CASACIÓN Nº 8850-2020 LIMA
TEMA: AMORTIZACIÓN DE CONCESIÓN MINERA SUMILLA: Conforme a lo previsto en el artículo 74° del  Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,  atendiendo a la regulación tributaria sobre asuntos mineros  que contiene y que hace referencia al valor de adquisición  de las concesiones, es que a la titular de la concesión, que  efectuó los desembolsos para adquirir de manera definitiva  y permanente la titularidad de tal concesión, le resulta de  aplicación tal normativa, la que no satisfizo los presupuestos  de tal disposición, esto es, acreditar una producción mínima y  comunicar a la administración tributaria mediante declaración  jurada anual del impuesto a la renta el plazo de amortización  de la concesión, sobre la base de la vida probable del depósito  minero. Palabras claves: amortización de concesión minera;  actividad minera; titular minero; gastos de desarrollo Lima, once de octubre de dos mil veintidós.- LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. VISTA; la causa número  ocho mil ochocientos cincuenta-dos mil veinte-Lima, en  audiencia pública a través de la plataforma virtual Google  Hangouts Meet llevada a cabo en la fecha, con la  participación de los señores Jueces Supremos Yaya  Zumaeta (presidente), González Aguilar, Rueda Fernández,  Bustamante del Castillo y Dávila Broncano, luego de  verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente  sentencia: 1. Objeto del recurso de casación En el  presente proceso, iniciado como uno de nulidad de  resolución administrativa, se han interpuesto los recursos  de casación por: 1) la defensa técnica de la codemandada,  Sociedad  Minera  de  Responsabilidad  Limitada  Chaupiloma Dos de Cajamarca; y 2) el Tribunal Fiscal,  representado por el Ministerio de Economía y Finanzas,  con fechas cuatro y treinta de julio de dos mil veinte,  insertos de fojas doscientos ochenta y dos a trescientos  cinco y de fojas trescientos doce a trescientos veintitrés del  expediente judicial electrónico (en lo sucesivo EJE),  respectivamente, ambos contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número catorce, del veinte de  enero de dos mil veinte, corriente de fojas doscientos  sesenta y tres a doscientos setenta y cuatro del EJE,  expedida por la Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria  y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, que  confirmó la sentencia apelada de primera instancia,  expedida  por  el  Vigésimo  Juzgado  Especializado  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la referida Corte Superior de  Justicia, mediante resolución número ocho, de fecha  veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, obrante de  fojas ciento veintiocho a ciento cuarenta y dos del EJE, que  declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula  parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06629-1- 2018 (en lo sucesivo RTF Nº 06629-1-2018), de fecha tres  de septiembre de dos mil dieciocho, que revocó la  Resolución de Intendencia Nº 0150140011698, en el  extremo referido al reparo por amortización indebida de  concesiones mineras y ordenó al Tribunal Fiscal que emita  nueva resolución. 2. Causales por las que se han  declarado procedentes los recursos de casación  Mediante auto calificatorio de fecha seis de enero de dos  mil veintidós, corriente de fojas ciento sesenta y ocho a  ciento setenta y seis del cuaderno de casación formado en  esta Sala Suprema, se declararon PROCEDENTES los  recursos de casación interpuestos por los emplazados  Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Chaupiloma  Dos de Cajamarca y el Tribunal Fiscal representado por el  Ministerio de Economía y Finanzas, por las siguientes  causales: 2.1. La Sociedad Minera de Responsabilidad  Limitada Chaupiloma Dos de Cajamarca, postula: a)Interpretación errónea del artículo 74° del Texto Único  Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por  Decreto Supremo Nº 014-92-EM. Sostiene que la Sala  Superior confirmó el reparo aplicado por la Superintendencia  Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (en  adelante, SUNAT) a la determinación del impuesto a la  renta del ejercicio dos mil once, desconociendo que,  mediante el uso de los métodos de interpretación lógica y  sistemática, puede convalidarse que el sujeto alcanzado  por el método de amortización determinado por la Ley  General de Minería es aquel en que el titular de concesiones  mantiene también el status de “titular de actividad minera”,  dada la cualidad intrínseca de este para poder prever la  vida probable del depósito, así como la posibilidad de  inclusión de los desembolsos por prospección y exploración  en dicho valor (capacidad de estimar las cualidades del  yacimiento, al ser quien lleva adelante las actividades  mineras). En ese sentido, en aplicación del principio de  especificidad, considera que el inciso g del artículo 44° de  la Ley del Impuesto a la Renta resulta una norma general  que regula la amortización del precio pagado por activos  intangibles de duración limitada, y que debe aplicarse  únicamente a supuestos que no se encuentran regulados  en la Ley General de Minería (normatividad especial en  estos casos). b) Inaplicación del inciso g del artículo 44°  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la  Renta, así como del inciso a del artículo 25° de su  Reglamento. Señala que por lo menos cuatro Salas del  Tribunal Fiscal (las Salas uno, tres, cinco y nueve), han  ratificado en diversas oportunidades la necesidad de que el  contribuyente titular de la concesión cuente con el estatus  de titular de la actividad minera, como criterio para el  correcto alcance de lo dispuesto en el artículo 74° de la Ley  General de Minería. En ese sentido, considera que al ser  un criterio reiterado y unánimemente confirmado por las  distintas Salas de dicho órgano colegiado merece también  la atención de la Sala Suprema, con el fin de garantizar el  principio de seguridad jurídica y predictibilidad de la  jurisprudencia administrativa, más aún si el criterio asumido  en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1887-3-2019  adquirió el carácter de firme. 2.2. El Tribunal Fiscal,  representado por el Ministerio de Economía y Finanzas,  postula: a) Aplicación indebida del artículo 74° del Texto  Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado  por Decreto Supremo Nº 014-92-EM. Refiere que la Sala  Superior llega a la errada conclusión de que al caso de  autos  corresponde  la  aplicación  del  método  de  interpretación de la especialidad y, en consecuencia,  aplicar lo dispuesto en el artículo 74° del Texto Único  Ordenado de la Ley General de Minería, y no lo dispuesto  en el inciso g del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la  Renta y el inciso a del artículo 25° de su Reglamento. b)  Inaplicación del inciso g del artículo 44° de la Ley del  Impuesto a la Renta y del inciso a del artículo 25° de su  Reglamento. Manifiesta que a consecuencia de la indebida  aplicación del artículo 74° del Texto Único Ordenado de la  Ley General de Minería, la Sala Superior inaplica el inciso  g del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta,  desconociendo así que en el caso de autos nos  encontramos frente a un contrato de cesión de posición  contractual, mediante el cual la contribuyente adquirió un  intangible de duración limitada por su naturaleza, figura  que se encuentra regulada en la Ley del Impuesto a la  Renta y no en la Ley General de Minería. Por tanto,  correspondía en este caso que el precio pagado por el  activo intangible (concesión minera) fuera amortizado en  un solo ejercicio, esto es, en el año dos mil, de conformidad  con las normas del impuesto a la renta. c) Contravención  del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política  del Estado. Sostiene que la Sala Superior ha incurrido en  motivación insuficiente, por cuanto sustenta su posición en  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5732-5-2003,  mencionada por la actora en la demanda, sin tomar en  cuenta que dicha Resolución se encuentra referida a una  materia distinta a la que se discute en el caso de autos. 3.  Asunto jurídico en debate En el caso particular, en tanto  las infracciones normativas descritas en los recursos objeto  de control casatorio aluden a normas de orden procesal y  material, se tiene que las cuestiones jurídicas en debate  pasan por dos niveles análisis: primero, verificar si la  sentencia de vista que se impugna ha respetado o no los  cánones mínimos de motivación y de congruencia procesal  que, como derechos implícitos del derecho continente del  debido proceso, debe observarse en todo proceso judicial;  y, segundo, determinar si en el caso concreto el órgano  superior de revisión, al confirmar la sentencia apelada que  declara fundada la demanda de autos en el extremo  referido al reparo por amortización indebida de concesiónminera, lo ha efectuado interpretando erróneamente el  artículo 74° del Texto Único Ordenado de la Ley General de  Minería (en lo sucesivo TUO de la LGM), aprobado por  Decreto  Supremo  Nº  014-92-EM,  o  aplicándolo  indebidamente e inaplicando el inciso g) del artículo 44° de  la Ley del Impuesto a la Renta (en lo sucesivo LIR) y el  inciso  a  del  artículo  25°  de  su  reglamento.  II.  CONSIDERANDO: Referencias principales del proceso  judicial PRIMERO.- Antes del examen de las denuncias  planteadas en los dos recursos objeto de control casatorio,  es  pertinente  precisar  las  principales  actuaciones  vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial.  Así, tenemos: 17.1. Materialización del ejercicio del  derecho de acción El diecinueve de diciembre de dos mil  dieciocho, el representante de la SUNAT acude al órgano  jurisdiccional interponiendo demanda sobre nulidad de  resolución administrativa, obrante de fojas trece a treinta  del expediente EJE. Plantea el siguiente petitorio:  Pretensión principal: la nulidad de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 06629-1-2018 del tres de septiembre de  dos mil dieciocho, que revocó la Resolución de Intendencia  Nº 0150140011698, del treinta y uno de diciembre de dos  mil catorce, en el extremo referido al reparo por amortización  indebida de concesiones mineras, dejándose sin efecto la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0048077 y la  Resolución de Multa Nº 012-002-0024164; pretensión  accesoria: se ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva  Resolución confirmando la Resolución de Intendencia Nº  0150140011698, del treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce. Se sustenta el petitorio argumentando que: a)  entre la codemandada Sociedad Minera de Responsabilidad  Limitada Chaupiloma Dos de Cajamarca (en lo sucesivo  Chaupiloma) y Minera Yanacocha Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada (en lo sucesivo Yanacocha),  existe un contrato de Cesión de Derechos Mineros  celebrado mediante escritura pública del veinticuatro de  febrero de dos mil cuatro, en cuya cláusula primera consta  que Chaupiloma es titular del cien por ciento (100%) de las  acciones y derechos de las concesiones mineras, en la  cláusula segunda Chaupiloma entrega en cesión a  Yanacocha los derechos mineros de los que es titular para  que efectúe los trabajos de exploración y explotación  minera, y en la cláusula tercera se indica que la cesión  tendrá una duración de veinte años, estando Yanacocha  obligada a pagar a Chaupiloma trimestralmente una  compensación (regalía) del tres por ciento (3%) del valor  neto de venta de todo mineral que se extraiga de las  concesiones mineras, más el impuesto general a las ventas  correspondiente; b) mediante escritura pública del veinte  de abril dos mil seis, Chaupiloma y Yanacocha celebraron  un contrato de Cesión Minera, bajo similares términos y  condiciones respecto de acciones y derechos de otras  concesiones mineras ubicadas en el departamento de  Cajamarca, apreciándose que la codemandada celebró dos  contratos de cesión minera con Yanacocha, a fin de que  esta última efectúe los trabajos de exploración y explotación  minera por un plazo de veinte años. No obstante, el artículo  74° del TUO de la LGM hace referencia al valor de  adquisición de las concesiones y, en ese sentido, se refiere  directamente al titular de la concesión, porque es quien  efectuó los desembolsos para adquirir de manera definitiva  y permanente la titularidad de la concesión minera,  adquisición que, al permitirle el pleno dominio y disposición  de aquella, supone que deba considerarlo como un activo  susceptible de amortización. Ello no puede significar la  inaplicación del referido artículo 74° en tanto que siempre  va a ser titular de la concesión quien ha efectuado el  desembolso por el valor de la adquisición; c) lo único que  se señala es que el plazo de amortización debe ser fijado  por el titular de la actividad minera, con base en la vida  probable del depósito, ello debido a que la amortización del  