Normativa del artículo  139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú; ii)  Infracción Normativa del artículo 2 de la Ley del  Profesorado – Ley N° 24029; y de forma excepcional por  las infracciones de iii) Infracción normativa del artículo  139, inciso 3; iv) Infracción normativa del artículo 54 del  Decreto Legislativo N° 276; e v) Infracción normativa de la  Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final  de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944. III.  ANTECEDENTES a) Pretensión de la demanda La  demandante Flor de María Robles Alameda interpuso  demanda contenciosa administrativa4, solicitando que: i) Se  declare la nulidad de la Resolución Ficta, que resuelve  infundado y/o improcedente su recurso de apelación contra el  Oficio N° 00856-2017, mediante el cual se establece que se le  atendió oportunamente con la Resolución Directoral UGEL-S  N° 03377-2014, con el importe de quinientos sesenta con  43/100 soles (S/560.43) al reconocer la asignación por haber  cumplido veinticinco (25) años de servicios, calculados en tres  (03) remuneraciones totales permanentes, con una suma  diminuta de quinientos sesenta con 43/100 soles (S/560.43);  y, en consecuencia, solicita ii) Se ordene a la demandada  emita acto administrativo otorgándole el reintegro de la  bonificación por cumplir veinticinco (25) años de servicios,  calculados sobre la remuneración íntegra; más el pago de  devengados e intereses legales. Señala como fundamento  básicamente que mediante Resolución Directoral UGEL-S N°  003377- 2014, se le otorgó la asignación por veinticinco (25)  años de servicios magisteriales por el importe de quinientos  sesenta  con  43/100  soles  (S/.560.43),  calculados  erróneamente conforme a la remuneración total permanente,  cuando debió de ser conforme a la remuneración total íntegra.  b) Pronunciamiento de primera instancia El Juez de la  causa, por sentencia de primera instancia de fecha 12 de abril  de 2019, declaró fundada la demanda. Señaló como  fundamento básicamente que la gratificación por cumplir  veinticinco (25) años de servicios debe ser calculada conforme  a la remuneración total y no en base a la remuneración total  permanente. c) Pronunciamiento de segunda instancia El  Colegiado de la Sala Superior, mediante sentencia de vista de  fecha 09 de noviembre de 2020, revocó la sentencia de  primera instancia, reformándola la declaró improcedente.  Señaló como fundamento básicamente que la demandante  dejó consentir la Resolución Directoral UGEL N° 003377, de  fecha 11 de diciembre de 2014, y que la impugnación realizada  el 10 de marzo de 2017, no puede habilitar los plazos. No  obstante ello, señala que la bonificación otorgada debía  calcularse conforme a la remuneración total integra, pero que  al no haberse impugnado en el plazo, no es posible ordenar  ello. III. CONSIDERANDO PRIMERO: Mencionar que la  función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que  los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar  el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo,  evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas  materiales y procesales, procurando, conforme menciona el  artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación  del derecho objetivo al caso concreto. Delimitación de la  controversia SEGUNDO: En atención a lo precedentemente  expuesto, y en concordancia con las causales por la cual ha  sido admitido el recurso de casación, corresponde a esta Sala  Suprema verificar si la interpretación de las normas  denunciadas, se ajusta a derecho, y han sido correctamente  aplicadas, a efectos de determinar si a la actora le corresponde  o no el recalculo de la bonificación otorgada por cumplir 25  años de servicio conforme a la remuneración total integra.  Desarrollo  de  las  causales  procesales  admitidas  TERCERO: En cuanto a las infracciones de los incisos 3 y  5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado,  se debe precisar lo siguiente: Al respecto, cabe señalar que el  debido proceso es un principio y derecho de la función  jurisdiccional, cuya función es velar por el respeto irrestricto  de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales  que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir  a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus  derechos, a través de un procedimiento regular en el que se  dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el  derecho de defensa, de producir prueba y obtener unasentencia debidamente motivada. En ese sentido, constituye  una garantía constitucional que asegura que, en la tramitación  de un proceso, se respeten determinados requisitos mínimos5.  En general, se considera que tales requisitos6 abarcan los  siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente  informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo  razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser  juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un  determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación  oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad  del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser  juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi) Derecho  al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los  sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser  juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados  mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial,  respetuosos con los principios constitucionales de igualdad,  independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo  a las normas comunes de competencia preestablecidas.  