CASACIÓN Nº 09177-2019 LIMA
Sumilla: La independencia del juez en el proceso  de interpretación de la ley, no significa que la función  jurisdiccional pueda ser ejercida arbitrariamente. En este  proceso interpretativo los jueces no solo deben observar los  criterios o métodos de interpretación, sino observar los límites  impuestos por las disposiciones constitucionales directamente  estatuidas o, adscritas a las directamente estatuidas, […] y los  límites impuestos por la propia ley. Lima, siete de junio de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS Los recursos  extraordinarios de casación interpuestos por: a) Corporación  Cervesur S.A.A. mediante escrito del dieciocho de febrero  de dos mil diecinueve (folios 623-646 del Expediente  Principal Nº 3065-2014-0-1801-JR-CA-20), b) El Procurador  Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, mediante escrito del veintidós de febrero de  dos mil diecinueve (folios 648-659), c) La Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –  SUNAT, mediante escrito del doce de febrero de dos mil  diecinueve (folios 595-617). Presentados contra la sentencia  de vista, contenida en la resolución número treinta y tres, del  treinta de enero de dos mil diecinueve (folios 570-588), que  confirmó la sentencia apelada, mediante resolución número  dieciséis, del veinte de abril de dos mil quince (folios 317- 334), que declaró infundada en parte la demanda en cuanto  a la pretensión principal y sus accesorias; y revocaron la  aludida sentencia que declaró infundada la demanda, en  cuanto a la pretensión subordinada, y reformándola en este  extremo  declararon  fundada;  en  consecuencia  nula  parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17635-3- 2013 del veintiséis de noviembre del dos mil trece, de la  Resolución de Intendencia Nº 055-014-0000897/SUNAT  respecto al reparo referido a la emisión de notas de crédito  sin sustento correspondiente, y de las Resoluciones de  Multa Nos. 052-002-0001914 y 052-002-0001915; únicamente  en lo referido a los intereses moratorios devengados por las  multas impuestos en el período que el Tribunal Fiscal  excedió el plazo legal para resolver la apelación  administrativa, respecto al reparo referido a la emisión de  notas de crédito sin sustento correspondiente, y ordenaron a  la SUNAT la devolución de los pagos que se hubieran  efectuado por concepto de intereses moratorios respecto a  las Resoluciones de Multa Nos. 052-002-0001914 y 052-002- 0001915. II. Antecedentes Demanda 1. Mediante escrito  del doce de mayo de dos mil catorce, la Corporación  Cervesur  S.A.A.  interpuso  demanda  contenciosa  administrativa (folios 82-108). Señala las siguientes  pretensiones: - Pretensión principal: Se declare la nulidad  parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17635-3-2013  en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº  0550140000897/SUNAT en lo referente al reparo al impuesto  general a las ventas– Cuenta Propia por la Emisión de Notasde Crédito sin sustento. - Primera pretensión accesoria a  la pretensión principal: Que, de ampararse la pretensión  principal, se declare también la nulidad parcial de la  Resolución de Intendencia Nº 0550140000897/SUNAT, en el  extremo que confirma las Resoluciones de Determinación  números 052-003-0002123 y 052-003-0002124 y de las  Resoluciones de Multa Nos. 052-002-0001914 y 052-002- 0001915 emitidas por el reparo al impuesto general a las  ventas - Cuenta Propia de los períodos noviembre y  diciembre de dos mil tres. - Segunda pretensión accesoria  a la pretensión principal: Que, se declare la nulidad de las  Resoluciones de Determinación Nos. 052-003-0002123 y  052-003-0002124 y de las Resoluciones de Multa Nos. 052- 002-0001914 y 052-002-0001915 emitidas por el reparo al  impuesto general a las ventas - Cuenta Propia de los  períodos noviembre y diciembre de dos mil tres vinculado a  la emisión de notas de crédito sin sustento. - Tercera  pretensión accesoria a la pretensión principal: Se ordene  a SUNAT que cumpla con devolver a la demandante  Cervesur, los montos pagados a la administración tributaria  como consecuencia de la ejecución coactiva de dichas  resoluciones, más los intereses legales devengados hasta la  fecha de su devolución efectiva. - Pretensión subordinada  a la pretensión principal: Se deje sin efecto aquellos  extremos de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17635-3- 2013, de la Resolución de Intendencia Nº 0550140000897/ SUNAT y de las Resoluciones de Multa Nos. 052-002- 0001914 y 052-002-0001915, en los que se exige a Cervesur  el pago de intereses moratorios sobre las multas (sanciones)  impuestas a la compañía en la medida en que tales intereses  moratorios se han generado por la excesiva demora en la  tramitación del procedimiento contencioso tributario durante  un plazo irrazonable. - Pretensión accesoria a la  pretensión subordinada: Se ordene a SUNAT devolver a  Cervesur los montos por concepto de intereses moratorios  devengados a consecuencia de la excesiva demora en la  tramitación y resolución del procedimiento contencioso  tributario seguido por la demandante para impugnar las  Resoluciones de Determinación Nos. 052-003-0002123 y  052-003-0002124, y las Resoluciones de Multa Nos. 052-002- 0001914 y 052-002-0001915. 2. Los argumentos de la  demanda señalan lo siguiente: a) Señala que, la emisión de  las notas de crédito buscó dejar sin efecto o anular las  facturas que respaldaban una operación ya ejecutada o  cumplida pues a esa fecha no habían percibido ninguna  retribución por parte de las afiliadas, ni se habían cumplido  los plazos fijados en el Contrato de Asignación. De acuerdo  al Contrato de Asignación, la retribución solo sería exigible  una vez ejecutado o perfeccionado el servicio ofrecido a las  afiliadas (lo que ocurrió posteriormente en dos mil cuatro- dos mil cinco). b) Advierten que, la emisión de las facturas  afiliadas en los meses de mayo y junio de dos mil tres fueron  realizadas por error y de manera anticipada (antes de que se  presenten los supuestos establecidos en el Reglamento de  Comprobantes de Pago para emitir la factura) dado que de  acuerdo al Contrato de Asignación y a la norma tributaria,  estas debieron ser emitidas en el momento en que se  percibiera la retribución, se ejecutara el servicio o se  cumpliera el plazo del contrato, ello no ocurrió en el ejercicio  dos mil tres. c) Precisa que, el desconocimiento o  invalidación de las notas de crédito que emitieron en el año  dos mil tres, produce el efecto económico de una doble  tributación o doble pago del impuesto general a las ventas,  por una misma operación y correspondía verificar si en algún  período posterior la empresa había cumplido con declarar la  operación que había sido anulado en el período revisado  dado que en ese caso no procedería exigir al contribuyente  que pague dos veces el impuesto general a las ventas sobre  la misma operación. Contestación de la demanda 3. El diez  de junio de dos mil catorce, el codemandado Procurador  Público Adjunto a cargo del Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, absuelve la  demanda (folios 120-138), solicitando que se declare  improcedente en consideración a los siguientes argumentos:  a) Señala que, conforme precisa el artículo 26 de la Ley del  Impuesto General a las Ventas, el hecho de existir errores  respecto del tributo declarado en períodos anteriores, pudo  haber sido objeto de la modificación de la determinación  practicada en los meses en que éstos se habrían producido  mediante la presentación de declaraciones rectificatorias,  pero no facultaban a la contribuyente a reducir la base  imponible de los períodos posteriores y que tratándose de  bienes futuros, la venta ocurre cuando el bien haya llegado  a existir, al ser éste el momento en el cual opera su  transferencia. b) Advierte que, la empresa demandante  redujo su débito fiscal del impuesto general a las ventas por  los meses de noviembre y diciembre de dos mil tres, sobre la  base de considerar que había anticipado indebidamente lafacturación a sus empresas subsidiarias en períodos  anteriores, respecto de las obligaciones asumidas a favor de  éstas últimas y que se encontraban sujetas a reembolso, por  concepto de adquisición e implementación de software y la  obligación tributaria nació con ocasión de la emisión de los  comprobantes de pago y que atendiendo a que ello fue  consecuencia de un acto voluntario, era susceptible de  reversión. 4. El catorce de julio de dos mil catorce, la SUNAT  (mediante su Procuraduría Pública), en calidad de  codemandada contesta la demanda (folios 182-207),  solicitando que se declare infundada en todos sus extremos  en consideración a los siguientes fundamentos: a) Refiere  que, no se aprecia la existencia de circunstancia alguna  respecto de los períodos tributarios reparados de noviembre  y diciembre de dos mil tres que permitiera sustentar la  reducción del débito fiscal en dichos períodos mediante la  emisión de notas de crédito, por parte de la demandante a  sus empresas subsidiarias, para anular los servicios por  reembolso facturados en mayo y junio de dos mil tres a las  subsidiarias (circunstancias tales como la anulación parcial  o total de la operación de reembolso, ni modificaciones  contractuales al acuerdo de reembolso denominado contrato  de asignación) conforme con lo previsto por el antes citado  artículo 26 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. b)  Advierte que, la materia de controversia no es dilucidar,  como afirma erróneamente la demandante, si se configuró o  no la obligación tributaria del impuesto general a las ventas,  respecto del servicio de reembolso a las subsidiarias en los  períodos de mayo y junio de dos mil tres facturadas en  dichos períodos, sino el modo legal de dejar sin efecto las  facturas por el servicio de reembolso a las subsidiarios en  mayo y junio de dos mil tres, que debió efectuarse no a  través de notas de crédito que se emiten al amparo de lo  contenido en el artículo 10 numeral 1, 1.1 del Reglamento de  Comprobantes de Pago sino mediante la anulación  documentaria de comprobantes de pago regulada en el  artículo 12 numeral 4, 4.4 del Reglamento de Comprobantes  de Pago. c) Finalmente, precisa que el reparo a las notas de  crédito en noviembre y diciembre de dos mil tres no generaría  ningún efecto confiscatorio por el impuesto general a las  ventas pagado en el dos mil cuatro y dos mil cinco por las  facturas de reembolso emitidas a las subsidiarias, ya que la  demandante debe rectificar el impuesto general a las ventas  de mayo y junio de dos mil tres por la supuesta emisión  indebida de las facturas de reembolso a las subsidiarias, y  dicha rectificación deberá ser respaldada por la anulación  documentaria de las referidas facturas de mayo y junio de  dos mil tres al amparo de lo contenido en el Reglamento de  Comprobantes  de  Pago  y  solicitar  la  devolución  indebidamente pagado. Sentencia en primera instancia 5. El  Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través  de su sentencia contenida en la resolución número dieciséis,  del veinte de abril de dos mil quince (folios 317-334), declara  infundada en todos sus extremos la demanda. Los  argumentos son los siguientes: a) Refiere de forma preliminar  y en su sumilla lo siguiente: “Para la correcta emisión de  Notas de Crédito por parte del contribuyente, el supuesto  debe encajar dentro uno de los conceptos establecidos en el  numeral 1, 1.1 del artículo 10” del Reglamento de  Comprobantes  de  Pago  referidos  a;  anulaciones,  descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros; sin  embargo, en el presente caso se tiene que el demandante  emitió la Notas de Crédito con el objetivo de anular facturas,  las mismas que se generaron a raíz de la emisión anticipada  de dichas facturas por un error administrativo; supuesto que  no habilita al demandante a emitir Notas de Crédito al  amparo de la norma antes citada, en razón de que el  procedimiento adecuado para la Anulación de Facturas se  encuentra estipulada en el numeral 5) del artículo 12° del  referido Reglamento”. b) Precisa que, la nota de crédito se  presenta a raíz de la emisión anticipada de la factura por un  error administrativo, donde no se da anulación de la  operación sino únicamente de la factura; de este modo cabe  dejar establecido que en el presente caso no es posible la  anulación de la operación al tener la naturaleza de una  prestación de servicios donde no es susceptible de ser  devuelta. Sentencia de vista 6. La Sexta Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante resolución número treinta y tres,  del treinta de enero de dos mil diecinueve (folios 570-588),  en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Derecho  Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de  Justicia de la República a través de la Casación Nº 12834- 2016 que declara fundado el recurso de casación interpuesto  por Corporación Cervesur S.A.A. y señala que la Sala demérito a través de la resolución número veinticuatro, del  diecinueve de mayo de dos mil dieciséis que confirma la  sentencia apelada que declara infundada la demanda, debió  analizar si desconocer la validez de las notas de crédito  emitidas en noviembre y diciembre de dos mil tres daba  lugar a una doble tributación por el pago del impuesto  general a las ventas en mayo y junio del dos mil tres y  posteriormente, cuando los servicios fueron efectivamente  prestados, en diciembre de dos mil cuatro y junio de dos mil  cinco, así también advierte que la Sala Superior ha emitido  pronunciamiento sin tomar en cuenta los hechos fácticos en  que se sustenta la demanda, lo que acarrea que dicha  sentencia de vista contenida en la resolución número  veinticuatro afecte el derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales. Es así que la sentencia de vista  contenida en la resolución número treinta y tres emitida por  la Sala Superior, confirmó la sentencia de primera instancia  contenida en la resolución número dieciséis, por la que se  resuelve declarar infundada la demanda en cuanto a la  pretensión principal y sus accesorias, y revocaron la aludida  sentencia en cuanto a la pretensión subordinada; y,  reformándola en este extremo la declararon fundada, en  consecuencia, nula parcialmente la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 17635-3-2013 del veintiséis de noviembre de dos  mil trece, de la Resolución de Intendencia Nº 055-014- 000897/SUNAT respecto al reparo referido a emisión de  notas de crédito sin sustento correspondiente de las  Resoluciones de Multa Nos. 052-002-0001914 y 052-002- 0001915, únicamente en los referido a los intereses  moratorios devengados por las multas impuestas en el  período que el Tribunal Fiscal excedió el plazo legal para  resolver la apelación administrativa, respecto al reparo  referido a emisión de notas de crédito sin sustento  correspondiente y ordenar a la SUNAT la devolución de los  pagos que se hubieren efectuado por concepto de intereses  moratorios respecto a las Resoluciones de Multa Nos. 052- 002-0001914 y 052-002-0001915. 