valor de la concesión debe comenzar en todos los casos  cuando se inicia efectivamente la producción minera. No  obstante, de la verificación de la información presentada  durante el procedimiento de fiscalización, la codemandada  no habría cumplido con acreditar la producción mínima  establecida por la ley ni comunicar a la administración  tributaria el plazo de amortización de las concesiones de  las cuales es titular, y aun cuando haya invertido en la  adquisición de tales concesiones, no podría amortizarlas  sino hasta cumplir con los requisitos establecidos en la ley,  por lo que en ese sentido se encuentra impedida de realizar  la deducibilidad del gasto materia de análisis; y d) el inciso  g del artículo 44° de la LIR no resulta aplicable al existir una  ley específica, la LGM, que regula aspectos vinculados a la  deducibilidad de las concesiones mineras en el impuesto a  la renta, por lo que el principio de especialidad de las  normas debe primar sobre la ley general, y por tanto noestaría facultada la titular a deducir como gasto lo invertido  de acuerdo a lo dispuesto en la LIR. 17.2. Contestaciones  a la demanda 1.2.1. El Procurador Público Adjunto del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, mediante escrito presentado el catorce de  enero de dos mil diecinueve, obrante de fojas cuarenta a  cuarenta y nueve del EJE, absuelve el traslado de la  demanda, pretendiendo que esta sea declarada infundada  en todos sus extremos. Fundamenta el contradictorio  alegando principalmente que: a) el reparo por amortización  indebida de concesiones mineras no ha sido efectuado con  arreglo a ley, dado que como consecuencia de la  celebración de los contratos de cesión minera la empresa  únicamente ostentaba la calidad de titular de las  concesiones mineras observadas por la administración,  porque habría cedido los derechos sobre las actividades de  exploración y explotación de los minerales, por lo que no  correspondía que se aplique lo dispuesto en el artículo 74°  del TUO de la LGM; y b) la RTF Nº 06629-1-2018 ha sido  emitida conforme a ley y se encuentra debidamente  motivada, al haberse expuesto los fundamentos fácticos y  jurídicos de su decisión, emitiendo pronunciamiento sobre  todos los puntos materia de controversia, en atención y  cumplimiento de las normas de la materia. 1.2.2. La  Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Chaupiloma  Dos de Cajamarca, mediante escrito presentado el catorce  de enero de dos mil diecinueve, corriente de fojas cincuenta  y cinco a sesenta y ocho del EJE, absuelve el traslado de  la demanda bajo los siguientes términos: a) se ha  demostrado y sustentado que no corresponde la aplicación  de la regla de amortización de concesiones del artículo 74°  del TUO de la LGM, porque la contribuyente no mantiene  conjuntamente la condición de titular de la concesión  minera y de titular de la actividad minera respecto de una  particular concesión. Dicha norma tiene como presupuesto  para su aplicación que el sujeto titular de concesiones  realice también la explotación minera; b) el concesionario  puede legalmente, bajo la celebración de un contrato de  cesión minera, separarse de su condición de titular de  actividades mineras y de los derechos y obligaciones de  ley, conservando solamente la titularidad sobre la  concesión, pues recibiría regalías como contraprestación  por la cesión otorgada a un tercero; y c) en esa línea,  Chaupiloma mantiene la condición de titular de los derechos  mineros y no mantiene la condición de titular de la actividad  minera, pues esa función recae ahora en el cesionario  Yanacocha, por lo que la amortización del valor de  adquisición de la concesión a cargo del titular de la  concesión minera se regirá por la misma norma especial  dispuesta en el artículo 74° del TUO de la LGM, solo  cuando coincida en el mismo sujeto la condición de titular  de la concesión minera y la de titular de la actividad minera.  Dado que la LGM no contiene normas explícitas que  reflejen la modalidad en la que un contribuyente deba  amortizar el valor de las concesiones cuando no se  encuentre bajo el ámbito de aplicación del artículo 74°,  deben aplicarse las normas generales del TUO de la LIR,  aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas  modificatorias, en el extremo que determinen la deducción  de intangibles de duración limitada, resultando aplicable el  inciso g del artículo 44° de la LIR, porque, si bien la regla  general de la referida ley es no permitir la amortización de  intangibles, la misma tiene como excepción que estos  tengan una duración limitada, por lo que resultaría aplicable  al caso de concesiones mineras. 1.3. Sentencia de  primera instancia Mediante resolución número ocho, de  fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, obrante  de fojas ciento veintiocho a ciento cuarenta y dos del EJE,  el  Vigésimo  Juzgado  Especializado  Contencioso  Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima emite  sentencia de primera instancia, declarando fundada la  demanda y, en consecuencia, nula parcialmente la RTF Nº  06629-1-2018, del tres de septiembre del dos mil dieciocho,  en el extremo que revoca la Resolución de Intendencia Nº  0150140011698, referido al reparo por amortización  indebida de concesiones mineras, y ordena a la Primera  Sala del Tribunal Fiscal que dentro del plazo de veinte días  hábiles y bajo apercibimiento de poner en conocimiento del  Ministerio Público para el inicio del proceso penal  correspondiente, conforme a lo establecido por el inciso 4  del artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27584 (en lo sucesivo TUO de la Ley Nº 27584) cumpla con  emitir nueva resolución conforme lo señalado en la  sentencia. Se funda la decisión judicial exponiéndose  principalmente que: i) de los actuados administrativos se  advierte que las empresas Chaupiloma y Yanacocha han  suscrito contratos de Cesión de Derechos Minerosmediante escrituras públicas del veinticuatro de febrero de  dos mil cuatro (Chaupiloma 55, Chaupiloma 56, Chaupiloma  57, Chaupiloma 58, Chaupiloma 59, Chaupiloma 60,  Claudina 5, Paulita 2, Paulita 2B, Paulita 3, Tiranosaurio 2,  Tiranosaurio 5, Tiranosaurio 6 y Claudina 21) y del veinte  de abril de dos mil seis (Chaupiloma 68, La Verana 12, San  Pablo 26, San Pablo 27 y San Pablo 28) ubicadas en el  departamento de Cajamarca. Así, la cláusula primera de  los citados contratos detalla que Chaupiloma es titular del  cien por ciento (100%) de las acciones y derechos de las  concesiones mineras descritas; asimismo, se advierte que,  en las demás cláusulas se establece que Chaupiloma  entrega en cesión a Yanacocha los derechos mineros de  los que es titular, a fin de que efectúe los trabajos de  exploración y explotación minera, incluyendo sus mejoras y  partes integrantes o accesorias, por lo que Yanacocha se  encontraría obligada a pagar a Chaupiloma trimestralmente,  en la forma y plazos señalados en el referido contrato, una  compensación (regalía) del tres por ciento (3%) del valor  neto de venta de todo mineral que se extraiga de las  concesiones mieras [sic], más el impuesto general a las  ventas correspondiente; ii) se desprende de las cláusulas  séptima y octava de la Escritura de Contrato de Cesión de  Derechos Mineros, de la cláusula cuarta de la Escritura de  Transferencia de Concesiones Mineras y de Cesión Minera  y de la cláusula tercera de la Escritura de Contrato de  Cesión Minera, acuerdos de derechos y obligaciones por  parte de Yanacocha a favor de Chaupiloma, entre ellos, las  condiciones de proporcionarle trimestralmente un informe  indicando el tonelaje y mineral extraído en las labores de  desarrollo y explotación, proporcionar al término de cada  año un informe detallado de las labores ejecutadas en  dicho periodo tanto de exploración como de explotación,  adjuntando los planos de avances geológicos y muestreos,  suministrar a más tardar el treinta de marzo de cada año un  informe de las reservas de mineral existentes al treinta y  uno de diciembre del año inmediato anterior en las  concesiones mineras, y asimismo entregar informes  cuando lo solicite la empresa Chaupiloma, como también  copias de los planos de las concesiones mineras que  muestren los trabajos realizados, además de planes de  trabajo,  estadísticas  y  demás  informaciones  cuya  presentación sea solicitada por la Dirección General de  Minería y/o el Registro Público de Minería, conforme a lo  dispuesto por las normas correspondientes; iii) Chaupiloma  celebró dos contratos de cesión minera con Yanacocha, a  fin de que se efectúen los trabajos de exploración y  explotación minera por un plazo de veinte años a cambio  de una compensación del tres por ciento (3%) del valor  neto de todo mineral extraído de las concesiones mineras,  más el impuesto general a las ventas. La cesión minera en  el ámbito tributario se halla regulada por el artículo 74° de  la LGM, la misma que no limita sus alcances solo a los  titulares de la concesión que a su vez sean titulares de la  actividad minera, pues hace énfasis en el gasto incurrido  del valor de adquisición de las concesiones (las mismas  que son adquiridas por el titular de la concesión, a quien se  le ha otorgado un derecho real); en ese sentido, establece  que el gasto incurrido en la adquisición de la concesión se  amortizará independientemente de su modo de adquisición  originario o por aporte, pues el citado artículo 74° dispone  que para determinar el valor de la concesión se incluirá el  precio pagado o los gastos del petitorio, así como lo  invertido en prospección y exploración hasta la fecha en  que corresponda cumplir con la producción mínima  obligatoria, salvo que se opte por deducir los últimos  conceptos en el ejercicio en que incurran. Así, la norma  alude directamente al titular de la concesión, porque es él  quien efectuó los desembolsos para adquirir de manera  definitiva y permanente la titularidad de la concesión  minera, concesión que le otorga un derecho real que le  permite el pleno dominio y disposición de aquella,  constituyendo un activo susceptible de amortización; iv)  interpretar que la aplicación del artículo 74° de la LGM  recae necesariamente en el titular de la concesión, quien  además debe realizar la actividad minera, no resulta  correcto, en razón de que no es inherente a la titularidad de  la concesión una obligación de trabajo, es decir, de realizar  la exploración y la explotación, dado que no deviene  obligatorio que el titular de la concesión minera efectúe la  actividad minera para mantener la concesión, porque de  acuerdo a la normativa minera el titular de la concesión  solo se encuentra obligado a pagar el derecho de vigencia,  siendo cierto que la normativa minera le otorga diversas  facultades, como ceder a un tercero los derechos de  exploración y explotación, entre otras. Además, siempre el  titular de la concesión será quien efectúe el desembolso  por el valor de la adquisición y, en tal contexto, será deaplicación el artículo 74° del TUO de la LGM para los casos  como el presente, en el cual la administración formuló  reparo por amortización indebida de concesiones mineras;  v) atendiendo a que la codemandada Chaupiloma es titular  de la concesión minera, tenía la obligación de amortizar el  monto que hubiera pagado por la adquisición de la  concesión, a partir del ejercicio en que corresponda cumplir  con la obligación de producción mínima y por un plazo  fijado en función a la vida probable de la mina; además, el  referido artículo 74° no limita el derecho a amortizar el valor  de la adquisición de una concesión a la condición de titular  de la actividad minera que pudiera recaer en el titular de la  concesión, y que en dicho artículo se señala que el plazo  de amortización debe ser fijado por el titular de la actividad  minera, con base en la vida probable del depósito, ello  debido a que la amortización del valor de la concesión debe  comenzar cuando se inicie la producción minera, y no  antes, pues de lo referido la codemandada Chaupiloma, a  fin de cumplir con lo dispuesto en tal artículo, pudo haber  requerido dicha información a la empresa Yanacocha; vi)  Chaupiloma no cumplió con lo requerido por la referida  normativa, es decir, con la obligación de acreditar una  producción mínima y de comunicar a la administración  tributaria mediante la declaración jurada anual del impuesto  a la renta el plazo de amortización de la concesión, con  base en la vida probable del depósito minero. Al respecto,  se tiene que, en la etapa administrativa, Chaupiloma no  cumplió con acreditar la producción mínima establecida por  la LGM ni con comunicar a la administración tributaria el  plazo de amortización de las referidas concesiones, no  obstante que de acuerdo a lo dispuesto en una de las  cláusulas del contrato de cesión de derechos suscrito entre  Chaupiloma y Yanacocha, esta se obligaba a suministrar  información periódica respecto del tonelaje y mineral  extraído, así como informes detallados de las