CUARTO: Asimismo, uno de los contenidos del debido  proceso, es el derecho a obtener una resolución fundada  en derecho, esto es, una respuesta razonada, motivada y  congruente de parte de los órganos jurisdiccionales7, en las  que los Jueces expliciten en forma suficiente las razones de  sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y  jurídicos que las determinaron, garantizándose con ello que el  justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto  viene dada por una valoración racional de la fundamentación  fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones  jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los  magistrados, por lo que en ese entendido, es posible afirmar  que una resolución que carezca de motivación suficiente no  solo infringe normas legales, sino también principios de nivel  constitucional. Es así que, el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales, bajo el marco del contenido  constitucional garantiza la delimitación de otros supuestos  que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional: a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de  motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la  motivación externa: justificación de las premisas, d) Motivación  insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f)  Motivaciones cualificadas; recogidos en la sentencia del  Expediente Nº 00728-2008-HC. QUINTO: En ese sentido, se  aprecia de autos que la Sala Superior ha señalado los  fundamentos que le han servido de base para declarar  improcedente la demanda; siendo básicamente el argumento  que la demandante dejó consentir la Resolución Directoral  UGEL N° 003377, de fecha 11 de diciembre de 2014, y que la  impugnación realizada el 10 de marzo de 2017, no puede  habilitar los plazos. No obstante ello, señala que la bonificación  otorgada debía calcularse conforme a la remuneración total  integra, pero que al no haberse impugnado en el plazo, no es  posible ordenar ello. Siendo así, la infracción procesal  normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, deviene en infundada.  Absolución de las infracciones materiales SEXTO: En cuanto  a la infracción material de la Segunda Disposición  Complementaria, Transitoria y Final de la Ley de Reforma  Magisterial N° 29944, dicha norma dispone: Profesores sin  título y auxiliares de educación Los profesores nombrados  sin título pedagógico, comprendidos en las categorías  remunerativas A, B, C, D y E del régimen de la Ley N° 24029,  así como los auxiliares de educación comprendidos en la  categoría remunerativa E de la referida Ley, se rigen por la  presente Ley en lo que corresponda (…). SÉPTIMO: Al  respecto indicar que de la Resolución Directoral UGEL N°  003377, de fecha 11 de diciembre de 2014 (folios 6), se  evidencia que se otorgó una bonificación a la demandante,  por haber cumplido 25 años de servicios el 01 de junio de  2012. Por tanto, dado que la Ley de Reforma Magisterial –  Ley N° 29944, fue publicada el 25 de noviembre de 2012,  cuando la demandante ya había cumplido 25 años de servicio  el 01 de junio de 2012, no le es aplicable la Ley de Reforma  Magisterial, en mérito a que no es posible una aplicación  retroactiva de las normas. Siendo así, la infracción material  invocada deviene en infundada. OCTAVO: En cuanto a las  infracciones materiales del artículo 2 de la Ley del  Profesorado – Ley N° 24029 y del artículo 54 del Decreto  Legislativo N° 276; dichas normas establecen lo siguiente:  Artículo 2 de la Ley del Profesorado – Ley N° 24029,  modificado por la Ley N° 25212. La presente Ley norma el  régimen del profesorado como carrera pública y como  ejercicio particular, de acuerdo con el artículo 41 de la  Constitución Política del Perú. En el primer caso incluye a los  respectivos profesores cesantes y jubilados. Asimismo, regula  la situación de los no profesionales de la educación que  ejercen funciones docentes. Artículo 54 del Decreto  Legislativo N° 276 Son beneficios de los funcionarios yservidores públicos: a) Asignación por cumplir 25 ó 30  años de servicios: Se otorga por un monto equivalente a dos  remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de  servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30  años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso. b)  Aguinaldos: Se otorgan en Fiestas Patrias y Navidad por el  monto que se fije por Decreto Supremo cada año. NOVENO:  En cuanto al agotamiento de la vía administrativa Se  aprecia de los actuados, que mediante Resolución Directoral  UGEL Nº 003377, de fecha 11 de diciembre de 2014 (folios 6),  se reconoció a favor de la demandante una bonificación por  haber cumplido 25 años de servicios el 01 de junio de 2012, y  se calculó conforme la remuneración total permanente.  Contra dicha Resolución, el 10 de marzo de 2012, la  demandante solicitó el reintegro por cálculo erróneo del  reconocimiento de la bonificación por cumplir 25 años  prestados al Estado; y obtuvo como respuesta el Oficio Nº  0856-2017 de fecha 16 de marzo del 2017 (folios 8); y, al no  estar conforme con dicho acto administrativo lo impugnó  (folios 9), misma que resolvió denegar de forma ficta su  recurso de apelación (al no emitir pronunciamiento en los  plazos de Ley); y es contra ésta resolución ficta que la  demandante recurre en vía judicial; solicitud que no ha  generado la calidad de cosa decida, como erróneamente  señala la Sentencia de Segunda Instancia impugnada.  Sentencia en la que se ignoró además, que dicho extremo ya  había sido determinada por el Auto de Vista de fecha 14 de  setiembre de 2018, en la que se resolvió que la demanda era  procedente (folios 51). Solución del caso DÉCIMO:  Conforme a la Resolución Directoral Nº 002960, obrante a  folios 05, se aprecia que la demandante tiene la calidad de  docente, que cesó el 01 de diciembre de 2014; y solicita, el  recalculo de la Bonificación que le fue otorgada por haber  cumplido 25 años de servicios, pues señala que correspondía  que se calcule conforme a la remuneración total integra y no  conforme a la remuneración total permanente. DÉCIMO  PRIMERO: El artículo 52 de la Ley N° 24029, modificada por  Ley N° 25212, publicada el 20 de Mayo de 1990, dispone que:  “…El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones  íntegras al cumplir 20 años de servicios, la mujer, y 25 años  de servicios, el varón; y tres remuneraciones íntegras, al  cumplir 25 años de servicios la mujer, y 30 años de  servicios, los varones (...). (...) El profesor percibe una  remuneración personal de dos por ciento (2%) de la  remuneración básica por cada año de servicios cumplidos”.  