7. Los argumentos de la  sentencia de vista son los siguientes: a) Advierte de forma  preliminar en la sumilla de la sentencia de vista que: “De  acuerdo al criterio interpretativo del Tribunal Constitucional  recaído en la STC N” 04082-2012-PA/TC, no es exigible el  pago de intereses durante el periodo que está fuera de los  plazos legales para resolver los recursos impugnativos, por  cuanto ello atenta contra el derecho de recurrir en sede  administrativa. En el presente caso, es manifiesta la demora  en resolver la apelación administrativa por el Tribunal Fiscal,  por lo que no corresponde el pago por intereses moratorios  devengados por las multas impuestas, durante la tramitación  de la apelación administrativa que exceda del plazo de 12  meses que tenía el Tribunal Fiscal para resolver. En ese  sentido, corresponde revocar la sentencia apelada y  declararla fundada respecto a la pretensión subordinada y  su accesoria”. b) Alega que, en el marco de la existencia de  un contrato entre Cervesur y sus afiliadas, celebrado  paralelamente al contrato entre Cervesur y Oracle en el que  se desprende que la obligación de la refacturación sea al  momento de la instalación del software; la emisión de las  notas de crédito por parte de la demandante fueron en los  meses de noviembre y diciembre del dos mil tres a fin de  anular la supuesta emisión indebida de las facturas emitidas  en mayo y junio del dos mil tres; en consecuencia, la  administración tributaria consideró que no correspondía la  emisión de tales notas de crédito como supuesto de  anulación de facturas expedidas por la empresa demandante  respecto al pago del impuesto general a las ventas del dos  mil tres y si bien la demandante alega que pagó el impuesto  general a las ventas en el dos mil cuatro y dos mil cinco al  facturar nuevamente a sus subsidiarias, dado que en dichos  años recién se habría ejecutado la prestación del servicio,  sin embargo, la obligación se generó en mayo y junio del dos  mil tres, fecha de la emisión del comprobante de pago que  originaría el nacimiento de la obligación tributaria, por lo que  no se evidencia la generación de doble tributación a causa  del reparto efectuado por la administración y que a su vez  resulte confiscatorio. c) En el caso, señala que es de  aplicación el inciso c del artículo 4 del Texto Único Ordenado  de la Ley del Impuesto General a las Ventas, aprobado por  Decreto Supremo Nº 055-99-EF, que regula el nacimiento de  la obligación tributaria, y señala que ésta se origina en la  prestación de servicio en la fecha en que se emita el  comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el  Reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución,  lo que ocurra primero y no en otra oportunidad. d) Sobre la  pretensión subordinada, señala lo contenido en el Expediente  Nº 04082-2012-PA/TC respecto a la extensión del largo  período de tiempo por razones ajenas al administrado y que  el retraso en resolver el recurso de apelación administrativa  del nueve de noviembre de dos mil siete fue por parte delTribunal Fiscal y por causas imputables a dicha entidad.  Calificación de los recursos de casación 8. Mediante  resolución casatoria del tres de setiembre de dos mil  diecinueve, se declaró procedente el recurso de casación  presentado por el demandante Corporación Cervesur  S.A.A., respecto de las siguientes causales: a) Infracción  normativa por interpretación errónea del inciso c del artículo  4 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General  a las Ventas. b) Infracción normativa del artículo 26 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas  y del artículo 10, numeral 1.1 del Reglamento de  Comprobantes de Pago. c) Infracción normativa por  aplicación indebida del artículo 12 del Reglamento de  Comprobantes de Pago. d) Infracción normativa por  vulneración del Principio de no Confiscatoriedad. 9. Mediante  resolución casatoria del tres de setiembre de dos mil  diecinueve, se declaró procedente el recurso de casación  presentado por el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos  judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del Tribunal Fiscal, respecto de las siguientes  causales: a) Infracción normativa por inaplicación del artículo  33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. b)  Inaplicación del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Estado. 10. Mediante resolución casatoria del  tres de setiembre de dos mil diecinueve, se declaró  procedente el recurso de casación presentado por la SUNAT,  respecto a las siguientes causales: a) Infracción normativa  por inaplicación del artículo 33 del Código Tributario y sus  modificaciones. b) Infracción normativa por vulneración del  numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú por aplicación indebida y sin motivación de la sentencia  del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº  04082-2012-PA/TC, así como la contravención de la  jurisprudencia del indicado Tribunal que confirmó la  constitucionalidad de la norma legal que la Sala Superior  inaplicó (representada por la sentencia emitida en los  Expedientes Nos. 03184-2012-PA/TC y 03373-2012-PA/TC,  entre otras). III. CONSIDERANDOS Los fines del recurso de  casación 11. Debemos establecer en principio que la  finalidad del recurso extraordinario de casación es la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por  la Corte Suprema de Justicia, tal como puede interpretarse  de lo dispuesto por el artículo 141 de la Constitución Política  de 1993 y el artículo 384 del Código Procesal Civil,  modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. 12. En este  sentido, debemos establecer que en un Estado Constitucional  esta finalidad nomofiláctica del recurso de casación debe  traducirse en la función que ostentan las Salas Supremas,  como órganos de vértice, para establecer y fijar la  interpretación de las disposiciones normativas sobre la base  de las buenas razones. Como refiere Taruffo1, se puede  colegir que es vital en la corrección del procedimiento de  elección y la aceptabilidad de los criterios sobre los cuales  se funda la interpretación de las disposiciones normativas,  que deben ser seguidas por todos los jueces de la República.  El marco normativo 13. Antes de ingresar en el análisis del  caso, debemos establecer las disposiciones normativas que  son aplicables en el caso. Ley del Impuesto General a las  Ventas Artículo 1.- OPERACIONES GRAVADAS El Impuesto  General a las Ventas grava las siguientes operaciones: a) La  venta en el país de bienes muebles; b) La prestación o  utilización de servicios en el país; […] Artículo 3.-  DEFINICIONES Para los efectos de la aplicación del  Impuesto se entiende por: […] c) SERVICIOS 1. Toda  prestación que una persona realiza para otra y por la cual  percibe una retribución o ingreso que se considere renta de  tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta,  aun cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos  el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el  arrendamiento financiero. También se considera retribución  o ingreso los montos que se perciban por concepto de arras,  depósito o garantía y que superen el límite establecido en el  Reglamento. Artículo 4.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  TRIBUTARIA La obligación tributaria se origina: […] c) En la  prestación de servicios, en la fecha en que se emita el  comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el  Reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución,  lo que ocurra primero. En los casos de suministro de energía  eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex  y telegráficos, en la fecha de percepción del ingreso o en la  fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo  que ocurra primero. Artículo 26.- DEDUCCIONES DEL  IMPUESTO BRUTO Del monto del Impuesto Bruto resultante  del conjunto de las operaciones realizadas en el período que  corresponda, se deducirá: a) El monto del Impuesto Bruto  correspondiente al importe de los descuentos que el sujeto  del Impuesto hubiere otorgado con posterioridad a la emisióndel comprobante de pago que respalde la operación que los  origina. A efectos de la deducción, se presume sin admitir  prueba en contrario que los descuentos operan en proporción  a la base imponible que conste en el respectivo comprobante  de pago emitido. Los descuentos a que se hace referencia  en el párrafo anterior, son aquellos que no constituyan retiro  de bienes. En el caso de importaciones, los descuentos  efectuados con posterioridad al pago del Impuesto Bruto, no  implicarán  deducción  alguna  respecto  del  mismo,  manteniéndose el derecho a su utilización como crédito  fiscal; no procediendo la devolución del Impuesto pagado en  exceso, sin perjuicio de la determinación del costo  computable según las normas del Impuesto a la Renta. b) El  monto del Impuesto Bruto, proporcional a la parte del valor  de venta o de la retribución del servicio no realizado  restituida, tratándose de la anulación total o parcial de  ventas de bienes o de prestación de servicios. La anulación  de las ventas o servicios está condicionada a la  correspondiente devolución de los bienes y de la retribución  efectuada, según corresponda. Tratándose de la anulación  de ventas de bienes que no se entregaron al adquirente, la  deducción estará condicionada a la devolución del monto  pagado. c) El exceso del Impuesto Bruto que por error se  hubiere consignado en el comprobante de pago. Las  deducciones deberán estar respaldadas por notas de crédito  que el vendedor deberá emitir de acuerdo con las normas  que señale el Reglamento. Reglamento de Comprobantes  de Pago aprobado por Resolución de Superintendencia  N° 007-99/SUNAT Artículo 5.- OPORTUNIDAD EMISIÓN Y  OTORGAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Los  comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados en  la oportunidad que se indica: […] 5. En la prestación de  servicios, incluyendo el arrendamiento y arrendamiento  financiero, cuando alguno de los siguientes supuestos  ocurra primero: a) La culminación del servicio b) La  percepción de la retribución parcial, o total, debiéndose  emitir el comprobante de pago por el monto percibido. c) El  vencimiento de plazo o de cada uno de los plazos fijados o  convenios para el pago del servicio, debiéndose emitir el  comprobante de pago por el monto que corresponda a cada  vencimiento. […] Artículo 10.- NOTAS DE CRÉDITO 1.1. Las  notas de crédito se emitirán por concepto de anulaciones,  descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros. 1.2.  Deberán contener los mismos requisitos y características de  los comprobantes de pago en relación a los cuales se  emitan. 1.3. Sólo podrán ser emitidas al mismo adquirente o  usuario para modificar comprobantes de pago otorgados con  anterioridad. 1.4. En el caso de descuentos o bonificaciones,  sólo podrán modificar comprobantes de pago que den  derecho a crédito fiscal o crédito deducible, o sustenten  gasto o costo para efecto tributario. Tratándose de  operaciones con consumidores finales, los descuentos o  bonificaciones deberán constar en el mismo comprobante de  pago. 1.5. Las copias de las notas de crédito no deben  consignar la leyenda “COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO  FISCAL DEL IGV”. Sobre el nacimiento de la obligación  tributaria 14. Sobre el nacimiento de la obligación tributaria  el Código Tributario señala lo siguiente: Código Tributario  Artículo 2.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho  previsto en la ley como generador de dicha obligación. 15.  En ese sentido, la obligación tributaria nace cuando llega a  configurarse el hecho imponible en la realidad. Es así que  conforme señala Gerardo Ataliba, el hecho generador o  hecho imponible es el hecho localizado en el tiempo y en el  espacio, acontecido efectivamente en el universo fenoménico  que por corresponder rigurosamente a la descripción previa,  hipotéticamente formulada por la hipótesis de incidencia da  nacimiento a la obligación tributaria2. Es decir, una vez que  se produce la subsunción del hecho concreto en la hipótesis  de incidencia, mencionados hechos serán imponibles, por lo  que podrán originar el nacimiento a la obligación tributaria.  El nacimiento de la obligación tributaria en el impuesto  general a las ventas: la prestación de servicios 16. De forma  preliminar, Ruiz de Castilla3, refiere que en la fecha que en el  plano fáctico de una operación económica de servicio  cumple con los cuatro aspectos de la hipótesis de incidencia  tributaria entonces esta operación pasa a constituir un hecho  imponible de tal manera que nace de inmediato la obligación  tributaria (impuesto general a las ventas). 17. Ahora bien, de  acuerdo a lo contenido en el artículo 1 de la Ley del Impuesto  General a las Ventas, las operaciones gravadas con el  impuesto general a las ventas serán las prestaciones de  servicios en el país comprendiendo que éstas deben ser  diferentes a la venta en el país de bienes muebles (contenido  en el inciso a del artículo 1 de la Ley del Impuesto General a  las Ventas). En esa línea se tiene que, conforme se  encuentra regulado en el numeral 1 del literal c del artículo 3de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se entiende  que el servicio consiste en una “prestación” que un tercero  realiza a favor de otro y por la cual tiene una retribución o  ingreso. Es decir, la hipótesis de incidencia tributaria estaría  constituida por los servicios. Así pues, para determinar el  nacimiento de la obligación tributaria en la prestación de  servicios recurrimos a lo contenido en el literal c del artículo  4 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, que refiere el  aspecto temporal4 de la hipótesis de incidencia en la  prestación de servicios, en la fecha en que se emita el  comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el  reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo  que ocurra primero. El literal c del artículo 4 de la Ley del  Impuesto General a las Ventas, señala que la obligación  tributaria nace en la prestación de servicios en la fecha en  que se emita el comprobante de pago de acuerdo lo que  establezca el reglamento o en la fecha en que se percibe la  retribución, lo que ocurra primero. A su vez, el Reglamento  dispone como fecha de emisión del comprobante de pago “la  fecha en que, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes  de Pago, este debe ser emitido o se emita”. En esa línea, el  numeral 5 del artículo 5 del mismo Reglamento de  Comprobantes de Pago refiere que los comprobantes de  pago deberán ser emitidos y otorgados en la prestación de  servicios, cuando alguno de los supuestos ocurra primero: a)  La culminación del servicio b) La percepción de la retribución  parcial, o total, debiéndose emitir el comprobante de pago  por el monto percibido. c) El vencimiento de plazo o de cada  uno de los plazos fijados o convenios para el pago del  servicio, debiéndose emitir el comprobante de pago por el  monto que corresponda a cada vencimiento. Sobre las notas  de crédito 18. El artículo 10 del Reglamento de Comprobantes  de Pago, refiere que las notas de crédito se emiten por  concepto de anulaciones, descuentos, bonificaciones,  devoluciones y otros. Así también, señala que deberán  contener los mismos requisitos y características de los  comprobantes de pago5 en relación a los cuales se emitan.  