labores  ejecutadas cada año, tanto en explotación como en  exploración, entre otros. Por lo tanto, Chaupiloma pudo  obtener de la cesionaria Yanacocha la información  requerida por el artículo 74° de la LGM, a fin de cumplir con  lo requerido y así amortizar el gasto del valor de adquisición  de la concesión minera; vii) la materia referida a la  amortización de los gastos por la adquisición de las  concesiones mineras se encuentra regulada por la norma  especial —artículo 74°—, por lo que no es aplicable el  literal g del artículo 44° de la LIR, en virtud del principio de  Especialidad de las normas que prima sobre la ley general;  viii) respecto de la supuesta aplicación del literal g del  artículo 44° de la LIR, debido a la naturaleza de la actividad  minera es que resultan aplicables las normas especiales,  siendo que la LGM establece un régimen particular de  amortización, distinto al previsto en la LIR, en cuanto  asocia la imputación del gasto vinculado a la adquisición de  la concesión a los ingresos que se obtienen por la  explotación de la concesión, que la amortización se inicia  con la producción y su plazo se fija en función de la vida  probable del depósito minero; por consiguiente, Chaupiloma  no se encontraba facultada a deducir como gasto el valor  de adquisición de la concesión minera, conforme lo  dispuesto en el inciso g del artículo 44° de la LIR, por lo  cual resulta de acuerdo a ley lo determinado por la  administración tributaria en cuanto le correspondía la  aplicación del artículo 74° de la LGM, y, al no haber  acreditado que efectuó la amortización de acuerdo a lo  regulado, no le corresponde la deducción; y ix) respecto a  la Resolución de Multa Nº 012-002-0024164, se tiene que  fue emitida por la infracción al numeral 1) del artículo 178°  del Código Tributario, pues se encuentra vinculada a la  Resolución  de  Determinación  Nº  012-003-0048077,  efectuada al impuesto a la renta del ejercicio dos mil once,  por lo que en virtud de lo expuesto resulta conforme a ley  dicho valor, tanto más que la infracción imputada fue  determinada objetivamente, conforme al artículo 165° del  TUO del Código Tributario, cuya constitucionalidad ha sido  reconocida  en  reiteradas  jurisprudencias,  como  la  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 3101-2003-AA/ TC. d.4. Recursos de apelación 1.4.1. El patrocinio legal  de Chaupiloma, mediante escrito presentado el once de  noviembre de dos mil diecinueve, obrante de fojas ciento  cuarenta y nueve a ciento sesenta y dos del EJE, interpone  recurso de apelación contra la sentencia de primera  instancia, que declaró fundada la demanda. Expone como  principales agravios que: a) se aplica de forma ilegal y  forzada el artículo 74° de la LGM, pues la empresa  codemandada no cumple con el presupuesto de que  mantenga conjuntamente la condición de “titular de la  concesión minera” y “titular de la actividad minera”, por lo  que es natural que haya aplicado las disposiciones  generales previstas en la LIR para determinar laamortización del valor de adquisición de las concesiones  mineras; b) la concesión minera confiere a un concesionario  la titularidad de la concesión minera y de la actividad  minera; no obstante, el titular de la concesión minera puede  ceder temporalmente a un tercero el ejercicio de la actividad  minera sobre una determinada concesión, así como los  derechos y obligaciones respectivos (contratos de cesión  minera), para en contrapartida recibir una contraprestación  (en forma de regalías), siendo que para mantener la  titularidad de la concesión minera únicamente está obligado  a invertir en ella y a pagar el derecho de vigencia; c) no  debe aplicarse el principio de especialidad definido en la  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 047-2004-AI,  debido a que en el presente caso no existe antinomia  alguna, ya que la LIR es aplicable a todo aquel sujeto que  cuente con un activo intangible de duración limitada  susceptible de amortización, sin que importen las  particularidades del sector de producción, mientras que la  LGM permite una amortización solo respecto a los sujetos  en los cuales recaiga la condición de titular de la concesión  y titular de la actividad minera; d) al no tratarse de una  “norma especial” aplicable al caso, el juez ha interpretado  de manera extensiva los supuestos establecidos en el  artículo 74° de la LGM, lo cual no corresponde en virtud de  la norma VIII del título preliminar del Código Tributario; por  tanto, no era posible exigir el cumplimiento de cualquier  obligación o formalidad contenida en dicha norma, siendo  que el eventual conocimiento sobre una situación de hecho,  como la producción de la mina en mérito al cumplimiento  de los términos y condiciones del contrato, no tiene  relevancia jurídica; e) el Juez no ha advertido que el inciso  g del artículo 44° de la LIR y el inciso a del artículo 25 de su  reglamento incorporan una regla general que admite la  plena deducción de la amortización del valor de adquisición  de todo tipo de bien intangible de duración limitada, así  como una lista enunciativa mas no limitativa de supuestos  de intangibles de duración limitada, razón por la cual  resulta ajustada a derecho la amortización deducida por la  empresa codemandada en la determinación de su impuesto  a la renta; f) en la RTF Nº 5732-5-2003 la discusión pasaba  por determinar si el artículo 74° de la LGM podía ser  aplicado respecto a un titular de concesiones mineras que  había adquirido dicho bien mediante un aporte por su  accionista, lo cual es distinto al presente caso, ya que la  empresa codemandada no consideró aplicables las  disposiciones del artículo 74° de la referida ley porque no  realiza actividades mineras al haberlas cedido a terceros,  por lo que regían las normas generales de la LIR; g) el  Tribunal Fiscal en sus Resoluciones números 3248-5-2010,  10294-9-2018, 9870-9-2018 y 1887-3-2019 ha ratificado su  posición de que no corresponde aplicar las normas del  artículo 74° de la LGM en el caso de contribuyentes que no  mantienen tanto la condición de “titulares de concesiones  mineras” y “titulares de actividad minera”, lo que no ha sido  considerado en la recurrida; y h) el razonamiento del Juez  no se encuentra amparado en derecho y, por el contrario,  ha expuesto un conjunto de errores interpretativos que  pretenden extender el alcance de lo dispuesto en el artículo  74° de la LGM a un supuesto de hecho que no abarca dicha  norma, y que no permite la deducción de los gastos por  amortización de la concesión, con lo cual le impone una  obligación tributaria mayor a la que le corresponde. 1.4.2.  El Procurador Público Adjunto del Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, mediante  escrito presentado el once de noviembre de dos mil  diecinueve, obrante de fojas ciento ochenta y dos a ciento  ochenta y seis del EJE, interpone recurso de apelación  contra la sentencia del Juzgado, que declaró fundada la  demanda. Denuncia los siguientes agravios: a) de los  Testimonios de Escritura Pública del Contrato de Cesión de  Derechos Mineros y los Contratos de Cesión Minera del  veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, uno y veintiuno de  septiembre de dos mil cinco y veinte de abril de dos mil  seis, se aprecia que la empresa codemandada era titular  del cien por ciento (100%) de las acciones y derechos de  los petitorios mineros “Tiranosaurio 2”, “Tiranosaurio 5”,  “Tiranosaurio 6”, “Chaupiloma 63”, “San Pablo 26”, “San  Pablo 27”, “San Pablo 28”, “Mirtha I”, entre otros, y que le  cedió a Yanacocha el derecho de exploración y explotación  por un plazo determinado, con lo cual esta se obligó a  pagar como regalía el tres por ciento (3%) del valor neto de  la venta del mineral obtenido; b) del Testimonio de Escritura  Pública de Transferencia de Concesiones Mineras y de  Concesión Minera del siete de septiembre de dos mil cinco,  celebrado entre Yanacocha y la empresa codemandada, se  aprecia que la primera trasfirió a la segunda sin reserva ni  limitación alguna el cien por ciento (100%) de las acciones  y derechos de los que era titular respecto de las concesionesmineras “Ayahuanca 305”, “Ayahuanca 314” “Ayahuanca  315” y “Ayahuanca 317”, y asimismo que la segunda los  entregó en cesión a la primera para que efectúe trabajos de  exploración y explotación por un plazo de veinte años,  obligándose Yanacocha a pagar una regalía del tres por  ciento (3%) del valor neto de venta de todo el mineral  extraído; c) conforme al Balance de Comprobación de  diciembre de dos mil once, el Tribunal Fiscal verificó que la  empresa codemandada amortizó la suma total de S/  383,208.00 (trescientos ochenta y tres mil doscientos ocho  soles con cero céntimos), en virtud de la adquisición de las  concesiones mineras observadas por la administración,  según las disposiciones del inciso g del artículo 44° de la  LIR, que la facultaban a amortizar los intangibles de  duración limitada en un plazo de diez años, al considerar  que solo era titular de dichas concesiones mineras más no  de la actividad minera, por lo que no le resultaba de  aplicación lo dispuesto en el artículo 74° de la LGM; y, d) la  RTF Nº 3248-5-2010 señala que el artículo 74° de la LGM  resulta aplicable, en tanto el titular de la actividad minera  es a su vez el titular de la concesión materia de explotación,  por lo que no correspondía que la empresa codemandada  cumpla con los requisitos establecidos en dicha norma  referida a la amortización, pues a pesar de que era titular  de las concesiones mineras había cedido los derechos de  la actividad de exploración y explotación, aspecto que no  ha sido considerado por el Juez al momento de resolver y,  en consecuencia, la resolución del Tribunal Fiscal no  incurre en causal de nulidad. d.5. Sentencia de segunda  instancia La Séptima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera  de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante  resolución número catorce, de fecha veinte de enero de  dos mil veinte, corriente de fojas doscientos sesenta y tres  a doscientos setenta y cuatro del EJE, confirmó la  sentencia apelada, que declaró fundada la demanda.  Constituyen argumentos principales de la decisión superior  los siguientes: i) se debe establecer si a la empresa  codemandada, que tiene la titularidad de las concesiones  mineras mas no la titularidad de su actividad minera, le es  aplicable el régimen de amortización del valor de  adquisición de las concesiones previsto en el artículo 74°  de la LGM, o el inciso g del artículo 44° de la LIR, a fin de  determinar si la RTF Nº 06629-1-2018 adolece o no de la  causal de nulidad; ii) se indica que: a) el Juez ha  transgredido la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario, al realizar una interpretación extensiva del  artículo 74° de la LGM, pues la empresa codemandada, si  bien es “titular de la concesión minera”, no es “titular de la  actividad minera”, en mérito a los contratos de cesión  minera suscritos con la empresa Yanacocha para la  exploración y explotación de ciertas concesiones mineras;  b) que no debe aplicarse el principio de especialidad  definido en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 047- 2004-AI, ya que en el presente caso no existe antinomia  alguna, siendo que el inciso g del artículo 44° de la LIR y el  inciso a del artículo 25° de su reglamento, son aplicables a  todo aquel sujeto que cuente con un activo intangible de  duración limitada susceptible de amortización, sin que  importen las particularidades del sector de producción,  mientras que el artículo 74° de la LGM permite una  amortización solo respecto a los sujetos en los cuales  recaiga la condición de titular de la concesión y titular de la  actividad minera; c) que no se le puede exigir el  cumplimiento  de  cualquier  obligación  o  formalidad  contenida en dicha norma, siendo que el eventual  conocimiento sobre una situación de hecho, como la  producción de la mina en cumplimiento de los términos y  condiciones del contrato, no tiene relevancia jurídica; y d)  que el razonamiento del Juez no se encuentra amparado  en derecho e impone una obligación tributaria mayor a la  que le corresponde. Al respecto, en virtud de la norma VIII  del Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto  Supremo Nº 135-99-EF), en este caso resulta idóneo  realizar una interpretación finalista del artículo 74° del TUO  de la LGM, ya que ello permite advertir que el legislador ha  previsto que el valor de adquisición o precio pagado de las  concesiones mineras debe ser amortizado a partir del  ejercicio en que se cumpla con la obligación de producción  mínima y durante un plazo que será determinado con base  en la vida probable del depósito por parte del titular de la  actividad minera, para lo cual con la presentación de la  Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta  correspondiente al ejercicio en el que inicie la amortización,  deberá poner en conocimiento el plazo de dicha  amortización, y