DÉCIMO SEGUNDO: Ahora bien, el Decreto Supremo N°  051-91-PCM define en su artículo 8 a la remuneración total  permanente y a la remuneración total, de la siguiente manera:  Remuneración Total Permanente.- Es aquella cuya  percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo  y se otorga con carácter general para todos los funcionarios,  directivos y servidores de la Administración Pública; y está  constituida por la Remuneración Principal, Bonificación  Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria  para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y  Movilidad; y, Remuneración Total.- Es aquella que está  constituida por la Remuneración Total Permanente y los  conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley  expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos  que implican exigencias y/o condiciones distintas al común  DÉCIMO TERCERO: Las remuneraciones íntegras a las que  se refiere el artículo 52, debe ser entendidas como  remuneraciones totales, tal como lo prevé la definición  contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM citado y no  conforme a la remuneración total permanente. DÉCIMO  CUARTO: Criterio adoptado por uniforme jurisprudencia de la  Corte Suprema de Justicia de la Republica, como la Casación  Nro. 15604-2015-PIURA, en cuyo fundamento séptimo señaló  que: “(…) los artículos 51 y 52 de la Ley Nro. 24029 (Ley del  Profesorado), modificada por la Ley Nro. 25212, deben ser  entendidas como remuneraciones totales, y no totales  permanentes, conforme a la definición establecida en el  Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, el Tribunal  Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N°  2129-2002-AA/TC de fecha 19 de diciembre del 2003, señaló  que de conformidad con el inciso a) del artículo 54 del Decreto  Legislativo N° 276, el pago de la asignación deberá efectuarse  en función de la remuneración total y no sobre la base de la  remuneración total permanente. DÉCIMO QUINTO: En  consecuencia, el cálculo para el pago de la bonificación por  25 años de servicios magisteriales debe ser calculado sobre  la base de la Remuneración total o íntegra, más no sobre la  remuneración total permanente como le fue otorgado a la  demandante. Criterio también adoptado por la Sentencia de  primera instancia; siendo así, las infracciones materiales del  artículo 2 de la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 y del  artículo 54 del Decreto Legislativo N° 276, devienen en  fundada. IV. DECISIÓN: Atendiendo a lo señaladoprecedentemente y en aplicación del artículo 396 del Código  Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la demandante Flor de María Robles  Alameda, de fecha 29 de diciembre de 2020, en consecuencia:  CASARON la sentencia de vista de fecha 09 de noviembre de  2020; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la  sentencia de primera instancia de fecha 12 de abril de 2019,  que: 1. Declaró fundada la demanda Contenciosa  Administrativa interpuesta por doña FLOR DE MARÍA  ROBLES ALAMEDA en vía del proceso urgente contra la  Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, Dirección  Regional de Educación de Piura, con conocimiento de la  Procuraduría Pública de Piura quien ejerce la defensa de la  demandada, sobre reintegro por cálculo erróneo del  reconocimiento de la bonificación por cumplir 25 años  prestados al Estado, en consecuencia: 2. Nula la Resolución  Ficta que resuelve infundado y/o improcedente su recurso de  apelación contra el Oficio N° 856-2017/FOB.REG.PIURA de  fecha 16 de marzo del 2017, que resuelve denegar su solicitud  de reintegro de la bonificación por cumplir veinticinco (25)  años prestados al Estado, pago de devengados y pago de  intereses legales; ordenó a la entidad demandada cumpla  con emitir en el plazo de quince días nueva resolución  reintegrando y pagando la Bonificación por cumplir 25 años  prestados al Estado con la Remuneración Total Íntegra  conforme al artículo 52 de la Ley 24029 y su modificatoria Ley  N° 25212 y no sobre la remuneración totales permanentes  contenidas en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM conforme  ha quedado fundamentado en esta sentencia; así como el  pago de devengados que corresponden, y el pago de  intereses legales, calculados sobre la tasa de interés legal no  capitalizable. Precisó que en el reintegro y pago de la citada  bonificación, la demandada debe aplicar en su oportunidad la  Ley N° 30137 y su modificatoria - Ley que establece los  criterios de priorización para la atención de pago de sentencias  judiciales. Sin costas ni costos. DISPUSIERON la publicación  de la presente sentencia en el diario oficial “El Peruano”; en el  proceso seguido por la parte recurrente contra el Gobierno  Regional de Piura y otros, sobre nulidad de resolución  administrativa y otros; y devolvieron los autos. Interviene  como ponente la señora Jueza Suprema: Araujo Sánchez.  SS.  TORRES  VEGA, ARAUJO  SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL,TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. 1  Página 135 2  Página 126 3  Página 86 4  Página 13 5  CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 6  Por ejemplo, Bernardis, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana,  que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación  y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía  procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414. 7  Fundamento 6 de la STC N° 00686-2007-PA/TC C-2136195-460