Ello asumiendo que las notas de crédito no se encuentran  expresamente señaladas en la lista enunciativa contenida  en el artículo 2 del Reglamento de Comprobantes de Pago.  19. Del mismo modo, cabe precisar sobre los ajustes al  débito y crédito fiscal en la prestación de servicios y  conforme también se encuentra desarrollado en el artículo  26 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. En la  disposición normativa se pueden advertir diversos supuestos  del ajuste del impuesto bruto, los cuales se desprenden de  los incisos que forman parte de mencionado artículo y  conforme señala Villanueva6, se daría dicho ajuste dadas las  siguientes circunstancias: a) Descuentos otorgados con  posterioridad a la emisión del comprobante de pago. b) La  anulación total de la venta condicionada a la devolución del  bien. c) La anulación total del servicio condicionada a la no  prestación del servicio. d) La anulación parcial de las ventas,  la que a falta de precisión normativa, puede aludir a la  anulación parcial de la venta con devolución de los bienes o  a la anulación parcial de la contraprestación sin necesidad  de devolución de los bienes. e) La anulación parcial de  servicios, la que a falta de precisión normativa puede aludir  a la parte de los servicios no prestados o a la disminución de  la contraprestación. f) El exceso del impuesto consignado  por error en el comprobante de pago. 20. En esa línea  advierte Villanueva7 que resultaría incorrecto emitir una nota  de crédito para anular un servicio ya prestado, no pudiendo  ser materia de devolución. Así, para que se realice la  anulación de una prestación de servicios, es porque ésta no  ha sido ejecutada total o parcialmente, situación que  explicaría la exigencia de la devolución de la retribución  correspondiente al servicio no efectuado. Sobre los intereses  moratorios por la excesiva demora en la tramitación y  resolución de sus recursos impugnativos 21. Sentencia  recaída en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC- Caso  Emilia Rosario del Rosario Medina de Baca, el Tribunal  Constitucional ha efectuado una labor interpretativa8 de un  caso en concreto, en relación a las reglas de capitalización  de intereses y su cobro durante la etapa de impugnación  administrativa de las resoluciones de determinación y de  multa, y ha señalado que la capitalización de intereses  vulnera  el  principio  de  razonabilidad  entre  otros.  Textualmente esta sentencia del diez de mayo de dos mil  dieciséis, el Tribunal Constitucional, ha señalado lo siguiente:  36. El Código Tributario, aprobado mediante Decreto  Legislativo 816 publicado el 21 de abril de 1996, no incluyó  la regla de la capitalización de intereses. Sin embargo,  mediante Ley 27038, publicada el 31 de diciembre de 1998,  se incluyó dicha regla en su artículo 7. 37. De acuerdo a  dicho artículo, recogido luego en el artículo 33 del Decreto  Supremo 135-99-EF, TUO del Código Tributario, se  estableció: Los intereses moratorios se calcularán de lamanera siguiente: b) El interés diario acumulado al 31 de  diciembre de cada año se agregará al tributo impago,  constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses  diarios del año siguiente. 38. Esta norma estuvo vigente solo  ocho años. Fue derogada, en efecto, por el artículo 3 del  Decreto Legislativo 969, publicado el 24 de diciembre de  2006.  39.  Poco  después,  la  Segunda  Disposición  Complementaria Final del Decreto Legislativo 981, publicado  el 15 marzo 2007, estableció: [...] para efectos de la  aplicación del presente artículo, respecto de las deudas  generadas con anterioridad a la entrada en vigencia del  Decreto Legislativo N° 969, e concepto tributo impago  incluye a los intereses capitalizados al 31 de diciembre de  2005, de ser el caso. 40. Por tanto la vigencia de la  capitalización de intereses fue recortada en un año. Así, la  capitalización de intereses de las deudas tributarias solo  estuvo vigente durante siete años (1999-2005) […] 47. El  Tribunal Constitucional, tomará en cuenta dicho principio al  resolver esta controversia, toda vez que, de conformidad  con el artículo VIII del Título Preliminar Código Procesal  Constitucional, El órgano jurisdiccional competente debe  aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no  haya sido invocado por las partes o lo haya sido  erróneamente. 22. Del mismo modo, referida sentencia  señaló que la capitalización de intereses moratorios resulta  inconstitucional dado que incrementa la deuda tributaria de  forma excesiva, en este sentido concluyó que vulnera el  principio de razonabilidad y por tanto debe ser inaplicable:  49 En el caso de autos, este Tribunal Constitucional  considera que la aplicación de la regla de capitalización de  intereses transgrede el principio de razonabilidad. 50. La  capitalización de intereses es una forma de acentuar la  sanción por la mora en el cumplimiento de una obligación.  52. Es evidente, por tanto, que la aplicación de la  capitalización de intereses debe efectuarse con suma  cautela en el ámbito tributario, ya que no deriva siquiera de  un acuerdo de voluntades, como aquel al que se refieren  las normas del Código Civil. 53. Resultaría a todas luces  incongruente que el ordenamiento jurídico restrinja la  capitalización de intereses libremente pactada y permita  su aplicación irrestricta en el ámbito tributario, donde fue  impuesta por el Estado durante solo los siete años antes  señalados. 54. En el caso de autos, este Tribunal  Constitucional aprecia que la aplicación de la capitalización  de intereses moratorios es claramente excesiva, pues  incrementa la deuda tributaria al punto de quintuplicarla  (…) 55. Por tanto, esta aplicación de los intereses moratorios  resulta inconstitucional, al transgredir el principio de  razonabilidad de las sanciones administrativas reconocido  por la jurisprudencia constitucional. 56. En consecuencia, la  demanda debe ser estimada en este extremo, inaplicándose  a la recurrente el artículo 7 de la Ley 27038, recogido en  el artículo 33 del Decreto Supremo 135-99-EF, TUO del  Código Tributario, en el extremo que contiene la regla de  capitalización de intereses moratorios y la parte pertinente  de la Segunda Disposición Complementaria Final del  Decreto Legislativo 981, debiendo la Sunat calcular el  interés moratorio aplicable sin tomar en cuenta dichas  normas.(énfasis agregado). 23. Así también, mencionada  sentencia señala sobre el cómputo de intereses durante el  trámite del procedimiento contencioso - tributario, lo  siguiente: 69. No puede presumirse la mala fe del  contribuyente y reprimirse con una sanción el ejercicio  legítimo de los derechos constitucionales, máxime  cuando el trámite del procedimiento se extendió por un  largo periodo de tiempo por razones ajenas al  administrado, como ocurre en el presente caso. 70. Así,  dado que el cómputo de intereses moratorios durante el  trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el  derecho a recurrir en sede administrativa, así como el  principio de razonabilidad de las sanciones, la demanda  también debe ser estimada en este extremo. [Énfasis  nuestro] La Sentencia recaída en el Expediente Nº 04532- 2013-PA/TC – caso ICATOM S.A. 24. Aunado a lo anterior,  con posterioridad a la Sentencia del Tribunal Constitucional  Nº 04082-2012-PA/TC-LIMA caso Emilia Rosario Del  Rosario Medina De Baca, ha emitido sentencia estableciendo  un precedente y hace una precisión respecto a los efectos  del criterio establecido en el Expediente Nº 04082-2012-PA/ TC acerca de los intereses moratorios y su capitalización y  establece una interpretación constitucional con hincapié en  el “Principio de previsión de consecuencias de las  decisiones” y conforme a los principios de razonabilidad y  del derecho al plazo razonable. Así resuelve lo siguiente: 51.  Finalmente, advertida la existencia de controversias  similares a la dilucidada en el Expediente 04082-2012-PA/ TC, este Tribunal considera necesario, en aplicación del  principio de previsión de consecuencias, precisar losalcances de la aplicación de esta decisión a casos  sustancialmente iguales. Con el criterio allí establecido no  se ha pretendido revivir procedimientos fenecidos ni mucho  menos premiar a los contribuyentes que mantienen  obligaciones antiguas con la Sunat. Ello en mérito a dos  razones fundamentales: i) al tratarse de un proceso de  control concreto, los efectos de lo resuelto sólo vinculan a  las partes del mismo, y ii) el razonamiento allí desarrollado  no puede ser aplicado retroactivamente, sino sólo a partir de  la publicación de la aludida sentencia. 52. En ese sentido,  dicho criterio no resulta aplicable a aquellos procedimientos  contencioso-tributarios que se encuentren concluidos, esto  es aquellos en los que los mecanismos de cobro de la deuda  tributaria se hayan agotado en sede administrativa sin que  haya existido de por medio recurso administrativo alguno  que fuera ejercido por el contribuyente en contra de estos  actos de cobranza, o que habiendo existido algún recurso,  este haya sido denegado sin que posteriormente el  contribuyente  haya  judicializado  su  cuestionamiento.  Asimismo, tampoco resulta aplicable a aquellos procesos  judiciales  (contencioso  administrativos  o  procesos  constitucionales) que, con anterioridad a la publicación de  dicha sentencia, cuenten con resolución judicial firme  respecto al cálculo de intereses moratorios. 53. Sí  corresponderá, en cambio, la aplicación de estos criterios en  aquellos casos en los que, luego de publicada la sentencia,  ya sea que se trate de procedimientos contencioso- tributarios o procesos judiciales, aún se encuentren en  trámite o pendientes de resolución firme, incluyendo para tal  efecto la fase de ejecución del procedimiento o proceso en  la que se suele proceder a la liquidación de los, intereses  moratorios. […] 1. Declarar FUNDADA la demanda, por  haberse acreditado la vulneración del principio de  razonabilidad y del derecho al plazo razonable; en  consecuencia, NULA la Resolución de Ejecución Coactiva  101-006-0016924 y NULA la Resolución de Intendencia 102- 180-0000643 en el extremo que aplica el monto 2.  DISPONER que la Sunat efectúe el cálculo de los intereses  moratorios de las multas establecidas en las Resoluciones  de Determinación 101-002-0001905; 101- 002-0001906;  101-002-0001907; 101-002-0001908, y 101-002-0001909  sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante  el tiempo en exceso que, respecto del plazo legal establecido,  tomó el Tribunal Fiscal para resolver el recurso de apelación  planteado por la recurrente, más los costos del proceso. 3.  Ordenar que la entidad emplazada y demás entidades  competentes en el conocimiento de casos similares,  tomen en cuenta, en lo sucesivo, los criterios  establecidos en los fundamentos 51 a 53 de la presente  sentencia. [Énfasis nuestro] La doctrina jurisprudencial y la  interpretación constitucional vinculante 25. Siguiendo a  Taruffo9, debemos señalar que la función del precedente en  nuestro ordenamiento, está vinculada a la realización de  principios constitucionales, tales como el de igualdad y  previsibilidad de la decisión o seguridad jurídica. 26. En este  sentido, el Tribunal Constitucional, convertido en una suerte  de legislador positivo, dentro de lo prescrito por el Código  Procesal Constitucional10 ha venido configurando el  precedente constitucional como una regla jurídica. Así  refiere: El precedente es una regla jurídica expuesta en un  caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional  decide establecer como regla general; y, que, por ende,  deviene en parámetro normativo para la resolución de  futuros procesos de naturaleza homóloga. (STC. Nº 0024- 2003-AI/TC). 27. Asimismo, el artículo 36 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto  Supremo Nº 011-2019-JUS ha prescrito que la Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema puede  establecer principios jurisprudenciales que constituyen  precedente vinculante. Esta disposición normativa; sin  embargo, establece también los supuestos de apartamiento  y la necesidad de fundamentar este apartamiento, tal como  ocurre con el distinguishing en el sistema anglosajón.  Artículo 36.- Principios jurisprudenciales. Cuando la Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus  resoluciones principio jurisprudencial en materia contencioso  administrativa, constituyen precedente vinculante. Los  órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido  en el precedente vinculante, siempre que se presenten  circunstancias particulares en el caso que conocen y que  motiven debidamente las razones por las cuales se apartan  del precedente. 28. En este contexto, debemos manifestar  que no es ajeno el hecho de que el precedente genere  tensiones y problemas propios de las importaciones de  instituciones jurídicas. Así, por ejemplo, se han generado  conflictos vinculados a la antinomia entre el precedente y la  ley, a las formas de aplicación o inaplicación de los  precedentes, conflictos de coherencia entre los mismos deprecedentes, la vinculación de los jueces con el precedente,  conflictos entre jerarquías de precedentes, entre otros. 29.  Dentro de un escenario de justificación de las decisiones  judiciales, debemos establecer que la ratio decidendi o las  razones esenciales que justifican un precedente, cuando  están razonablemente motivadas, además de contribuir con  los principios de igualdad y seguridad jurídica, alivian la  carga argumentativa que le corresponde al juez al motivar su  decisión. 30. Asimismo, no debemos perder de vista la  independencia del juez. La Corte Interamericana de  Derechos Humanos, en el caso Reveron Trujillo en contra de  Venezuela ha señalado lo siguiente: “En ese pronunciamiento  precisó que el titular del derecho al juez independiente es el  justiciable, es decir, la persona situada precisamente frente  a aquel juez que resolverá el litigio. Como correlato, existen  dos deberes a cargo de los sujetos normativos distintos: el  juez y el Estado. El primero de ellos se encuentra obligado a  juzgar “únicamente conforme a -y movido por- el derecho”,  mientras que las autoridades públicas tienen el deber de  abstenerse de realizar injerencias indebidas ya sea en el  Poder Judicial o en la persona del Juez en Especifico. La  garantía del derecho fundamental, consiste en prevenir  dichas injerencias y en investigar y sancionar a quienes lo  cometan […]”11 31. La independencia del juez en el proceso  de interpretación de la ley, no significa que la función  jurisdiccional pueda ser ejercida arbitrariamente. En este  proceso interpretativo los jueces no solo deben observar los  criterios o métodos de interpretación, sino observar los  límites impuestos por las disposiciones constitucionales  directamente estatuidas o, adscritas a las directamente  estatuidas, en el sentido desarrollado por Alexy y los limites  impuesto por la propia Ley12. La Corte Constitucional  Colombiana, al respecto, en la T-260 de mil novecientos  noventa y cinco13, ha señalado lo siguiente: “Es verdad que,  como esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, uno  de los principios de la administración de justicia es el de la  autonomía funcional del juez, en el ámbito de sus propias  competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.  Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), pero ella no se  confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar los  preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es  obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política), las  pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su  cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta  Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances  de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse.  Cuando la ignoran o contrarían, no se apartan simplemente  de una jurisprudencia –como podría ser la penal, la civil o la  contencioso administrativa– sino que violan la Constitución,  en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha  sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de  la doctrina constitucional que le corresponde fijar” 32. En un  Estado Constitucional, este derecho a la independencia de  los jueces, como señala la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, corresponde a los justiciables y debe ser ejercida  dentro del respeto de la Constitución (de aquellos derechos  directamente estatuidos o de los adscritos a los directamente  estatuidos, como refiere Robert Alexy) y el equilibrio de  poderes. Esta independencia debe servir también para  empoderar a los jueces en el acto de la interpretación en  este proceso en el que una disposición normativa se  transmuta en una norma. De esta manera, resulta obvio que  el juez debe obrar de manera independiente, dentro de las  limitaciones constitucionales y los criterios o métodos de  interpretación o decodificación, sin que irrazonablemente  otro órgano del Estado, pueda limitar esta libertad  interpretativa.  IV.  ANÁLISIS  DE  LAS  CAUSALES  DECLARADAS PROCEDENTES Infracciones normativas  denunciadas por Corporación Cervesur S.A.A. Primera  infracción  normativa  33.  Infracción  normativa  por  interpretación errónea del inciso c del artículo 4 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las  Ventas. 34. La disposición normativa cuya infracción se  alega, establece lo siguiente: Ley del Impuesto General a  las Ventas Artículo 4.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  TRIBUTARIA […] c) En la prestación de servicios, en la  fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a  lo que establezca el Reglamento, o en la fecha en que se  percibe la retribución, lo que ocurra primero. En los casos de  suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios  finales telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de  percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del  plazo para el pago del servicio, lo que ocurra primero. 35.  Los argumentos del recurrente son los siguientes: a)  Sostiene que, a lo largo del proceso solicitó que se efectúe  una interpretación razonable y sistemática de las normas del  impuesto general a las ventas y advirtió que el aspecto  temporal de la obligación tributaria (contenido en el inciso cdel artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto General a las Ventas) no puede ir más allá del  aspecto material de la misma (configuración del hecho  imponible gravado con el impuesto general a las ventas  contenido en el artículo 1 de la ley). Agrega que contrario a  lo que señaló la Sala Superior, en el presente caso es  relevante tener en cuenta que cuando Cervesur emitió y  entregó las facturas a sus subsidiarias, no se había verificado  aún el hecho imponible sin el cual no existe tributo exigible.  b) Añade que, si bien en lo relativo a la prestación de  servicios la obligación de pagar el impuesto general a las  ventas surge en la fecha en que se emita el comprobante de  pago (ya sea de forma voluntaria u obligatoria) o se perciba  la retribución, dichos supuestos se encuentran relacionados  al aspecto temporal de la hipótesis de incidencia y contienen  una presunción de acaecimiento del hecho imponible pero  supeditado a que este último efectivamente se produzca; sin  embargo, si ello no ocurre, corresponde efectuar el ajuste  del impuesto bruto y del crédito fiscal. c) Asimismo; refiere  que en el presente caso, Cervesur mediante un acto  voluntario como lo es la emisión de comprobantes precipitó  el nacimiento de la obligación tributaria del impuesto general  a las ventas, pese a que no se configuraba aún el hecho  imponible; siendo así, al haber nacido la obligación tributaria  por un acto voluntario del contribuyente (sin que exista  operación gravada), de la misma manera era posible dejarla  sin efecto, cumpliendo las formalidades de ley. Alega que en  otras palabras, dado que es el aspecto material el que refleja  la configuración del hecho imponible, resulta claro que en  aquellos casos en que el aspecto temporal de la obligación  tributaria (facturación) no coincida con su aspecto material,  es posible anular las facturas que reflejen las prestaciones  ejecutadas. Argumenta que tanto la SUNAT como el Tribunal  Fiscal reconocen que correspondía anular las facturas  emitidas en el año dos mil tres (pues hasta ese momento no  se había configurado ni la prestación del servicio ni el pago  de la retribución acordada); no obstante, lo que no admiten  es que dicha anulación se haya efectuado a través de notas  de crédito. d) Sostiene que, la segunda instancia enfatiza  que el «Contrato de Asignación de Software» habría sido  celebrado entre Cervesur y sus subsidiarias en noviembre  de dos mil tres (fecha posterior a la facturación  incorrectamente realizada por dicha empresa en los meses  de mayo y junio de dos mil tres), por lo que, supuestamente,  no se habría acreditado que las refacturaciones realizadas  debían realizarse a partir de la fecha de producción del  software; sin embargo, esta afirmación es contraria al debate  procesal en el que ni la SUNAT ni el Tribunal Fiscal han  negado que, conforme al contrato mencionado, la facturación  debía hacerse al momento de la instalación de dicho  software en las subsidiarias. Señala que esta última  aseveración de la Sala Superior pone en evidencia el error  incurrido en la sentencia de vista, pues bajo su errada idea  la sola emisión de comprobantes realizada por Cervesur en  el dos mil tres, daría pie a que surja correctamente el  impuesto general a las ventas, incluso, ante la inexistencia  de un contrato y de una prestación pactada que califique  como «servicio» gravado con el impuesto; lo cual es  insostenible. Manifiesta que si bien la emisión de  comprobantes de pago genera la obligación legal de asumir  el impuesto general a las ventas correspondiente, ello  siempre está aunado a la configuración del hecho imponible,  esto es, a la realización de la operación gravada con  impuesto general a las ventas; por lo tanto, en el presente  caso, tal como lo reconocen todas las partes, Cervesur  emitió facturas a sus subsidiarias por la asignación de  software previamente adquirido de Oracle, sin que exista  prestación de servicios ni retribución alguna que origine el  nacimiento del impuesto general a las ventas , siendo esta la  situación que se subsanó a través de la emisión de notas de  crédito. e) Finalmente, indica que la interpretación correcta  del inciso c del artículo 4 de la Ley del Impuesto General a  las Ventas pasaba por advertir que si bien la emisión  voluntaria de un comprobante de pago da lugar al nacimiento  de la obligación de pagar el impuesto general a las ventas ,  en la medida en que el hecho imponible sustancial no se  haya verificado ni se hubieran producido los hechos que  obligatoriamente dan lugar al nacimiento de la obligación, es  posible que la factura sea anulada. 36. En el caso, de la  revisión de los actuados administrativos, esta Sala Suprema  puede apreciar de forma preliminar que la recurrente celebró  un primer Contrato de Licencia y Servicios con Oracle del  Perú S.A.14, que entró en vigencia el quince de abril de dos  mil tres, para la adquisición e implementación de Software  en Perú como parte de un proyecto de implementación  corporativo de un sistema integral contable, logístico y  financiero. Así, señala en la cláusula II respecto a los  términos generales, lo siguiente:“[…]En consecuencia, CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A.  pagará directamente a Oracle, las tarifas pactadas en  este documento, procediendo a facturar las mismas a sus  subsidiarias, de acuerdo con el siguiente detalle: Subsidiaria Porcentaje US$ Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. 45.33 132,457.92 Alimentos Procesados S.A. 17.78 51,994.28 Transaltisa S.A. 12.89 37,659.60 Servicios Aéreos AQP S.A. 7.56 22,076.31 Procesos Agroindustriales S.A. 4.44 12, 986.07 Comercio, Servicios e Inversiones S.A. 3.11 9,090.25 Inmobiliaria 301 S.A. 2.22 6,493.04 Analistas y Corredores de Seguros S.A. 2.22 6,493.04 Corporación Cervesur S.A.A.( Monto asumido por la  misma) 4,44 12,986.07 TOTAL 100.00 292,186.58 La anterior refacturación se efectuará para efectos propios de  Corporación Cervesur S.A.A. y sus subsidiarias de propiedad  mayoritaria de acuerdo con el uso que cada una de dichas  entidades haga de las licencias, y no como una reventa de  productor por parte de Corporación Cervesur S.A.A. a dichas  subsidiarias”. 37. Así, también esta Sala Suprema aprecia que  el recurrente celebró un segundo contrato con sus afiliadas  denominado Contrato de asignación de software de servicios  de instalación de programas y arrendamiento de facilidades  de Centro de Cómputo (hosting)15 suscrito el diecisiete  noviembre de dos mil tres con las subsidiarias (Compañía  Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A, Alimentos procesados  S.A., Transaltisa S.A., Procesos Agroindustriales S.A.,  Comercio, Servicios e Inversiones S.A, Inmobiliaria 301 S.A.,  Analistas y Corredores de Seguros S.A. y Servicios Aéreos  AQP S.A.), en dicho contrato expresamente señala en la  cláusula I correspondiente al objeto del contrato, lo siguiente:  […] Las partes acuerdan que esta asignación se efectuará a  satisfacción de cada uno de LOS NEGOCIOS, lo que implica  que el contrato recién se entenderá perfeccionado y se darán  por recibidas las licencias de software en la oportunidad en  que éstas se encuentren instaladas y en condiciones de plena  operatividad para cada uno de LOS NEGOCIOS. Los servicios  de soporte y actualización anuales celebrados con Oracle,  serán refacturados a LOS NEGOCIOS a partir de la fecha en  que se inicie la etapa de producción del software, en adelante  […]. Así también, en la cláusula II correspondiente a las  obligaciones de las partes, señala en las obligaciones de los  negocios, lo siguiente: “2.1. Abonar a CORPORACIÓN como  contraprestación única por la asignación de las licencias de  software (incluído el valor del CD Pack) las siguientes sumas  más el Impuesto General a las Ventas correspondiente,  importe  que  le  será  facturado  directamente  por  CORPORACIÓN […]. Teniendo en cuenta que el presente  contrato se celebra bajo el compromiso de entrega de las  licencias a satisfacción de cada uno de LOS NEGOCIOS, las  partes acuerdan que tal hecho se producirá en la oportunidad  en que el software se encuentre instalado y en condiciones de  operatividad plena para cada uno de LOS NEGOCIOS, de lo  cual se dejará constancia mediante el levantamiento del acta  correspondiente”. 38. Asimismo, esta Sala Suprema aprecia  en los actuados administrativos, un primer Acta de instalación  de Software y en Condiciones de Operatividad Plena16,  suscrito el uno de junio de dos mil cinco, en donde consta que  se reunieron por una parte el representante de Transaltisa  S.A., con la participación de Corporación Cervesur S.A.A. y la  otra parte en representación de SYGNUS S.A., con la finalidad  de dejar constancia que el Software Oracle e - Business Suite.  Versión 11i, cuya implementación ha sido efectuada por la  empresa Sygnus, se encuentra instalado en la empresa  Transaltisa S.A. y en condiciones de operatividad plena. 39.  De igual forma, esta Sala Suprema aprecia un segundo Acta  de instalación de Software y en Condiciones de Operatividad  Plena17, suscrito el uno de junio de dos mil cinco, en donde  consta que se reunieron por una parte el representante de  Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA, con la participación  de Corporación Cervesur S.A.A. y la otra parte en  representación de SYGNUS S.A., con la finalidad de dejar  constancia que el Software Oracle e - Business Suite. Versión  11i, cuya implementación ha sido efectuada por la empresa  Sygnus, se encuentra instalado en la empresa Alimentos  Procesados S.A. - ALPROSA y en condiciones de operatividad  plena. 40. En este sentido, debemos concluir que en el caso y  teniendo en cuenta los antecedentes administrativos  señalados, se ha interpretado erróneamente el inciso c del  artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  General a las Ventas, en la medida que no se efectúa mayor  interpretación de la premisa de la disposición normativa (es  decir, en la prestación de servicios), que constituye, el  supuesto sobre el que debe interpretarse el resto de ladisposición normativa. 41. Por estas consideraciones  debemos declarar fundada esta causal. Segunda infracción  normativa 42. Infracción normativa del artículo 26 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas  y del artículo 10, numeral 1.1 del Reglamento de  Comprobantes de Pago. 43. La disposición normativa señala  lo siguiente: Ley del Impuesto General a las Ventas Artículo  26.