asimismo adjuntar el cálculo respectivo; iii)  en este sentido, es claro que esa norma regula en forma  puntual y específica la amortización del valor de adquisiciónde las concesiones mineras, donde el derecho a dicha  amortización le corresponde al titular de la concesión  minera debido a que este fue quien abonó el referido valor  de adquisición; iv) la cesión no modifica el hecho de que  este último fue quien abonó el referido valor de adquisición  y por ende le corresponde efectuar la amortización  respectiva, lo que descarta una interpretación literal como  efectúan los codemandados, en tanto que necesariamente  el titular de la concesión minera debe ser el titular de la  actividad minera; v) los codemandados aplican el literal g  del artículo 44° de la LIR, que establece en forma genérica  la amortización del “precio pagado por activos intangibles  de duración limitada”, para incluir dentro de la misma a la  amortización de las concesiones mineras, que se  encuentran expresamente reguladas en el artículo 74° de  la LGM, por lo que se debe aplicar el principio de  especificidad o especialidad, resultando de aplicación en  todos sus extremos el artículo 74° aludido debido a que es  una norma especial que regula el “Régimen Tributario” de  las concesiones y actividades mineras, incluida de manera  taxativa la amortización del valor de adquisición de las  concesiones mineras, mientras que el inciso g del artículo  44° de la LIR resulta una norma general, al regular la  amortización del precio pagado de los activos intangibles  de duración limitada, que debe aplicarse a supuestos que  no se encuentran regulados en normatividad especial,  como ocurre con el artículo 74° de la LGM; vi) con base en  ello no es asunto controvertido el hecho de que la empresa  codemandada sea titular del cien por ciento (100%) de  derechos y acciones de las concesiones mineras  Tiranosaurio 2,5,6, Tiranosaurio 2,5,6 [sic], Chaupiloma 63,  Ayahuanca 314-315-317-305, Mirtha I y San Pablo 22,  mientras que la minera Yanacocha es titular de la actividad  minera de las referidas concesiones mineras, en virtud de  diversos contratos de cesión de derechos mineros y de  transferencia de concesiones mineras celebrados entre  ambas empresas; por tanto, corresponde a la empresa  codemandada efectuar la amortización del valor de  adquisición de dichas concesiones, ya que realizó el pago  respectivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74°  de la LGM; vii) en ese orden, de acuerdo con el Resultado  del Requerimiento Nº 0122140000883, recogido en la  Resolución  de  Determinación  Nº  012-003-0048077,  Chaupiloma no cumplió con los requisitos previstos en el  artículo 74° de la LGM, debido a que no acompañó a su  declaración de pago anual del impuesto a la renta de  tercera categoría del ejercicio gravable dos mil once, de  fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, documento por  el cual comunique a la administración tributaria el plazo de  amortización ni su cálculo con base en la vida probable del  depósito, pese a que tenía la capacidad para hacerlo en  mérito a la información brindada por Yanacocha, en  cumplimiento de las obligaciones previstas en los puntos  7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del Testimonio de Escritura Pública del  veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, en los puntos  4.4.3 y 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6. de la Escritura Pública de  Transferencia de Concesiones Mineras y de Cesión Minera,  de fecha siete de septiembre de dos mil cinco, y en los  puntos 3.4.3. y 3.4.4 del Contrato de Cesión de Derechos  Mineros del veinte de abril de dos mil seis, con lo que se  concluye que el reparo en cuestión se formuló de acuerdo  a ley, siendo que en la recurrida no se ha transgredido la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario; viii)  en cuanto al agravio por el que se denuncia que en la RTF  Nº 5732-5-2003 la discusión era determinar si el artículo  74° de la LGM podía ser aplicado respecto a un titular de  concesiones mineras que había adquirido dicho bien  mediante un aporte por su accionista, lo cual es distinto al  presente caso, ya que la empresa codemandada no  consideró aplicables las disposiciones del artículo 74° de la  LGM no por el hecho de la particular modalidad en la que  adquirió las concesiones mineras, sino porque no realiza  actividades mineras al haberlas cedido a terceros, por lo  que regían las normas generales de la LIR; al respecto, si  bien es cierto en la RTF Nº 5732-5-2003 la discusión  radicaba en determinar si la recurrente al haber adquirido  las concesiones mineras a través de una transferencia por  venta o por aporte tenía o no derecho a la amortización de  la concesión minera, también lo es que para resolver dicha  controversia se ha establecido como marco general que al  existir una ley específica, esto es el artículo 74° de la LGM,  que regula aspectos vinculados a la deducibilidad de las  concesiones  mineras  en  el  impuesto  a  la  renta  (amortizaciones), en virtud del principio de especialidad  esta norma debía primar sobre la ley general, esto es, el  inciso g del artículo 44° de la LIR, por lo que ordenó a la  administración tributaria verificar si la recurrente cumple  con lo dispuesto en la norma especial y emita un nuevopronunciamiento, motivo por el cual la mencionada RTF  resulta una referencia pertinente para resolver la causa  planteada; y, ix) respecto de los agravios donde se señala  en resumen que en la recurrida no se ha tenido en  consideración que el Tribunal Fiscal ha ratificado su  posición de que no corresponde aplicar las normas del  artículo 74° de la LGM, en el caso de contribuyentes que no  mantienen tanto la condición de “titulares de concesiones  mineras” como la de “titulares de actividad minera”,  conforme a las RTF números 3248-5-2010, 10294-9-2018,  9870-9-2018 y 1887-3-2019 y, por tanto, que no  correspondía que la empresa codemandada cumpla con  los requisitos previstos en tal disposición, ya que a pesar  de ser titular de las concesiones mineras no era titular de la  actividad minera; se debe tener en cuenta que el artículo  148° de la Constitución Política del Estado y el artículo 1°  del TUO de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto  Supremo Nº 013-2008-JUS, establecen en forma meridiana  que el Poder Judicial ejerce control jurídico sobre las  actuaciones de la administración pública y brinda efectiva  tutela de los derechos e intereses de los administrados, lo  que en materia tributaria tiene su correlato en el artículo  157° del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  siendo que tales normas son una clara expresión del  balance de poderes establecido en la Carta Fundamental,  así como de la protección de los derechos de los ciudadanos  frente a la administración pública, que en el desarrollo de  los procedimientos administrativos usualmente actúa como  juez y parte. Entonces, si bien el Tribunal Fiscal ha  establecido una línea jurisprudencial en la Resolución Nº  3248-5-2010, respecto a la interpretación y aplicación de lo  dispuesto en el artículo 74° de la LGM, que ha sido  mantenida en otros casos en los cuales ha sido parte la  empresa codemandada, tales como las Resoluciones Nº  10294-9-2018 y Nº 9870-9-2018, ello no implica que los  órganos jurisdiccionales se encuentren vinculados o  sujetos a dicha línea jurisprudencial, en tanto es factible  realizar el control jurídico de la validez de los actos  administrativos  respectivos  de  conformidad  con  la  normatividad invocada. Anotaciones acerca del recurso  de casación SEGUNDO.- Una vez contextualizado el  caso, deviene pertinente efectuar algunas referencias  acerca del recurso extraordinario de casación, que  delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema. 2.1.  El recurso de casación tiene por fines la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa  el artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de  casación es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas  se han infringido o no las normas que garantizan el derecho  al proceso regular, teniendo en consideración que este  supone el cumplimiento de los principios y garantías que  regulan al proceso como instrumento judicial, precaviendo  sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las  partes en conflicto. 2.2. El recurso extraordinario de  casación tiene por objeto el control de las infracciones que  las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación  del derecho, partiendo a tal efecto de los hechos  considerados probados en las instancias de mérito y  aceptados por las partes, para luego examinar si la  calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos  hechos. No basta la sola existencia de la infracción  normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o  decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así también,  habiéndose acogido entre los fines de la casación la  función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la  posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta  a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un  tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo  petitorio y proceso. Antes bien constituye un recurso  singular que permite acceder a una Corte de Casación para  el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República. 2.3. Por causal de  casación se entiende al motivo que la ley establece para la  procedencia del recurso1, debiendo sustentarse en aquellas  previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende  interponerse por apartamiento inmotivado del precedente  judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la  forma. Se consideran motivos de casación por infracción  de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron  aplicarse al caso, así como la falta de congruencia entre lo  decidido y las pretensiones formuladas por las partes y la  falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de  la forma aluden a infracciones en el proceso2, por lo que ental sentido si bien todas las causales suponen una violación  de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma  o en el fondo. 2.4. De otro lado, considerándose que en el  caso concreto se han declarado procedentes los recursos  de casación por causales de infracción normativa material  y procesal, corresponde en primer lugar proceder con el  análisis de la infracción de normas de carácter procesal — de orden constitucional—, desde que si por ello se  declarara fundado el recurso en dicho extremo, su efecto  nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta  donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de  un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de  instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir  pronunciamiento  sobre  las  infracciones  normativas  materiales invocadas por los recurrente en los escritos de  sus propósitos; y si, por el contrario, se declarara infundada  la infracción procesal, corresponderá emitir pronunciamiento  sobre las infracciones materiales contenidas en los dos  recursos de casación. 2.5. Debemos resaltar que la  infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de  la causa no se han respetado los derechos procesales de  las partes, se han soslayado o alterado actos del  procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva  y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo  hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento  de la normatividad vigente y de los principios procesales.  Evaluación de la causal casatoria de naturaleza  procesal postulada por el Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal  TERCERO.- La revisión del motivo de casación de norma  procesal —de índole constitucional— aludido en el acápite  c del punto 2.2, apartado 2, de la parte expositiva de este  pronunciamiento —infracción normativa del numeral 5 del  artículo 139° de la Constitución Política del Estado—,  referido a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, que involucra el principio de congruencia  procesal, amerita traer a colación algunos apuntes legales,  doctrinales  y  jurisprudenciales  sobre  los  principios  constitucionales implicados, que permitan una mejor labor  casatoria de este Supremo Tribunal, con relación al  respectivo motivo que sustentó la procedencia del recurso  de casación planteado por el Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal. Así,  tenemos: 3.1. El debido proceso (o proceso regular),  consagrado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución  Política del Estado3, es un derecho complejo, desde que  está conformado por un conjunto de derechos esenciales  que impiden que la libertad y los derechos de los individuos  perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o  procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de  derecho —incluyendo el Estado— que pretenda hacer uso  abusivo de estos. Como señala la doctrina: […] por su  naturaleza  misma,  se  trata  de  un  derecho  muy  complejamente estructurado, que a la vez está conformado  por un numeroso grupo de pequeños derechos que  constituyen sus componentes o elementos integradores, y  que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal  o instancias de decisión, al procedimiento que debe  seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías  con que debe contar la defensa. 4 Dicho de otro modo, el  derecho al proceso regular constituye un conjunto de  garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el  derecho a ser oportunamente informado del proceso  (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para  preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un Juez  imparcial que no tenga interés en un determinado resultado  del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la  defensa por un profesional (publicidad del debate), derecho  a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del mérito  del proceso y derecho al Juez legal. 3.2. Así también, el  derecho al debido proceso, comprende a su vez, entre  otros derechos, el de motivación de las resoluciones  judiciales, esto es, el de obtener una resolución fundada  en derecho mediante decisiones en las que los jueces  expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con  mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que  los determinaron, dispositivo que es concordante con lo  preceptuado por el inciso 3 del artículo 122° del Código  Procesal Civil5 y en el artículo 12° del Texto Único Ordenado  de la Ley Orgánica del Poder Judicial6. Además, la  exigencia de motivación suficiente prevista en el inciso 5  del artículo 139° de la Carta Fundamental7, garantiza que  el justiciable pueda comprobar que la solución del caso  concreto viene dada por una valoración racional de la  fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones  jurídicas  pertinentes,  y  no  de  una  arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese  entendido es posible afirmar que una resolución quecarezca de motivación suficiente no solo infringe normas  legales, sino también principios de nivel constitucional8.  3.3. El proceso regular en su expresión de motivación  escrita de las resoluciones judiciales entiende que una  motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes  supuestos: a) Falta de motivación propiamente dicha:  cuando se advierte una total ausencia de motivación en  cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso  materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico;  b) Motivación aparente: cuando el razonamiento en la  sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones  vacías que no guardan relación con el real contenido del  proceso; c) Motivación insuficiente: cuando se vulnera el  principio lógico de la razón suficiente, es decir que el  sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no  se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de  las cuales este debe partir en su razonamiento para lograr  obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y  la convicción que lo determine en un sentido determinado,  respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y,  d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se  violan las leyes del hacer/pensar, tales como de la no  contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la  de identidad (correspondencia de las conclusiones a las  pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es  verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros,  omitiendo los principios elementales de la lógica y la  experiencia común. 3.4. Ahora bien, debe evaluarse  también que la exigencia de motivación suficiente garantiza  que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso  concreto viene dada por una valoración racional de la  fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, facilitando así la crítica  interna y el control posterior de las instancias revisoras9,  todo ello dentro de la función endoprocesal de la motivación.  Paralelamente, permite el control democrático de los  jueces que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la  sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la  autosuficiencia de la misma10. En tal virtud, los destinatarios  de la decisión no son solo los justiciables, sino también la  sociedad, en tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la  fuente de la que deriva su investidura11, todo lo cual se  presenta dentro de la función extraprocesal de la  motivación. 3.5. Finalmente, tenemos que el contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación  se concretiza logrando su vigencia efectiva, siempre y  cuando se vislumbre una adecuada argumentación jurídica  del órgano jurisdiccional: i) delimitando con precisión el  problema jurídico que se derive del análisis del caso  concreto; ii) desarrollándose de modo coherente y  consistente la justificación de las premisas jurídicas  aplicables, argumentando respecto a la aplicación e  interpretación de dichas normas al caso; iii) justificando las  premisas fácticas derivadas de la valoración probatoria; y,  iv) observando la congruencia entre lo pretendido y lo  decidido. Al evaluar la justificación interna del razonamiento  en la motivación de las resoluciones judiciales, se incide en  el control del aspecto lógico de la sentencia12, consistente  en la evaluación del encadenamiento de los argumentos  expuestos, esto es, verificando el vínculo y relación de las  premisas normativas y su vinculación con las proposiciones  fácticas acreditadas que determinará la validez de la  inferencia, lo que implica el control de la subsunción o  ponderación, que culminará en la validez formal de la  conclusión en la resolución judicial. El control de las  decisiones jurisdiccionales y la motivación de las  resoluciones judiciales aplicado al caso concreto  CUARTO.-  Desarrollados  los  supuestos  teóricos  precedentes, corresponde ahora determinar si la resolución  judicial recurrida en casación ha transgredido el derecho al  debido proceso en su elemento medular de motivación.  Para ello, el análisis debe efectuarse a partir de los propios  fundamentos o razones que sirvieron de base a la misma,  por lo que cabe realizar el examen de las razones o  justificaciones expuestas en la resolución materia de  casación. En tal virtud, para la evaluación de la infracción  procesal se acude a la base fáctica fijada por las instancias  de mérito, así como a los argumentos esgrimidos en los  fallos de instancia, requiriendo dicha labor identificar el  contenido normativo de las disposiciones constitucionales  para establecer si el numeral 5 del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú ha sido vulnerado, para cuyo  efecto este Supremo Tribunal debe verificar si el paso de  las premisas fácticas y jurídicas a la conclusión a que se  arriba en la sentencia recurrida en casación, ha sido lógica  o deductivamente válida, sin devenir en contradictoria. 4.1.  Atendiendo a los aspectos doctrinales y jurisprudenciales  evocados en el anterior considerando, se desprende de larevisión integral de la sentencia materia de casación que  —contrariamente a lo sostenido por el organismo  ministerial— la misma ha respetado el derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se  ha delimitado el objeto de pronunciamiento conforme a las  pretensiones planteadas, como se desprende del sexto  considerando de la referida sentencia, y se ha cumplido  con emitir una decisión sobre los agravios denunciados  (previamente identificados en el tercer considerando) en  los dos recursos de apelación, como se desprende del  desarrollo lógico jurídico que emerge a partir del séptimo  considerando, invocando el marco regulatorio relacionado  a lo que es asunto de controversia y los antecedentes  administrativos que cita en el quinto considerando. 4.2. Se  trasluce entonces que para absolver y desvirtuar los  agravios planteados en los recursos verticales, la Sala de  mérito efectuó una valoración conjunta y razonada de los  medios probatorios aportados al proceso, en estricto del  expediente  administrativo  acompañado13,  cuyas  actuaciones principales cita, como se reitera, en el quinto  considerando. Asimismo, ha justificado las premisas  fácticas (la entidad demandante señala que el artículo 74°  de la LGM refiere al titular de la concesión ya que fue quien  efectuó los desembolsos para adquirir la titularidad de la  concesión minera, lo que supone que deba ser considerado  como un activo susceptible de amortización, y no puede  significar la inaplicación del citado artículo, en tanto que  siempre va a ser titular de la concesión el que ha efectuado  el desembolso por el valor de la adquisición; el Tribunal  Fiscal y Chaupiloma convergen en precisar que el reparo  por amortización indebida de concesiones mineras no ha  sido efectuado con arreglo a ley, pues como consecuencia  de la celebración de los contratos de cesión minera, la  empresa solo ostentaba la calidad de titular de la  concesiones, mientras que habría cedido los derechos  sobre las actividades de exploración y explotación de los  minerales, por lo que no correspondía aplicar el artículo 74°  de la LGM, desde que dicha norma tiene como presupuesto  para su aplicación que el sujeto titular de las concesión  realice también la explotación minera, siendo aplicable el  inciso g del artículo 44° de la LIR) , así como las premisas  jurídicas (artículo 74° del TUO de la LGM, aprobado por  Decreto Supremo Nº 014-92-EM; artículo 44°, inciso g, de  la LIR, aprobado por Decreto Legislativo Nº 774; artículo  VIII del TUO del Código Tributario; artículo 148° de la Carta  Política; artículo I del TUO de la Ley Nº 27584; y, artículo  157° del TUO del Código Tributario), que le han permitido  llegar a la conclusión de que corresponde a la empresa  Chaupiloma efectuar la amortización del valor de  adquisición de las concesiones mineras en aplicación de lo  dispuesto por el artículo 74° del TUO de la LGM, situación  que no se modifica por el hecho de que el titular de la  actividad minera sea Yanachocha. Entonces, de acuerdo  con el Resultado del Requerimiento Nº 0122140000883,  recogido en la Resolución de Determinación Nº 012-003- 0048077, Chaupiloma no ha cumplido con lo previsto por el  artículo 74° de la LGM, ya que no acompañó a su  declaración de pago anual del impuesto a la renta de  tercera categoría del ejercicio gravable dos mil once,  documento por el que comunique a la administración  tributaria el plazo de amortización ni su cálculo con base en  la vida probable del depósito, por lo que el reparo se  formuló de acuerdo a ley, no habiéndose trasgredido la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario. 4.3.  Ahora bien, en torno a la justificación externa de la decisión  superior, este Supremo Tribunal considera que la realizada  por la Sala de mérito es adecuada, desde que las premisas  fácticas y jurídicas contienen proposiciones verdaderas y  normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional, las  que resultan pertinentes para resolver la materia en  controversia, atendiendo a los términos de lo que fue objeto  debatible y puntos controvertidos. En atención a las  premisas normativas y fácticas expuestas, el colegiado  superior sustenta adecuadamente su postura frente a la  normativa aplicable al caso en concreto, y arriba a una  conclusión motivada. 4.4. Sin perjuicio de lo indicado, es  necesario precisar que lo señalado no es equivalente a que  este Supremo Tribunal concuerde necesariamente con el  criterio que sustenta el fallo recurrido, ya que no debe  confundirse debida motivación de las resoluciones  judiciales con debida aplicación del derecho objetivo. En el  primer caso, se examinan los criterios lógicos y  argumentativos referidos a la decisión de validez, la  decisión de interpretación, la decisión de evidencia, la  decisión de subsunción y la decisión de consecuencias, en  tanto que en el segundo caso debe determinarse si la  norma jurídica utilizada ha sido aplicada de manera debida;  por tanto, el hecho de que la parte recurrente no concuerdecon la conclusión a que se arriba mediante la aplicación de  las normas jurídicas que sirvieron de sustento y las razones  que se expusieron, no significa que ello implique que el  colegiado  revisor  haya  incurrido  en  una  indebida  motivación. 4.5. Con relación a lo sostenido por el Tribunal  Fiscal respecto a que la sentencia de vista incurre en  motivación insuficiente al apoyarse en la RTF Nº 5732-5- 2003, invocada en la demanda, sin detenerse en que dicha  resolución está referida a materia distinta a la ventilada en  el proceso, cabe señalar, en principio, que lo denunciado  en vía casatoria ya fue alegado en sede de instancia, como  parte de los agravios que fueron absueltos por el Tribunal  de Apelación, como se desprende del desarrollo argumental  que fluye del noveno considerando de la anotada sentencia.  