- DEDUCCIONES DEL IMPUESTO BRUTO Del monto del  Impuesto Bruto resultante del conjunto de las operaciones  realizadas en el período que corresponda, se deducirá: a) El  monto del Impuesto Bruto correspondiente al importe de los  descuentos que el sujeto del Impuesto hubiere otorgado con  posterioridad a la emisión del comprobante de pago que  respalde la operación que los origina. A efectos de la  deducción, se presume sin admitir prueba en contrario que los  descuentos operan en proporción a la base imponible que  conste en el respectivo comprobante de pago emitido. Los  descuentos a que se hace referencia en el párrafo anterior,  son aquellos que no constituyan retiro de bienes. En el caso  de  importaciones,  los  descuentos  efectuados  con  posterioridad al pago del Impuesto Bruto, no implicarán  deducción alguna respecto del mismo, manteniéndose el  derecho a su utilización como crédito fiscal; no procediendo la  devolución del Impuesto pagado en exceso, sin perjuicio de la  determinación del costo computable según las normas del  Impuesto a la Renta. b) El monto del Impuesto Bruto,  proporcional a la parte del valor de venta o de la retribución  del servicio no realizado restituida, tratándose de la anulación  total o parcial de ventas de bienes o de prestación de  servicios. La anulación de las ventas o servicios está  condicionada a la correspondiente devolución de los bienes y  de la retribución efectuada, según corresponda. Tratándose  de la anulación de ventas de bienes que no se entregaron al  adquirente, la deducción estará condicionada a la devolución  del monto pagado. c) El exceso del Impuesto Bruto que por  error se hubiere consignado en el comprobante de pago. Las  deducciones deberán estar respaldadas por notas de crédito  que el vendedor deberá emitir de acuerdo con las normas que  señale el Reglamento. Reglamento de Comprobantes de  Pago Artículo 10.- NOTAS DE CRÉDITO Normas aplicables a  las notas de crédito y notas de débito: […] 1.1. Las notas de  crédito se emitirán por concepto de anulaciones, descuentos,  bonificaciones, devoluciones y otros. 44. Los argumentos del  recurrente vinculados a esta infracción normativa son los  siguientes: a) Sostiene que, la Sala Superior interpreta de  manera errónea los alcances del artículo 26 de la Ley del  Impuesto General a las Ventas, pues, a su entender, la  anulación sí procede cuando se anula el servicio, pero no  cuando este ni siquiera ha sido prestado, es decir, no existe.  Agrega que en los casos de inexistencia de prestación de  servicios la anulación de la factura encuentra sustento en la  amplitud del numeral 1.1 del artículo 10 del Reglamento de  Comprobantes de Pago que regula otros supuestos distintos  a la «anulación de la operación comercial» previstos en el  artículo 26 de la Ley del Impuesto General a las Ventas.  Añade que el artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto General a las Ventas se refiere a «servicios ya  prestados o ejecutados», por lo que exige como requisito para  que proceda la anulación, que el servicio haya sido restituido.  Refiere que la anulación sustancial de prestaciones ya  ejecutadas reguladas por el artículo 26 exige, además, un  requisito formal, pues señala que las deducciones deberán  estar respaldadas por notas de crédito que el vendedor  deberá emitir de acuerdo con las normas que señale el  Reglamento. Alega que el hecho de que el indicado artículo  26 haga referencia a la anulación total o parcial de ventas o  prestaciones de servicios y exija en tales casos la emisión de  notas de crédito, no implica que se restrinja solo a esos  supuestos la expedición de tales documentos y que, por  tanto, la emisión de notas de crédito regulada en el artículo 10  del Reglamento de Comprobantes de Pago solo pueda  basarse en hechos acontecidos que corresponden a  prestaciones ya ejecutadas. b) Manifiesta que en el caso de  Cervesur, en vista que el servicio aún no había sido prestado  ni tampoco se había producido el pago de la contraprestación  pactada, se terminan cumpliendo los supuestos de fondo  exigidos por el artículo 26 de la Ley del Impuesto General a  las Ventas; en tal sentido, al no existir servicio alguno por  «restituir» ni pago por devolver, procedía el ajuste del  impuesto bruto de cargo de Cervesur con la simple emisión de  notas de crédito respectivas. Por último, señala que constituye  un hecho no controvertido que la prestación del servicio por  parte de Cervesur a favor de sus subsidiarias ocurrió en los  años dos mil cuatro y dos mil cinco, con lo cual, la anulación  de las facturas incorrectamente emitidas en mayo y junio de  dos mil tres, vía notas de crédito, autorizaba a Cervesur a  realizar el ajuste del impuesto bruto, conforme a lo establecido  por el artículo 26, inciso b del Texto Único Ordenado de la Leydel Impuesto General a las Ventas, interpretado correctamente.  45. En el caso, el recurrente habría emitido en los meses de  noviembre y diciembre de dos mil tres, las notas de crédito  extornando las facturas que habían sido emitidas por el  recurrente a sus empresas subsidiarias. En ese sentido,  existe mayor tributo en el período de noviembre de dos mil  tres y disminución de saldo a favor en diciembre de dos mil  tres, generados por dichas notas de crédito y ello ha originado  la emisión de las Resoluciones de Determinación Nos. 052- 003-0002123 y 052-003-0002124 (por la emisión de notas de  crédito sin sustento) así como las Resoluciones de Multa Nos.  052-002-0001914 y 052-002-0001915 por la comisión de la  infracción tipificada en los numerales 1 y 2 del artículo 178 del  Código Tributario. 46. En este contexto, y como se ha  señalado en los considerandos precedentes de la presente  resolución, las notas de crédito fueron emitidas a fin de anular  las facturas emitidas incorrectamente dado que la prestación  del servicio no había sido cumplida conforme a términos  contractuales (Facturas Nos. 142-0000377, 142-00000380 a  142-0000386 con fecha doce de mayo de dos mil tres y en  relación a las facturas números 143-0000125 a 143- 0000132 con fecha dieciséis de junio de dos mil tres) y  una vez que el recurrente cumplió con lo establecido en el  Contrato de Asignación de Software, de Servicios de  Instalación de Programas y Arrendamiento de Facilidades de  Centro de Cómputo (Hosting) en la oportunidad en que el  software se encuentre instalado, procedió a emitir nuevos  comprobantes de pago con la finalidad de refacturar a sus  subsidiarias el valor de los servicios prestados por Oracle en  los períodos de diciembre de dos mil cuatro y junio de dos mil  cinco, fechas en las que según refiere el recurrente sería la  oportunidad en la que se habría dado la prestación del servicio  con el software debidamente instalado (se advierte en los  actuados administrativos la existencia de 2 Actas de  instalación de Software y en Condiciones de Operatividad  Plena que señalan expresamente que el Software se  encuentra operativo en 2 subsidiarias suscritos el uno de junio  de dos mil cinco) 47. En el caso, el recurrente señala la  infracción normativa del artículo 26 de la Ley del Impuesto  General a las Ventas y el artículo 10 del Reglamento de  Comprobantes de Pago, respecto a la emisión de las notas de  crédito. En ese sentido y conforme se ha desarrollado en los  considerandos precedentes de la presente resolución y sobre  este ítem, el artículo 26 de la Ley del Impuesto General a las  Ventas regula al ajuste del impuesto bruto y una de las  circunstancias que se desprenda de los incisos señalados  expresamente en dicho artículo es que el ajuste se puede dar  debido a la anulación total del servicio condicionada a la no  prestación del servicio. 48. Ahora bien, sobre la emisión de la  nota de crédito para que respalden su procedencia, tenemos  que dicha emisión debe ser de acuerdo al Reglamento de  Comprobantes de Pago (aunque la propia Ley del Impuesto  General a las Ventas no lo establezca así expresamente). En  ese sentido, el numeral 1.1 del artículo 10 del Reglamento de  Comprobantes de Pago señala que las notas de crédito se  emitirán  por  concepto  de  anulaciones,  descuentos,  bonificaciones, devoluciones y otros. 49. En ese sentido, y de  acuerdo a lo ya desarrollado se aprecia que en el año dos mil  tres, no se había configurado la prestación del servicio  conforme precisa en los actuados administrativos, ello en el  sentido de que no se llegó a configurar el hecho imponible o  hecho generador en la realidad y que conlleve al nacimiento  de la obligación tributaria; es decir, no se produjo la subsunción  del hecho concreto en la hipótesis de incidencia. 50. Por estas  razones y en el caso concreto, corresponde declarar fundada  la causal denunciada. Tercera infracción normativa 51.  Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 12  del Reglamento de Comprobantes de Pago 52. La disposición  normativa señala lo siguiente: Reglamento de Comprobantes  de Pago Artículo 12.- OTRAS OBLIGACIONES Deberán  anular y conservar el o los documentos que por fallas técnicas,  errores en la emisión u otros motivos, hubieren sido  inutilizados previamente a ser entregados, a ser emitidos o  durante su emisión, no debiendo ser declarados. El  comprobante de pago, la nota de crédito o la nota de débito  impreso o importado por imprenta autorizada perteneciente a  un emisor electrónico por determinación de la SUNAT que,  por los motivos indicados en el primer párrafo, deba ser  inutilizado y que no haya sido informado a la SUNAT,  directamente o a través del Operador de Servicios  Electrónicos, de ser el caso, debe ser anulado y se debe dar  de baja su numeración conforme al literal h) del inciso 4.1 del  numeral 4. 53. Los argumentos del recurrente son los  siguientes: a) Advierte que, en el anterior pronunciamiento de  la Corte Suprema se estableció la impertinencia para el  presente caso de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 12  del Reglamento de Comprobantes de Pago, conforme al cual,  frente a fallas técnicas, errores de emisión u otros queinutilicen a los documentos previamente a ser entregados, los  obligados a emitirlos debían anularlos y conservarlos; ello,  tras advertir la Sala Suprema que en el caso de autos no se  está ante errores materiales consignados en el comprobante  de pago y, además Cervesur sí entregó las facturas emitidas,  por lo que se generó el derecho al crédito fiscal para las  subsidiarias. Agrega que contradiciendo lo establecido por el  superior jerárquico, la Sala Superior insiste en que nos  encontramos ante el tipo de errores que hace referencia el  artículo 12, aunque en esta oportunidad utiliza dicha  afirmación para interpretar los alcances del artículo 10 del  Reglamento de Comprobantes de Pago y concluye que este  solo puede regular la existencia de situaciones relacionadas a  las operaciones en sí mismas. Añade que en esta oportunidad  se debe declarar la indebida aplicación del prenotado artículo  12 para interpretar los alcances del también mencionado  artículo 10, toda vez que no estamos ante errores materiales  consignados en las facturas emitidas por Cervesur con motivo  de su emisión, sino ante la anulación de facturas expedidas  incorrectamente antes de la ejecución del servicio. b) Alega  que, no existe ninguna norma que haya establecido, para un  supuesto como el acontecido (emisión de facturas de forma  anticipada a la generación del impuesto general a las ventas),  la prohibición o imposibilidad de poder expedir una nota de  crédito; en ese sentido, una interpretación distinta solo podría  llevar a una consecuencia prohibida, la cual es la confiscación.  Finalmente, menciona que la anulación de las facturas  emitidas y entregadas a las empresas subsidiarias, antes de  la ejecución del servicio prometido o del pago de la retribución  acordada, sí conllevó al ajuste del impuesto bruto, pues en  virtud a las notas de crédito emitidas por Cervesur, esta redujo  su débito fiscal y las empresas subsidiarias redujeron su  crédito fiscal. 54. En el caso, el recurrente señala la aplicación  indebida del artículo 12 del Reglamento de Comprobantes de  Pago por parte de la Sala Superior; en ese sentido, y sobre el  particular refiere la Sala Superior en el Considerando 6.2. lo  siguiente: 6.2 Respecto a la emisión de notas de crédito  […] Dado que el propio Reglamento de Comprobantes de  Pago, en su numeral 5 del artículo 12 preceptúa que los  obligados a emitir documentos así como las empresas que  realicen trabajos de impresión y/o importación de los mismos  denominadas imprentas para efecto de lo dispuesto en el  referido artículo, deberán cumplir con las siguientes  disposiciones :” Deberán anular y conservar el o los  documentos que por faltas técnicas, errores en la emisión u  otros motivos, hubieren sido inutilizados previamente a ser  entregados, a ser emitidos o durante su emisión, no debiendo  ser declarados. Los documentos anulados deberán ser  conservados con sus respectivas copias”, esto es, que para  los casos de fallas técnicas y errores en la emisión u otros  motivos de los comprobantes de pago, corresponderá su  anulación y conservación del o los documentos, cuando  hubiesen sido inutilizados previamente a ser entregados,  emitidos o durante su emisión, no debiendo ser declarados; y  si bien el citado numeral no se refiere a los supuestos en  que los documentos o comprobantes de pago han sido ya  entregados, como en el presente caso, ello en modo  alguno facultaba a la ahora demandante a que en la  eventualidad de errores administrativos en la emisión de  facturas, expida notas de crédito para contrarrestar la  eficacia de ellas […] 55. Siendo así, esta Sala Suprema no  aprecia con claridad lo señalado por la Sala Superior vinculado  a la incidencia de lo contenido en el numeral 5 del artículo 12  del Reglamento de Comprobantes de Pago frente a los  alcances del artículo 10 del Reglamento de Comprobantes de  Pago o en todo caso, a las deducciones del impuesto bruto  contenido en el inciso b del artículo 26 de la Ley del Impuesto  General a las Ventas. 56. Por estas consideraciones, la causal  debe ser declarada fundada. Cuarta infracción normativa 57.  Infracción normativa por vulneración del Principio de no  Confiscatoriedad 58. Los argumentos del recurrente son los  siguientes: a) Sostiene que, en su demanda demostró el  doble pago de un mismo tributo que implicaría exigir que  Cervesur tribute dos veces sobre un solo servicio, tanto en el  período dos mil tres como en los períodos siguientes (dos mil  cuatro y dos mil cinco) en que se ejecutaron los servicios  gravados con el impuesto general de las ventas; no obstante,  al amparo de un análisis jurídico incorrecto, la Sala Superior  concluyó que en atención a que no correspondía la emisión  de notas de crédito y que la obligación se generó en mayo y  junio de dos mil tres, no existiría doble tributación ni  confiscatoriedad; ello, sin hacer referencia a los pagos  efectuados en los años dos mil cuatro y dos mil cinco por el  mismo servicio y cuando así correspondía por haberse  producido recién el hecho imponible. Agrega que el hecho de  que la administración tributaria haya concluido que no  correspondía la emisión de notas de crédito, no obsta la  existencia de una doble tributación y, por ende, de unavulneración al principio de no confiscatoriedad. b) Añade, que  al desconocerse la anulación de las facturas anticipadas por  parte de Cervesur a sus subsidiarias, efectuada a través de  las notas de crédito emitidas en el dos mil tres, en la práctica  se produce un efecto económico de doble tributación o doble  pago del impuesto general a las ventas por una misma  operación, lo que resulta inadmisible; y es que no constituye  un hecho controvertido que en los años dos mil cuatro y dos  mil cinco la demandante pagó nuevamente el impuesto  general a las ventas por cada una de las facturas emitidas a  sus subsidiarias. 