En ese sentido, es claro que lo que en puridad pretende la  parte recurrente es cuestionar el criterio asumido por los  jueces superiores, quienes sobre dicho asunto han  sostenido que: NOVENO: En cuanto al agravio […] donde  se indica que en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 5732- 5-2003 la discusión era determinar si el artículo 74 de la  Ley General de Minería podía ser aplicado respecto a un  titular de concesiones mineras que había adquirido dicho  bien mediante un aporte por su accionista, lo cual es  distinto al presente caso, ya que la empresa codemandada  no consideró aplicable las disposiciones del artículo 74 de  la Ley General de Minería no por el hecho de la particular  modalidad en la que adquirió las concesiones mineras sino  porque no realiza actividades mineras al haberlas cedido a  terceros, por lo que regían las normas generales de la Ley  del Impuesto a la Renta. Al respecto, es menester precisar  que si bien es cierto en la Resolución del Tribunal Fiscal N°  5732-5-2003 […], la discusión radicaba en determinar si la  recurrente al haber adquirido las concesiones mineras a  través de una transferencia por venta o por aporte tenía o  no derecho a la amortización de la concesión minera,  también lo es que para resolver dicha litis se ha establecido  como marco general que al existir una ley específica, esto  es, el artículo 74 del TUO de la Ley General de Minería que  regula aspectos vinculados a la deducibilidad de las  concesiones mineras en el Impuesto a la Renta  (amortizaciones), en virtud del principio de especialidad  esta norma debía primar sobre la ley general, esto es, el  inciso g) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta,  por lo que, ordenó a la Administración Tributaria verifique si  la recurrente cumple con lo dispuesto en la norma especial  y emita un nuevo pronunciamiento; por esta razón, la  mencionada Resolución del Tribunal Fiscal resulta una  referencia pertinente para resolver la presente litis; en  consecuencia, se desestima este agravio. [Énfasis  agregado] 4.6. Como se aprecia, lo resuelto en la RTF Nº  5732-5-2003 no ha sido determinante para la Sala Superior,  a fin de resolver el conflicto intersubjetivo de intereses bajo  su revisión, habiendo solo servido dicha resolución como  referencia no sustancial; por ello y bajo dicho entendido, lo  que se insiste ahora en denunciar como motivación  insuficiente carece de consistencia. 4.7. Por lo tanto, el  Tribunal Fiscal no acredita la motivación insuficiente que  denuncia, de tal forma que no se advierte una vulneración  a la debida motivación de las resoluciones judiciales; en  consecuencia, la causal procesal del recurso de casación  interpuesto por el mencionado tribunal administrativo es  infundada. Evaluación de las causales casatorias de  naturaleza material postuladas por la empresa Sociedad  Minera Chaupiloma y por el Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal  QUINTO.- En cuanto a las causales de índole material que  los dos recursos de casación contienen, estos coinciden en  lo que corresponde a la causal por inaplicación del inciso  g del artículo 44° del TUO de la LIR e inciso a del  artículo 25° de su Reglamento, por lo que, siendo sus  términos similares, sus análisis se efectuarán de manera  conjunta; y, habiéndose también denunciado en ambos  recursos la infracción del artículo 74° del TUO de la  LGM, por interpretación errónea y aplicación indebida,  su revisión en lo que corresponda también se realizará en  paralelo. Por tanto, el control casatorio de los dos recursos  casatorios en lo que respecta a las causales materiales se  circunscribe a las tres disposiciones precitadas. 5.1. Luego  de tales precisiones, es pertinente centrar el asunto  controvertido trayendo a colación los antecedentes de  relevancia que se visualizan del expediente administrativo  electrónico, los mismos que ponen de manifiesto la  siguiente actividad: a) Las empresas Chaupiloma y  Yanacocha, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil  cuatro, celebraron contrato de cesión minera, mediante el  cual se entregó en cesión los derechos mineros adquiridos  para que la segunda de las nombradas realice trabajos de  exploración y explotación minera, por el plazo de veinteaños, a cambio de una compensación equivalente al tres  por ciento (3%) del valor neto de venta de todo mineral que  se extraiga de las concesiones mineras, más el impuesto  general a las ventas respectivo. b) Las mismas empresas,  mediante escritura pública del veinte de abril de dos mil  seis, celebraron un contrato de cesión minera bajo similares  términos y condiciones, respecto de acciones y derechos  de otras concesiones ubicadas en el departamento de  Cajamarca. c) A través de la Carta de Presentación Nº  140011432300-01/SUNAT  y  el  Requerimiento  Nº  0122140000883, la SUNAT hizo de conocimiento de la  empresa Chaupiloma el inicio del procedimiento de  fiscalización parcial. Como resultado de la fiscalización, la  SUNAT reparó la amortización de concesiones mineras por  el importe de S/ 383,208.00 (trescientos ochenta y tres mil  doscientos ocho soles con cero céntimos), sustentándose  en el resultado del Requerimiento Nº 0122140000883 y en  virtud del artículo 74° de la LGM, por lo que emite la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0048077 por el  impuesto a la renta del ejercicio gravable dos mil once y la  Resolución de Multa Nº 012-002-0024164, por infracción  del numeral 1 del artículo 178° del Texto Único Ordenado  del Código Tributario. d) La empresa contribuyente  interpuso recurso de reclamación contra los citados  valores, el que fue desestimado conforme al contenido de  la Resolución de Intendencia Nº 0150140011698. e) Contra  lo  resuelto  por  Resolución  de  Intendencia  Nº  0150140011698, la contribuyente interpuso recurso de  apelación. Este ameritó el dictado de la RTF Nº 06629-1- 2018, que revocó lo resuelto por la SUNAT, con la cual se  dejó sin efecto la Resolución de Determinación Nº 012- 003-0048077 y la Resolución de Multa Nº 012-002- 0024164. Así, se agotó vía administrativa. 5.2. Conforme a  los antecedentes judiciales que se han resumido en la  primera parte de la presente ejecutoria suprema, el asunto  materia de conflicto consiste en determinar si corresponde  aplicar el artículo 74° del TUO la LGM, o el inciso g del  artículo 44° del TUO de la LIR, respecto del pago que  realizara Chaupiloma por la adquisición originaria de las  concesiones mineras materia del posterior contrato de  cesión de posición contractual suscrito con la empresa  Yanacocha, por lo que es pertinente citar los contenidos  normativos de ambos preceptos legales, a fin de verificar  cuáles son sus contenidos y alcances: El tratamiento  tributario de las adquisiciones de las concesiones mineras  se encuentra regulado en el artículo 74° del TUO de la  LGM, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM,  según el cual: Artículo 74.- El valor de adquisición de las  concesiones, se amortizará a partir del ejercicio en que  de acuerdo a ley corresponda cumplir con la obligación  de producción mínima, en un plazo que el titular de  actividad minera determinará en ese momento, en base  a la vida probable del depósito, calculada tomando en  cuenta las reservas probadas y probables y la  producción mínima obligatoria de acuerdo a ley. El  plazo así establecido deberá ser puesto en conocimiento  de la Administración Tributaria al presentar la Declaración  Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al  ejercicio en que se inicie la amortización, adjuntando el  cálculo correspondiente. El valor de adquisición de las  concesiones incluirá el precio pagado, o los gastos de  petitorio, según el caso. Igualmente, incluirá lo invertido  en prospección y exploración hasta la fecha en que de  acuerdo a ley corresponda cumplir con la producción  mínima, salvo que se opte por deducir lo gastado en  prospección y/o exploración en el ejercicio en que se  incurra en dichos gastos. Cuando por cualquier razón la  concesión minera fuere abandonada o declarada caduca  antes de cumplir con la producción mínima obligatoria, su  valor de adquisición se amortizará íntegramente en el  ejercicio en que ello ocurra. En el caso de agotarse las  reservas económicas explotables, hacerse suelta o  declararse caduca la concesión antes de amortizase  totalmente su valor de adquisición; podrá, a opción del  contribuyente, amortizarse de inmediato el saldo, o  continuar amortizándose anualmente hasta extinguir su  costo  dentro  del  plazo  originalmente  establecido.  (Resaltados agregados). De la transcripción normativa, se  desprende que frente al supuesto en que se adquiera el  derecho sobre una concesión minera, el pago que se  realice al Estado —que es lo reclamado en el caso  concreto— se amortizará a partir del ejercicio en que de  acuerdo a ley corresponda cumplir con la obligación de  producción mínima, lo cual significa que el valor que se  haya pagado se distribuirá para efectos tributarios durante  el periodo de vida probable del mismo, sobre la base de las  reservas probadas y probables y la producción mínima  obligatoria, lo que sin duda tiene incidencia en el impuestoa la renta de los respectivos ejercicios. El artículo 44° del  TUO de la LIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99- EF, establece lo siguiente: Artículo 44.- No son deducibles  para la determinación de la renta imponible de tercera  categoría: […] g) La amortización de llaves, marcas,  patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros  activos intangibles similares. Sin embargo, el precio  pagado por activos intangibles de duración limitada, a  opción del contribuyente, podrá ser considerado como  gasto y aplicado a los resultados del negocio en un  solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el  plazo de diez (10) años. La SUNAT previa opinión de los  organismos técnicos pertinentes, está facultada para  determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos  tributarios, cuando considere que el precio consignado no  corresponda a la realidad. La regla anterior no es aplicable  a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá ser  considerado para determinar los resultados. En el  Reglamento se determinarán los activos intangibles de  duración limitada (Resaltado agregado). Con relación a la  deducibilidad para la determinación de la renta imponible  de tercera categoría, la aplicación del inciso g del artículo  44° del TUO de la LIR, aprobado por Decreto Supremo Nº  054-99-EF, conlleva que el precio pagado por un activo  intangible de duración limitada, en los términos a que se  refiere su reglamento, a opción del contribuyente, podrá ser  considerado como gasto y aplicado a los resultados del  negocio en un solo ejercicio, lo cual significa que podrá  deducirse para efectos del cálculo del impuesto a la renta  el precio pagado de los activos intangibles en una sola  armada, o también podrá ser amortizado en el plazo de  diez años, no siendo necesario, en aplicación del referido  artículo, amortizarlo en el tiempo de vida del intangible.  SEXTO.- El Tribunal Fiscal al fundamentar las causales  referidas a la infracción por aplicación indebida del  artículo 74° del TUO de la LGM, e inaplicación del inciso  g del artículo 44° de la LIR y del inciso a del artículo 25°  de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº  122-94-EF, alega que el contrato de cesión no implica la  transferencia de propiedad de la concesión minera, sino  solo la de los derechos que permitan su exploración y  explotación, por lo que no puede entenderse que la  amortización que regula el artículo 74° de la LGM también  incluya el monto pagado por dichas concesiones, y que  tampoco resulta correcto que la Sala Superior considere  que mediante los contratos de cesión de posición  contractual la contribuyente adquirió las concesiones  materia de cesión. Asimismo, precisa que, a través del  contrato de posición contractual, la contribuyente adquirió  un intangible, el mismo que es de duración limitada por su  naturaleza, al estar vinculado a la duración de los  correspondientes contratos, lo que no ha considerado la  Sala Superior al resolver. Po lo tanto, procedía que fuera  amortizado por las reglas del impuesto a la renta, en  particular, por lo establecido en el literal g del artículo 44°  de la LIR, que considera que el precio pagado por activos  intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente,  podrá ser considerado como gasto y aplicado a los  resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse  proporcionalmente en el plazo de diez años, así como por  lo regulado en el literal a del artículo 25° del Reglamento de  la LIR, que establece que se consideran activos intangibles  de duración limitada a aquellos cuya vida útil está limitada  por ley o por su propia naturaleza, tales como las patentes,  los modelos de utilidad, los derechos de autor, los derechos  de llave, los diseños o modelos planos, procesos o fórmulas  secretas  y  los  programas  de  instrucciones  para  computadoras (software), mientras que no se consideran  como tales las marcas de fábrica y el fondo de comercio  (goodwill). 6.1. Por su parte, Chaupiloma, según el texto de  su recurso, funda las causales casatorias consistentes en  la infracción por interpretación errónea del artículo 74°  del TUO de la LGM, e inaplicación del inciso g del  artículo 44° de la LIR, e inciso a del artículo 25° de su  Reglamento. Argumenta que la voluntad del legislador que  se desprende del artículo 74° invocado responde a la  interpretación histórica, de donde el presupuesto de  aplicación de las normas descritas en el citado artículo  contemplan a un titular de concesiones que, a su vez,  realiza actividades como titular de actividad minera y, en  ese escenario, es que la norma dispone una modalidad de  amortización. Agrega que por la naturaleza particular de las  disposiciones tributarias, prevalece el método literal, pues  conforme a la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario, en vía de interpretación, no podrán extenderse  las disposiciones tributarias a personas o supuestos de  hecho distintos a los contemplados en ella. Así, a partir de  los métodos lógico y sistemático puede convalidarse que elsujeto alcanzado por el método de amortización es aquel  titular de concesiones que mantiene la condición de titular  de actividad minera, pues dicha norma hace referencia al  hecho de que sea el titular de la actividad minera quien, en  función a la vida probable estimada del depósito, amortice  el valor de adquisición de la concesión, de tal manera que  de acuerdo a la norma el sujeto que sea titular de la  concesión también debe calificar como titular de la actividad  minera, y que, siendo posible una cesión minera, el titular  de la concesión no se encuentra obligado necesariamente  a desarrollar la actividad minera para mantener su  titularidad sobre la concesión, lo que permite concluir que  el presupuesto de la norma es un titular de concesiones  que, necesariamente, deba tener la condición de titular de  la actividad minera. Indica además que el Juzgado no ha  advertido que el artículo 44° de la LIR y el inciso a del  artículo 25° de su Reglamento incorporan una regla general  que admite la plena deducción de la amortización del valor  de adquisición de todo tipo de bien intangible de duración  limitada, debido a lo cual ha considerado que está acorde a  derecho la amortización deducida por Chaupiloma en la  determinación del impuesto a la renta. En cuanto a la  inaplicación normativa que denuncia, sostiene que no  siendo de aplicación al caso el artículo 74° del TUO de la  LGM, es evidente que debió aplicarse el inciso g del artículo  44° de la LIR y el inciso a del artículo 25° de su Reglamento,  como  así  también  se  ha  resuelto  en  diversos  pronunciamientos del Tribunal Fiscal que cita. 6.2. De las  argumentaciones glosadas por los recurrentes como  sustento de sus recursos de casación, se tiene que lo  planteado como aplicación indebida e interpretación  errónea del artículo 74° del TUO de la LGM, e inaplicación  del inciso g del artículo 44° de la LIR e inciso a del artículo  25° de su reglamento, no hace más que denunciar, en  puridad, un cuestionamiento de criterio asumido por los  órganos de mérito y, en particular, de lo decidido por la Sala  de apelación. Se aprecia que el propósito es que prime el  criterio que desde la absolución de la demanda vienen  invocando el tribunal administrativo y la empresa recurrente,  esto es, que para la solución del conflicto intersubjetivo  planteado en sede de instancia corresponde aplicar el  inciso g del artículo 44° de la LIR, en concordancia con el  inciso a del artículo 25° de su reglamento, frente a la norma  contenida en el artículo 74° del TUO de la LGM, lo que en  principio no puede ser objeto válido de denuncia ante esta  Sala Suprema al no condecirse con las finalidades que el  artículo 384° del Código Procesal Civil asigna al recurso de  casación. 6.3. Sin perjuicio de ello, es pertinente efectuar  algunas precisiones en función de lo que establece el  artículo 23° de la Ley Nº 26821 - Ley Orgánica del  Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,  referida a las concesiones mineras, cuyo texto indica: La  concesión Artículo 23.- La concesión, aprobada por las  leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para  el  aprovechamiento  sostenible  del  recurso  natural  concedido, en las condiciones y con las limitaciones que  establezca el título respectivo. La concesión otorga a su  titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural  concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y  productos a extraerse. Las concesiones pueden ser  otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son irrevocables en  tanto el titular cumpla las obligaciones que esta Ley o la  legislación especial exijan para mantener su vigencia. Las  concesiones son bienes incorporales registrables. Pueden  ser objeto de disposición, hipoteca, cesión y reivindicación,  conforme a las leyes especiales. El tercero adquirente de  una concesión deberá sujetarse a las condiciones en que  fue originariamente otorgada. La concesión, su disposición  y la constitución de derechos reales sobre ella, deberán  inscribirse en el registro respectivo. 6.4. De otro lado, los  artículos 9° y 10° del TUO de la LGM, aprobado por Decreto  Supremo Nº 014-92-EM, establece que la concesión minera  otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación  de los recursos minerales concedidos, lo cual confiere a su  referido titular un derecho real, consistente en la suma de  los atributos que la ley reconoce al concesionario. Sobre el  particular, el Tribunal Constitucional, en la sentencia  recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI-TC, en su  fundamento jurídico 8 ha señalado sobre la concesión  minera: La concesión minera no es un contrato sino un acto  administrativo, que determina una relación jurídica pública  a través de la cual el Estado otorga, por un tiempo, la  explotación de los recursos naturales, condicionada al  respeto de los términos de la concesión y conservando la  capacidad de intervención si la justifica el interés público.  La concesión minera debe entenderse como un acto  jurídico de Derecho Público en virtud del cual la  Administración Pública, sustentándose en el principio delegalidad, establece el régimen jurídico de derechos y  obligaciones en la explotación de los recursos minerales no  renovables. 6.5. De las disposiciones invocadas y de la cita  jurisprudencial, se desprende que la concesión minera  otorga a su titular el derecho del uso y disfrute del recurso  natural; sin embargo, atendiendo a que el Estado figura  como titular del recurso natural (minerales y otros), su  utilización  se  encuentra  sometida  a  las  normas  constitucionales y legales de su propósito. En tal virtud, la  concesión minera se constituye en la autorización que  posibilita a un tercero a ejercer la actividad económica  sobre los recursos naturales involucrados. 6.6. Con relación  a la naturaleza jurídica de la concesión minera, la doctrina  señala que: […] es en sí misma un título que hace nacer en  la esfera jurídica de su destinatario derechos, facultades,  poderes nuevos hasta entonces inexistentes; es decir, se  trata de un acto administrativo de carácter favorable o  ampliatorio para la esfera jurídica del concesionario, e  implica la entrega, sólo en aprovechamiento temporal, de  los bienes de dominio público en relación con el bienestar  de la población afectada directa e indirectamente, es por  ello que su habilitación se encuentra subordinada a la  voluntad estatal de manera especializada. En ese sentido,  la concesión nace de un acto administrativo otorgado por la  administración constituyendo a favor del concesionario, un  derecho subjetivo sin revestir forma de contrato. Sin  embargo, para el sector minero, dicho acto permanecerá  vigente, real e irrevocable, en tanto el titular cumpla las  obligaciones para mantener su vigencia. 14 Se tiene  entonces que es este acto administrativo que emite el  Estado, bajo la denominación de concesión, lo que permite  al particular la explotación de los recursos naturales. 6.7.  De otro lado, el artículo 166° del TUO de la LGM establece  que el concesionario podrá entregar su concesión minera,  en cuyo caso el cesionario se sustituye por este contrato en  todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente15.  La doctrina nacional sobre la figura de la cesión de posición  contractual precisa: […] Otro aspecto que es necesario  considerar es que la transferencia que se opera mediante  la cesión no es únicamente de las relaciones derivadas del  contrato básico, sino también de las que puedan seguirse  en virtud de la relación jurídica creada por el contrato y  surjan con posterioridad a la cesión. Comentando la  fórmula empleada por el legislador italiano, según la cual  el cesionario sustituye al cedente ‘en las relaciones  derivadas de un contrato con prestaciones recíprocas  no realizadas todavía’, ANDREOLI indica que debe  precisarse que le sustituye, además, ‘en la misma  fuente reguladora’ del desarrollo y de la ejecución de  las citadas relaciones. […] En efecto, las partes que  intervienen en la cesión, o sea el cesionario, el cedente y el  cedido deben, como se tratará después, ponerse de  acuerdo para manifestar su común voluntad (voluntad de  las tres) de que la posición contractual del cedente sea  asumida por el cesionario, esto es que el cesionario  adquiera los derechos y obligaciones que correspondían al  cedente, con lo cual se está constituyendo una obligación.16  [Énfasis agregado] 6.8. De lo expuesto, se colige que,  mediante la cesión de posición contractual, el cedente  transmite al cesionario sus derechos y obligaciones, los  que, a su vez, son adquiridos por el cesionario desde el  momento en que se celebre la cesión, y, en esa situación,  el cedente se aparta de los mismos. De ello, se entiende  que por la vía de la cesión de posición contractual el  cesionario adquiere los derechos y obligaciones que tenía  el cesionario, por lo que trasladado al campo de las  concesiones mineras, se comprende que en una cesión de  posición contractual respecto de una concesión minera, el  cesionario adquiere los derechos que tenía el titular de la  misma, así como sus obligaciones, y asume la titularidad  de la actividad minera en forma transitoria, como  consecuencia de la adquisición de la concesión a través de  aquella modalidad contractual, en tanto la misma constituye  una de las formas de adquirir el derecho a la explotación  del recurso natural. 6.9. Ahora bien, en el marco de lo  preceptuado por el artículo 74° del TUO de la LGM, en el  supuesto de que se adquiera el derecho sobre una  concesión  minera,  como  consecuencia  del  acto  administrativo emitido por el Estado en el cual le otorgue la  explotación del recurso, o como consecuencia de la cesión  de posición contractual celebrada entre el concesionario y  un tercero, el pago que se realice se amortizará a partir del  ejercicio en que de acuerdo a ley corresponda cumplir con  la obligación de producción mínima, en un plazo que el  titular de la actividad minera determinará en ese momento.  6.10. Así, cuando el mencionado artículo 74° del TUO de la  LGM alude al término “adquisición”, no hace más que  referirse a la acción de adquirir la actividad minera, lo cualpuede materializarse mediante actos originarios (del  Estado  a  favor  del  concesionario),  contratos  de  transferencia o contrato de cesión minera, conforme a las  descripciones normativas que se desprenden de los  artículos 164° y 166° del cuerpo legal invocado. 6.11.  Asimismo, cuando la citada disposición establece que el  valor de la adquisición de las concesiones incluirá el precio  pagado o los gastos del petitorio, según sea el caso, se  entiende que la amortización del valor de adquisición de las  concesiones no solo comprende el acto de adquisición de  estas por parte de un tercero al Estado (situación  controversial que se presenta en el caso concreto), sino  también aquellos supuestos en los cuales no se realiza el  pago por gastos de petitorio efectuados por los particulares  mediante contratos mineros sin la presencia del Estado.  