59. Sobre el principio de no confiscatoriedad  señala el Tribunal Constitucional 56. El principio de no  confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad  tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no pueda  afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera  patrimonial de las personas. Debe tomarse en cuenta,  además, que la confiscatoriedad puede evaluarse no sólo  desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo,  cuando se produzca una sustracción ilegitima de la propiedad  por vulneración de otros principios tributarios, sin que en  estos casos interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser  incluso perfectamente soportable por el contribuyente.  (Hemández Berenguel, Luis. El Poder Tributario y la nueva  Constitución. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho  Tributario. N.O 24. Junio. 1993). 57. Al respecto, el Tribunal  Constitucional sostuvo en el Exp. N.O 2727-2002-AAlTC, que  el principio de confiscatoriedad tiene la estructura propia de lo  que se denomina un ‘concepto jurídico indeterminado’. Es  decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede  ser precisado en términos generales y abstractos, sino que  debe ser analizado y observado en cada caso, teniendo en  consideración la clase de tributo y las circunstancias concretas  de quienes estén obligados a sufragarlo. No obstante,  teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro  Estado democrático de derecho, es posible afirmar, con  carácter general, que se transgrede el principio de no  confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo  excede el límite que razonablemente puede admitirse como  justificado en un régimen en el que se ha garantizado  constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad. 60.  Aun cuando el principio de no confiscatoriedad, constituye un  concepto jurídico indeterminado, siguiendo la línea del  Tribunal Constitucional debemos asumir que un tributo resulta  confiscatorio, cuando su monto excede de aquello cuya  justificación deja de ser razonable, generando una situación  intolerable. 61. No obstante, en el caso en la hipótesis descrita  por el recurrente, estamos ante un supuesto de doble  tributación y no precisamente ante una vulneración del  principio de no confiscatoriedad, en cuanto no existe un  tributo establecido en la ley cuyo monto sea injustificado e  intolerable para el contribuyente; sino, en el caso ocurre un  supuesto distinto vinculado a la posibilidad de una doble  tributación. 62. Por estas razones, corresponde declarar  infundada la causal denunciada. Infracciones normativas  alegadas por el Tribunal Fiscal Primera infracción  normativa 63. Infracción normativa por inaplicación del  artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 64.  La disposición normativa cuya infracción se alega, señala lo  siguiente: Código Tributario Artículo 33.- INTERESES  MORATORIOS El monto del tributo no pagado dentro de los  plazos indicados en el Artículo 29 devengará un interés  equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no  podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la tasa  activa del mercado promedio mensual en moneda nacional  (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y  Seguros el último día hábil del mes anterior. La SUNAT fijará  la TIM respecto a los tributos que administra o cuya  recaudación estuviera a su cargo. En los casos de los tributos  administrados por los Gobiernos Locales, la TIM será fijada  por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a  la que establezca la SUNAT. Tratándose de los tributos  administrados por otros Órganos, la TIM será la que  establezca la SUNAT, salvo que se fije una diferente mediante  Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. Los intereses  moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a  la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive,  multiplicando el monto del tributo impago por la TIM diaria  vigente. La TIM diaria vigente resulta de dividir la TIM vigente  entre treinta (30). La aplicación de los intereses moratorios se  suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos  establecidos en los Artículos 142, 150, 152 y 156 hasta la  emisión de la resolución que culmine el procedimiento de  reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación  ante el Tribunal Fiscal o la emisión de resolución de  cumplimiento por la Administración Tributaria, siempre y  cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la  reclamación o apelación o emitido la resolución de  cumplimiento fuera por causa imputable a dichos órganosresolutores. Durante el periodo de suspensión la deuda será  actualizada en función del Índice de Precios al Consumidor.  Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al  deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de  los intereses moratorios. La suspensión de intereses no es  aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso- administrativa. 65. Los argumentos del recurrente son los  siguientes: a) Sostiene que, del artículo 28 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario se colige que el interés  moratorio tributario es uno de los componentes de la deuda  tributaria; a tal efecto, del artículo 33 del mismo cuerpo  normativo, modificado por el artículo 6 del Decreto Legislativo  Nº 981 y aplicable al caso concreto, se advierte que la  naturaleza de dicho interés es indemnizatoria, pues si el  contribuyente declara una deuda tributaria menor a la que le  corresponde, tiene que asumir tanto la deuda no cancelada  oportunamente como los intereses y multas pertinentes,  encontrándose exento del pago de intereses, únicamente, en  la etapa de reclamación, no en la etapa de apelación, ya que  la norma en forma expresa lo prohíbe b) Agrega que, existe  un marco legal que obliga al contribuyente a cumplir con una  determinada obligación hasta una determinada fecha, sin  embargo, si dicho contribuyente en lugar de cumplir con esa  exigencia legal o por lo menos solicitar la postergación,  fraccionamiento o aplazamiento, no cumple con dicho deber,  la administración tributaria tiene el deber de exigirle que  cumpla con esa obligación (el pago de dichos intereses). En  consecuencia, no se trata de una situación irrazonable por  dilación indebida, pues si el contribuyente tuviera la razón en  cuanto a la pretensión materia de apelación o demanda ante  el Poder Judicial, no se le exigiría el cumplimiento de la deuda  principal y, consecuentemente, no se configuraría la  generación de los intereses en discordia. Manifiesta que la  Sala Superior hace mal en inaplicar el artículo 33 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, pues el hecho de que  el Tribunal Fiscal se haya tomado cincuenta y ocho meses y  veintinueve  días  en  pronunciarse,  no  lo  convierte  automáticamente  en  un  plazo  desproporcionado  ni  irrazonable, mucho menos, en inconstitucional. c) Refiere  que, no puede considerarse que la aplicación de intereses  moratorios constituya la afectación de derecho constitucional  alguno, pues si el contribuyente desea evitar el pago de  intereses, debe adecuar su conducta a lo que el ordenamiento  jurídico exige, esto es, cumplir oportuna y debidamente con  sus obligaciones tributarias. De otro modo, bastaría que los  administrados impugnen sus deudas tributarias para diferir su  pago a sabiendas que por la complejidad y la elevada carga  procesal de las instancias resolutivas, la obtención de un  pronunciamiento tomará un plazo mayor al establecido en las  normas de la materia, lo que se convertiría en un incentivo  perverso para los contribuyentes, ya que utilizarían este  mecanismo como una forma de financiamiento a largo plazo,  con períodos en los cuales no se computarían intereses  moratorios. Finalmente indica que debe tenerse en cuenta el  principio del derecho internacional denominado «restitutio ad  integrum»18, es decir, que el Estado sea resarcido plenamente  por la omisión del contribuyente en el pago correcto del tributo  que le correspondía efectuar. 66. En relación a esta infracción  normativa, esta Sala Suprema, trae a colación lo ya  desarrollado en los considerandos precedentes de la presente  resolución en el extremo referido a los intereses moratorios.  Aunado a lo anterior y respecto a la demora para resolver de  cincuenta y ocho meses y veintinueve días por parte del  Tribunal Fiscal, la Sala Superior advierte en el considerando  séptimo de la sentencia de vista y en base a diversos  pronunciamientos del Tribunal Constitucional (además de la  Sentencia recaída en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC) y  los principios constitucionales que constituyen límites y  garantías frente al ejercicio de la potestad tributaria, lo  siguiente: CONSIDERANDO SÉPTIMO […] Dicho cobro de  intereses moratorios debe ser realizado en completa  observancia de los principios constitucionales que emanan  del artículo 74 de la Constitución y que son límites materiales  del poder tributario sobre los cuales se estructura el sistema  tributario. Dentro de tales principios constitucionales, destaca  con especial relevancia el de no confiscatoriedad, el cual,  según el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 42  de  la  STC  N’s  001-2004-Al/TC  y  002-2004-Al/TC  (Acumulados), informa y limita el ejercicio de la potestad  tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no afecte  irrazonable y desproporcionalmente la esfera patrimonial de  las personas. 67. En el caso, no se aprecia que la sentencia  de vista inaplique lo contenido en el artículo 33 del Código  Tributario en el extremo referido a la inaplicación de los  intereses moratorios por la excesiva demora en la tramitación  y resolución de sus recursos impugnativos por causa atribuible  por la administración; en tanto, el plazo no resulta razonable  ni proporcional. Siendo así, la presente causal resultainfundada. Segunda infracción normativa 68. Infracción  normativa por inaplicación del inciso 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado 69. La disposición normativa  cuya infracción se alega, señala lo siguiente: Constitución  Política del Perú Artículo 139.- PRINCIPIOS DE LA  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  70. Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a)  Alega que, el colegiado de mérito no ha detallado ni explicado  qué actuaciones tendrían la condición de indebidas o  inconstitucionales. Asimismo, tampoco revela cuáles serían  aquellas tramitaciones, actos o diligencias que habrían  ocasionado la vulneración de algún derecho, tampoco señala  cómo es que se habría vulnerado el principio de no  confiscatoriedad; motivo por el cual, lo resuelto en la sentencia  de vista deviene en «indeterminado», situación que no se  subsana con la cita a la jurisprudencia referida a un caso  diferente, como es la sentencia dictada en el Expediente Nº  4082-2012. b) Señala que, la Sala Superior no consideró la  complejidad del asunto controvertido en el caso de autos, lo  que conllevó al Tribunal Fiscal a realizar un análisis razonado  de la normativa aplicable y de los hechos acaecidos a fin de  garantizar una debida motivación. Alega que la sentencia  dictada en el Expediente Nº 4082-2012 no resulta aplicable  porque no estamos ante una persona natural sin negocio,  sino ante una persona jurídica con capacidad empresarial,  sujeta al cumplimiento de deberes tributarios. c) Por otro lado,  manifiesta, que el Tribunal Constitucional ha señalado en el  Expediente Nº 3373-2012-PA/TC, que las pretensiones sobre  inaplicación de intereses devienen en infundadas, pues los  intereses  moratorios  son  siempre  y  sin  excepción  consecuencia directa de un hecho propio del contribuyente  (incumplimiento de sus obligaciones tributarias), por lo que no  se puede evadir dicha consecuencia por medio de un proceso  de amparo, ya que ello implicaría un trato desigual respecto  de los contribuyentes que sí cumplieron con sus obligaciones  tributarias oportunamente; sin embargo, la sentencia de este  expediente no tiene carácter vinculante. 71. Sobre la infracción  denunciada, esta Sala Suprema debe señalar que sobre el  deber de motivación, según la Corte Interamericana de  Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte  Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, se  ha pronunciado en el siguiente sentido: 77. La Corte ha  señalado que la motivación “es la exteriorización de la  justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El  deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada  con la correcta administración de justicia, que protege el  derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones  que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las  decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.  En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá.  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.152.  72. El Tribunal Constitucional en el fundamento 6 del  Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, respecto a la debida  motivación, ha señalado lo siguiente: […] Ya en sentencia  anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/ TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho  a la debida motivación de las resoluciones importa que los  jueces, al resolver las causas, expresen las razones o  justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso. 73. No obstante, en un escenario de  concretización de este derecho fundamental, debemos  señalar que el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº  1480-2006-AA/TC, señala que el análisis de si en una  determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho  a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe  realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la  resolución cuestionada. De esta manera, al Juez Supremo no  le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la  resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un  juicio racional y objetivo donde el Juez Superior ha puesto en  evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de  un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la  interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o  inconsistencias en la valoración de los hechos. 74. En el caso,  así como se ha desarrollado en la primera infracción normativa  y en los considerandos correspondientes a los intereses  moratorios, incluidos en el análisis preliminar de la presente  resolución. Esta Sala Suprema aprecia que la sentencia de  vista además de precisar diversos pronunciamientos del  Tribunal Constitucional, ha referido oportunamente el criteriorespecto al plazo razonable y sentado por el Tribunal  Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº  04082-2012-PA/TC.  