6.12. En ese estado de cosas, en los supuestos anotados  de adquisición de concesiones mineras, corresponderá  aplicar el régimen tributario que se encuentra regulado en  el capítulo III del TUO de la LGM, en cuyo artículo 74° se  prevé que el valor de adquisición de las concesiones  mineras se amortizará a partir del ejercicio en que, de  acuerdo a ley, corresponda cumplir con la obligación de  producción mínima, en el plazo que el titular de la actividad  minera —pudiendo ser tanto el concesionario como el  cesionario, en los supuestos de cesión de posición  contractual— determine en ese momento, con base en la  vida probable del depósito, calculada tomando en cuenta  las reservas probadas y probables, y la producción mínima  obligatoria, de acuerdo a ley. 6.13. En el caso concreto,  conforme a las premisas fijadas en sede de instancia, se  aprecia que entre Chaupiloma y Yanacocha se produjeron  relaciones  comerciales  de  naturaleza  minera,  desprendiéndose de los antecedentes administrativos  electrónicos que se visualizan que por Testimonios de  Escrituras Públicas del Contrato de Cesión de Derechos  Mineros y Contratos de Cesión Minera, de fechas  veinticuatro de febrero de dos mil cuatro y veintiuno de  septiembre de dos mil cinco y veinte de abril de dos mil  seis, de los dos últimos, se desprende que Chaupiloma era  titular del cien por ciento (100%) de las acciones y derechos  de los petitorios mineros “Tiranosaurio 2”, “Tiranosaurio 5”,  “Tiranosaurio 6”, “Chaupiloma 63”, “San Pablo 26”, “San  Pablo 27”, “San Pablo 28” y “Mirtha I”, entre otros, respecto  de los cuales, luego de sus pertinentes adquisiciones al  Estado, cedió a favor de Yanacocha el derecho de  exploración y explotación por un determinado plazo,  obligándose esta última a pagar como regalía el tres por  ciento (3%) del valor neto de la venta del mineral obtenido  más el impuesto general a las ventas. 6.14. Asimismo, por  Testimonio de Escritura Pública de Transferencia de  Concesiones Mineras y de Concesión Minera, del siete de  septiembre de dos mil cinco, Chaupiloma transfirió a favor  de Yanacocha el cien por ciento (100%) de las acciones y  derechos de las que era titular respecto de las concesiones  mineras “Ayahuanca 305”, “Ayahuanca 314”, “Ayahuanca  315”, “Ayahuanca 317”. Se aprecia de su cláusula cuarta,  que Chaupiloma entregó en cesión a Yanacocha las  aludidas concesiones mineras adquiridas para que efectúe  labores de exploración y explotación por un lapso de veinte  años, bajo la obligación de pagar esta última como regalías  el tres por ciento (3%) del valor neto de venta de todo el  mineral extraído más el impuesto general a las ventas.  SÉPTIMO.- Ahora bien, centrándonos, en estricto, en los  argumentos que respaldan las causales materiales de los  recursos de casación, los mismos que en común se  orientan a denunciar que en el presente caso correspondía  se aplique el inciso g del artículo 44° del TUO de la LIR, en  concordancia con lo previsto en el inciso a del artículo 25°  de su Reglamento, y no el artículo 74° del TUO de la LGM,  debe anotarse que el mencionado artículo 25° del  Reglamento de la LIR prevé: Artículo 25.- GASTOS NO  DEDUCIBLES a) Para la aplicación del inciso g) del Artículo  44 de la Ley se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. El  tratamiento previsto por el inciso g) del Artículo 44 de la Ley  respecto del precio pagado por activos intangibles de  duración limitada, procederá cuando dicho precio se  origine en la cesión de tales bienes, y no a las  contraprestaciones pactadas por la concesión de uso o el  uso de intangibles de terceros, supuestos que encuadran  en la deducción a que se refiere el inciso p) del Artículo 37  de la Ley. 2. Se consideran activos intangibles de  duración limitada a aquéllos cuya vida útil está limitada  por ley o por su propia naturaleza, tales como las  patentes, los modelos de utilidad, los derechos de  autor, los derechos de llave, los diseños o modelos,  planos, procesos o fórmulas secretas, y los programas  de instrucciones para computadoras (Software). No se  considera activos intangibles de duración limitada lasmarcas de fábrica y el fondo de comercio (Goodwill). 3. En  el caso de que se opte por amortizar el precio pagado por  la adquisición de intangibles de duración limitada, el plazo  de amortización no podrá ser inferior al número de  ejercicios gravables que al producirse la adquisición resten  para que se extinga el derecho de uso exclusivo que le  confiere […] [Énfasis agregado] 7.1. La descripción  normativa contenida en el precepto legal citado pone de  manifiesto que, en los supuestos de activos intangibles de  duración limitada, a opción del contribuyente, su adquisición  podrá ser considerada como gasto y aplicado a los  resultados del negocio en un solo ejercicio, o amortizarse  proporcionalmente en el plazo de diez años, debiéndose  agregar que se considerarán como activos intangibles de  duración limitada a aquellos cuya vida útil está limitada por  ley o por su propia naturaleza, como pueden ser las  patentes, los modelos de utilidad, los derechos de autor,  los derechos de llave, los diseños o modelos, planos,  procesos o fórmulas secretas, y los programas de  instrucciones para computadoras (software). 7.2. Al  establecer el Reglamento de la LIR, en el numeral 2 de su  artículo 25°, una referencia (utiliza las palabras “tales  como”) a lo que se entiende por activos intangibles de  duración limitada, es razonable sostener que la naturaleza  de estos debe ser muy similar a la relación de activos que  señala la norma, esto es, patentes, modelos de utilidad,  derechos de autor, derechos de llave, diseños o modelos,  planos, procesos o fórmulas secretas y los programas de  instrucciones para computadoras (software), desde que si  la intención del legislador no hubiera sido esa, se habría  limitado a precisar que constituyen activos intangibles  aquellos cuya vida útil está dada por ley o por su propia  naturaleza, dejando abierta la posibilidad de cualquier  activo que, bajo esas condiciones, se puedan deducir como  gasto  en  un  solo  ejercicio  o  que  se  amorticen  proporcionalmente en el plazo de diez años, además que  con una interpretación distinta se desvirtuaría el contenido  y alcances de lo regulado en la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario, según la cual: Al aplicar  las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de  interpretación admitidos por el Derecho. En vía de  interpretación no podrá crearse tributos, establecerse  sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos  de los señalados en la ley […]. 7.3. Por lo mismo, si bien la  concesión minera constituye un intangible de duración  limitada, en tanto su vida útil está dada por su naturaleza,  esto es, la explotación de recursos naturales no renovables  y agotables, su propia naturaleza no la asimila a la clase de  activos intangibles que enuncia el inciso a del artículo 25°  del Reglamento de la LIR, por lo que, en tal disposición no  se subsume a la posibilidad de la amortización del gasto  por la adquisición de las concesiones mineras al Estado, y,  ello impide que pueda ser aplicado a los resultados del  negocio en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente  en el plazo de diez años, constituyendo, en interpretación  conjunta con el también invocado inciso g del artículo 44°  de la LIR, un supuesto distinto al que prevé el artículo 74°  del TUO de la LGM. 7.4. En virtud de lo glosado, la Sala  Superior, al confirmar la sentencia emitida en primera  instancia, que declaró fundada la demanda y nula en parte  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06629-1-2018,  señalando como motivos que en el presente caso la  empresa minera Chaupiloma sí se encontraba obligada a  amortizar el precio que hubiera pagado por la adquisición  de la concesión conforme al artículo 74° del TUO de la  LGM, que sí resulta de aplicación para la solución del  conflicto intersubjetivo de intereses planteado, ha efectuado  una interpretación correcta de su texto, no deviniendo  aplicable por el contrario el inciso g del artículo 44° del  TUO de la LIR ni el inciso a del artículo 25° de su  reglamento, por lo que corresponde desestimar las  causales casatorias de naturaleza material postuladas en  los recursos de casación objeto del presente control  casatorio, las cuales devienen infundadas. III.- DECISIÓN:  Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo  regulado además por el artículo 397° del Código Procesal  Civil, de aplicación supletoria, RESOLVIERON: PRIMERO.-  DECLARAR  INFUNDADO  el  recurso  de  casación  interpuesto por la codemandada Sociedad Minera de  Responsabilidad Limitada Chaupiloma Dos de Cajamarca,  de fecha quince de julio de dos mil veinte, obrante de fojas  doscientos ochenta y dos a trescientos cinco del EJE.  SEGUNDO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por el codemandado Tribunal Fiscal,  representado por el Procurador Público a cargo de los  asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  fechado el tres de agosto de dos mil veinte, corriente defojas trescientos doce a trescientos veintitrés del EJE.  TERCERO.- NO CASAR la sentencia de vista contenida en  la resolución número catorce, del veinte de enero de dos  mil veinte, obrante de fojas doscientos sesenta y tres a  doscientos setenta y cuatro del EJE, dictada por la Sétima  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior  de Justicia de Lima. CUARTO.- DISPONER la publicación  de la presente resolución en el diario oficial El Peruano  conforme a ley, en los seguidos por la demandante,  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, con los demandados, Tribunal Fiscal y empresa  Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Chaupiloma  Dos  de  Cajamarca,  sobre  nulidad  de  resolución  administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse  los actuados. Interviene como ponente el señor Juez  Supremo  Yaya  Zumaeta.  SS.  YAYA  ZUMAETA,  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de Derecho Procesal Civil.  Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.  2  DE PINA, Rafael (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222. 3  Constitución Política del Perú  Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]   3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 4  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. “El derecho a un juicio justo”. En VARIOS, Las  garantías del debido proceso (materiales de enseñanza). Lima, Instituto de  Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos; p. 17. 5  Código Procesal Civil   Artículo 122° Las resoluciones contienen:   […]   3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. 6  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial   Artículo 12°   Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,  bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.  Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia  que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 7  Constitución Política del Perú   Artículo 139° Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]   5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 8  El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado  que:   […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela  del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir  de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas  por los jueces ordinarios. 9  ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). La motivación de las resoluciones  judiciales. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons; pp. 157-158.   GUZMÁN, Leandro (2013). Derecho a una sentencia motivada. Buenos Aires- Bogotá, Editorial Astrea; pp. 189-190 10  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones  judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p. 15. 11  La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación. México 2006, pp. 309-310. 12  En: Martínez, David (2007) Conflictos constitucionales, ponderación e  indeterminación normativa. Marcial Pons, Madrid, p. 39, “Una decisión está  internamente justificada si y sólo sí entre las premisas utilizadas y la conclusión del  razonamiento existe una conexión lógica (la conclusión se deduce lógicamente de  las premisas, mediante un razonamiento válido). 13  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584   Artículo 30°.-   En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe  a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se  produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos  con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá  acompañarse los respectivos medios probatorios […]. 14  VINCES ARBULÚ, Martin y MALCA ALVA, Raysa (2015). “La concesión minera  en el ordenamiento peruano: análisis sobre su naturaleza”. En IUS, Revista de  Investigación Jurídica, Nº 9; p. 24. http://www.usat.edu.pe/files/revista/ius/2015-I/ paper13.pdf 15  En relación con el contrato de cesión de posición contractual debemos señalar  que en el artículo 1435° del Código Civil se determina que en los contratos  con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partespuede ceder a un tercero su posición contractual; a su vez, en el artículo 1437  de la referida norma se estipula que el cedente se aparta de sus derechos y  obligaciones, y estos son asumidos por el cesionario desde el momento en que se  celebre la cesión. 16  DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. (1978). “La Cesión de Posición Contractual”;  pp. 46-47. Recuperado de ttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/ article/view/5863/5859 C-2136203-9