Así,  precisó  lo  siguiente:  CONSIDERANDO SÉPTIMO: […] El Tribunal Constitucional  en la sentencia del 10 de mayo del 2016, recaída en el  Expediente N° 04082-2012-PA/TC, respecto al derecho a  impugnar las decisiones administrativas y los recursos  impugnativos ha dejado establecido lo siguiente: “[…] No  puede presumirse la mala fe del contribuyente y reprimirse  con una sanción el ejercicio legítimo de los derechos  constitucionales, máxime cuando el trámite del procedimiento  se extendió por un largo período de tiempo por razones  ajenas al administrado […] […] el cómputo de intereses  moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso  tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa  […]”. En virtud a ello, el Tribunal Constitucional ha dejado  sentado que no procede el cobro de intereses moratorios  durante el período que excede los plazos legales para resolver  los recursos impugnativos por cuanto ello atenta contra el  derecho de recurrir en sede administrativa. 75. En este  contexto debemos señalar que los argumentos del recurrente  están vinculados en esencia al plazo razonable y el cobro de  los intereses moratorios, es así que aunado a lo señalado  anteriormente, esta Sala Suprema debe precisar lo siguiente:  a) El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 4082-2012-PA/TC (caso Emilia Medina de  Baca) señala que el cómputo de intereses moratorios durante  el trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el  derecho a recurrir en sede administrativa y el principio de  razonabilidad. b) Este criterio ha sido ratificado por el Tribunal  constitucional en la Sentencia Nº 4532-2012-PA/TC (caso  Icatom), en el que se establecen un conjunto de criterios para  establecer la vulneración del plazo razonable19. 76. En el  caso, no es posible advertir que la Sala Superior haya  incurrido en la vulneración del derecho a la debida motivación,  en tanto su decisión ha sido debidamente fundamentada. En  tal sentido, se debe declarar infundada la causal denunciada.  Infracciones normativas denunciadas por la SUNAT Primera  infracción normativa 77. Infracción normativa por inaplicación  del artículo 33 del Código Tributario y sus modificaciones. 78.  La disposición normativa cuya infracción se alega señala lo  siguiente: Código Tributario Artículo 33.- INTERESES  MORATORIOS El monto del tributo no pagado dentro de los  plazos indicados en el Artículo 29 devengará un interés  equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no  podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la tasa  activa del mercado promedio mensual en moneda nacional  (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y  Seguros el último día hábil del mes anterior. La SUNAT fijará  la TIM respecto a los tributos que administra o cuya  recaudación estuviera a su cargo. En los casos de los tributos  administrados por los Gobiernos Locales, la TIM será fijada  por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a  la que establezca la SUNAT. Tratándose de los tributos  administrados por otros Órganos, la TIM será la que  establezca la SUNAT, salvo que se fije una diferente mediante  Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. Los intereses  moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a  la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive,  multiplicando el monto del tributo impago por la TIM diaria  vigente. La TIM diaria vigente resulta de dividir la TIM vigente  entre treinta (30). La aplicación de los intereses moratorios se  suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos  establecidos en los Artículos 142, 150, 152 y 156 hasta la  emisión de la resolución que culmine el procedimiento de  reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación  ante el Tribunal Fiscal o la emisión de resolución de  cumplimiento por la Administración Tributaria, siempre y  cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la  reclamación o apelación o emitido la resolución de  cumplimiento fuera por causa imputable a dichos órganos  resolutores. Durante el periodo de suspensión la deuda será  actualizada en función del Índice de Precios al Consumidor.  Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al  deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de  los intereses moratorios. La suspensión de intereses no es  aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso- administrativa. 79. Los argumentos del recurrente en torno a  esta infracción son los siguientes: a) Señala que, la Sala  Superior inaplicó el artículo 33 del Código Tributario (en su  texto modificado por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº  981, aplicable al presente caso por razones de temporalidad),  en el extremo que establece que durante la tramitación del  recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal no se suspende la  aplicación de intereses moratorios a la deuda tributaria.  Agrega que la segunda instancia aplicó indebidamente, y sin  ofrecer ninguna motivación, la sentencia del Tribunal  Constitucional emitida en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC, a pesar de que tiene carácter excepcional, pues es  aplicable solo al caso concreto en el que fue emitida. Añade  que la sentencia de vista contravino la jurisprudencia de dicho  Tribunal (Expedientes NOS. 03184-2012-PA/TC y 03373-2012- PA/TC, entre otros) que confirmó la constitucionalidad de la  norma legal que el colegiado de mérito inaplicó. b) Sostiene  que, de acuerdo con la norma X del título preliminar del  Código Tributario, las leyes tributarias rigen desde el día  siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo  disposición contraria de la misma ley que postergue su  vigencia en todo o parte; bajo esa lógica, si la aplicación de  intereses moratorios se realiza solo por ley, entonces estos se  deben aplicar en los propios términos establecidos por el  legislador en una interpretación correcta y literal de su  contenido, tal como lo ha establecido la Casación Nº 4293- 2013. c) Así también, refiere que independientemente del  plazo que el Tribunal Fiscal demoró en resolver la apelación,  existía norma expresa (artículo 33 del Código Tributario) que  señalaba que correspondía la aplicación de intereses  moratorios durante el plazo que dure la apelación interpuesta.  d) Por último, indica que desde el año dos mil siete al dos mil  trece no existía disposición alguna que establezca que  durante el trámite de la apelación, sea resuelto en el plazo de  doce meses o no por el Tribunal Fiscal, por lo que corresponde  la inaplicación o suspensión del cobro de los intereses  moratorios. Resulta contrario a ley que se disponga ello en  base a un criterio fijado en una sentencia de amparo que solo  es aplicable al caso dentro del cual fue emitida y no para otro  supuesto. 80. Antes de ingresar en el análisis de esta causal,  esta Sala Suprema debe establecer que la idea de aplicación  de una disposición normativa implica no solo la interpretación  de una disposición normativa; sino también la comprobación  de los hechos de la causa (que en nuestro sistema son  aquellos determinados por las instancias de mérito), la  calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y  la decisión de la controversia. Así refiere Guastini20 Aplicación  e interpretación son cosas evidentemente diferentes. Mientras  que el verbo «interpretar» concuerda con cualquier sujeto (ya  que cualquiera puede desempeñar la actividad interpretativa),  el verbo «aplicar» concuerda solo con aquellos sujetos que  designan -precisamente- órganos llamados de aplicación:  principalmente  jueces  y  funcionarios  administrativos  (principalmente, pero no exclusivamente: muchas normas  constitucionales, para poner el ejemplo más obvio, son  aplicadas por los supremos órganos constitucionales y  algunas solo por ellos). Se puede decir de un jurista, o de un  ciudadano cualquiera, que «interpreta» el derecho; pero no  sería apropiado decir que un jurista, o un ciudadano, «aplica»  el derecho. Ver G. Tarello, «Ürientamenti analitico-linguistici e  teoría dell’interpretazione giuridica», en U. Scarpelli (ed.),  Diritto e analisi dellinguaggio, Milano, 1976. Por otra parte, el  término «aplicación», especialmente si se refiere a órganos  jurisdiccionales, designa comúnmente un conjunto de  operaciones que no se extinguen con la interpretación, ya que  incluyen junto con la interpretación propiamente dicha (y la  construcción jurídica, claro): la comprobación de los hechos  de la causa, la calificación del supuesto de hecho concreto del  que se trate y la decisión de la controversia. 81. De esta  manera, la denuncia de una causal por inaplicación de una  norma, debe implicar, por lo menos los siguientes argumentos:  a) La interpretación de la disposición normativa cuya  aplicación se pretende21 b) La descripción de los hechos  determinados por las instancias de mérito, los mismos que no  pueden ser objeto de revaloración en sede casatoria. c) La  calificación de los hechos de la causa y la subsunción dentro  del supuesto de hecho de la norma. 82. En el caso, así como  lo desarrollado en el análisis preliminar en el extremo referido  a los intereses moratorios, la Sala Superior ha realizado su  análisis  en  completa  observancia  de  los  principios  constitucionales regulados en el artículo 74 de la Constitución  Política del Perú, a través del cual destaca el principio de no  confiscatoriedad, que garantiza que la ley tributaria no afecte  de forma irrazonable y desproporcionada la esfera patrimonial  de las personas. En ese sentido, ha fundamentado su análisis  en base a diversa jurisprudencia emitida por el Tribunal  Constitucional y ha considerado el conjunto de disposiciones  convencionales aplicables al caso. 83. En este sentido, a  manera de argumento obiter dicta, debemos señalar lo  siguiente: CONSIDERANDO SÉPTIMO […] De acuerdo al  artículo 150 del TUO del Código Tributario, vigente al  momento de interposición del recurso de apelación  administrativa, el Tribunal Fiscal tenía 12 meses de plazo para  resolver las apelaciones que lleguen a su conocimiento; no  obstante ello, no se aprecia de los actuados que dicho tribunal  administrativo haya resuelto la apelación administrativa en el  plazo prescrito en la ley. En efecto, en el caso de autos, la  fecha de interposición de la apelación fue el 09 de noviembre  del 2007, y el ingreso de los actuados al Tribunal Fiscal fue el28 de noviembre del 2008, sin embargo, la RTF N° 17635-3- 2013, ahora impugnada, se emitió el 26 de noviembre del  2013 y se notificó a la empresa recurrente el 30 de diciembre  del referido año, transcurriendo 58 meses y 29 días , sin  resolverse la apelación administrativa; esto es, vencido todo  plazo razonable; no evidenciándose de los actuados  administrativos que la demora haya obedecido a alguna  causa imputable a la empresa demandante. El retraso en  resolver el recurso de apelación administrativa del 09 de  noviembre del 2007 por parte del Tribunal Fiscal, ha  ocasionado que por causas imputables a esta entidad, se  hayan generado intereses moratorios por el periodo  computado fuera del plazo legal que se tenía para resolver la  apelación administrativa. De permitirse la cobranza de  intereses moratorios por períodos al margen de los plazos  establecidos en la ley, restringiría el derecho de los  contribuyentes a impugnar las resoluciones administrativas  que consideren lesivas a sus intereses, avalándose con ello la  conducta del Tribunal Fiscal de resolver sin respetar los  plazos legales, lo que resulta inaceptable. 84. En tal sentido,  al no ser posible determinar que la Sala Superior ha inaplicado  el artículo 33 del Código Tributario como denuncia el  recurrente, corresponde declarar infundada la causal  denunciada. Segunda infracción normativa 85. Infracción  normativa por vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú por aplicación indebida y sin  motivación de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida  en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC, así como la  contravención de la jurisprudencia del indicado Tribunal que  confirmó la constitucionalidad de la norma legal que la Sala  Superior inaplicó (representada por la sentencia emitida en  los Expedientes números 03184-2012-PA/TC y 03373-2012- PA/TC, entre otras). 86. La disposición normativa cuya  infracción se alega señala lo siguiente: Constitución Política  del Perú de 1993 Artículo 139.- PRINCIPIOS DE LA  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  87. Los argumentos del recurrente en torno a esta infracción  normativa son los siguientes: a) Argumenta que, la Sala  Superior inaplicó el artículo 33 del Código Tributario e invocó  como único sustento normativo, la sentencia dictada en el  Expediente Nº 04082-2012-PA/TC, la cual fue emitida en un  proceso de amparo iniciado por una persona natural (a  diferencia del presente proceso que ha sido iniciado por la  empresa Corporación Cervesur S.A.A.). Debido a que a  través de ella, se eximió a la demandante de ese proceso del  pago de los intereses moratorios de su deuda tributaria, los  que corresponden al mayor tiempo que el Tribunal Fiscal  empleó para resolver el procedimiento contencioso tributario.  Agrega que desde la sentencia del Expediente Nº 1255-2033- AA/TC, el Tribunal Constitucional precisó que la decisión de  no amparar el pago de intereses moratorios se debía aplicar,  únicamente, al caso concreto en el que fue emitido dicho fallo,  ello debido a la naturaleza sui géneris del caso. b) Añade que  tiempo después, y en otros procesos de amparo, el mismo  Tribunal Constitucional reiteró que la exención de intereses  moratorios por deuda tributaria impaga resulta aplicable  exclusivamente a aquellos procesos donde esas sentencias  fueron emitidas; encontrándose vedado que puedan ser  aplicadas o extendidas a procesos distintos, como es el caso  de los presentes autos. c) Refiere, que la sentencia del  Expediente Nº 03184-0012-PA/TC dispone, además, que  resulta  jurídicamente  imposible  pretender  aplicar  la  exoneración de intereses moratorios a otros casos donde no  se discute la constitucionalidad del tributo que generó esos  intereses; en ese orden de ideas, dado que en la causa que  nos ocupa no se debate dicho asunto, por lo que de ninguna  manera podría aplicarse la exención del pago de los acotados  intereses. d) Alega que, la Sala Superior inaplicó el prenotado  artículo 33 del Código Tributario, en cuanto mantiene la  aplicación de los intereses moratorios durante la tramitación  de la apelación ante el Tribunal Fiscal, también vulneró la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional que confirmó la  constitucionalidad de dicha norma. Argumenta que cuando el  Tribunal Constitucional resuelve un asunto en determinado  sentido, por ejemplo, cuando confirma la constitucionalidad  de una ley, los jueces no pueden dejar de aplicar esa decisión  ni apartarse de la interpretación realizada. e) Manifiesta, que  la sentencia de vista incurre en arbitrariedad, por cuanto  considera el derecho al plazo razonable como un aspecto de  fondo del proceso, esto es, vinculado a la obligación tributaria;  sin embargo, no se analiza el contenido esencial de dicho  derecho según lo dispuesto en la sentencia dictada en el  Expediente Nº 295-2012-PHC/TC, la cual determina su  carácter estrictamente procedimental, lo que impide que sepueda extrapolar los efectos de la tutela del indicado derecho  a cuestiones de fondo, como lo es la determinación de los  intereses moratorios. Señala, que el derecho al debido  proceso, reconocido como derecho fundamental en el inciso 3  del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, no solo  es de titularidad de las personas privadas, sino también de los  organismos públicos, como es el caso de la SUNAT. 88. Sobre  el derecho a la debida motivación, resulta importante traer a  colación nuevamente que el Tribunal Constitucional en el  fundamento 6 del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  respecto a la debida motivación, ha señalado lo siguiente: […]  Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº  1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar  que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones  importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las  razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso. 89. Esta Sala Suprema en los puntos  desarrollados en los párrafos precedentes, ha señalado las  consideraciones que corresponden a los intereses moratorios  por el exceso del plazo legal, así como la doctrina  jurisprudencial  y  la  interpretación  constitucional  vinculante. Es así que, a partir de ello, resulta relevante  señalar que se debe considerar en primer plano que ambos  generan un efecto vinculante y de obligatorio cumplimiento,  sujetos al respeto de los principios y derechos fundamentales.  90. Asimismo, asumiendo que la jurisprudencia del caso  Medina de Baca sentencia dictada en el Expediente Nº  04082-2012-PA/TC (respecto al derecho a impugnar las  decisiones administrativas y los recursos impugnativos), ya  ha sido aplicada en el caso señalado por el Tribunal  Constitucional y en casos posteriores, se vulneraría el  principio de igualdad, sobre el cual el Tribunal Constitucional  (Pleno Jurisdiccional Nº 0048-2004-PI/TC), ha señalado lo  siguiente: 59. La igualdad como derecho fundamental está  consagrada por el artículo 2° de la Constitución de 1993, de  acuerdo al cual: « […] toda persona tiene derecho […] a la  igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo  de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición  económica o de cualquiera otra índole». Contrariamente a lo  que pudiera desprenderse de una interpretación literal,  estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en  la facultad de las personas para exigir un trato igual a los  demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se  encuentran en una idéntica situación. 60. Constitucionalmente,  el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley  e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la  norma debe ser aplicable por igual a todos los que se  encuentren en la situación descrita en el supuesto de la  norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano  no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus  decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el  órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus  precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación  suficiente y razonable. 61. Sin embargo, la igualdad, además  de ser un derecho fundamental, es también un principio rector  de la organización del Estado Social y Democrático de  Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal,  comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente  una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de  diferencia de trato en el ejercicio de los derechos  fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando  el trato desigual carezca de una justificación objetiva y  razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no  excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho  principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre  que se realice sobre bases objetivas y razonables. 91. En ese  sentido, no se advierte que la Sala Superior haya vulnerado lo  contenido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, dado que la sentencia de vista se encuentra  debidamente fundamentada en el extremo correspondiente a  la inaplicación de intereses moratorios por el exceso de plazo  para resolver. Por estas consideraciones, la causal debe ser  declarada infundada. DECISIÓN Por tales consideraciones y  de conformidad con lo regulado en los artículos 396 y 397 del  Código Procesal Civil, DECLARARON: INFUNDADOS los  recursos de casación interpuestos por el Procurador Público  Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  mediante escrito del veintidós de febrero de dos mil diecinueve  (folios 648-659); y, el recurso de casación interpuesto por la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria – SUNAT, mediante escrito del doce de febrero de  dos mil diecinueve (folios 595-617). FUNDADO el recurso de  casación interpuesto Corporación Cervesur S.A.A. mediante  escrito del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (folios623-646). En consecuencia, CASARON la sentencia de vista  contenida en la resolución número treinta y tres, del treinta de  enero de dos mil diecinueve (folios 570-588), emitida por la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima. Y actuando en sede de instancia  REVOCARON la sentencia apelada y reformándola declararon  FUNDADA la demanda, en consecuencia: - NULA parcialmente  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17635-3-2013 en el  extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº  0550140000897/SUNAT en lo referente al reparo al impuesto  general a las ventas – Cuenta Propia por la Emisión de Notas  de Crédito sin sustento. - NULA parcialmente la Resolución de  Intendencia Nº 0550140000897/SUNAT, en el extremo que  confirma las Resoluciones de Determinación Nos. 052-003- 0002123 y 052-003-0002124 y de las Resoluciones de Multa  Nos. 052-002-0001914 y 052-002-0001915 emitidas por el  reparo al impuesto general a las ventas - Cuenta Propia de los  períodos noviembre y diciembre de dos mil tres vinculado a la  emisión de notas de crédito sin sustento. - NULAS las  Resoluciones de Determinación Nos. 052-003-0002123 y 052- 003-0002124 y de las Resoluciones de Multa Nos. 052-002- 0001914 y 052-002-0001915 emitidas por el reparo al impuesto  general a las ventas - Cuenta Propia de los períodos noviembre  y diciembre de dos mil tres vinculado a la emisión de notas de  crédito sin sustento. - DISPUSIERON que la SUNAT cumpla  con devolver a la demandante Corporación Cervesur S.A.A.,  los montos pagados a la administración tributaria como  consecuencia de la ejecución coactiva de dichas resoluciones,  más los intereses legales devengados hasta la fecha de su  devolución efectiva. - DISPUSIERON, dejar sin efecto los  extremos de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17635-3- 2013, de la Resolución de Intendencia Nº 0550140000897/ SUNAT y de las Resoluciones de Multa Nos. 052-002-0001914  y 052-002-0001915, en los que se exige a Corporación  Cervesur S.A.A. el pago de intereses moratorios sobre las  multas (sanciones) impuestas a la compañía en la medida en  que tales intereses moratorios se han generado por la excesiva  demora en la tramitación del procedimiento contencioso  tributario durante un plazo irrazonable. - ORDENARON a la  SUNAT devolver a Corporación Cervesur S.A.A. los montos por  concepto de intereses moratorios devengados a consecuencia  de la excesiva demora en la tramitación y resolución del  procedimiento contencioso tributario seguido por la demandante  para impugnar las Resoluciones de Determinación Nos. 052- 003-0002123 y 052-003-0002124 y de las Resoluciones de  Multa Nos. 052-002-0001914 y 052-002-0001915. Por último,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por la  Corporación Cervesur S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria - SUNAT, sobre acción contencioso administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo Bustamante  del Castillo SS. SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Refiere Taruffo al respecto:  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones).  Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justicia material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva.  TARUFFO, Michele (2005). El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil.  Lima, Palestra Editores; p. 129. 2  ATALIBA, Gerardo (1987). Hipótesis de incidencia tributaria. Lima, Instituto  Peruano de Derecho Tributario; p, 86. 3  RUIZ DE CASTILLA, Francisco (2021). Derecho Tributario Peruano Impuesto al  Valor Agregado. Lima, Palestra Editores Volumen III; p. 86. 4  Barros Carvalho, refiere que el aspecto temporal fija el momento en que nace  aquel vínculo jurídico regulador de comportamientos humanos. Su exacto  conocimiento implica determinar, con precisión, en qué momento surge el derecho  subjetivo público del Estado para exigir a alguien prestaciones pecuniarias.  BARROS CARVALHO, Paulo (2009). Teoría de la Norma Tributaria. Sao Paulo, Ara  Editories; p. 106. 5  REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO  Artículo 1.- DEFINICIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOEl comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de  bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. En los casos en que las  normas sobre la materia exijan la autorización de impresión y/o importación  a que se refiere el numeral 1 del artículo 12° del presente reglamento, sólo se  considerará que existe comprobante de pago si su impresión y/o importación ha  sido autorizada por la SUNAT conforme al procedimiento señalado en el citado  numeral. La inobservancia de dicho procedimiento acarreará la configuración de  las infracciones previstas en los numerales 1, 4, 8 y 15 del artículo 174° del Código  Tributario, según corresponda. 6  VILLANUEVA, Walker (2012). Manual IGV. Lima, Instituto Pacífico, p. 439. 7  Ibidem, p. 448 8  Conforme se encuentra señalado en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional, en donde establece que dicho Tribunal es el órgano supremo de  interpretación y control de constitucionalidad, y en consecuencia la jurisprudencia  que se emita con motivo del ejercicio de su labor tiene relevancia. 9  Refiere también Taruffo que, “no es por nada que en los discursos que se hacen,  […] jamás se habla de igualdad: El valor de la igualdad frente al Derecho se ha  perdido. Se habla de la previsibilidad, de la uniformidad, pero como herramientas  para realizar una reducción de la sobrecarga de trabajo del sistema judicial”  TARUFFO, Michelle (2012). “El precedente judicial en los sistemas del Civil Law”.  En ius et Veritas; pp. 90 - 91. 10  Código Procesal Constitucional  Artículo VI. Precedente vinculante  Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa  juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,  precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica  en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva  apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de  derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del  precedente.  Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se  requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de  cinco magistrados.  En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de  la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes  con el voto conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que lo establece  formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su  efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de  derecho en que se sustenta. 11  DELGADO ÁVILA, Daniel (2011). El derecho fundamental al juez independiente en  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de  Investigaciones Jurídicas de UNAM; p. 307.  https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25810.pdf 12  El autor designa a las normas de derecho fundamental expresas como aquéllas  directamente establecidas por las disposiciones de la Ley Fundamental (lo equivalente  a la Constitución) alemana, (artículos 1 a 9, 20 párrafo 4, 33, 38, 101, 103 y 104) (p.  65). Además, existen normas de derecho fundamental que no están establecidas  directamente por el texto constitucional, sino que más bien están adscritas a las normas  expresas. Estas normas adscritas son aquellas para cuya adscripción a una norma  de derecho fundamental expresa es posible dar una fundamentación iusfundamental  (lógicamente) correcta. Por tanto, para que una norma adscrita sea o no una norma de  derecho fundamental, depende de que sea posible una argumentación iusfundamental  para ello. Sin embargo, el mismo Alexy señala que las reglas de fundamentación  iusfundamental no definen ningún procedimiento que en cada caso conduzca a un  solo resultado. De aquí que el autor admita que en muchos casos, existe incertidumbre  acerca de cuáles pueden ser normas adscritas de derecho fundamental  ALEXY, Robert (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, Centro de  Estudios Constitucionales; pp. 70-72. 13  Sentencia Nº T-260/95 del veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco. 14  Obrante a folios 1414 a 1418 del expediente administrativo. 15  Obrante a folios 582 a 594 del expediente administrativo 16  Obrante a folios 1387 del Expediente Administrativo 17  Obrante a folios 1386 del Expediente Administrativo 18  Véase a folios 658 del expediente principal. 19  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4532-2012-PA/TC  […]  33. Para determinar si en el ámbito de un procedimiento administrativo se  ha producido o no la violación del derecho al plazo razonable se deberán  evaluar criterios tales como la complejidad del asunto, la actividad o conducta  procedimental del administrado, la conducta de la administración pública, así como  las consecuencias que la demora produce en las partes [STC 3778-2004- AAJTC,  fundamento 21]. De modo enunciativo, se puede afirmar que estos elementos  pueden estar referidos a los siguientes aspectos:  i) La complejidad del asunto: […]  ii) La actividad o conducta procedimental del administrado […]  iii) La conducta de la administración pública: […]  iv) Las consecuencias que la demora produce en la situación jurídica del  interesado: […] 20  GUASTINI, Riccardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios  Políticos y Constitucionales; p. 249. 21  La interpretación implica atribuir sentido a un texto o a una disposición normativa.  Esta atribución o dotación de significado a una disposición normativa, en un  escenario de ambigüedad y vaguedad del lenguaje, está vinculado al uso de  técnicas, criterios o métodos de interpretación y construcción, tales como la  interpretación literal, teleológica, sistemática entre otras.  GUASTINI, Riccardo (2015). “Interpretación y construcción jurídica”. En Isonomía  Nº 43; pp. 11-48 http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf C-2136204-12